Introducción

A la politología venezolana y por ende a varios politólogos venezolanos les ha correspondido la tarea de abordar la problemática que viene experimentado Venezuela en el seno de su sistema democrático, su entramado institucional y legal, el avance de la llamada revolución bolivariana no es inerme sino que ha producido un deterioro en el funcionamiento de la democracia, si bien es cierto en el pasado cercano los exceso de partidismo afectaron el funcionamiento y la propia gobernabilidad democrática en Venezuela, no es menos cierto, que el país andino viene presentando una merma importante de su democracia, procedimientos, actores y desempeño.

Diversos autores han reflexionado alrededor de la democracia, ciertamente la democracia constituye un ideal que pretende la libertad y la igualdad de los seres humanos. Ese ideal pretende hacerse efectivo, en la práctica, a través de un conjunto de normas e instituciones específicas, dando origen así a modernos sistemas políticos democráticos. Si bien la democracia como régimen y ordenamiento político, al igual que como ideal de libertad e igualdad de nuestros ciudadanos, se presenta en nuestros días como un valor aceptado integrante de nuestra cultura política democrática en el contexto global, no es menos que los anhelos y promesas de la democracia en América Latina y particularmente en Venezuela chocan y se contradicen con la realidad, incertidumbre y deterioro de nuestros niveles de vida y de ciudadanía. La preocupación por la democracia se observa en nuestros días y en los más variados predios académicos, particularmente en las investigaciones en curso, foros y congresos y en las más diversas publicaciones¹.

Reflexionar sobre la democracia en América Latina hoy en día, significa necesariamente comprometerse con la reflexión acerca de las nuevas realidades y desigualdades sociales y políticas. En este sentido, nos acogemos a la inquietud de algunos autores que abordan la cuestión democrática², tanto a nivel global como de América Latina, sostienen la imperante necesidad de repensar la democracia y con ella sus instituciones, actores, proyectos y prácticas. Hemos señalado que si la democracia es el producto resultante de la dialéctica existente entre los hechos (realidades) y los valores (ideales); los grandes autores y pensadores del siglo XX, desde Norberto Bobbio a Giovanni Sartori, de Robert Dahl pasando por David Held hasta Arend Lijphart nos recuerdan que una democracia sin valores es una democracia a la deriva, una democracia inerme, incapaz de generar los anticuerpos y correctivos necesarios para responder a las amenazas latentes y desafíos del presente y futuro de nuestros pueblos. Porque el resurgimiento de mesianismos y populismos de diverso cuño amenazan no sólo a la democracia, sino que su acción pone en entredicho los contenidos y procedimientos de esta última en tanto proyecto de orden social.

La gobernabilidad democrática dentro del funcionamiento del Estado hace alusión a una situación en la que de acuerdo con Manuel Alcántara Sáez concurre un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno de carácter medio ambiental o intrínsecas a este, es decir, un estado o situación en la que quedará asegurada en la medida en que un gobierno pueda simultáneamente mantener legitimidad y promover al mismo tiempo desarrollo socioeconómico, es decir la eficiencia. Por su parte la socióloga dominicana sostiene que la gobernabilidad refiere a la capacidad del gobierno de mantener un determinado orden político con un nivel aceptable de legitimación. Para Victoria Camps la gobernabilidad significa la capacidad fáctica de gobernar, independientemente de cuál sea la actuación del gobierno o cuáles los elementos que tenga en su mano para no perder el poder adquirido. Finalmente Gúnther Maihold precisa que el énfasis que hoy en día se le da a la discusión de la gobernabilidad ya presenta un avance en las agendas nacionales, al aceptar los gobiernos que su propio quehacer no solamente puede descansar en la legitimidad electoral alcanzada con el voto popular, sino que se necesita sustentar cada día de nuevo con base en planteamientos y políticas originadas en acuerdos de mayor profundidad con la sociedad civil³.

E n ese sentido los problemas estructurales que han llevado y producido la crisis y déficits de la democracia en Venezuela están incubados en la década de los noventa en el siglo XX y reproducidos posteriormente, muchos persisten en el país e incluso se han profundizado con la llegada y gobierno del presidente Chávez y posteriormente Nicolás Maduro, entre ellos, desigualdad social, fragilidad de los partidos y del sistema de partidos, pobreza, inflación, desempleo, precariedad del Estado de derecho, riesgo país, estancamiento y una manifiesta incapacidad por parte del Estado venezolano de cumplir con sus objetivos fundamentales, incluyendo aspectos transcendentales como la observancia de la Constitución como norma suprema y vigencia del Estado de derecho.

Venezuela lamentablemente acusa posterior al fallecimiento del presidente Hugo Chávez una primera transición y elección con el presidente Nicolás Maduro en 2013, de lo cual se desprenderá un proceso sostenido plagado de distorsiones económicas, devaluaciones, expropiaciones de tierras y empresas, estatizaciones, dependencia de las importaciones, controles de precios, controles cambiarios, escasez de los productos básicos de primera necesidad, inseguridad, violencia, aspectos estos que potenciaron y dispararon una protesta que se inició en los primeros días del mes de febrero 2014 hasta finales de junio del mismo año en algunos estados del país, básicamente por parte de estudiantes universitarios y que se proyectó como una protesta nacional donde intervienen productores, amas de casa, padres de familia, estudiantes, líderes comunales, con paralización de actividades, paros universitarios, tomas cívicas, volanteos, cierres de calles, barricadas, marchas multitudinarias, la detención de líderes de la oposición venezolana, detención y destitución de alcaldes, parlamentarios, aunado a la represión de la población por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos la policía nacional, la guardia nacional, aunado a la presencia de colectivos armados o irregulares armados con un saldo nefasto en materia de detenciones, juicios abiertos, tortura, fallecidos y demás.

1. Las distorsiones de la democracia en Venezuela

No hay la menor duda que el año 1998 marcará un hito histórico y político en la historiografía venezolana. Pudiésemos hablar de un parte aguas en el sentido en que el sistema político experimentará un proceso de mutación y transformación en cuanto a sus actores, al modelo político y posteriormente incluso la promulgación de una nueva Constitución.

Por consiguiente, para la ciencia política, la historia, el derecho y demás disciplinas, el proceso de cambio iniciado con la elección del presidente Chávez en diciembre de 1998 representará enormes desafíos, repetimos por la envergadura de las dinámicas y de los cambios, no es sólo el acentuado declive de los actores tradicionales en Venezuela, sino además, la emergencia de nuevos actores, códigos, pautas de acción política, y hasta un nuevo marco jurídico y político en 1999 en la Constitución Bolivariana de Venezuela.

De tal manera que el país inició en 1998 una nueva etapa o periodo. Opiniones encontradas hay entre quienes señalan que se buscó profundizar a la democracia haciéndola participativa y protagónica, y quienes argumentan con elementos de peso que la democracia en términos institucionales, procedimentales, incluyendo la propia infraestructura empresarial, capacidad productiva, andamiaje jurídico ha retrocedido significativamente junto a un deterioro del proceso de descentralización político administrativa y del avance de las regiones fortaleciendo nuevamente el centralismo característico de décadas anteriores⁴.

La gran paradoja que registramos en Venezuela estriba en que es el propio Estado y el gobierno del presidente Chávez el propulsor de una serie de Derechos incorporados y consagrados en la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, y en ese mismo orden de ideas, es el Estado venezolano y el gobierno de Chávez el primero en irrespetar el régimen de derechos humanos y libertades desde el momento en que los mismos han sido menoscabados de forma reiterada en estos últimos años.

Lo que Venezuela registra en los últimos años es un franco deterioro del Estado de Derecho, en palabras de José Román Duque Corredor asumiríamos que “el Estado de derecho no es solo la sujeción de los poderes públicos a la Constitución y la Ley, sino la posibilidad de controlar efectivamente la constitucionalidad y el funcionamiento institucional de los poderes públicos, para darle operatividad a la Constitución. Y, Estado de Justicia es el orden justo y equilibrado que debe generar la institucionalidad del Estado de derecho en la sociedad, principalmente a través del respeto de la dignidad de la persona y de la garantía universal y de la preeminencia de los derechos humanos” (2006, p. 342).

En varios de los informes ejecutivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la democracia y los derechos humanos en Venezuela años 2013 y 2014 se desprenden entre otras cosas que: en el informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela la Comisión analiza la evolución de los derechos humanos en el Estado a partir de información recibida durante los últimos años a través de sus diversos mecanismos de protección, como son el sistema de casos, la celebración de audiencias, la adopción de medidas cautelares, la solicitud de medidas provisionales a la Corte, la inclusión en el capítulo IV de sus informes anuales y la emisión de comunicados de prensa. Asimismo, la Comisión fundamenta su análisis en información enviada por el Estado de Venezuela en atención a solicitudes de la Comisión, en la respuesta del Estado al cuestionario sobre la situación de derechos humanos en Venezuela recibida en agosto de 2009 y posteriormente, en información aportada por el Estado a la Comisión en el marco de sus audiencias, así como también en información pública disponible. El informe consta de 54 observaciones sobre violaciones reiteradas derechos humanos, libertades y demás en algo más de trescientas páginas.

Venezuela exhibe con preocupación lo que Duque Corredor (2006) califica como estado de cosas inconstitucional, para referir fundamentalmente en la óptica de dicho autor una situación caracterizada por la repetida omisión y acción generalizada de los poderes públicos, respecto de la falta de protección de las libertades y derechos fundamentales de las personas y de la garantía de la independencia y de la no-intromisión de los poderes. Y que supone el desconocimiento sistemático de principios básicos como el de la supremacía de la Constitución, el de la separación de poderes, el de la inviolabilidad de los derechos humanos y el de la autonomía y especialidad de los jueces y del reparto constitucional del orden jurisdiccional.

Los venezolanos hemos podido constatar cómo el actual gobierno ha venido acelerando un proceso de sustracción de valores, prerrogativas, poderes constituidos, competencias, espacios y demás, con daños relevantes en términos de institucionalidad, Estado de derecho y calidad de democracia. Esos daños se derivan cuando el gobierno aprueba instrumentos jurídicos, leyes, decretos y fundamentalmente acciones que se apartan de la letra y espíritu de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, se invade, confisca, expropia y demás a la propiedad e iniciativa privada, sin justificación y desconociendo el debido proceso, estas directrices y acciones no tienen soportes técnicos y jurídicos sino estrictamente político e ideológicos, no sólo no figuran ni aparecen amparadas en la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, sino además constituyen el más nefasto precedente de desconocimiento de derechos, libertades y garantías constitucionales⁵.

Los venezolanos estamos presenciando el deterioro paulatino y sostenido del régimen de libertades contemplado en la Constitución de 1999, aunado a ello, registramos una régimen que persigue, criminaliza a quien piense distinto, la autonomía de los poderes es algo meramente formal, no se observa ni se respeta la Constitución como Ley Suprema, y se vulnera la propiedad privada entre otros aspectos que destacan.

Carlos Blanco (2002) en un estudio de hace algunos años de forma preclara haciendo una síntesis apretada de los aspectos más emblemáticos de la revolución destaca:

1. 1. Control de las ramas del poder público: produciéndose una alineación de los cinco poderes públicos al servicio de la revolución;
2. 2. Militarismo: el régimen muestra como nunca antes una exagerada presencia de oficiales de las fuerzas armadas nacionales ya sea en condición de actividad o de retiro, en toda la administración pública, cancillería y demás cargos;
3. 3. Caudillismo: como valor social, como expresión basada en el culto a la personalidad y al líder;
4. 4. Centralismo: no sólo se ha promovido una redistribución del poder sino una concentración del mismo tanto en lo institucional, lo financiero (situados) como en lo territorial en manos del poder ejecutivo relegando poderes y autoridades locales.

Si tuviésemos que caracterizar la última década diremos que el sistema político venezolano mostrará entre otros rasgos: la supeditación de la Fuerza Armada más que al país a un proyecto político especifico, la promoción de una educación ideologizada, la participación popular subordinada a los designios del Ejecutivo, la ampliación de la cobertura comunicacional estatizada en radio prensa y televisión, la concentración del poder central a partir del manejo casi absoluto y discrecional de los recursos financieros públicos en detrimento del proceso de descentralización y, finalmente, el despliegue de mayores esfuerzos por controlar el aparato económico nacional y hacerlo más dependiente del Estado⁶ a través de la promulgación de diversas leyes y decretos.

2. El martirio venezolano y la violación de la CNB de 1999

Varios historiadores, sociólogos, politólogos y juristas se han detenido a evaluar dentro de la crisis de Venezuela, los aspectos referidos a la violación de la Constitución, el tema militar, la concentración de los poderes, la transparencia, periodicidad y confiabilidad de las elecciones entre otros. Las pretensiones de modificación de los poderes, atribuciones y demás han sido una constante en la llamada Revolución Bolivariana. Particularmente en relación al Proyecto de Reforma Constitucional que fue negado por parte del pueblo en las elecciones del 2 de diciembre de 2007, merece señalarse que contenía profundos cambios:

En primer término dicho proyecto busco transformar el Estado Federal Descentralizado en un Estado Centralizado. Es decir, mayor concentración del poder bajo la ilusión del poder popular, creando esta última instancia no contemplada en la Constitución Bolivariana de Venezuela, trastocando poderes e instancias y fomentando a los Consejos Comunales. En segundo término, transformar el Estado Federal Descentralizado y de Justicia en un Estado Socialista, que implicaba la eliminación de la libertad económica y de la iniciativa privada o al menos la limitaba abiertamente, así como restringir la propiedad privada, dándosele al Estado la propiedad de los medios de producción y la planificación centralizada entre otros rasgos. Finalmente, en el Proyecto de Reforma Constitucional se persiguió como de hecho ha sido el transformar el Estado venezolano edificándolo sobre el excesivo papel de la Fuerza Armada Nacional convertida en Fuerza Armada Bolivariana, sometida al Jefe de Estado con la reciente Reforma a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFAN).

Alan Brewer-Carias (2007, pp. 13-14)⁷ ha precisado algunas de las transformaciones o modificaciones que planteaba el Proyecto de Reforma Constitucional se pueden establecer en siete partes:

1. 1. Cambios en los principios fundamentales de la organización del Estado, que buscan transformar el Estado democrático descentralizado en un Estado Socialista centralizado.
2. 2. Cambios en el sistema político, que buscan transformar la democracia representativa en una supuesta participación popular conducida por el Poder Central.
3. 3. Cambios en la forma del Estado, que buscan eliminar definitivamente los vestigios de Federación centralizada mediante centralización total del Estado.
4. 4. Cambios en la organización del Poder Nacional, que buscan acentuar el presidencialismo.
5. 5. Cambios en la Constitución económica, que buscan transformar un Estado social y promotor de la economía mixta, en un Estado socialista de economía estatal centralizada y confiscatoria.
6. 6. Cambios en los derechos laborales: una reforma “constitucional innecesaria”.
7. 7. Cambios en el régimen de la Fuerza Armada, que buscan transformar el Estado civil en un Estado militarista.

El 2 de diciembre de 2007 se realizó la consulta de la Reforma Constitucional propuesta por Chávez y la propia Asamblea Nacional para transformar la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999. Fue la primera derrota que la sociedad venezolana le propinó al proyecto cambio de rumbo histórico, legal e institucional del presidente Chávez.

Dentro de los aspectos más polémicos de la Reforma Constitucional figuraban las modificaciones de:

• Los artículos 185, 225, 236, 251 (CBRV) significaban la centralización del poder en manos del Presidente y del Estado y revertían el anterior proceso de descentralización mediante el reordenamiento político del territorio nacional.

• El artículo 230 (CBRV) que permitía la reelección indefinida del Presidente y la extensión de su respectivo mandato de seis a siete años.

• La politización de la Fuerza Armada Bolivariana al referirse a un “cuerpo esencialmente patriótico, popular y antiimperialista” artículo 328 (CBRV).

• La militarización según el artículo 11 (CBRV) que permitía al Presidente “decretar Regiones Estratégicas de Defensa (...) en cualquier parte del territorio”.

• Una “nueva geometría del poder” basada en “Consejos del Poder Popular”, en Comunas, “células sociales” o “formas de agregación comunitaria”.

• El artículo 299 (CBRV), que creaba un régimen socioeconómico fundamentado en los principios“ socialistas, antiimperialistas” y protagonizado por el Estado en el cual, según el artículo 112 (CNB), preponderaban los “intereses comunes sobre los individuales”.

• El artículo 158 (CBRV), que creaba una “Democracia Socialista” basada en la “participación protagónica del pueblo” y los órganos del “poder popular”.

• El artículo 141 (CBRV), que incluía las “Misiones” creadas por Chávez como parte de la Administración Pública.

• El artículo 152 (CBRV), que declaraba al Servicio Exterior como una “actividad estratégica del Estado” y establecía la orientación de la política exterior hacia “un mundo pluripolar, libre de la hegemonía de cualquier centro de poder imperialista, colonialista o neocolonialista”.

• El artículo 153 (CBRV), plantea el proyecto latinoamericano “gran nacional” basado en la idea bolivariana de una unión latinoamericana.

No hay la menor duda de que la Reforma Constitucional propuesta por Chávez y la Asamblea Nacional para diciembre de 2007 representaba un asalto a la Constitución Bolivariana de 1999. La propuesta de reforma fue criticada por su contenido y por su forma. En cuanto a lo primero, el fortalecimiento de la centralización, los poderes adicionales al Presidente, su reelección indefinida, la politización de las Fuerzas Armadas, la sumisión del servicio exterior a fines ideológicos, la promoción de una sociedad, Estado y economía estatista y socialista, las restricciones a la propiedad privada entre otros.

Por otra parte no podemos perder de vista que conforme al artículo 347 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela de 1999, transformar el Estado y principios fundamentales requería, aplicando el espíritu de carta magna, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, razón por la cual el referéndum y la reforma constitucional fueron considerados por algunos analistas y constitucionalistas como actos inconstitucionales.

Sin bien es cierto la consciencia y la propia musculatura democrática de los venezolanos nos ha permitido en algunas oportunidades frenar la desproporción, rayar en el exceso y lo impensable, no es menos cierto, que en esta década de revolución hemos torcido la marcha, hemos desconocido los cauces naturales del derecho, de la democracia y de la convivencia, y dicha actitud sostenida en el tiempo por parte del Presidente de la República y la inmensa mayoría de sus colaboradores incapaces de contradecir, no apoyar o frenar las desmesuras, se traduce en un país y sociedad que muestra retrocesos y regresiones en varios órdenes, para muestra la inseguridad, la pobreza, el desempleo, la inflación, pero además, el campo de derecho afectado por el imperio de la irracionalidad, la terquedad, la ceguera y obsesión.

Ya el pueblo venezolano se pronunció en el 2007 con un rotundo no frente a la vocación abrupta de cambiar la Constitución, el destino, el Estado, la sociedad y la propia economía, incluyendo la reelección. Sin embargo, ahora ya no bajo el rótulo de la reforma ya sancionada y votada con un No, se recurre a la enmienda sobre la misma materia y para colmo se llega al extremo de redactar una grotesca pregunta que no aterriza, que simula una supuesta ampliación de derechos, involucrando cinco artículos de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999.

Lo que se cometió fue un doble fraude, asalto y golpe a la Constitución, al Derecho y a la soberanía, no sólo al volver a someter una misma materia a consulta, sino además, irrespetando el procedimiento, los lapsos y además engañando al soberano en la manera de formular la consulta con una pregunta o consulta imprecisa y no categórica.

El sistema político venezolano y su democracia experimentaron el 15 de febrero del año 2009 un retroceso más, producto de una consulta o referéndum constitucional sobre la Enmienda Constitucional, que estaba referida a una pregunta sobre una materia específica la reelección indefinida del Presidente de la República, trastocando el principio de la alternancia y naturalmente el artículo 230 de la Constitución Bolivariana de Venezuela que habla del período presidencial de seis años y la posibilidad de su reelección por una sola vez para un nuevo período.

La Asamblea Nacional de la época redactó y aprobó la convocatoria del Referéndum Constitucional para el domingo 15 de febrero de 2009. La pregunta en cuestión fue ¿Aprueba usted la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución de la República, tramitada por la Asamblea Nacional, que amplía los derechos políticos del pueblo, con el fin de permitir que cualquier ciudadano o ciudadana en ejercicio de un cargo de elección popular, pueda ser sujeto de postulación como candidato o candidata para el mismo cargo, por el tiempo establecido constitucionalmente, dependiendo su posible elección, exclusivamente, del voto popular.

Los resultados de la consulta electoral fueron favorables al gobierno de Chávez (54%). Sin embargo, la aprobación de la reelección indefinida imprime un signo jamás antes visto no sólo en Venezuela sino en buena parte del resto del mundo, trastocándose directamente uno de los pilares de la democracia como el la alterabilidad.

Sin embargo, la reelección indefinida del Presidente de la República aprobada vía Enmienda Constitucional, es solo uno de los tantos aspectos visibles y lesivos a la democracia y al propio Estado de Derecho asediados de forma reiterada en el transcurso del año 2008 y 2009. En esta época y bienio el régimen democrático ha sufrido ataques y fundamentalmente alteraciones en su esencia, sus instituciones, poderes, mandatos, atribuciones y naturalmente leyes orgánicas atentatorias contra la institucionalidad y constitucionalidad.

José Román Duque Corredor ha tipificado las alteraciones y deformaciones que registran la democracia y el propio Estado de derecho en Venezuela, frente a esto propone hablar de “estado de cosas inconstitucional” como negación justamente del arquetipo y modelo de Estado de Derecho y de Justicia plasmado en la Constitución Bolivariana de 1999.

Duque Corredor caracteriza y precisa este desorden jurídico (estado de cosas inconstitucional) “se entiende fundamentalmente la repetida omisión y acción generalizada de los poderes públicos, respecto de la falta de protección de las libertades y derechos fundamentales de las personas y de la garantía de la independencia y de no intromisión de los poderes. Y que supone el desconocimiento sistemático de principios básicos como el de la supremacía de la Constitución, el de la separación de los poderes, el de la inviolabilidad de los derechos humanos y el de la autonomía y especialidad de los jueces y del reparto constitucional del orden jurisdiccional”⁸.

Dentro de los rasgos visibles según Duque Corredor (2006) del Estado Inconstitucional destacan:

1. 1. Desconocimiento reiterado y general de libertades y derechos esenciales por los poderes públicos.
2. 2. La adopción de prácticas constitucionales por dichos poderes.
3. 3. La omisión de los órganos competentes en materia de defensa de derechos constitucionales de adoptar las medidas correctivas de las violaciones de estos derechos.
4. 4. El mantenimiento de ordenamientos transitorios o provisionales en materias fundamentales, como el de la autonomía e independencia del poder judicial y su régimen disciplinario.
5. 5. El activismo judicial.
6. 6. La provisionalidad de los jueces.
7. 7. El funcionamiento deficiente y el poco desempeño de los organismos judiciales y de defensoría de protección de los derechos fundamentales.
8. 8. El ejercicio de la delegación legislativa ilimitada por el poder ejecutivo.
9. 9. La impunidad de delitos de corrupción y contra los derechos humanos.
10. 10. La sustitución de los mecanismos de reforma constitucional y del poder constituyente, entre otros, por la justicia constitucional.

3. La militarización y desinstitucionalización de la política en Venezuela (1999 – 2016)

Uno de los fenómenos registrados en la experiencia venezolana con Chávez y posteriormente Maduro en el poder es lo relativo a esa suerte de militarización de la política⁹ que en Venezuela se ha expresado en la composición de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999; el Plan Bolívar 2000¹⁰, una importante cantidad de militares adeptos a Chávez optando por cargos de elección popular en reiteradas elecciones regionales en calidad de gobernadores y en menor medida alcaldes, ministros, asesores, e incluso, PDVSA y el servicio exterior o la cancillería han sido copados por hombres de uniforme.

Pero, además, la clara y notoria presencia de militares en las distintas misiones que el presidente Chávez ha venido creando que abarcan desde la atención primaria hasta la generación de empleos, pasando por tramitar los documentos de identificación, construcción de viviendas, asistencia a los ancianos entre ellas:

1. Misión Simoncito (Educación preescolar).

2. Misión Robinson I y II (Alfabetización y educación Primaria).

3. Misión Sucre (Educación secundaria).

4. Misión Ribas (educación universitaria).

5. Misión Avispa (construcción de vivienda).

6. Misión Vuelvan Caras (generación de empleos).

7. Misión Mercal (alimentación).

8. Misión Identidad (documentos de identidad).

9. Misión Barrio Adentro I; II y III (atención primaria).

10. Gran Misión Vivienda Venezuela (vivienda).

11. Misión Amor Mayor (Ancianos).

12. Misión Hijos de Venezuela (familia en pobreza extrema, madres e hijos).

13. Gran Misión Agro Venezuela (Agro Productores).

14. Gran Misión Saber y Trabajo (Empleos).

Juan Eduardo Romero (1998; 2003) en su oportuno abordaje y análisis del fenómeno militar venezolano señala que “la transformación de las FFAA, en un instrumento de mediación y apoyo político, para la ejecución del denominado Proyecto Bolivariano, se inició operativamente con la inserción de los militares retirados en la estructura de poder del chavismo, pero continuará a través de la reforma constituyente ejecutada desde la instalación de la ANC, y con la introducción de modificaciones en la estructura legal”.

Miguel Manrique precisa frente a la experiencia contemporánea venezolana de debilidad de los partidos y de tendencias militaristas que … “las prácticas políticas del gobierno del presidente Chávez permiten señalar que el sistema político venezolano se encuentra dinamizado por un proceso de incorporación de pautas de comportamiento político y administrativo propios de la institución militar … caracterizado por el desplazamiento de funcionarios civiles del más alto nivel de la administración del Estado y sus entes descentralizados y el copamiento por militares activos y retirados de tales posiciones de poder … se trata de un nuevo modelo de intervención del estamento militar en la actividad política a partir de su ascenso al poder utilizando los mecanismos del sistema democrático … se trata de una mezcla de politización de las Fuerzas Armadas con su transformación en un instrumento político legitimado para la participación activa y en forma permanente en la conducción de todos los asuntos públicos” (2001, pp. 159-184).

La presencia militar ha sido un rasgo definitorio que revela no sólo la propensión del régimen de militarizar lo civil, sino, además, la ausencia y no creencia en partidos políticos como entes de mediación, canalización, representación y ejercicio de poder, y de instituciones diversas que cumplen labores de control como el parlamento, cámaras, y otros; en su lugar emerge una lógica y dinámica que privilegia lo militar en menoscabo de lo civil paradójicamente en pleno siglo XXI. De tal manera que el crecimiento sostenido del estamento militar y la ocupación de espacios netamente pertenecientes al ámbito civil ocurre en detrimento de la democracia, de la Constitución en algunos casos y claro está de la ciudadanía.

En nuestra historia contemporánea y constitucional no cabe la menor duda de que las Fuerzas Armadas hayan sufrido un proceso de mutación, transformación y reordenamiento entre lo que fueron las mismas a partir de 1958 y su expresión en la Constitución de 1961 y lo que han sido en la actualidad y su expresión en la Constitución de 1999.

Sostenidamente registramos un fortalecimiento del sector pretoriano (militarismo de izquierda) que se evidencia en las medidas anunciadas por el Presidente de la República fallecido (Chávez) a partir de diciembre de 2004 hasta el año 2012, un programa sostenido de compras y dotaciones militares precisamente aprovechando el segundo boom petrolero (petróleo venezolano a más de $100 el barril) que permitió tal ofensiva o carrera armamentista, además de la puesta en práctica de nuevos manuales revolucionarios para las FAN, posteriormente la creación de las Unidades de la Reserva Nacional, la cantidad de militares activos o en condición de retirados en cargos como gobernadores, ministros, embajadores, cónsules, presidentes de institutos autónomos, corporaciones y otros como expresión de anormalidad de exacerbación de lo militar en detrimento de lo civil.

Más aún, paralelo a la tendencia de militarizar lo civil, el país ha experimentado un proceso sostenido de aumento en la compra de armamentos, dispositivos y demás, suscripción y compra de armamento militar, incluyendo aviones caza sukoys, radares, lanzacohetes, tanques de guerra, fusiles tipo Kalashnikov rusos, y baterías antiaéreas, patrulleras, helicópteros de ataque, municiones, cifras estas en incremento en el período (2004-2012) que pareciera estuviésemos en plena bipolaridad o más aún en un conflicto o guerra. (Véase Tabla 1).

Tabla 1
Acuerdos y Adquisición de Equipos Militares por Venezuela Periodo 2004-2012

Adaptado de Rivas Leone 2010, p. 124 y actualizado

Paradójica y acertadamente Alfredo Angulo Rivas ha precisado hace algunos años, en relación al tratamiento y valoración que se hace de las fuerzas armadas y del sector castrense en Venezuela que “mal puede argumentarse que las fuerzas armadas están siendo subutilizadas en un país con graves debilidades geopolíticas, cuya vulnerabilidad externa explica por qué somos agredidos (en medio de una guerra no declarada) por el narcotráfico, la guerrilla, los secuestros, la minería ilegal, el contrabando de gasolina y de ganado, el lavado de dólares y la inmigración ilegal. Cabría preguntar además ¿por qué militarizar programas sociales que podrían estar en manos civiles, mientras que la enorme tarea de hacer defender nuestra frontera no se puede transferir a civiles, que no tienen el entrenamiento adecuado y para usted de contar” (2001).

Brewer Carias refiere frente a la experiencia venezolana que “en la Constitución, en efecto se eliminó toda idea de sujeción o subordinación de la autoridad civil, dándose al contrario, una gran autonomía militar y a la Fuerza Armada con la posibilidad incluso de intervenir en funciones civiles, bajo la comandancia general del Presidente de la República” (2007).

Las Fuerzas Armadas Nacionales en la Venezuela de Chávez y Maduro han sido inoculadas de nacionalismo, patriotismo, antiimperialismo y de una particular concepción revolucionaria. De acuerdo con Carlos Blanco “los militares siempre han sido en Venezuela el sujeto de la sedición y el objeto de la seducción. Los episodios traumáticos de cambio en la vida contemporánea de Venezuela comienzan y terminan, cuando no ambas cosas, en los cuarteles (Blanco, 2002).

Rafael Huizi Clavier precisa que las Fuerzas Armadas Venezolanas nacieron como una concepción política del pueblo en armas, originadas por la necesidad social de seguridad a que aspira toda comunidad y sin más deberes y derechos que los asignados por las normas de su propia sociedad¹¹. La Constitución de 1961 estableció una estructura fundamental que concebía a las Fuerzas Armadas como institución propia de un Estado democrático, creada y organizada a su imagen y semejanza. De manera que durante el período democrático iniciado en 1958 con la transición, las Fuerzas Armadas alcanzaron el mayor grado de preparación y apresto operacional en todos los niveles. En ese mismo tiempo y etapa las Fuerzas Armadas alcanzaron el mayor nivel, desarrollo y prestigio expresado entre otras cosas en su alta credibilidad por parte de la sociedad civil.

La necesidad de especializar a los cuadros de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas surgió como respuesta a la alta tecnología incorporada a los nuevos sistemas de armas adquiridos por la Institución militar a finales de los sesenta y en toda la década de los setenta. La Constitución Nacional de 1961 estableció una estructura fundamental que concebía a las Fuerzas Armadas como institución propia de un Estado democrático, creada y organizada a su imagen y semejanza. Durante el período democrático iniciado en 1958, las Fuerzas Armadas alcanzaron el mayor grado de apresto operacional y de profesionalismo a todos los niveles. Podemos afirmar que durante ese lapso, la Institución Armada alcanzó el mayor grado de prestigio y desarrollo jamás logrado en nuestra historia republicana.

De tal manera que las Fuerzas Armadas nacidas al calor de la democracia a partir de 1958 con un espíritu netamente democrático e institucional, no se corresponden con su grado de politización y alteración de sus funciones, misiones y roles en la actualidad, con una clara tendencia de politización y transformación en actor político, que de alguna manera secunda las acciones del Presidente de la República, incluso ocupando cada vez más espacios civiles lo que denota un espíritu pretoriano por parte de Chávez Frías.

El fenómeno del pretorianismo hace alusión directamente a situaciones en las que el sector militar de una determinada sociedad ejerce el poder político independiente de esta, recurriendo o amenazando con recurrir o emplear la fuerza y la coerción. El militarismo supone un predominio del elemento militar o intromisión de lo militar en y sobre lo civil. Pudiésemos señalar apoyado en Domingo Irwin (2003; 2008) que el militarismo es una doctrina, una ideología y un sistema que valora positivamente la guerra y atribuye a las fuerzas armadas primacía en el Estado y la sociedad.

En el caso venezolano es notoria la tendencia de las instituciones militares y los propios militares a extender su radio de acción, su presencia y participación en el gobierno civil, desplazando además y sustituyendo actores, elementos y lógicas civiles por militares. Es decir, registraríamos según las tesis de Permultter o el propio Irwin una suerte de pretorianismo asumiendo como la influencia abusiva y desmedida que ejerce en todos los campos el sector militar sobre el sector civil en una determinada sociedad. En el caso de Venezuela encontramos que militares en situación de actividad o retiro ocupan cargos como gobernadores, ministros, presidentes de institutos, embajadas y otros.

En la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 encontramos la semilla y modificación de los perfiles y esencia del papel de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN), no sólo cuando se modifica su condición de actor apolítico por el de sin militancia política con lo cual queda abierto el activismo político. Además, los ascensos militares que hasta hace poco eran estudiados y concedidos por parte del parlamento hoy son otorgados por la institución castrense previa autorización del Presidente de la República.

Alan Brewer Carias (2007, pp. 61 - 78) recopila una serie de distorsiones en lo que respecta a los nuevos roles y /o atribuciones de las Fuerzas Armadas en Venezuela:

1. 1. Se eliminó la tradicional prohibición que existía en el constitucionalismo histórico respecto del ejercicio simultáneo de la autoridad civil con la autoridad militar.
2. 2. Se eliminó el control civil parlamentario en relación con la promoción de militares de altos rangos, y que había sido diseñado por los hacedores de la República a comienzos de siglo XIX, siendo en la actualidad una atribución exclusiva de la Fuerza Armada.
3. 3. Se eliminó la norma que establecía el carácter apolítico de la institución militar y su carácter no deliberante, lo cual abrió el camino para que la Fuerza Armada delibere e intervenga en los asuntos que estén resolviendo órganos del Estado.
4. 4. Se eliminó de la Constitución la obligación de la Fuerza Armada de velar por la estabilidad de las instituciones democráticas que antes estaba prevista expresamente.
5. 5. Se eliminó de la Constitución la obligación de la Fuerza Armada de obedecer la Constitución y leyes, cuya observancia debería estar siempre por encima de cualquier otra obligación como se establecía en la Constitución de 1961.
6. 6. Por vez primera en la historia del país, se le concedió a los militares el derecho al voto, lo cual mostraba ser políticamente incompatible con el principio de obediencia.
7. 7. La nueva Constitución estableció el privilegió de que el Tribunal Supremo de Justicia debe decidir si hay méritos para juzgar a los militares de alto rango de la Fuerza Armada, lo cual siempre había sido un privilegio procesal reservado a altos funcionarios civiles, como el Presidente de la República.
8. 8. Se sujetó el uso de cualquier tipo de armas en el país a la autoridad de la Fuerza Armada, control que antes estaba atribuido a la administración civil.
9. 9. Se estableció la posibilidad de poder atribuir a la Fuerza Armada funciones de policía administrativa.
10. 10. Se adoptó el concepto de la doctrina de seguridad nacional, definida de forma total, global, y omnicomprensiva, conforme a lo cual, como había sido desarrollada en los regímenes militares de América Latina en los sesenta, casi todo lo que suceda en la Nación concierne a la seguridad del Estado, aún, incluso, se trate del desarrollo económico y social.

Las Fuerzas Armadas Nacionales indiscutiblemente son objeto de críticas; además, han sido afectadas en su seno, sus objetivos, su misión y espíritu en la última década, trastocando su condición y tradición al tratar de imponerle un giro en sus patrones de conducta, que se contradice con las raíces ideológicas y los valores tradicionales de la institución. Se quiso hacer de la institución armada un ejército revolucionario, una institución al servicio de un proyecto político fuertemente ideologizado. Esto provocó fricciones en su seno que han lesionado gravemente los fundamentos disciplinarios y jerárquicos sobre los cuáles se fundamenta su capacidad operativa y su idoneidad para cumplir los fines que le son inmanentes, tanto en la defensa nacional como en el mantenimiento del ordenamiento social y político.

Chávez pretendió transformar a la FAN, en tanto que estructura fundamental de poder, en la columna vertebral de su propósito político, considerando esto como una tremenda equivocación política, pues es claro que Chávez confundió la aceptación que inicialmente tuvo su proyecto electoral entre los militares con una comunión de estos con el cuerpo ideológico subyacente en aquel proyecto.

Desde su arribo al poder, el gobierno presidido por Chávez, desarrolla una serie de acciones destinadas a controlar la realidad política, económica y social del país. Se disuelve el Congreso, se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, se elabora una nueva Constitución, se eligen nuevas autoridades y nombran además nuevas autoridades, nuevas figuras e instancias no electas y además no previstas en la Constitución de 1999. Sostenidamente en una década Venezuela registra una exagerada presencia y protagonismo del sector militar copando toda escena pública, civil y política¹².

Otros elementos que revelan esa propensión a la militarización de ámbitos civiles lo tenemos en el Plan República, que ha sido un programa que se activa en procesos eleccionarios donde las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) desde 1958 hasta el presente han sido quienes han custodiado las urnas electorales. Venezuela es uno de los pocos países donde un acto netamente civil, democrático y republicano como el ejercicio del sufragio cuya custodia está en manos del estamento militar. En ese mismo orden de ideas, observamos que países como Colombia o Chile han dado un paso al frente en el sentido de avanzar y lograr incluso que sus ministros de la defensa sean civiles como un aspecto o variable que demuestra su vocación civilista y democrática característica del siglo XXI.

Lo registrado en el seno de las Fuerzas Armadas en Venezuela es un caso suis generis de estudio y análisis, en el sentido de que Chávez gradualmente transformó la misión de las Fuerzas Armadas Nacionales, estas últimas dejaron de hecho de propugnar un compromiso con el Estado y nación venezolana, sino más bien con un gobierno en particular, con un proyecto y proceso calificado como “revolucionario”. Carlos Blanco precisa acertadamente que “la participación de los militares en actividades propias de instituciones civiles, mediante la disposición de ingentes recursos, desplazando al liderazgo civil, forma parte de un proceso de erosión de las fronteras corporativas para el cumplimiento del ideal del ejército como pueblo en armas” (Blanco, 2002, p.71), indudablemente el intento de perfilar o forzar unas fuerzas armadas revolucionarias y bolivarianas comprometidas con un proyecto político particular, no es compatible con las realidades vistas a escala mundial en correspondencia con una concepción de Estado, seguridad y sociedad netamente democrática.

En ese mismo orden de ideas retrotrayéndonos un tanto tendríamos que el principio general de la no intervención de los militares en la política y su subordinación al poder civil, era reconocido por el Derecho constitucional venezolano anterior a la propia Constitución Bolivariana de 1999. Todas las constituciones venezolanas desde la de 1830 hasta la de 1961, con la única excepción de la de 1953 de cuño perezjimenista, contenía la norma y regla de oro según la cual las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes; y las Constituciones de 1947, 1953 y 1961 afirmaban, además, que dichas Fuerzas eran apolíticas.

Es evidente que la intervención de los militares en la política no depende de normas constitucionales sino de las tradiciones históricas y la cultura política real del país. Por otra parte, frente a la creencia tradicional, que consideraba que en América Latina existía una incompatibilidad absoluta entre la intervención de los militares en política y la democracia se experimentó y vio que los militares podían ser un instrumento no sólo de modernización sino incluso de democratización¹³. En nuestra historia nacional en lo que a la Venezuela del siglo XX se refiere no podemos obviar que en dos ocasiones (el 18 de Octubre de 1945 y el 23 de Enero de 1958) un golpe militar contra la autoridad constituida inició un proceso de democratización, apertura y transición democrática.

Tendríamos en opinión de Juan Carlos Rey¹⁴ que estas experiencias históricas podrían explicar por qué la cultura política venezolana no mantiene una actitud totalmente negativa ante las eventuales intervenciones de los militares en la política, pues en situaciones en que están cerradas las vías de la democracia representativa, un golpe de Estado puede ser el instrumento para abrirlas. Sin embargo, si están funcionando instituciones democráticas, resulta difícil imaginar que se justifique acudir a tal tipo de medidas. Ahora bien, resulta desconcertante y a la vez inquietante que de acuerdo con la cultura política desarrollada en la democracia venezolana, una gran parte de la población considera legítima la intervención de los militares en la política, frente al gobierno legalmente constituido, en varias circunstancias.

La propensión de militares en la política venezolana nunca antes fue tan marcada como en el ejercicio de gobierno del Presidente Chávez (1998-2012), de manera que es indiscutible “la participación de los militares en la administración pública en Venezuela que la encabeza el propio Presidente de la República. En cargos públicos de niveles altos y medios se hallan varias centenas de oficiales activos y retirados, en áreas donde no era común el nombramiento de hombres de armas, ocurrencia que hoy les permite el control de sectores neurálgicos de la administración pública”¹⁵.

En la Venezuela contemporánea pudiéramos hablar de un régimen o sistema híbrido donde convergen paradójicamente algunos elementos democráticos, otros de orden autoritario y la presencia también de elementos totalitarios, donde destacan:

1. 1. El intento de establecimiento de un régimen de partido hegemónico en partido único;
2. 2. La promoción de una ideología única (socialismo del siglo XXI);
3. 3. Sobredimensión y concentración de atribuciones y funciones en manos del presidente de la República;
4. 4. Desconocimiento de derechos elementales y garantías constitucionales (tránsito; trabajo; pluralismo; asociación; alternancia; propiedad privada; opinión y expresión; etc.);
5. 5. Criminalización de la política y de la disidencia u oposición (represión policial, judicial y mediática);
6. 6. Ausencia real de la división de poderes públicos;
7. 7. No rendición de cuentas (acountability);
8. 8. Culto y exacerbación a la personalidad del líder asumiendo rasgos cuasi religiosos (Chávez);
9. 9. El ejercicio arbitrario del poder en manos de un grupo reducido (militares, miembros del PSUV, etc.);
10. 10. Pluralismo político limitado;
11. 11. Legitimación del poder, sistema e ideología invocando la patria, el orden, la familia, el bolivarianismo, el socialismo del siglo XXI;
12. 12. Movilización alta y permanente sostenida o basada a través del partido único (PSUV) y la ideología (Socialismo del Siglo XXI).

De tal manera que plantear la revalorización de lo civil y reinstitucionalización de los partidos y del sistema de partidos respectivamente, constituye aparte de una tarea inaplazable, una labor que requerirá tiempo, por lo menos en lo que a Venezuela se refiere.

Plantear entonces una recuperación de la forma partido implica revalorizar su papel como organización burocrática, socializadora, de gobierno y oposición, frente al estado de desprestigio y frente a la creciente personalización del poder que observamos en los países andinos en detrimento de la propia institucionalidad de los partidos y de la democracia representativa respectivamente.

4. La Crisis Económica – Social y Política Venezolana Trienio 2014- 2016:

No hay dudas que en este vertiginoso y globalizado siglo XXI donde pululan fenómenos muy diversos asociados a progreso, desarrollo, nuevas tecnologías, avances en muchos órdenes, y también la presencia de distorsiones, de lunares y de laboratorios que nos indican básicamente que algunos países y economías registran proceso regresivos no sólo con deterioro material, económico, financiero sino en términos de calidad de vida y espiritual. Venezuela se convirtió en el mayor laboratorio del mundo, precisamente por albergar un cúmulo de fenómenos y procesos en el orden económico, social, político, lamentablemente con elementos regresivos.

Sin embargo, frente a tales hechos, fenómenos y situaciones la academia, las universidades, los centros de investigación, y diversos intelectuales y profesionales de dilatada trayectoria han venido pensando al país, valorando su economía, analizando sus instituciones, procedimientos, Constitución, sus partidos y sindicatos, modelando y consolidando cifras, estadísticas e indicadores que más allá de cualquier situación constituyen un aporte al colocar en blanco y negro tinta sobre papel sus estudios y reflexiones.

La lista de distorsiones económicas presentes en la economía venezolana son las principales claves para entender la crisis actual que no tiene antecedentes dado la magnitud del deterioro económico, social, productivo y demás. Dentro del inventario de fallas y distorsiones encontramos:

Inconsistencias que arrastran las políticas monetaria y fiscal, el alarmante declive que exhibe nuestra industria petrolera, a lo que se une ahora la caída sin parada de los precios internacionales del petróleo y que naturalmente generan un clima muy sensible de incertidumbre y desconfianza que ahuyenta las posibilidades de inversión de capitales nacionales y extranjeros entre otras cosas por el elevado riesgo-país de Venezuela.

No hay duda de que la condición de Venezuela como país mono-productor aunado a ese marcado rentismo nos ha hecho mucho daño, y en pleno siglo XXI hemos descuidado los asuntos energéticos, y peor aún, hemos concebido erráticamente una propuesta energética no consustanciada con el mundo de hoy, Venezuela es de los pocos países que habla y califica a los recursos naturales como estratégicos y habla de industrias básicas cuando universalmente lo que observamos es un manejo eficiente por parte del sector privado no sólo haciendo una explotación eficiente sino rentable. Venezuela debe modificar su enfoque de política energética y además aprovechar y potenciar el peso de las regiones para desarrollarlas y hacerlas polos de crecimiento e impactar positivamente a las mismas y al país nacional en términos de progreso, empleo, calidad de vida y demás.

Los graves efectos de la indisciplina macroeconómica y la destrucción del sistema de precios es un aspecto medular en cualquier análisis, padecemos en el tiempo de graves distorsiones en materias o áreas como los precios de la economía, tipo de cambio, tasas de interés, el debilitamiento sistemático de las instituciones públicas responsables de la elaboración y producción de las estadísticas económicas. Aunado a una combinación perversa de controles generalizados y expansión monetaria a gran escala.

Cuando analizamos las misiones como la labor asistencialista que ha desplegado la llamada revolución bolivariana, entendiéndolas como paliativos y como un avance desde el punto de vista de que el Estado venezolano identificó los diversos déficits de atención en muchas áreas. Sin embargo, las misiones en su manera de concebirse y ejecutarse no han erradicado los graves problemas que el país y su población padece. Más aún, hay misiones que tienen una década de lanzadas y no se aprecia su impacto o metas alcanzadas en términos de las cifras, aspecto que condiciona los supuestos éxitos de las mismas aunados a las cifras invertidas por parte del Estado venezolano.

La institucionalización de la política social no sólo requiere diseños técnicos y procedimientos universales que garanticen, a quien se encuentre en estado de necesidad, obtener la ayuda sin tener que vender su dignidad a nadie; también necesita del compromiso de todos los líderes políticos de que nuca más se aprovecharán de las dificultades del pueblo, para sacar provecho, y ventaja a los demás competidores, con tales prácticas populistas.

Insistimos que la política regulatoria y especialmente los controles de precios han sido desproporcionados ya que, en muchos casos, las autoridades imponen precios que no cubren los costos, condenando a productores y distribuidores a trabajar a pérdida, sin perder de vista que los controles no sólo desestimulan la producción sino que también desincentivan la inversión. Venezuela no se podrá derrotar la inflación sin una formulación de política fiscal, monetaria y cambiaria, aunado a estimular la oferta de bienes y servicios, y la necesidad de lograr un mercado más natural con menos controles de precios y de cambio, entre otras medidas que persigan controlar la inflación creciente en Venezuela que es la primera del mundo¹⁶.

Ciertamente la realidad venezolana deja claro que los altos niveles inflacionarios, el endeudamiento, las diversas distorsiones que arrastran los mercados monetario, fiscal y cambiario, el declive de la industria petrolera entre otros, son la expresión de la baja calidad de nuestras instituciones políticas y económicas que reclaman rediseño y reingeniería.

Venezuela no puede producir un cambio de modelo y sociedad sino asume ciertamente un conjunto de acciones de Política macroeconómica orientadas a disminuir la tasa de inflación, Política fiscal basada en una sostenibilidad fiscal, aspecto que demanda el balance del presupuesto y sus fuentes de financiamiento, mejorar la eficiencia del gasto público, reducir la vulnerabilidad fiscal; Política monetaria, urge recuperar el valor del signo monetario o moneda, la confianza y capacidad de ahorro, aspecto vinculado a contar con una arquitectura fiscal y monetaria cónsona con la estabilidad económica. Política petrolera, es urgente lograr un tipo de cambio competitivo para estimular justamente a los sectores transables distintos al petrolero con un papel técnico y central del BCV en el manejo de la tasa de cambio; a lo cual se le suma un conjunto de políticas sectoriales en petróleo, industrial, capital humano, política social y afines como rasgos de un nuevo modelo viable, moderno, eficiente.

Nelly Arenas ha precisado en la actual coyuntura venezolana “el poco margen del cual dispone el presidente para profundizar y extender medidas de distribución en clave populista, en virtud de la significativa merma de la renta petrolera, le impide sortear fácilmente las fuertes dificultades que atraviesa la revolución” (2016, p. 22) Venezuela exhibe en este último trienio las distorsiones y daños propias de las sociedades y economías planificadas, reguladas bajo esquemas socialistas. En la gestión de Chávez y Maduro se observa un exacerbado estatismo llevado a niveles jamás registrados de intervencionismo estatal en todas las áreas, servicios públicos, rubros, industrias y ámbitos.

La crisis económica en Venezuela expresada en escasez, la mayor inflación del mundo y riesgo país, colas para poder comprar medicinas y alimentos, malos servicios públicos, inseguridad y otros problemas y distorsiones que en opinión de la mayoría de analistas se expresaran y serán la variable clave para analizar y entender los resultados de las elecciones parlamentarias o legislativas del 6 de diciembre 2015, elecciones en las que la oposición democrática a través de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) gana 112 diputados de 167, teniendo mayoría calificada, el gobierno a través del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que obtuvo 55 diputados, interpretándose dichos resultados como una elección donde la variable clave o fundamental está en el voto castigo y vocación de cambio de un sector importante del oficialismo que sufragó por la MUD.

Como bien lo ha señalado Nelly Arenas “El acceso a la Presidencia de la República de Nicolás Maduro ha puesto de relieve, por contraste, el enorme peso que tuvo la condición carismática de Hugo Chávez en el transcurso de la Revolución Bolivariana. La ausencia de tal condición en el sucesor se ha intentado remediar por la vía de su manufactura mediática, así como exacerbando el discurso populista, cada vez más huero y reiterativo. El importante deterioro en la calidad de vida de los venezolanos, sin embargo, parece colocar en riesgo la continuidad del proceso bolivariano. La contundente victoria de los factores opositores en las elecciones parlamentarias parece apuntar en ese sentido. Una estrategia populista de gobierno desprovista de carisma, como la que personaliza Maduro, se muestra incapaz de contribuir a sostener en pie el entablado revolucionario erigido por Chávez. Mucho más, en un contexto de considerable disminución de la renta petrolera” (2016, pp. 13-22).

Las ejecutorias del gobierno han sido desconocer y bloquear todas las iniciativas de Ley emanadas de la nueva Asamblea Nacional, para lo cual el gobierno recurre el Tribunal Supremo de Justicia quien lejos de garantizar la legalidad y observancia de la Constitución actúa como parte o apéndice del gobierno. La agudización de la crisis en Venezuela toma proporciones descomunales y humanitarias.

Corolario

En Venezuela hemos registrado el avance de una política y modelo no institucional, caracterizada especialmente por la personalización de la política, por el desconocimiento de la Constitución, por la ausencia de la división de poderes públicos, entre otros, para el sistema por su carácter eminentemente antidemocrático ha demostrado ser nocivo.

El ejercicio del poder por parte de Hugo Chávez Frías y posteriormente Nicolás Maduro, ha implicado desde 1998 hasta la fecha el desconocimiento, irrespeto y violación de procedimientos, valores, derechos y garantías democráticas y ciudadanas. De tal manera que la titularidad y el ejercicio del poder político en Venezuela bajo Chávez y Maduro constituye un proceso, etapa y fenómeno regresivo de personalización del poder y de la política, desinstitucionalización creciente de los partidos, clase política e instancias de representación.

El fortalecimiento del Poder Ejecutivo en el modelo delegativo venezolano puede interpretarse como una recentralización del poder del Estado y como una continuación y una reprofundización de la tradición centralista, con una clara tendencia caudillista y autoritaria en lo que a la Venezuela contemporánea refiere.

No hay la menor duda de que la institucionalidad democrática y jurídica en Venezuela está resentida y en un proceso de franco deterioro no sólo por la inobservancia de la Constitución Bolivariana de 1999, sino además, por la real ausencia de división de poderes públicos, la militarización de buena parte de la administración pública, aunado a la violación de libertades, del Estado de derecho, procedimientos y hasta de algunas garantías constitucionales.

Frente a este escenario de bloqueo institucional y jurídico y de desmedida personalización del poder y la política, se requiere un proceso sostenido de revalorización de la democracia en términos de poderes, organizaciones, partidos, sindicatos, sociedad civil y sus respectivas funciones paralelo a restaurar la vigencia y observancia de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 como pináculo del ordenamiento jurídico en el país.

La revolución bolivariana desaprovechó el segundo ciclo petrolero (2007 – 2012) al no hacer inversiones y uso racional de los recursos excedentes del petróleo con una cesa petrolera promedio de $110, encima, el país contrajo deudas, y en paralelo se fue deteriorando de manera sostenida y exponencial el sector productivo nacional, el rentismo se reforzó no sólo al depender nuestros ingresos cerca de un 98% del petróleo, sino además depender de las importaciones que comprenden cerca del 80% del consumo nacional aspecto que pudo sostenerse con un petróleo mayor a 100$ pero que comenzó a ser inviable en segundo semestre del 2014 y el año 2015 con un petróleo promedio cercano a los 40$, en el 2016 el panorama es igual o más desfavorable.

El trienio 2012 – 2015 bajo la presidencia de Nicolás Maduro el país ha transitado por un proceso de deterioro institucional, democrático, económico, social, financiero expresado en una serie de indicadores como la inflación, riesgo país, destrucción de la productividad y aparato productivo, desempleo, escasez generalizada, aumento de la pobreza, un clima de tensión, polarización e ingobernabilidad en el cierre del año 2015 con una crisis generalizada que por sus rasgos y elementos difieren de cualquier otro periodo o etapa de crisis registrada antes.

Venezuela frente a las fallas y desequilibrios macroeconómicos requiere reformas estructurales entre ellas transferir los recursos de una economía desde las actividades tradicional es de baja productividad hacia actividades modernas de alta productividad; cambiar la estructura de incentivos prevaleciente que promueve conductas que no son compatibles con la diversificación y las innovaciones requeridas para promover un genuino desarrollo de la actividad productiva; asimismo se requiere rescatar los principios de protección de los derechos de propiedad; la exigibilidad contractual; la emisión de dinero no inflacionario y la sustentabilidad de las finanzas públicas unida a estas reformas y decisiones a un desarrollo y calidad institucional como clave de desarrollo y crecimiento de calidad entre otros aspectos medulares a impulsar vía reforma.

El 2016 transita Venezuela su peor año y periodo no sólo por la crisis económica, la mayor inflación del planeta cercana a 90% mensual, altos niveles de corrupción (ver informe transparencia mundial), elevado riesgo país, malos servicios públicos, razonamiento o corte de luz eléctrica por un semestre de 4 horas diarias, escasez de medicinas, alimentos y otros a niveles considerados de crisis humanitaria, inseguridad y violencia generalizada, con una democracia y estado de derecho precario, bloqueo institucional o carencia de autonomía de los poderes públicos salvo la Asamblea Nacional (Poder Legislativo), la destrucción del aparato productivo, controles de precio y cambio, un deterioro de la calidad de vida que exigen una salida ya sea por vía constitucional por intermedio de una enmienda que recorte el mandato presidencial, o por la vía de un Referéndum Revocatorio (proceso ya iniciado en su primera fase de recolección de firmas) sin descartar una explosión social al no convocarse en Referéndum Revocatorio como principal salida a la gravísima crisis de gobernabilidad.

Al analizar la situación actual de Venezuela y la figura del presidente Maduro no hay dudas de las carencias en términos de carisma y liderazgo, aunado a una serie de contrariedades y contradicciones en el seno del chavismo y del propio partido oficialista PSUV, pugnas entre civiles y militares, un pretorianismo y militarismo en ascenso y muy marcado en la actualidad al colocar y delegar toda la administración pública y el manejo del Estado en la figura del ministro de la defensa General Padrino López, que junto a la peor crisis económica de Venezuela en su historia sitúa y perfila en grave riesgo la continuidad de la revolución bolivariana.

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Notas