Panorama de la violencia minera contra pueblos indígenas en el continente americano

Overview of Mining Violence Against Indigenous Peoples in the Americas

Marx José Gómez-Liendo mgliendo@peralta.edu

Laney College, Estados Unidos

Raul Anthony Olmedo Neri raul.olmedo@politicas.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México, México

Ángel Serrano Sánchez angel.serrano@ugto.mx

Universidad de Guanajuato, México

El continente americano y, específicamente, la región latinoamericana y caribeña destacan como una zona con abundantes recursos estratégicos. Esto se evidencia particularmente en la minería, donde esta región se ha convertido en uno de los epicentros de conflictos socioambientales (Olmedo Neri y Gómez Liendo, 2020) . Estas tensiones son un rasgo característico de cómo el capitalismo global ha subsumido a la naturaleza a sus lógicas de mercado y producción. Bajo estas condiciones, el estudio de la conflictividad socioambiental resulta crucial para comprender y desarticular las relaciones metabólicas a través de las cuales el capital se despliega sobre diversos ecosistemas, recursos y territorios (Pineda, 2018) . De esta manera, una red heterogénea de actores involucrados en el modelo extractivo minero transforma directa o indirectamente y a múltiples escalas el ambiente, reconfigurando las relaciones sociales y políticas en las localidades donde opera (Svampa, 2019) . La conflictividad en torno a proyectos mineros no está relacionada únicamente a un asunto de extracción de recursos, sino también a un continuo fenómeno que fractura dinámicas comunitarias y modos de vida.

La intensificación en los conflictos socioambientales, en particular los vinculados a la industria minera, responde a la complejidad de los intereses implicados en aspectos ambientales, sociales, económicos y políticos (Gómez Liendo, 2017) . La violencia asociada a la minería ha emergido como un tema crítico de análisis, revelando las tensiones inherentes en torno al acceso, uso y gestión de recursos en comunidades marcadas por profundas desigualdades socioterritoriales (Betancourt, 2016) . Estas tensiones han hecho que en diversos países de la región se concrete la judicialización y asesinato de ambientalistas, mientras que en otros las confrontaciones se intensifican por la acción reactiva, ineficiente y descoordinada de los actores estatales (Muñoz Muñoz y Mercado García, 2023) . En estos casos, la minería no es un mero proceso industrial, sino que se convierte en un campo de batalla socioambiental, donde se entrecruzan demandas de soberanía popular, autonomía económica, derechos humanos y justicia social, ambiental y cognitiva.

Diversos estudios han generado un mapeo de los conflictos mineros, lo que permite una comprensión detallada de las problemáticas subyacentes, actores involucrados y agendas confrontadas en cada caso (Rodríguez-Labajos y Özkaynak, 2014; van Teijlingen, 2019; Scheidel et al., 2020; Vargas y Hidalgo, 2022; Walter, Deniau y Herrera, 2023) . Los hallazgos proporcionados por estos trabajos posibilitan diversos estudios sistemáticos y comparativos no sólo sobre las causas que yacen en cada conflicto socioambiental, sino también sobre la intensidad del conflicto o los resultados (outcomes) del mismo, sean estos positivos (escenarios de justicia ambiental) o negativos (diversas formas de violencia).

Scheidel et al. (2020) , al utilizar datos de 2.743 conflictos registrados en el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), realizaron un análisis de las características de dichos conflictos y el rol de los defensores ambientales en cada uno de ellos. Los autores identificaron que, al combinar diferentes estrategias (movilizaciones, acciones de protesta, litigios, entre otros), los casos de éxito en materia de justicia ambiental (paralización de proyectos) representaban 27% de los casos. Sin embargo, también detectaron que, a nivel global, los defensores ambientales enfrentan altas tasas de criminalización (20%), violencia física (18%) y asesinatos (13%), una situación que empeora mucho más cuando hay pueblos indígenas involucrados. Aunque los hallazgos de este importante trabajo son cruciales para el diseño de acciones y planes específicos que garanticen mayores movilizaciones exitosas y redes de apoyo para defensores ambientales, particularmente indígenas, la escala global de análisis no muestra con suficiente detalle las complejidades de diferentes áreas del planeta, como el continente americano y, en especial, la zona de América Latina y el Caribe (ALC).

Por ejemplo, otros estudios que también han utilizado datos del EJAtlas han encontrado que más de una cuarta parte (29%) de los conflictos socioambientales registrados a nivel global ocurren en ALC. Aunado a ello, los conflictos mineros en esa región representan 10% del total de la conflictividad socioambiental mundial (Olmedo Neri y Gómez Liendo, 2020) . Por tanto, en el presente trabajo queremos ofrecer un panorama sobre la violencia asociada a la conflictividad socioambiental generada por la megaminería en el continente americano, con el fin de caracterizar los territorios donde se presenta y los mecanismos coercitivos que se despliegan en contra de los actores sociales que defienden colectivamente su territorio. Es importante aclarar que hemos decidido no excluir de nuestro estudio a Estados Unidos y Canadá porque si bien los conflictos mineros en esos países parece que ocurren en menor proporción que en el resto del continente, los mismos acontecen en localidades habitadas por pueblos indígenas, quienes enfrentan una constante violencia sistemática debido a su subalternización, un hecho que es coincidente con lo que ocurre en ALC.

El trabajo está estructurado en cuatro secciones. En primer lugar, proporcionaremos un marco de reflexiones teóricas ancladas en la ecología política latinoamericana para analizar las diferentes dinámicas de poder en torno a la minería y megaminería, así como la relación de esta actividad extractiva con la violencia hacia defensores ambientales y la vulneración de sus derechos fundamentales y del acceso a la justicia. En segundo lugar, describiremos la estrategia metodológica empleada y algunas de las limitaciones al trabajar con fuentes secundarias, destacando no obstante la importancia de análisis ecológico-políticos desde una mirada estadística descriptiva. En tercer lugar, presentaremos y discutiremos los principales hallazgos de este trabajo en cuanto a cantidad de conflictos por país y tipo de población, la presencia o no de pueblos indígenas, la intensidad del conflicto y las tasas de criminalización, represión y asesinatos. Finalmente, concluimos señalando que se hace imperativo revisar, rediseñar e implementar marcos regulatorios que garanticen el reconocimiento y la dignidad de la vida de los defensores ambientales, especialmente de aquellos pertenecientes a pueblos indígenas.

La ecología política es una perspectiva interdisciplinaria que inició en los años setenta, centrada en analizar los problemas ecológicos-distributivos que se desatan cuando un megaproyecto pretende imponerse y operar en un territorio (Martínez Alier, 2015; Delgado Ramos, 2013) . Desde ese entonces, este campo se ha desarrollado a nivel mundial, generando vertientes regionales que priorizan ciertos factores estratégicos en sus realidades particulares; así es posible hablar de ecologías políticas en plural (Gudynas, 2014; Martín y Larsimont, 2016). Para este trabajo adquiere relevancia la Ecología Política Latinoamericana (EPL) porque: 1) prioriza las ontologías de los pueblos originarios y su disrupción a la lógica moderna-colonial de Occidente, 2) visibiliza las contradicciones históricas en la región que dificultan la concreción de la justicia-socioambiental, 3) reconoce la importancia geopolítica de ALC por su riqueza natural, mineral y ecológica, volviéndola una región socialmente vulnerable, pero económicamente rentable para la sobreexplotación, y 4) pone de manifiesto que el Estado y los gobiernos de ALC, a través de asociaciones público-privadas con corporaciones multinacionales, intervienen de manera directa e indirecta en la conflictividad socioambiental mediante la legitimidad del neoextractivismo¹ como modelo de progreso y desarrollo (Alimonda, 2016; Berman, 2011; Betancourt y Porto-Gonçalves, 2017; Leff, 2019; Machado Aráoz, 2017; Svampa, 2019) .

De esta manera, la EPL analiza la articulación entre la conflictividad socioambiental y el extractivismo en la región porque detrás de las desigualdades distributivas que generan y/o aprovechan los megaproyectos se encuentran relaciones asimétricas de poder a nivel local y subnacional. Esta perspectiva problematiza cómo la operación de megaproyectos energéticos, mineros, agroindustriales y de transporte se fundamenta a partir del saqueo de recursos, la concentración de tierras, la criminalización de la defensa del territorio y la institucionalización de la injusticia socioambiental (Calderón-Contreras, 2013; Machado Aráoz, 2017; Olmedo Neri y Gómez Liendo, 2020; Pineda, 2018) . Por lo tanto, la EPL no sólo analiza las transgresiones hechas por el capital a la relación sociedad-naturaleza en un territorio, sino que también cuestiona los argumentos mecanicistas basados en la mercantilización de los recursos, reconoce la disputa ontológica entre los modos de entender y habitar el territorio, y analiza las formas situadas de re-existencia (Merlinsky, 2017; Svampa y Slipak, 2017) .

Además de lo anterior, investigaciones recientes han propuesto pensar y trabajar a un segundo nivel de profundidad teórico-conceptual, en el cual la ecología política se desagrega a partir del tipo de megaproyecto o problemática a estudiar. En este caso es posible observar planteamientos como ecología política de la minería, del agua, de la agroexportación, de megaproyectos energéticos, de la agricultura, entre otros (Delgado Ramos, 2010 a ; Boelens et al., 2015, Giraldo, 2018; Olmedo Neri, 2023) . Cada una de ellas es un esfuerzo teórico-analítico para pensar en los problemas ecológicos-distributivos particulares de cada manifestación conflictiva, dependiendo del número y tipos de recursos que se ven involucrados, las formas en que se materializan las desigualdades socioterritoriales y las tensiones ontológicas que se expresan a través de las territorialidades en disputa.

Para fines de esta investigación se recuperan las aportaciones de la ecología política de la minería. Desde esta perspectiva se puede entender que la minería tiene una presencia histórica en el continente americano, pero se agudiza con el periodo colonial, ya que la orienta a dinámicas de explotación y procesos de acumulación por exportación (Delgado Ramos, 2010 b y 2013; Olmedo Neri, 2022). Después de los procesos de independencia, la minería sufrió procesos de innovación tecnológica que afinaron su modo de producción para incrementar su tasa de ganancia y volverse así un sector competitivo orientado a satisfacer la demanda global de minerales. Esta transformación tecnológica y productiva hace que se le defina como megaminería (Guzmán López et al., 2020; Olmedo Neri, 2022; Svampa, 2012) .

A nivel espacial, la megaminería en la región va de la mano con transformaciones en el territorio, particularmente su diseño, ordenamiento y entendimiento, por lo que el cambio del paisaje, venta o expropiación de tierras, cambio en el uso del suelo y la potencial privatización de espacios con un valor cultural para sus habitantes son expresiones de esta reconversión espacial y territorial (Antonelli, 2011; Machado Aráoz, 2014; Vila, 2021) . Además de esto, dichas modificaciones no están aisladas de la vida cotidiana de sus habitantes, por lo que estos efectos se articulan progresivamente con los procesos sociales y económicos de dicho lugar.

A nivel social, las transformaciones en el territorio generan procesos de extrañamiento en la relación sujeto-territorio, lo cual acrecienta una pérdida perceptiva de control sobre el lugar donde se observa y participa en el mundo. Por ende, los cambios en el territorio generan una fractura ontológica para aquellas personas cuya cotidianidad es sometida a las lógicas del proyecto megaminero (Machado Aráoz, 2014; Olmedo Neri, 2022) . Esta dislocación de la vida cotidiana puede fomentar que los principales afectados se organicen colectivamente, no sólo para defender el territorio que habitan, sino también la vida misma que reproducen espacial y temporalmente. Sin embargo, esta reacción no es automática ni homogénea; depende de factores culturales, políticos y socioeconómicos que condicionan la capacidad de las comunidades para articular resistencias. La defensa de la vida, más allá del territorio, constituye un tránsito conceptual que refleja una disputa ontológica compleja sobre los mundos posibles que se construyen en un lugar y tiempo determinados, aunque las formas de entender y actuar frente a esta disputa varían según las experiencias y perspectivas de las personas involucradas (Escobar, 2014; Svampa, 2019) .

A partir de la megaminería, la defensa del territorio ha cobrado un sentido complejo pues la heterogeneidad socioecológica estructural del continente acrecienta los efectos extractivistas sobre ciertas regiones y grupos. Por ejemplo, es posible observar que la megaminería en el continente tiene dos particularidades ontológicas específicas. La primera característica es que los territorios con mayor susceptibilidad a ser objeto de la megaminería son las zonas rurales o las áreas naturales que poseen o no alguna protección gubernamental (Olmedo Neri, 2022) . Esta selección territorial no responde a la esencia conflictiva sino a la abundancia del recurso a explotar del subsuelo. Estos recursos minerales se encuentran en zonas limítrofes a áreas naturales protegidas o en localidades rurales que no han intervenido sobre el recurso que poseen sus territorios.

La segunda característica es de orden identitario, ya que las comunidades indígenas en América no sólo son uno de los grupos más activos que defienden su territorio, sino que sus propios lugares de enunciación les permiten ofrecer visiones del mundo contrahegemónicas que cuestionan la lógica destrucción-creación del modelo de desarrollo occidental (Blaser, 2013) . No obstante, es importante tener presente que las comunidades indígenas no deben verse como bloques homogéneos, ya que existen diversas corrientes de pensamiento y experiencias que las atraviesan (Zapata Silva, 2007) . Unas se organizan y defienden los territorios, mientras otras negocian con la empresa o mantienen un papel pasivo ante la depredación de su territorio. Por tanto, hay que evitar esencializar a las comunidades indígenas como “nativos ecológicos” (Ulloa, 2004) . La subalternidad histórica que estas comunidades han experimentado frente a los Estados y las estructuras de poder dominantes suele relegarlos a la categoría de grupos a integrar dentro de un marco nacional, más que a reconocerlos políticamente como actores legítimos con visiones y formas de vida autónomas. Esto refleja una tensión persistente entre los intentos de inclusión y las demandas de reconocimiento profundo, además de las propias divisiones a lo interno de estas comunidades, que va más allá de la integración superficial para abordar los modos de vida y las epistemologías indígenas como alternativas viables y valiosas al paradigma dominante.

De esta manera, los megaproyectos y particularmente la megaminería se enclavan en territorios donde la correlación de fuerzas es favorable para el capital. La dispersión territorial de las poblaciones, junto con su vulnerabilidad y condiciones de vida, son elementos que aprovecha la megaminería para legitimarse como un polo de desarrollo que puede cambiar los modos de vida de estas comunidades. Bajo este discurso, la minería se ha legitimado ante la opinión pública y los Estados, pues se entiende como un sector productivo que otorga ventajas competitivas a los países. Así, ante la llegada de inversión extranjera directa, los gobiernos institucionalizan el extractivismo como modelo de desarrollo y progreso y justifican la violencia contra sus detractores empíricos e ideológicos (Svampa, 2019) .

Esta correlación de fuerzas para la población promueve la formalización de las injusticias socioambientales, mismas que podrían entenderse como la creación o profundización de las asimetrías de poder ancladas y expresadas en un territorio como consecuencia de la priorización mercantil sobre la relación sociedad-naturaleza. Estas injusticias generan, aprovechan y profundizan las desigualdades socioterritoriales en un espacio determinado, reproduciendo el statu quo y legitimando con ello sus inequidades estructurales. Por lo anterior, la violencia de la megaminería no sólo se expresa a través de su modo de producción extractivista, sino que se manifiesta con mayor fuerza en el contexto americano dadas las condiciones estructurales de desigualdad y las inequidades sociales que esto genera.

Finalmente, desde su dimensión económica, algunas actividades productivas que se desarrollan sobre el territorio se ven desplazadas por la megaminería, por lo que la concentración de las tierras y la privatización de éstas son expresiones de la acumulación por desposesión (Pineda, 2018) . Paralelamente, se da un proceso de subordinación de las economías locales a la lógica de la megaminería al grado de ser subsumidas a este sector productivo (Vila, 2021) . Por tanto, cuando un proyecto megaminero se instala de manera efectiva, deja de ser una actividad periférica y se convierte en el núcleo económico del cual dependen las localidades potencialmente afectadas. Esta lógica de cambio y ocupación mono-ontológica es una expresión de la priorización de las injusticias socioambientales, pues el dominio de dicha actividad somete la relación sociedad-naturaleza a sus designios, produciendo activamente la inexistencia de otras productividades, temporalidades, saberes, reconocimientos y formas de habitar el territorio (Escobar, 2014) . La megaminería genera problemas no sólo por la concentración de la tasa de ganancia en las empresas privadas de capital nacional o extranjero, sino por la acción u omisión de los Estados para regular y mitigar los impactos socioambientales que se generan como consecuencia de la exploración y extracción de minerales sobre el territorio (Delgado Ramos, 2010 a ; Gudynas, 2012) .

En todo este contexto estructuralmente asimétrico, desigual y hostil, personas y comunidades se organizan y movilizan para defender la vida a través de una ética del cuidado, reivindicando el derecho a construir una perspectiva autónoma de futuro (Bolados García et al., 2017) . Un defensor o defensora ambiental es toda persona que lleva a cabo acciones específicas para proteger el territorio que habita. Son personas que promueven y protegen el derecho colectivo en el acceso al agua, aire, fauna y flora y otros bienes que ofrece el territorio y los ecosistemas (Global Witness, 2020). Las personas defensoras de la tierra y el ambiente comúnmente son integrantes de comunidades campesinas y/o indígenas que habitan los territorios que buscan proteger. Su accionar puede ser tanto individual como colectivo. Otros actores que también forman parte de este grupo de defensores ambientales son periodistas, abogados, ingenieros, científicos sociales y naturales, activistas especializados en temas ambientales y organizaciones no gubernamentales (Leyva et al., 2017).

El rol de liderazgo comunitario que generalmente desempeñan los defensores ambientales los coloca en una posición de vulnerabilidad al sufrir sistemáticamente agresiones dirigidas a su persona, sus familias y a las mismas colectividades a las que pertenecen. Dichas agresiones van desde el acoso judicial, vigilancia ilegal, el uso de la fuerza en manifestaciones pacíficas, amenazas de muerte, chantajes, llegando incluso al acoso sexual, la criminalización, ataques violentos, desaparición forzada y asesinato. La causa fundamental de dichas agresiones es la oposición activa de estas personas a la imposición de proyectos extractivos. Los sectores frecuentemente vinculados con las agresiones y asesinatos de activistas son la minería, la agroindustria, la explotación forestal y la tala, las presas hidroeléctricas y la caza ilegal, entre otros (Global Witness, 2019).

En el caso de mujeres defensoras y grupos indígenas, la vulnerabilidad y la violencia a la que se enfrentan son aún más graves. A razón de la violencia de género presente en amplios sectores de la sociedad a nivel mundial, las mujeres son víctimas de agresiones diferentes a las que enfrentan los hombres defensores, como la violencia sexual (Carvajal, 2016) . En el caso de los pueblos indígenas, se ha observado que cada año se eleva el número de agresiones contra este grupo poblacional (Global Witness, 2020).

La violencia ejercida contra los defensores ambientales a escala global parece recrudecer en años recientes, siendo 2020 el año en el que se ha registrado el mayor número de homicidios de activistas, con 227 víctimas (Global Witness, 2021). Dentro del continente americano, ALC es una de las regiones más peligrosas para la defensa del territorio y el ambiente. Para 2022, 88% de los asesinatos de activistas ocurrieron en ALC, porcentaje que ubica a la región como la más peligrosa a nivel mundial para las personas defensoras de los derechos ambientales y los territorios (Global Witness, 2023). En años recientes, las naciones más mortíferas para la defensa del ambiente han sido Colombia, Brasil y Perú (Global Witness, 2023).

En este contexto de violencia tan extendido en la región, en marzo de 2018 fue aprobado por 22 países el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, también conocido como Acuerdo de Escazú. Dicho documento es el primero en ALC y el mundo que plantea la obligación que tienen los Estados de proteger a las personas defensoras del ambiente. El acuerdo entró en vigor en abril de 2021, buscando fortalecer los mecanismos de protección de los activistas en ALC. Probablemente aún es muy pronto para evaluar los efectos de la implementación de este acuerdo en la región, ya que, hasta el momento, continúan los asesinatos y la violencia contra defensores ambientales (Muñoz Ríos, 2023) .

Estos elementos contextuales son clave, pues no sólo hacen vigente la investigación de las implicaciones de la megaminería en el continente, sino que, al mismo tiempo, muestran la necesidad de ubicar las oportunidades y los desafíos de los actores sociales interpelados por la conflictividad socioambiental, para explicar el panorama que se presenta de manera desfavorable para sus habitantes.

Nuestro trabajo caracterizó los territorios afectados por la conflictividad socioambiental de la megaminería a través de un análisis cuantitativo y cualitativo de corte descriptivo, e identificó la asociación de algunas de las variables que se manifiestan en dichos territorios. Para ello se construyó una base de datos a partir de los registros de conflictos socioambientales por megaminería en el EJAtlas (https://ejatlas.org/), un mapa global de conflictos socioambientales que es nutrido de manera permanente y de forma colectiva y colaborativa por organizaciones, instituciones educativas, centros de investigación, activistas e instituciones de todo el mundo. El EJAtlas ofrece información detallada sobre cada caso, incluyendo ubicación, tipo e intensidad del conflicto, actores involucrados, descripción de las disputas y principales resultados, entre otras variables.

En cada conflicto se recuperaron las siguientes variables: año de surgimiento, tipo de localidad, intensidad del conflicto, presencia o no de población indígena, criminalización, represión y asesinato de activistas, con el fin de caracterizar los territorios donde estos conflictos se manifiestan, así como estimar la asociación entre los actores defensores del territorio y los mecanismos represivos que se emplean en su contra. Nuestra hipótesis de trabajo, basada en una revisión documental sobre el tema, fue que si en un conflicto minero hay participación (resistencia) de comunidades indígenas, mayor es la probabilidad de que se ejerzan diferentes formas de violencia en su contra.

Es importante destacar que al momento de trabajar con plataformas como el EJAtlas surgen algunas limitaciones. Por ejemplo, algunas regiones o países pueden registrar “menos” conflictos, algo que puede estar relacionado con la poca disponibilidad de datos e información verificable sobre los mismos y no necesariamente con contextos más favorables para la justicia ambiental. Aunque los datos del EJAtlas cubren conflictos en diferentes partes del planeta, no son estadísticamente representativos de la totalidad del problema. Organizaciones como Global Witness (2021) consideran que es común, a nivel mundial, que hechos violentos contra personas defensoras del ambiente no sean denunciados, no salgan a la luz pública ni trasciendan más allá de lo local. Esto se relaciona con la desconfianza que en muchas ocasiones las personas defensoras pueden tener hacia los gobiernos y otros agentes externos a sus comunidades y el temor de que al denunciar se agraven los niveles de violencia en su contra (Leyva et al., 2021). Pese a esto, el EJAtlas continúa siendo la muestra global de conflictos socioambientales más amplia disponible hasta la fecha (Scheidel et al., 2020) . Y es por este motivo que se ha optado por utilizarlo como fuente de información para este trabajo, aun cuando en el continente existen otras plataformas de mapeo colaborativo, pero que no contienen el mismo volumen de registro y sistematización de la información.

Para este estudio se recupera la noción de conflicto minero dentro del EJAtlas, esto es, todos aquellos enfrentamientos entre la sociedad civil, el Estado y las empresas alrededor de procesos de extracción, transporte, disposición de materiales de desecho y procesamiento en bruto que están presentes en la actividad minera. A su vez, la intensidad del conflicto está asociada al grado de visibilidad y movilización de actores en pugna en el territorio y más allá de él.

El EJAtlas establece cuatro criterios: latente (sin organización visible al momento del registro), baja (algo de organización a nivel local), media (protestas y movilizaciones más visibles) y alta (movilizaciones masivas, violencia y/o arrestos). En cualquiera de estas situaciones pueden generarse escenarios donde los defensores ambientales son criminalizados, reprimidos o asesinados. La criminalización incluye todo tipo de procesos penales contra individuos y abuso de sus derechos civiles y humanos fundamentales, todo ello con el fin de desarticular, desmoralizar y desalentar la protesta social.

La represión remite a acciones de sometimiento por vía institucional o física llevadas a cabo por organismos gubernamentales, fuerzas de seguridad públicas o privadas, para sofocar nuevamente cualquier disenso. La expresión fatal de todo lo anterior es el asesinato de defensores ambientales. Metodológicamente, la variable “asesinato” alude a la muerte de uno o más manifestantes, aunque no contabiliza el número de víctimas fatales. Esta variable, al igual que las otras dos (criminalización y represión), es dicotómica y, por tanto, remite únicamente a la existencia o no de este tipo de situaciones y no a la cuantificación de las víctimas.

Respecto a las delimitaciones espaciales y temporales, hemos escogido trabajar sobre el continente americano por su riqueza mineral, su importancia geopolítica en la división internacional del trabajo y la naturaleza, y la vulnerabilidad social presente en toda la región. Aunque hay estudios que analizan la situación de violencia en torno a los conflictos ambientales a nivel global, la escala espacial de análisis diluye las particularidades de otras áreas (Scheidel et al., 2020) . En cuanto a la delimitación temporal, este trabajo pretende mostrar las singularidades que ha adquirido la conflictividad asociada a la megaminería desde las primeras décadas del siglo XX, pasando por el auge del discurso del desarrollo a mediados de ese siglo, hasta las primeras dos décadas del siglo XXI con una reconfiguración política e ideológica en los gobiernos y la redefinición de fuerzas entre actores sociales, gubernamentales y privados dentro y fuera del continente (Svampa, 2019) .

Finalmente, el análisis estadístico descriptivo se realizó sobre la base del universo de conflictos mineros en el continente registrados en el EJAtlas hasta el 1 de abril de 2021 (n= 372). Se analizaron la cantidad de conflictos por país y tipo de población, la presencia o no de pueblos indígenas, la intensidad del conflicto y las tasas de criminalización, represión y asesinatos. De igual manera, se empleó la prueba estadística de Chi-cuadrado, con un nivel de significancia de 0.01, para examinar la asociación entre dos variables categóricas, a saber, presencia o no de pueblos indígenas y criminalización, represión o asesinato.

Este análisis se complementó con el cálculo de la V de Cramer, para evaluar la fuerza de la asociación. En la V de Cramer, que varía entre 0 y 1, los valores más cercanos a 1 son indicativos de una asociación fuerte, mientras que valores más cercanos a 0 sugieren una relación débil o pequeña. La utilidad de estas técnicas estadísticas en el contexto de esta investigación amplía el entendimiento de las complejas dinámicas y consecuencias de los conflictos mineros en el continente, especialmente en relación con los pueblos indígenas, proporcionando evidencia empírica que respalde la necesidad de políticas públicas y acciones específicas dirigidas a proteger a estas comunidades.

En términos generales se registraron 372 conflictos mineros en América. Este hallazgo muestra que el continente americano es un área clave para el desarrollo de esta actividad económica, ya sea por la extracción de minerales convencionales o de los recientemente llamados minerales estratégicos para la transición energética (Bruckmann, 2012; Deniau et al., 2021) . Dado que la megaminería se orienta por la rentabilidad económica de su modo de producción y la abundancia del recurso mineral a explotar, queda claro que existen ciertos países donde esta actividad tiene una mayor presencia dado su desarrollo histórico y en otros donde comienza a despuntar como consecuencia del cambio en el mercado global de minerales (Figura 1) ².

Es posible observar que aquellos países con una larga tradición minera, como Perú, Colombia y México, donde la extracción de oro, plata y bronce son de larga data, son también los que poseen el mayor número de conflictos. No obstante, y avizorando la reconfiguración global en torno a la demanda de minerales, también destacan los casos de Argentina, Bolivia y Chile, que conforman el actual triángulo del litio, pues la demanda de nuevos minerales estratégicos promueve nuevos mercados en proceso de definición, por lo que aquellos países con reservas claras en este sentido terminarán convirtiéndose en territorios de disputa en el futuro cercano (Fornillo, 2019) .

Los casos de Canadá y Estados Unidos cobran relevancia en este análisis porque, pese a la “baja” cobertura de conflictos mineros en ambos países (19 y 16 conflictos, respectivamente), estos suelen ocurrir en territorios indígenas con diversos grados de movilización y resistencia ante riesgos y peligros socioambientales (Ali, 2009; O'Faircheallaigh, 2023; Horowitz et al., 2024) . Más allá de que en el sistema global la actual deslocalización del capital les permite a las empresas de estos países explotar recursos en otros lugares para preservar sus reservas, la actividad extractiva no ha dejado de operar en dichas naciones. Como bien señala la vertiente decolonial de la EPL, los sujetos y grupos subalternizados son los que llevan la peor parte de la violencia constitutiva del mundo moderno-colonial. En otras palabras, aunque Estados Unidos y Canadá son vistos como pertenecientes al llamado Norte Global, al interior de sus fronteras opera con igual nitidez y crudeza el racismo sistémico (Grosfoguel, 2016) .

Los pueblos indígenas están constantemente expuestos a escenarios de violencia y desposesión exacerbadas. Los actuales reacomodos en el modo de producción global modifican viejas formas de colonización, al tiempo que generan nuevas, sin que ello suponga una mejora significativa de las condiciones de vida para personas y comunidades subalternizadas. Como un ejemplo reciente de ello tenemos lo que algunos autores han llamado el paso del consenso de los commodities al consenso de la descarbonización (Bringel y Svampa, 2023; Lander, 2023) .

En términos del impacto territorial de la megaminería, hallamos que el tipo de territorio y población que enfrentan de primera mano la ocupación mono-ontológica que propicia la megaminería son las pequeñas y dispersas zonas rurales (Figura 2) .³ Esto deriva de la relación histórica más estrecha que tienen las zonas rurales con la tierra y su territorio. La megaminería requiere grandes extensiones de tierra, por lo que las zonas rurales se vuelven ideales por su baja densidad poblacional y los bajos niveles de infraestructura (Olmedo Neri, 2022) . La desigualdad socioterritorial propia de la dicotomía ruralidad/urbanidad es aprovechada para legitimar el proyecto como un polo de desarrollo por desposesión. Esto implica una erosión de las dinámicas productivas y socioculturales que se configuran alrededor del territorio, por lo que estos megaproyectos no sólo desplazan actividades clásicas como las agropecuarias, sino que además redistribuyen la tenencia de la tierra hacia quienes ostentan el poder económico, despojando de sus tierras a los campesinos (Svampa, 2019; Muñoz-Duque et al., 2020) . Esto termina generando problemas al desarrollo local, pues se da una pérdida de autonomía conforme el proyecto minero termina acrecentando su relevancia en el territorio hasta someterlo a sus lógicas productivas (Vila, 2021) .

Aunado a lo anterior, cobra sentido el papel identitario y cultural de sus habitantes. La población indígena es un grupo históricamente marginado, por lo que su ubicación también se encuentra mayoritariamente en zonas rurales. En este sentido, hemos hallado la presencia de pueblos indígenas en 57% de los casos registrados (Figura 3) . Estas comunidades no sólo son protagonistas en la defensa del territorio, sino también, lamentablemente, las principales víctimas de la embestida del capital privado sobre ellos. La ubicación de las poblaciones indígenas en las zonas rurales también responde a su histórico desplazamiento de los centros de poder hacia las periferias como parte de la lógica colonizadora y segregacionista que imperó y sigue imperando desde el periodo colonial.

Este es un dato clave para comprender las condiciones contextuales y materiales que podrían explicar la intensidad del conflicto. Aquí el cruce de variables resulta útil para estudiar dinámicas de resistencia y confrontación a la megaminería y los resultados que derivan de escenarios de latente, baja, media o alta intensidad. La dimensión de los sujetos involucrados en la defensa ambiental es otro de los hallazgos fundamentales de este trabajo, pues hemos encontrado una asociación significativa (con 99% de confianza) entre la presencia de pueblos indígenas y hechos de criminalización (prueba χ² de Pearson = 8,62; valor-p < 0.00001), represión (prueba χ² de Pearson = 7.40; valor-p < 0.00001) y asesinato en los conflictos mineros (prueba χ² de Pearson = 7,97; valor-p < 0.00001).

Para evaluar la fuerza de la asociación entre estas variables, se calculó el V de Cramer, obteniéndose valores de V = 0.15 para la criminalización, y V = 0.14 tanto para la represión como para el asesinato, lo cual indica que la magnitud de la asociación es pequeña. En el contexto de los estudios sobre conflictividad minera y la violencia estructural hacia los pueblos indígenas, estos resultados son relevantes, pero deben interpretarse con cautela. La significancia estadística confirmada por la prueba de chi cuadrado sugiere que la presencia de pueblos indígenas está asociada con mayores niveles de criminalización, represión y asesinato en los conflictos mineros. Sin embargo, el bajo valor del V de Cramer (0.15 y 0.14) implica que, aunque esta relación es consistente y no aleatoria, la fuerza de la asociación no es particularmente alta. Esto podría reflejar que si bien los pueblos indígenas son blancos de estas formas de violencia, otros factores estructurales o contextuales (por ejemplo, la ubicación geopolítica, el tipo de minería, la presencia de empresas transnacionales, la acción u omisión del Estado, etc.) también podrían jugar un papel importante en la dinámica de los conflictos.

Además, es importante considerar que el tamaño de la muestra podría estar influyendo en la magnitud de la asociación. En este caso, los valores de V de Cramer bajos podrían estar relacionados con el hecho de que aunque los resultados son estadísticamente significativos, el tamaño de la muestra podría no ser suficientemente grande para detectar asociaciones más fuertes. En estudios con muestras más amplias, es posible que se observen valores de V de Cramer más altos, lo que indicaría una relación más robusta entre la presencia de pueblos indígenas y la violencia en los conflictos mineros.

En otras palabras, los resultados del V de Cramer no restan valor a la significancia de la asociación, sino que proporcionan un matiz importante: la violencia hacia los pueblos indígenas es un elemento relevante, pero la conflictividad minera es un fenómeno más complejo que involucra una multiplicidad de factores, y los resultados podrían variar con un mayor tamaño de muestra, lo cual debe ser considerado en futuros estudios.

La proporción de conflictos de alta intensidad (movilizaciones masivas, violencia y/o arrestos) se duplica cuando hay presencia de pueblos indígenas. Del total de los 372 conflictos mineros registrados, observamos la presencia de pueblos indígenas en 211 casos. Aunque los escenarios de mediana y alta intensidad representan más de 70% de los casos en ambas situaciones (presencia o no de comunidades indígenas), en términos absolutos hay una diferencia notoria: 173 de los conflictos registrados donde hay presencia de pueblos indígenas son de mediana o alta intensidad. En contraste, la cifra disminuye a 113 casos cuando no hay pueblos indígenas involucrados, lo que representa una diferencia de 35 puntos porcentuales (Figura 4) . ⁴

La asociación que hemos identificado sugiere que en los conflictos donde hay presencia de pueblos indígenas hay una mayor ocurrencia de criminalización, represión y asesinato. En más de 90% de los casos donde ocurre una de estas tres situaciones, hay presencia de comunidades indígenas (Figura 5) . Este hallazgo ofrece un soporte cuantitativo-descriptivo que puede servir de contexto amplio para estudios sobre la compleja intersección entre megaminería, conflictividad socioambiental y los derechos e integridad de los pueblos indígenas en el continente americano.

Este trabajo ha analizado el panorama de la violencia asociada a la conflictividad socioambiental generada por la megaminería en América. Hemos evidenciado que poco más de 90% de los casos ocurren en la región latinoamericana y caribeña. Aunado a ese hallazgo, los casos identificados en Canadá y Estados Unidos son ilustrativos de una situación estructural en todo el continente, a saber, que la megaminería es un epicentro de tensiones que exacerba las desigualdades existentes y desencadena sistemática y sistémicamente una serie de violencias contra las personas defensoras del ambiente.

Demostramos la correlación estadísticamente significativa, con 99% de confianza, entre la presencia de pueblos indígenas en la resistencia a los proyectos megamineros y la ocurrencia de criminalización, represión y asesinato. Un hecho que además se enlaza con la constatación de que la actividad megaminera amenaza en 72% de los casos a los territorios rurales, probablemente debido a sus grandes extensiones de tierra, poca densidad poblacional y ausencia de un protagonismo discursivo dentro del proyecto modernizador de orden urbano-global contemporáneo.

En este sentido, reconocer las características de los territorios vulnerados por la megaminería ofrece elementos para pensar no sólo en la lucha por defender la forma en que concretan su relación con la naturaleza, sino también la visión de mundo que encarnan. Es la cosmovisión generada a partir del lugar desde el que ven y participan en el mundo lo que permite observar la batalla ideológica y ontológica sobre la relación sociedad-ambiente. Si bien la visión rural se contrapone a la urbana, esto es más notorio cuando la población afectada son pueblos indígenas, ya que en algunas ocasiones sus heterogéneas formas de ser, estar y habitar el mundo tensionan la ideología extractivista dominante. El protagonismo de los pueblos indígenas en el continente es doble, ya que no sólo defienden un territorio dotado de sentidos históricos, sino que al mismo tiempo encarnan una alternativa ontológica para pensar de otras maneras el mundo y la relación de la humanidad con éste.

De esta manera, la intensidad del conflicto puede ser explicada no sólo por el territorio, sino por los actores amenazados y la cosmovisión que encarnan. Esto no es un dato que se desprende necesariamente de la información recopilada en el EJAtlas, pero constituye un hecho notorio en estudios dedicados al análisis de la cobertura mediática de los conflictos socioambientales (Rivero Corona et al., 2020) . La alta criminalización y represión de los defensores ambientales indígenas y su asesinato no sólo responde a una dimensión territorial, sino también a posibles tensiones ontológicas, pues ellos promueven formas contrahegemónicas de habitar el territorio y gestionar los recursos naturales. Podemos concluir que a pesar de los matices y divisiones internas analizadas en la literatura sobre el tema, los defensores ambientales indígenas están expuestos a diferentes situaciones de violencia por al menos dos razones claves: por estar en contra del modo de producción moderno-colonial de tipo extractivista y por encarnar, en algunos casos, cosmovisiones que tensionan la hegemonía de la ideología dominante que sustenta dicho modelo de desarrollo.

La relevancia de este trabajo radica en su contribución a una comprensión más holística de las dinámicas de poder que subyacen a la conflictividad socioambiental. Al integrar perspectivas de la EPL, hemos examinado no sólo las estructuras de desigualdad y explotación, sino que también hemos ofrecido una línea base para que futuros estudios puedan avanzar en identificar áreas de acción para los tomadores de decisiones, investigadores y activistas, subrayando la necesidad de enfoques que reimaginen y reconfiguren nuestras sociedades de manera que prioricen una justicia social y ambiental sustantiva por encima de las ganancias económicas a corto plazo.