Organización partidista y corrupción política

Intra-party discipline and political corruption

La Ley 974 de 2005 reglamentó la actuación en bancadas de los miembros de las Corporaciones Públicas en Colombia. El propósito de la Ley fue fortalecer los partidos políticos en el país y darles un mayor protagonismo incentivando la responsabilidad en la toma de decisiones. La Ley de bancadas tiene el objetivo de afianzar la democracia colombiana y forma parte de los cambios introducidos en el sistema político después de la Constitución de 1991.

Según Duque (2011), el período posterior a la Constitución de 1991 se caracterizó por una semivolatilidad institucional durante el cual se han presentado varias reformas al sistema político³. Luego de sentadas las bases para el nuevo campo político con la Constitución, se dio en 2003 una nueva reforma tendente a reconfigurar la actividad partidista, la competencia electoral y el protagonismo de los partidos con el Acto Legislativo N. 01 de 2003. Todo ello mediante una serie de medidas que disminuían la fragmentación política y el individualismo electoral (Duque, 2011).

Por los cambios introducidos con el Acto Legislativo N. 01 de 2003, se redujo considerablemente el número de partidos y consecuentemente el número de listas que competían por curules en los cuerpos colegiados. Sin embargo, la nueva forma de designación de curules desvió en parte el objetivo de afianzar los partidos políticos; pues, tras la introducción de listas cerradas pero no bloqueadas o de voto preferente, no solo fue posible votar por un partido sino también votar por el ordenamiento de la lista o por los candidatos dentro de determinado partido político⁴ (Jaramillo de la Roche, 2008).

Lo anterior es analizado por Carey y Shugart (1995) quienes resaltan la importancia de las reglas electorales para determinar qué prima en un sistema político: si la reputación del partido o la reputación personal⁵. Bajo su análisis, la nueva fórmula electoral colombiana dio un avance al pasar de listas totalmente personalizadas a listas abiertas, que permitían por un lado mayor control del partido sobre sus candidatos y por otro que los votos para un candidato fueran contabilizados para todo el partido⁶. No obstante, el avance no fue completo porque se s i g u i e r o n p e r m i t i e n d o l a s c a r r e r a s personalizadas en búsqueda del voto.

El problema de las carreras personalizadas es que lleva a que los votantes no identifiquen al candidato político con un partido, a diferencia de carreras entre partidos⁷. Esta situación conduce a una debilidad en el sistema de partidos que se transforma en una debilidad en el sistema democrático representativo, ya que los partidos son un mecanismo de integración política y mediación social propios de la representación (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000). Asimismo, tal situación da incentivos a que los candidatos políticos no tengan una adherencia ideológica con su partido, aumentando los riesgos de corrupción política.

Según Jones (2010), los partidos políticos afectan la manera de hacer políticas porque: antes de las elecciones, ellos juegan un rol a la hora de reclutar candidatos, movilizar ciudadanos electores y crear, presentar e implementar políticas; luego de las elecciones su rol se centra en la formación de gobierno y coaliciones que organizan la legislatura y ayudan a la articulación de las preferencias y los intereses de los ciudadanos. Sin embargo, Según Transparency International^8, los partidos están entre las instituciones políticas peor situadas en cuanto a corrupción, transparencia y representatividad⁹. Lo cual es debido, entre otras cosas, a la falta de programación, al clientelismo y la fragmentación del sistema de partidos (Jones, 2010). Por tanto, lo óptimo serían partidos políticos programáticos, que compitan por políticas y sean juzgados por resultados de política. Lo que al final debería transformarse en mayor accountability por parte de los representantes.

Así, la Ley de Bancadas ha sido una herramienta transformadora que intenta institucionalizar el sistema de partidos. En este sentido, la Ley debería ser un instrumento para mejorar la representatividad, transparencia y accountability de los representantes políticos (o disminuir la corrupción). Hasta ahora, los resultados en términos de disminución de la corrupción política no han sido notorios¹⁰; pero cabe resaltar que, aunque fue promulgada en 2005, varias corporaciones públicas no la han implementado en su totalidad.

Es claro que la organización interna de los partidos juega un rol al intentar mejorar la representatividad política. Ahora bien, no se ha determinado empíricamente ni teóricamente las consecuencias de esta organización para la corrupción. Puede ser que partidos más organizados y con ideologías definidas representen mejor las preferencias de los ciudadanos y por tanto disminuyan los incentivos a la corrupción, pero también puede ser que su organización interna permita una mayor cohesión que facilite el paso de los sobornos y la captura de rentas.

El objetivo del documento es determinar la importancia de los partidos programáticos para la corrupción política. Para ello, el documento se divide en cuatro secciones luego de esta introducción: en la primera se hará una revisión de la literatura, tanto teórica como empírica, sobre los determinantes de la corrupción política y su posible relación con los partidos políticos; en la segunda se presentarán las variables y la base de datos usada para las estimaciones; y en la tercera se mostraran los resultados. Por último, se dedicará una sección para las conclusiones y posibles trabajos futuros.

La corrupción política, según la definición de Transparency International, es el “abuso del poder dado a los líderes políticos, para satisfacer intereses particulares, en detrimento del interés colectivo”. La corrupción política ha sido considerada como uno de los desaceleradores del desarrollo económico de los países, pues la corrupción política no solo puede conllevar a aumentar la concentración del ingreso, sino también lleva a deslegitimar las instituciones políticas. Tal deslegitimación l leva a desconfianza en los sistemas tanto legislativos como judiciales, que frenan el desarrollo.

Treisman (2000) realiza un análisis de los determinantes de la corrupción política para 64 países, usando datos de corte transversal. El autor plantea varias hipótesis de los determinantes de la corrupción entre los cuales se resalta que en aquellos países donde hay sistemas de derecho consuetudinarios, que han sido colonias británicas, que tienen tradición protestante y con mayores libertades cívicas y políticas, son menos corruptos. Asimismo, resalta que los países con menor apertura comercial y más control estatal, con mayor división lingüística, con una mayor dotación de recursos naturales y mayor inestabilidad política, son más corruptos.

Particularmente, Treisman (2000) argumenta que tener sistemas legales fuertemente legitimados, así como una menor diversidad dentro del país, lleva a que haya un mayor control por parte de los ciudadanos, reduciendo los riesgos de la corrupción. De igual forma, resalta la importancia de la competencia y el libre mercado para la disminución de la corrupción, toda vez que el Estado interviene en muy pocas ocasiones, disminuyendo las oportunidades de corrupción.

Ahora bien, en un sistema democrático, son las elecciones las que le dan poder a los representantes políticos para actuar en nombre de los ciudadanos. Las elecciones son, a su vez, la única herramienta con la que cuentan los ciudadanos para poder recompensar o castigar a sus representantes por su buen o mal comportamiento. Por ello, los modelos sobre corrupción política intentan hacer un link entre el poder político que tienen los representantes y la extracción de rentas a expensas de los votantes.

Persson y Tabellini (2000) argumentan que las elecciones pueden jugar tres roles específicos: aumentar competencia electoral, mejorar la accountability del representante y dar incentivos a un buen desempeño del político electo. Razón por la cual desarrollan tres grandes modelos teóricos, que se centran en el papel de las instituciones políticas¹² y los incentivos que dan a la corrupción.

En el modelo de competencia electoral, la competencia por ser electo hace que las rentas extraídas por los políticos sean cero siempre y cuando no haya un adherencia ideológica de los votantes y las promesas sean cumplidas y verificables (Persson y Tabellini, 2000). De lo contrario, siempre existe la posibilidad de que los representantes extraigan rentas de sus electores. Las conclusiones de este modelo preelectoral son importantes en la medida en que destacan los problemas informativos entre los políticos y los votantes.

En el modelo de accountability, Persson y Tabellini (2000) parten de ver la Constitución como un contrato incompleto, por lo cual los representantes no tienen incentivos ex ante a cumplir las promesas electorales, pero ex post sí. El incentivo a cumplir ex post viene dado por la reelección, ya que los votantes verán retrospectivamente si el representante cumplió al darles su política preferida y lo elegirán en base a tal comportamiento. Sin embargo, el modelo se basa en una negociación entre el representante y el votante, en donde el representante efectivamente da a sus votantes el nivel de bien público preferido, pero a cambio los votantes deben permitirle extraer algunas rentas al representante. Este nivel de rentas estará determinado por el valor del cargo público y los costos de la extracción de rentas.

Por último, en el modelo de desempeño electoral o career concerns, Persson y Tabellini (2000), modelaron no solo los incentivos de las elecciones al buen comportamiento, sino también los incentivos a un mejor desempeño. Ya que la performance de un político en el pasado, podría ser un buen indicador de su performance en el futuro. Así, a los ciudadanos puede que no solo les interese elegir a los políticos más honestos, sino también a los más competentes. En este modelo, el desempeño de un político es una variable aleatoria desconocida tanto para los votantes como para los políticos en el momento de elegir la política a implementar. En equilibrio, se demuestra que los representantes obtienen rentas, dada la incertidumbre sobre el desempeño de cada uno.

A partir de estos tres grandes modelos, Persson y Tabellini (2000) desarrollan modelos para elecciones mayoritarias y proporcionales, elecciones locales y nacionales y para sistemas presidenciales y parlamentarios. En ellos hallan que aunque los sistemas mayoritarios ayudan a reducir la corrupción sobre los proporcionales, generan una distribución focalizada de recursos hacía ciertos grupos poblacionales. De otro lado, halla que en elecciones nacionales, los riesgos de corrupción política son más elevados que en las locales, ya que en el orden nacional el representante tiene mayor probabilidad de ser descubierto y castigado. Por último, encuentran que los sistemas presidenciales son más propensos a la corrupción que los parlamentarios, porque en el primero la división de poderes entre el ejecutivo y el legislativo es fuerte.

De otro lado, Myerson (1993) desarrolla un modelo con el cual pretendía determinar sí los diferentes sistemas electorales afectaban la corrupción política. En su modelo, el autor describió cuatro tipos diferentes de sistemas electorales: approval voting, proportional representation, plurality voting . borda voting^13. Él concluyó que los dos primeros sistemas son efectivos totalmente para controlar la corrupción, porque no permiten que políticos corruptos permanezcan en el poder; mientras que plurality voting es parcialmente efectivo, al hallarse equilibrios en los cuales hay cabida a políticos corruptos y el sistema borda voting es totalmente inefectivo, al no haber equilibrios en los cuales se garantice la total exclusión de políticos corruptos.

Estas predicciones teóricas han tenido su contraparte empírica. Los trabajos realizados por Persson, Tabellini y Trebby (2003) y Kunicová y Rose-Ackerman (2005) intentan probar la conexión entre reglas electorales y corrupción.

El primero de estos trabajos comprobó que:

i) Los distritos electorales más grandes y con bajos umbrales para la representación podrían estar asociados con menos corrupción, ya que hay menos barreras a la entrada de nuevos candidatos. ii) Una mayor proporción electos bajo sistemas de listas abiertas o sistemas individuales serían menos corruptos que aquellos elegidos bajo sistemas de listas cerradas, ya que los candidatos debían responderle al electorado individualmente. iii) La regla de Pluralidad en múltiples distritos podría estar asociada a menos corrupción que la regla de Representación Proporcional en múltiples distritos, ya que el efecto de competencia por un solo asiento en la legislatura sería más motivante para los candidatos que un sistema de múltiples asientos.¹⁴

Por su parte, en el trabajo realizado por Kunicová y Rose-Ackerman (2005) se halló evidencia empírica de que los sistemas presidenciales son más propensos a la corrupción que los sistemas parlamentarios, ya que en los primeros el presidente tiene poderes legislativos y no legislativos que dificultan la labor del ejecutivo^15. Asimismo, hallaron que la regla de listas cerradas bajo sistemas proporcionales es más corrupta que la de listas abiertas, dado que el poder de un partido se concentra únicamente en el líder de dicho partido, lo cual facilita la captura del líder.

En conclusión, ninguna regla electoral es totalmente efectiva para controlar la corrupción. Al parecer, todas las reglas electorales dan incentivos a que tanto el ejecutivo como el legislativo se comporten de manera corrupta. Aunque la literatura teórica y empírica sobre el efecto de las instituciones políticas, y más concretamente sobre las reglas electorales en la corrupción es extensa, Kunicová (2006) resalta que aún no se ha ahondado en características tales como: los partidos políticos, el bicameralismo, la libertad de prensa, el sistema judicial, entre otros, características que podrían interactuar con el sistema electoral para controlar la corrupción.

La importancia de los partidos políticos como determinantes de la corrupción, radica en la conformación de la legislatura. Según Laver (2006), en sistemas presidenciales, la legislatura no es independiente de la rama ejecutiva. Ello se debe a que, aunque un presidente no puede ser derrocado por el Congreso, sí depende de este para la aprobación de leyes, al mismo tiempo que el Congreso no puede deshacerse del presidente y tiene una influencia indirecta sobre su comportamiento. Ahora bien, los legisladores pertenecen a partidos políticos, los cuales son vistos como marcas que sirven para que los ciudadanos identifiquen a los candidatos y para la credibilidad de las propuestas de estos últimos. Por lo cual son los incentivos electorales los que llevan a que el label del partido sea un bien apreciado para el candidato^16.

Asimismo, Laver (2006) también resalta que la diferencia entre el sistema de partidos, en el sistema parlamentario y el sistema presidencial, radica en que en el primero la disciplina de partidos generalmente nunca falla y en el segundo nunca tiene éxito. Ello se debe a que la desvinculación entre el ejecutivo y el legislativo acaecido en los sistemas presidenciales no da incentivos a la disciplina de partidos, toda vez que para mantener al ejecutivo en el poder no se requieren de partidos legislativos disciplinados. En este sentido, plantea que para disciplinar partidos bajo sistemas presidenciales se debe o bien dar incentivos electorales o dar incentivos estratégicos dentro de la misma legislatura. Esto es, diseñar un sistema de recompensas y castigos que fortalezca la institucionalidad de los partidos.

Tal institucionalidad es importante en la medida en que lleva a una mayor importancia de la reputación y un mayor compromiso por parte del partido y sus integrantes, para que no solo se cumplan los objetivos de corto plazo. En este sentido, la institucionalidad de los partidos afecta la manera en que se desarrolla el proceso de hacer políticas. Particularmente, Jones (2010) destaca cuatro características del sistema de partidos que afectan la manera en que se hace política. La primera de ellas es preciosamente la institucionalización del sistema de partidos; argumenta que mientras más institucionalizado esté el sistema de partidos, hay mayor probabilidad de que los partidos sean programáticos, lo cual asegura una mayor consistencia política. Los componentes que influencian el nivel de la institucionalización del sistema de partidos según Jones (2010) son: estabilidad en los patrones de la competencia intrapartido, la raíz de los partidos en la sociedad, la legitimación de los partidos y las elecciones y la organización del partido.

Como segunda característica, Jones (2010) destaca la nacionalización del sistema de partidos, porque crea vínculos entre votantes y partidos; además, argumenta que tal nacionalización influye en las carreras legislativas de los políticos y en la relación entre el ejecutivo y el legislativo. Así, a mayor nacionalización es más probable que las políticas públicas vayan dirigidas hacía el trabajo por un bien común. El tercer factor es la polarización partidista, la fragmentación y apoyo legislativo, porque representa el grado en el cual los partidos afectan la relación entre el legislativo y el ejecutivo, contrapesando sus poderes.

Por último, el autor resalta la relevancia de los partidos políticos clientelistas contra los programáticos para el funcionamiento del sistema político. Asegura que mientras en los sistemas programáticos los partidos políticos compiten en políticas y son juzgados por los resultados de política, en sistemas clientelistas los partidos políticos compiten en distribución de incentivos selectivos a sus votantes y son juzgados por su habilidad para distribuir tales incentivos. Por lo cual se puede evidenciar algún tipo de relación entre corrupción y partidos políticos no programáticos.

En esta sentido, lo óptimo serían partidos políticos programáticos, porque, si lo son, competirán en políticas y serán juzgados por resultados de política, lo cual se transformará en mayor accountability por parte de los representantes. Esto es, omitiendo problemas de información, los representantes políticos serán juzgados por cómo se desempeñen en sus cargos públicos (efecto accountability), que hará que se desempeñen de manera adecuada y disminuyan los incentivos a la corrupción.

No obstante, Snyder y Ting (2002) destacan que si los partidos políticos no son capaces de imponer costos a sus miembros, sus plataformas políticas siempre se alejarán de lo deseado por todo el partido. En este sentido, para que haya partidos programáticos, se necesitará un sistema de castigos que permitan “alinear” a los miembros del partido, que vaya más allá de la ideología. Esto es así, porque según los autores, los partidos políticos no tienen una postura política natural, sino que son libres de elegir sus posiciones¹⁷ . Asimismo, argumentan que imponer límites a los candidatos es lo que hace que los partidos sean efectivamente informativos y funcionen con señales para los votantes.

El principal l imitante para realizar estimaciones sobre los determinantes de la corrupción es la medida de la corrupción. Particularmente, dado que la corrupción (definida según TransparencyInternational) es un acto ilegal, no se puede recopilar información confiable acerca de ella. Por tanto, salvo algunas excepciones, la mayoría de trabajos usan medidas de percepción de la corrupción como proxy¹⁸.

Particularmente, hay dos medidas que son las más usadas para medir la corrupción: el índice de percepción de la corrupción (CPI) y el índice de control de la corrupción (GRAFT). El primero de ellos es realizado por Transparency International .TI) y es una “encuesta de encuestas” sobre la percepción de la corrupción. Para realizar el índice, TI analiza encuestas a ciudadanos, empresarios y expertos y determina una medida entre 0 y 10, siendo 10 el país con mayor percepción de corrupción. Por su parte, el GRAFT es un indicador recopilado por el Banco Mundial (BM) y forma parte de los datos de The Worldwide Governance Indicators (WGI), los cuales tienen el objetivo de resumir los puntos de vista de empresarios, ciudadanos y diversos expertos sobre la calidad del gobierno. El GRAFT se mide entre -2.5 y 2.5, siendo este último el indicador de un gobierno con un fuerte desempeño.

Para las estimaciones acá realizadas, se usarán los datos tanto del GRAFT como del CPI para los años 2008 y 2009. Las medidas se toman exactamente en la misma escala aportada tanto por TI y el Banco Mundial. Aunque las dos medidas tienen altos niveles de correlación, el GRAFT ha sido el preferido en los últimos trabajos.

Por otro lado, una de las razones por las cuales no se han realizado trabajos sobre el efecto que tienen los partidos políticos sobre la corrupción, se debe a que no hay una base de datos continua que mida la importancia de los partidos en cada país. Asimismo, no se ha estructurado un indicador que permita medir si los partidos políticos son programáticos o clientelistas. Al respecto, cabe resaltar el trabajo realizado por Jones (2010) y los datos recopilados por el Democratic accountability and linkages Project (DALP), desarrollado por el departamento de Ciencia Política de la Universidad de Duke, en colaboración con el departamento de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile.

Jones (2010) desarrolla un indicador de partidos programáticos y clientelistas, para los países latinoamericanos. Para ello usa datos proporcionados por Latinobarómetro y del Proyecto Élites Latinoamérica (PELA). Su indicador de partidos programáticos está conformado por un subgrupo de indicadores: élites programáticas, electores programáticos y volatilidad. Las élites programáticas corresponden al indicador de las brechas ideológicas y económicas que tienen los partidos dentro de un país. Por su parte, los electores programáticos corresponden a la polarización y las brechas ideológicas entre los votantes. Por su parte, el indicador de volatilidad, mide la estabilidad de la competencia intrapartido. Aunque el indicador planteado por Jones (2010) es interesante, los datos con los cuales realizó su indicador tan solo están disponibles para Latinoamérica.

De otro lado, el DALP es un proyecto que estudia el liderazgo en la rendición de cuentas en sistemas con elecciones multipartido, razón por la cual contiene datos de 80 democracias para el año 2008-2009. La información contenida hace referencia a la percepción que se tiene sobre la accountability de los partidos políticos, su identidad, tradiciones, estructuración ideológica y económica. Al respecto, hallan un indicador de la estructuración programática de cada partido y la pesan por el tamaño del partido para hallar un promedio ponderado para cada uno de los países de la muestra. Este indicador mide el grado de cohesión de los partidos, la relevancia de su posición y el grado de distinción espacial o polarización.

Dado que este indicador mide cómo es el comportamiento intrapartido, al tomar en cuenta el grado de cohesión, pero además toma en cuenta su distinción espacial, será el indicador usado como organización de partido. El indicador toma valores entre 0 y 1, donde 1 indica que el promedio de los partidos políticos en el país es totalmente programático.

Las demás variables usadas en las estimaciones se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1
Descripción de variables

DPI hace referencia a la base de datos de instituciones políticas recogida por el Banco Mundial. Treisman (2000) hace referencia a la base de datos usada por el autor para realizar sus estimaciones. WB hace referencia a los datos del Banco Mundial

Las variables sistema político, año de elecciones, fraccionamiento de partidos y autonomía estatal, intentan recoger los hallazgos de Kunicová y Rose-Ackerman (2005) y Persson, Tabellini y Trebby (2003), sobre la influencia de las instituciones políticas en la corrupción. Por su parte, las variables fraccionamiento etnolingüístico, colonia británica, PIB per cápita y apertura comercial, intentan recopilar algunas de las hipótesis planteadas por Treisman (2000) sobre los determinantes de la corrupción. La variable Freedom intenta capturar el hecho de que mayores libertades pueden reducir los índices de percepción de la corrupción, planteado por Kunicová y Rose-Ackerman (2005).

De otro lado, la variable edad del partido político reemplaza la variable edad de la democracia, ya que las dos representan qué tan institucionalizado se encuentra el sistema político en el país. La variable POLARIZACIÓN mide el grado en que el partido político del ejecutivo se diferencia de los cuatro principales partidos de la legislatura; se espera que entre más polarizado esté el partido del ejecutivo de los partidos de la legislatura, los índices de corrupción serán menores, porque habrá un sistema efectivo de pesos y contrapesos. Por último, la variable FRAUDE represente la percepción de fraude electoral y puede estar relacionada con la corrupción política, porque en unas elecciones fraudulentas pueden ganar aquellos candidatos más corruptos. Al respecto de esta última, se realizaron dos estimaciones: una con la variable FRAUDE y otra sin ella.

Finalmente, es importante resaltar la limitación de los datos y la calidad de la información. La mayoría de los datos acá usados corresponde a encuestas de percepción, dado que es difícil hallar indicadores medibles y confiables sobre temas como la ideología política y la corrupción. Por tanto, las estimaciones están sesgadas a la percepción que tienen los ciudadanos, que depende del entorno institucional del momento. Asimismo, las estimaciones se realizaron usando datos del año 2008 y 2009 y solamente para 80 democracias, porque era la única información disponible sobre partidos programáticos; lo anterior reduce la muestra de países y las estimaciones se realizan con pocos datos, generando posibles sesgos en la estimación¹⁹.

El modelo estimado está dado por la siguiente ecuación:1

Donde la variable dependiente fue el índice de corrupción (yi) ., es el índice de partidos programáticos y Xi son variables de control tales como sistema político, sistema electoral, partidos políticos, sistema económico y las dummies regionales. El modelo se estimó con errores robustos dados los problemas de heterocedasticidad entre los datos.

La tabla 2 resume los principales resultados de las estimaciones realizadas. Como se observa en la tabla, de las variables de sistema electoral, el significativo es el de lista cerrada. Las estimaciones muestran una relación negativa entre los índices de corrupción política y elecciones mediante listas cerradas. Un sistema electoral con lista cerrada implica que los votantes no pueden elegir entre candidatos que pertenecen a un mismo partido político. Es decir, que los candidatos votan por partidos políticos y no por candidatos. La corrupción se puede presentar en esta situación por falta de competencia entre candidatos (Persson y Tabellini, 2000; Chang, 2005). En este sentido, las elecciones no funcionan como una forma de premio y castigo, porque los electores no pueden c a s t i g a r a l c a n d i d a t o p o r s u m a l comportamiento.

En la Tabla 2se observa que la edad del partido influye positivamente en la percepción sobre la transparencia de las instituciones. Particularmente, se puede argumentar que una mayor edad del partido, al estar relacionada con la edad de la democracia, indica una mayor estabilidad institucional. En este sentido, entre más tiempo de duración tenga un partido político, más estable será la institución, influyendo positivamente en los índices de transparencia.

*** Significancia al 1% **Significancia al 5% *Significancia al 10% Columnas (1) y (3) variable dependiente GRAFT. Columnas (2) y (4) variable dependiente CPI.

Por su parte, el indicador de fraccionamiento de la coalición del gobierno tiene un impacto significativo y negativo en los índices de transparencia. Se puede argumentar que esto así porque una coalición dividida, es decir, formada por muchos partidos políticos requerirá de mayores sobornos para alinear las diversas ideologías. De otro lado, la variable autonomía del estado o provincia tiene un efecto positivo y significativo en una de las regresiones, ello es debido a que en el nivel local o provincial se tiene un mayor control de los ingresos.

Por último, la variable partidos programáticos tiene un efecto positivo y significativo en los indicadores de transparencia. Parece ser que efectivamente una mayor organización de los partidos disminuye los índices de corrupción política. Esto es porque tal y como lo argumenta Jones ( 2010 ), los partidos políticos programáticos tienen ideologías estructuradas, que disminuyen la toma de decisiones discrecionales y con ello las oportunidades de corrupción. En este sentido, cobra una mayor importancia hacer análisis de la importancia de las ideologías estructuradas y de la legislación que reglamenta la conformación de partidos políticos.

La literatura sobre corrupción política ha intentado determinar las causas de la corrupción política como una forma de solucionar los problemas de desarrollo económico. Sin embargo, estás causas que se han centrado principalmente en determinantes económicos y hereditarios y en los últimos años el rol que juegan las reglas electorales y los diferentes sistemas políticos; pero no en la estructura de los partidos políticos.

Los partidos políticos son importantes en la medida en que agrupan las preferencias de los individuos. Este documento mostró estimaciones para 66 países, usando como medida de la corrupción el ICP y el GRAFT y como medida de partidos programáticos un indicador dado por el Democratic accountability and linkages Project, el cual mide tanto la cohesión como la relevancia y el grado de distinción de cada partido. Las estimaciones muestran un efecto significativo y positivo de la organización partidista sobre los indicadores de transparencia.

En este sentido, se hace necesario profundizar en indicadores de partidos políticos programáticos, que permitan medir más a largo plazo el efecto de tal programación sobre la corrupción. Asimismo, es importante analizar la legislación tendente a afianzar las democracias en los diferentes países, especialmente las menos desarrolladas y su impacto sobre la corrupción política.