Introducción

La violencia y el conflicto armado urbano en Medellín no son un problema reciente. Cobra su propia especificidad en relación con la historia violenta del país. Así lo señala Mauricio Romero (2007), quien sostiene que

A lo largo de los últimos veinte años, la ciudad de Medellín ha estado marcada por la presencia de altos niveles de confrontación violenta, que se alternan con momentos de hegemonía de algunos de los competidores armados, y procesos muy heterogéneos de negociación del Estado con algunos de ellos". (p.109).

Violencia y narcotráfico fueron elementos íntimamente relacionados durante las décadas de los ochenta y noventa, en tanto el uno no se explicaba sin el otro. Esto produjo, principalmente, una oleada sistemática de violencia en Medellín, desatada por las bandas sicariales (asociadas al narcotráfico, especialmente), milicias guerrilleras y grupos paramilitares. El presente artículo de investigación pretende analizar el conflicto urbano en Medellín durante el periodo 2001-2008, tiempo en el cual se estuvieron disputando el territorio los tres actores del conflicto previamente señalados.

Con la investigación se pretende, como objetivo general, identificar las características que han configurado el escalamiento y desescalamiento del conflicto armado urbano en Medellín con el fin de brindar respuesta a tres interrogantes: ¿cómo se fue configurando el conflicto armado urbano en la ciudad?, ¿a qué se debió el escalamiento y desescalamiento del conflicto en Medellín durante el periodo en mención? y ¿qué actores del conflicto armado urbano se han mantenido hegemónicamente en las comunas de la ciudad durante el periodo de estudio?

La hipótesis central de esta investigación es que el conflicto armado urbano en Medellín ha tenido periodos de escalamiento y desescalamiento, que redundan en una dinámica cíclica como respuesta frente a la intervención del Estado y la hegemonía territorial. Por lo tanto, la subsistencia del conflicto urbano se debe a la competencia armada por el control del territorio entre los actores del conflicto, el monopolio de las redes del narcotráfico y la capacidad de respuesta del Estado para contrarrestar dicha situación. La violencia, por ende, se ha configurado como una cadena cíclica que retro-alimenta el conflicto armado urbano en Medellín.

Metodológicamente, para abordar esta investigación de corte cualitativo se partió de la variable objeto de estudio, a saber, conflicto armado urbano, cuyas dimensiones empíricas son: 1) actores del conflicto (bandas sicariales, grupos paramilitares y milicias guerrilleras de las FARC); 2) acciones armadas ejecutadas; y 3) lugar donde se ejecutó la acción armada durante el periodo 2001-2008 (16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad).

La información se obtuvo a partir de la búsqueda de fuentes documentales y del archivo hemerográfico. La primera consistió en clasificar y jerarquizar, a partir de palabras claves, la información consultada principalmente en fuentes como la Misión Permanente de la OEA -MAPP/OEA, el Observatorio de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. La segunda refiere a la revisión sistemática de los ocho años objeto de estudio en el periódico El Colombiano, de circulación regional-nacional. La recolección se consignó en una matriz de registro de información.

Los resultados de la investigación se presentan de la siguiente manera: en el primer apartado se hace alusión al contexto de la investigación, es decir, al conflicto armado a nivel nacional, así como a la evolución socio económica, demográfica y política de Medellín y el surgimiento de los actores del conflicto urbano en el territorio. El apartado segundo comprende el desarrollo teórico-metodológico de la investigación; en éste se abordaron los principales conceptos que permean el problema objeto de investigación. Se destaca que la directriz teórica que orientó la investigación está conformada por las visiones de Vicenc Fisas, René Girard y Lewis Cosser, así como la literatura especializada nacional sobre el conflicto armado.

El apartado tres contiene el análisis del periodo objeto de estudio, es decir, del escalamiento y desescalamiento del conflicto armado. Finalmente se elaboran las conclusiones que arrojó la investigación, con la convicción de que la delimitación temporal fue un recurso heurístico para analizar un problema que continúa en la vida local, aunque con algunos matices distintos.

Conflicto armado nacional y actores del conflicto

Es importante detenernos en uno de los periodos más dolorosos de la historia de Colombia, el periodo de la Violencia, que no fue ajeno a las grandes ciudades del país, como Medellín, donde la situación se agudizó con la consolidación del narcotráfico. Camacho (1988) sostiene que la violencia colombiana de la década de los 40 y 60 ha tenido varios ámbitos de materialización: socio-económico, socio-político, socio-cultural y territorial. El primero se refiere a la lucha sobre los recursos materiales y la distribución inequitativa de los mismos; el segundo, remite a la pugna armada por el poder del Estado; el tercero tiene que ver con los pocos niveles de tolerancia social hacia quienes están en desacuerdo con el orden político y económico vigente: y el cuarto se relaciona con la lucha por el territorio y contra quienes representan los modelos de acumulación capitalista que expropian los recursos de los pobladores, generando desequilibrio y migración.

Otros autores, como Palacios y Safford (2002), explican el desarrollo de la violencia en Colombia a partir de la construcción y periodización de "cuatro grandes fases continúas e interrelacionadas entre sí" (p.633). La primera fase la denominaron "la violencia del sectarismo bipartidista"; comprende entre el periodo 1945-1953. Dicha fase se caracterizó por la lucha entre liberales y conservadores (partidos políticos tradicionales de la historia política de Colombia) por el acceso al poder. La lucha partidista dejó centenares de muertos en los campos y las ciudades del territorio nacional, debido al patrón de venganza con que se propagaba geográficamente la violencia. Uno de los hechos que más sobresale en esta fase de violencia, en tanto marcó un hito para la historia política del país, fue el asesinato del líder y candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, en Bogotá. Este magnicidio desató una masiva y sangrienta revuelta urbana conocida en la historia del país como el Bogotazo.

La segunda fase establecida por Palacios (2002) es titulada "la violencia mafiosa", comprendida entre 1954 y 1964. Dicha fase se caracterizó no sólo por las luchas bipartidistas de la fase anterior, sino también por el control del mercado de tierras y del negocio del café, codiciado por los partidos tradicionales; circunstancia que provocó una ola de violencia con motivaciones predominantemente económicas. Es importante recalcar que, durante esta fase, empezó a funcionar por 16 años el acuerdo conocido como Frente Nacional, cuyo propósito fue la pacificación del país por medio de la alternancia política del poder del Estado, el monopolio político de los dos partidos tradicionales y el control del poder en contra de las opciones más liberales, revolucionarias y comunistas.

"Las guerrillas revolucionarias, 1961-1989" es la tercera fase establecida por los autores reseñados: en ésta el conflicto armado cobró fuerza y la lucha revolucionaria de las organizaciones guerrilleras se concentró en la transformación del orden social y del Estado. Entre los años 1962 y 1980 nacieron el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de corte foquista; las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de corte agrarista-comunista; el Ejército Popular de Liberación (EPL), la Corriente de Renovación Socialista (CRS); el Movimiento 19 de abril (M-19); y el Movimiento armado Quintín Lame (MAQL), organización guerrillera de orientación indígena que surgió en 1980 (Palacios, 2002). De los movimientos mencionados, sólo el CRS, el M-19¹ y el MAQL se encuentran desmovilizados en su totalidad. El EPL también inició a principios de la década de los noventa un proceso de desmovilización escalonado; no obstante, un reducto disidente de esta agrupación se mantiene en los departamentos de Risaralda y Caldas (Echandía, 1998).

La cuarta fase de violencia es titulada por Palacios (2002) como "la violencia de los años noventa". Se caracterizó por la presencia intensiva del narcotráfico, que trajo consigo el establecimiento de fuerzas criminales como el crimen organizado, los grupos paramilitares y fenómenos como el desplazamiento forzado y las limpiezas sociales² en las poblaciones marginales. Durante esta década, el conflicto armado nacional se acentuó con el escalamiento del narcotráfico y la presencia cada vez más activa de una heterogeneidad de actores, que empezaron a tejer alianzas o, en su defecto, antagonismos que terminaron desatando diferentes escenarios de violencia: desde la mafiosa hasta la insurreccional, quedando la población civil inerme en medio del conflicto.

Para Palacios (2002) "los movimientos insurgentes de izquierda de finales de siglo XX ya no son portadores de un proyecto político nacional" (citado en Pineda y Sosa, 2007, p.69). En consecuencia, la búsqueda del poder ha pasado a un segundo plano, siendo el control territorial y el control clien-telar de los gobiernos locales algunas de las principales motivaciones que los congregan.

En lo que refiere específicamente a los paramilitares, se destaca que éstos se han consolidado como fuerzas fragmentadas y atomizadas que adolecen de un proyecto político unificado. Entre sus principales pretensiones sobresale, principalmente, el pleno control del tráfico ilegal de las drogas, el combate a los grupos de izquierda y el control clientelar de las localidades donde se asientan. Para Palacios, esta fase no ha terminado aún, pues muchas de las estructuras insurgentes que nacieron en las décadas anteriores se mantienen, aumentando su pie de fuerza y despliegue militar.

Las circunstancias enunciadas anteriormente permiten inferir que la historia de Colombia arrastra una serie de inequidades que, aún hoy, se mantienen latentes en algunas latitudes del país.

Contexto: Medellín

Medellín se asienta sobre un valle de nutrida vegetación, topográficamente montañoso y empinado, de la Cordillera Central de los Andes colombianos. La ciudad está ubicada sobre un área de relieve irregular, en el centro-sur del departamento de Antioquia, entre las regiones caribe y pacífico.

Medellín, según proyecciones elaboradas por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), contaba con una población total de 2.464.322 habitantes en 2015 y una extensión total de 382 Km² atravesados por el río Medellín, que recorre de sur a norte la ciudad.

Medellín tiene alrededor de 248 barrios en su zona urbana y más de 40 veredas en su zona rural; por consiguiente, fue necesario recurrir a categorías de análisis más amplias, como comunas y corregimientos. Así, la capital del departamento de Antioquia en su zona urbana se divide, como lo señala Gloria Naranjo (1992), en dieciséis comunas, a saber: 1) Popular, 2) Santa Cruz, 3) Manrique, 4) Aranjuez, 5) Castilla, 6) Doce de Octubre, 7) Robledo, 8) Villa Hermosa, 9) Buenos Aires, 10) La Candelaria, 11) Laureles-Estadio, 12) La América, 13) San Javier, 14) El Poblado, 15) Guayabal y 16) Belén. En su zona rural, en cinco corregimientos: Santa Elena, Altavista, San Cristóbal, San Antonio de Prado y Palmitas. Dicha división es importante para la investigación, en tanto los actores de la violencia urbana (bandas sicariales o "combos", milicias guerrilleras y grupos paramilitares) han configurado alrededor de esta geografía relaciones antagónicas o, en su defecto, de subordinación; tal es el caso de los vínculos que hay entre las bandas sicariales y los grupos paramilitares por el control del territorio, las redes del narcotráfico y el crimen organizado³.

De acuerdo con los censos oficiales realizados por el DANE, Medellín ha pasado de tener, en 1964, 772.887 habitantes a 1.122.000, en 1973, y 1.418.554 en 1985 (Tabla 1). Esto quiere decir que la ciudad ha venido aumentado progresivamente el volumen de su población de manera considerable, salvo en 1993, año en el que Medellín registró una población de 1.562.244 habitantes, menos que Cali que, para el mismo año, contaba con 1.666.468 habitantes (véase Tabla 1).

Ciertamente, durante el periodo de tiempo entre los años 1985 y 1993 se registró el menor aumento poblacional, es decir, que en un lapso de ocho años la población de Medellín se incrementó en apenas 143.690 habitantes, lo que equivale a una tasa de crecimiento de 1.21 %, la más baja de todos los tiempos para la ciudad (Tabla 1). En síntesis, la población y la ciudad con su área metropolitana experimentaron, durante las décadas de los ochenta y noventa, una oleada de violencia muy fuerte que se refleja claramente en el estancamiento de la tasa de crecimiento poblacional durante dicho periodo, en la drástica desaceleración demográfica que sufrió Medellín y, como bien lo señala Vélez (2004) citando estadísticas de la Contraloría General de la República, el DANE y la Policía Nacional, en el ascenso vertiginoso de la tasa de homicidios.

Ahora bien, adentrarnos en la dinámica económica del país y, particularmente, de Medellín, implicaría hacer referencia al auge de la industria textilera y su posterior crisis, antesala para que el surgimiento del narcotráfico y su sucesiva expansión, no sólo en la ciudad, sino también a lo largo y ancho del territorio nacional. De acuerdo con Thoumi (1989) "los empresarios ilegales han invertido sumas sustanciales en tierra de manera que en 1995 había evidencia de compras sustanciales de tierra en 42 % de los 1039 municipios que existían en el país durante ese año" (Thoumi, 1989, p.18).

En este mismo sentido, Palacios (2002) señala que Medellín ofrece uno de los ejemplos más claros y evidentes acerca del impacto de los ritmos económicos en la vida urbana: "[d]espués del apogeo industrial, que alcanzó su cima entre 1940 y 1956, sobrevino una paulatina desaceleración de la actividad económica que, desde mediados de los años 70, condujo a situaciones peligrosas de desempleo, marginalidad y criminalidad" (p.556). Es así como muchos pobladores migrantes recurrieron a la subsistencia basada en el empleo informal o, en su defecto, al mercado de las drogas.

El desarrollo y evolución de la industria ilegal del narcotráfico en el país tuvieron su periodo de apogeo a partir del segundo lustro de la década de los setenta. "El aumento del tráfico de marihuana consolidó unas rutas y abonó el terreno para el comercio de la cocaína, considerado desde el punto de vista de los comerciantes ilegales, un negocio mucho más atractivo en tanto es un producto más fácil de esconder y de contrabandear, es mucho más valioso y produce mayores utilidades" (Thoumi, 1989, p.11). Dichos factores contribuyeron al desarrollo y fortalecimiento de los carteles de la droga⁴ que crecieron con la comercialización de la cocaína.

El panorama que afrontó Medellín con la crisis de la industria manufacturera (especialmente de aquella asociada al ramo textil) no fue el más alentador, de manera que repercutió e impactó directamente en la situación económica y social de la ciudad. La entrada del narcotráfico propició el nacimiento de una poderosa organización ilegal influyente en la economía y sociedad nacional (Thoumi, 1989), conocida como el cartel de Medellín. Estuvo liderado por Pablo Escobar, que se enfrentó sistemáticamente al Estado.

La empresa criminal e ilegal de Pablo Escobar se expandió de tal manera que llegó a incidir y tocar las fibras más sensibles de la vida económica, política y social, logrando un control de la ciudad en todos los circuitos. De los múltiples efectos que trajo el narcotráfico, el más nocivo fue la violencia, que sumió en un juego de lealtades mortales a los jóvenes de los barrios populares de Medellín, esto es, los barrios que se ubicaban en las zonas altas y periféricas de varias comunas de la ciudad (Hincapié, 2006, p.32).

Desarrollo teórico

Los ejes conceptuales que intervienen preponderantemente en la investigación son: conflicto, violencia y conflicto armado urbano. Cabe precisar que existen otros conceptos que se relacionan con los señalados, sin embargo, solo se abordarán aquellos conceptos trascendentales para la comprensión del objeto de estudio.

Existen tanas definiciones de conflicto como investigaciones y literatura sobre la materia. Las escuelas o enfoques de estudio que han desarrollado diversas interpretaciones alrededor de los conflictos se agrupan, de acuerdo con Fisas (1987), en tres categorías de análisis: la escuela biológica, la escuela psico-sociológica y la escuela estructuralista (también conocida como la escuela funcional-estructuralista). Las dos primeras le otorgan gran relevancia a la naturaleza psíquica del ser humano, esto es, consideran que los conflictos son innatos en todas las sociedades animales y están relacionados a factores subjetivos, perceptivos e individuales, es decir, que el actor y el comportamiento humano son los protagonistas del análisis. Por su parte, la escuela estructuralista aboga por una aproximación objetiva del conflicto, argumentando que éste no puede ser interpretado únicamente a partir del individuo; por el contrario, según esta escuela, el conflicto se deriva de la incompatibilidad de intereses y objetivos engendrados en el seno de la estructura social.

Para Fisas (1987),

El conflicto se podría definir, de manera esquemática, como: una situación en la que un actor (una persona, una comunidad, un Estado, etc.) se encuentra en oposición consciente con otro actor (del mismo o de diferente rango), a partir del momento en que persiguen objetivos incompatibles (o éstos son percibidos como tales), lo que los conduce a una oposición, enfrentamiento o lucha (p. 166).

Esta definición hace hincapié en la incompatibilidad de intereses surgidos a partir de la interacción humana y de la existencia natural de la diferencia. El autor señala, además, que la defensa de dichos intereses y objetivos puede conducir, inclusive, a que las partes puedan recurrir a la violencia con el propósito deliberado de causar daño.

Por su parte, Cosser (1961) define el conflicto como una lucha con respecto a valores y bienes escasos (como los recursos), donde el propósito de los antagonistas es neutralizar, perjudicar o eliminar a los rivales.

Todo sistema social implica una distribución, tanto de poder, como de riqueza y posiciones de status, entre los actores individuales y los subgrupos componentes. Como se ha señalado, nunca hay una completa concordancia entre lo que los individuos y los grupos dentro de un sistema consideran su justo derecho o el sistema adecuado de distribución. El conflicto sobreviene cuando diversos grupos e individuos frustrados se esfuerzan por aumentar su parte de gratificación. Sus demandas encontrarán resistencia en aquellos que establecieron previamente un "interés creado", en una forma dada de distribución de honor, riquezas y poder (Cosser, 1970, p.35).

En su obra Nuevos aportes a la teoría del conflicto social (1970), Cosser actualiza la versión clásica del estructuralismo, aceptando la existencia positiva de los conflictos y exaltando las oportunidades que éstos brindan para el aprendizaje y el cambio. Justifica la funcionalidad del conflicto argumentando que su manifestación es necesaria para el mantenimiento de la identidad y la cohesión social, hasta el punto de subrayar que un grupo social no existiría si no viviera en conflicto o en preparación para un conflicto inminente.

La definición teórica de Cosser concibe el conflicto como una contienda, una disputa por aumentar valores, status y recursos, que llega al máximo nivel de tensión cuando las demandas de los grupos marginados del poder no tienen trámite en "el interés creado", configurándose una situación de conflicto manifiesto, que se tornará aguda en la medida en que se haga uso potencial o efectivo de la violencia bien como recurso ofensivo (ataque), bien como recurso de defensa. En el primer caso, los grupos marginados recurren a la violencia en aras de cambiar el "interés creado" por un interés entendido como utópico y, en el segundo caso, los grupos que ostentan el poder hacen uso de la violencia con el fin de mantener y defender el "orden establecido", esto es, la ideología.

De otro lado, es necesario introducir otro concepto relevante en esta investigación y es el de conflicto armado urbano, dado que, en principio, podría entenderse como una relación antagónica de actores armados en el suelo urbano. Este concepto se ha entendido como una expresión que deriva y guarda relación de proximidad con el conflicto político armado que se libra a escala nacional. Ciertamente, la connotación anterior es un juicio válido y, por demás, muy utilizado en las investigaciones que versan sobre esta temática; sin embargo, es importante recuperar su noción interpretativa inicial para obtener conjeturas propias.

Vilma Franco (2004) señala que:

Conflicto urbano no es ni un conflicto en general, ni escenificación de la guerra, ni violencia en la ciudad; es, por el contrario, una relación de antagonismo que versa sobre la construcción del espacio urbano -entendido este último a la manera propuesta por la escuela francesa de sociología urbana, es decir, el eje sobre el cual se configuran los objetivos contrapuestos en tal caso es el proceso de producción y organización social de espacios de aglomeración, en relación con los componentes del proceso de trabajo y gestión política de un territorio culturizado (p.60).

Esta concepción nos indica que, para estudiar el conflicto, en particular el conflicto urbano, se requiere ahondar en las relaciones antagónicas y asimétricas que sobrevienen dentro del espacio urbano; el mismo que congrega un capital humano heterogéneo que convive e interactúa (entre sí y con el orden social), dando inicio a la gestación de objetivos opuestos.

El concepto de violencia es frecuentemente asociado al de conflicto. Sin embargo, ésta es apenas un recurso y, por consiguiente, un comportamiento en el que pueden incurrir las partes antagónicas para dirimir el conflicto. Desde la perspectiva estructuralista, no todos los conflictos o relaciones de oposición desembocan en violencia; por consiguiente, ésta no constituye una condición imperativa para que exista el conflicto. Por el contrario, la violencia es una de las formas (la más burda, brutal y menos abstracta empíricamente) en las que se puede llegar a materializar el conflicto. Ciertamente, en esta investigación la violencia fue considerada a partir de las acciones armadas que desplegaron los tres actores objeto de estudio.

Una definición clásica de violencia es la propuesta por el sociólogo Johan Galtung (1998), para quien "la violencia no es solo un tipo de acto físico, sino también una determinada potencialidad. No se refiere sólo a una forma de "hacer", sino también de "no dejar hacer" (citado en Fisas, 1987, p.66).

Según Girard (1998), el uso de la violencia conlleva a una cadena de venganza, a un espiral de violencia donde un acto de represalia provoca nuevos actos de la misma naturaleza. En este sentido, el crimen que la venganza castiga casi nunca se concibe a sí mismo como inicio; antes bien, se presenta ya como venganza de un crimen anterior, original. Por lo tanto, la venganza constituye un proceso infinito e interminable (p.22), es decir, un círculo vicioso que se torna inmanejable, particularmente, cuando los actores mimetizan la violencia del otro y, paralelamente, desarrollan su violencia defensiva y ofensiva, con la cual buscan conservar sus estructuras y expandir sus intereses. En síntesis, para Fisas (2002), Galtung (1998) y Woodhouse (2011) el conflicto es una fuerza social que no debe ser rechazada, ya que tiene un potencial constructivo a la vez que destructivo (Barreto, 2015, p.24).

En efecto, en Medellín, la lógica del conflicto ha llevado a concluir que la resolución de conflictos en la ciudad tiene lugar a través de la violencia (Franco, 2004, p.72). La violencia urbana está constituida por las acciones violentas directas (visibles) e indirectas (invisibles), que se producen a causa de la configuración y acentuación de relaciones de dominación que afectan las relaciones sociales dentro de la urbe.

Diseño metodológico

Para empezar, el periodo 2001-2008 se seleccionó buscando un periodo de tiempo donde confluyeran los tres actores de la violencia armada urbana en Medellín; ciertamente, durante el escogido se aprecia la presencia de los tres actores. Además, es preciso acotar que esta es una investigación con una revisión histórica del periodo de tiempo seleccionado.

Frente al desarrollo de la investigación se utilizaron la técnica de archivo hemerográfico y la indagación de fuentes documentales y literatura especializada. El análisis e inferencia científica que se deriva de dichas herramientas permitió establecer relaciones, producir inferencias en el orden descriptivo y lógico, razonamientos y conclusiones a partir de la información recabada.

El archivo hemerográfico, cabe mencionar, es una técnica cualitativa que permite capturar información heurística de manera sistemática, para registrarla y organizarla con mayor celeridad.

Ahora bien, la recolección de información se realizó por medio de una matriz de casos (véase al final de este trabajo). Esta se confeccionó previamente y reemplazó la función que cumple generalmente la ficha hemerográfica (véase Figura 1).

Básicamente, cada caso consignado en la matriz contenía las siguientes unidades de registro empírico:

1. - Número de caso: hace alusión al consecutivo de registros consignados por año.

2. - Fuente del archivo: como se mencionó previamente, todos los registros fueron extraídos del periódico El Colombiano.

3. - Fecha del registro: indica tiempo o momento en el que se tomó el registro.

4. - Titular de la noticia: hace alusión al encabezado del registro.

5. - Actor: se refiere a los tres actores objeto de estudio. Sin embargo, cuando éste no se encuentra especificado, se indaga en otra fuente y en su defecto se codifica bajo la categoría -no dice.

6. - Tipo de acción: se refiere al tipo de acción violenta que fue ejecutada. Se encontró una extensa gama de acciones que por razones metodológicas se agruparon y codificaron en categorías más amplias.

Las acciones violentas que se registraron durante el periodo 2001-2008 en el perímetro de la ciudad fueron agrupadas conceptual y metodológicamente en las siguientes categorías: Acción armada (Acc.arm): es una ofensiva cuyos métodos remiten a detonaciones y atentados con artefactos explosivos (petardos, carrobombas, granadas, etc.), así como a enfrentamientos, masacres y ataques con armas de fuego de corto y, particularmente, de largo alcance. La acción armada es una ofensiva que deja como saldo un número de muertos y/o heridos, además de daños materiales. Los civiles o, como se les conoce en el argot de la guerra, "no combatientes", suelen ser las principales víctimas de este tipo de ofensiva armada a causa de las balas perdidas.

Asesinatos (Asesi.): acción que remite al crimen, ajusticiamiento o ejecución con premeditación, cálculo y conocimiento de los hechos. Dentro de esta categoría se incluyeron las personas que son detenidas, desaparecidas arbitrariamente y, posteriormente, ajusticiadas. Igualmente, se incluyeron aquellas personas que son relacionadas directamente en listas de limpieza social y, seguidamente, son encontradas asesinadas mediante el uso de armas de fuego de corto alcance o, en su defecto, armas blancas.

Acción sin ofensiva armada (Acc.sinarm): refiere a aquellas conductas cuya intención es la intimidación y la exteriorización manifiesta de causar daño. En esta categoría se incluyeron las amenazas, el desplazamiento intraurbano, el reclutamiento forzoso de base social (especialmente de jóvenes menores de edad, en gran parte, de los sectores deprimidos de la ciudad), la quema de viviendas, locales, buses y el cobro de vacunas y demás extorsiones al comercio y/o gremio transportador.

Secuestro y desaparición (Sec y des): alude a la aprehensión, ocultamiento, detención y privación de la libertad de forma arbitraria con el propósito de exigir rescate o, simplemente, por razones políticas. Dentro de esta categoría se incluyeron el secuestro individual o colectivo, la detención no resuelta y la desaparición forzada.

Masacre (Masac.): acción que remite a la matanza colectiva de personas en estado de indefensión. Esta acción violenta es muy frecuente en el escenario rural.

Captura (Cap FP): se refiere a una acción desplegada exclusivamente por las fuerzas castrenses del Estado, con el fin de recuperar el monopolio de la coerción. En este sentido el Estado emprende acciones como incautar material de guerra, capturar a actores al margen de la ley -sicarios, milicianos, paramilitares- mediante la puesta en marcha de operaciones militares, allanamientos, recapturas, desactivación de granadas, entre otras acciones del orden fáctico del Estado.

Detención arbitraria (Det.arb): remite a la privación de libertades a causa de la extralimitación de funciones y competencias por parte de los servidores del Estado. Se incluyen, entonces, aquellas retenciones que no cumplen con los requisitos exigidos por la ley (orden de captura) para la detención legal.

Ejecuciones extrajudiciales (Eje.extra): hace alusión al uso desmedido de la fuerza y a las ejecuciones arbitrarias que son perpetrados por las fuerzas del Estado o. en su defecto, por grupos paramilitares con la anuencia, connivencia y aquiescencia de la fuerza pública.

Lugar de la acción: alude al lugar donde se desenvolvió la acción violenta, o sea alguna de las dieciséis comunas o en su defecto corregimiento de la ciudad. Cuando este dato no es proporcionado se indagó otra fuente. En caso de no ser encontrado se codificó como -no dice-.

Observaciones: amplía el registro con datos y observaciones adicionales para obtener un mayor detalle del caso.

Es preciso indicar que la muestra objeto de estudio la conforman la totalidad de registros de acciones violentas ejecutados en Medellín durante los ocho años recogidos. En este sentido, se encontraron en total 824 registros que refieren a las acciones violentas perpetradas por los actores del conflicto armado urbano (véase Tabla 2). Esta cifra incluye las acciones militares ejecutadas por la Fuerza Pública para contener el conflicto. La muestra obtenida es representativa y, por demás, significativa, pues no solo valida el uso de esta herramienta como recurso metodológico, sino que permitió, adicionalmente, establecer inferencias y conclusiones sobre el problema objeto de estudio.

De la Tabla 2 se puede inferir que el 2002 fue, de lejos, el año donde se presentó mayor escalamiento del conflicto armado. Durante este, se encontraron 185 registros de acciones violentas que representan el 22 % de la muestra total. Del mismo modo, el 2003 fue el segundo año más violento con 135 registros que equivalen al 16.4 % del total de la muestra.

Llama particularmente la atención el repunte de las acciones violentas durante el año 2008, ya que desde el 2004 se evidenció un descenso paulatino, esto es, un desescalamiento de la violencia en el conflicto armado urbano, producto del combate sistemático a las milicias urbanas por parte de la asociación entre fuerzas castrenses y grupos paramilitares. Las bandas sicariales cobraron mayor protagonismo en el escenario local, aspecto que se evidencia en el número de acciones violentas ejecutadas por este actor durante el 2008. Aunado a lo anterior, las bandas sicariales se empezaron a perfilar como las herederas de la estructura paramilitar, que inició un proceso escalonado de desmovilización a finales de 2003 durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Resultados. Dinámica del conflicto armado urbano en Medellín durante el periodo 2001-2008

Medellín ha tenido una historia de violencia muy fuerte, asociada, en gran parte, al negocio del narcotráfico. En el perímetro de la ciudad han emergido y se han consolidado hegemónicamente, como ya se mencionó, diversos grupos militarizados al margen de la ley ,como milicias guerrilleras, grupos paramilitares y bandas sicariales (bandas o "combos"). Éstas últimas responden a la categoría de actores del conflicto armado urbano, toda vez que se han constituido como poderes de facto en las comunas de la ciudad financiadas por las huestes del narcotráfico y aliadas de los grupos paramilitares, aquellos que en los últimos años han venido controlando el negocio de las drogas en la ciudad.

La dinámica e intensidad del conflicto armado urbano durante el periodo de estudio develó los siguientes hallazgos: durante los años 2001 y 2002 fue evidente la presencia activa e intensiva de las milicias urbanas, afines tanto a la ideología de las FARC, como al ELN. El 2003 y el 2004 marcaron el fortalecimiento de los grupos paramilitares en el territorio local tras el repliegue y debilitamiento de los grupos milicianos expulsados y combatidos sistemáticamente durante los años anteriores (2002 y parte del 2003). Por otra parte, los años 2005, 2006 y 2007 marcaron el claro desescalamiento de la violencia en el conflicto; sin embargo, durante estos años y hasta el 2008, se observó el despertar, fortalecimiento y accionar autónomo de las bandas sicariales (véase Tabla 3).

Ahora bien, si comparamos el comportamiento del año 2001 con el de 2002 en lo que refiere a acciones violentas, encontramos que el 2002 fue ostensiblemente más violento, inclusive, comparándolo con toda la serie de tiempo estudiada (2001-2008). En síntesis, el 2002 fue un año donde la confrontación entre actores estuvo en pleno apogeo y el combate sistemático a las milicias fue la estrategia adoptada por parte de la Fuerza Pública para evitar el avance de estas agrupaciones.

Se infiere que el conflicto armado urbano de Medellín es complejo y cobra dinámicas propias de autosostenimiento y autoreproducción que hacen que el conflicto local no necesariamente sea una extensión del conflicto político nacional, debido a las siguientes razones: 1) no todos los actores que intervienen en el conflicto interno local ostentan o persiguen reconocimiento y estatus político; es el caso de las bandas sicariales o combos, cuyo patrón de comportamiento no responde a una lucha antisubversiva, sino al mercado de la criminalidad e ilegalidad y al comercio ilícito de las drogas. 2) El narcotráfico es un motor que permanentemente dinamiza el conflicto local, robusteciendo y alimentando los valores de fuerza y dinero fácil en la cultura local y 3) los bloques paramilitares que hacían presencia en Medellín se alejaron plenamente de las directrices pautadas por el Movimiento Nacional de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Paralelamente, según el Informe ejecutivo titulado "Proceso de paz con las Autodefensas", presentado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz del Gobierno Nacional (2006), el proceso de paz con los grupos paramilitares dejó un total de 31.671 desmovilizados a lo largo y ancho del territorio colombiano; de esta cifra, 10.194, que equivalen al 32 % del total nacional, operaban en el departamento antioqueño. Lo anterior permite inferir que Antioquia y su capital recibieron un número importante del potencial de desmovilizados que arrojó este proceso de paz, factor que representó grandes retos para la administración local, departamental y nacional, así como para la sociedad civil ya que, en el largo plazo, las filas de desmovilizados iban a demandar asistencia en torno a capacitación, estipendio, empleo y oportunidades en la vida legal.

La violencia, entendida como recurso del conflicto, durante estos años de estudio respondió a varios factores: a) el resquebrajamiento de las negociaciones de paz con los grupos guerrilleros, b) la permanente confrontación entre los actores del conflicto por el control y expansión de sus tentáculos en las comunas, c) la disputa por el control y monopolio de las redes del narcotráfico y d) las luchas internas entre las distintas facciones paramilitares y sus posteriores herederos por el control de la estructura criminal de la ciudad.

Frente a esta ola de violencia desatada por los actores del conflicto, hubo un incremento radical de las operaciones militares acometidas por la Fuerza Pública. El trabajo de archivo hemerográfico develó que, en los años 2002 y 2003, se llevaron a cabo un número considerable de operaciones castrenses en comunas estratégicas como las 1, 3 y 13, con el objetivo de éstas fue contener la violencia y el avance de los actores al margen de la ley (véase Tabla 4).

De acuerdo con la información que arrojó el archivo, se registraron cerca de 20 operaciones militares por parte de la Fuerza Pública, siendo la operación Mariscal y la Orión, ambas ejecutadas en el 2002, las más recordadas y renombradas no sólo por la vistosidad del despliegue logístico y militar en la comuna trece, sino también por las múltiples denuncias sobre violaciones a los derechos humanos según informe presentado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Personería De Medellín (2006).

Otro hallazgo a destacar es que las desmovilizaciones que se efectuaron en el marco del proceso de justicia y paz con las AUC impactaron en el desescalamiento de la violencia en el mediano plazo, ya que para los años 2005 y 2006 no sólo disminuyeron las acciones violentas perpetradas por los diferentes actores del conflicto, (82 y 70 respectivamente), sino también la confrontación armada entre los mismos, en comparación con el 2004, donde se encontraron 114 registros de acciones violentas.

Las razones que explican el por qué las acciones violentas durante el año 2004 no descendieron inmediatamente después de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de las autodefensas son: primero, para esa fecha varias facciones de las AUC que hacían presencia en la ciudad (como el Bloque Héroes de Granada) no se habían desmovilizado. Segundo, se especulaba como secreto a voces que en las desmovilizaciones de los bloques paramilitares hubo fraude, pues muchos habitantes de las comunas altas fueron obligados a presentarse en el proceso de desmovilización sin pertenecer a las filas paramilitares. Esta especulación fue confirmada por organizaciones internacionales como Human Rigths Watch (HRW) (2010) que le hicieron un permanente seguimiento al proceso a través de sus diversos informes.

La temporaria reducción de la violencia obedecía a que el mercado criminal y delictivo estaba plenamente monopolizado y controlado por el ahora desmovilizado Adolfo Paz, alias "Don Berna", quien desde la cárcel continuaba delinquiendo y manejando la Oficina de Envigado, organización criminal que agrupaba las bandas. Esto implica que las disputas por el control del territorio y del crimen organizado, así como la confrontación entre los actores del conflicto, disminuyeron sustancialmente con el monopolio en manos de don Berna. Sin embargo, la ciudad estaba sumida en un periodo de paz constantemente amenazado, donde los movimientos debían ser fríamente calculados (HRW, 2010)

Medellín, entonces, experimentó durante el periodo 2005-2007 una "paz impuesta" o "donbernabilidad", como coloquialmente se le conocía al tipo de gobernabilidad que imperaba en las comunas altas de la urbe. En la ciudad no se ejecutaba ninguna acción delictiva y criminal sin la orden o consentimiento de don Berna y quien se saliera de esta directriz firmaba su sentencia de muerte. De suerte tal que los asesinatos selectivos fueron el patrón de acción violenta más frecuente en estos años.

Así, por ejemplo, en el trabajo de archivo hemerográfico se encontraron más de una docena de registros que corresponden a asesinatos selectivos perpetrados contra desmovilizados que, presuntamente, seguían delinquiendo y otros tantos contra desmovilizados que se negaron al rearme en organizaciones emergentes como las bandas. Dichos asesinatos, mayoritariamente, fueron atribuidos a sicarios o pistoleros y fueron ejecutados en diferentes comunas de la ciudad, por lo que el conflicto ya no se encontraba focalizado, como antes, en comunas específicas.

El 2008 sobresalió como el año que marcó el repunte y escalamiento del conflicto armado urbano, esta vez con nuevos protagonistas: las bandas sicariales; llamadas por las autoridades como bandas criminales (Bacrim) o bandas emergentes. En Medellín, se encontraron registros de acciones violentas atribuidos a dichas bandas conocidas bajo el nombre de las "Águilas Negras", organización heredera de la estructura paramilitar que reúne y agrupa líderes paramilitares que no se desmovilizaron y a desmovilizados que se rearmaron y marginaron del proceso de reinserción a la vida civil. De acuerdo con Human Rigths Watch (2010), las águilas negras se encuentran operando actualmente en otros departamentos de Colombia como Chocó y Nariño.

Una hipótesis frente a la situación que se empezó a vislumbrar en Medellín y que detonó en el año 2008 con el intempestivo incremento de la violencia armada (109 registros tomados del archivo hemerográfico) es que las bandas sicariales, pese a la coacción de que fueron objeto, han acumulado y mimetizado un capital coercitivo y un entrenamiento y trayectoria armada importante que les ha permitido consolidarse como un actor autónomo e independiente cuyo accionar violento es producto del aprendizaje, la experiencia bélica adquirida y el fortalecimiento de la estructura criminal (a lo que se sumaron muchos desmovilizados). Este elemento, ciertamente, les ha garantizado autoabastecimiento y auto-reproducción.

En efecto, lo acaecido en el 2008 confirma varios aspectos: primero, nunca hubo un desmonte de la estructura paramilitar en el marco del proceso de negociación adelantado con las AUC, por el contrario, ésta siguió operando y consolidando el fenómeno del reciclaje del paramilitarismo en la ciudad que mutó en las bandas sicariales o combos. Segundo, mientras el negocio del narcotráfico siga siendo una fuente de apoyo económico y de financiación para los actores, los esfuerzos por contener y gestionar el conflicto armado urbano de Medellín, ya sea por vía coercitiva o vía negociada, seguirán siendo "paños de agua tibia".

La historia recordará que en Medellín la violencia ha tenido un comportamiento cíclico, ergo, se ha tornado en el mecanismo por excelencia para dirimir las diferencias fomentando una cadena de venganza, en tanto se retroalimenta de otras situaciones problemáticas que son efectos, a su vez, del conflicto urbano que aqueja a la ciudad.

Conclusiones

En síntesis, podríamos decir que la lectura del conflicto armado urbano de Medellín, a partir de las fuentes de información consultadas y la serie de tiempo 2001-2008 analizada, devela las siguientes conclusiones:

No hubo un desmonte de la estructura paramilitar en Medellín (redes criminales, rutas comerciales, cómplices, intermediarios y fuentes de poder). Como resultado de un proceso de desmovilización mal llevado, los hilos de la ilegalidad y la criminalidad mutaron hacia las bandas sicariales o combos, como se evidencia actualmente en el incremento de los asesinatos selectivos (acción violenta privilegiada por éstos). Paralelamente, el accionar de las milicias guerrilleras de las FARC y del ELN desapareció prácticamente de las comunas de la ciudad donde se habían asentaron.

Se puede señalar que los programas de reinserción a la vida civil tuvieron falencias, así como también el proceso de paz con las AUC, en tanto los derechos de verdad, justicia y reparación estuvieron ausentes durante el proceso, con niveles altísimos de impunidad.

Algunas comunas del noroccidente, como la siete y la seis; nororiente y algunas del occidente de la ciudad, sobre todo la trece, continúan siendo flanco y escenario del conflicto y de las expresiones violentas. No obstante, éstas no son las únicas comunas donde se vive el conflicto armado urbano actual. Una conclusión importante que se extrae de este trabajo de investigación y de la recolección empírica de información es que el conflicto urbano y la violencia no se encuentra focalizado en comunas específicas de la ciudad, como claramente ocurría en los años 2001, 2002 y 2003, con la comuna trece.

Por otra parte, si bien los índices de acciones y muertes violentas en Medellín ya no tienen las escandalosas cifras de los 90 y principios del siglo XXI, lo que la ha llevado a ser catalogada como ejemplo de superación y ciudad "más innovadora del mundo" (en 2013) por Wall Street Journal y Citi Group, no deja de ser una preocupación para las administraciones locales el accionar de los combos y bandas asociadas al narcotráfico, que han llegado a controlar el indicador de muerte violenta. Es decir, gracias a pactos de fusiles se han disminuido las acciones violentas armadas; de acuerdo con algunas ONG, como Corpades, la relativa tranquilidad que se vive es gracias a estos "pactos" y no por la implementación de políticas públicas que impacten a los grupos violentos⁵.

El mismo alcalde, Federico Gutiérrez (2016-2019), ha hecho énfasis en que la acción de los combos contra la ciudadanía continúa vigente en la extorsión y el microtráfico, fundamentalmente. Por ello, una de sus primeras acciones tras a su posesión fue la toma, en sectores de la ciudad donde más operan los grupos extorsionistas como fue el centro de la ciudad⁶.

Mientras el Estado central y el local no logren desplegar una estrategia integral contra el narcotráfico (rutas, intermediarios y fuentes de apoyo) y, paralelamente, contra las redes de la criminalidad, por medio de la reivindicación de la justicia así como de programas sociales estructurales que atiendan la problemática y las situaciones que del fenómeno del narcotráfico se derivan (como el desempleo, el desplazamiento, la informalidad, entre otros), éste seguirá representando un catalizador, retroalimentador y reproductor permanente del conflicto y de la violencia armada en Medellín.

Referencias

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Notas