... La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos sólo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios... ("La soledad de América Latina", Gabriel García Marquez, 1982)

Introducción: una América Latina progresista

En este apartado se realiza un diagnóstico rápido, a manera de contexto, del panorama de la región latinoamericana desde lo político y lo económico, con las implicaciones que una y otra característica tienen en la definición de las relaciones entre los Estados, que coincidieron con la llegada al poder de Barack Obama. Este escenario determinó la orientación de su política exterior con el continente y servirá -como línea de base- para definir si las expectativas en la región latinoamericana frente a este gobierno se convirtieron en una oportunidad fracasada para orientar un nuevo relacionamiento entre Estados Unidos y América Latina.

En enero de 2009, cuando Barack Obama llegó a la Casa Blanca, la ilusión de cambio y renovación en la política norteamericana que el recién elegido presidente inspiraba y proclamaba, se sentía incluso allende las fronteras de la Unión y por supuesto América Latina no era la excepción. Ya que, entre otras cosas, era una región que venía presentando transformaciones políticas y económicas que configuraban un nuevo escenario para las relaciones con los Estados Unidos pero que, por lo menos hasta antes de la administración Obama, no se habían querido interpretar.

Para el año 2009, en América Latina existían al menos 18 gobiernos progresistas o de izquierda (ver Tabla 1, al finalizar el texto), desde los más moderados hasta los más radicales. Resulta evidente que la multiplicación de proyectos políticos alternativos, que en general redefinieron los intereses de sus Estados y estos por extensión reorientaron su política exterior, constituyeron una agenda política alternativa para el continente, contraria y en algunos casos hostil, con la agenda tradicional de los Estados Unidos. Según lo expone Roberto Regalado (2012), estos proyectos políticos y la nueva etapa que estos representaban, correponden a:

Los denominados gobiernos de izquierda y progresistas electos en América Latina desde finales de la década de 1990, son en realidad gobiernos de coalición en los que participan fuerzas políticas de izquierda, centroizquierda, centro e incluso de centroderecha. En algunos, la izquierda es el elemento aglutinador de la coalición y en otros ocupa una posición secundaria (p. 192).

Los principales focos ideológicos de esta nueva realidad política fueron la Revolución Cubana de los Castro en Cuba, la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez en Venezuela y el gobierno de Lula Da Silva en Brasil. En torno a estos proyectos políticos se configuró una apuesta política alternativa que presentaba como derroteros ideológicos la construcción de opciones políticas y económicas diferentes al neoliberalismo, la autodeterminación y soberanía de los pueblos latinoamericanos, la reivindicación de las causas sociales, populares y étnicas y la respuesta a las deudas sociales históricas con las sociedades latinoamericanas, que en gran medida han sido perfiladas en el marco del Foro de Sao Paulo.

Este panorama político permitía a su vez el surgimiento de nuevas propuestas de integración y cooperación entre los Estados conforme a sus nuevos intereses y a partir de este se configuraba un sistema de cooperación, diálogo e integración subregional, aternativo a la anquilosada Organización de Estados Americanos - OEA, constituida históricamente como el mecanismo por excelencia, en el cual Estados Unidos ejerce su autoridad. Estos nuevos mecanismos de cooperación, que en general excluían y excluyen a los Estados Unidos y por extensión a su agenda y sus intereses “claramente reflejan una preferencia regional por enfoques interlatinoamericanos mas bien que panamericanos” (Lowenthal, 2010, p. 34).

Los procesos de integración como UNASUR, MERCOSUR, el ALBA o Petrocaribe, manifestaron entusiasmo por las aspiraciones políticas y económicas de la izquierda latinoamericana y están constituidas fundamentalemente, como mecanismos de solidaridad y cooperación para la consolidación e integración de los proyectos políticos de izquierda en la región. Así mismo, se consolidaron como espacios de discusión y diálogo propio de cada gobierno, restándole importancia a los tradicionales espacios de debate y cooperación en los que se han impuesto tanto la agenda como los enfoques regionales sostenidos históricamente por Estados Unidos.

Esta nueva configuración política (sus prioridades, intereses, agenda y enfoques de relacionamiento) fue sumando una lista de ofensas y agravios a los Estados Unidos, respecto a sus intereses y visiones tradicionales para América Latina, que a saber de Roberto Regalado (2012) son:

la derrota del ALCA; la incapacidad de hacer elegir a sus candidatos favoritos a la Secretaría General de OEA en 2005; la incapacidad de alterar la Carta Democrática Interamericana para utilizarla de modo directo contra el Presidente Chávez; el surgimiento y ampliación del ALBA-TCP; el ingreso de Cuba al Grupo de Río; y el (…) levantamiento de las sanciones de la OEA contra este último país (pp. 203 - 204)

Así mismo, la coyuntura política en América Latina también dio la oportunidad de ampliar sus relaciones económicas, superando la casi exclusividad de la inversión estadounidense en el continente (supremacía) y estableciendo relaciones con economías más afines ideológicamente, y en consecuencia también contrarias a los intereses norteamericanos.

De esta manera, Estados Unidos pierde parte de su influencia en América Latina, impuesta tradicionalmente a través del condicionamiento de sus capitales, inversiones y «apoyos».

Es así como entre los nuevos socios económicos y políticos de la región se encuentran China, Rusia, India e Irán². En cuanto a la economía de la región, se fue incrementando el flujo de capitales provenientes de estas economías emergentes que no tenían tradición de inversión en el hemisferio, en parte por la exclusividad que había gozado el capital norteamericano. Lowenthal (2010) afirma al respecto que:

Varios países -notablemente Brasil, Chile, Perú, Venezuela, México y Cuba- han diversificado sus relaciones internacionales más allá del hemisferio occidental, creando vínculos con países de la Unión Europea, miembros del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y especialmente con China, India, Rusia e Irán (p. 34).

La República Popular China, por poner un solo ejemplo, consolida sus relaciones políticas con los gobiernos de la región a través de inversiones económicas -más allá de las cifras de las transacciones comerciales- para el desarrollo de proyectos de infraestructura y apalancamiento de proyectos gubernamentales. La aparición y consolidación de la presencia y la inversión China en el hemisferio la explica Chávez (2015) en los siguientes términos:

El teatro en que se escenifica la expansión de China es el de una Latinoamérica distanciada y más independiente de Estados Unidos. Existe un vacío en el poder regional estadounidense que se origina en su indiferencia hacia la región; no forma parte ni de sus prioridades internacionales ni de los reducidos temas críticos que requieran respuesta inmediata dentro del hemisferio (p. 79).

En este escenario político y económico empiezan las relaciones entre la administración de Barack Obama y América Latina. Durante el primer encuentro formal de Obama con los líderes latinomericanos -la Cumbre de las Américas de 2009 en Trinidad y Tobago- el presidente despertó amplias expectativas en los gobiernos de los países latinoamericanos y el tono y los ofrecimientos norteamericanos no fueron inferiores a las primeras. Al respecto, el Presidente Obama, en su intervención, aseguró:

All of us must now renew the common stake that we have in one another. I know that promises of partnership have gone unfulfilled in the past, and that trust has to be earned over time. While the United States has done much to promote peace and prosperity in the hemisphere, we have at times been disengaged, and at times we sought to dictate our terms. But I pledge to you that we seek an equal partnership. There is no senior partner and junior partner in our relations; there is simply engagement based on mutual respect and common interests and shared values. So I'm here to launch a new chapter of engagement that will be sustained throughout my administration³ (La Casa Blanca, 2009).

Por su parte, la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dijo:

Han pasado cuatro años desde aquel 2005, cuatro años en los que el mundo ha cambiado profundamente, tan profundamente que - como usted presidente Obama lo dijo en la reunión del G20 - hoy Estados Unidos tiene un presidente que se llama Barack Obama, eso también es producto del cambio. Como somos nosotros, muchos gobernantes de las Américas, (...) un dirigente sindical como Lula en Brasil, un miembro de los pueblos originarios como Evo Morales en Bolivia. Todos somos producto de un gran cambio, es hora que nos decidamos también a ser sujetos de este cambio que se ha operado en el mundo.

Por eso creo que es importante plantearnos hoy como punto de partida la necesidad de construir un nuevo orden regional que de cuenta de las trasformaciones de ese mundo que no volverá a ser el mismo. Y dar cuenta de esta transformación, significa saber que tenemos que relacionarnos, no desde la subordinación, sino desde la colaboración y la cooperación. Asumir ese cambio, significa comprender que el gran desafío es la integración y no la injerencia en los asuntos internos de nuestros países violentando, muchas veces, nuestras soberanías nacionales.

(…) estamos sinceramente en las Americas ante una segunda oportunidad de construir una nueva relación. No la dejemos escapar. (OEA, 2009, pp 3-4).

Así queda en evidencia que desde el inicio del gobierno de Barack Obama hubo un interés -por lo menos manifiesto en la retórica- por esbozar una nueva política exterior respecto a América Latina, tal y como lo asegura Lowenthal (2010):

Al asumir el cargo, funcionarios de la administración de Obama comprendieron que a pesar del creciente significado de América Latina para los Estados Unidos, las políticas de la región en años recientes frecuentemente han sido ineficaces y a veces contraproducentes (…). Después de los ataques del 11 de septiembre, Washington miró a América Latina bajo el prisma del terrorismo internacional, y continuó viendo la región a través de un lente de seguridad en lugar de enfocarse en los asuntos que los latinoamericanos mismos consideraban mas importantes: la pobreza, la educación, la distribución de los ingresos y la seguridad ciudadana (p. 33).

El continente latinoamericano con el que debe entenderse Barack Obama y con la que por lo menos en la retórica inicial de su gobierno se muestra generoso y dispuesto al cambio, es un proyecto político de izquierda en consolidación, cuyas prioridades políticas, económicas y sociales rechazan la visión histórica de Estados Unidos en relación con el hemisferio y que espera que este privilegie el multilateralismo, respete el derecho internacional y esté abierto al diálogo. En efecto, como señala Weisbrot (2011) “cuando los presidentes progresistas de América Latina observaban la campaña presidencial de Barack Obama en 2008, pensaron que quizás por fin habría un presidente estadounidense que cambiaría la política exterior de Washington hacia la región” (p.1).

Este breve esbozo de la realidad política latinoamericana, que coincidió con la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca, servirá, como se dijo, de línea de base para analizar las relaciones de su gobierno con América Latina, sobre los asuntos que han constituído tradicionalmente la agenda entre el norte y el sur del hemisferio, mediados por las tensiones naturales del contexto descrito. Se trata de un análisis crítico de las contradicciones entre el discurso, en relación con la visión de relacionamiento entre EEUU y América Latina, y las políticas implementadas por el Gobierno Obama; a partir de una revisión de la bibliografía especializada que sustenta los argumentos de la reflexión crítica que orienta el análisis.

Con el fin de presentar las contradicciones entre los principios enunciados -que llevaron a pensar que la administración del presidente Barack Obama podía significar nuevos enfoques de relacionamiento con el sur- y las políticas y decisiones que emprendió en la práctica esta administración, se revisarán los principales renglones de la agenda tradicional entre los Estados Unidos respecto a América Latina.

Esta agenda la constituyen principalmente los asuntos que se identifican a continuación: la consolidación de la democracia (como una estrategia de estabilidad política y social en la región y fortalecimiento del sistema interamericano); la economía (en donde Estados Unidos promueve fundamentalmente el libre comercio, garantiza para sí los recursos y los mercados de la región y busca la implementación de los modelos macro económicos del sistema financiero internacional); la seguridad, con enfoque militar (principalmente cooperación y presencia militar efectiva y estratégica por parte de Norteamérica en la región latina, vale destacar que este ha sido el primer renglón de la agenda, por lo cual la literatura en general coincide en denominar ‘securitizadas’ las relaciones entre América Latina y estados Unidos) y la política antidrogas (aplicación del modelo criminal de la lucha antidrogas promovido por los EEUU).

Asuntos como el medio ambiente, los Derechos Humanos y enfoques de seguridad humana y basada en Derechos han sido impulsados más recientemente desde el sur, en general con el propósito de diversificar vínculos, intereses y actores; sin que estos hayan sido considerados prioritarios por los Estados Unidos. Como un acápite especial, se presentarán brevemente -por las limitaciones de espacio que impone la naturaleza de este documento- la relación de la adminitración de Barack Obama con Cuba y el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP⁴.

Democracia

Al revisar la historia de la democracia en el continente, es posible inferir la restringida manera en que esta es concebida y permitida por Estados Unidos: como una transición de poder pacífica por medio de procesos electorales cuyos resultados, sin embargo, en ningún caso ponen en riesgo el modelo económico que acepta, tramita y protege los intereses norteamericanos.Esto quiere decir, sobre todo, que su visión de democracia no implica necesariamente la aceptación de gobiernos que reivindiquen causas populares como la redistribución de la riqueza y la promoción del desarrollo social. En esta dirección, Noam Chomsky (2010) afirma que "el gobierno de Estados Unidos promueve la democracia si y solo si se ajusta a sus intereses estratégicos y económicos (...) todas las administraciones son -esquizofrénicas- en este aspecto, una enfermedad extraña e inexplicable" (p. 63).

Con el fin de describir las contradicciones de la administración de Barack Obama, a propósito de la defensa diferenciada de los valores democráticos, se analizarán los casos de Honduras, Paraguay y Brasil; países en los que a través de estrategias pacíficas (no exentas de grandes manifestaciones sociales y populares) y civiles, pero no legales, Estados Unidos avaló y auxilió, de manera encubierta, transiciones de gobiernos de izquierda o progresistas hacia regímenes más de derecha, afines a sus intereses.

El 28 de junio de 2009 las fuerzas armadas hondureñas derrocaron al presidente Manuel Zelaya, expulsándolo en un avión con destino a Costa Rica, en el marco de una crisis institucional mediada por la tensión política que enfrentaba a los poderes del Estado, a próposito de las medidas y propuestas del gobierno, que implementaba una agenda progresista acercando al país al bloque del mismo carácter en la región. Zelaya había iniciado su mandato en enero de 2006 y desde entonces había adoptado una política en beneficio de los sectores populares hondureños. Respecto a las relaciones internacionales su gobierno impulsó el ingreso de Honduras al ALBA, a partir del cual estableció estrechos vínculos con los gobiernos progresistas como Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador, entre otros. A pesar de la presión internacional y de la voluntad de mediación de algunos gobiernos de América Latina para restablecer el orden constitucional interrumpido por el golpe, "en los siguientes seis meses, la administración Obama hizo todo lo posible para garantizar el éxito del gobierno golpista, espantando a Brasil y a todos los demás que esperaban algo diferente" (Weisbrot, 2011 p. 1).

El golpe de Estado en Honduras significó no solo el rechazo del bloque progresista de América Latina y de otros actores del sistema internacional; si no que al interior del país se vivieron fuertes manifestaciones que condenaban la situación y pedían restablecer el gobierno de Zelaya, las cuales fueron reprimidas violentamente, vulnerando los la derechos humanos. Ante esta situación, la administración de Obama:

(...) se negó a condenar las violaciones masivas de derechos humanos cometidas por el régimen golpista, a pesar de las pruebas y denuncias hechas por Human Rights Watch, Amnistía Internacional, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones de derechos humanos hondureñas, europeas y de otros países. Hubo miles de detenciones ilegales, abusos y tortura por la policía y las fuerzas militares, la clausura de emisoras de radio, e incluso asesinatos de manifestantes y activistas de la oposición (Weisbrot, 2011 p. 2).

A pesar del intento por disimular su aquiescencia con lo ocurrido en Honduras y su apoyo con el régimen impuesto por el golpe, cables oficiales de la embajada nortemericana, filtrados por Wikileaks en el 2011, permiten establecer que el gobierno nortemericano siempre estuvo al tanto de la situación y era consciente de la naturaleza ilegal de los sucesos. Este disimulado respaldo del gobierno norteamericano fue definitivo para consolidar el golpe e implantar el nuevo régimen en Honduras, por fuera del orden constitucional y legal. Para Roberto Regalado (2012), el papel de la administración norteamericana pemitió concretar la situación golpista en la medida que:

(...) la unidad de la oligarquía y las fuerzas armadas en torno al golpe, junto al mal disimulado respaldo que les brindaron los grupos de poder de los Estados Unidos y sus aliados de la derecha latinoamericana, les permitieron neutralizar los efectos de las presiones externas y la meritoria resistencia popular interna, hasta el punto de haber imposibilitado el regreso del statu quo anterior. A ello contribuyó, en buena medida, la inmerecida confianza depositada por Zelaya en la promesa de la administración Obama y de la OEA de actuar en función del restablecimiento de la democracia (p. 204).

El golpe de estado en Honduras, en síntesis, deja en evidencia la continuidad sin cambios respecto a América Latina entre el gobierno de Bush y la entonces recién instalada administración de Obama, siempre dispuesta a derrocar los gobiernos de izquierda en países pequeños y pobres.

Por otra parte, el gobierno de Barack Obama coincidió también con otros derrocamientos de gobiernos elegidos democráticamente en América Latina, a través de estrategias no tradicionales en donde mostró la misma aquiescencia. En Paraguay, por ejemplo, el presidente Fernando Lugo fue destituído por la Cámara de Diputados de ese país el 22 de junio de 2012. A través de un juicio político adelantado tras ser acusado de negligencia en el ejercicio de sus funciones presidenciales, por la muerte de 17 personas durante los disturbios presentados en el marco de un proceso de desalojo de tierras ocurrido en la localidad de Curuguaty (departamento de Canindeyú) el 15 de junio de 2012, ya que se le consideró responsable de no evitar la tragedia. En relación con este juiciose denunciaron ilegalidades relacionadas con su propia constitucionalidad y con la poca observancia del derecho al debido proceso, pues se llevó a cabo en menos de 48 horas, durante las cuales el juicio fue promovido, diseñado y desarrollado sin mayores garantías para la defensa del presidente Lugo.

Con el tiempo, la evidencia permitió demostrar que los cruentos hechos de Curuguaty solo fueron la excusa para destituir el gobierno de Lugo, que venía organizándose por lo menos desde el 2009. Así lo dejó saber, por ejemplo, un cable secreto del 28 de marzo de 2009, publicado por el portal Wikileaks. En este cable, enviado por la embajada norteamericana en Asunción, al Departamento de Estado, señala la intención de miembros de la clase política opositora paraguaya de promover, al menor error del presidente Lugo, su destitución a través de un juicio político. En el cable se lee:

Rumors persist that discredited General and UNACE party leader Lino Oviedo and ex-president Nicanor Duarte Frutos are now working together to assume power via (mostly) legal means should President Lugo stumble in coming months. Their goal: Capitalize on any Lugo mis-steps to break the political deadlock in Congress, impeach Lugo and assure their own political supremacy⁵ (Wikileaks, 09ASUNCION189_a).

A pesar de la presión de la comunidad política regional, quienes calificaron la destitución e incluso la suspensión de Paraguay de Unasur y Mercosur como «golpes institucionales», el gobierno de Barack Obama tomó distancia públicamente de estos , al decir que solo le interesaba la democracia y la institucionalidad paraguaya y por ello conservarían su neutralidad. Por lo tanto, nunca se refirieron al proceso como un golpe de estado o en el mejor de los casos como una fractura del orden constitucional. Sin embargo, el cable de Wikileaks citado más arriba, no deja duda de que el gobierno norteamericano tenía conocimiento de la naturaleza y el fin de la crisis, con lo cual también queda en evidencia que la neutralidad expresada por el gobierno de Barack Obama respecto al juicio que terminó en destitución en tiempo record fue, solo una vez más, la estrategia soterrada para avalar el cambio de gobierno y reposicionar la clase política que garantiza el modelo político y económico que favorece los intereses de los Estados Unidos.

Ahora, otro caso similar es el impeachment⁶ por medio del cual se destituyó a la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, el 11 de mayo de 2016, en el marco de la crisis política desatada por la denuncia presentada por tres juristas ante el Congreso de la República Federativa de Brasil por presuntos arreglos en los ejercicios presupuestales de 2014 y 2015. La denuncia en concreto se presentó, según Arbuet-Vignali (2016), por:

Supuestas maniobras fiscales ilegales para ocultar el déficit del presupuesto, mediante las cuales se transferían remesas de dinero de los bancos estatales al Estado, para el pago de programas sociales, prescindiendo de la autorización del Congreso y con el fin de atender erogaciones y mejorar las apariencias de los gastos del gobierno (p. 8).

El juicio político en el que fue destituida, entre el 21 de diciembre de 2015 y el 11 de mayo de 2016, se caracterizó por la falta de rigurosidad en los argumentos e intervenciones de los legisladores durante las sesiones que discutieron y en las que votaron a favor de retirar a la presidenta de su cargo. Además el proceso, como se ha dicho, tuvo lugar en medio de la crisis política desatada por los escándalos de corrupción que comprometen a la clase política brasilera y una crisis económica por la recesión que atravesaba su economía, factores que a su vez fueron usados mediáticamente -tanto en Brasil como en el extranjero- para acalorar las discuciones, aumentar las acusaciones e implusar el juicio político. Los dirigentes que promovieron y aprobaron el impeachment, además de pertenecer al espectro ideológico contrario al gobierno, en su mayoría tenían acusaciones formales por delitos de corrupción de distinta naturaleza. Sin embargo, una vez consumada la destitución, la comisión de expertos técnicos convocada por el mismo Senado Brasilero, para evaluar a la luz de un peritaje independiente la responsabilidad de la presidenta en los hechos denunciados, concluyó que no incurrió en el delito que se le imputó y por el cual fue juzgada (Gosman, 2016).

En este caso el gobierno de Barack Obama mantuvo de nuevo un silencio cómplice, evitando respaldar o rechazar o explícitamente la situación. Sin embargo, no fue suficiente para encubrir su conocimiento y consentimiento del juicio político que finalmente sacaría a Rousseff del cargo. Esto se hizo evidente cuando se supo que el 20 de abril de 2016, se reunieron en Washington Tom Shanoon -número tres al mando del Departamento de Estado y hasta el 2013 embajador en Brasil- y el senador brasilero Aloysio Nunes, uno de los promotores del juicio a la presidenta Rousseff (en el momento de escribir este trabajo Nunes se desempeña como Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil) solo tres días después de que la Cámara de Diputados aprobara el juicio. Posteriormente y ya consumada la destitución de la presidenta Rousseff, el 5 de agosto, John Kerry, en rueda de prensa conjunta con su homólogo brasilero José Serra, expresó su entusiasmo por "(...) una nueva fase de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos" (Weisbrot 2016a y 2016b).

En la diplomacia estos gestos son suficientes para develar la imparcialidad y aquiescencia del gobierno norteamericano, respecto al cambio de gobierno en Brasil, más allá de la legalidad y legitimidad de los métodos, siempre y cuando la reconfiguración en el mando del gobierno les signifique reposicionar a la clase política afecta a sus intereses.

Estas son solo algunas consideraciones, que sin pretender ser exhaustivos, permiten considerar el proceso, más allá de su legalidad y más bien sobre la base de su legitimidad, como una maniobra de la clase política brasilera para deshacerse del gobierno de Rousseff, por medio de un mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico. Maniobra ejecutada para terminar con un proyecto político de corte progresista en un país con todas las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales para consolidar una alternativa al modelo económico y político impuesto por el neoliberalismo a través del sistema financiero internacional (Borón, 2005) y que además servía para promover la viabilidad, unión y solidaridad entre las propuestas alternativas en la región.

Visto de esta manera, , el papel de los Estados Unidos en relación con la estabilidad y defensa de la democracia del continente -solo si es afín a sus intereses-, puede entenderse como una reedición civilista y «legal» de los antiguos métodos de desestabilización utilizados otrora (entiéndase la imposisción de las dictaduras de seguridad nacional); más que como una genuina intención de mantener la Democracia. Así también endurece su imagen y recupera algo del terreno que la izquierda y el progresismo latinoamericano le han arrebatado en franco detrimento de sus intereses políticos, económicos y militares. .

Esta contradicción entre la narrativa y la práxis de la administración de Barack Obama, que evidencia más continuidad que cambio en sus estrategias de política exterior respecto a América Latina, por cuanto solo son «defendibles» los regímenes democráticos afines a los intereses norteamericanos, también permite concluir que:

Los espacios institucionales conquistados por la izquierda y el movimiento popular latinoamericanos en las últimas décadas no se sustentan en un predominio abstracto de la democracia, sino en una correlación de fuerzas nacional y regional que el imperialismo norteamericano y sus aliados tratan de revertir por medios y métodos crecientemente violentos (Regalado, 2012, p. 206).

Economía

Históricamente las relaciones comerciales de Estados Unidos con América Latina han estado signadas por la promoción del libre comercio en el hemisferio. Para Estados Unidos esta promoción se traduce en la consolidación de las economías neoliberales en América Latina y ha estado enfocada primordialmente en garantizar para sí tanto los recursos naturales como los mercados latinoamericanos. Desde el siglo XIX, Estados Unidos ha utilizado diferentes estrategias y discursos para garantizar que las economías latinoamericanas mantengan los enfoques y diseños de su interés, los cuales permiten desplegar sus políticas económicas, que en honor a la síntesis no abordaremos en este texto. El último de esos intentos fue la promoción del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, a través del cual pretendía liberar todas las economías del hemisferio, respondiendo a favor de los intereses de las concentraciones de poder norteamericanas.

Esta empresa fracasó gracias al debate crítico promovido por el bloque progresista suramericano encabezado por el presidente venezolano Hugo Chávez en la IV Cumbre de las Américas de Mar del Plata de 2005.

Ahora bien, no obstante haber fracasado con la promoción del ALCA, Estados Unidos no ha renunciado a su propósito de liberar los mercados latinoamericanos persistiendo en negociaciones de tratados de libre comercio (TLC) bilaterales con gobiernos cercanos. La aspiración norteamericana ha estado enfocada en el libre comercio de bienes y servicios y la profundización del capital norteamericano en la región. Empero, se han negado a renunciar a las barreras arancelarias y no arancelarias, como mecanismos proteccionistas de la industria agropecuaria estadounidense, afectando así la exportación de los bienes latinoamericanos de esta naturaleza y generando desigualdad en las negociaciones y términos de estos tratados.

También es tradición norteamericana incumplir con las condiciones signadas, pero si obligar a las contrapartes a dar absoluto cumplimiento de las suyas; como en el caso del NAFTA.

De hecho según Estados Unidos, la consolidación del espectro político de izquierda y progresista en América Latina socavó esta empresa en la medida en que estos gobiernos promovieron modelos de relacionamiento económico alternativos. El gobierno de Barack Obama no fue la excepción en relación con esta persistencia en liberar los mercados y profundizar el modelo neoliberal, a través de los habituales mecanismos, entiéndase todo tipo de ofrecimientos, acuerdos de libre comercio, asistencia técnica y financiera e inversiones. Por demás, tradicionalmente, estas estrategias les permiten extender y profundizar las políticas económicas neoliberales impulsadas por los organismos financieros internacionales. Así lo entendieron los proyectos políticos de izquierda y progresistas de América Latina, lo que les ha permitido construir alternativas de relacionamiento e integraciones económicas alternativas.

En concordancia con lo anterior, la visita de Barack Obama, al recién posesionado presidente argentino Mauricio Macri en marzo de 2016, puede entenderse como la bendición al diligente giro hacia la ortodoxia liberal emprendido por el sucesor de Cristina Fernández. Más allá de los pormenores oficiales de la visita:

“Respaldar decididamente el gobierno de Mauricio Macri es la razón fundamental del viaje del presidente Obama a Argentina. Está convencido de que el éxito de las medidas tomadas por el nuevo gobierno, orientadas firmemente por ideas marcadamente liberales que buscan fortalecer el mercado y la iniciativa privada, debe ser el ejemplo a tomar por la América Latina (…)” (El Nacional, 2016).

La intención de esta visita demuestra que en el relacionamiento económico entre Estados Unidos y América Latina el gobierno de Barack Obama no introdujo ninguna modificación que implicara reconocer las realidades económicas, sociales y culturales de la región, tal y como se promovía desde el sur. Por el contrario, persisitió pacientemente en abrirle camino a las políticas neoliberales que sirven de pista para el aterrizaje de los capitales, bienes y servicios norteamericanos, en un escenario político que demandaba independencia para definir sus economías.

Además, el gobierno de Barack Obama coincide con la peor crisis financiera desde la Gran Depresión, que por supuesto no solamente afectó la economía norteamericana pues sus consecuencias se sintieron también en el sur, donde también se promovió el debate de políticas financieras diferenciadas para las economías emergentes, con la perspectiva de promover un desarrollo económico que tenga en cuenta los contextos y las necesidades de cada una.

Brasil jugó un papel significativo en esta discusión, durante la Cumbre del G-20 en el 2008. Sin embargo, Estados Unidos mantuvo la negativa ante las reformas al sistema financiero internacional que los vincula (a las economías industrializadas) para blindar las economías y atender la agenda que impone la crisis, promovidas por el Gobierno de Lula (Vigevani y Cepaluni, 2013). En suma, el gobierno de Obama no solo no modificó sus estrategias de relacionamiento comercial con América Latina, ni su enfoque; sino que además no permitió el debate que hiciera frente a la crisis, que se promovía para actualizar y contextualizar el modelo económico promovido por el sistema financiero internacional, dejando clara evidencia de la correlación subrepticia de intereses.

Seguridad, más de lo mismo

En lo que se refiere a la seguridad en el continente -y más allá de este- Estados Unidos ha mantenido una visión restringida que la limita a la estabilidad de las democracias neoliberales, garantizando mantener su posición política y económica.

Desde hace décadas, Estados Unidos se ampara en los discursos de la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo de hoy, que ayer eran la amenaza del comunismo, manteniendo el enfoque en asuntos de cooperación y presencia militar efectiva, en materia de seguridad. Este enfoque, sostenido por Estados Unidos respecto a las que supone amenazas para su propia seguridad, excluye por extensión la aplicación de una seguridad humana que suponga unos objetivos de promoción de desarrollo social.

La evidencia histórica permite demostrar cómo la aplicación de las recetas policivas y militares, diseñadas e implementadas por Estados Unidos, a las realidades y particularidades de América Latina que son entendidas como amenazas para la seguridad norteamericana, una vez son combinadas con las precariedades sociales y económicas de la región latinoamericana -diferenciadas en una y otra nación- empeoran y profundizan, no sólo el problema considerado amenaza, sino también la realidad social, política y económica de la región. Sin embargo, también ha sido tradición, condicionar su apoyo económico y político a la aplicación sin contradicción de las políticas y sus recetas de implementación (diseñadas, además, descontextualizada y unilateralemente) para la solución de las que considera sus amenazas, sustentadas en enfoques criminalizantes.

A través de esta visión de la seguridad, de la definición de sus amenazas, del diseño e implementación de sus políticas, planes y programas y su globalizador discurso, los Estados Unidos han logrado por medio de su política exterior mantener presencia militar efectiva en el continente a través de la cual históricamente y con sobrada evidencia, han intervenido en los asuntos de las naciones lationamericanas para garantizar el orden favorable a sus intereses. A esta tradición no fue ajeno al gobierno de Barack Obama, que más allá de su retórica, según lo demuestra, verbigracia, el pretendido acuerdo para la utilización de bases militares en Colombia, entre otras acciones y actitudes.

En julio de 2009 se conoció el texto del Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, que pretendía permitir la utilización de al menos siete bases militares colombianas a los Estados Unidos, con el fin de, según el preámbulo del texto del Acuerdo "(...) promover y facilitar la cooperación regional para contrarrestar las amenazas persistentes a la paz y a la estabilidad, como el terrorismo, el problema mundial de las drogas, delincuencia organizada transnacional y la proliferación de armas pequeñas y ligeras (...) (p. 2). Sin embargo, más allá de las pretensiones formales, Jorge Enrique Robledo (2011), asegura que "en cualquier análisis que intente ser objetivo toca incluír que las bases persiguen como razón de ser determinante, fundamental, hacer parte de la estrategia militar de Estados Unidos por el control de América y del mundo (...)" (p.190).

La pretensión de Estados Unidos de acceder a instalaciones militares que garantizaran la presencia de su personal y arsenal de guerra tenía sentido en la medida en que ese mismo año, y por decisión del gobierno ecuatoriano, debió retirar sus tropas de la Base militar de Manta, tras diez años de operación, que también instaló luego de haber tenido que cerrar la Base Howard en Panamá. Esta decisión deja a los Estados Unidos sin un enclave militar en el sur del continente, impidiéndole mantener su presencia militar y con ella las prácticas históricas en la región. Sin embargo, la persistencia en garantizar bases militares con presencia de efectivos norteamericanos, se muestra como evidencia que los Estados Unidos no renuncian a la fuerza para imponer sus intereses, recurriendo a sus recursos y prácticas militares, que bien podían implementar desde estas nuevas posiciones.

La sola pretensión fue, por las razones que la historia demuestra, fuertemente rechazada por los gobiernos del continente (casi sin distingo ideológico) dado que la presencia militar nortemericana -tal y como la suguería el Acuerdo- representaba una amanaza para la estabilidad de los gobiernos de la región: “(…) cuando se permite que en el territorio de Colombia aporen tropas con capacidad y decisión de vigilar, amenazar y agredir también al resto de los países de America” (Robledo, 2011, p. 159). La controversia generada en el continente obligó al entonces presidente de Colombia, Alvaro Uribe Vélez, a visitar al menos siete países con el fin de explicar a los mandatarios latinoamericanos los alcances del Acuerdo, lo cual no evitó que en agosto de ese año los países de UNASUR se reunieran en Bariloche para tratar la cuestión. En la declaración conjunta de esta reunión decidieron “fortalecer a Suramérica como una zona de paz” y “reafirmar que la presencia de fuerzas militares extranjeras no puede, con sus medios y recursos vinculados a objetivos propios, amenazar la soberanía e integridad de cualquier nación suramericana y en consecuencia la paz y seguridad en la región” (Unasur, 2009).

A pesar de que la Corte Constitucional de Colombia declaró el Acuerdo como inconstitucional (acción que anula su efecto), y que el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos ha mantenido otro tono con los gobiernos de la región, que en principio no deja entrever una posible insistencia en el Acuerdo; el subsecretario de Defensa de Estado Unidos Frank Mora, afirmó en una entrevista para el diario colombiano El Tiempo que “si la pregunta es si todavía queremos este acuerdo y pensamos que es importante, la respuesta es sí” (El Tiempo, 2010). Además, su persistencia se manifiesta cuando “un mes después de la reunión de UNASUR, la prensa panameña hizo público que Obama y Clinton habían acordado la utilización de dos nuevas bases aéreas y navales en Panamá, para realizar operaciones cerca de Venezuela” (Chomsky, 2010, p. 80).

Por otra parte, el gobierno de Barack Obama también ratifica el tradicional enfoque militarista de la seguridad en América Latina con la reactivación de la Cuarta Flota Naval bajo potestad del Comando Sur de Estados Unidos, que garantiza presencia en el Caribe, América central y América del Sur. A pesar de haber estado inactiva desde la década del cincuenta, en el 2008 fue reactivada y el gobierno de Barack Obama mantuvo esta amenaza hacia todo el continente, ratificando la continuidad en la seguridad como un asunto de estabilidad de las democracias neoliberales instaladas en el continente, interviniendo en los asuntos internos de los países y usando sus recursos militares para lograrlo. En cualquier caso, no es acciental que la reactivación de la Cuarta Flota haya coincidido con el período de consolidación de gobiernos de izquierda y progresistas en la región.

Además, en este asunto de la seguridad como un tema eminentemente de estabilidad en donde el recurso militar -y en este caso la presencia militar efectiva- es determinante para garantizarla, cabe destacar una relación con el caso del golpe de estado a Manuel Zelaya, tratado más arriba. El presidente Manuel Zelaya se había propuesto cerrar la base militar nortemericana que opera dentro de la base de la fuerza aérea hondureña Soto Cano en Palmerola, sede de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo. Estados Unidos opera esta base desde 1981 y desde allí ha implementado sus estrategias para mantener la estabilidad de la región y el cierre de esta, que de facto, constituiría una amenaza para la presencia militar estadounidense en Honduras.

Finalmente, en relación con la fuerza como estrategia de imposición de los intereses norteamericanos en América Latina, amparados en su visión y enfoque militarista de la seguridad que ha impuesto en la agenda de las relaciones con la región, como se ha visto, y el gobierno de Barack Obama, según Robledo (2011):

(…) nada indica que el gobierno de Barack Obama busque modificar la estrategia bipartidista de controlar militarmente el mundo, desplegando una gran capacidad de ataque en todos los continentes, manteniendo su inigualable poder nuclear, desarrollando armas de cada vez mayor complejidad tecnológica y aumentando la ya impresionante militarización de su industría y su economía (p. 187).

Lucha contra las drogas: el pretexto del narcotráfico

En cuanto a la lucha contra las drogas, Estados Unidos ha impuesto un enfoque punitivo que, sobradas evidencias, ha fracasado. Ya que el aumento en las cifras de los cultivos de uso ilícito y de los consumidores son en la práctica directamente proporcionales a la inversión económica, a la violencia asociada a esta economía ilegal, a la descomposición social y a la corrupción de las instituciones políticas y económicas, todas estas consecuencias de la implementación de las políticas con este enfoque.

La persistencia de Estados Unidos en considerar al cultivo, producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas una amenaza ha sido -en el caso puntual de América Latina- la forma de impedir que la estabilidad que favorece sus intereses, se vea interrumpida; más que una preocupación por las implicaciones sociales y económicas de estos fenómenos en los países cultivadores, productores y de tráfico; y tampoco corresponde a una preocupación por la drogadicción en su sociedad (la americana), o porque aumente la criminalidad o entre en su economía dinero ilegal. A través de la lucha contra las drogas Estados Unidos ha podido imponer en la región sus recetas económicas y políticas, afianzar su presencia militar efectiva en terreno y con esta contener cualquier intento de desestabilización de la democracia liberal. Respecto a este enfoque de «guerrra contra las drogas» y la contradicción entre sus objetivos y resultados reales, Chomsky (2010) sostiene que:

Incluso si adoptamos las premisas imperiales, es difícil tomarse en serio los objetivos enunciados de «la guerra contra las drogas», que persiste sin cambios notables, pese a las muchas evidencias de que otras medidas -como la prevención y el tratamiento- son mucho más rentables, y pese al persistente fracaso del recurso a la criminalización en casa y la violencia y la guerra química (fumigación) en el exterior…, por lo menos, con respecto a los objetivos enunciados. (p. 81)

En concordancia con lo anterior, , en el 2009 la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia liderada por los expresidentes Fernando Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo (México) publicó el informe Drogas y Democracia: hacía un cambio de paradigma, en el que ratifican que “Las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y de interdicción al tráfico y a la distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados. Estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de erradicación de las drogas” (p. 5). Al revisar la política de la guerra antidrogas en América Latina y sus contundentes efectos en la violencia, la salud y la democracia, el Informe concluye que en el continente se asiste a:

Un aumento del crimen organizado tanto por el tráfico internacional como por el control de los mercados domésticos y de territorio por parte de los grupos criminales; Un crecimiento a niveles inaceptables de la violencia que afecta al conjunto de la sociedad y, en particular, a los pobres y jóvenes; La criminalización de la política y la politización del crimen, así como la proliferación de vínculos entre ambos que se refleja en la infiltración del crimen organizado en las instituciones democráticas;

La corrupción de los funcionarios públicos, del sistema judicial, de los gobiernos, del sistema político y, en particular, de las fuerzas policiales encargadas de mantener la ley y el orden. (p.5).

Este informe no tuvo ningún eco en Washington -como tampoco lo han tenido otros tantos estudios que han llegado a conclusiones similares a partir de un examen crítico al enfoque prohibicionista, como el de la misma OEA presentado en el 2013 (El problema de las drogas en las Américas)-, principal promotor y financiador de la «guerra contra las drogas». Por el contrario, el gobierno de Barack Obama mantuvo el apoyo a los programas que aplican sus recetas en América Latina como el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, fundamentalmente.

El Plan Colombia, por su parte, fue firmado en el 2000 con el propósito de la eliminación del cultivo y tráfico de drogas de la región Andina con una inversión de 8 mil millones de dólares entre el 2000 y 2012 (Bagley, 2012). Tal proyecto estaba planteado para alcanzar su objetivo- principalmente- a través del fortalecimiento de las fuerzas armadas. Sin embargo, además de no consolidar los resultados propuestos en esta materia, sí ha servido como catalizador del conflicto armado interno colombiano, como un refuerzo de la influencia de los Estados Unidos en Colombia para la profundización de las fórmulas económicas que favorecen sus intereses y para mantener el control de la región con el fin de enfrentar las consideradas amanazas a su seguridad nacional. El fortalecimeinto de las fuerzas militares en el Plan Colombia terminó por llevar al límite el conflicto armado colombiano, generando masiva vulneración en un amplio espectro de derechos humanos, fundamentalmente de las poblaciones rurales afectadas directamente por la violencia.

Por su parte, la Iniciativa Mérida es el principal «esfuerzo de cooperación», inicialmente con la región centroamericana y posteriormente de manera exclusiva con México, con el fin de enfrentar a las organizaciones criminales asociadas al narcotráfico, que en “el año fiscal de 2008, tuvo un presupuesto de $1.6 mil millones de dólares a ejecutarse entre 2008 y 2010. Se incluyeron recursos para Centroamérica, República Dominicana y Haití. A México se le asignaron $1.4 mil millones de dólares” (Benítez, 2014, p. 50). A través de la Iniciativa Mérida los países de centroamérica y especialemente México han recibido el apoyo económico de Estados Unidos para implementar la lucha contra las drogas, con el enfoque que, como se ha dicho, estos han impuesto unilateralmente. Este programa también traslada la «guerra contra las drogas» allende a las fronteras de Estados Unidos (tal y como ocurre con los demás a través de los cuales se operacionaliza la política antidrogas norteamericana), con todos sus efectos sobre las instituciones democrácticas y las sociedades de los países que reciben los recursos y asistencias norteamericanas.

Sin embargo, más allá de los evidentes efectos colaterales en las sociedades latinoamericanas, las cifras en relación con el cultivo y tráfico de drogas en lugar de disminuir han aumentado. Así lo evidencia el informe anual de 2016 presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que en relación con el consumo de drogas indica que “1 de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 millones de personas de entre 15 y 64 años, consumieron por lo menos una droga en 2014” (p. 4). De hecho, en relación con el cultivo de uso ilícito en Colombia (pese a los esfuerzos en la implementación de la estrategia punitiva a través del Plan Colombia), el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos reportó en el International Narcotics Control Strategy Report (marzo de 2017) que:

The United States estimates the quantity of coca cultivation increased 42 percent in 2015 to 159,000 hectares (ha) from 112,000 ha in 2014, a nearly 100 percent increase since 2013 (…) The rise is attributed to the largest single-year increase of coca cultivation in Colombia ever recorded (p. 132).⁷

Estas cifras, que ratifican el fracaso del actual enfoque que se ha dado al tratamiento del problema del narcotráfico y la persistencia de los gobiernos norteamericanos en implementarla corroboran que en torno a esta política subyacen los tradicionales intereses nortemericanos. Y el continuismo en esta materia del Gobierno de Barack Obama también se confirma, a pesar de haberse creado una amplia expectativa de que su gobierno definiera una nueva estrategia para la lucha contra el narcotráfico, o por lo menos promoviera el debate en torno al tema, entre otras cosas porque el presidente no había tenido ningún problema en confesar el uso de la marihuana en su juventud, en Hawai (Nedelmann, 2012). De hecho, durante su campaña había propuesto adoptar un nuevo punto de vista frente al problema doméstico de consumo de drogas: “During his 2008 campaign and upon taking office, President Obama said he would shift the federal government’s drug control resources from a criminalization-centered approach to one based on public health” (Nedelmann, 2013)⁸.

Sin embargo, no solo no promovió el debate-más allá de permitir sin ningún compromiso que otros gobiernos y organismos multilaterales lo hicieran-, sino que durante su gobierno siempre garantizó los recursos para costear las iniciativas que se implementan en esta materia, incluso desconociendo las violaciones de derechos humanos en países centroamericanos, Colombia y México, en las que se encuentran implicadas las fuerzas armadas, a las que estos programas financian. .

Ya desde el 2012 el gobierno de Barack Obama se podía considerar como continuista, incluso en materia de política antidrogas doméstica (pues ha enfrentado el consumo también desde un enfoque punitivo), según lo sugiere Nedelman (2012): “in the past two years it has been difficult to distinguish Obama’s drug policies from those of his White House predecessors”⁹. En el 2012, durante la VI Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias (Colombia) , hablando respecto a la propuesta del presidente colombiano Juan Manuel Santos de abrir el debate para encontrar otras vías para la solución del problema de las drogas que redujeran la violencia y las consecuencias negativas a las estructuras sociales y políticas de las naciones afectadas, respaldada por otros mandatarios de países igualmente afectados por el narcotráfico y las actuales políticas implementadas para hacerle frente, el presidente Barack Obama manifestó que:

Mi posición personal y la de mi Gobierno (…) es que la legalización de las drogas no es la respuesta. De hecho, si uno considera qué pasaría, veríamos que habría un comercio masivo de drogas que dominaría a muchos países, sin límites para sus operaciones, y esto podría ser mucho más dañino que las condiciones que existen en este momento (Prados, 2012).

Desde el sur se ha promovido el debate y la acción en torno a la adopción de una política para luchar en contra del narcotráfico, una en la que se diferencien los contextos sociales, económicos y políticos (con un enfoque territorial) y los actores (cultivadores, productores, traficantes y consumidores); con el fin de diseñar e implementar estrategias adecuadas para cada caso, disminuir los costos humanos, económicos, sociales, culturales y políticos y a su vez consolidar mejores resultados. En oposición a ello, Robledo concluye que:

(…) el presidente norteamericano, Barack Obama, ha dejado establecido que no modificará el fondo del enfoque de la “guerra contra las drogas” declarada por Ronald Reagan y sostenida por los siguientes gobiernos de Estados Unidos durante treinta años, enfoque que le quita la responsabilidad del problema al consumo final en las calles de las ciudades norteamericanas, donde las mafias y demás intermediarios de ese país se quedan con parte fundamental de las ganancias del negocio, para dejarles la culpa y las secuelas violentas a los países productores de la coca y la cocaína y, en especial, a unos campesinos e indígenas paupérrimos (…) Robledo, 2011, p. 215

Promesas, esperanzas y realidad: los casos de Cuba y Colombia

El proceso de normalización de las relaciones, acordado entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, que se ha presentado como el gran giro de la política exterior norteamericana en el hemisferio, puede entenderse más bien como una estrategia para reducir las tensiones que las relaciones de Cuba con el continente en general y con Estados Unidos y el sistema interamericano venían generándole al posicionamiento de los mismos Estados Unidos en el continente. Estas tensiones fueron evidentes durante la Cumbre de Trinidad y Tobago (2009) y Cartagena (2012) y en el rechazo a excluir a Cuba del sistema interamericano, momentos en los que se venía alimentando el sentimiento antiamericano en el continente y con él, un decrecimiento de la posición y el margen de acción de Estados Unidos. En esta dirección lo expone Leandro Morgenfeld (2016) para quien “El anuncio de la distensión con Cuba debe entenderse en ese contexto, ya que podría eliminar una de las principales causas de fricción con los países de la región” (p. 400).

El proceso de normalización de las relaciones cubano - americanas se ha visto realizado en: la reapertura de las embajadas tras dos años de negociaciones y algunas medidas concretas en relación con la movilidad humana, de algunos bienes e incluso de capitales (en general ampliando parte de las transacciones ya autorizadas) y “(…) acuerdos en materia de protección medioambiental, santuarios marinos, salud pública e investigación biomédica, agricultura, la lucha contra el narcotráfico, seguridad de los viajeros y del comercio, aviación civil, correo postal e hidrografía” (Gómez, 2016). Y a pesar de que, como se ha dicho, este proceso se concibe como progresivo y se han dado pasos para su realización, la verdad es que por lo pronto Estados Unidos no ha renunciado a sus políticas de migración, sus programas de democracia, la ocupación de Guantánamo y al bloqueo económico. Por lo cual puede decirse que «el final de la guerra fría en el continente», como se ha denominado, aún no sea del todo una realidad.

Por otra parte, el apoyo al proceso de paz en Colombia entre el gobierno y las FARC - EP es más que una convicción política y social.

Es la combinación entre la presión internacional en torno al consenso que el proceso ha tenido y la posibilidad de participar directamente en él (a través de su enviado especial Bernard Aronson), para garantizar que lo que se acordó no pusiera en riesgo la democracia liberal y la estabilidad que le ha servido a Estados Unidos al encontrar en Colombia uno de sus principales aliados.

Más allá de la ayuda económica con la que puede materializarse ese apoyo, lo que sí es claro es que la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, no implica ninguna reforma lo suficientemente profunda en la estructura política o económica de Colombia que ponga en peligro la influencia de Estados Unidos en la política y la economía colombianas, como para que el gobierno de Barack Obama se opusiera. Por el contrario, podría decirse que garantizaron un acuerdo respaldable del cual pudieran obtenerse créditos políticos no sólo en la región, sino en el mundo. Una evidencia de la falta de convicción política en relación con el acuerdo y más bien de su conveniente apoyo retórico, fue la negativa a beneficiar al guerrillero preso en Estados Unidos, Ricardo Palmera (alias Simón Trinidad), con el indulto que bien podía haberle otorgado el Presidente Barack Obama, gesto que habría abonado la confianza de esa guerrilla -en proceso de desmovilización y desarme- en el gobierno americano.

Finalmente, otra expectativa frustrada de América Latina, es la reforma migratoria integral que beneficiaría, entre otros, a los latinos en Estados Unidos y por extensión a sus familias en sus países de origen, pues podrían verse favorecidos por las oportunidades que la economía norteramericana les ofrece. Esta reforma se entendía como dignificación de la vida de los latinos que, escapando de la multiplicidad de adversidades económico-sociales que afectan a las naciones latinoamericanas, llegan a los Estados Unidos sin legalidad migratoria.Sin embargo, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, el número de deportados entre el 2009 y el 2015 por el gobierno de Barack Obama asciende a dos y medio millones de personas.

Colofón: explicaciones finales

Al finalizar el análisis, es claro que, el interés de Barack Obama en la región se convirtió en un asunto retórico y tangencial, lo que significó, en gran medida, delegar la política relativa a América Latina en manos del departamento de Estado. En la práctica, Barack Obama tenía asuntos críticos que resolver en el interior de los Estados Unidos, como la economía y los servicios de salud (Obama asume la administración de Estados Unidos en el marco de la grave crisis económica del 2008). a la vez debido al carácter determinante que tenía para su reelección, no pudo enfocarse en reorientar su política exterior y mucho menos la que mantenía con América Latina, región que tan poco ha interesado a los norteamericanos, más allá de mantener una estabilidad cómplice y favorable.

En este sentido, el continuismo en materia de política exterior -y no solamente en relación con América Latina- se trató, entre otros, de un mero cálculo electoral y político; pues según algunas investigaciones norteamericanas en ciencia política, la política exterior no es determinante en las elecciones presidenciales norteamericanas.

Como se dijo, dado que el interés por la región fue retórico, los asuntos relacionados quedan en manos del Departamento de estado y una vez allí, como se pudo ver, se impusieron los enfoques y estrategias de siempre. . Las relaciones entre América Latina y Estados Unidos estaban condenadas a la burocratización natural que se ha impuesto en el sistema norteamericano al diseñar e implementar su política exterior, priorizando las ventajas de los grupos de interés y de presión - en palabras de Chomsky (2010, p. 65) “intereses de las concentraciones de poder que dominan la sociedad nacional-; lo que en concreto significó para la región, la continuidad de su política exterior. De hecho, en el sistema norteamericano, como lo afirman Rosati y Scott (2014):

The president beliefs about the nature of the world and America´s role within it are a very important guide to the type of foreign policy that will be pursued under his administration. Setting the general direction and tone of an administration, however, does not guarantee that president’s vision and priorities will prevail. In fact, much of the government’s foreign policy is made and carried out by the bureaucracy.

The president is the chief of a sprawling bureaucracy, much of which is beyond presidential control. The bureaucracy is both a source of and a constraint on presidential power (pp. 97-98)¹⁰

La burocratización como característica del proceso de formulación de la política exterior de Estados Unidos, y como explicación a la continuidad histórica de intereses, enfoques y estrategias del relacionamiento de Estados Unidos con América Latina, es explicada por Lowenthal (2010) en los siguientes términos:

La resistencia a las iniciativas surge de la burocracia profesional del gobierno de los Estados Unidos, de grupos de interés o de presión o de ambos (…). Esta incertidumbre se debe en parte a que las políticas estadounidenses en las Americas generalmente se diseñan menos con las relaciones internacionales de poder y consideraciones estratetégicas en mente que por el juego continuo de los procesos burocráticos y políticos de diversos grupos de presión. Muchos actores gozan de acceso al diseño de políticas en el proceso extraordinariamente permeable de los Estados Unidos.

En últimas, la política de los grupos de interés y la de burocracia, moldeada por cálculos de política interna y estimulada por la polarización ideológica, generalmente tienen mayor impacto en la política exterior hacia America Latina que los grandes diseños de política externa. (pp. 48-49).

En este sentido, la política exterior nortemericana con relación a América Latina - mientras permanezca la visión que han mantenido históricamente hacia la región-, garantiza y ratifica el contuinuismo del enfoque que los Estados Unidos han impuesto para su relacionamiento, que fundamentalmente apunta a controlar el subcontinente como su «patio trasero» con el objetivo de garantizar para sí, sus recursos y mercados. En esta dirección Chomsky (2010) sostiene que:

Controlar América Latina fue el pimer objetivo de la política exterior de Estados Unidos y sigue siendo uno de los principales, en parte por sus recursos y mercados, pero también por razones ideológicas más amplias. Si Estados Unidos no pudiera controlar América Latina, no tendría esperanzas de «obtener éxitos en otros lugares del mundo» concluyó el Consejo de Seguridad Nacional de Nixon en 1971 (…) (p. 53).

En definitiva, más allá de las propias convicciones políticas de Barack Obama y si se quiere, de su manera de ver y leer el mundo, la política exterior estadounidense está diseñada para responder directamente a los intereses de su sistema económico y con ello mantener la estabilidad de su sistema político. A fin de cuentas, “While different occupants of the Oval Office naturally have different instincts and emphases, their country has the same interests regardless of who’s filling the big chair”¹¹ (Joyner, 2009, p. 2).

Con plena seguridad, cada tema abordado en este trabajo y presentado para sustentar la tesis de la continuidad de la política exterior de Barack Obama, que derivó en manifiestas contradicciones entre su discurso y su práctica política, merecen un trabajo independiente. Por lo pronto, como se ha dicho, sin pretender ser exhaustivos, incluso este panorama general y a vuelo de pájaro sirve como acercamiento a la tesis de la continuidad durante el gobierno de Barack Obama, y permite deducir que la oportunidad que este representaba en el panorama latinoamericano, naufragó.

Referencias

Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los gobiernos de la Republica de Colombia y los Estados Unidos. (2009). Recuperado el 6 de marzo de 2017, del sitio web: Recuperado el 6 de marzo de 2017, del sitio web: http://lasillavacia.com/sites/default/files/media/docs/5109/acuerdo_ee-uu-colombia_comentado.pdf

Arbuet-Vignali, H. (2016). Juicio político, golpe suave, control legítimo, intervención. El caso Dilma Rousseff. Revista de derecho público, 25 (49), pp. 7 - 29.

Bagley, B. (2012). Drug Trafficking and Organized Crime in the Americas: Major Trends in the Twenty-First Century. Woodrow Wilson International Center for Scholars, Latin American Program. Recuperado el 23 de marzo de 2017 en el sitio web: Recuperado el 23 de marzo de 2017 en el sitio web: https://www.wilsoncenter.org/sites/ default/files/BB%20Final.pdf

Benítez, R. (2014). La guerra al narcotráfico en América Latina: ¿victoria militar?, fracaso social y político. En G. Maihold y S. Jost (eds). El narcotráfico y su combate. Sus efectos sobre las relaciones internacionales (pp. 37 - 58). México: Konrad Adenauer Stiftung.

Borón, A. (2005). La izquierda latinoamericana a comienzos del siglo XXI: promesas y desafíos. En P. Barret, D. Chávez y C. Rodríguez (eds). La nueva izquierda en América Latina. Sus origenes y trayectoria futura (pp. 405 - 434). Bogotá: Norma.

Cepaluni, G y Vigevani T. (2013). Brazil: Global Power-to-Be?. En Beasley, R., Kaarbo, J., Lantis, J. y Snarr, M. (Eds). Foreign Policy in Comparative Perspective. Domestic and International Influences on State Behavior. (pp. 265 - 289). Thousand Oaks, California: CQ Press.

Chávez, N. (2015). América Latina, República Popular China y Estados Unidos: Relaciones continentales estratégicas. En A. Bonilla & P. M. García (Eds). China en América Latína y el Caribe: escenarios estratégicos subregionales. (pp. 75 - 106). San José, Costa Rica: FLACSO.

Chomsky, N. (2010). Esperanzas y realidades. Barcelona: Ediciones Urano.

Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. (2009). Drogas y Democracia: hacía un cambio de paradigma. Recuperado el 22 de marzo de 2017 del sitio web: Recuperado el 22 de marzo de 2017 del sitio web: http://www.ungassondr ugs.org/images/stor ies/ towards-s.pdf

Departamento de Estado de Estados Unidos. Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs. (2017). International Narcotics Control Strategy Report. Recuperado el 24 de marzo de 2017 del sitio web: Recuperado el 24 de marzo de 2017 del sitio web: https://www.state.gov/documents/organization/268025.pdf

El Nacional, 27 de marzo de 2016. Barack Obama y América Latina. Recuperado el 5 de abril de 2017 del sitio web: Recuperado el 5 de abril de 2017 del sitio web: http://www.el-nacional.com/noticias/historico/barackobama-america-latina_31031

El Tiempo. 11 de octubre de 2017. EE.UU. sigue muy interesado en firmar acuerdo militar con Colombia. Recuperado el 6 de marzo de 2017, del sitio web: Recuperado el 6 de marzo de 2017, del sitio web: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8122288

Gómez, S. (2016). “La letra pequeña de la directiva presidencial de Obama sobre Cuba”, Granma, 16 de octubre. Recuperado el 6 de abril de 2017 del sitio web: Recuperado el 6 de abril de 2017 del sitio web: http://www.granma.cu/mundo/2016-10-16/la-letra-pequena-de-la-directiva-presidencial-de-obama-sobre-cuba-16-10-2016-22-10-04

Gosman, E. (2016). Un informe al Senado rechaza las acusaciones contra Dilma. Clarin. 27 de junio. Recuperado el 7 de abril de 2017 del sitio web: Recuperado el 7 de abril de 2017 del sitio web: https://www.clarin.com/mundo/informe-Senad o-rechaza - acusaciones-Dilma_0_HJ2IaXkU.html

Jentleson, B. (2010). American foreign policy. The dynamics of choice in the 21st century (cuarta edición). Nueva York: Norton.

Joyner, J. (2009). Bush’s Third Term. En The National Interest Online. Recuperado el 25 de enero de 2017 del sitio web: Recuperado el 25 de enero de 2017 del sitio web: http://nationalinterest.org/article/bushs-third-term-3189

La Casa Blanca, Oficina del Secretario de Prensa. (2009). Remarks by the President at the Summit of the Americas Opening Ceremony. Recuperado el 8 de agosto de 2016, del sitio Web de la Casa Blanca: Recuperado el 8 de agosto de 2016, del sitio Web de la Casa Blanca: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-summit-americas-opening-ceremony .

Lowenthal, A.F. (2010). El gobierno de Obama y las Américas: promesa, desengaño, oportunidad. En A.F. Lowenthal, L. Whitehead, & T.J. Piccone (Eds.). Obama y las Américas ¿esperanza o decepción? (pp. 27 - 58). Bogotá, Colombia: Planeta.

Morgenfeld, L. (2016). Estados unidos y sus vecinos del sur en las Cumbres de las Américas. De la subordinación al desafío. En Gandásegui, M. (Coord). Estados Unidos y la nueva correlación de fuerzas internacional. (pp. 381 - 410) Buenos Aires: CLACSO.

Nedelmann, E. (2012). “Obama ́s hypocritical war on marijuana”, The Huffington Post, 25 de mayo. Recuperado el 24 de marzo de 2017 del sitio web: Recuperado el 24 de marzo de 2017 del sitio web: http://www.huffingtonpost.com/ethan-nadelmann/obama-marijuana_b_1546921.html

Nedelmann, E. (2013). Ending the War on Drugs: Easier Said Than Done. The Huffington Post, 18 de junio. Recuperado el 24 de marzo de 2017 del sitio web: Recuperado el 24 de marzo de 2017 del sitio web: http://www.huffingtonpost.com/ethan-nadelmann/marijuana-legalization-war-on-drugs_b_3456324.html

OEA, Organización de Estados Americanos. (2009). Discurso oficial de la presidenta de la República de Argentina Cristina Fernández de Kirchner en la ceremonia de apertura de la quinta cumbre de las Americas. Recuperado el 27 de octubre de 2016, del sitio web de la OEA: Recuperado el 27 de octubre de 2016, del sitio web de la OEA:http://www.summitamericas.org/V_Summit/remarks_arg_sp.pdf .

OEA, Organización de Estados Americanos. (2013). El problema de las drogas en las Américas. Recuperado el 23 de marzo de 2017 en el sitio web: Recuperado el 23 de marzo de 2017 en el sitio web: http://www.oas.org/documents/spa/press/Introduccion_e_Informe_Analitico.pdf

Piccone, T.J. (2010). La agenda de la democracia en las Américas: hacia la acción multilateral. En A.F. Lowenthal, L. Whitehead, & T.J. Piccone (Eds.). Obama y las Américas ¿esperanza o decepción? (pp. 221 - 242). Bogotá, Colombia: Planeta .

Prados, L. (2012). Obama en Colombia: “Legalizar las drogas no es la respuesta. El País. 15 de abril. Recuperado el 24 de marzo de 2017 del sitio web: Recuperado el 24 de marzo de 2017 del sitio web: http://internacional.elpais.com/internacional/2012/04/15/actualidad/1334481155_882633.html

Regalado, R. (2012). La izquierda latinoamericana en el gobierno ¿alternativa o reciclaje? Ocean Press: México.

Robledo, J. (2011). Bases: legalidad y soberanía. En M. Ramírez & J. Robledo. Relaciones militares Colombia - Estados Unidos. (pp . 117 - 225). Norma: Bogotá.

Rosati, A. y Scott, J. (2014). The politics of United States foreign policy. CENGAGE: Boston.

UNASUR Unión de Naciones Sudamericanas. (2009). “Declaración conjunta de Reunión Extraordinaria del Consejo de jefes y jefas de Estado de la Unión de Naciones Sudamericanas”. Recuperado el 6 de marzo de 2017, del sitio web: http://www.comunidadandina.org/unasur/28-8-09bariloche.htm

Weisbrot, M. (2011). La política de Obama hacia América Latina: continuidad sin cambio. En Latin American Perspectives del Center for Economic and Policy Reserch. Recuperado el 24 de enero de 2017, del sitio web: Recuperado el 24 de enero de 2017, del sitio web: http://cepr.net/documents/publications/obamas-latin-america-policy-spanish-2011-07.pdf

Weisbrot, M. (2016a). El golpe de Estado en Brasil y el “retroceso” de Washington en américa Latina. Center for economic and policy research, 5 de junio. Recuperado el 7 de abril de 2017 del sitio web: Recuperado el 7 de abril de 2017 del sitio web: http://cepr.net/publicaciones/articulos-de-opinion/el-golpe-de-estado-en-brasil-y-el-retroceso-de-washington-en-america-latina

Weisbrot, M. (2016b). Brazil’s Political and Economic Crisis Threatens the Legitimacy of the Country’s Democracy. The Huffington Post, 30 de agosto. Recuperado el 7 de abril de 2017 del sitio web: Recuperado el 7 de abril de 2017 del sitio web: http://www.huffingtonpost.com/mark-weisbrot/brazils-political-and-eco_b_11783004.html

Wikileaks, 09ASUNCION189_a. Recuperado el 6 de abril de 2017 del sitio web Recuperado el 6 de abril de 2017 del sitio web https://wikileaks.org/ plusd/cables/09ASUNCION189_a.html

Notas

IR