Actitudes de no tolerancia a otras tradiciones en México desde la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017

Non-tolerance attitudes to other traditions in Mexico from the National Discrimination Survey 2017

Carlos Mejía Reyes carlosmejiareyes@upnhidalgo.edu.mx

Universidad Pedagógica Nacional, sede 131, México/Red-ALEC-Université de Limoges, Francia

Abraham Sánchez Ruiz asanchezr@delasalle.edu.mx

Universidad La Salle, Bajío, Campus Salamanca, México

Sheila Janet Rangel Gómez srangel@ueb.edu.ec

Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador

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La estructura argumentativa del escrito inicia con la explicación del proceso sociológico de construcción de tradiciones y el desarrollo hacia la configuración sentimental de su defensa. Enseguida, se argumenta la coexistencia de tradiciones en sociedades contemporáneas y los trazos de fronteras inherentes desde conceptos de multiculturalidad, pluralidad e interculturalidad en los que actitudes de tolerancia o intolerancia juegan papel central.

Esto justifica el análisis empírico, ya que la tolerancia a otras tradiciones es considerada en la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, con el fin de comprender actitudes persistentes a partir de un análisis multivariado en función de extracción de factores y proyecciones probabilísticas. Con tales elementos, este documento tiene por objetivo analizar las actitudes de intolerancia hacia otras tradiciones en agentes mexicanos y mexicanas a partir de factores sociodemográficos básicos desde la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017.

La costumbre es definida como una forma de actuar a la que agentes pertenecientes al mismo círculo de personas se atienen de forma voluntaria, recíproca, irreflexiva y regular. Es decir, una conducta típicamente repetitiva que por su carácter usual forma parte de las destrezas de un grupo. Cuando estas regularidades representan la conducta normal de un colectivo y adquieren “la dignidad de algo normativamente ordenado” por convención, se denomina tradición (Weber, 2016: 715) e implica ahora censura de la conducta discordante, así como una vigilancia a la adhesión de la práctica.

La concordancia entre agentes por costumbres configura la base para el origen de comunidades e incentiva sentimientos de pertenencia que mediante la coacción psíquica garantiza su continuidad (Weber, 2016). Así pues, la tradición representa el conjunto de ideas, prácticas y conocimientos transmisibles de generación en generación de un grupo mediante relaciones sociales continuas (Fairchild, 1966; Abercrombie et al., 2006; Turner, 2006; Scott, 2006). Bajo estos criterios, la idea ya referida de comunidad supone la relación social cuyo sentido se orienta por un sentimiento subjetivo para construir un todo (Weber, 2016).

La presencia y construcción de tradiciones supone, en las sociedades contemporáneas, la coexistencia entre una pluralidad de agentes adscritos a colectivos con distancias significativamente perceptibles entre sí respecto a las ideas y costumbres que guía sus preceptos e identidades (Touraine, 2000), por lo cual es normal aludir a naciones diversas para diagnosticar sociedades presentes (Gómez, 2018; Giménez, 2007), como la mexicana (Sánchez, 2012). Este reconocimiento es conceptualizado de dos maneras: pluralidad y multiculturalidad. El primer concepto refiere una distinción actitudinal entre diferentes que supone un reconocimiento cuantitativo por parte de instituciones directivas para su tratamiento político u administrativo. El segundo se refiere a la coexistencia de agentes con distintas adscripciones culturales en un espacio común (Gómez, 2018). Relacionado con los conceptos anteriores, el término interculturalidad describe la relación entre grupos culturales diferentes (Rizo, 2014).

Sin embargo, la convivencia entre grupos no goza tácitamente de reconocimiento recíproco exento de rispidez, pues el proceso distintivo de cada colectivo es autoseñalarse categoría central frente a la otredad como referente límite de su definición (Merton, 2002) y en mayor medida cuando esas diferencias están cargadas de poder que posiciona uno o algunos grupos sobre otros (Dussel, 2015). El trazado de fronteras entre grupos, por tanto, tiene la finalidad de reafirmar fragmentaciones y asimetrías a partir de creencias con significación emocional (Bauman, 2017). Este proceso tiene una base con prioridad cultural, pero a su vez opera respecto a las diferencias generacionales (Beck, 2017), religiosas, ideológicas políticas, entre otras.

El proceso mediante el cual la coexistencia de grupos se hace posible se define como tolerancia, que consiste en esencia en aceptar a las personas y sus prácticas incluso cuando son desaprobadas enérgicamente (Scanlon, 2003), que puede ser no sólo el matiz de otredad excluyente, sino de posibilidad de retroalimentación y aprendizaje recíproco bajo esquemas de gobernabilidad en sociedades contemporáneas (Brown, 2006).

Los niveles de tolerancia se pueden sintetizar en cinco actitudes: a) la primera de resignación con fines pacíficos, b) la otra se entiende como indiferencia pura, c) la siguiente es el reconocimiento de derechos de otros a ejercer tal cual son en su particularidad, aunque resulten poco aceptables. d) La cuarta supone apertura en descubrir a los y las diferentes con fines de aprender además de retroalimentarse y la última de admisión positiva de la diferencia (Walzer, 1998).

Sin embargo, históricamente el proceso de integración de la otredad en las sociedades occidentales, en particular en las occidentalizadas, se caracteriza por un recorrido cargado de vicisitudes, que tiende más hacia opresiones y erradicaciones con el nombrado genocidio contra comunidades originarias (Smith, 2015) durante el proceso de extracción, saqueo y explotación de América (Galeano, 2015) en el contexto de “conquista” y colonia como un mecanismo de asimilación de las poblaciones nativas (Todorov, 2007). Asimismo, el racismo fue parte del proceso que, si bien no fue el origen del fenómeno, sí emerge expansivamente en Europa durante el proceso de invasiones y colonización (Wieviorka, 2009) y dio lugar a su fundación mundial por su aplicación institucional en México, Brasil, Estados Unidos y Sudáfrica (Van den Berghe, 1976). por lo que la coexistencia no implicó tolerancia alguna.

Contemporáneamente la tolerancia en la conformación del México moderno se caracterizó por no soportar la alteridad ante el único proyecto identitario nacional y de la categoría ontológica de su definición donde la heterogeneidad cultural fue entendida como hipótesis (Béjar, 1988). El levantamiento armado del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) de 1994 en Chiapas conformó un hito histórico debido a que en sus discursos y demandas permanecieron visibles la reivindicación de los pueblos indígenas para considerarse institucionalmente como parte concreta y simbólica, por lo que se manifestó así la necesidad de replantear el carácter pluriétnico de la sociedad (Ramírez, 2002). Lo anterior es congruente con diagnósticos científicos sociales que evidenciaron la tendencia oficial a la exclusión de lenguas, usos y costumbres en la arquitectura moderna del México (Navarrete, 2016; Echeverría, 2011).

En 2001 la conferencia general de la Unesco emitió la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural en donde se define a la diversidad como patrimonio de la humanidad, factor de desarrollo catalizador de la creatividad y solidaridad (Unesco, 2001); con esto se atienden las tendencias de la tercera generación de los derechos humanos cuyas directrices reconocen a las características colectivas de los pueblos en sus particularidades, así como autodeterminaciones que apelan a la coexistencia pacífica entre grupos y culturas entendidos como patrimonio humano (Flores, 2015). Lo anterior con fines de mitigar de forma puntual actitudes entendidas como nuevos racismos o nueva lógica del racismo que se funda en la atribución de capacidades supuestamente inferiores a partir de la diferencia cultural, lengua, religión, tradiciones, valores, moral y costumbres (Wieviorka, 2009).

Sin embargo, los compromisos estatales no logran mitigar las concepciones o imaginarios contemporáneos excluyentes hacia lo distinto como a las y los extranjeros (Cantizani y España, 2018), las y los migrantes con la desterritorialización de las culturas (Bartra, 2007) e incentivado por coyunturas como arribos al poder de líderes con tendencias xenófobas (Garza-Cuéllar, 2017). También, cíclicamente los procesos macroeconómicos de crisis han sido factor para el cierre cultural a la diferencia, así como exacerbación de la intolerancia (Polanyi, 2003).

En cuanto a la intolerancia cultural o nueva lógica del racismo en México, se ha aseverado la persistencia de actitudes excluyentes en función de la diferencia cultural, lo cual motiva prácticas de exclusión (Cisneros, 2001) que, basadas en percepciones o creencias de esas diferencias dentro de una ideología determinada, contribuyen a una forma de dominación que justifica la desigualdad y legitima privilegios de los sectores dominantes, lo cual provoca que actos de racismo cultural sean vistos como hechos aislados e insignificantes, no representativos para la justicia social (Saldívar, 2012). La ideología hegemónica en torno al racismo local se entiende a partir del imaginario mestizaje que invisibiliza y desprecia la apariencia somatípica tendiente a la blanquitud, así como de prácticas culturales u orientaciones identitarias fuera de tales marcos (Moreno, 2012; Echeverría, 2011).

Como se ha documentado en ejercicios empíricos, al analizar redes semánticas naturales en universitarios y universitarias para develar significados en lo que concierne grupos indígenas, se constata la persistencia de prejuicios negativos e intolerancia por su asociación directa con un tipo de cultura considerada distinta (Aguayo, 2014). La intolerancia cultural resulta evidente con el fenómeno migratorio (Cisneros, 2001), puesto que el escaso porcentaje de población extranjera residente en el país (menos del 1%) es un indicador de la intolerancia hacia la diferencia (Rebolledo, 2017), así como de las personas en movilidad de tránsito ilegal dentro del territorio nacional, cuyas expresiones de rechazo se han documentado bastante en años recientes (Pérez, 2021). La invisibilización institucional, pero también cultural, de la afromexicanidad es un rasgo explícito de intolerancia y racismo que ha empezado a considerarse en la actualidad en los procesos inclusivos del país (Avendaño, 2020).

Como muestra de la actitud persistente de intolerancia en el territorio mexicano, la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 comprobó que el 56.6% de población de 18 años o más justifica poco o nada que las personas practiquen tradiciones o costumbres distintas a las mexicanas. Asimismo, el 65% opina que en el país se respetan poco o nada los derechos de personas indígenas, el 56% en relación con personas afrodescendientes y el 66% a personas de la diversidad sexual; en otros datos, el 39% no le alquilaría una vivienda a una persona extranjera, el 44.5% opina que entre más religiones haya en el país, más conflictos sociales se generarán (CONAPRED, 2017a).

Las propensiones hacia actitudes intolerantes también se encuentran influenciadas por rasgos inherentes a condiciones nominales como variables de control básicas de análisis, por ejemplo el sexo de las ciudadanos y ciudadanas, ya que algunos estudios indican que en varones es donde se concentran mayores tendencias hacia la intolerancia a inmigrantes (Smith-Castro, 2010), aunque otros ejercicios aseguran que es en mujeres (Ponce, 2017) por su proclividad al conservadurismo implantado por la estructura de género. Sin embargo, es en los primeros donde se inclina la intolerancia contra personas de la diversidad sexual (Fernández y Calderón, 2014).

La edad es otra variable asociada a las actitudes intolerantes; este dato se ha reportado en edades adultas, particularmente en mayores de 30 años (Willems, 1995), quienes perciben a los migrantes como amenazas (Semiyonov et al., 2004). Lo mismo ocurre para el caso de la tolerancia a personas de la diversidad sexual (Piña y Aguayo, 2015) y a la disidencia en posturas políticas (Mejía y Ortiz, 2018).

De la misma forma, se identificaron correlaciones con la baja escolaridad porque a una menor formación escolar corresponde mayores actitudes proclives a la intolerancia, tal como lo exponen los estudios de xenofobia (Willems, 1995) y homofobia (Morrison y Morrison, 2011) en países anglófonos, pero también esas hipótesis operan para el caso mexicano (Cortés, 2003). Aunado a esta información, se ha documentado la tendencia contraria las políticas de igualdad en favor de afrodescendientes (Rollins, 2017), así como misoginia y sexismo en universidades (Buquet et al., 2013).

La situación marital también se ha contemplado como predictora de la incidencia a la actitud de intolerancia y discriminatoria. En particular, el estado civil en matrimonio es el más proclive por razones de supuesta protección a la seguridad y estabilidad del núcleo (Ceubanou y Scandell, 2010), pero no así en el caso de la tolerancia hacia posturas políticas diferentes respecto a agentes sin conformación familiar (Mejía y Ortiz, 2018).

En cuanto la clase social se ha documentado que es en estratos bajos donde se perciben mayores prejuicios negativos contra inmigrantes (Solé, 2010) o grupos de la diversidad sexual (Herek y Capitanio, 1996), pero en los casos de intolerancia a valores o posturas políticas distintas porque las clases medias y altas tienden a concentrar rasgos poco tolerantes (Bourdieu, 2000).

Por último, la situación de empleo es una variable que explica la propensión a la intolerancia a la diferencia cuando la persona se encuentra en condiciones laborables inestables o precarias, en particular contra inmigrantes (Vallas et al., 2009), tácito en la teoría de la competencia de mercados de trabajo en países considerados en desarrollo (Meseguer y Maldonado, 2015).

La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 tiene por objetivo “reconocer la magnitud de la discriminación y sus diversas manifestaciones en la vida cotidiana, profundizando en el conocimiento sobre quién o quienes discriminan”, además de hacer visible la discriminación para comprenderla y “modificarla”, de ahí la necesidad de contar con información que permita identificar la población afectada por esta práctica (CONAPRED, 2017b: 7). Para ello, capta la opinión de personas mayores de 18 años y más en el territorio nacional a partir de una muestra probabilística, estratificada y por conglomerados en las 32 entidades federativas, cuyas unidades de observación fueron hogares, viviendas con poblaciones de estudio consideradas de riesgo (indígenas, con discapacidad, diversidad religiosa, adultas mayores, mujeres niñas, niños y adolescentes). El tamaño de la muestra fue de 39 101 viviendas y 102 245 personas con el método de recolección de entrevista cara a cara en el periodo de 21 de agosto al 13 de octubre de 2017 (CONAPRED, 2017a).

La muestra está conformada en un 44.9% de varones y 55.1% de mujeres. En lo concerniente a la edad, el 51.5% se ubica en edades entre 18 y 40 años, el resto 48.5% entre 41 y más de 60 años de edad. Acerca de la estratificación social, el 17.7% se ubica en la clase baja; 50.5%, en clase media baja; 21.6%, en clase media alta; 10.2%, en clase alta. El 81% se adscribe católica(o); el 6.7%, cristiana(o); 1.6%, testigo(a) de Jehová; el 7.9% refirió no tiene religión; el resto indica otras doctrinas. En cuanto la formación educativa, el 5.5% mencionó no tener estudios; 52.5% cursó educación básica, el 22.2%, educación media; 20.1%, educación superior. En cuestión del estado civil, el 19.3% se encuentra en unión libre; 8.5%, separado(a); 3.1%, divorciado(a); 7.1%, viudo(a); 41.9%, casado(a); 19.9%, soltero(a). La situación laboral tiene un perfil en el que 58.7% trabajó al menos una hora la semana anterior inmediata, el 24.7% se dedica al cuidado de menores y hogar, el 4% no trabaja, 4.7% es jubilado(a) o pensionado(a), el 3.9% es estudiante, el 1.6% buscó trabajo, el 1% está impedido para trabajar y el 1.4% tenía trabajo, pero no trabajó.

La variable dependiente utilizada tiene el objetivo de cerciorarse de la permisividad a la discriminación y en el cuestionario de opinión de la encuesta que revisa valores y actitudes es signada como 1.4 (po1_4_7 en microdatos). Se preguntó de la siguiente manera: “En su opinión, ¿cuánto se justifica que las personas practiquen tradiciones o costumbres distintas a las mexicanas?” Las respuestas: 1) Mucho, 2) Algo, 3) Poco, 4) Nada. La categoría de la variable referente para el análisis es la última. El porcentaje de respuesta a este ítem es del 100%, lo cual hace factible su utilización.

Las variables independientes están conformadas por las básicas de control: sexo, con dos categorías; edad, recodificada en nueve intervalos de 18 a 25 años, 26 a 30 años, 31 a 35 años y así de forma sucesiva hasta 61 años o más. Otra variable es la escolaridad, con nueve categorías: sin educación, preescolar, primaria, secundaria, normal básica, carrera técnica, preparatoria o bachillerato, carrera técnica con preparatoria, licenciatura, maestría o doctorado. La clase social se lee desde la variable ordinal “estrato” de cuatro categorías: bajo, medio bajo, medio alto y alto. El estado civil (p3_16) está conformado por seis categorías: unión libre, separado(a), divorciado(a), viudo(a), casado(a), soltero(a). Por último, la situación laboral (p3_17) en párrafos anteriores ya se describió porcentualmente en ocho categorías.

Con el conjunto de variables se pretende revisar la dependencia matemática de la variable eje con el resto a partir de un ajuste de regresión logística ordinal expresado en coeficientes y en función de la varianza total (López-Roldán y Fachelli, 2015). Con este ejercicio se analiza el signo de la relación, así como la estimación probabilística de que el suceso estudiado ocurra (Heredia et al., 2014); en este caso, la actitud de rechazo a otras tradiciones. El objetivo puntual del procedimiento se centra en verificar las probabilidades de ocurrencia del fenómeno actitudinal basándose en los valores de resultado de la columna del error típico y coeficiente (Calvo y Cayuela, 2002); sin embargo, se prioriza su interpretación mediante el cálculo Odds Ratio (OR), que consiste en el uso del operador exponencial de los resultados para expresarlos en posibilidades de ocurrencia del evento (Cerda et al., 2013).

La constatación de la validez del procedimiento es a través de coeficientes de ajuste chi-cuadrado, el cual permite conocer la congruencia o no de la predicción de frecuencias en cuanto a los acontecimientos del cálculo real. Lo valores son los típicos de hipótesis nula (Heredia et al., 2014). El pseudo R2 describe la variabilidad total del modelo y la magnitud de la correlación entre variables; sin embargo, en variables dependientes categóricas u ordinales suelen ser en extremo bajos en comparación con los estándares típicos con variables continuas; por tal razón, “debe evitarse el coeficiente de determinación como estadístico de resumen en modelos con variable dependiente cualitativa” (Aldrich y Nelson, citado den Gujarati y Porter, 2010: 547).

El porcentaje de la muestra en la entrevista refirió que no se justifica nada que personas practiquen tradiciones o costumbres distintas a las mexicanas fue de 36.2%, el 20.6% lo señaló poco justificable; el 21.6%, algo justificable; el 19.7% refirió alta justificación.

El cálculo del modelo multivariado ordinal arrojó resultados de viabilidad del proceso, ya que el ajuste del modelo es significativo respecto al chi-cuadrado de Pearson (0.000) y la significación conjunta (0.000), lo cual refiere así valores legítimos.

Tabla 1
Efecto de factores de control sobre la tolerancia a otras tradiciones

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017.

Los hallazgos en relación con las categorías de las variables independientes con la dependiente, en su mayoría son significativas, excepto en una de escolaridad, que es la de “carrera técnica con secundaria”, por lo que se descarta en su lectura e interpretación.

El resto de grados académicos tienen el siguiente comportamiento: las personas sin formación educativa tienen 71% de probabilidad de tener actitudes reprobatorias hacia otras tradiciones, lo que supera a personas con primaria y secundaria con 66% y 60% respectivamente. Sin embargo, en la formación normal básica es de 95%, en preparatoria o bachillerato es de 73% y carrera técnica con preparatoria 42%. Las personas con estudios superiores se ubican con 75% de probabilidad de referir intolerancia.

En cuanto a la edad, los resultados son dispersos sin una propensión clara: agentes de 18 a 25 años tienen 1.5 veces la posibilidad de que rechace a otros grupos o personas con tradiciones distintas. En el grupo de 26 a 30 años disminuye a 1.1 veces al igual que en el grupo de 36 a 40 años. En el sector intermedio de 31 a 35 años es de 1.8 veces. A partir de la cohorte de 41 a 45 años se nota una tendencia progresiva hacia la intolerancia, dado que en este sector los valores son de 1.2 veces, 1.3 veces en sector de 46 a 55 años y aumenta a 1.5 veces de 56 años en adelante.

Con la estratificación social, la tendencia muestra que entre en las clases más altas y bajas es donde la intolerancia predomina; al respecto, agentes del sector inferior tienen 76% de posibilidad de intolerancia; la clase media, 71%, pero en las altas es de 87%, de modo que se concentra en este sector la actitud sectaria. En cuanto al sexo, la posibilidad es la misma sin distinción con valor de 1.0.

El estado civil refiere que en sectores en unión libre existe un 84% de posibilidad de referir intolerancia y en un 80% se ubican las personas divorciadas, casadas y solteras. El valor más bajo fue en estado de viudez con 59% y en separados(as) la posibilidad es de 1.

Por último, la situación laboral muestra una tendencia particular en la que en agentes imposibilitados(as) para trabajar o que no lo hacen es de 1.5 veces, mientras que en personas jubiladas y dedicadas al trabajo del hogar es de 1.4. Quienes sí tenían trabajo, pero no trabajaron, es de 1.1 y quienes laboran es de 1.0. El sector estudiantes tiene 75% de posibilidad de intolerancia y 73% quienes buscan empleo.

Se ha documentado que la formación educativa coadyuva a que los prejuicios e intolerancia sean menores (Herek y Capitanio, 1996). Sin embargo, para este caso, la formación educativa pareciera no tener distinciones porque no se nota una tendencia clara en esa dirección. Si bien entre los grados de educación básica pareciera seguir tal lógica, en los siguientes se incrementa considerablemente porque en la educación media y posgrado es donde más probabilidad de intolerancia se percibe. Lo anterior deja ver que la formación académica no es garante de actitudes incluyentes como también se ha documentado en materia de racismo en Estados Unidos (Rollins, 2017), en la misoginia en México (Buquet et al., 2013) y en diferencias étnicas e inmigrantes en Europa del norte (Weber, 2020). Estos resultados son debatibles, pues hay quienes aseguran a la formación educativa en México como el detonante de “mentalidad abierta” a la diferencia, además de que es un factor más influyente que la edad (Cortés, 2003). Las razones de ello obedecen a que el prejuicio se debe más a rasgos de personalidad, contenidos de la socialización primaria (Weber, 2020) y los sentimientos contextuales o de coyuntura (Polanyi, 2003; Garza-Cuéllar, 2017) que a la formación académica puntual.

Asimismo, el factor etario responde de manera parcial a las tendencias empíricas típicas que señalan la correlación entre mayor edad, mayor intolerancia (Willems, 1995; Semiyonov et al., 2004; Piña y Aguayo, 2015) por el arraigo y socialización de este grupo a creencias, valores, normas y reglas tradicionales o la incapacidad de autocontrol para expresar prejuicios (Franssen et al., 2012); si bien, en este caso, las edades más adultas lo refieren, de igual manera la cohorte de menor edad, pero aún más en agentes de entre 30 y 35 años. Suponer que los sectores jóvenes están exentos de actos de prejuicio es un descuido analítico si consideramos que se ha demostrado intolerancia y prejuicio hacia personas mayores en otro tipo de estudios (Chung y Park, 2018). Una posible explicación de la intolerancia por parte de estos sectores es la teoría de la “amenaza percibida” y/o teoría “de la competencia” por recursos económicos, políticos o simbólicos. Esta propuesta supone que los grupos ocupan desiguales posiciones en el orden social cuyos intereses divergen y compiten por el acceso a recursos ocasionando que los grupos dominantes sientan amenazada su posición de privilegio simbólico, económico/laboral (Strabac et al., 2011). Ahora bien, en México el sector joven es el que más padece incertezas laborales, precariedad y desempleo (García, 2016); por este motivo, sería el grupo con más percepciones de riesgo por la competencia laboral que conformaría así razones de intolerancia frente a grupos distintos o inmigrantes, tal como sucede en otros contextos (Janmaat y Keating, 2019). Sin embargo, se requerirán mayores pruebas empíricas de relación entre intolerancia, edad y situación laboral para corroborar su vinculación.

En cuanto a la clase social, la correlación empírica detectada respecto a la discriminación e intolerancia es que las clases bajas tienden en mayor propensión hacia la exclusión (Herek y Capitanio, 1996; Solé, 2010). Sin embargo, para este caso la orientación indica intolerancia progresiva en clases medias altas y altas, tal y como se ha especificado teórica y empíricamente para otros tipos de sectarismo (Bourdieu, 2000). Es importante recordar que una definición básica de clase social tiene como elemento la perspectiva y estilos de vida similar entre estratos, así como una reiterada distinción frente a grupos considerados inferiores. Como se ha documentado, en estratos bajos es donde se perciben mayores prejuicios negativos contra inmigrantes (Solé, 2010) o grupos de la diversidad sexual (Herek y Capitanio, 1996); en cuestiones de intolerancia hacia posturas políticas distintas, las clases medias y altas tienden a concentrar actitudes excluyentes (Mejía y Ortiz, 2018), lo que es correspondiente con los resultados. Una posible explicación es que los estratos bajos, por su constante y cotidiana interacción con residentes nuevos (en el caso movilidad humana), normalizan actitudes de apertura a la diferencia, mientras que en clases medias y altas se tipifican como riesgosas a causa de la escasa relación con agentes externos (Solé, 2010).

También se ha referido que en los imaginarios sociales del colectivo mexicano existe la asociación de posición económica, tono de piel y somatipo como rasgo diferenciador de cultura y estrato social (Navarrete, 2016) cuyo origen es colonial (Van den Berghe, 1976), que, combinado con la historia oficialista del mestizaje, prioriza la herencia europea como prototipo de persona y supone la unificación de modelos de vida, así como de aspiraciones hacia la blanquitud y la presunción material (Echeverría, 2011). De este modo, para los sectores que lo asumen o ambicionan, cualquier otro esquema o tradición es poco admisible y sea ejecuta como un mecanismo defensivo de sus intereses, privilegios y lógicas (Bourdieu, 2000), aunado a que los miembros de la misma posición social suelen interactuar en exclusivo entre sus iguales (Botero, 2005) y es el sector que tiene más claridad de las diferencias de posición y prestigio social y motiva así el distanciamiento discrecional (Ariztía, 2016).

La tendencia hacia la intolerancia de otras tradiciones o grupos es más común en agentes adscritos a núcleos familiares vigentes o pasados por la defensa conservadora de las condiciones culturales y políticas prevalecientes e incluso tendientes a posturas de derecha referentes a la diversidad sexual (Jost et al., 2003; Abramowitz y Saunders, 2006). Sin embargo, para este caso, todos los estados civiles muestran una tendencia alta hacia la intolerancia, excepto las personas en viudez. Las razones posibles de esto obedecen a que en la viudez ya no hay núcleo familiar inmediato que proteger o considerar, desinteresándose por tanto de otros esquemas de orientación, tal como se ha documentado en estudios de los contenidos cognitivos en las diferentes etapas de la adultez (Scholossberg et al., 2005). De forma excepcional, la probabilidad mayor de intolerancia recae en agentes separados(as). Una posible explicación se deba a que por la situación marital tienden a experimentar menos felicidad o prevalencia de pensamientos negativos con la vida, en comparación con agentes con familia (Pozos et al., 2013) y ante estados de ánimo adversos las relaciones sociales se tornan cada vez más complicadas con externos y, por tanto, menos tolerante a la diferencia como grupos culturales diversos o raciales (Ahmed, 2008).

Acerca de la situación laboral, la teoría de los mercados laborales explica que la intolerancia a inmigrantes es más proclive en agentes con situaciones ocupacionales desventajosas por la competencia que implica nuevos(as) ofertantes de mano de obra (Meseguer y Maldonado, 2015); esto coincide con lo que ocurre en la muestra mexicana, ya que quienes no trabajan por razones diversas más intolerancia demuestran, mientras quienes sí trabajan refieren intolerancia media en comparación con los que aún no se incorporan activamente a las actividades productivas, lo que parece coincidir también con el sentimiento de época en cuanto a la relación entre posición en la baja posición en la estructura productiva con frustración y tendencias a hacia las derechas políticas intolerantes a la diversidad identitaria (Bauman, 2011).

La intolerancia hacia otras tradiciones en México es nada o poco justificable para un porcentaje ligeramente mayoritario de los y las agentes entrevistadas en la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017.

De este grupo, concentran las actitudes intolerantes quienes poseen grados académicos medios superiores, profesionales y posgrado; este resultado deja ver que el nivel educativo no es garante de posturas incluyentes. Una situación similar ocurre con personas jóvenes y adultas (18 a 25 años) y adultos(as) jóvenes (30 a 35 años); la intolerancia aumenta de forma progresiva mientras más aumenta la edad.

En estratos sociales medios y altos es donde se ubican las probabilidades mayores de sectarismo y solamente las personas en viudez muestran tolerancia a la diferencia de tradiciones. Por último, los sectores ocupacionales activos y vigentes se orientan hacia la permisibilidad y mayor respeto a otras expresiones culturales.

De este modo, la intolerancia hacia otras tradiciones en México es una condición prevaleciente a pesar de que las distancias actitudinales entre clases sociales, edad y educación sean mínimas. Si bien la complejidad social y cultural de las sociedades contemporáneas es un rasgo tácito, los resultados de este análisis reflejan actitudes de diferenciación y prejuicio son aún perceptibles a tal grado que imposibilitan alcanzar los rasgos cuantitativos, pero sobre todo cualitativos, del reconocimiento y respeto a las diferencias; con ello, dejan ver que persisten en México rasgos del racismo que excluye por razones de diferencias en tradiciones o adscripciones culturales.

En 2018 México ratificó la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, adoptada en la Antigua Guatemala en 2013, que es un documento aprobado por las cámaras legislativas en 2019 y decretado en 2020 para su incorporación en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Así, desde el punto de vista sociológico, la existencia de reglas que regulen relaciones sociales en favor de la tolerancia evidencia que el fenómeno se halla aún en las prácticas e imaginarios colectivos. Entonces, tomar en cuenta en las próximas encuestas sobre discriminación que la intolerancia a otras tradiciones es un rasgo tácito de un tipo de racismo contemporáneo dimensionará con precisión la magnitud del fenómeno tras la aplicación del convenio. Al respecto, las instancias encargadas de fomentar la no discriminación y derechos humanos pondrán en marcha campañas perfiladas de concientización.

Se agradecen los comentarios de las y los árbitros de la revista que ayudaron a mejorar sustancialmente el contenido del artículo.