Las reformas electorales y los niveles de nacionalización en sistemas subnacionales de partidos: Antioquia, Atlántico, Santander y Valle, 1997 - 2011¹

Electoral reforms and nationalization of subnational party systems: Antioquia, Atlántico, Santander and Valle, 1997 – 2011

Dentro de los estudios que la Ciencia Política ha desarrollado en torno a los partidos políticos, han surgido diversas preguntas sobre la relación entre el territorio, el comportamiento partidista y la competencia electoral. Siguiendo esta línea, se han construido análisis dedicados a evaluar los niveles de nacionalización de los sistemas de partidos, con el propósito de obtener una mayor compresión en torno a la orientación del voto y la distribución de los apoyos electorales.

De manera general, se ha destacado la importancia de este fenómeno en la priorización de temas de orden nacional en la agenda legislativa, así como en la toma de decisiones para la creación de políticas y la distribución de los recursos fiscales. Lo anterior se debe a la influencia que ejerce el grado de nacionalización sobre el comportamiento político impactando en la creación de coaliciones y las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo (Lago-Peñas y Lago-Peñas 2010; Dosek y Freidenberg, 2013; Jones y Mainwaring 2003).

De igual modo, se ha encontrado que hay múltiples factores –institucionales, estratégicos y socioculturales– que pueden intervenir a la hora en que un partido tenga mayores o menores niveles de nacionalización, entre ellos, las normas a las que deben someterse los partidos en el terreno electoral (Dosek y Freidenberg, 2013; Cox, 1999; Cantú y Desposato, 2012). Esto último tiene gran peso a la hora de analizar la nacionalización en Colombia, considerando las diversas reformas electorales que han acaecido desde 1991 (Battle y Puyana, 2011; Leiras, 2010); por esto, el presente artículo se centra en analizar las variaciones en la nacionalización del sistema de partidos a partir de los eventuales cambios que pudo inducir la Reforma de 2003².

En este sentido se parte de considerar que dicha reforma ha representado un cambio en la forma de hacer política y de competir electoralmente. A manera de ejemplo, resulta conveniente destacar que la prohibición de la doble militancia y la instauración de listas únicas, llevaron a que las facciones de los partidos se reorganizaran en movimientos más institucionalizados de nivel nacional (algunos transicionales, personalistas o de una sola elección), en comparación con los que competían en la década de los noventa, situación que en conjunción con el establecimiento del umbral, redujo en el tiempo los partidos que podían competir electoralmente en este nivel. Contrario a lo ocurrido en lo nacional, los efectos del cambio normativo en lo local muestran un aumento de la fragmentación, probablemente, a causa de las diferencias en las características de la competencia de ambos niveles como, por ejemplo, el tamaño de la circunscripción (Bedoya y Arenas, 2015).

De lo anterior se desprende una desconexión entre el ámbito local y nacional que amerita ser valorada con mayor detenimiento. Así, en vista de que las investigaciones desarrolladas en Colombia sobre la nacionalización del sistema de partidos han tomado como unidad de análisis los resultados nacionales (Battle y Puyana, 2011; Leiras, 2010), se hace necesario hacer una lectura que muestre cómo se ha desarrollado esta problemática desde distintos niveles y tipos de elección. Por esta razón se pretende indagar cómo la Reforma de 2003 afectó la nacionalización de los partidos, influyendo en su organización y la manera en que compiten electoralmente, tomando como referencia el concepto de nacionalización vertical (Dosek, 2013) y aplicando la Medida de Congruencia de Gibson y Suárez Cao (2010) en cuatro sistemas subnacionales de partidos.

Los criterios para la selección de los casos aquí estudiados, se plantearon pensando en recolectar información de departamentos que tuvieran un peso electoral significativo dentro del sistema y que a su vez permitieran acercarse al fenómeno por fuera de lo que ocurre en la capital del país (Bogotá), por lo que finalmente, la delimitación territorial se circunscribió a Antioquia, Atlántico, Santander y Valle, ya que de acuerdo con los resultados electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, concentran aproximadamente el 33% del censo electoral y tienen el 26% de las curules en la Cámara de Representantes. Así mismo, el estudio se realiza teniendo las elecciones en las diferentes circunscripciones para corporaciones públicas (Concejo, Asamblea y Cámara).

Por último, es válido mencionar que el texto está compuesto por cuatro apartados. En el primero de ellos se proporcionan los referentes conceptuales útiles para comprender el problema de la nacionalización. El segundo ofrece una contextualización de las transformaciones que ha sufrido el sistema de partidos colombiano, concentrándose en su relación con las reformas políticas y electorales. En él se presentan las mediciones y se analizan los niveles de nacionalización en las unidades subnacionales seleccionadas para las elecciones de Asamblea, Concejo y Cámara desde 1997 al 2011. Finalmente, se esbozan unas breves conclusiones.

La nacionalización es un término de la ciencia política que ha llamado la atención de los académicos dedicados a estudiar los partidos y los sistemas de partidos desde, al menos, 16 años atrás (Dosek, 2013). Las mediciones de este fenómeno se han concentrado territorialmente en los Estados Unidos (Jones y Mainwaring 2003), aunque cada vez más surgen trabajos orientados a observar los niveles de nacionalización en Europa y América Latina, reevaluando los desarrollos conceptuales y metodológicos (Dosek, 2013). Esto ha hecho que no sea posible llegar a un consenso sobre qué es la nacionalización del sistema de partidos y de los partidos políticos, situación que se extiende a la construcción de una herramienta metodológica con la cual esta se deba medir. No obstante, la problemática ha sido abordada desde tres aristas principales, a saber: la conceptualización y la medición del fenómeno, el análisis de sus posibles causas y por último, la exposición de sus consecuencias (Dosek, 2013; Battle y Puyana, 2011).

Con referencia a la conceptualización se pueden identificar tres formas de nacionalización partidaria: nacionalización dinámica, horizontal y vertical. La primera de ellas hace mención a la similitud de los cambios en el voto entre dos elecciones a través de las unidades territoriales, estudiando el rendimiento electoral de los partidos a lo largo del tiempo. La segunda se encarga de la homogeneidad del apoyo electoral en las diferentes unidades territoriales, analizando las variaciones en la competencia partidista a través del territorio. Y por último, la nacionalización vertical (que constituye el sustento conceptual y metodológico del presente artículo) es aquella que apunta a examinar la similitud de los resultados electorales entre los diferentes niveles de competencia, es decir, analiza las dinámicas electorales entre los distintos tipos de elección, pretendiendo identificar la coordinación partidista multinivel (Leiras, 2010; Dosek, 2013; Schakel, 2013).

La novedad del estudio de la nacionalización vertical, denominada también como congruencia de partidos y del sistema de partidos (Dosek, 2013), es el cuestionamiento que hace a los trabajos clásicos que aseguran que el comportamiento partidista en el nivel distrital es una copia del nacional, idea que rezagó el entendimiento de la dinámica regional y local como espacio de toma de decisiones que se puede ver afectado por la cultura, la sociedad, la economía y la política territorial (Detterbeck y Hepburn, 2010; Schakel, 2013) independientemente de lo que suceda en otras instancias.

Esto último ha permitido hablar de la relación existente entre el comportamiento de los actores y la nacionalización. Por un lado, Detterbeck y Hepburn (2010) han señalado que dada la dificultad de los partidos en los sistemas multiniveles para coordinar sus acciones, mantener su estructura y a la vez responder las demandas que se hacen desde todos los niveles, han logrado definir tres formas organizativas: la primera es una estrategia catalogada como tradicional y consiste en mantener los vínculos verticales con los que el partido cuenta hasta el momento y a su vez, intentar coordinar los intereses regionales en medio de un contexto multinivel. La segunda, considerada modernista, consiste en tratar de construir nuevas estrategias de coordinación vertical que sean compatibles con los intereses regionales por medio de la concesión de cierto grado de autonomía a las unidades subnacionales. Y la última, denominada autonomista, permite una mayor autonomía de cada nivel del partido con el fin de obtener respuestas más eficaces a los desafíos de la competencia electoral en el ámbito regional.

Algo similar plantean Dosek y Freidenberg (2013), para quienes la decisión de los partidos de presentarse en todos los niveles y cargos o concentrarse solo en algunos, depende de la manera en que están distribuidos los centros de poder en su interior y la autonomía de sus élites políticas. Así, aquellos partidos cuyo centro de poder está enfocado en lo nacional optan por una mayor nacionalización partidista que les permita dirigir sus esfuerzos hacia electorados nacionales y regionales; mientras que partidos con diversos centros de poder y suficiente autonomía se enfocarán en las elecciones regionales, compitiendo sin necesidad de establecer sinergia con otras organizaciones presentes en niveles territoriales superiores.

Por otro lado, también se sostiene que hay factores externos a los partidos como las características socioculturales de la población y los institucionales (Dosek, 2013) que pueden afectar la coordinación partidista. Con relación a los primeros se ha establecido que las divisiones religiosas, lingüísticas, étnicas y nacionales afectan negativamente la coordinación de los partidos, haciendo que estos se enfoquen en las particularidades de lo subnacional debido a la heterogeneidad del electorado entre territorios (Bochsler, 2010; Lago y Montero, 2009; Escolar, 2011).

Mientras que con relación al diseño institucional, los debates se han enfocado en la influencia del tipo de Estado –unitario o federal–, de régimen –presidencial o parlamentario–, el grado de descentralización política y fiscal y el impacto que tienen las normas que rigen la competencia electoral sobre los niveles de nacionalización del sistema (Leiras, 2010). Así, se ha expuesto que los votantes otorgan mayor importancia al nivel de gobierno donde se toman las decisiones que más les interesan, por lo que cuando un estado es altamente centralizado, los electores tienden a concentrar su atención en las políticas nacionales, desincentivando el interés de los partidos en organizarse en los órdenes local y regional y contribuyendo a la formación de un sistema de partidos nacional (Bochsler, 2010; Lago Peñas y Lago Peña, 2010; Simón, 2013).

En el caso de la centralización fiscal, se ha dicho que los políticos se ven compelidos a buscar las oficinas de orden nacional, ya que allí se concentran la mayor cantidad de recursos disponibles, mientras que en el escenario de descentralización, buscarán ganar puestos regionales debido a que la distribución de los recursos se realiza entre los diferentes niveles territoriales (Lago Peñas y Lago Peña, 2010). No obstante, la relación entre la nacionalización y los niveles de centralización no siempre es concluyente, dadas las divergencias en los resultados que hay entre quienes la han estudiado (Leiras, 2010; Simon, 2013; Schakel, 2013).

En vista de ello se ha considerado que un cambio en las instituciones electorales y políticas puede generar transformaciones en la manera en que los partidos coordinan y organizan sus estrategias de competencia (Escolar, 2011), por lo que las alteraciones a las leyes y regulaciones de la contienda electoral conducirían a reformas dentro del sistema de partidos (Cox, 1999). A manera de ejemplo, hay que mencionar que una variación a la fórmula electoral, puede llevar a una modificación en las facciones, en las coaliciones, en la designación de candidatos y demás (Nohlen, 1994). Con ello, Cox (2004) sostiene que cuando las elecciones se desarrollan de manera simultánea, el partido busca mostrar coherencia ante el electorado, por lo que las principales estrategias serán centralistas; al igual que encuentran Deschouwer (2006) y Swenden y Maddens (2009) cuando argumentan que la separación de las elecciones regionales tiende a favorecer la autonomía regional del partido. Sin embargo estos no son los únicos factores institucionales que afectan la nacionalización del sistema, al menos en caso colombiano.

La Constitución de 1991 como mecanismo de ampliación democrática trató de consolidar un sistema más flexible que permitiera la emergencia de movimientos y partidos políticos desde diferentes sectores de la sociedad (Batlle y Puyana, 2013; Hoyos, 2005). Sin embargo, se debe tener presente que los incentivos normativos introducidos por ésta³ produjeron una serie de consecuencias que no fueron previstas en su diseño, como la institucionalización de la fragmentación de los partidos, en especial de los tradicionales, que condujo a una caótica competencia electoral entre facciones (Pizarro y Pachano, 2002; Batlle y Puyana, 2011; Gutiérrez, 2007).

Por ello, la Reforma de 2003 alentó a los movimientos y facciones existentes a reagruparse, como medida para frenar la hiperfragmentación que sufrió el sistema hasta 2002 (Batlle y Puyana, 2013). Para lo anterior, la reforma impuso que los partidos y movimientos que no superen el umbral del 2% de los votos válidos en Senado saldrían de competencia, lo que sumado a la implementación de listas únicas para las elecciones legislativas, el veto a la doble militancia, el régimen de bancadas y el cambio en la cifra repartidora, se convertía en un marco más estricto para la participación en política y para la creación de nuevos movimientos (Hoyos, 2007).

Adicional a lo anterior, se justificó el cambio de la fórmula Hare a la fórmula d'Hondt aludiendo a las distorsiones que la primera generaba en el reparto de curules, ya que muchas de ellas eran asignadas a través de los residuos y solamente unas cuantas listas lograban una cantidad de votos significativos como para poder superar el cociente de la cuota Hare. Entretanto, en favor de la fórmula d'Hondt se arguyó que tendía a beneficiar a los partidos fuertes y podría conducir a la agregación de movimientos con el fin de instituirse en fuerzas electorales con mayores posibilidades de éxito (Botero, 2006) y retrocediendo el fenómeno de la desagregación y dispersión electoral entre los partidos.

Así, algunos autores han encontrado que en este cambio normativo en especial el umbral y la reducción del número de listas, condujeron a una paulatina disminución en el número de etiquetas, pero un aumento del número de partidos que realmente cuentan en la competencia; ayudando, además, a la reducción de la fragmentación interna de los tradicionales (Batlle y Puyana, 2011; Hoyos, 2007; Puyana, 2012; Pérez, 2011).

Por obvias razones esto condujo a la transformación interna de los partidos y a la forma en que territorialmente se organizan para la competencia. Así, Batlle y Puyana (2011) muestran que la reforma logró ordenar la manera en que los partidos podrían permear en los territorios, haciendo mucho más homogénea la competencia en cada uno de ellos, es decir, logró nacionalizar (horizontalmente) el sistema con la presencia de partidos unificados después de 2003 en el nivel nacional.

Sin embargo, cabe decir que el sistema aún se encuentra en un proceso de reacomodamiento en torno a la última reforma y sus efectos parecen variar entre los diferentes niveles de competencia. A ello se refieren Bedoya y Arenas (2015), quienes, sin dejar de reconocer la preponderancia del acto legislativo en el ordenamiento del sistema de partidos de nivel nacional en la última década, arguyen que las estrategias empleadas por los partidos políticos para figurar en todos los niveles de elección distorsionan dichos efectos en el nivel municipal. De esta manera, antes de 2003 la asignación “indiscriminada” de avales permitida por las reglas de juego, ayudó a los partidos políticos a llegar a la mayoría de municipios y departamentos con múltiples competidores, logrando estructurar con estos apoyos las elecciones nacionales. El resultado final fue una nacionalización (vertical) del sistema de partidos. Por el contrario, posterior a la reforma, la depuración del sistema y la obligada reestructuración consecuente de las estructuras partidistas, conllevó a que muchos individuos para lograr permanecer en competencia implementaran diferentes estrategias (negociar, migrar de partido o crear el propio) que al final terminaron por desnacionalizar el sistema de partidos.

Con el fin de analizar las lógicas de competencia electoral y comprender los cambios que se han producido en los niveles de la nacionalización vertical a raíz de la Reforma de 2003, se recurrió a diferentes herramientas que permitieron observar los patrones electorales en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Valle y Santander. En primer lugar, se usó el Número Efectivo de Partidos (NEP) para describir qué tan (di) símil es la competencia entre niveles de elección en cada sistema subnacional por cada periodo estudiado. Posteriormente, se construyó un esquema que arrojó información sobre las modalidades de integración vertical de los partidos, clasificándolos de acuerdo a su presencia en las distintas circunscripciones y los votos que obtienen en ellas a través del tiempo. Y finalmente, se realizaron cálculos siguiendo la Medida de Congruencia de Gibson y Suárez-Cao (2010) para medir los niveles de nacionalización vertical en cada sistema subnacional.

En primer lugar, las diferencias en el NEP (Gráfico 1, 2, 3, 4) señalan que cada sistema subnacional es único, al igual que los efectos que tienen los cambios en las reformas políticas y electorales sobre ellos. Comparando los tres niveles de elección en cada departamento, Atlántico (Gráfico 1) es el que presenta menores diferencias en las dinámicas de competencia entre niveles antes de la reforma de 2003 (más nacionalizado), mientras que en los otros (gráficos 3 a 4) hay mayor ilación solo entre las elecciones locales y regionales (con poco más de dos partidos -los tradicionales-) y se presenta más volatilidad en las de Cámara con un aumento constante del NEP (que en algunos casos es superior a tres). Esta dinámica es fruto de la incursión de nuevos movimientos políticos, que logran posicionarse en algunos departamentos y niveles electorales como alternativa a los tradicionales (Gutiérrez, 2007).

Gráfica 1
Número Efectivo de Partidos en Atlántico, 1997 – 2011
Elaboración propia a partir de la base de datos de la Registraduría General de la Nación

Gráfica 2
Número Efectivo de Partidos en Antioquia, 1997 - 2011
Elaboración propia a partir de la base de datos de la Registraduría General de la Nación

Gráfica 3
Número Efectivo de Partidos en Santander, 1997 – 2011
Elaboración propia a partir de la base de datos de la Registraduría General de la Nación

Gráfica 4
Número Efectivo de Partidos en Valle, 1997 – 2011
Elaboración propia a partir de la base de datos de la Registraduría General de la Nación

De otro lado, la instauración de la lista única y la prohibición de la doble militancia en el 2003, se constituyeron en incentivos para que algunos candidatos –con suficiente capital electoral– optaran por crear su propio partido, permitiéndoles seguir en competencia y con posibilidades de obtener una curul sin ser subsidiarios de las etiquetas tradicionales. Lo anterior puede leerse en el crecimiento exagerado del NEP durante este año en todos los departamentos, evidenciando con sus diferencias entre niveles de elección una desconexión entre todos ellos, es decir, el sistema está menos nacionalizado en comparación con la década anterior (gráfico 1, 2, 3, 4).

En los años posteriores, fruto del reacomodo de los partidos, los resultados por departamento exhiben diferencias entre las distintas elecciones. Nuevamente, Atlántico tiende a una mayor ilación entre todos los niveles (es el más nacionalizado) pero con un aumento constante en la fragmentación (más movimientos en competencia). En Antioquia y Santander el NEP de Asamblea y Cámara parecen estar más ligados entre sí, y en esta ocasión las elecciones de concejo toman un rumbo propio con un aumento en la fragmentación. En Valle, por el contrario, el Concejo y Asamblea muestran una mayor conexión en la tendencia de la fragmentación (NEP), mientras que Cámara disminuye año tras año (gráfico 1, 2, 3, 4).

En conjunto, estos resultandos proporcionan pistas sobre la manera en que los partidos tratan de coordinar sus esfuerzos en el nuevo contexto institucional. Por ejemplo, la literatura ha rastreado que las elecciones a Cámara siguen las mismas lógicas que las de Senado, pues en todos los departamentos las primeras sufren la misma depuración de partidos que las elecciones de circunscripción nacional una vez instaurada la reforma. En este caso, se encuentra que en Atlántico, Antioquia y Santander este efecto se derrama hasta las elecciones de Asamblea, pero pierde fuerza en lo local, en donde hay una mayor fragmentación. Mientras que en el caso de Valle, esta situación se desvanece rápidamente, pues la fragmentación aumenta tanto en Asamblea como en Concejo.

Lo anterior enseña cómo la reforma crea una disociación de lo local con lo nacional, abriendo mayor espacio a la competencia en el primer nivel. De esto se infiere que, como señalan Bedoya y Arenas (2015), si bien la reforma ayudó a que a nivel nacional se descongelara el sistema de partidos y controlara en el tiempo la fragmentación, en el nivel local evidencia que la fragmentación de la política es mucho mayor de lo que se pensaba, pues quienes antes competían ordenadamente en las listas de las facciones de los tradicionales, ahora buscan nuevos partidos o crean movimientos (significativos de ciudadanos) para seguir en el ruedo político.

3.1. Estrategias de coordinación vertical en Antioquia, Atlántico, Santander y Valle 1997 - 2011

Los hallazgos encontrados a través del análisis del NEP son insuficientes para recrear un panorama detallado sobre los procesos de (des)nacionalización del sistema de partidos. Es por ello, que siguiendo la propuesta teórica de Detterneck y Hepburn (2010) para la coordinación en sistemas de partidos multiniveles, se establecieron tres categorías: la coordinación vertical (o estrategia tradicional) que corresponde a aquellos partidos que registran presencia en Asamblea, Cámara y Concejo de manera simultánea; la coordinación vertical media (estrategia modernista) que comprende a los partidos que participan en dos niveles de elección; y la no coordinación vertical (estrategia autonomista) que incluye a los partidos que participan únicamente en un tipo de elección.

3.1.1. Resultados y coordinación vertical antes de la Reforma de 2003

En Tabla 1 se observa que en todos los departamentos el porcentaje de partidos con una coordinación vertical alta es menor que el porcentaje de partidos en las demás estrategias (ver fila 1998-2000)⁴. A pesar de ello, estos lograron capturar un número significativamente mayor de votos que sus competidores, con una concentración superior al 80% en todos los niveles. Este es el caso de los tradicionales, que fragmentados a través de múltiples listas permearon en todos los territorios (Battle y Puyana, 2011; Bedoya y Arenas, 2015) y de algunas terceras fuerzas que lograban estructurarse en el nivel nacional⁵.

Por su parte, los partidos con una coordinación vertical media también son pocos y se identifican entre ellos movimientos con diversas pretensiones electorales. Por un lado, están aquellos con aspiraciones nacionales que usan nichos políticos locales para su cometido, presentando listas a concejos y Cámara⁶; y por otro, movimientos que coordinan sus esfuerzos solo regionalmente presentando listas a Asamblea y concejos⁷. De todo lo anterior, vale la pena resaltar que esta estrategia no dio muchos resultados en términos electorales en ningún departamento en comparación con los votos obtenidos por los tradicionales y, además, que ningún partido presentó listas sólo en la circunscripción departamental (Cámara y Asamblea).

Finalmente, están los partidos desintegrados verticalmente. Estos son aquellos movimientos que pueden denominarse como independientes y que fueron creados en la apertura política de 1991. Entre ellos, se identifican tres tipos: primero, los nacidos en el centro del país que intentaron explorar nuevos territorios a través de las elecciones a Cámara⁸; segundo, los que desde lo local trataron de llegar a las instancias nacionales⁹; y por último, los partidos con intereses específicos en los municipios que presentaron listas solo a concejos¹⁰. Dos anotaciones pueden salir de este tipo de partidos: primero, que no tuvieron un significativo éxito electoral en términos generales, salvo en algunas municipalidades donde eran la mayoría¹¹; y segundo, que ninguno optó por competir solo en la Asamblea.

Con la evidencia anterior, se puede inferir que los municipios fueron de gran importancia para la coordinación electoral. Primero, porque el número de listas en este nivel superó ampliamente las que se presentaron a Cámara (dos a uno) y Asamblea (tres a uno) permitiendo aglomerar las bases de los partidos; segundo, porque aquellos partidos con una integración vertical media dieron preferencia a este nivel, aun cuando en términos logísticos pudieron coordinar Cámara y Asamblea más fácilmente ya que comparten la misma circunscripción y, por último, porque aquellos partidos con integración vertical alta, presentaron mayor número de listas en cada municipio que en otros niveles, igualmente, como forma de ordenar las masas.

Tabla 1
Coordinación vertical en Antioquia, Atlántico, Santander y Valle antes de la Reforma de 2003

Elaboración propia a partir de la base de datos de la Registraduría General de la Nación

Tabla 2
Coordinación vertical en Antioquia, Atlántico, Santander y Valle durante la aplicación de la Reforma de 2003

Elaboración propia a partir de la base de datos de la Registraduría General de la Nación

Tabla 3
Coordinación vertical en Antioquia, Atlántico, Santander y Valle después

Elaboración propia a partir de la base de datos de la Registraduría General de la Nación

3.1.2. Replanteando la coordinación electoral: la aplicación de la reforma (2002- 2003)

Aunque el culmen de la fragmentación política en el país fue en las elecciones a Cámara de 2002 (en estas elecciones se presentaron 50 o más partidos y movimientos en todos los departamentos aquí estudiados), algo de esta logró llegar hasta las elecciones regionales de 2003 después de la aplicación de la reforma, siendo mucho más notable en los concejos municipales que en Asamblea (más de 40 etiquetas distintas entre todos los departamentos). Esto quiere decir, que los efectos del cambio normativo no fueron inmediatos en la eliminación de este fenómeno.

Sin embargo, la reforma sí tuvo efectos sobre la coordinación electoral de los partidos y obviamente sobre la manera en que se daba la competencia en cada uno de los niveles aquí estudiados. Aun con las diferencias entre departamentos en la composición porcentual de los partidos según el tipo de coordinación (ver tabla 2), el efecto general de la reforma es un aumento de la capacidad electoral de aquellos que priorizan las elecciones regionales y locales a costas de los de integración vertical alta.

De esta manera, los partidos tradicionales y las terceras fuerzas que habían logrado consolidarse en todos los niveles, cedieron terreno ante el nacimiento de movimientos creados por sus disidencias¹², que en la mayoría de los casos tenían un gran caudal electoral regional que les posibilitaba coordinar las elecciones a los Concejos y/o Asambleas y por tanto, proyectar en el tiempo dichos movimientos (transicionales) como alternativa los partidos Liberal y Conservador. También entraron en escena, pero en menor medida, movimientos de carácter municipal que no participaron en el orden establecido por los anteriores, pero que sin duda ayudaron a sus fundadores a permanecer en escena (de una sola elección)¹³.

De esta manera, si se confrontan las tablas uno y dos, se podrá observar cómo los partidos de coordinación vertical alta pierden votos en las elecciones de Asamblea y Concejo en comparación con el periodo anterior, mientras que los partidos de coordinación media comienzan a capturar una masa importante de votos en estas mismas elecciones y los partidos sin coordinación hacen lo mismo pero sólo en Concejo.

En suma, estos cambios en la coordinación electoral, evidencian la ruptura inmediata que causó la instauración de la lista única sobre la forma en que se ordenaban la multiplicidad de facciones de alcance regional y local bajo el mismo sello partidista (los efectos de otros cambios como la fórmula electoral y el umbral se visibilizarán en las elecciones posteriores), reiterando que las estrategias de cambio de camiseta y la creación de nuevos movimientos (transicionales o de una sola elección) fue la manera en que muchos actores evadieron la depuración inicial del sistema.

3.1.3. El acoplamiento de los partidos a la reforma (2006-2011): el rompimiento con lo local.

Después del golpe al tablero que dio la reforma a la coordinación de los partidos, el acoplamiento de los mismos a las nuevas condiciones no se produce de manera inmediata. Entre 2006 y 2007 muchos de los transicionales lograron penetrar en todos los territorios seleccionando listas en todos los niveles, aumentando con ello la cantidad de partidos con una coordinación vertical alta (ver tabla 3). Sin embargo, por efectos del umbral, este porcentaje se redujo considerablemente para las elecciones siguientes, ya sea porque algunos movimientos se fusionaron para hacer frente a esta medida (como Alas y Equipo Colombia y la fusión de diversos partidos progresistas con Verde Oxígeno o con el Polo Democrático Independiente que dieron origen el Partido Alianza Verde y El Polo Democrático Alternativo) o por la desaparición de muchos otros. Adicionalmente, los resultados muestran que esta depuración de partidos significó un aumento en la capacidad electoral de los partidos con integración vertical alta que vuelven a acaparar más del 80% de las votaciones en todos los niveles, pero en un escenario con menor fragmentación.

Como consecuencia de lo anterior y en comparación con el primer año de la reforma, el porcentaje de partidos de coordinación vertical media disminuyó considerablemente en estos mismos años, al igual que la cantidad de votos que obtuvieron estos partidos en los ámbitos regionales (Asamblea y Concejo). Este es un resultado importante, ya que muestra que la consolidación nacional de las facciones regionales dejó un espacio vacío que no ocupó ningún partido.

Sin embargo, todo lo contrario sucede con los partidos sin coordinación vertical. El aumento del porcentaje en esta categoría, es el proceso de acomodamiento de todos los actores políticos en los ámbitos municipales, los cuales parecen multiplicarse. Con relación a ello, puede mencionarse que la eliminación de las múltiples listas por partido y la depuración que hizo la aplicación del umbral, dejó muchos actores por fuera de la institucionalización que se da en el ámbito nacional, cuya única alternativa para seguir en el ruedo político fue la creación de movimientos locales para una sola competencia, fenómeno que a pesar de no tener muchos réditos electorales les ayuda a acceder a curules en los concejos que se multiplican en el tiempo. En suma, lo que hizo la reforma de 2003 fue aumentar la fragmentación a nivel local (o evidenciarla), alejando este nivel del regional y el nacional.

3.2. Calculando la nacionalización vertical en Antioquia, Atlántico, Santander y Valle 1998-2011

Haciendo uso de la Medida de Congruencia de Gibson y Suárez-Cao (2010) se calcularon los niveles de nacionalización vertical en cada uno de los sistemas subnacionales analizados¹⁴. De esta forma, se agruparon en pares los tipos de elección con el fin de apreciar los efectos de la norma para los diferentes niveles (Asamblea–Cámara, Concejo–Cámara y Concejo-Asamblea).

Los resultados de estos cálculos se muestran en las Gráficas 5, 6 y 7. Allí se evidencia que antes de la reforma hay una mayor nacionalización vertical en cada departamento con respecto a los periodos siguientes (esto indica un menor valor del indicador). Esto es consecuente con la modalidad de coordinación de este periodo por parte de los partidos con mayor votación: partidos políticos de alcance nacional con múltiples centros de poder regionales y locales que podían coordinarse a favor de la estructura partidista haciendo uso de las normas electorales sin perder la membresía del partido; algo característico y predominante entre los tradicionales de entonces.

Por su parte, la puesta en marcha de la reforma se convierte en el punto de inflexión del comportamiento partidista, ya que con ella la nacionalización se reduce considerablemente, aunque con notables diferencias entre departamentos. En los años siguientes, las elecciones de Asamblea-Cámara recuperaron sus niveles de congruencia con más facilidad que las de Concejo-Cámara y Concejo Asamblea. Por una parte, esto da cuenta de una mayor congruencia entre los niveles más altos de elección, probablemente por el nacimiento de nuevos movimientos de gran capacidad electoral (transicionales) y porque estas elecciones comparten la misma circunscripción. Por otra parte, esto también expone una mayor autonomía política y electoral de los actores locales que compiten por las curules de los Concejos Municipales (Bedoya y Arenas, 2015).

Gráfica 5
Medida de Congruencia en las elecciones Asamblea y Cámara de Representantes. Antioquia, Atlántico, Santander y Valle, 1997 – 2011
Elaboración propia a partir de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Gráfica 6
Medida de Congruencia en las elecciones Concejo y Cámara de Representantes. Antioquia, Atlántico, Santander y Valle, 1997 – 2011
Elaboración propia a partir de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Gráfica 7
Medida de Congruencia en las elecciones Concejo y Asamblea. Antioquia, Atlántico, Santander y Valle, 1997 - 2011
Elaboración propia a partir de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Sin embargo, entre sistemas subnacionales este fenómeno no es homogéneo. Si bien, en todos los departamentos la congruencia entre Asamblea y Cámara es casi perfecta (Gráfico 4), en el nivel local no se hallan similitudes tan evidentes. En Atlántico, el alejamiento de Concejo con Asamblea y Cámara es apenas perceptible en comparación con los demás casos (Gráficos 5 y 6), aunque tiende a crecer entre elecciones. Por su parte, en Antioquia y Santander se presenta una tendencia contraria: con el paso del tiempo la congruencia entre Asamblea y Concejo aumenta. Mientras que en Valle, las tendencias no son claras en ninguno de los tipos de congruencia estudiados.

Lo anterior muestra que aun cuando hay evidencia que las normas tienen un efecto común sobre la coordinación partidista (aumento de la fragmentación y el alejamiento de las dinámicas locales), no es un factor tan preciso para predecir la magnitud de dichos cambios en cada uno de los casos y niveles, señalando que es necesario tener en cuenta para su estudio otras variables como el grado y tipo de fragmentación política, el tamaño de la circunscripción, número de municipios en el departamento y las reacciones de los actores frente a los cambios normativos para el planteamiento de sus estrategias, con el fin de llevar estos análisis al ámbito subnacional con mayor precisión.

El presente artículo se ha cuestionado por las transformaciones que pueden sufrir los sistemas de partidos con la introducción de un cambio en las regulaciones políticas y electorales de una nación. En este sentido, surgió una preocupación por el comportamiento partidista frente a determinados estímulos institucionales, específicamente por las respuestas de los actores políticos y el desarrollo de diversas estrategias de supervivencia en un nuevo contexto normativo.

Con esto en mente, se realizó un acercamiento a las diferentes modalidades de coordinación utilizadas por los partidos y se observaron las variaciones en el Número Efectivo de Partidos y los niveles de nacionalización vertical a partir de la congruencia entre las elecciones de Cámara, Asamblea y Concejo desde 1997 al 2011. Para esto, se adoptó un enfoque multinivel que llevó a considerar a los departamentos de Antioquia, Atlántico, Santander y Valle como sistemas subnacionales que pueden presentar características diferenciadas del ámbito nacional.

A través de dicho acercamiento, se observó que los comportamientos partidistas mutaron a lo largo del tiempo debido a las predicciones que realizaron los partidos (o sujetos de partidos) en torno a sus acciones y las de otros movimientos, por lo que el sostenimiento o cambio de una estrategia dependió de los frutos electorales que la misma proporcionó. En este sentido, se advirtió que el contexto institucional producto de la Constitución de 1991 otorgó mayores alicientes para el fomento de la coordinación entre niveles de elección. De esta forma, los bajos umbrales para la creación de partidos, la posibilidad de que un movimiento tuviera múltiples listas y la favorabilidad que ofrecía la cuota Hare llevaron a que los partidos establecieran sinergias con diferentes niveles de elección para maximizar las curules que se podrían obtener (Bedoya y Arenas, 2015), conduciendo a una congruencia partidista y a una coordinación vertical alta de los partidos tradicionales, que de acuerdo con los resultados del NEP, eran aquellos que efectivamente contaban dentro de la competencia.

No obstante, las restricciones dentro de la Reforma de 2003 produjeron un cambio en el comportamiento partidista que afectó negativamente la congruencia entre elecciones. La instauración de medidas restrictivas como el umbral electoral, la lista única por partido, la prohibición de la doble militancia y la llegada de la fórmula d'Hondt, llevaron a la creación de partidos cuyo fin era permitirles a los políticos seguir en el juego electoral bajo otros membretes. Con este panorama de por medio, se generó una mayor congruencia entre las elecciones de Cámara-Asamblea, a las cuales sólo podían acceder movimientos fuertes dado el tamaño de la circunscripción. Adicionalmente, los resultados de Concejo-Cámara y ConcejoAsamblea, mostraron una baja congruencia, aspecto que reveló que el ámbito municipal cobró autonomía en relación a los otros niveles de elección y se reposicionó como escenario de competencia electoral para los candidatos cuyo caudal electoral se centraba solo en este nivel pero con capacidad de establecer sus propias dinámicas partidistas (Bedoya y Arenas, 2015). Esto último se acerca a la estrategia autonomista de integración vertical propuesta por Detterneck y Hepburn (2012).

En igual medida, se observó que a pesar de la baja congruencia en Concejo-Cámara y Concejo-Asamblea después del cambio normativo, hubo matices entre los diferentes sistemas subnacionales. En ambos esquemas, de 2006 a 2011, Atlántico fue el departamento que ostentó más congruencia, aunque sus niveles siguieron siendo bajos al compararlos con los obtenidos antes de 2003, lo cual coincide con la ilación en los resultados del NEP por tipos de elección; mientras Valle fue el departamento con menor congruencia. Lo anterior prueba que pese a existir una tendencia en los resultados, la reforma afectó de manera diferenciada a cada territorio estudiado, debido en parte, a las particularidades que en términos políticoestratégicos y socioculturales se presentan en ellos, por lo que para comprenderlas en profundidad en cada caso, resulta necesario abarcar aspectos como el tamaño de la circunscripción, la cantidad de facciones de un partido, la organización interna, el número de municipios de cada departamento, el tamaño del censo electoral, entre muchos otros factores.

Después de la Reforma de 2003, se hizo notorio que los departamentos se convirtieron en el enlace que conecta los ámbitos regional y nacional a la hora de coordinar esfuerzos partidistas. Por su parte, lo local se separa de los otros niveles de elección y cobra vida propia, aspecto que se evidencia tanto en el incremento en el porcentaje de partidos dentro de la estrategia de desnacionalización vertical como en los resultados de la medida de congruencia.