Introducción

La puesta en marcha de los planes de justicia para los pueblos originarios es un proceso complejo que requiere el profundo entendimiento intercultural, ya que no solo se trata de los recursos materiales sino de una incorporación sustancial de los conocimientos y peticiones históricas En el caso del pueblo seri-comcáac,¹ el Plan de Justicia, 2022-2023 (Gobierno de México, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas [INPI] y Gobierno de Sonora, 2023) ha procurado reivindicar sus demandas históricas y devolverle los derechos fundamentales, como el acceso al agua, la recuperación territorial y el fortalecimiento cultural, aspectos vitales para su identidad y autonomía. Sin embargo, en el presente artículo se evidencian las dificultades que tiene el plan, tanto con la efectividad de sus proyectos como con el consenso y la participación interna de la comunidad. Mediante la perspectiva del diálogo intercultural de Walsh (2007) y la comunicación intercultural planteada por Barabas (2014), se examina la forma en que esos proyectos buscan integrar las costumbres y los conocimientos tradicionales del pueblo Seri al plan. No obstante, los testimonios de las autoridades tradicionales y de los habitantes reflejan la preocupación de que, aunque las acciones que se proponen pretenden restablecer la justicia histórica, los proyectos no mantienen la continuidad y carecen de la normatividad adecuada. Además, se suman a esos inconvenientes las tensiones políticas internas. Estos tres aspectos obstaculizan que se obtenga un efecto duradero en la vida cotidiana de este pueblo indígena.

Significados y aplicaciones indígenas del concepto de interculturalidad

La interculturalidad abarca diversas concepciones sobre el intercambio y las relaciones entre distintas culturas a lo largo del tiempo. Sin embargo, varios autores señalan una cierta horizontalidad cuando se estudian las características derivadas de este concepto, especialmente cuando se relaciona con las prácticas, las acciones y las relaciones desiguales entre las culturas. Por ejemplo, Zavala, Cuenca y Córdova (2005) destacan que no existe un marco de referencia suficientemente desarrollado y compartido sobre la interculturalidad. Se considera aquí que ese déficit se debe, entre otras razones, a que la interculturalidad es tanto un concepto como una realidad que se experimenta cotidianamente. Este aspecto es relevante, porque el sentido y la esencia de la interculturalidad radican en las relaciones de igualdad o desigualdad entre las culturas, que se dan en contextos históricos marcados por el colonialismo y la dominación.

Por otra parte, Gunther Dietz (2017) señala que, aunque inicialmente el concepto de interculturalidad se formuló a partir de una visión estática y objetivada de la cultura, entendida como la suma de las relaciones entre diferentes culturas, en la actualidad se emplea de manera más compleja y polifacética, para definir las relaciones que hay en la sociedad y para configurar diversas mayorías y minorías que no se limitan a los aspectos culturales, sino, además, a la aplicación de los procesos culturales propios para influir en las realidades fuera de los contextos de las mismas etnias o cualquier minoría. Dietz (2017) también indica que, en algunas sociedades, el término interculturalidad se asocia a la diversidad causada por la migración, mientras que en otras se refiere a las interacciones que se dan entre las comunidades indígenas y los descendientes de los colonizadores (p. 192).

De acuerdo con Zimmermann (1999), la interculturalidad puede definirse como el conjunto de actividades y disposiciones destinadas a terminar con los aspectos y resultados negativos de las relaciones conflictivas entre distintas culturas. Además, se puede entender como una contribución para establecer relaciones pacíficas, para lograr el mutuo entendimiento, para reclamar los siguientes derechos: a vivir la propia cultura, a la tolerancia y, en fin, para la autodeterminación cultural (p. 168).

En ese sentido, la interculturalidad crea y fortalece los vínculos de respeto, de apoyo y las formas de intercambio para acercar distintas culturas en un contexto conflictivo o desigual. Es relevante esta idea cuando se habla de las relaciones históricamente conflictivas y violentas entre los gobiernos y las minorías étnicas.

Catherine Walsh (2007) sostiene que la interculturalidad no puede reducirse a un simple concepto de interrelación, sino que señala y significa procesos de construcción de conocimientos “otros”, de una práctica política “otra”, de un poder social “otro”, y de una sociedad “otra”. Es decir, formas de pensar y de actuar distintas en relación con y en contra de la dicotomía que se da entre la modernidad y la colonialidad, un paradigma que se piensa a través de la praxis política (pp. 47-62). El diálogo, el reconocimiento y la construcción de conocimiento son otros aspectos significativos de la interculturalidad que deben presentarse en un contexto de no discriminación.

Para Walsh el diálogo es el conductor de la narrativa y de las acciones que se encaminan a mejorar los vínculos entre las culturas. Considera que es fundamental para que haya entendimiento y se llegue a acuerdos sustanciales que mejorarán las relaciones conflictivas. Así mismo, para la autora, la interculturalidad tiene variantes que se pueden utilizar para distintos objetivos. En ese sentido, la autora habla de la “interculturalidad crítica y de carácter decolonial”, que es la que parte del problema estructural-colonial-racial que requiere la transformación de las estructuras, las instituciones y las relaciones sociales. También es necesario construir condiciones radicalmente distintas de estar, de ser, de pensar, de razonar, de conocer, de sentir, de mirar y de vivir. En esa línea, la interculturalidad de carácter decolonial implica “un camino para pensar desde la diferencia a través de la descolonización y la constitución de una sociedad radicalmente distinta” (2007, p. 57).

La concepción de interculturalidad decolonial “lucha” contra la llamada “colonialidad del saber”, entendida como la subordinación del conocimiento y de la cultura de los grupos oprimidos y excluidos que acompañó al colonialismo y que hoy en día continúa con la globalización (Quijano, 2019, p. 276). Esta noción es primordial para los objetivos de la interculturalidad cuando se presentan relaciones asimétricas, en específico, entre el gobierno y las distintas etnias, ya que las últimas guardan conocimientos, usos y costumbres ancestrales que ya se han aceptado, como, por ejemplo, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2008).

Por otra parte, Fornet (2009) tiene una visión clara sobre las realidades de subordinación cultural que experimentan los pueblos autóctonos en América Latina. Él subraya la importancia de la interculturalidad en el ámbito de los conflictos históricos que se hayan vivido en la región, como la conquista y la colonización del subcontinente. Las describe como una historia de desastre continuo: la destrucción y la opresión sistemáticas de las diferencias culturales. Al inicio, entre los pueblos en cuestión existían diferencias con sus propios universos específicos, pero la invasión europea intentó erradicar esa memoria, destruyendo sus formas de vida social, política, cultural y religiosa (pp. 5-6).

A lo largo del tiempo, los colonizadores han reducido a mero folclore los conocimientos, las tradiciones, los territorios y las prácticas ancestrales de subsistencia de los pueblos indígenas, que fueron sometidos a la occidentalización y se los marginó culturalmente. En este contexto, durante la década de 1980, la interculturalidad en América Latina y México surge como una herramienta de reivindicación para los pueblos indígenas, en especial para defender la diferencia y la diversidad cultural, así como para luchar por la autonomía y la autodeterminación (Pérez, 2016, p. 2).

Pérez (2016) argumenta que la interculturalidad se incorporó primero a la educación mexicana para que se incluyeran los saberes culturales tradicionales a la educación mexicana-occidental; sin embargo, esta estrategia no funcionó. Además, señala que las instituciones emanadas de las narrativas gubernamentales utilizan y dan sentido a su propia visión de interculturalidad para obtener una conveniencia política, ya que en “este escenario político y educativo ‘incluyente’ se manifiesta[n] una clara asimetría intercultural y luchas de poder que han fortalecido las resistencias sociales y el resurgimiento de las identidades étnicas” (pp. 2-3).

Barabas (2014) explica que la interculturalidad se refiere a la dinámica de las relaciones que se establecen en el entorno de la diversidad cultural. Son prácticas concretas que deben estar presentes en las interacciones culturales. El mecanismo que pone en acción la interculturalidad es el diálogo intercultural. También se habla de la comunicación intercultural, una habilidad comunicativa que nos invita a ser más flexibles, pues promueve la “reflexión crítica” sobre nuestros valores y cultura, así como del conocimiento histórico, tradiciones e instituciones de otras culturas y sociedades (pp. 4-5).

La idea que acaba de describirse es fundamental, ya que la interacción histórica entre los pueblos originarios de nuestro país y el Estado mexicano ha ignorado el conocimiento cultural y la historia particular de los indígenas. El reconocimiento del otro histórico es esencial para las relaciones interculturales que buscan las reivindicaciones normativas, territoriales y culturales en el mundo contemporáneo globalizado.

Barabas (2014) sostiene que, a lo largo del tiempo, en México han coexistido diversos grupos etnolingüísticos que se enriquecieron significativamente con la migración de africanos, asiáticos y europeos blancos durante y después de la colonia. Sin embargo, este proceso de contacto entre culturas condujo a la marginalización de los pueblos originarios, a quienes se les estigmatizó y categorizó con base en prejuicios racistas. Durante el siglo XX se llevaron a cabo políticas integracionistas para incorporar a los indígenas a la ciudadanía mexicana, pero la implicación de esas acciones fue el despojo cultural (pp. 5-6).

En las décadas de 1970 y 1980 se produjo un cambio en ese enfoque, pues se comenzó a considerar a los indígenas en términos de luchas de clases, dejando de lado sus particularidades étnico-históricas. Posteriormente, surgieron reclamaciones, como las del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que promovieron la autonomía y el reconocimiento de la identidad étnica en el país. Aunque México admite formalmente su pluralidad desde 1992, en la práctica solo se ha ubicado al indígena dentro de los procesos internos de pobreza de la población rural, y no se han considerado sus particularidades históricas como pueblo (Barabas, 2014, p. 6).

Sylvia Schmelkes (2009) también destaca que se ha aceptado el carácter pluricultural de México a partir de la constitución política de 1992, la que afirma que la nación tiene como base a sus pueblos originarios y que posee una rica diversidad cultural, ya que cuenta con la mayor densidad indígena de toda América Latina. No obstante, advierte que las relaciones entre los miembros de la cultura mayoritaria mestiza dominante y los que pertenecen a las culturas minoritarias aún están permeadas de prejuicios, en esencia racistas (pp. 2-3).

En ese sentido, Schmelkes (2009) coloca el énfasis en que las interacciones interculturales se materializan en leyes, normativas y modalidades de funcionamiento institucional, y que se manifiestan en las actitudes de los individuos. Las relaciones personales, las disposiciones legales y los procedimientos institucionales se fundamentan en creencias que, aunque no siempre son conscientes, sí son perjudiciales, porque consideran que las culturas indígenas son inferiores respecto a los mestizos. En sociedades como la mexicana y otras de América Latina que buscan la democracia y son diversas culturalmente, resulta necesario avanzar hacia la interculturalidad.

Por ejemplo, Schmelkes (2009) señala que la mayoría de los estudios interculturales en México se han centrado en el ámbito educativo bilingüe, mediante el cual se intenta fomentar el diálogo y la comprensión a través de las lenguas originarias. A la vez, Hernández (2022) refiere que la interculturalidad se ha enfocado en tres sectores: educación, salud y transición energética. Empero, se han descuidado otros espacios en los cuales la interculturalidad podría contribuir a eliminar las disparidades culturales en contextos específicos. En otras palabras, existen importantes vacíos en los estudios sobre las relaciones asimétricas entre el Estado y los pueblos originarios.

Es evidente que, en los escenarios culturales asimétricos como estos, la interculturalidad ofrece herramientas para cambiar el equilibrio de las relaciones y promover el respeto, la asimilación y la reivindicación histórica cuando hay desigualdades culturales, como las que han enfrentado las comunidades étnicas y los no indígenas. Aunque el concepto de interculturalidad no es nuevo, emerge como un enfoque para abordar, a escala individual como colectiva, las preocupaciones vinculadas con los contactos y las relaciones en contextos de diversidad cultural.

De acuerdo con los objetivos del Plan de Justicia para los seris, el diagnóstico, la gestión y la aplicación buscan saldar una "deuda histórica" a través del diálogo, se pretende reivindicar la justicia y crear las bases legales para fortalecer los vínculos entre el gobierno mexicano y los seris. El plan también expresa que, a través de la inversión económica, de infraestructura y del impulso cultural, se modificaría sustancialmente la realidad vulnerable y discriminatoria a la que esta etnia ha estado sometida desde hace siglos.

El Plan de Justicia Seri-Comcaac: resultados del enfoque intercultural de 2022 a 2023

El documento Plan de Justicia Seri-Comcaac. Avance de compromisos, Julio 2023 enumera seis ejes temáticos con sus acuerdos específicos: 1. Infraestructura básica y social: agua, electrificación, caminos y vivienda e infraestructura comunitaria; 2. Economía sostenible: pesca, turismo, actividades productivas y medio ambiente; 3. Salud y medicina tradicional: convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar (IMSS-Bienestar) y la Secretaría de Salud Pública de Sonora, instalaciones y servicios, medicina tradicional, apoyo a pacientes y familiares; 4. Educación intercultural: construcción y rehabilitación de instalaciones, equipamiento de centros educativos y contenidos; 5. Cultura, lengua e identidad seri: obras y acciones, y rescate de expresiones culturales y 6. Gobierno y organización tradicional seri: seguridad, prevención y combate a las adicciones, registro federal de contribuyentes (RFC) de la comunidad indígena, y presupuesto y equipamiento (Gobierno de México et al., 2023, pp. 2 y 3).

La elaboración del Plan de Justicia Seri² es el fruto de veinticinco mesas de trabajo entre las autoridades tradicionales seris y los representantes institucionales a escala municipal, estatal y federal, de febrero a mayo de 2022. El documento resume las seiscientas necesidades que la comunidad seri presentó al Ejecutivo federal ese año. También detalla que las etapas de diagnóstico y de acuerdos para el bienestar del pueblo seri se llevaron a cabo a lo largo de veinticinco sesiones, en las que se utilizó el formato de mesas temáticas, que se alternaron entre Punta Chueca y Desemboque. Las sesiones tuvieron como base el documento inicial que redactó la comunidad seri. Se convocó a las dependencias de los tres niveles de gobierno cuya competencia se relacionara con los planteamientos de las autoridades tradicionales (Gobierno de México et al., 2023, p. 15).

El grupo étnico seri considera que los problemas de reconocimiento cultural, demográficos, de salud y de escasez de agua actuales son en gran parte resultado de su historia de colonización, de las guerras de exterminio y de los decretos presidenciales emitidos a finales del siglo XX. En la historia seri se destacan cuatro eventos cruciales: a) la llegada de los españoles al territorio seri y el inicio del proceso misional; b) las guerras de exterminio en el siglo XVIII; c) las campañas militares realizadas por la familia Encinas durante la segunda mitad del siglo XIX, las cuales se prolongaron hasta principios del siglo XX bajo la dirección del gobernador Rafael Izábal, en el marco de las campañas de exterminio del porfiriato y d) la asignación de ejido que dio el presidente Luis Echeverría Álvarez al territorio comcáac en 1970, lo que dio origen a los poblados de Desemboque y Punta Chueca, que perduran hoy.

El área que ocupaban los seris era extensa: habitaban la costa de Sonora desde la desembocadura del río Yaqui al sur hasta la del río Magdalena (Asunción) al norte, con la isla del Tiburón en el centro. Durante la segunda mitad del siglo XVIII hubo dos campañas de exterminio contra los comcáac, en particular dirigidas a quienes se resistían a pacificarse o reducirse a los pueblos de misión. Estas campañas, que se consideran las más documentadas, intensificaron los desplazamientos de las familias seris. La primera se realizó en 1748 y 1751 en Cerro Prieto, cerca del actual municipio de Guaymas, mientras que la segunda, liderada por el coronel Francisco Elizondo, se dividió entre 1767 y 1771 (Elizondo, 1999, pp. 52-53; Pfefferkorn, 1983, p. 123).

Entre 1855 y 1865, se desencadenó otra campaña militar en la que el ranchero Pascual Encinas Johnson y su familia invadieron y se apropiaron del territorio seri. A mediados del siglo XIX, la familia Encinas arribó a una porción del territorio seri, adonde establecieron en 1844 la hacienda San Francisco de la Costa Rica. Este segundo proceso de colonización en ese territorio produjo tensiones significativas, lo que llevó a las guerras de exterminio que dirigieron los hermanos Pascual e Ignacio Encinas. El resultado fue la reducción drástica de la población comcáac y su desplazamiento hacia la costa de Sonora. Posteriormente, en 1904, el gobernador de Sonora, Rafael Izábal, en consonancia con las campañas de exterminio federales encabezadas por el presidente Porfirio Díaz, emprendió la última campaña militar contra los seris (Ramírez, 2018, p. 16).

La consecuencia de esas acciones fue que, en 1970, por medio de un decreto presidencial los seris se establecieron de forma definitiva en los poblados Punta Chueca y Desemboque. El territorio de los seris está ubicado en 29 y 30 grados de longitud y en los paralelos 112 y 113 de latitud. Colinda al norte con el poblado Puerto Libertad, al sur con Bahía de Kino, al este con la sierra Kunkaak y al oeste con el mar de Cortés. Incluye la isla del Tiburón y su extensión territorial en la costa de Sonora. Todo ese territorio de 91 322 hectáreas (ha) se circunscribe como dotación ejidal a los seris (Santillán, 1993, p. 17).

Es necesario considerar y analizar la historia de los comcáac en relación con los procesos sociales significativos que los formaron hasta hoy, como los que se acaban de describir, para observarlos con un enfoque más profundo e intercultural.

Los planes de justicia para las comunidades indígenas de México, como el Plan de Justicia Seri, se realizaron durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Se derivan de los objetivos, las demandas y los diálogos entre el Ejecutivo, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y las autoridades de algunos pueblos originarios del país.

Este artículo sigue la guía conceptual del enfoque de la interculturalidad para evaluar si la primera fase (2022-2023) del diagnóstico, la metodología y la puesta en marcha de los proyectos del Plan de Justicia Seri-Comcaac incorporó las características interculturales que, desde el punto de vista de quien suscribe, permitirían romper las relaciones asimétricas históricas entre el gobierno mexicano y los seris. Además, ese enfoque contribuiría a que se restituyeran los conocimientos que han sido considerados inferiores, subalternos o tradicionales y coadyuvaría en general a mejorar el nivel de vida de los comcáac. Las demandas que ellos tienen, sustentadas en su propio análisis histórico, deberían estar consideradas en ese plan. Esta es la razón por la que aquí se juzga idóneo que el enfoque intercultural sea la base para analizar la propuesta metodológica de trabajo del Plan de Justicia Seri, ya que desde su visualización y creación gubernamental se propuso el diálogo, la planeación participativa intercultural, la gestión y la evaluación conjunta y coordinada entre el gobierno y los pueblos indígenas (Gobierno de México et al., 2023, pp. 4-5).⁴

En este sentido, se valorará la primera etapa del Plan de Justicia desde dos perspectivas analíticas. Primero, a partir del concepto de diálogo propuesto por Catherine Walsh (2007), quien sostiene que este debe ser una "práctica política" y que es necesario que el discurso sea democrático en su aplicación y considere a la mayoría. Al provenir de la interculturalidad, el discurso democrático debe establecerse en función de los usos y las costumbres de las minorías vulneradas, como los pueblos indígenas.

El segundo análisis se basa en lo que Barabas (2014) denomina "comunicación intercultural". Esta habilidad comunicativa surge de la dinámica posterior al diálogo planteado por Walsh, ya que dicha comunicación debe promover la integración del conocimiento histórico, las tradiciones y las instituciones de otras culturas y sociedades (pp. 4-5). A diferencia del diálogo de Walsh, la comunicación intercultural no se basa en una narrativa democrática en favor de los indígenas, sino en la aplicación de los conocimientos tradicionales e históricos de los pueblos originarios.

Wendy Briseño Zuloaga, quien fue en Sonora la coordinadora estatal de los planes de justicia y la secretaria general de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESSON), definió esos planes como políticas públicas articuladas entre los distintos niveles de gobierno, direccionadas desde el centro para “restituir derechos, reconocer deudas históricas del gobierno mexicano para con los indígenas en búsqueda de acciones de justicia” (W. Briseño, comunicación personal, 14 de mayo, 2024). Este panorama es claro en cuanto a los objetivos de los planes de justicia, sobre todo en el reconocimiento de la deuda histórica.

Según Briseño, “tierra, territorio y agua” son los aspectos más relevantes de las demandas indígenas de los tres planes de justicia coordinados en su administración. El Plan de Justicia Yaqui, iniciado en 2019, estuvo a cargo de la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora, coordinado por el subsecretario Martín Vélez de la Rocha. De manera paulatina, SEDESSON ha ido participando en algunas acciones del Plan de Justicia Yaqui, como, por ejemplo, la restauración de parques y el apoyo para la construcción de viviendas (W. Briseño, comunicación personal, 14 de mayo, 2024).

La coordinadora estatal señaló que en marzo de 2022 se iniciaron las mesas de trabajo con los comcáac en Desemboque y Punta Chueca, después de la visita que hizo el presidente López Obrador a la comunidad de Punta Chueca en febrero de ese año. En ese momento, algunos de los líderes del pueblo seri entregaron un documento al presidente con las demandas que consideraron necesarias para su desarrollo. A partir de ese encuentro, el presidente autorizó la creación del Plan de Justicia Seri-Comcaac. La primera fase terminó en julio de 2023. Hasta ese momento más de cuarenta mesas de trabajo habían diagnosticado los problemas, también habían administrado y planeado la materialización de las acciones del Plan Seri. La mayoría de las reuniones para trabajar se efectuaron en territorio comcáac (W. Briseño, comunicación personal, 14 de mayo, 2024).

Joel Barnett Morales fue gobernador de Punta Chueca de 2020 a 2023 y fue la autoridad que estuvo presente durante la primera fase del plan de justicia. Acudió a las mesas de trabajo, divulgó la información y administró algunos recursos económicos del plan. También participó en el diagnóstico y en las reuniones, en las que subrayó la importancia de este proyecto cuando comentó que era “algo histórico,” pues jamás se había visto un apoyo o un plan tan integral (J. Barnett, comunicación personal, 12 de mayo, 2024).

Barnett Morales señaló que las instituciones encargadas de dar seguimiento al plan de justicia, así como todos los niveles de gobierno, respetaron las tradiciones y las costumbres de los comcáac y por eso las reuniones se hicieron siempre dentro del territorio indígena y con la participación de las demás autoridades tradicionales. Aclaró que “ellos [el gobierno o los funcionarios gubernamentales] no pueden indicarnos qué hacer o cómo hacer algo cuando están dentro de nuestro territorio, así que durante mi gestión siempre se respetó eso”. De igual forma advirtió que faltan proyectos por iniciar y otros por finalizar para Punta Chueca, pero considera que se ha avanzado (J. Barnett, comunicación personal, 12 de mayo, 2024).

En el Plan de Justicia Seri se definen seis ejes temáticos. Se basan en el documento de la primera fase del plan (2023). En cada uno de ellos se describen los acuerdos sobre proyectos particulares. Aquí se mencionan solo los que se consideran que tienen mayores consecuencias. De las pequeñas inversiones, como los recursos económicos “para cursos y capacitaciones, programas e inversión en documentos diversos”,⁵ se dan datos generales, ya que, si bien son parte de la dinámica económica del Plan de Justicia Seri, no repercuten en la práctica social interna de la etnia ni reflejan mejoras en el de nivel de vida a largo plazo ni coyunturas políticas internas o fragilidad en las relaciones sociales y familiares, como lo señalan algunos pobladores.

Acerca de la primera temática del plan, infraestructura básica y social, se llegó a cuatro acuerdos de trabajo prioritario: agua, electrificación, caminos y vivienda e infraestructura comunitaria. En cuanto a la concreción de los proyectos, se considera que el del agua es el que mayor avance ha tenido. Por ejemplo, en 2022 comenzó la ampliación de la desaladora que abastece a Punta Chueca desde 2015 (véase Figura 1). Así mejoró la calidad del agua, gracias a la telemetría, y se instaló un pequeño parque fotovoltaico (véase Figura 2) que ayudará a generar energía limpia y más barata para la etnia y para la desaladora. También se tratan las aguas de desecho. Además, en el poblado de Desemboque se amplió la red de agua potable, se instalaron biodigestores y se rehabilitaron 85 tomas de agua domiciliarias (Gobierno de México et al., 2023, p. 41; SEDESSON, 2024).

Figura 1
Ampliación de la desaladora de Punta Chueca
Fuente: Fotografía de Carlo Rubio Mejía (CRM), 12 de mayo de 2024.

Figura 2
Parque fotovoltaico para alimentar la desaladora de Punta Chueca
Fuente: Fotografía de CRM, 12 de mayo de 2024.

Sin embargo, el proyecto de agua más ambicioso del Plan de Justicia es el acueducto para Desemboque y Punta Chueca. Requiere 181 millones de pesos para llevar agua potable desde el acceso de Pozo Coyote en Desemboque hasta Punta Chueca. Es un recorrido de 78 kilómetros. La licitación de la obra se realizó en 2024 y se planeó su construcción en 2025. Actualmente está en sus primeras etapas de edificación. (W. Briseño, comunicación personal, 14 de mayo, 2024; SEDESSON, 2024). Cabe señalar que la demanda de esta construcción se inició a finales de la década de 1980 como una necesidad urgente y como el requisito para acercarse al tipo de consumo tradicional, que se vincula con un acceso antiguo y que se considera sagrado, como es Pozo Coyote (J. Barnett y F. Molina, comunicación personal, 8 de febrero, 2021).

Ha habido adelanto en la primera etapa de electrificación, caminos, vivienda e infraestructura comunitaria. Se han edificado alrededor de treinta viviendas en Punta Chueca (véase Figura 3) y veintiocho en Desemboque para los nuevos matrimonios o para familias en las que dos o tres generaciones vivían en un solo hogar. No obstante, la electrificación aún no se realiza. La principal razón es la deuda que tienen las dos comunidades con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que suma más de dos millones de pesos y que no se puede condonar. Por esa razón, se necesita apoyo económico de otras instituciones. Buscando subsanar esta situación, la comisión del Plan de Justicia gestionó paneles solares para catorce viviendas en Desemboque y rehabilitó la interconexión a la red de CFE del pozo que abastece a esa comunidad (W. Briseño, comunicación personal, 14 de mayo, 2024; Gobierno de México et al., 2023, pp. 47-48; SEDESSON, 2024).

Figura 3
Viviendas que se construyeron en Punta Chueca, Sonora, por medio del Plan de Justicia Seri-Comcaac. No tienen electricidad ni conexión de agua
Fuente: Fotografía de CRM, 12 de mayo de 2024.

Los proyectos de caminos e infraestructura comunitaria varían en grado de desarrollo. Una de las peticiones más significativas de los comcáac es mejorar el camino de Punta Chueca a Desemboque. Son 63 kilómetros y esa acción ayudaría a tener una comunicación más efectiva entre los dos poblados. Este proyecto apenas está en la etapa de barrido del terreno por maquinaria pesada.

El progreso de la infraestructura comunitaria hasta ahora es que se encuentran en obra negra, el comedor comunitario y la casa escolar (véase Figura 4), la oficina del Gobierno Tradicional, la casa del maestro y del médico en Punta Chueca (véase Figura 5). Además, se rehabilitó la cancha deportiva en Punta Chueca y se construye la de Desemboque (W. Briseño, comunicación personal, 14 de mayo, 2024; Gobierno de México et al., 2023, pp. 46-47; SEDESSON, 2024).

Figura 4
Construcción en obra negra del comedor comunitario y la casa escolar en Punta Chueca, Sonora
Fuente: Fotografía de CRM, 12 de mayo de 2024.

Figura 5
Construcción en obra negra de la oficina del gobierno tradicional, la casa del médico y del maestro en Punta Chueca, Sonora
Fuente: Fotografía de CRM, 12 de mayo de 2024.

Al término de la primera fase del Plan de Justicia Seri el abastecimiento de agua para los dos poblados es todavía un proyecto inconcluso. Realizarlo es fundamental y sería una solución histórica para los comcáac, sobre todo, el acueducto, acorde a su propia visión de desarrollo. Sin embargo, hay quienes piensan que el barrido y la limpieza para instalar la tubería del acueducto solo han dañado gravemente el territorio. Así lo señaló el que fue el regidor étnico de Punta Chueca⁶ durante la primera fase de implementación: “El territorio se ha lastimado, ya que el barrido dañó flora importante para nosotros. Además, no se pidió el permiso en consenso con todos los ancianos para hacer ese trabajo y poder manipular y romper parte de nuestro territorio de una manera tan significativa” (Regidor étnico de Punta Chueca, comunicación personal, 6 de junio, 2024).

Además de terminar las viviendas y la electrificación, es necesario respetar las categorías de vulnerabilidad o la prioridad de las personas que podrían habitarlas. Al respecto, el regidor de Punta Chueca señaló: “Nosotros hicimos una lista a partir de un censo colectivo e interno del poblado. En las mesas de trabajo del plan de justicia lo mencionamos y entregamos a los representantes de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI); sin embargo, ya nadie me ha sabido decir dónde está esa lista entre otras que entregamos al gobernador de Punta Chueca y otros involucrados” (Regidor de Punta Chueca, comunicación personal, 6 de junio, 2024).

El segundo tema, la economía sostenible, incorpora los acuerdos de pesca, turismo, actividades productivas y medio ambiente y registra algunos avances. Ya que son un pueblo pesquero, lo más importante para los pobladores es tener embarcaciones llamadas “pangas o lanchas,” con su equipo correspondiente: motor, redes, cañas, hieleras y equipo de buceo. Aunque el Plan de Justicia contempló este proyecto como parte del diagnóstico en las mesas de trabajo, algunos pobladores critican la falta de claridad en cuanto a quiénes son los más necesitados para recibir las lanchas. Lo que critican es que el Plan de Justicia solo da el recurso al gobernador, pero no especifica las personas que beneficiará.

El regidor de Punta Chueca señaló que se realizó y se entregó al representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y al gobernador de Punta Chueca, Joel Barnett Morales (2021-2023,) una “prelista” durante las mesas de diagnóstico. Ahí se inscribieron los pescadores que no tienen lancha ni equipo para trabajar. Sin embargo, el gobernador, que es quien controla parte del presupuesto para los proyectos y apoyos materiales, como las lanchas y equipo de buceo, no respetó la lista.

Tal es el caso de Anselmo Morales Astorga, de 59 años, habitante de Punta Chueca. Don Anselmo señaló que nunca lo invitaron a las mesas de trabajo del Plan de Justicia, que tampoco ni las autoridades tradicionales ni las de las instituciones involucradas le proporcionaron documento alguno. También dijo que “El Plan de Justicia no es justicia para todos los habitantes; al menos no para mí. Yo no me he beneficiado de este, sobre todo, porque yo soy pescador, y pensé que me tocaría apoyo de lancha, porque estaba en la lista; pero no. Me sorprendió ver que se les dio lancha a otros que ya tenían una” (A. Morales, comunicación personal, 6 de junio, 2024).

Francisco Molina Sesma, de 50 años, conocido como el “Indio Molina” en su comunidad, activista por los derechos de agua y cantante del grupo de rock Hamac Cazzim, experimentó la misma situación que don Anselmo: “Soy pescador. Mi esposa tiene una lancha que le fue heredada por un familiar, está averiada. Yo solicité el apoyo. Estaba en la lista, pero no obtuve la lancha” (F. Molina, comunicación personal, 12 de mayo, 2024).

A su vez, Dalia Molina Martínez, de 45 años, habitante de Punta Chueca, mencionó que no se enteró de las mesas de trabajo y que tampoco estuvo en ninguna. No sabe mucho del Plan de Justicia Seri, solo lo que ha escuchado de familiares y por las construcciones nuevas que ha visto, aunque señala que el plan, por sí mismo, es importante para su comunidad. Su esposo es pescador, pero advierte que, personalmente, no se ha beneficiado (D. Molina, comunicación personal, 6 de junio, 2024). Relacionado con este punto, el documento de avances contempla la compra de ochenta embarcaciones para los dos poblados, pero documento oficial de entrega a las personas no existe. (Gobierno de México et al., 2023, p. 51).

En lo relativo al turismo, las actividades productivas y el medio ambiente se hizo un padrón de prestadores de servicios turísticos y ordenamiento de la oferta turística en Desemboque, un plan de negocios para consolidar el turismo comcáac y un calendario para publicar las promociones en ambas comunidades. Se hizo un estudio sobre las actividades productivas del mezquite para el Plan de Manejo de Recursos no Maderables. Se dieron recursos económicos a quince proyectos que presentaron las mujeres, cuatro en Desemboque, cuya inversión era de 85 438 pesos y once de Punta Chueca, que suman 141 717 pesos. También se otorgaron en total 700 000 pesos del ejercicio presupuestal de 2022 a dos proyectos de elaboración de artesanías, uno por comunidad.

En cuanto al medio ambiente, en Desemboque de los Seris se invirtieron 250 000 pesos para el manejo del campamento Tortuguero; 80 000 para el retiro de residuos sólidos de la isla Patos, Tecomate y el estero El Sargento, y al proyecto de reforestación endémica y creación de área verde en Punta Chueca, 350 000 del ejercicio presupuestal de 2022, entre otros (Gobierno de México et al., 2023, pp. 53-62).

En el rubro de turismo, algunos pobladores hablan sobre el manejo y el control de los paseos en lancha, el buceo y otras dinámicas que incluyen pinturas de rostro, leyendas e historias para visitantes a Punta Chueca que, por lo general, gente externa que no es parte de la etnia dirige estas actividades. Los paseos por el litoral de la isla del Tiburón y mar comcáac (canal del Infiernillo) son la derrama económica familiar más fuerte, puesto que puede haber de 20 a 40 clientes por día; pese a ello, quien por lo regular comercializa dichos paseos es gente externa que tiene vínculos de amistad con el gobernador y otras autoridades del poblado. Los seris que llegan a realizar esas actividades turísticas de manera independiente, a lo sumo reciben de seis a diez clientes y solo de dos a tres veces por mes o cada dos meses, porque no todos poseen lancha, o porque algunos la rentan a otros habitantes o a particulares o porque la tienen averiada. Esta es la razón por la que las embarcaciones son esenciales para quienes no tuvieron la oportunidad de beneficiarse con el apoyo económico de los proyectos del Plan de Justicia (F. Molina, A. Morales, R. Punta Chueca y G. Herrera, comunicación personal, 6 de junio, 2024).

De igual forma, la inversión en las actividades productivas y medioambientales que se han descrito son cruciales tanto para la comunidad seri como para cumplir con los acuerdos que se lograron en las mesas de diagnóstico y que se plasmaron en el documento final del Plan de Justicia. No obstante, algunos habitantes consideran que el apoyo de recibir recursos es efímero, debido a que, aunque promueven la inversión inmediata que beneficia a ciertos miembros de la comunidad, no hay la normatividad para que el beneficio tenga continuidad y se reciba de forma permanente (F. Molina, A. Morales, R. Punta Chueca y G. Herrera, comunicación personal, 6 de junio, 2024).

El tercer tema, salud y medicina tradicional, que contempla el convenio IMSS-Bienestar, las instalaciones y los servicios de salud, la medicina tradicional y el apoyo económico a los pacientes y sus familias, ha tenido algún progreso, pero hay cosas por hacer. Según el documento de avances del Plan de Justicia Seri, el convenio IMSS-Bienestar mejorará la infraestructura, fomentará que el personal médico se mantenga de forma permanente y que habrá abasto de medicamentos en los centros de salud. Algunos de los habitantes y de las autoridades de Punta Chueca a los que se entrevistó señalaron que desde hace varios años hay un consultorio en el poblado, pero que el médico encargado nunca ha estado de planta y que debido a eso su presencia era irregular. A partir de 2018 hay un médico con presencia constante para ellos; empero, las instalaciones están descuidadas y no hay medicamentos ni otros servicios, como rayos X, diálisis ni análisis sanguíneos (J. Barnett, R. Punta Chueca, G. Herrera y F. Molina, comunicación personal, 6 de junio, 2024).

En Punta Chueca, la diabetes es la enfermedad que tiene mayor incidencia y no hay medicamentos ni tratamientos para atenderla. Algunos entrevistados mencionaron que tienen que ir a La Costa o a Hermosillo para consultar sobre los padecimientos de la vista, diabetes, diálisis, rayos X y, en ocasiones, las cirugías. El transporte corre por su cuenta, lo que aumenta el gasto. Aunque el plan señala entre sus objetivos “dotar de instalaciones apropiadas, medicamentos, equipamiento, personal y atención las 24 horas de los 365 días del año a las unidades que proporcionan servicios de salud a las comunidades seris”, los testimonios evidencian graves carencias (Gobierno de México et al., 2023, p. 64).

En el acuerdo específico sobre el apoyo a pacientes y familiares se señala que “el INPI puede apoyar para la atención en hospitales de tercer nivel a casos que por su gravedad requieren asistencia médica de alta especialidad. El apoyo se puede solicitar en los Centros Coordinadores de los Pueblos Indígenas; se cubren gastos de traslado, siempre y cuando los enfermos sean atendidos en hospitales públicos IMSS-Bienestar o de la Secretaría de Salud” (Gobierno de México, 2023, p. 68).

El INPI es el organismo que se encarga de coordinar las acciones para que los pobladores seris reciban atención médica en los casos que se consideran graves o que no sean parte de la consulta básica u ordinaria del consultorio de Punta Chueca y de Desemboque. Pero, ni a Anselmo Morales ni a Genaro Herrera, presidente legítimo⁷ del Consejo de Ancianos Comcáac, se les ha atendido por sus padecimientos. Don Anselmo externó que el consultorio no tiene medicamentos para su problema visual -hinchazón y lagrimeo del ojo izquierdo-, que le impide ver con claridad, y los estudios que le pide el INPI para ayudarlo en la gestión no se hacen en el consultorio, por lo que tiene que pagar el traslado y los estudios en Hermosillo. Genaro Herrera, de 60 años, padece artritis. Fue a las oficinas del INPI de Bahía de Kino, pero le señalaron lo mismo que a Anselmo Morales: necesita llevar estudios especializados que no hacen en Punta Chueca y dicen que no pueden pagarle el traslado ni los estudios requeridos. Herrera lamentó: “Somos bastantes los que tenemos enfermedades crónicas y no podemos darles seguimiento” (A. Morales y G. Herrera, comunicación personal, 18 de junio, 2024).

En el apartado de medicina tradicional, el documento de avances del Plan de Justicia indica que otorgó recursos a dos programas: “uno en Punta Chueca por $295,000 y un proyecto en Desemboque por $200,000. Total de la inversión $496,717.00”. (Programación 2022, Gobierno de México et al., 2023, p. 68). Se dio ese dinero, pero, cuando se pregunta a algunos de los entrevistados, niegan saber quiénes lo recibieron o la forma y lugar en donde se materializó.

Ya se ha señalado que, en algunos acuerdos, no hay estrategia para dar permanencia a los proyectos importantes, como el del conocimiento de medicina tradicional étnica. Francisco Molina dijo que hay gente seri, ancianos, como algunos de su familia, que guardan un conocimiento botánico de su territorio y de medicina tradicional muy amplio, pero que no hay ningún programa o apoyo vigente para producir “un libro que contenga estos conocimientos” (F. Molina, comunicación personal, 18 de junio, 2024).

Al respecto de la educación intercultural, se acordó construir y rehabilitar las instalaciones, equipar los centros educativos y modificar los contenidos curriculares en la educación básica. El documento de avances señala que dieron 38 900 000 pesos, cantidad con la que rehabilitaron las “Casas Escolares de la Niñez Indígena para 150 usuarios en Punta Chueca con comedor y salón de usos múltiples y 100 usuarios en Desemboque” (Gobierno de México et al., 2023, pp. 69-70).

Sobre el acuerdo de equipar los centros educativos, el documento indica que se gestionó la adquisición de una casa en Hermosillo para albergar a 45 estudiantes de Punta Chueca y 11 de Desemboque, pero que no prosperó. A su vez, se invirtió en un autobús Dina modelo 2020 para transportar a los estudiantes de las comunidades a Hermosillo. No obstante, el vehículo no se había entregado en 2024. Las únicas actividades que se han concretado son los desayunos escolares para educación básica de enero a diciembre de 2022 (Gobierno de México et al., 2023, p. 71).

En relación con el acuerdo en cuestión, el presidente legítimo del Consejo de Ancianos Genaro Herrera, el activista Francisco Molina Sesma, el regidor de Punta Chueca, el exgobernador Joel Barnett Morales, la directora y maestra del preescolar El Caracolito (véase Figura 6) de Punta Chueca y Viviana Valenzuela Romero coincidieron en que tener una casa de estudiantes en Hermosillo es fundamental para que los egresados de los telebachilleratos del poblado continúen su educación. Esta petición se realizó cuando menos hace una década debido a que las familias de Punta Chueca y de Desemboque no pueden pagar los gastos de renta, alimentación, transporte y colegiaturas de sus hijos que quieren asistir a la Universidad de Sonora o a la Universidad Estatal de Sonora, que son las dos que más interesan a los jóvenes. El regidor lamenta que “no ha habido justicia” para esos estudiantes y sus familias en este acuerdo. Finaliza diciendo que “los desayunos fueron buenos, pero sin […] continuidad [ni] incentivos para que los mismos padres puedan dárselos a sus hijos constantemente. Es preocupante” (F. Molina, R. Punta Chueca, V. Valenzuela y G. Herrera, comunicación personal, 18 de junio, 2024; J. Barnett, comunicación personal, 6 de junio, 2024).

Figura 6
Preescolar El Caracolito en Punta Chueca, Sonora
Fuente: Fotografía de CRM, 6 de junio de 2024.

El acuerdo sobre los contenidos ha tenido una evolución significativa, aunque no ha estado exento de demoras y críticas. Viviana Valenzuela, directora del preescolar en Punta Chueca, enfatizó que se debió convocar a toda la comunidad a las mesas de diagnóstico para que estuviera mejor informada y, sobre todo, para garantizar que cada familia contara con una copia física del Plan, lo cual no sucedió (V. Valenzuela, comunicación personal, 18 de junio, 2024).

La maestra Valenzuela reconoció que lo más significativo del acuerdo de educación del Plan de Justicia es haber participado junto con otras maestras y maestros del poblado en la elaboración y en la traducción de los libros de texto de preescolar y primaria a la lengua cmiique iitom: “Fue una experiencia muy importante y de gestión colectiva muy compleja; además, nos presionaron bastante con el tiempo y no con muchas herramientas para hacerlo desde la parte gubernamental” (V. Valenzuela, comunicación personal, 18 de junio, 2024).

La subsecretaria de Políticas Educativas y Participación Social de la Secretaría de Educación y Cultura, Guadalupe González Lizárraga corroboró esta información. Ella es la encargada de la parte educativa del Plan de Justicia Seri. En entrevista indicó que, en el Plan de Justicia, ellos son el “puente entre la autoridad federal, estatal y tradicional”. Su trabajo se enfoca en la infraestructura, la educación y la lengua. Señaló también que fue un gran progreso terminar el programa de traducción a la lengua seri de los libros de preescolar y de primaria que se entregarían en agosto del ciclo 2024-02 (M. G. González, comunicación personal, 17 de mayo, 2024).

La subsecretaria añadió que, durante su gestión, y a petición de los docentes, se dio base a tres maestros de Punta Chueca, entre ellos, la maestra Valenzuela. Por otra parte, reconoció que, en lo tocante a la educación básica, en Punta Chueca se necesita construir dos aulas para la atención de las niñas y los niños. Esto se comprobó cuando, en una visita al preescolar El Caracolito, la maestra Valenzuela mostró que una pequeña oficina, que antes le pertenecía por su cargo de directora, se utiliza de aula (véase Figura 7) para aproximadamente quince niños. “No se da abasto el salón. Los niños merecen un aula adecuada, ya que, por el tamaño, tenemos que meter a algunos niños a otro salón que no es su nivel para que puedan trabajar. Es una demanda que llevamos [haciendo durante] años y no ha llegado. Al menos, hasta este año, el Plan de Justicia no ha empezado esta obra” (V. Valenzuela, comunicación personal, 6 de junio, 2024).

Figura 7
Oficina que se utiliza como salón de clase en el preescolar El Caracolito en Punta Chueca, Sonora
Fuente: Fotografía de CRM, 6 de junio de 2024.

El quinto apartado: cultura, lengua e identidad seri contiene dos acuerdos: obras y acciones, y rescate de expresiones culturales. Ambos tienen el objetivo de fortalecer la lengua, las fiestas tradicionales y la artesanía comcáac. Al respecto, el documento de avances del Plan de Justicia señala que se han realizado talleres de profesionalización musical para robustecer el acervo sonoro y cultura musical, así como para activar los dos centros de cultura seri, el Chico Romero en Desemboque y el Coyote Iguana en Punta Chueca. A la vez, en ambas comunidades se han desarrollado talleres de pintura facial, música, canto y danzas tradicionales, artesanías, vestimenta tradicional, composición de canciones, registro y difusión del patrimonio cultural y apoyo a las artesanas comcáac (Gobierno de México et al., 2023, pp. 73-74).

La parte medular de este apartado y sus acuerdos es el rescate y el fortalecimiento de la lengua cmique iitom seri. El documento señala que “se han realizado ya varias jornadas de trabajo y se constituyó el Consejo de Planificación Lingüística Comunitario Comcaac que guiará los trabajos, según acuerdos sobre la revitalización de la Lengua Materna. Se han ejercido 81,923.80 [pesos] en actividades de apoyo a la lengua materna Comcaac” (Gobierno de México et al., 2023, p. 75).

En este contexto, hay un gran interés de las autoridades, de los activistas y de la población en general para promover la lengua seri a través de un programa educativo que abarque desde el nivel preescolar hasta el bachillerato. El regidor étnico de Punta Chueca destacó la importancia de reforzar su lengua desde la niñez temprana: "Los jóvenes de hoy casi no hablan nuestra lengua. No es que no la sepan, sino que no quieren hablarla por varias razones, como la vergüenza y la falta de promoción de su relevancia. Creo que la familia está haciendo su parte, me consta. Pienso que es en el sector educativo donde falta impulsar su importancia histórica y cultural" (R. Punta Chueca, comunicación personal, 6 de junio, 2024).

El sexto y último apartado, gobierno y organización territorial seri, que contiene los acuerdos de seguridad, prevención y combate a las adicciones, RFC de la comunidad indígena, y presupuesto y equipamiento se centra en las acciones para vigorizar la gobernanza, la operatividad, el equipamiento y la autonomía del manejo de los recursos económicos de esos aspectos. El documento de avances describe que ha habido apoyo económico para los mecanismos de coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales con las autoridades tradicionales del pueblo seri comcáac para poner en marcha acciones de seguridad en territorio seri y para definir un programa de prevención, de combate y de atención a cualquier tipo de adicciones (Gobierno de México et al., 2023, p. 78).

Los temas del RFC de la comunidad indígena, del presupuesto para finalizar las construcciones y del equipamiento de las construcciones existentes contemplan que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas asesore y acompañe al pueblo seri para gestionar el RFC, como comunidad indígena, hasta recibir recursos monetarios para fortalecer los derechos agrarios: uno por dos millones de pesos en 2022 y otro por un millón y medio en 2023. Acerca del presupuesto y del equipamiento se señala que para la construcción de las oficinas del Gobierno Tradicional en Punta Chueca (véase Figura 5) se otorgaron 400 000 pesos para que se realizara en 2023. Se acordó, además, analizar la posibilidad de construir las oficinas del Gobierno Tradicional en Desemboque (Gobierno de México et al., 2023, pp. 80-81); no obstante, hasta el día de hoy no se han materializado.

En relación con los primeros acuerdos sobre seguridad y prevención de adicciones, el exgobernador de Punta Chueca, Joel Barnett, apuntó que la autonomía seri es primordial para su seguridad territorial. Sin embargo, también reconoció que esta cuestión no está exenta de ambigüedades y opiniones divididas entre los pobladores. No todos los habitantes están de acuerdo en que la Marina tenga presencia permanente en la isla del Tiburón desde mediados de la década de 1990, ya que consideran que vulnera su autonomía en materia de seguridad. No obstante, otros apoyan esta medida, pues creen necesaria la vigilancia constante para controlar a los pescadores particulares que ingresan ilegalmente a sus aguas (J. Barnett, comunicación personal, 6 de junio, 2024).

Genaro Herrera confirmó su desacuerdo con la presencia de la Marina en territorio seri, pues considera que esta acción vulnera la autonomía y la gestión de la seguridad, competencias que corresponden exclusivamente a la etnia y a su guardia tradicional. Además, Herrera se refirió a lo estipulado en el acuerdo en relación con el presupuesto y con el manejo autónomo de la etnia. Para él, así como para otras autoridades y pobladores, aunque el presupuesto que se ha destinado a distintos proyectos beneficia a la comunidad, ellos mismos deben administrarlo. Lamenta que únicamente el gobernador sea quien disponga y distribuya los recursos (G. Herrera, R. Punta Chueca, F. Molina y A. Morales, comunicación personal, 6 de junio, 2024).

En lo tocante al territorio, el refuerzo de los derechos agrarios es de gran relevancia, según las afirmaciones del regidor y de Herrera. No obstante, consideran que es necesario "reconstruir o revalorizar las categorías sobre los derechos agrarios" que actualmente recaen en ciertas personas, en lugar de beneficiar a la colectividad. Además, proponen entablar un diálogo y modificar las características del ejido y su territorio, con el fin de aprovechar nuevas fuentes de agua y recuperar las prácticas tradicionales que se han perdido (R. Punta Chueca y G. Herrera, comunicación personal, 6 de junio, 2024).

En relación con esta última propuesta de modificación territorial, a principios de 2024 comenzaron los avances, como la restitución de un espacio que los seris habían perdido hace algunas décadas debido a invasiones de particulares. La gestión de las autoridades institucionales y gubernamentales, en respuesta a las peticiones del gobierno comcáac, ha logrado agilizar el proceso jurídico y emitir un fallo favorable a esta etnia.

Conclusiones

Este artículo evidencia la complejidad de poner en marcha los planes de justicia en una de las etnias del país y de valorar si realmente se logró la restitución de justicia al término de la primera fase del plan. Respetando lo señalado por las autoridades tradicionales, el diálogo de Walsh sobre el discurso democrático en los seis temas del documento de avances se cumple en términos generales, ya que el diagnóstico y sus acuerdos se establecieron en el contexto de usos y costumbres de la etnia, como lo señaló el exgobernador de Punta Chueca Joel Barnett Morales.

Resulta importante mencionar las dificultades sobre el tema de la participación y del entendimiento tradicional de las autoridades comcáac, temas que se han modificado con el paso del tiempo, así como de las interpretaciones de las generaciones actuales de la etnia sobre su identidad política en el contexto contemporáneo. Algunos de los entrevistados señalaron que la autoridad tradicional seri es muy significativa para la representación cultural de su pueblo, pero insisten que es igualmente importante que las decisiones sobre los proyectos de alcance global y de retribuciones históricas para ellos sean de carácter colectivo.

Esta reinterpretación de la colectivización de las decisiones que solo conciernen a las autoridades tradicionales comcáac es fundamental para entender las nuevas formas de organización política interna que se desean para ese pueblo indígena, así como para comprender las implicaciones que tienen las diferencias políticas al interior de la comunidad.

El conflicto por la legitimidad de la presidencia del Consejo de Ancianos en Punta Chueca ha dejado una herida considerable entre la población y ha dado pie a que, de nuevo, las instituciones gubernamentales y culturales del estado, no los seris, definan qué elementos de la historia comcáac tienen más valor: si el traspaso de la presidencia por genealogía familiar, como se había realizado, o el reconocimiento de esta por afinidad política y personalista. El último fue el que consideraron más importante.

Este conflicto no es el único que ha afectado los objetivos, la colectivización y la aplicación de los proyectos del Plan de Justicia Seri. El manejo de los recursos económicos y la elección de las prioridades para ejercerlos, según los testimonios aquí recabados, recae en el gobernador del poblado en turno, lo que, según los entrevistados, produce opacidad en el momento de administrarlos y en la forma de distribuirlos entre la población, porque no hay registro de quiénes han sido los beneficiados. Esta situación propicia un doble problema: por una parte, los beneficios del plan no llegan a quienes los necesitan y, por otra parte, construyen en la población una percepción fundada en la injusticia histórica.

En relación directa con la presencia y el cumplimiento de la comunicación intercultural de Barabas (2014), que fomenta la aplicación del conocimiento histórico, las tradiciones y las instituciones de otras culturas, como las de los pueblos originarios, resulta importante la vinculación, ya que, en muchas ocasiones, el Estado mexicano ha ignorado el saber tradicional de las etnias del país, y ha omitido que participe en la toma de decisiones. Sobre todo, no ha incorporado los conocimientos que resguardan las comunidades a proyectos que realmente tengan nexos con las etnias.

En este sentido, los pequeños programas y los recursos económicos que se mencionan en los seis temas y acuerdos del Plan de Justicia que se ha citado a lo largo del artículo, han sido relevantes solo en lo inmediato para las familias seris. Según los testimonios de los entrevistados, no tienen continuidad, pues carecen de un cronograma a largo plazo y de sustento normativo. La asistencia financiera para las artesanías, el festival de la caguama (tortuga marina), la promoción turística, la medicina tradicional, los desayunos escolares, los talleres musicales y culturales (como danza, pintura y fiestas) debe establecerse en los presupuestos estatales. También es fundamental que las instituciones relacionadas con la etnia se involucren y soliciten la participación de los seris en la construcción de los programas para asegurar su continuidad y darles protección jurídica.

Aunque las peticiones, el diagnóstico realizado mediante las mesas de trabajo y la parte teórica del plan contempla la aplicación de los conocimientos históricos y tradicionales seris, en la práctica, los pequeños apoyos señalados en el párrafo anterior no modifican sustancialmente la realidad de la etnia para transformar el curso de la historia de injusticia que ha marcado a este pueblo originario. La razón es la falta de permanencia de las acciones. En este caso, la llamada “comunicación intercultural” de Barabas en el Plan de Justicia Seri se da a medias.

Por otra parte, en algunos de los acuerdos en los seis temas del documento, se cumple de manera importante la comunicación intercultural, sobre todo, en las peticiones específicas de los habitantes de Punta Chueca y de Desemboque. Son los tres que la secretaria Wendy Briseño enumeró: agua, territorio y cultura. Puesto que los mismos habitantes del territorio seri han establecido como proyecto prioritario el agua, el Plan de Justicia Seri sí tuvo en cuenta una de las peticiones más recurrentes: tener acceso al agua desde una fuente más tradicional y antigua, como es Pozo Coyote, ubicado en Desemboque.

El proyecto específico es el acueducto Desemboque-Punta Chueca, el cual ya se describió en este texto. Si bien es cierto que es una demanda histórica que no habían atendido los programas y los gobiernos anteriores, el actual acueducto no está exento de las críticas ya mencionadas. A pesar de ello, se considera que este proyecto busca garantizar el acceso al agua a partir de una fuente antigua y no de las diversas plantas desaladoras fallidas que han existido en el poblado desde 1999. Además, se alinea con la aplicación de los conocimientos tradicionales en el marco de la comunicación intercultural que propone Barabas.

El territorio es fundamental en lo concerniente a las demandas históricas de reivindicación de justicia que ha incorporado el plan. Desde su asentamiento definitivo en los dos poblados en 1970, los seris no habían tenido la oportunidad de ampliar su espacio para buscar nuevas fuentes de agua o para recuperar antiguas prácticas que para ellos son sagradas, debido a que ciertos espacios y recursos quedaron fuera de la dotación ejidal. Sin embargo, Barnett Morales señaló que en la dinámica retributiva del Plan de Justicia se llevaron a cabo dos restituciones de territorio. La primera corresponde al área de Pozo Coyote, que a partir de la dotación de 1970 pertenecía a un particular, lo que obligaba a los habitantes de Desemboque a rentar el acceso. La segunda restitución es el sector conocido como Rancho Doble I, que había sido invadido por un particular desde 1985 y donde también se encuentra una pequeña fuente antigua de agua. De este modo, el Plan de Justicia Seri ha restituido espacios primordiales para la identidad y la cultura de este pueblo.

Un asunto de suma importancia para la supervivencia de la cultura seri es la lengua indígena, porque fomenta y reivindica la identidad de los pueblos originarios. En ese sentido, se produjo un avance significativo en la documentación escrita para fortalecer la lengua seri cmique iitom. Desde la aparición del diccionario seri-español: Comcáac quih yaza quih hant ihíip hac, compilado por los lingüistas Mary Beck Moser y Stephen A. Marlett (2010), quienes analizaron la investigación pionera de Edward Moser y Roberto Herrera Marcos en la década de 1950, no se había trabajado un documento desde la visión y la interpretación seri, como lo fue la traducción de los libros de texto de educación básica a la lengua cmique iitom realizada por la maestra Viviana Valenzuela y otros docentes de Punta Chueca y Desemboque. El Plan de Justicia Seri ha contribuido a que se apliquen los conocimientos tradicionales y culturales de esta etnia en relación con lo que Barabas llama “comunicación intercultural”, cuando se tradujeron los libros de texto.

La inversión económica del Plan de Justicia Seri-Comcaac en esta primera fase de avances (2022-2023) supera los noventa millones de pesos, según la exsecretaria de SEDESSON, Wendy Briseño. Sobre la segunda etapa se han presentado algunas acciones en los distintos medios estatales y municipales de Sonora, pero continúa su diseño. El análisis de estos programas federales es una oportunidad para establecer nuevos criterios metodológicos, como la perspectiva intercultural, para aplicarlos, así como para formalizar un debate académico y científico sobre el cumplimiento gubernamental de la justicia histórica en relación con las comunidades originarias. Se concluye que dicho plan de justicia seri en parte ha logrado su propósito, sobre todo en los temas del agua, del territorio y de la cultura; no obstante, ha sido débil en otras áreas y apoyos debido a la falta de permanencia, a la carencia de la normatividad para consolidarlos y por causa de la complejidad que hay en las diferencias políticas internas, lo que merma su total aplicación.

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Notes