Introducción

En su libro “La Poliarquía”, Robert Dahl afirma que cualquier transformación en un sistema político, que ofrezca a grupos opositores del statu quo mayores oportunidades para traducir sus objetivos en acciones políticas concretas, implica necesariamente un conflicto entre aquellos individuos o grupos que ven amenazados sus intereses y aquellos sectores que luchan por ser incluidos en el escenario político. Así, entre más profundo sea el conflicto entre los detentadores del poder y sus antagonistas, más probable será que los primeros nieguen cualquier posibilidad de participación a los segundos o que traten de impedir cualquier modificación del sistema político que abra espacios para el ejercicio de la oposición (1989, p. 23).

La coyuntura actual de negociaciones y acuerdos de paz que eventualmente permitiría la incorporación a la vida política legal de las FARC y el ELN, ciertamente constituye un escenario de conflicto. Esta coyuntura significa necesariamente un enfrentamiento entre quienes desean mantener el statu quo y aquellos nuevos actores que aparecen en el juego democrático para disputarle el poder a los primeros. En tal sentido, aparecen en la escena política no sólo las guerrillas desmovilizadas sino también las víctimas, en particular los reclamantes de tierras que en el marco del proceso exigen la reparación por el despojo que sufrieron durante el conflicto armado. Poniendo así sobre la mesa una nueva discusión sobre el problema agrario, que sin duda está en las raíces del conflicto armado colombiano.

A lo anterior se suma una tradición de persecución contra los partidos políticos de izquierda y los movimientos con reivindicaciones sociales como la lucha por la tierra. Estos sectores regularmente han sido percibidos como una amenaza para el statu quo y en consecuencia han sido reprimidos.^[1] Al respecto, es emblemático el caso de la Unión Patriótica, partido que surge en los 80 como consecuencia de los diálogos de la Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC, cuyos miembros fueron sistemáticamente asesinados durante los 80 y 90, por grupos paramilitares con la complicidad del Estado.

En este escenario de negociación y acuerdos de paz, los grupos armados que se conformaron después de la desmovilización de las AUC^[2] (Autodefensas Unidas de Colombia) herederos del paramilitarismo, constituyen una de las principales fuentes de este conflicto, pues estas organizaciones aún representan sectores interesados en proteger el statu quo, que perciben el proceso de paz como una amenaza directa a sus privilegios. El presente artículo se propone entonces analizar las acciones de estos grupos posdesmovilización, que amenazan las posibilidades de participación política legal por parte de la guerrilla desmovilizada, así como las acciones en contra de la restitución de tierras y de las exigencias de justicia por parte de las víctimas.

El propósito es discutir en qué medida el sistema político colombiano está preparado para tolerar el ejercicio de la oposición legal por parte de los grupos guerrilleros desmovilizados y para tramitar, en el marco de la democracia, los conflictos que se generen como consecuencia del reconocimiento de espacios de participación para nuevos actores. Retomando los planteamientos de Dahl, se busca establecer qué tan profundo es el conflicto entre los detentadores del poder y sus antagonistas y hasta qué punto están dispuestos a tolerarse en el marco de la democracia.

Para lograr este objetivo el artículo se divide en tres partes. En la primera se retoman algunos planteamientos teóricos de Dahl, sobre las condiciones bajo las cuales un régimen político que no permite la organización abierta y legal de la oposición, puede transformarse en uno que si lo permita. En la segunda parte se desarrolla una caracterización de los grupos posdesmovilización, se analizan las acciones de estas organizaciones encaminadas a impedir el ejercicio de la oposición política en Colombia y las acciones del Estado para desmantelar estos grupos. En la última parte se presentan las conclusiones del trabajo, donde se plantea que a pesar de las acciones violentas en contra de aquellos sectores que son percibidos como una amenaza para el statu quo (víctimas, reclamantes de tierras, guerrilleros desmovilizados), si será posible el ejercicio de la oposición política en Colombia. Siguiendo los planteamientos de Dahl, en un escenario posterior a la firma de los acuerdos de paz, el precio de exterminar a la oposición será mucho más alto que el precio de tolerarla.

Métodos

Los análisis que se presentan en este artículo se basan principalmente en una revisión de prensa sobre los grupos posdesmovilización, que se desarrolla en el marco de la investigación. La base de datos incluye hasta el momento 703 registros, publicados en los periódicos El Tiempo, El Espectador y la Revista Semana, entre enero de 2006 y junio de 2016. La revisión de prensa se realiza on line y la palabra clave utilizada es “bandas criminales”, pues esta fue la denominación inicial que recibieron por parte del Estado y fue el nombre con el que la prensa se refirió a estas organizaciones desde su aparición. Por otra parte, la revisión se inicia en el año 2006, pues es la fecha en que culmina la desmovilización gradual de los paramilitares e inicia el rearme de las nuevas estructuras.

Los artículos de prensa son sistematizados en una base de datos, donde se registra la siguiente información: consecutivo de la base, nombre del artículo, periódico o revista en que fue publicado, fecha de publicación, nombre del grupo armado y descripción de acciones. Así mismo, los diferentes registros de prensa son clasificados en doce categorías de análisis que permiten caracterizar el accionar de los grupos posdesmovilización. La siguiente tabla indica el número de registros por categoría encontrados hasta el momento:

Tabla 1

Categorías clasificación revisión de prensa

Fuente: Elaboración propia - datos revisión de prensa desarrollada en el marco de la investigación.

Para el desarrollo del presente artículo, se tuvieron en cuenta específicamente 198 registros de prensa, relacionados principalmente con las categorías N° 3, 5, 6, 8, 11 y 12. El anexo 1 contiene la base de datos de estos 198 registros, que constituyen la principal evidencia de los argumentos acá presentados. A lo largo del escrito, se hará referencia a estos registros utilizando el número del consecutivo de la base, que se indica en la primera columna del anexo 1.

1. Discusión teórica sobre el ejercicio de la oposición política

En un sistema político dado el ejercicio de la oposición puede darse en contra de un gobierno en particular o en contra del orden social en general. El primer caso hace referencia a la oposición que desempeñan aquellos partidos o movimientos políticos, que resultaron perdedores en las elecciones y que en consecuencia quedan excluidos del gobierno. En el segundo caso, el ejercicio de la oposición adquiere una connotación más amplia, y se refiere a todos los movimientos políticos y sociales que se oponen al statu quo y que buscan, en el marco de la democracia, transformaciones de envergadura en el orden social (Cristancho, 2014, p. 105; Guarín, 2006, pp. 73 - 74).

En este artículo se parte de la segunda concepción de oposición, pues se discute no solo si las guerrillas desmovilizadas tendrán las garantías para participar en elecciones y ejercer su derecho a la oposición en contra de quienes ocupen el gobierno, sino también si el sistema político en general permitirá las reivindicaciones de las víctimas, de los reclamantes de tierras y de todos los sectores que, como consecuencia de los acuerdos de paz, busquen transformaciones en el orden social.

Como se mencionó en la introducción, cuando un sistema político crea nuevos espacios para que sectores tradicionalmente marginados incidan en la toma de decisiones políticas, necesariamente se genera una situación de conflicto entre aquellos que se encuentran en el poder y aquellos sectores que desean desplazar a los detentadores del poder (Dahl, 1989). Conflicto que con frecuencia lleva a la persecución, represión y eliminación de la oposición.

Dada esta situación de enfrentamiento, “…cuanto más hondo sea el conflicto entre el gobierno y la oposición, mayores serán las posibilidades de que cada uno niegue al otro la participación efectiva en el ejercicio del poder político. Dicho en otras palabras, cuanto más fuerte sea el conflicto entre el gobierno y sus antagonistas, más alto será el precio que uno tendrá que pagar para tolerar al otro” (Dahl, 1989, p. 23).

Así, la discusión gira en torno a las condiciones bajo las cuales es posible garantizar que los detentadores del poder, representados en el gobierno, toleren a los sectores en la oposición y en consecuencia no los repriman. Al respecto, Dahl formula los siguientes axiomas que constituyen el punto de partida del análisis propuesto en el presente artículo:

Axioma 1 “La probabilidad de que un gobierno tolere a la oposición aumenta en la medida que disminuye el precio de dicha tolerancia”. Axioma 2 “La probabilidad de que un gobierno tolere a la oposición, crece en la medida en que aumenta el precio de suprimirla”. Axioma 3 “En la medida en que el precio de la supresión exceda al precio de la tolerancia, mayores son las oportunidades de que se dé un régimen competitivo” (1989, p. 24).

Recapitulando, si el sistema político colombiano abre nuevos espacios de participación, que de alguna manera amenazan el orden social o el statu quo, será necesario que en tales circunstancias el precio de suprimir a la oposición, para quienes desean mantener el statu quo, sea mucho mayor que el precio de tolerarla. Entre más alto sea el precio de eliminar a la oposición, mayores seguridades tendrá esta y mayores serán las posibilidades de que se dé un régimen competitivo.

Al respecto, vale la pena tener en cuenta que en el sistema político colombiano, se ha enquistado una concepción negativa respecto al ejercicio de la oposición política. Según Cristancho, en Colombia y en América Latina, la noción de oposición se ha configurado bajo la lógica de amigo-enemigo construida en el marco de la guerra fría, en situaciones de dictadura o de democracias restringidas. En este contexto, el opositor se percibe como el adversario de sectores cuyo derecho a existir si está plenamente legitimado. El orden establecido se considera legítimo, y aquel que se le opone es considerado como un enemigo natural. Así, la oposición se construye como una identidad antitética, subordinada a la identidad de un otro cuyo estatus social si es considerado como legítimo, positivo y superior (2014, p. 106).

Con la apertura de la democracia colombiana derivada del proceso constituyente de 1991, se modera el discurso amigo-enemigo y con ello se redefine el concepto de oposición. La participación de las guerrillas desmovilizadas en la Asamblea Nacional Constituyente ciertamente contribuye en la redefinición del término. Sin embargo, que el discurso se modere no necesariamente significa que se supere por completo la lógica amigo - enemigo. La polarización de la sociedad colombiana durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, es claramente un ejemplo de esto. En tal sentido, en el trasfondo del sistema político colombiano la oposición al orden social establecido sigue siendo percibida como un síntoma de desorden y anarquía que es necesario prevenir a través de diferentes estrategias (Cristancho, 2014, p. 107).

Dada esta concepción negativa sobre el derecho a la oposición política en Colombia, vale la pena retomar el cuestionamiento que Dahl se plantea en “La Poliarquía”, donde se pregunta “…dado un régimen donde la oposición al gobierno no puede organizarse abierta y legalmente en partidos políticos ni enfrentarse a él en elecciones libres e imparciales, ¿qué condiciones favorecen o estorban su transformación en otro régimen que lo permita?” (1989, p. 3).

Respondiendo a esta pregunta, Dahl discute siete condiciones, a saber: secuencias históricas, grado de concentración en el orden socioeconómico, nivel de desarrollo socioeconómico, desigualdades, segmentación subcultural, control extranjero y creencias de los activistas políticos.^[3] Para efectos de este artículo interesa la primera condición “secuencias históricas”, pues aporta elementos para comprender la situación que atraviesa el país a propósito del proceso de paz. Además permite evidenciar un cambio sustancial respecto a lo sucedido en la década de los 80 y 90 del siglo XX.

Antes de discutir estas secuencias históricas, conviene explicar el significado del término poliarquía, que Dahl reserva para los regímenes políticos donde se garantizan dos criterios fundamentales: 1. Espacios para el debate público, que permitan canales de expresión para todos los sectores sociales. 2. Participación y representación efectiva de todos los sectores, elemento que a su vez se garantiza con el derecho a elegir y ser elegido (1989, pp. 14-18).

Así, dado un régimen donde no se garantice ninguna de las dos cosas (hegemonía cerrada), existen tres secuencias históricas que permiten llegar a uno que sí las garantice. La primera opción es que el régimen decida ampliar primero los espacios de debate público y luego sí el derecho a la participación. La segunda secuencia es el proceso contrario, es decir ampliar primero el derecho a la participación y luego los espacios de debate público. La última opción es ampliar simultáneamente tanto los espacios de debate público, como los espacios de representación (1989, p. 21).

Para Dahl el camino menos peligroso es el primero. Al permitir espacios de debate público para la oposición, antes que esta tenga la posibilidad efectiva de participar y de lograr representación política, se genera un proceso gradual en el que las élites aprehenden las reglas y prácticas propias de un sistema político competitivo. En otras palabras, es posible que aquellos que representan el statu quo y aquellos que lo disputan, tengan un espacio para aprender las complejas artes de la comprensión recíproca. Así se garantiza la seguridad mutua para los nuevos y viejos actores en el juego político, pues será posible legitimar el ejercicio del derecho a la oposición, antes de que el sistema se abra a una redistribución del poder que beneficie a los nuevos sectores en el escenario político (1989, pp. 43-44).^[4]

Los otros dos caminos son más peligrosos. Si el sistema permite la redistribución del poder, como consecuencia de la participación y representación de nuevos sectores, antes de legitimar el juego político competitivo, será más difícil garantizar la seguridad mutua y la tolerancia entre los detentadores del poder y sus opositores. El peligro en estas circunstancias, es que los primeros asuman que el costo de tolerar a la oposición es demasiado alto, pues perciben una amenaza contra sus privilegios y contra el orden social en el que existen (1989, p. 44).

La segunda secuencia histórica se puede ejemplificar en Colombia en la década de los 80, momento en que se desarrolla el paramilitarismo y la consecuente persecución contra la izquierda, y contra los movimientos sociales cuyas demandas son consideradas como una amenaza para el statu quo. Dos de los mecanismos que activaron el paramilitarismo fueron justamente las posibilidades de participación que se abrieron para la guerrilla, en el marco de las negociaciones iniciadas por Betancur en 1984, y la aprobación de la elección popular de alcaldes en 1986. En su libro “Paramilitares y Autodefensas: 1982 – 2003”, Mauricio Romero documenta como en un contexto de negociaciones de paz y de apertura política en el escenario local, se activa la defensa violenta del statu quo. En este escenario, aquellos sectores que percibieron una potencial redefinición del orden social a favor de la guerrilla, o a favor de agrupaciones en la legalidad que exigían por ejemplo una reforma agraria, promovieron de manera directa el paramilitarismo (2003). Así entonces, abrir los espacios de participación, sin que el debate público y el régimen competitivo se hubieran legitimado, llevó a la persecución violenta contra la oposición.

La tercera secuencia histórica se puede ejemplificar con la Constitución de 1991, donde se desarrollan simultáneamente tanto los espacios de debate público, como los espacios de participación,^[5] en especial en el escenario local gracias al proceso de descentralización que se inicia también con la nueva Constitución. Este camino fue efectivamente peligroso, como lo evidencia la profundización del conflicto en la década de los 90, cuando paramilitares y guerrilla se disputaron a muerte el poder local.

Diferentes estudios documentan^[6] como el proceso de descentralización trajo consecuencias paradójicas, pues en vez de potenciar la democracia en el nivel local, generó nuevos espacios de disputa. Así, la reafirmación de la elección popular de alcaldes, la aprobación de la elección popular de gobernadores y la transferencia de recursos y responsabilidades a los departamentos y municipios, exacerbaron la competencia violenta entre sectores que buscaban mantener o alcanzar el poder en el escenario local.

La pregunta que queda por responder, entonces, es si en la coyuntura actual de negociaciones y acuerdos de paz, el país se encuentra preparado para asimilar simultánea- mente la apertura de espacios de participación y de debate público. Las siguientes secciones de este artículo discuten justamente este cuestionamiento.

2. Grupos posdesmovilización y ejercicio de la oposición política

Caracterización de los grupos posdesmo-vilización

Según la revisión de prensa desarrollada en el marco de la investigación, los principales grupos posdesmovilización que existen actualmente en el país son los Urabeños, las disidencias del ERPAC (Libertadores del Vichada y Bloque Meta) y los Rastrojos.^[7]

Los Urabeños también denominados Clan Úsuga, Autodefensas Gaitanistas^[8], Héroes de Castaño o más recientemente Clan El Golfo^[9], fueron conformados por Daniel Rendón Herrera alias “Don Mario”, antiguo miembro del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, quien no se desmovilizó durante el proceso de paz. Don Mario fue capturado en 2009 y el mando de la organización fue asumido por los hermanos Úsuga. Juan de Dios Úsuga fue dado de baja en 2012 y actualmente la cabeza visible es Dairo Úsuga alias Otoniel. Actualmente los Urabeños se perfilan como la estructura más poderosa, pues han subordinado a través de la violencia a sus competidores, o han incorporado mediante alianzas a bandas criminales de carácter más local^[10] (Valencia, 2016).

Los Rastrojos son herederos directos del cartel del norte del valle. Originalmente fueron conformados por Wilber Alirio Varela, alias Jabón y en su momento contribuyeron con la creación del Bloque Calima de las AUC. Los Rastrojos han sufrido una serie de disputas internas, que sin duda han reducido su poder criminal. Adicionalmente varios de sus cabecillas han sido capturados por las autoridades o se han entregado a la justicia.^[11] Por otra parte, el poder de este grupo se ha reducido también como resultado de la disputa que mantiene con los Urabeños.^[12]

El ERPAC^[13] (Ejército Revolucionario Popular Anticomunista) fue conformado por Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, antiguo miembro del Bloque Centauros de las AUC. Después de la muerte de Cuchillo el mando fue asumido por José López alias Caracho quien decidió someterse a la justicia junto a varios miembros del ERPAC. A partir de este hecho los remanentes del grupo se dividen, y así surgen dos nuevas disidencias los Libertadores del Vichada y el Bloque Meta, este último también conocido como los Puntilleros.^[14]

Existen también otras estructuras de carácter más regional, que usualmente son subcontratadas por las organizaciones nacionales con el fin de mantener el control o incursionar en determinadas regiones. Ejemplo de esto es la banda La Línea que opera en el Quindío bajo las órdenes de los Urabeños.^[15] La Empresa, aliada de los Rastrojos, que actúa en la ciudad de Buenaventura y que sostuvo una violenta disputa con los Urabeños por el control del puerto.^[16] La banda la Cordillera, cuya zona de influencia es la ciudad de Pereira y el municipio de Dos Quebradas y que también es subcontratada por los Urabeños.^[17]

Debido a las alianzas que se tejen entre las estructuras nacionales y los grupos de carácter más local, se afirma que una de las principales características de los grupos posdesmovilización es que actúan bajo la modalidad de redes, especialmente en las zonas urbanas, y no tanto a través de estructuras verticales claramente jerarquizadas (Valencia, 2016; Ávila, 2016).

Por otra parte, el grupo de las Águilas Negras también suena con frecuencia en la prensa nacional, no obstante, no se trata de una estructura en específico, sino del nombre que utilizan diferentes agrupaciones armadas o incluso la fuerza pública, cuando se trata de intimidar a diferentes sectores sociales, considerados como una amenaza^[18] (Montoya, 2016, p. 8).

En relación con la caracterización general de estas organizaciones,^[19] resulta relevante mencionar lo siguiente. Primero, es más que obvia la relación que existe entre las actuales estructuras y los grupos paramilitares previos al proceso de negociación. A pesar de las diferencias, es claro que fueron antiguos miembros de las AUC quienes organizaron y lideraron los actuales grupos armados. Segundo, también es evidente que estas organizaciones tienen un claro interés en la acumulación de recursos económicos. En tal sentido, no sólo continúan con el narcotráfico, sino que han ampliado sus ingresos con otras rentas de carácter ilícito como la extorsión, el 20 contrabando y la minería ilegal.^[20]

Tercero, en algunas regiones han entablado alianzas con las guerrillas, como una estrategia para mantener el control sobre territorios estratégicos para la captación de recursos económicos.^[21] Cuarto, los grupos posdesmovilización se caracterizan por ser estructuras dinámicas, con una alta capacidad de resiliencia. Elemento que explicaría por ejemplo, las alianzas con la guerrilla en algunas regiones, la modalidad de operación a través de redes y, sobre todo, porque han logrado sobrevivir y mantener su poder criminal a pesar de las numerosas capturas que todos los días registra la fuerza pública.^[22]

Por último, no existen cifras oficiales disponibles para el público, sobre el número de miembros de estas estructuras armadas. Los datos oficiales publicados en los anuarios estadísticos del Ministerio de Defensa, solo indican el número de personas capturadas o dadas de baja. Sin embargo, organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz afirman que los grupos posdesmovilización cuentan actualmente con aproximadamente 3.500 integrantes.^[23] Por su parte, Indepaz sostiene que para 2013 tenían entre 2000 y 2500 hombres (Indepaz, 2014).

Acciones de los grupos posdesmovilización en contra del ejercicio de la oposición política

El accionar de los grupos armados posdesmovilización, permite concluir que el objetivo principal de estas organizaciones es preservar el orden social que construyeron en el marco del conflicto armado colombiano. Lo anterior implica no solo la protección de un conjunto de intereses económicos, sino también torpedear los procesos judiciales adelantados por las víctimas, sabotear el proceso de restitución de tierras iniciado con la ley 1448 de 2011 y conservar su influencia en el escenario político local.

Es por esta razón que los grupos posdesmovilización mantuvieron el interés por incidir en los procesos electorales, y por esta vía buscaron conservar o ampliar su influencia en la política local.^[25] Con este propósito se observan dos tipos de estrategias. En primer lugar, amenazas a candidatos y autoridades locales.^[26] En segundo lugar, alianzas con políticos elegidos gracias el apoyo de estas organizaciones, situación que se demuestra con las capturas y procesos judiciales en contra de concejales o alcaldes por su relación con estos grupos armados.^[27]

Así mismo, se han presentado amenazas contra partidos y movimientos políticos de izquierda. Ejemplo de esto son las amenazas contra miembros del Polo Democrático (en particular contra Carlos Gaviria y, en su momento, Gustavo Petro), el atentado contra Imelda Daza dirigente de la Unión Patriótica, las amenazas contra la senadora Claudia López del Partido Alianza Verde y contra el movimiento Marcha Patriótica.^[28]

Por otra parte, estos grupos también se dedicaron desde el principio, a la persecución de diferentes sectores cuyas reivindicaciones eran consideradas como una amenaza. Esta situación se evidencia principalmente en la intimidación y asesinatos contra las víctimas del conflicto armado, en particular contra los reclamantes de tierras. Problemática que se observa de manera sostenida desde 2007 en departamentos como Montería, Sucre, Córdoba, Antioquia y Chocó, donde fue más que evidente el dominio ejercido por los antiguos grupos paramilitares.^[29]

Adicionalmente, los grupos posdesmovilización han amenazado estudiantes, indígenas, periodistas y sindicalistas.^[30] También a las madres que denunciaron la desaparición de los jóvenes de Soacha,^[31] escándalo que sería conocido como “falsos positivos”^[32].

Organizaciones que adelantan labores de carácter social o que trabajan por la defensa de los derechos humanos en las áreas de influencia de estos grupos armados, también han sido objeto de constantes amenazas. Por ejemplo, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la Corporación Sembrar, la Federación Agro minera del Sur de Bolívar, Crear, Nuevo Arco Iris, Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz), Movimiento de Víctimas (Movice), Pastoral de Tumaco, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de Acción Social.^[33]

Frente a esta problemática, es pertinente mencionar también el informe sobre la situación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en Colombia, publicado en 2016 por el CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular). Según este informe los paramilitares fueron los presuntos responsables de un total de 1.064 violaciones a los Derechos Humanos (causadas por persecución política, abuso de autoridad e intolerancia social), ocurridas en el periodo enero – diciembre de 2015. De estas violaciones, se resaltan 873 casos de amenazas y 99 casos de ejecuciones extrajudiciales. Así mismo, el informe señala que durante el 2015 se presentaron 198 amenazas contra defensores de los Derechos Humanos.

De acuerdo con la información presentada en este apartado, existe un claro accionar de los grupos posdesmovilización en contra de líderes sociales, defensores de derechos humanos, víctimas y reclamantes de tierras. Sin embargo, no se trata del mismo nivel de violencia paramilitar que se observó en el país en décadas anteriores. Según el informe “Basta ya”, elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, los grupos paramilitares fueron responsables del 58.9% (1.166) del total de masacres ocurridas en el marco del conflicto armado, donde murieron 7.160 personas.

Adicionalmente, a los paramilitares se les atribuye el 38.4% (8.903) de los asesinatos selectivos y el 63% (371) de eventos de violencia con sevicia y brutalidad extrema contra las víctimas. Cifras que corresponden al periodo 1981-2012 (2013, pp. 36-37).

Ahora, según este mismo informe, la intensidad del conflicto viene en una tendencia decreciente desde 2003. De acuerdo con la información reportada por el Registro Único de Víctimas (RUV),^[34] los homicidios, las desapariciones forzadas y el despojo de tierras, entre otras violaciones a los Derechos Humanos, han venido disminuyendo en los últimos años (ver gráficas 1, 2, 3)^[35]. En tal sentido, aunque el registro no discrimina según los perpetradores de tales violaciones, es posible afirmar que la violencia causada por los grupos posdesmovilización, herederos del paramilitarismo, no tiene las mismas dimensiones de las décadas de 1980 y 1990, diferencia especialmente notoria entre 1996 y 2002, periodo en que la guerra cobró el mayor número de víctimas (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013: 32).

Gráfica Nº 1
Despojo de tierras 1988 – 2013
Fuente: Elaboración propia – Datos Registro Único de Víctimas

Gráfica Nº 2
Desaparición Forzada 1985 – 2016
Fuente: Elaboración propia – Datos Registro Único de Víctimas

Gráfica Nº 3
Homicidios 1985 – 2016
Fuente: Elaboración propia – Datos Registro Único de Víctimas

El accionar del Estado contra los grupos posdesmovilización

En 2007, cuanto termina el proceso de negociación con los paramilitares y se evidencia de manera clara la aparición de estructuras armadas claramente derivadas del paramilitarismo, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, recurrió al término Bandas Criminales (Bacrim) para referirse a estas organizaciones. El objetivo de esta denominación era caracterizar a los grupos armados posdesmovilización como simples delincuentes, dedicados exclusivamente a la acumulación de rentas y sobre todo sin ninguna connotación política (Valencia, 2016, p. 1; Pérez y Montoya, 2013, p. 3).

Con este mismo propósito el Presidente Uribe expide en julio de 2010 el decreto 2374, mediante el cual se crea la Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes Criminales y se establece una política para combatir estas organizaciones, basada fundamentalmente en la captura y judicialización de las cabezas más visibles de las organizaciones. De esta forma, las bandas criminales fueron oficialmente caracterizadas en este decreto como “…organizaciones de carácter multidelictivo, independientes unas de otras, carentes de cualquier tipo de ideología, desplegándose hacia zonas donde convergen las fases de la cadena del narcotráfico, llegando incluso a consolidar alianzas con grupos terroristas (FARC y ELN) y con organizaciones delincuenciales con propósitos criminales”.

Así, durante los cinco años siguientes, las acciones del Estado en contra de los grupos posdesmovilización fueron lideradas por la Policía Nacional, con el objetivo principal de capturar o dar de baja a los principales cabecillas. Vista desde esta perspectiva, la política contra las bandas ha sido exitosa en la medida en que efectivamente han sido neutralizados objetivos de alto valor.^[36]

Sin embargo, el poder armado y criminal de estas organizaciones parece mantenerse constante, situación evidente dada la relación entre el número de miembros neutralizados (capturados o dados de baja) y el número de integrantes. Como se mencionó atrás, según los datos de la Fundación Ideas para la Paz, las denominadas bandas criminales tenían para 2016 alrededor de 3.500 hombres, y de acuerdo con el informe sobre los logros de la política de defensa y seguridad (Ministerio de Defensa, 2016), anualmente son neutralizados entre 2.400 y 4.500 miembros (ver gráfica 4). Luego, a pesar de las numerosas capturas, las dimensiones de los grupos posdesmovilización se mantienen, lo que indicaría que las políticas para su desmantelamiento no han sido efectivas.

Grafica Nº 4
Miembros de crimen organizado neutralizados 2007-2015
Fuente: Ministerio de Defensa – Logros de la política de defensa y seguridad todos por un nuevo país.

En mayo de 2016 el Ministerio de Defensa expidió la directiva Nº 15, donde se reformuló la política del Estado para enfrentar a las bandas criminales. El principal cambio consistió en renombrar a estas estructuras como Grupos Armados Organizados y plantear una estrategia de combate bajo los parámetros del conflicto armado interno. Con este cambio se involucra a las Fuerzas Militares, ya no sólo a la Policía Nacional, lo que a su vez permite utilizar estrategias como los bombardeos que ya probaron ser efectivos en el combate contra guerrilla. En tal sentido, se supera la visión de los grupos posdesmovilización como simple criminalidad o delincuencia organizada y se acepta de alguna manera que el fenómeno es mucho más complejo de lo que hasta el momento se había querido reconocer^[37]. No obstante, el gobierno insiste en que el cambio de denominación no implica algún tipo de reconocimiento político para estos Grupos Armados Organizados.^[38]

Según el gobierno Santos, actualmente existen en el país tres Grupos Armados Organizados: los Urabeños, las disidencias del ERPAC y los Pelusos. Los dos primeros son resultado del fallido proceso de desmovilización con los paramilitares, cuyas acciones en contra del ejercicio de la oposición se analizan en el presente artículo. Por otra parte, los Pelusos surgen como un reducto del EPL (Ejército Popular de Liberación), pero son considerados por el gobierno como una estructura netamente criminal sin connotaciones políticas, pues se dedican exclusivamente al narcotráfico. Su líder principal, Ramón Navarro Serrano, alias Megateo, fue dado de baja en 2015 y actualmente son comandados por David Aguirre, Alias Caracho^[39] (Las 2 Orillas, 2016).

Como estrategia para desmantelar estas organizaciones, también se ha discutido la posibilidad de iniciar procesos de sometimiento a la justicia. En 2010 la Iglesia Católica colombiana, actuó como intermediaria para lograr el sometimiento de los grupos posdesmovilización^[40]. Posteriormente en 2015, el entonces Fiscal Eduardo Montealegre y el Ministro de Justicia y del Derecho Yesid Reyes Alvarado, presentaron ante el Congreso un proyecto de ley que buscaba reformar el Código Penal^[41] con el fin de facilitar el sometimiento a la justicia de las denominadas bandas criminales, sin embargo, aunque los miembros de estas organizaciones han manifestado su intereses en entregarse, esta estrategia todavía no ha dado resultados.^[42]

La vinculación entre la fuerza pública y los grupos armados posdesmovilización es otro elemento a tener en cuenta, para comprender el accionar del Estado frente a estas organizaciones. La revisión de prensa evidencia que miembros de la fuerza pública, así como de algunas entidades de la rama judicial, proporcionan diferentes apoyos a estos grupos a cambio de dinero: venta de armas o de material militar, apoyo en actividades delictivas, información de inteligencia que permita evitar capturas, torpedear procesos judiciales, o información sobre el bando enemigo.^[43] Sin embargo, se trata sobre todo de un problema de corrupción. Este vínculo ya no se justifica por razones ideológicas, ya no se aduce que el paramilitarismo sea un aliado del Estado en la lucha contra la guerrilla, creencia que en su momento no sólo estuvo arraigada en las Fuerzas Militares, sino en la sociedad colombiana en general (Comisión Colombiana de Juristas, 2010, p. 86; Valencia, 2016, p. 16).

Los vínculos entre la fuerza pública y la ilegalidad están lejos de ser superados, no obstante esta problemática sí ha adquirido una mayor visibilidad en los últimos años. Evidencia de esto es la captura de miembros de la fuerza pública o de la rama judicial, relacionados con los grupos armados posdesmovilización;^[44] la desarticulación del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) que había sido infiltrado por el paramilitarismo, y el escándalo de la “parapolítica”, que llevó a la cárcel a varios congresistas elegidos con el apoyo de grupos paramilitares.

La existencia de los grupos posdesmovilización también ha sido un tema central de discusión en la mesa de negociación de La Habana,^[45] particularmente en lo relativo a los acuerdos sobre garantías de seguridad y participación política. Al respecto el gobierno y las FARC han acordado puntos como: 1. Conformación de un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política 2. Creación de una Subdirección en la Unidad Nacional de Protección, especializada en la seguridad de los integrantes del nuevo partido que surja de las FARC 3. Medidas para el esclarecimiento del paramilitarismo 4. Medidas contra las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y contra cualquier conducta criminal que amenace el cumplimiento de los acuerdos de paz 5. Revisión de los servicios de vigilancia y seguridad privada que existen actualmente en el país.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que aunque la política estatal contra los grupos posdesmovilización no ha sido necesariamente efectiva, si existe un compromiso institucional para combatirlos.^[46] El cambio de estrategia reflejado en la directiva 15 de 2016, la presión constante sobre los cabecillas, las capturas de los objetivos de alto valor, la discusión en La Habana sobre las garantías de seguridad para los guerrilleros desmovilizados, así como las acciones encaminadas a romper los vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos armados posdesmovilización, son evidencia del interés del Estado, o al menos del gobierno actual, por desmantelar dichas estructuras.

Conclusiones

El propósito de este artículo fue el de examinar las acciones de los grupos posdesmovilización, sucesores del paramilitarismo, en contra del ejercicio de la oposición política en Colombia, y determinar en qué medida el sistema político estaba preparado para tolerar a los nuevos actores que incursionaran en el escenario político, como resultado de los acuerdos de paz.

Con este fin, se discutieron algunos planteamientos teóricos de Robert Dahl. En primer lugar, los axiomas donde se afirma que la probabilidad de que un gobierno tolere a la oposición, aumentará en la medida en que el precio de suprimirla o exterminarla sea demasiado alto. En segundo lugar, se discutieron las secuencias históricas que llevan a la consolidación de sistemas políticos que garantizan espacios de debate público, así como la participación y representación efectiva de todos los sectores.

Posteriormente, a partir de la información recolectada con la revisión de prensa, se analizaron las características de los grupos armados posdesmovilización y las acciones de estos grupos en contra de los sectores percibidos como una amenaza para el statu quo. Al respecto, se puede concluir que si bien existe un claro accionar de los grupos posdesmovilización contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, víctimas y reclamantes de tierras, no se trata de los mismos niveles de violencia que se observaron en el país en décadas anteriores. Así mismo, tampoco se esperaría que estas acciones sean sostenibles en el tiempo, pues constituyen una amenaza directa contra la implementación de un proceso de paz que en todo caso cuenta con el apoyo de la institucionalidad del Estado.

Por último, también a partir de la información proporcionada por la revisión de prensa, se analizaron las acciones del Estado en contra de los grupos sucesores del paramilitarismo. Frente a este aspecto, se concluye que la política estatal no ha sido necesariamente efectiva, pues no se ha reducido ni el poder criminal, ni el número de miembros de estos grupos armados. Sin embargo, sí existe un compromiso institucional para combatirlos que se evidencia en el reciente cambio de directiva, en la persecución contra los cabecillas, en la exposición de los vínculos con la fuerza pública y en los acuerdos sobre las garantías de seguridad y participación política de La Habana.

En tal sentido, podría esperarse que una vez finalizado el proceso de paz con las FARC, las Fuerzas Armadas concentren todos sus recursos en perseguir a estas estructuras, la calificación de Grupos Armados Organizados que pueden ser combatidos bajo los parámetros de un conflicto armado, indicaría justamente que el gobierno actual se está preparando para terminar con los reductos del paramilitarismo y con los vínculos entre la Fuerza Pública y este tipo de estructuras.

Teniendo en cuenta lo anterior y retomando los planteamientos de Dahl, es posible concluir que el sistema político colombiano se encuentra en una secuencia de transición favorable al ejercicio de la oposición política. La apertura democrática de la Constitución de 1991 sumada a la coyuntura que se desprende del proceso de paz, ha generado espacios de debate público que facilitarán la posterior participación y representación de los grupos guerrilleros que se conviertan en movimientos políticos. Así mismo, dadas las acciones del Estado contra las estructuras armadas que amenazan la paz, la disminución de los niveles de la violencia paramilitar, el compromiso de la comunidad internacional con el actual proceso de paz y las obligaciones asumidas por el Estado colombiano en materia de Derechos Humanos, es posible concluir que en la coyuntura actual el precio de suprimir a la oposición ciertamente será mucho más alto que el precio de tolerarla.

Lo anterior no significa por supuesto, que en las actuales circunstancias el ejercicio de la oposición sea necesariamente percibido como legítimo por parte de toda la sociedad colombiana. Ni tampoco, que la aparición de nuevos sectores en la esfera política vaya a estar libre de conflictos o violencia. Lo que se pretendió demostrar más bien, es que a pesar de las dificultades y de un pasado marcado por la guerra, el contexto actual de negociaciones de paz es favorable para tramitar en el marco de la democracia los conflictos que se deriven de la incorporación en el escenario político de los nuevos actores. En otras palabras, es una coyuntura favorable para el debate público y para la participación y representación de quienes se oponen al orden social establecido, y reclaman la redistribución de valores como la tierra, la riqueza, el poder y el reconocimiento social. Pero también es una coyuntura favorable para que los sectores que se oponen a cualquier alteración del statu quo, defiendan sus intereses bajo los parámetros de la democracia y no recurran, como en el pasado, al uso de la violencia. En últimas, lo que se esperaría es la construcción de una democracia donde las posiciones contrarias puedan dirimirse a través de mecanismos institucionales y no a través del ejercicio de la violencia.

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Notas