Introducción

El 11 de octubre de 2017, la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia avala de forma unánime el Acto Legislativo 02 del 11 de mayo de 2017, generando así un blindaje jurídico al acuerdo final de paz, firmado el día 24 de noviembre de 2016. Este hecho político establece que durante los tres próximos períodos presidenciales completos se tienen que respetar los mandatos del acuerdo de paz². Para tal fin, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) instaura en el debate político el concepto de la justicia prospectiva³, buscando ratificar y establecer un paradigma que oriente y respete valores del presente y a su vez permita a las personas preocuparse por acabar con conflictos lesivos para los derechos de las futuras generaciones y comprometerse por la paz entre distintas generaciones⁴. Tabarquino (2018) señala que:

La justicia prospectiva es un principio operativo de la JEP (artículo 4, Reglamento General de la Jurisdicción Especial para la Paz) que guía las decisiones de este mecanismo, como reza en el Reglamento General de la JEP, artículo 6: Medidas necesarias para efectividad de las decisiones. Las decisiones de la JEP se orientan por el principio de justicia prospectiva a fin de garantizar una paz estable y duradera y la real vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, para lo cual adoptarán las medidas necesarias tendientes a superar la condición de vulnerabilidad de las víctimas. En las resoluciones y sentencias de la JEP, podrá adoptarse un plan de justicia prospectiva que deberá ser ejecutado por las autoridades competentes dentro del término que en ellas se fije a fin de garantizar la no repetición. (p.134)

De acuerdo a lo anterior, la justicia prospectiva radica en qué factores pueden motivar a los actores, no solo a aceptar la responsabilidad en abstracto; sino también a adoptarla como parte de su identidad moral y emprender acciones apropiadas que garanticen una estabilidad duradera y de orden democrático.

Barbosa Francisco (2015), Gómez Franco Irene (2015) y Rojas Osorio Carlos (2014) expresan que este tipo de justicia permite abordar y solucionar problemas con base en los valores y derechos fundamentales en donde convergen las generaciones pasadas, presentes y futuras.

En este artículo de investigación se intentará indagar en la respuesta a la pregunta: ¿qué esquema debe adoptar el desarrollo de la justicia prospectiva para la construcción de paz e interiorización del posconflicto en Colombia durante los tres próximos períodos presidenciales completos?

Marco conceptual y teórico

La justicia prospectiva⁵ es una justicia que habrá de ser más allá de las leyes en curso de una sociedad determinada (Llambias, 1949; Rojas, 2014; Barbosa, 2015; Gómez, 2015); en ello recae la complejidad de su desarrollo, no por la aplicabilidad del positivismo jurídico, entendido como la justicia legal (la constitución y las leyes de una sociedad determinada) (Rojas 2014, p. 146); sino por la disertación obligatoria de una ética del futuro (Gómez, 2015, p. 44):

Por qué deberíamos preocuparnos por aquellos que todavía no han nacido[…]este es el denominado “problema motivacional” o “aporía motivacional” que aparece con frecuencia ligado a la raíz de la fundamentación ética de las obligaciones intergeneracionales (Birnbacher, 2009, p. 273)

El significado de paz implica la integralidad de visiones de distintos territorios, la tolerancia

entre culturas, modelos de Estado moderno, legitimación de poder y democracia, dimensiones éticas y morales de lo público y lo privado, dicotomías y trade-off de orden político y social; pero sobre todo la evolución de la forma de entender la convivencia y la ratificación de los valores por la diferencia y reconocimiento entre seres humanos que están de acuerdo en lo fundamental: la vida y sus formas de calidad (Cortés , 2017; Gómez, 2017; Larraz , 2017; Marín , 2017; Mouly y Giménez, 2017; Rettberg y Ugarriza, 2016; ESAP- Univalle, 2015; CIDER, 2014; Nussio et al., 2015; Ugarriza , 2013).

La paz como política pública y ejercicio del Estado tiene dos dimensiones: i) maximalismo, el reconocimiento de una paz estable, duradera y sostenible (recursos); emula la paz con el cambio perpetuo y duradero del bienestar social y ii) minimalismo, la apuesta de orden racional e incrementalista a la reducción de estadísticas frías (disminución de homicidios, porte de armas y grupos armados al margen de la ley) relacionadas con el conflicto armado o bélico y el apalancamiento de la dimensión social, económica y política (Rettberg 2013, p. 21).⁶

Tabla 1
Resultados del estudio empírico deRettberg & Ugarriza (2016)sobre el significado de la reconciliación en Colombia.

Para la reconciliación, Rettberg & Ugarriza (2016) crean una tipología multidimensional de siete escalas y 60 categorías, como una herramienta para analizar sistemáticamente las respuestas de 1.843 encuestados a dos preguntas sobre lo que significa la reconciliación en Colombia⁷.

La asociatividad es un proceso humano que tiene como finalidad establecer lazos de identidad y amistad con seres humanos que se concretan en forma de alianzas, cooperación, colaboración e intereses mutuos y creados.⁸

La consolidación de asociatividad como política pública⁹ en los territorios, además de cumplir con las anteriores definiciones, implica el análisis de problemas, actores, recursos, capacidades, potencialidades de los territorios y las regiones, transformación productiva, innovación, desarrollo sistemático, dinámicas político-administrativos nacionales e internacionales, planificación, gestión estratégica, equidad, igualdad y justicia social. El mismo concepto también consolida redes de Política Pública¹⁰ sustentadas en:

• Estado ya no es el actor principal en el accionar de la política pública y la dinámica organizacional de sectores, sino por el contrario existen asociaciones público-privadas que coordinan e incentivan el desarrollo de infraestructura y consumo en un área determinada (Tabarquino, 2018, p. 79)

• “Los ámbitos de gobernabilidad que el Estado cede, son ocupados por otros actores. Por tanto, hay que tener en cuenta que en el proceso de implementación de cualquier política, intervendrán una serie de actores de diversa naturaleza y racionalidades” (Valderruten 2014, p. 1262);

• […] un nuevo tipo de relación entre gobierno y sociedad, que no es dominado por el gobierno y que, por ello, tampoco puede ser en modo de mando y control, dada la independencia política de los actores sociales y su fuerza relativa en virtud de los recursos que poseen y de los que el gobierno carece (Aguilar, 2007, p. 30).

2. Metodología

La metodología empleada en este proceso de investigación es cualitativa (Patton, 2002) pues la información se estructura en el análisis de documentos técnicos y académicos: (i) marco normativo de la Ley 1454 de 2011 -Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial-; (ii) DNP, DPS y UACT; (iii) el Reglamento general de la Jurisdicción Especial para la Paz (acuerdo 001/2018); (iv) el programa de investigación sobre Conflicto armado y Construcción de Paz -ConPaz- del departamento de Ciencia política (Facultad de ciencias sociales) de la Universidad de los Andes; (v) la revista Estudios políticos en sus números 50 y 51 de 2017, en las secciones temáticas de paz; (vi) el CIDER en el año 2014, denominado “Política de Paz y Reconciliación: 20 Años de Experiencias Regionales. Propuesta de Lineamientos de Política Pública de Desarrollo Regional, Paz y Reconciliación” y (vii) la ESAP-Univalle en el Año 2015, denominado “un modelo de gestión de la administración pública territorial[…] para el fortalecimiento de la función pública y de la gestión de los entes territoriales”.

3. Propuesta y discusión

3.1 Asociatividad en los territorios con enfoque de justicia prospectiva para la construcción de paz e interiorización del posconflicto en Colombia.

La asociatividad en los territorios, enfocada hacia la justicia prospectiva para la construcción de paz e interiorización del posconflicto, en su dinámica de acción respeta como principio de política pública el enfoque territorial y diferencial bajo el pilar en el que el Estado continúa siendo un actor relevante en las redes políticas¹¹, en razón a que: a) la autorregulación social de la que se encargan las redes tiene lugar bajo unas normas establecidas desde el Estado, vinculando así su control jerárquico con la autorregulación social, b) es el Estado quien, en última instancia, legitima las decisiones públicas y c) el Estado es el que sigue reservando para sí la posibilidad de actuación legal en aquellos ámbitos cuyos actores no hayan alcanzado un acuerdo.

Lo anterior demanda un enfoque de pensamiento complejo, integrador y respetuoso del territorio que a su vez represente el proceso de intervención estatal y de actores no estatales, bajo las premisas de:

• “La implementación territorial de los acuerdos de paz y la prevención de las violencias en el posconflicto, deberán pasar, entre otras cosas, por la recuperación de los tejidos comunitarios. Como estrategia y con el concurso de las comunidades se debe promover la desnaturalización de la violencia y construir instancias de perdón, mediante la participación activa y el reconocimiento de todos los actores implicados en la violencia” (Marin, 2017, p. 214). ….Un acuerdo de paz, implica una serie de retos de orden nacional y regional en las dimensiones de lo social, económico y político; esto se dinamiza con la promoción de agendas de paz desde los territorios, que potencializan la reconciliación y legitimidad en conjunto con las comunidades y el gobierno; “la reconciliación solo puede tener lugar donde la gente se relaciona, se habla y se ve” (Lederach, 2015, p. 177).

• “La construcción de paz trasciende la resolución de conflictos por medio de negociaciones de paz o victorias militares porque no involucra exclusivamente a los actores armados enfrentados, sino que implica también a la sociedad civil nacional e internacional en la forma de organizaciones no gubernamentales, sector privado, iglesia y actores internacionales; por la misma razón, su dimensión temporal es más amplia que la de eventuales negociaciones: se inicia mucho antes que un proceso de paz y sus actividades se proyectan hasta bien avanzado el posconflicto” (Rettberg ,2013; p. 16).

• “La consolidación de la paz es la necesidad de que la política ofrezca beneficios palpables a toda la sociedad en el corto plazo una vez que se logre el fin del conflicto, a fin de crear legitimidad y viabilidad para el cambio continuo y los próximos costos políticos y materiales. Cuando la reconciliación significa demasiadas cosas para diferentes personas, o cuando significa cosas diferentes para la sociedad y para los formuladores de políticas, tal objetivo puede ser más difícil de alcanzar y los riesgos para una paz sostenible pueden ser mayores. En ausencia de una caracterización, los formuladores de políticas pueden estar en una pérdida en cuanto a cómo cumplir las promesas y las expectativas relacionadas con la futura reconciliación en sociedades devastadas por la guerra, mientras que en la sociedad las necesidades no son ni escuchadas ni tratadas” (Rettberg y Ugarriza, 2016, p. 518).

La apuesta final para la construcción de paz e interiorización del posconflicto en Colombia, dada por la asociatividad en los territorios con enfoque de justicia prospectiva para la construcción de Paz e interiorización del Posconflicto, es la consolidación de la estructura de las relaciones entre los actores en una red: i) contacto, ii) provisión, iii) colaboración, iv) cooperación y v) competición. Al mismo tiempo, significa el fortalecimiento de categorías de actores reglados por un sistema de acción dentro del contexto de las políticas públicas para el desarrollo rural: i) actores del sistema de acción político administrativo (conjunto de instituciones que integran la administración pública); ii) actores del sistema de acción empresarial (empresas, trabajadores, sindicatos); y iii) actores del sistema de acción socio territorial (conjunto de ONGS, fundaciones, asociaciones, comunidades y organizaciones sociales de base).

Figura 1
La Asociatividad en los territorios con enfoque de justicia prospectiva para la construcción de paz e interiorización del posconflicto en Colombia
Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos del CEIDER (2014), ESAP-Univalle (2015), propuesta del modelo de gestión territorial de Paz del Valle del Cauca.

El Esquema metodológico para la implementación de la asociatividad territorial con enfoque de justicia prospectiva para la construcción de paz e interiorización del posconflicto en Colombia, parte del análisis realizado en los anexos 1 y 2 ¹². El objetivo del esquema metodológico es potenciar capacidades y recursos, inteligencia competitiva e innovación para el fortalecimiento del desarrollo regional. Parte de la concepción del territorio y la región de orden multidimensional y multiescalar; es multidimensional porque involucra las cinco grandes dimensiones para el desarrollo integral en un proceso de asociatividad para el posconflicto (la dimensión económica y productiva, la dimensión humana y social, la dimensión ambiental y el hábitat, dimensión de desarrollo en ciencia y tecnología, dimensión institucional); y es multiescalar porque parte de las localidades y el territorio, generando impacto regional e integrándose a las dinámicas del desarrollo nacional; además obliga a la participación de los actores locales, regionales, nacionales e internacionales del territorio.

En el cuadro 2 que se presenta a continuación, se desglosan de manera puntual, las fases del esquema metodológico.

Tabla 2
Propuesta de esquema metodológico para la implementación de la asociatividad en los territorios con enfoque de justicia prospectiva para la construcción de paz e interiorización del posconflicto en Colombia en los tres próximos períodos presidenciales.

Una vez termina el proceso de intervención a estos municipios, desde el enfoque asociativo en los territorios, la compresión de las dinámicas sociales, culturales y de biodiversidad que en ellos existen y convergen. La toma de decisiones para el desarrollo de los territorios, encaminado al progreso y a la paz duradera, requiere una gestión estratégica liderada por personas (actores) con características y pensamientos acordes a la estrategia y a la dirección de los derechos de acceso, equidad, igualdad, universalidad y reciprocidad, y que comprendan relaciones intencionales y causales en el sentido de su incidencia en la construcción y estabilidad de las regiones afectadas y no afectadas por la violencia.

Estas acciones de construcción de paz en la dinámica del posconflicto deben regirse por: i) el marco de la gobernanza, ii) creación de rutas de navegación sostenidas en el tiempo por la gestión pública o el gobierno inmediato, indiferentemente de su ideología o idea de política, de otra forma, a largo plazo en pro de la eficiencia y eficacia de la administración pública (Aguilar, 2007); iii) el arte de gobernar y pensar los objetivos misionales de las entidades públicas debe ser una tarea cognitiva y cognoscitiva que se lleve a cabo por el gobierno y por otros, en pro de la eficiencia de los procesos;

la escalaridad de las políticas diseñadas y los programas ejecutados precisan de “nuevos procesos directivos de la sociedad” (Aguilar, 2007) que reconozcan la importancia de “gobernar con otros” y reconocer el lugar que tienen los actores en la toma de decisiones. Este comportamiento redunda en la posibilidad de que el gobierno cumpla sus objetivos y dirija a la sociedad, es decir, tenga gobernabilidad sobre los territorios.

Una forma o esquema para dinamizar la asociatividad es la propuesta de zonas de innovación rural definida en el proyecto de la ESAP y Univalle (P1, 2015, pp. 656-657), porque allí se potencia el desarrollo rural. Lo cual es clave para la construcción de paz y posconflicto en las zonas territoriales abarcadas por los excombatientes de la FARC-EP y de los municipios afectados por el conflicto y la violencia en Colombia, bajo el argumento de un esquema de desarrollo económico y social que potencie los recursos, capacidades y alianzas de actores, territorios y sectores productivos; y además por estar dentro del quinto objetivo de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -CONPES 3582 de 2009-.

El fundamento de política pública, en relación a la implementación de las zonas rurales de innovación como alternativa al desarrollo de conocimiento productivo en las zonas territoriales abarcadas por los excombatientes de la FARC-EP y de los municipios afectados por el conflicto en Colombia, se sustenta en que:

i) Las zonas de innovación rural son un área o espacio, acotado territorialmente, con un alto grado de especialización tecnológica que potencializa el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación -CTI- aplicada a la producción de bienes y servicios; y ii) estimula y fortalece el trabajo en red de actores sociales, empresas y centros de investigación, que proporcionan entornos que potencian la cultura de la innovación, la creatividad y la calidad. (ESAP y Univalle, 2015b, pp. 839-842). De acuerdo a la identificación de sectores y nodos, se configuran cuatro zonas de innovación rurales en Colombia (ESAP y Univalle, 2015a, pp. 658; 2015b, p.843).

Estas zonas están orientadas al desarrollo específico de conocimiento transversal al desarrollo productivo en los territorios y a su vez, cada una de las zonas se especializaría en un área de conocimiento que se dedicada a apoyar el desarrollo productivo territorial. El modelo de zonas de innovación rural incluye los siguientes parámetros de gobernanza:

• Las características de biodiversidad de los territorios son de gran potencialidad, por lo cual, deben reconocerse las acciones gubernamentales y sus diferentes escalas, para que las políticas sectoriales dinamicen la participación de las organizaciones de base y se ajusten a las necesidades reales del territorio, reconociendo sus características diferenciales, que se consolidan como potencialidades de desarrollo y progreso.

• Los habitantes conciben los territorios como espacios de oportunidades sustentadas por la riqueza de su naturaleza y por la construcción de tejido social; estas ventajas naturales y estratégicas traen consigo beneficios: i) la autarquía económica (pueden proveerse ellos mismos y se puede extender a otros territorios);

• territorios de posconflicto idóneos para la provisión de soluciones que contribuyan a la paz nacional (Laboratorios de Paz y posconflicto).

• El desarrollo endógeno rural como garantía de la sostenibilidad de las acciones de intervención sobre el territorio dado por: i) las garantías de tiempo, estabilidad, flexibilidad y viabilidad con lo pactado en la replicabilidad para zonas urbanas y rurales no afectadas por el conflicto; ii) la participación e inclusión de organizaciones de diferentes niveles y con diferente idiosincrasia, iii) la capacidad de satisfacer las necesidades de los habitantes del territorio sin el riesgo de comprometer o malograr las oportunidades ya existentes.

Figura 2
Propuesta de las Zonas de Innovación Rurales en Colombia
Fuente: ESAP-Univalle, 2015a, p. 845

Conclusiones

• Estos procesos de paz duradera y estable implican el reconocimiento tanto de sectores y actores, como de sus objetivos y sus formas de relacionarse para obtener resultados, además reconoce su importancia, interés e influencia sobre el territorio y sobre las dinámicas que en él se suscitan.

• La asociatividad en los territorios fortalece las redes de política pública, los procesos de consolidación institucional y el desarrollo regional. Este enfoque es apropiado porque parte de la perspectiva de los actores del territorio y las regiones (redes de política pública)y el ordenamiento territorial

• (instrumento de política pública), el reconocimiento de la vocación de los territorios y las regiones (recursos y capacidades) y el desarrollo de apuestas estratégicas sólidas de mayor envergadura (inclusión social)

• La asociatividad en los territorios, como herramienta y estrategia, permite conocer la red de relaciones que orienta la toma de decisiones y articulaciones necesarias para la consecución de logros comunes para la paz duradera y estable, aplicando un esquema de desarrollo rural que incluye relaciones actuales y las que ellos identifican que deben establecerse en pro del progreso del territorio y la paz del futuro.

• La asociatividad, como núcleo de política pública para el posconflicto, jalonaría dinámicas de emprendimiento sostenible, basado en las características sociales y culturales de los territorios y regiones, reconociendo el componente de zonas rurales y el desarrollo regional.

• La asociatividad en los territorios permite ratificar el análisis multidimensional, multiescalar, de la gestión y la competitividad, al abordar todos los aspectos de la realidad social que determinan el crecimiento económico y el desarrollo humano en un territorio y región determinado.

• La construcción de paz e interiorización del Posconflicto en Colombia debe reconocer que el Estado ya no es el actor principal en el accionar de la política pública y la dinámica organizacional de sectores. Por lo tanto, en la implementación de políticas públicas de paz territorial y regional, hay que tener en cuenta la intervención de actores de diversa naturaleza y racionalidades, sustentada en su independencia, jerarquía y los recursos que poseen.

• La asociatividad de los territorios, en el ámbito y el debate político, articula principios rectores de acceso, la equidad, igualdad, universalidad y reciprocidad, más allá que los establecidos por la ley de Ordenamiento Territorial, que validan como prioridad en el desarrollo de la calidad de vida de los seres humanos, en donde la negación de estos genera disparidad, marginalidad y asimetrías. La solución no es controlar las fallas de Estado y las fallas de Mercado, o suministrar la cantidad socialmente óptima vía impuestos o vía incentivo de competencia; por el contrario es revalidar la presencia del Estado como agente gestionador, regulador y articulador de actores territoriales y regionales, estableciendo marcos de acción pública y privada en las actividades económicas, sociales y políticas, propias de cada territorio y región.

• La asociatividad en los territorios, con enfoque de justicia prospectiva para la construcción de paz e interiorización del posconflicto, se constituye en acciones encaminadas al desarrollo sostenible con la particularidad de los territorios y la participación activa e incluyente de actores en diferentes niveles. De esta manera, la apuesta estratégica es el fortalecimiento institucional, la legitimidad de las acciones del gobierno y el accionar junto a grupos o actores organizados y por organizar, para facilitar el cumplimiento de los derechos de acceso, equidad, igualdad, universalidad y reciprocidad.

Referencias

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ANEXOS

Anexo 1. Proyecto: Política de Paz y Reconciliación: 20 Años de Experiencias Regionales. Propuesta de lineamientos de política pública de desarrollo regional, paz y reconciliación

En el año 2014, el Centro Interdisciplinario de Estudio Sobre Desarrollo (CIDER) de la Universidad de los Andes, con auspicio de la Unión europea y el DPS, publican un documento académico que propone Lineamientos de Política Pública de Desarrollo Regional, Paz y Reconciliación, la cual estábasada en la sistematización coherente de un proceso de diálogo público de actores en los niveles nacional, regional y local: i) gobiernos de los diferentes niveles territoriales; ii) organizaciones de la sociedad civil, del sector productivo, de cooperación internacional al desarrollo; y iii) actores sociales y políticos (CIDER 2014:5).

Al dilucidar las monografías regionales, realizadas por expertos académicos, se encuentran propuestas de política pública para la construcción de paz y posconflicto en diez regiones del país (Oriente Antioqueño, Macizo Colombiano-alto Patía-, La Mojana, Bajo Magdalena, Norte de Santander, Meta, Magdalena medio, canal del Dique, Montes de María y Cesar).

Anexo 1
Monografías regionales para lineamientos de política pública de desarrollo regional, paz y reconciliación.

Anexo 1
Monografías regionales para lineamientos de política pública de desarrollo regional, paz y reconciliación. Continuación.

Anexo 2. Proyecto: Un modelo de gestión de la administración pública territorial para el fortalecimiento de la función pública y de la gestión de los entes territoriales

En el año 2016, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) publica los resultados del proyecto macro de investigación e intervención realizado en el año 2015, con la Universidad del Valle, específicamente del Instituto de Prospectiva, innovación y gestión del conocimiento en las regiones de Nudo de Paramillo, Catatumbo, Valle, Norte del Cauca, Caquetá y Putumayo.

Anexo 2.
Modelo de gestión de la administración pública territorial para seis regiones de consolidación Colombia

Anexo 2.
Modelo de gestión de la administración pública territorial para seis regiones de consolidación Colombia. Continuación.

Notas