Introducción

Durante todo el año 2015, tuvo lugar en Argentina el proceso eleccionario más complejo e intrincado del que se tenga registro, por lo menos desde 1983 -año de la recuperación de la institucionalidad democrática- hasta la actualidad. Se celebraron elecciones en todo el país, a través de un extendido ciclo escalonado, que comenzó a desarrollarse en febrero y que se prolongó hasta fines de noviembre¹. El de este año fue el tercer proceso eleccionario sucedido desde la sanción de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral (N° 26.571) en 2009, la cual había tenido como uno de los ejes centrales la incorporación del sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para la elección de candidatos a puestos de poder².

Las PASO se habían utilizado por primera vez en 2011 para los comicios presidenciales y legislativos, en un contexto de reelección presidencial inmediata; dos años más tarde, se implementaron por segunda vez, en las elecciones de renovación parcial legislativa de 2013; y, nuevamente, se pusieron en práctica en 2015 para las elecciones presidenciales (que esta vez, presentaban un escenario de alternancia) y legislativas de medio término³.

La peculiaridad del proceso electoral del año 2015 ha sido que –a diferencia los anteriores, en los que la celebración de primarias abiertas sólo regía a nivel nacional- se incluyó la implementación de esta práctica en la mayoría de las categorías subnacionales. Entre los comicios de 2015 y los precedentes, se introdujeron modificaciones en las legislaciones electorales provinciales, mediante las cuales se incorporó el sistema de PASO en distritos en los que no regía previamente; lo cual se combinó con los desdoblamientos de comicios para los ejecutivos provinciales y municipales, dando lugar a un ciclo eleccionario segmentado, con una complejidad inusitada.

Cabe señalar que el mecanismo de primarias o internas abiertas había constituido uno de los elementos nodales de la agenda de reformas políticas, emergida a fines de los 90, no sólo en Argentina sino también en numerosos países de América Latina (Alcántara Sáenz, 2002), en el marco de la profunda crisis sistémica, precipitada tras el colapso del neoliberalismo (Gallo, 2015). Estas reformas habían tenido el objeto de, por un lado, revertir el proceso de deterioro de las capacidades del Estado generado durante los 90 (Tullio, 2011) y, al mismo tiempo, mitigar la crisis de las instituciones representativas, procurando volver a institucionalizar el atomizado sistema de partidos (Abal Medina, 2009), introduciendo mecanismos democráticos dentro de las propias estructuras partidarias (Chávez et al, 2008).

Inicialmente, la propuesta de modificar el sistema de selección de candidatos había surgido en 2002⁴, luego de la profunda crisis sociopolítica, en la cual el sistema partidario existente implosionó (con una total desintegración del tradicional bipartidismo peronista- radical⁵ que se había mantenido hasta mediados de los 90) y la desigualdad en la distribución del ingreso, la pobreza y la exclusión social llegaron a niveles extremos (Zovatto, 2001); lo cual implicó una crisis del modo de hacer política desarrollado durante la era neoliberal.

La reforma electoral de 2009 fue sancionada bastante tiempo después de haberse normalizado el funcionamiento institucional en Argentina⁶, bajo el primer mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, procedente del Frente para la Victoria (FPV)⁷. De todos modos, los argumentos teóricos que respaldaron esa enmienda estaban en consonancia con aquella agenda reformista posneoliberal continental. Según sus propulsores, con esta reforma electoral, por un lado, se pretendía extender la potestad estatal a la vida político-partidaria⁸ y, al mismo tiempo, se intentaba solucionar las diversas problemáticas vinculadas con la fragmentación y la volatilidad partidaria que Argentina padecía desde las últimas décadas y que se habían agravado a partir de aquella crisis (Tullio, 2011).

En efecto, en el proceso electoral de 2003 - desarrollado inmediatamente después de aquel punto de quiebre- se produjeron situaciones anómalas destacables: se presentaron 18 postulantes presidenciales; se llevó al extremo la práctica del desdoblamiento de los comicios nacionales y subnacionales, llegando a haber durante ese año, elecciones en alguna parte del país en 14 fines de semana distintos; se contabilizaron 638 agrupaciones partidarias legalmente reconocidas (Tejerizo, 2014); se propagaron las llamadas listas colectoras y espejo⁹, las cuales, al promover el surgimiento de una multiplicidad de organizaciones pequeñas, debilitaban a las estructuras partidarias centrales (Lodola, 2015). Así, en esa ocasión se puso en evidencia la existencia de un conjunto de prácticas arraigadas que había tenido consecuencias sumamente negativas, a saber: tendencias centrífugas, multiplicidad de ofertas, fragmentación, transfuguismo, opacidad, falta de credibilidad; lo cual constituía un claro síntoma de la debilidad del concepto y de la praxis partidaria (Tullio y Álvarez Travieso, 2015, pp. 11 y 13).

Efectivamente, con la reforma de la legislación electoral aprobada a fines de 2009 se buscó poner fin a la proliferación de múltiples fuerzas políticas alternativas, terminando con los partidos nominativos y fungibles (que operaban como meras estructuras jurídicas, sin afiliados ni capacidad de incidencia territorial ni representación social) (Tullio, 2011); procurando con ello fortalecer el sistema partidario y colocando a los ciudadanos en el centro de la escena política (Abal Medina, 2009). En ese sentido, con la enmienda electoral se introdujeron ciertas disposiciones normativas destinadas teóricamente a: ordenar la oferta política (Pomares, Page y Sherlis, 2011); racionalizar el sistema de partidos; democratizar las estructuras partidarias (Gallo, 2015); procesar las disidencias intrapartidarias y atenuar la conflictividad que acarrea la competencia interna (Straface y Page, 2010); otorgarle al ciudadano un mayor protagonismo y más oportunidades para la expresión de su voluntad política (Gallo, 2011); reducir las asimetrías entre las fuerzas políticas; modernizar algunos aspectos de la administración electoral (Tullio y Álvarez Travieso, 2015, p. 19).

Sin embargo, en sus primeras dos aplicaciones -los comicios presidenciales y legislativos de 2011 y las elecciones legislativas de 2013- gran parte de esos propósitos no fueron alcanzados satisfactoriamente (Gallo, 2015). Inclusive, en la tercera implementación consecutiva de estas normativas electorales, el panorama eleccionario se complejizó, a partir de la presencia de las características peculiares señaladas al comienzo, tornando aún más difícil el logro de los objetivos propuestos. De este modo, en esta ocasión consideramos apropiado revisitar el debate en torno a los objetivos centrales de la Ley 26.571 (particularmente en lo concerniente al sistema de primarias abiertas), tanto desde la óptica teórico-normativa, como desde el punto de vista de su aplicación práctica, teniendo en cuenta los fundamentos abstractos que guiaron el objetivo reformador, como así también el grado de satisfacción obtenido a lo largo de los procesos eleccionarios respecto de las metas esbozadas teóricamente. Así es que este trabajo, se estructurará del siguiente modo: primero expondremos los argumentos de los propulsores de esta legislación; posteriormente, consideraremos lo obtenido en los comicios de 2011 y de 2013, y luego estudiaremos con detenimiento la aplicación del sistema de PASO en las elecciones presidenciales, provinciales y legislativas de 2015, teniendo como guía los objetivos expuestos primariamente.

Contenido

Reglas electorales, primarias abiertas y esquema electoral en 2015

Antes que nada, corresponde señalar que las normas que rigen el armado electoral y los procedimientos para definir las candidaturas son políticamente trascendentales, en la medida en que determinan quiénes, cómo y en qué condiciones acceden a ocupar cargos públicos (Pomares, et al, 2016, p. 2); por tal razón, aquí consideramos fundamental su estudio minucioso y pormenorizado.

Las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) deben considerarse como una metodología selectiva utilizada por el partido y, al mismo tiempo, como una regla electoral (Gallo, 2015), en la medida en que atañen, por un lado, a los estatutos partidarios y, por otro, al sistema electoral; teniendo incidencia tanto sobre el juego intrapartidario como sobre el juego interpartidario, respectivamente (Zelaznik, 2014). En cuanto a su primera función, las elecciones primarias abiertas son, por definición, el proceso por el cual el electorado elige a sus nominados, quienes posteriormente se presentarán a las elecciones generales (Amorós González y Puy Segura, 2013, p. 65), y se distinguen de las internas o primarias cerradas, en que en ellas se autoriza a participar en la selección de las candidaturas a todo ciudadano empadronado en el registro electoral nacional del país, en el caso que así lo desee (Freidenberg, 2003, p. 4; Gallo, 2011). En relación a su segunda condición, las primarias abiertas simultáneas y obligatorias son una regla eleccionaria que afecta al sufragio pasivo y al momento de entrada estratégica de candidatos y grupos (Escolar, 2011). La entrada estratégica -es decir, la instancia en la que se produce el anuncio oficial de las candidaturas- constituye uno de los momentos centrales del proceso eleccionario, por su crucial incidencia en las decisiones de las elites: es la instancia en la que los candidatos deciden si compiten o no (y, en caso de hacerlo, han de resolver en qué lugar se posicionan) (Cox, 1997, p. 49); en el que se establecen los retiros estratégicos (de quienes se perciben sin chances) y en el que se forjan las posibles alianzas.

Desde la aprobación de ley electoral actual, en Argentina la elección presidencial está desdoblada en dos (o tres) fases electorales¹⁰. Es decir, el sistema vigente contempla una primera etapa (las PASO), adelantando la instancia de la entrada estratégica de candidatos (en la medida en que las decisiones fundamentales deben tomarse antes de la fecha tope estipulada para la presentación de listas y candidaturas a las primarias). A su vez, en esta primera fase, el votante escoge a un candidato que sabe que se enfrentará en la etapa siguiente al nominado del partido rival (Amorós González y Puy Segura, 2013, p. 74), con lo cual el resultado de la primera jugada adquirirá real significado cuando se haya concluido el procedimiento bi o triádico. En este contexto, el elector racional buscará el beneficio óptimo ulterior (es decir, que su candidato preferido resulte consagrado presidente o, en caso de no ser esa opción factible, que su candidato menos preferido no se convierta en el ganador final de la compulsa); para ello, en cada una de las fases tomará decisiones estratégicas intermedias (algunas de las cuales incluso podrían resultar contradictorias entre sí). Ahora bien, todo esto puede complejizarse aún mucho más, cuando las decisiones de las élites y actores políticos nacionales principales están supeditadas a las decisiones y maniobras de los actores con incidencia en el plano local. Aquí, al concentrarnos en el ciclo eleccionario de 2015 (que estuvo dividido en muchas más fases intermedias), veremos cómo se comportan las élites y cómo puede eso influir sobre la conducta de los electores cuando se produce una interacción entre instancia eleccionarias (nacionales y subnacionales; primarias y generales) diversas y diferenciadas.

Beneficios, objetivos y variables de análisis

En lo que sigue, buscaremos evaluar el grado de satisfacción obtenido respecto de los objetivos buscados con la reforma electoral de 2009. Una de las primeras cuestiones a discutir es si los objetivos deseados por sus propulsores realmente proporcionan los beneficios teóricamente estipulados. Para ello es necesario determinar si cada una de las cláusulas incorporadas es adecuada o no para el beneficio buscado originariamente. Y si lo fuera, establecer en qué condiciones específicas debería darse, para su efectiva satisfacción.

Tabla 1
Beneficios buscados con la reforma

Elaboración propia con base en Straface y Page, 2010; Caruncho, 2014; Tullio y Álvarez Travieso, 2015. Reynoso, 2015; Escolar, 2011; Prats, 2012; Gallo, 2015.* Esto permitía otorgar a los partidos más pequeños posibilidades efectivas de competir contra fuerzas de mayores recursos¹³.¹¹ Las alianzas poseen carácter transitorio, se constituyen al único efecto de participar electoralmente, postulando precandidatos y candidatos para cargos públicos (Tullio y Álvarez Travieso, 2015: 47). La fusión es la operación política y jurídica que se produce cuando un partido activo decide finalizar su existencia independiente y se integra a otro o cuando dos o más partidos resuelven integrarse entre sí (Tullio y Álvarez Travieso, 2015: 26).¹². La prohibición de la contratación privada de publicidad en campaña, se impuso luego del triunfo del empresario, Francisco De Narváez en 2009, quien había utilizado los medios audiovisuales a su favor.

Veamos con un poco más de detalle las condiciones específicas expuestas:

• Reducción (cuantitativa y cualitativa). La reducción cuantitativa se refiere a la mera disminución numérica de los partidos tanto registrados como habilitados para competir en las elecciones generales. La reducción cualitativa –la más relevante implica que esta contracción se produzca conforme a criterios políticos, donde sobrevivan los actores, no sólo más viables, sino también más representativos de las principales familias de preferencias políticas existentes (Gallo, 2015).

• Nacionalización de la oferta. Esto implica que las agrupaciones partidarias que se presenten a las elecciones sean cohesivas y de orientación nacional; es decir, que los partidos políticos tengan implantación territorial y que las alianzas estén compuestas por los mismos miembros consocios tanto nacionales como subnacionales inferiores.

• Retención interfásica. Este concepto se refiere a que en las elecciones generales, los votos del perdedor de las PASO sean transferidos al vencedor dentro de la misma formación partidaria (Malamud y Calvo, 2015), evitando las fugas hacia agrupaciones ajenas (Reynoso, 2015). En una formación política sólida, homogénea, con afianzados vínculos de lealtad y puntos de consenso entre sus subsectores, será más plausible la retención que en una coalición débil y heterogénea (Tullio, 2015; Gallo, 2015).

• Democratización de los mecanismos de nominación. Según los argumentos presentados, la selección de los candidatos efectuada por la totalidad de la ciudadanía sustituiría prácticas no democráticas utilizadas previamente (Tullio, 2011). Empero, sólo podría haber un efecto democratizador si con las PASO se reemplazara a algún método de nominación no democrático¹⁴ (es decir, minoritario), en el que hubiera una designación restrictiva de candidaturas por parte de un líder, cúpula u órgano de conducción ejecutiva. Y, en el caso de confederaciones partidarias, que no hubiera una selección pre - PASO, realizada mediante un procedimiento minoritario.

• Legitimación (popular y partidaria). Se argumenta que las primarias constituyen una fuente de legitimidad dual (Rahat y Hazan, 2001, p. 313): por un lado, hacia los candidatos consagrados de cada fuerza política (legitimación popular) y, por otro, hacia el partido más votado, que toma gran ventaja sobre sus opositores (partidaria) (Gallo, 2011). Para que se otorgue el primer tipo de legitimidad, debería existir competencia interna, y para que se provea del segundo, la fuerza política en cuestión tendría que superar, en las elecciones generales, las marcas obtenidas en las PASO.

• Primary bonus. En caso de que no todos los partidos utilicen las PASO como método de selección de candidaturas, aquel/los que sí lo hiciera/n contaría/n con una ventaja comparativa –lo que se denomina primary bonus (Carey y PolgaHecimovich, 2007)- frente a los demás contendientes, operando como un activo político relevante. Para ello, el partido debería sacar más votos en la elección general que en la primaria (lo cual se liga a la idea recién expuesta de legitimación partidaria).

• Disputa moderada. Es decir, que la contienda suceda sin conflictividad entre sus sectores, para que después de esta instancia el partido siga operando como una unidad cohesiva. De todos modos, los estudios sobre primarias norteamericanas (Key, 1949) y también latinoamericanas (Colomer, 2001) han arrojado que las internas más convocantes suelen ser las que presentan mayor grado de conflagración y belicosidad entre los candidatos.

• Competitividad entre los sectores internos que se enfrentan en las PASO. No sólo se requiere que las internas abiertas sean competidas, sino que sean competitivas (cuando la distancia entre los principales competidores no supera el 5%) (Pomares, et al, 2011, p. 6), para que efectivamente recaiga sobre la ciudadanía común la resolución sobre las candidaturas y listas partidarias.

• Incertidumbre sobre el resultado de las PASO (que genere un estímulo a la participación). Si el resultado de las PASO emerge como invariable, se origina un efecto de “elección ya definida”, que quita interés ciudadano en la resolución de la compulsa (Gallo, 2015).

• Igualdad política y acceso a la información de parte de los ciudadanos. Esto implica, por un lado, que los ciudadanos dispongan de información plural e independiente acerca de las distintas alternativas existentes (Anduiza y Bosch, 2004, p. 69). Y, por otro, requiere que se termine con los grandes aportantes para el financiamiento de la campaña (privados y también públicos).

Ahora bien, habiendo exhibido estos puntos centrales, en lo que sigue, primero pasaremos revista por los comicios anteriores transcurridos desde la reforma electoral de 2009 –los de 2011 y 2013-, para luego indagar acerca del ciclo eleccionario escalonado de 2015, considerando las características peculiares que adquirió, con el objeto de evaluar el grado de satisfacción obtenido respecto de los beneficios teóricos buscados con esta ley, recién expuestos¹⁵.

Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (2011-2013)

Las PASO se pusieron en funcionamiento por primera vez, en la elección de 2011, cuyo aspecto más destacado era la presentación a la reelección presidencial de la mandataria incumbente Cristina Kirchner, quien competía como candidata única por la fuerza gubernamental FPV, cuyo triunfo final aparecía como cuasi asegurado¹⁶. Por el lado de los agrupamientos opositores -recientemente conformados, en ocasión de las nuevas normativas- no les resultaba redituable presentar competencia presidencial en las PASO (en la medida en que los perdedores no pueden integrar la fórmula presidencial definitiva ni tampoco se permite que el candidato consagrado por determinado partido se presente por otra fuerza política diferente) (Art. 44 Cap. VII); por eso, terminaron postulando también a un solo contendiente por partido. Es decir, en la primera aplicación del sistema de primarias abiertas, ninguna de las candidaturas presidenciales fue establecida a través de la voluntad de la ciudadanía común. A su vez, a partir de allí, dada la disparidad existente entre el polo gubernamental (unitario y mayoritario) y el opositor (minoritario y disperso), se especuló, desde ciertos medios periodísticos, con que las PASO operarían como una “gran interna opositora” de la que emergería el candidato más viable del campo antagónico al kirchnerismo (Gallo, 2015).

En esta ocasión, la fórmula oficialista sacó el 50,07% de los votos, aventajando al segundo binomio por 38 puntos (http://www.primarias2011.gob.ar/). Contrariamente a aquella idea sostenida mediáticamente, no hubo un predominio del voto estratégico hacia algún candidato opositor con más chances, sino que se impuso el pronunciamiento aclamatorio para el oficialismo (Prats, 2012: 118); con lo cual esta fase hizo más bien las veces de una suerte de primera ronda electoral adelantada, sin tope prefijado de candidatos (Gallo, 2015).

Dos años después, se llevaron a cabo elecciones legislativas de medio término, en las que debía renovarse la mitad de los diputados nacionales y elegirse senadores nacionales en ocho provincias¹⁷.

Veamos qué sucedió en los distintos cargos que presentaron listas en las PASO de 2011 y 2013:

Tabla 2
Reducción, competencia, competitividad y superación de marcas (2011 y 2013)

En 2011 se eligieron senadores en Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz. En 2013 en Capital Federal, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

* Esta fue la UCR de Chubut, votada por 37.305 ciudadanos (que corresponde el 0,12% del total del electorado argentino nacional).

No consiguió ninguna banca. Fuente: elaboración propia sobre la base de http://www.resultados.gob.ar/resultados.

18 De las alianzas que tuvieron primarias competitivas, la que concitó mayor atención, interés y expectativa, desde el lanzamiento de la campaña, fue UNEN en Capital Federal. Se trató de un amplio frente pluripartidista conformado con el objeto de enfrentar al PRO y al kirchnerismo, que presentó múltiples listas. Esta coalición se desintegró completamente al año siguiente de estos comicios legislativos.

Proceso Eleccionario de 2015

Este proceso eleccionario, que transcurriría en un escenario de alternancia presidencial (dado el agotamiento de los dos mandatos consecutivos de la presidenta incumbente), se abrió formalmente a finales de 2014. Por entonces, en el partido de gobierno, Frente para la Victoria, el candidato que aparecía con más chances era Daniel Scioli (quien no estaba claramente identificado con el kirchnerismo); aunque también había otros dirigentes con aspiraciones presidenciales, mucho más rezagados en términos de popularidad. Por el lado de la oposición, los postulantes mejor posicionados por entonces eran el Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri (PRO), y el diputado nacional Sergio Massa (Frente Renovador), ex-funcionario del gobierno kirchnerista (Gallo, 2015). Cada uno de los tres contendientes principales -Scioli, Macri y Massahabía lanzado su precandidatura presidencial antes de haber establecido si iba a ser el candidato único de su fuerza o si iba a competir con algún otro adversario interno en las primarias. Además, respecto de los dos últimos, tampoco se sabía si competirían por sus respectivas fuerzas de origen (las cuales, se erigían en torno a la popularidad de sendos liderazgos individuales) o si se presentarían dentro de una formación frentista más amplia.

Todas estas cuestiones debían ser resueltas antes del momento de entrada estratégica en la competencia presidencial, que tendría lugar entre 60 y 50 días antes de las PASO (fechas en la que vencía el plazo de inscripción de las alianzas y de las candidaturas, respectivamente) (Art. 6). A su vez, dadas las mencionadas exigencias de la ley, las alianzas que se establecieran en esa ocasión debían mantenerse, sin modificaciones, de ahí en adelante, hasta el final del proceso eleccionario en curso (que podía llegar a prolongarse medio año más inclusive).

Pero además, en el ínterin, tendrían lugar algunas de las elecciones provinciales adelantadas a las que habíamos hecho referencia en el comienzo de este trabajo¹⁹. En ese sentido, a raíz de lo recién expuesto, en la medida en que la ley impide realizar acomodamientos intermedios (entre las PASO y las generales) y no hay espacio para la negociación entre los sectores involucrados a lo largo del ciclo eleccionario (Gallo, 2015), los desdoblamientos de elecciones en niveles inferiores del sistema político fueron vistos como un factor proveedor de flexibilidad y margen de maniobra para las elites nacionales, las cuales procuraron valerse de lo ocurrido en las elecciones locales para ir tomando decisiones estratégicas adecuadas. De todos modos, los intereses de las élites nacionales muchas veces no son compatibles con los de los líderes locales. En este caso, hay que señalar que la posibilidad de manejar el calendario electoral, históricamente, ha constituido un recurso de inestimable valor para gobernadores, permitiéndoles disponer del arbitrio de mover la primera pieza del tablero eleccionario, pudiendo ocasionar realineamientos favorables y la reducción de competidores opositores.

Tabla 3
Adelantamientos, PASO y elecciones generales en las provincias argentinas

Las que aparecen subrayadas, son las que debieron celebrarse antes del momento de la entrada estratégica en la competencia presidencial. Las otras cinco provincias celebraron las PASO locales junto con las PASO nacionales.

Elaboración propia.

A raíz de los desglosamientos provinciales, el proceso electivo argentino de 2015 terminó desarrollándose a través de un prolongado calendario de elecciones sucesivas escalonadas, en un escenario que en algunos puntos era semejante al de Estados Unidos, donde las primarias se desenvuelven a lo largo de más de cuatro meses. Allí, los primeros resultados proveen de un efecto demostración para el resultado final (Brams, 1978; Bartels, 1988) que resulta en que el postulante que lleva la delantera reciba la adhesión repentina de los electores oportunistas, quienes optan por la estrategia bandwagon (Colomer, 2002, p. 125).

Se dijo que aquí la seguidilla de elecciones provinciales ocasionaría un efecto semejante al recién descrito, lo cual generaría dinámicas de eliminación temprana de candidatos (Malamud y Calvo, 2015). Es decir, se sostenía que los adelantamientos electorales provinciales constituirían una suerte de primera vuelta nacional, en la que se produciría un efecto de cascada electoral que ordenaría a la oposición y a sus votantes, los cuales advertirían quiénes eran los opositores con posibilidades de cara a la elección nacional de octubre (Malamud, 2015). Sin embargo, esto requería que la ordenación de la oferta se estableciera conforme a un criterio uniforme y que los diversos competidores representaran a las mismas entidades colectivas, en todas las instancias en las que se presentaran (Gallo, 2015).

Ese argumento se asemejaba a aquel esgrimido en la elección presidencial de 2011, antes citado: como las PASO no servirían para establecer las candidaturas partidarias, éstas cumplirían la función de ordenar a la oposición al kirchnerismo (Gallo, 2015). Sin embargo, en la elección de 2011, cuando el eje apoyo-oposición al gobierno era mucho más nítido y sólido que en este evento electoral, la oposición no había logrado ordenarse, con lo cual era difícil prever que esto pudiera suceder en esta oportunidad, cuando este eje era mucho más fluido e indefinido²⁰.

Veamos ahora cuál ha sido la incidencia concreta de la existencia de un cronograma electoral desdoblado a nivel subnacional sobre las estrategias de los actores con intereses nacionales.

Como se puede observar en la Tabla 3, de los nueve distritos en los que hubo elecciones adelantadas, en cinco de ellos, también hubo primarias adelantadas; empero, se trató de cinco casos distintos entre sí en lo referente a los intereses representados por las fuerzas gobernantes: Santa Fe era el único distrito en el que el oficialismo no se correspondía con ninguno de los partidos cuyos candidatos presidenciales tenían más chances en la elección general; en Salta, Mendoza y Chaco, el oficialismo local coincidía con el nacional; y en la Capital Federal, la fuerza gubernamental se sustentaba en el liderazgo del principal líder opositor a nivel nacional.

Cabe señalar que, históricamente, los dirigentes con poder político local se han visto perjudicados por el “efecto arrastre” –producido o potenciado por la existencia de concurrencia de elecciones (Carey y Shugart, 1995, p. 226). Por eso, han procurado permanentemente hacerse de recursos de “segmentación estratégica” (Escolar, 2011), para evitar pagar los costos de la escasa o nula compensación proporcionada por la conformación de una coalición única y simultánea. Esta circunstancia fue la que, en su momento, dio lugar tanto a la incorporación de las listas espejo y colectoras -que la reforma buscaba eliminar- como así también a los desdoblamientos de los comicios provinciales y municipales (Varetto, 2016).

En las elecciones aquí estudiadas, en la mayoría de los distritos, el desglosamiento electoral fue producto de la decisión de gobernadores (o intendentes), provenientes de partidos nacionales (particularmente el FPV), con intereses locales independientes (e incluso contrapuestos) a los de su partido provincial o nacional.

El año electoral se abrió con los comicios adelantados en Salta. Allí, en unas PASO sin competencia en ninguna fuerza, el candidato del FPV derrotó a su oponente, procedente de una alianza que incluía al PRO y el Frente Renovador (FR), rivales a nivel nacional.

En Santa Fe, en las PASO para la gobernación, el PRO salió primero por una mínima diferencia sobre el oficialista Frente Progresista Cívico y Social -que presentó competencia entre el Partido Socialista (PS) y la histórica UCR, resultando triunfador el primero, quien también terminaría ganando en la elección general. La peculiaridad de este caso, es que entre una elección y otra se establecería –como veremos luego- una alianza entre la UCR y el PRO a nivel nacional, que abrió la incógnita respecto del destino del voto radical (Malamud y Calvo, 2015).

En Mendoza, el gobernador procedente del FPV, resolvió el desdoblamiento a fines de 2014. Sin embargo, los resultados fueron contrarios a las expectativas previstas, dando el triunfo a la amplia y heterogénea alianza opositora (formada por UCR, PRO, FR, entre otros).

En Chaco, el frente kirchnerista presentó una competencia interna carente de competitividad y salió primero en las PASO y en las generales, derrotando a la alianza opositora, apoyada de los precandidatos presidenciales Macri, Massa y Ernesto Sanz (UCR).

En la Ciudad de Buenos Aires, la estrategia de la élite oficialista distrital era adelantar los comicios porteños respecto de los generales (con lo cual se buscaba capitalizar políticamente el apoyo local, para posicionar favorablemente al por entonces Jefe de Gobierno incumbente, Mauricio Macri, en la elección presidencial, proyectándose anticipadamente por encima del oficialismo nacional).

Pese a que Macri prefería que el PRO jugara en las PASO con la candidatura unitaria de su sucesor designado, Horacio Rodríguez Larreta, esta fuerza terminó presentando competencia interna. Los otros dos partidos relevantes en las PASO porteñas (ECO y FPV) también presentaron más de una lista interna, en unas primarias sin competitividad. En esa instancia, el PRO fue la fuerza más votada y Rodríguez Larreta triunfó cómodamente en su interna²¹; lo cual constituyó una ratificación a la gestión de Macri y un espaldarazo a su candidatura nacional. En la elección general porteña, el candidato del PRO volvió a imponerse, sin alcanzar la mayoría absoluta: sacó el 45,56% y una diferencia de 20 puntos respecto de su inmediato competidor Martín Lousteau²² (ECO). Finalmente, en la segunda ronda, Larreta triunfó sobre Lousteau, pero la paridad entre los dos contrincantes sorprendió a propios y a ajenos (51,64% a 48,36%). En efecto, en la medida en que Lousteau obtuvo en esta instancia casi el doble de los votos sacados en primera vuelta, factiblemente, haya habido muchos votantes que lo eligieron con la explícita finalidad de oponerse al candidato del PRO. Entre estos electores estratégicos, probablemente haya habido kirchneristas (quienes votaron de modo tal de obstaculizar el camino al macrismo en las elecciones presidenciales subsiguientes), pero también habría habido quienes sufragaron por Macri en la elección general (particularmente, en la segunda vuelta) estratégicamente contra el oficialismo nacional (Gallo, 2015). Empero, los electores que en ambos balotajes ejercieron un voto opositor, implementaron dos estrategias incongruentes en sí mismas; ya que un eventual triunfo de Lousteau en la Capital hubiera derivado en un cuasi seguro retiro de la candidatura presidencial de Macri²³ y, por lo tanto, en un triunfo del FPV en la elección nacional.

En suma, pudimos observar que en las PASO adelantadas para gobernador no se cumplieron los objetivos concernientes a este sistema: por un lado, como regla general, no sirvieron como mecanismo de nominación de candidaturas: en Salta no hubo competencia intrapartidaria en ninguno de los partidos que se presentaron; en Santa Fe, Mendoza, Chaco y Capital Federal el oficialismo local presentó competencia (aunque sin competitividad). Por otro lado, las PASO tampoco sirvieron como predictor de lo qué sucedería en las elecciones definitivas (tanto provinciales como nacionales). En Salta, Mendoza y Chaco fue tan abrumadora la diferencia entre los dos primeros, que resultaron totalmente superfluas como indicadoras de tendencias. En Santa Fe se produjo una reversión del resultado interno y Capital Federal, este fue mucho más ajustado de lo que las PASO pudieron predecir.

Elecciones presidenciales 2015

Las candidaturas presidenciales, finalmente, quedaron resueltas del siguiente modo: por el lado del oficialismo, el FPV terminó presentando como postulante único a Daniel Scioli. A lo largo del período previo a la entrada estratégica, se retiraron prudentemente de la contienda los otros potenciales precandidatos del oficialismo. Con respecto a la oposición, en torno a cada uno de los dos candidatos con más chances, se conformaron sendos frentes coyunturales y asimétricos: por un lado, Cambiemos, pivoteado por el PRO, junto con la Coalición Cívica y la UCR (los cuales buscaron respaldar la postulación de Macri, el candidato opositor mejor posicionado)²⁴. Por otro lado, la coalición Una Nueva Alternativa (UNA), encabezada por el Frente Renovador de Massa, en alianza con Unión por Córdoba (UPC), dirigida por el gobernador de esa provincia, el peronista disidente José Manuel De la Sota. La izquierda presentó el mismo frente con el que había competido en las dos oportunidades anteriores, el Frente de Izquierda (FIT), con los mismos componentes internos: Partido Obrero (PO), Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) e Izquierda Socialista (IS). La centroizquierda, en cambio, postuló a una coalición conformada para la ocasión Progresistas, que juntaba a antiguos miembros del FAP, UNEN y FPCyS, a saber: GEN, Libres del Sur y PS.

Tabla 4
PASO, primera y segunda vuelta electoral presidencial (2015)

Elaboración propia con base en Ministerio de Interior; Gallo (2015).

Tabla 5
Reducción, competencia, competitividad y superación de marcas (2015)

Se eligieron senadores en Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.

Elaboración y cálculos propios sobre la base de http://www.resultados.gob.ar.* Ninguna de ellas, consiguió bancas.

En definitiva, pudimos observar que el proceso eleccionario de 2015, no devino un proceso de varias rondas eliminatorias, en las que se establecieran ganadores relativos y perdedores absolutos (como se había sugerido), sino que se conformó como un juego principal, con múltiples juegos inferiores realizándose simultáneamente (con fases intercaladas), cuyos resultados podían tener un impacto variable e impredecible sobre la resolución de la lid principal. Como vimos, los contendientes no han sido los mismos a lo largo de todo el proceso eleccionario, ni en términos individuales ni tampoco en términos colectivos. La combinatoria entre la nueva legislación electoral y las antiguas atribuciones de las autoridades provinciales, derivó en el establecimiento de alianzas coyunturales, atadas a liderazgos individuales, algunas de ellas cruzadas, entre partidos que eran socios en algún nivel y competían en otra instancia²⁵. En consecuencia, cuanta menos homogeneidad exista en las coaliciones de los distritos en los que se adelanta, menos significativas son las elecciones adelantadas como predictoras del resultado nacional posterior.

Consecuencias de la aplicación de la ley

Ahora veamos las consecuencias en función de los beneficios buscados por propulsores de las PASO:

a) Consolidación del sistema de partidos

Se había argumentado originariamente que en un sistema fragmentado, las primarias abiertas permitían ceñir la cantidad de fuerzas que ingresaban a la lid electoral, disminuyendo la dispersión existente. Este objetivo poseía una dimensión cuantitativa, referida a la reducción del número concreto de competidores producida tras las PASO, y otra cualitativa, que apuntaba al tipo de actores que siguen en carrera, mediante la cual se debería conservar la presencia de sectores que simbolizaran intereses relevantes en la sociedad (ya sea, porque superaron por sí mismos el piso del 1,5% o porque lograron concertar con otros congéneres afines).

En relación al aspecto meramente cuantitativo, vimos que en 2013 había habido más listas legislativas que superaron el piso restrictivo que en 2011; a partir de lo cual quienes apoyaban al sistema de PASO declararon que esto daba cuenta de la existencia de un aprendizaje y de un cálculo mayor por parte de las fuerzas políticas que entraban en la competencia, habiendo realizado las alianzas pertinentes para esa finalidad (Pomares, 2015). Sin embargo, en 2015, el porcentaje de listas que pasó el umbral fue considerablemente inferior (incluso que en la primera ocasión mencionada). Por ello, en caso de haberse producido un avance en la capacidad de actuar estratégicamente de los actores en la elección previa, debería consignarse un retroceso en la instancia última²⁶. Este efecto se observa más pronunciadamente a nivel presidencial: en 2015, cinco fuerzas políticas quedaron sin competir (mientras que en 2011 habían sido tres). Pese a ello, en ciertos análisis postelectorales se enfatizó en que en la elección general habían competido tan sólo seis candidatos presidenciales (el número más bajo desde 1983) (Pomares, 2015). Sin embargo, en estas PASO se postularon 15 precandidatos presidenciales, la segunda cifra de competidores más alta –luego de la emblemática elección del año 2003- desde la incorporación del sufragio universal masculino en 1916.

En cuanto a la cantidad concreta de partidos registrados, si bien poco tiempo de haberse aprobado la ley, el número de fuerzas partidarias de distrito había bajado (en 2009 había 713 agrupaciones y en 2012 se contabilizaron 508) (Tejerizo, 2014), luego se estabilizó y en el último año se produjo otra tendencia alcista: según lo publicado por la Cámara Nacional Electoral en el Registro Nacional sobre Agrupaciones Políticas, el total de entidades partidarias reconocidas en 2016 es de 641 (tres más incluso que en 2003).

Con respecto a la reducción cualitativa de la cantidad de partidos mediante la asociación formal de actores participantes, entendemos que ésta se torna irrelevante si no se produce a partir de una aglutinación de intereses y de la nacionalización de la oferta partidaria. Por un lado, en 2011, los promotores de las PASO habían subrayado como uno de los supuestos corolarios positivos de la primera aplicación de estas reglas, el logro de la unidad de la izquierda –con la conformación del FIT- (Tullio, 2011; González, 2015; Pomares, 2015), que había congregado a pequeñas fuerzas, ideológicamente afines y defensoras de los mismos intereses sociales (Gallo, 2015). Sin embargo, en 2015 las PASO, si bien permitieron reducir cuantitativamente el campo de la izquierda (de cuatro fuerzas que compitieron originariamente, sólo quedó una), no tuvieron un efecto reorganizador ni reagrupador del voto izquierdista genérico (ya que en la elección general, el FIT habría captado poco más de la cuarta parte de los sufragios de las tres agrupaciones expelidas en las PASO)²⁷. Por otro lado, los desdoblamientos electorales provinciales pusieron de relieve el carácter inconsistente y localista de los acuerdos establecidos²⁸. Pudimos observar que la propulsión a fomentar la construcción de alianzas o la fusión entre partidos, sólo ha conducido a la conformación de coaliciones estrictamente electorales y programáticas entre fuerzas divergentes (algunas aliadas a nivel nacional y contrincantes en las provincias o viceversa), coaligadas mediante un lazo débil y poco duradero (Parodi y Boccacci, 2015).

Tabla 6
Indicadores relativos a la consolidación del sistema partidario

Si bien los resultados relativos a la retención son producto de una inferencia ecológica, a ellos se arribó habiendo establecido las diferencias electorales a nivel de departamentos (cálculos propios).

Elaboración propia sobre la base de http://www.lanacion.com.ar/1839396-elecciones-2015- resultados-en-vivo-por-provincia-municipio-y-comuna; http://www.lanacion.com.ar/1846694- elecciones-2015-mapa-de-resultados-del-ballottage-por-provincia-municipio-y-comuna y de lo expuesto.* La cantidad de distritos en los que compitió bajo la etiqueta expuesta.** Si bien sus elementos centrales se mantuvieron, presentó diferentes componentes locales en las distintas provincias.*** Aunque en la provincia de Córdoba, Massa retuvo menos del 60% de los votos obtenidos por UNA en las PASO.

b) Democratización interna partidaria

En relación al objetivo de promover una democratización de los mecanismos de nominación de candidaturas, vimos que recién en 2015 las PASO fueron efectivamente utilizadas como método de selección²⁹. Sin embargo, paradójicamente, esto no tuvo como correlato el acrecentamiento de la democratización de los procedimientos selectivos ni de las estructuras internas partidarias.

Tabla 7
Indicadores relativos a la democratización partidaria

Recordemos que un método democrático tiene que ser mayoritario (Gallo, 2011).

Elaboración propia, sobre la base de lo expuesto y de Gallo (2015).* La UCR celebró una polémica Convención Nacional para decidir si acompañaba o no al PRO. Un gran sector del partido cuestionó enérgicamente esa decisión.** El hito fundamental fue un debate televisivo previo a las PASO, entre Massa y De la Sota, ensayado largamente por sus protagonistas (con el objeto de mostrar a UNA como un espacio de debate y confrontación de ideas); el cual resultó ser tenso y disputado³⁰.*** La precandidatura de Altamira había sido discutida primero en el XXII Congreso del PO (18/4/2014). Después, a pedido de IS, fue lanzada en el Congreso del Movimiento Obrero y la Izquierda, con la votación de los delegados electos por las bases (8/11/2014).

c) Empoderamiento / politización ciudadana

Según sus impulsores, las primarias abiertas operan como un significativo predictor, pudiendo dar una orientación adecuada para que los candidatos reformulen tácticas y/o los ciudadanos reencaucen su voto, aportando pistas fiables respecto de cómo se distribuyen las preferencias de los otros votantes y de la probabilidad de triunfo de las alternativas en competencia. Para ellos, debería haber primarias competitivas y con incertidumbre respecto de su resolución.

Tabla 8
Indicadores relativos la capacidad de predicción de las PASO

Se calculó un promedio de las mediciones de las principales encuestadoras del país (M&F; González&Valladares; Haime; CEOP; Aragón; Poliarquía; IPSOS; Prisma; Circuitos; CEIS; Rouvier; Query), desde el cierre de las listas en junio hasta el final de la campaña, en octubre. Macri sacaba diez veces más que Sanz o Carrió. Massa obtenía más del doble que De la Sota. Curiosamente, a Del Caño no lo medía ninguna consultora.

Elaboración propia, sobre la base de lo expuesto y de http://observatorio.lapolitica online.com/#paso.* El porcentaje por el cual el ganador de cada primaria superaba a su rival interno, según las encuestas de opinión.

d) Igualación y transparencia en la competencia

Con la nueva normativa, supuestamente se procuraba generar una situación de igualdad no discriminatoria en el punto de partida, tanto para las fuerzas políticas que compiten como para los electores que deben pronunciarse en ellas.

En relación con el financiamiento de los partidos, si bien significa un paso adelante que se hayan incluido artículos al respecto en la legislación³¹, esto no ha sido suficiente como para revertir el conjunto de prácticas informales existentes en esa materia. El gobierno kirchnerista –el impulsor de la ley que establecía la distribución gratuita de espacios publicitarios fue adquiriendo a lo largo de sus mandatos una vasta estructura de medios públicos que funcionaban como propaganda gubernamental permanente, que eran incompatibles con los fines proclamados por la ley.

Con respecto al tema de la igualdad de información, retomamos el argumento anteriormente expuesto de que las primarias abiertas ofrecían una valiosa y precisa fuente informacional para los ciudadanos. Al respecto hay que señalar que, en realidad, en ellas los votantes reciben información asimétrica respecto de los partidos y de los candidatos que compiten (Garzón, 2014). En efecto, todo el proceso mediante el cual los ciudadanos van configurando y definiendo sus preferencias conlleva un tiempo relativamente prolongado, durante el cual difícilmente dispongan de información plural e independiente acerca de todas las alternativas existentes. En los 60 días que dura la campaña electoral, no se puede subvertir todo el proceso de instalación mediática de los candidatos de las fuerzas mayoritarias y con más recursos publicitarios. Con lo cual, por equitativa que sea la pauta publicitaria durante el período de campaña y por más que se evite el aporte de sumas ingentes de grupos acaudalados, en ese breve lapso de tiempo no es posible terminar con una inequidad largamente preexistente.

Conclusiones

En este trabajo nos propusimos analizar la aplicación del sistema de primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) que rige en la Argentina desde el año 2009, cuando fue sancionada la ley 26.571. Para ello, primero, desarrollamos los objetivos propuestos con esta nueva legislación –consolidación del sistema de partidos; democratización interna partidaria; politización ciudadana/ empoderamiento ciudadano, e igualación y transparencia en la competencia-, les adjudicamos indicadores concretos y establecimos ciertas condiciones, que a nuestro entender, debían producirse para su correcta satisfacción. Posteriormente, pasamos revista sucintamente por las dos primeras elecciones transcurridas desde entonces –las de 2011 y 2013- para luego estudiar con mayor profundidad los comicios de 2015, en los que además se produjeron desdoblamientos provinciales y se incorporó el sistema de PASO a nivel subnacional.

Respecto de los aspectos operativos que conforman la variable consolidación del sistema partidario, vimos que con la aplicación de la nueva ley, no se logró la reducción de partidos y candidatos, sino que, por el contrario, existió una multiplicación del número de actores que competían, que no respondía a la diversidad de preferencias entre los votantes, sino al incentivo de comportamientos oportunistas en diversas escalas; sin que se lograra una mayor representatividad ni ordenación del sistema de partidos. Pese a que uno de los objetivos de la reforma de 2009 había sido la unificación de la oferta partidaria, evitando la traslación de la competencia interna a una instancia general, no se logró unificar a la entidad encargada de la representación partidaria, lo cual impidió que se subsanara el problema de la alta fragmentación de la representación existente.

En relación con la retención interfásica (ligada a cómo la coalición está compuesta y conformada), vimos que esto requería que las candidaturas establecidas fueran aglutinantes. En ese sentido, la existencia de primarias competitivas puede ocasionar defecciones de los derrotados de las PASO (Malamud y Calvo, 2015), especialmente si las coaliciones no son lo suficientemente fuertes y estables.

Paradójicamente, en los comicios presidenciales de 2015, los tres partidos que mayor tasa de retención de votantes tuvieron de una elección a otra fueron los mismos tres que habían presentado competencia interna en las PASO; mientras que los tres que postularon a un candidato presidencial único, experimentaron fugas y disminuyeron su nivel de apoyo entre esa ocasión y la elección general. Sin embargo, hay que decir que la retención interfásica experimentada por coaliciones como Cambiemos y UNA, que no eran sólidas ni homogéneas, se explica, en primer lugar, por la asimetría en el peso de las fuerzas asociadas y la escasa gravitación electoral de las listas derrotadas (las cuales habían buscado confluir estratégicamente en la promoción de un candidato individual que se daba como ganador, en unas PASO carentes de competitividad) (Ramírez, 2015), aunque también, por la buena performance inicial, que les habría otorgado un aura de ganadores. En el caso de las dos listas menos votadas (Progresistas y CF), la considerable reconfiguración del sufragio de una elección a otra, tuvo que ver no con la ausencia de presentación de competencia interna, sino con su pobre desempeño inicial que habría ocasionado que en la elección general muchos de sus electores originarios votaran estratégicamente por alguno de los candidatos con más chances (Gallo, 2015).

Con respecto a lademocratización, dentro de coaliciones intrapartidarias, las PASO no han cumplido con la función de seleccionar candidatos, sino que han operado como un mecanismo coalicional (Zelaznik, 2014), estableciendo la composición y repartición de fuerzas entre los miembros aliados (Gallo, 2015). La definición de las candidaturas presidenciales pre PASO -es decir, aquella estipulada antes de la entrada estratégica- en casi todos los casos respondió a decisiones cupulares: en el FPV, fue producto de un pedido de la presidenta y de un retiro estratégico de los demás posibles competidores. En las coaliciones ad hoc (Cambiemos y UNA), cada partido –PRO, UCR, CC, por un lado y FR y UPC, por otro- designó unilateralmente a sus precandidatos. En el FIT, Del Caño había sido señalado por la dirección del PTS (su agrupación de pertenencia), mientras que Altamira –quien paradójicamente después resultó derrotado en las PASO abiertas al electorado amplio- fue el único postulante electo por las bases partidarias (o sea, por un mecanismo pre-PASO mayoritario). A su vez, cabe mencionar que la cohesión de este frente se vio mellada, al haberse expuesto a una disputa –que tuvo un cierto nivel de conflictividad- completamente innecesaria³². Con respecto a esta última cuestión, también debe marcarse lo poco efectiva que resultó la estrategia confrontativa dispuesta por los precandidatos de UNA en el debate presidencial, que no despertó interés en una opinión pública desmotivada (Malamud y Calvo, 2015) y dificultó –o al menos, no contribuyó a sustentar- la retención posterior de los votantes de De la Sota en la elección general (ver Tabla 6).

En suma, a través de las PASO, no se consiguió que las fuerzas políticas procesaran sus diferencias internas ni se alinearan sus diversas corrientes o subsectores, ni se estimuló una competencia intrapartidaria que permitiera el reconocimiento y actuación de aquellas. Las PASO no sustituyeron mecanismos minoritarios y poco democráticos, sino que se aplicaron a coaliciones cuyos partidos miembros habían seleccionado a sus precandidatos -antes del momento propio de la entrada estratégica en la competencia electoral- mediante mecanismos minoritarios y poco democráticos; por tanto la selección no ha recaído sobre la voluntad soberana de la ciudadanía en su conjunto (Pomares, et al, 2011); incumpliendo también con otro de los objetivos, la pretensión de incrementar las instancias de decisión ciudadana. De todos modos, cabe aclarar respecto de este punto que con la elección abierta y obligatoria de las candidaturas no se democratizan las estructuras, sino que se vulneran las fronteras del partido, que han de estar determinadas por la adhesión a un programa, el cual aglutina y unifica a los miembros partisanos, distinguiéndolos de aquellos que no forman parte de la organización.

En cuanto a la presunta legitimidad que las PASO otorgarían a los candidatos y partidos más votados en ellas, vimos que en este caso Daniel Scioli del FPV recibió una legitimación popular (al haber sido el contendiente más apoyado en las primarias abiertas), pero al no haber habido competencia interna en su fuerza política, no recibió una legitimación de tipo partidaria. Cabe mencionar que si bien este candidato y esta agrupación política fueron los más votados en las PASO (y también en las elecciones generales nacionales), terminaron siendo derrotados en la instancia final de la segunda vuelta, produciéndose un atípico y poco deseable (Pérez Liñán, 2002) escenario de doble reversión del resultado inicial (Gallo, 2015).

Como vimos, el argumento de que las primarias operarían como una fuente de legitimidad se une con la idea de que los partidos que utilizan este instrumento para dirimir sus candidaturas obtienen un primary bonus que los posiciona por delante de los que presentan internas sin competencia. En la elección aquí estudiada, si bien lo obtenido a nivel presidencial podría ir en la dirección de ratificar esa hipótesis, esa situación habría tenido más que ver con lo expuesto el apartado anterior, que con la decisión de los electores de “premiar” a las fuerzas partidarias comparativamente “más democráticas” que sus congéneres. Por otro lado, a nivel legislativo, la gran mayoría de los partidos con primarias competidas retrocedieron en términos de apoyo electoral en los comicios generales (ver Tablas 2 y 5)³³; con lo cual aquí tampoco se ha observado un primary bonus ni, por ende, una legitimación hacia los ganadores de la primera instancia.

En relación a los aspectos constitutivos del empoderamiento ciudadano, pudimos observar que en las PASO de Cambiemos y de UNA hubo previsibilidad y ausencia de incertidumbre y de competitividad: en la primera, Macri obtuvo un contundente triunfo por sobre el contendiente radical y la postulante por la CC, y en la segunda, Massa sacó más del doble de votos que su contrincante interno. En efecto, en estos frentes, las primarias no han servido para elegir al postulante representativo de la posición ideológico-programática de la colectividad partidaria, sino para ratificar al candidato que había operado –individualmente- de factor de cohesión y aglutinamiento de elementos ideológicos y programáticos divergentes. En la interna del FIT, en cambio (la única competitiva de la jornada), se produjo el sorpresivo triunfo del joven y escasamente conocido Del Caño por sobre el líder histórico del Partido Obrero. A su vez, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los resultados obtenidos por el FIT en las PASO no fueron considerados –como habría sucedido hasta entonces- por los votantes genéricamente izquierdistas como pistas fiables para la toma de decisiones en las elecciones subsiguientes (Gallo, 2015).

Aquí también es pertinente señalar que el hecho de que los resultados electorales intermedios constituyan pistas para la acción, favoreciendo los cálculos electorales en las élites y en los electores, resulta -cuanto menosdiscutible como ventaja, en la medida en que esto implica que los votantes se van volviendo crecientemente más estratégicos y especuladores. Además, corresponde marcar que para que el comportamiento electoral de los votantes resulte consistente, una condición sine qua non es que las entidades partidarias sean internamente consistentes. Si el conglomerado político es artificial o un rejunte de ocasión que difiere de distrito a distrito, difícilmente los electores puedan tomar decisiones a largo plazo bien fundamentadas. Por ejemplo, en la elección a jefe de gobierno en la Capital Federal pudo advertirse la existencia de comportamientos contradictoriamente estratégicos en los electores, que podrían haber derivado en un dilema de acción colectiva irresuelto³⁴; lo cual ilustra que un votante puede ser estratégico, y no por ello, actuar de un modo instrumentalmente racional. En efecto, en elecciones de segundo orden (como las PASO) o en una instancia inferior del sistema político (como un comicio local), el elector racional no debería descuidar el propósito principal de generar el resultado más optimista para la instancia definitoria principal.

En realidad, en este intrincado proceso eleccionario se fue generando un círculo vicioso altamente perjudicial para el logro del objetivo propuesto: las alianzas se forjaron con el propósito de apuntalar a los mejor posicionados en la opinión pública; con lo cual las decisiones respecto de con quién concertar y en qué condiciones hacerlo, estuvieron sujetas a los vaivenes del humor popular, ya de por sí volátil e inestable³⁵. A su vez, la incorporación de nuevas reglas eleccionarias en distintos niveles de competencia, y la inconsistencia de los actores colectivos presentados en cada uno de ellos, ha tendido a dificultar el empleo de cadenas de razonamiento elaboradas por parte de los votantes, razón por la cual, muchos de ellos actuaron de modo cortoplacista, sin una comprensión abarcativa del proceso eleccionario en su conjunto.

Con respecto al objetivo de lograr igualación y transparencia en la competencia –que se refiere a uno de los temas que forman parte de la agenda permanente de la opinión pública, esto es la corrupción de la política- no logra tener una solución con esta reforma; particularmente por no explicitar el asunto referido a los recursos públicos y recursos privados. Además, la disposición de espacios gratuitos en medios de comunicación (Decretos 501/2013 y 577/2013) facilita la instalación de candidaturas individuales en la opinión pública, mostrando aspectos superficiales y poco trascendentes de las mismas. Para las fuerzas políticas nuevas y las alianzas de reciente conformación, la exposición mediática y el frenético despliegue publicitario sirven para darse a conocer ante un público masivo (mayoritariamente ascético y despolitizado), pero no les permiten exhibirse en su carácter de vehículos agregadores y articuladores de preferencias societales ni les posibilitan profundizar en cuestiones ideológicoprogramáticas de fondo.

Por todo esto, a partir de lo ocurrido a lo largo de esas elecciones, concluimos que difícilmente puedan lograrse todos los propósitos que se aspiraba alcanzar con la reforma; lo cual se agrava si se van agregando instancias electorales intercaladas en otros niveles del sistema político, con la participación de actores variables e inconsistentes.

Para concluir, en las elecciones de 2015 se pusieron de manifiesto problemas preexistentes (falta de representatividad de los partidos políticos), fallas no resueltas con la ley 26.571 (oferta excesivamente amplia, profusa e indefinida) y subproductos no deseados de la implementación de la misma (armado de coaliciones cruzadas, oportunistas y antinaturales). En suma, con esta ley no se pudieron paliar los inconvenientes que habían agravado, a su turno, la calidad de la democracia (Tullio y Álvarez Travieso, 2015); más bien a la inversa, vimos que al pautar un tipo de competencia despartidizada, territorial y personalizada, y recurrir a la totalidad de la ciudadanía para expedirse en ella, se terminó promoviendo la fragmentación, la inconsistencia interna, el oportunismo y la pérdida de relevancia de los partidos políticos en el marco de la competición política.

En la actualidad se está discutiendo en la Argentina una nueva reforma electoral, que mantiene intactos la mayor parte de los aspectos subrayados e incluso agrega nuevos inconvenientes. Esto deja abierto, entonces, un enorme campo para continuar con el análisis efectuado, considerando las conclusiones a las que aquí se ha arribado como premisas para generar una nueva agenda de investigaciones sobre la temática abordada.

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Notas