En búsqueda de visibilización: experiencias y necesidades de las mujeres excombatientes de las FARC-EP en el escenario de construcción de paz¹

Seeking visibility: experiences and needs of female ex-combatants of the FARC-EP on the stage of peacebuilding

El mito de 'sexo débil' se ha hecho trizas ante la realidad de una fémina que no ha vacilado en ocupar las trincheras de combate junto a los hombres, que no ha escatimado esfuerzos en cada una de las tareas acometidas por nuestro pueblo en el complejo camino de su desarrollo

Vilma Espin

El triunfo de la Revolución Cubana en los años 50 del siglo XX permitió la defensa de la consigna de la lucha armada en los países de la región; con ello, nacieron organizaciones guerrilleras en El Salvador, Nicaragua, Uruguay y Colombia, impulsadas por la lucha y reivindicación social (Huertas, Ruiz & Botia, 2018). De manera paralela, el feminismo, desde sus diferentes vertientes, se posicionaba como una alternativa de combate para y de las mujeres que las arrancaba de sus roles tradicionales y las situaba en un escenario social y político diferente al escenario cotidiano del trabajo doméstico. Así, desde los años setenta del siglo XX las mujeres empiezan a posicionarse como representantes importantes dentro de los grupos guerrilleros (Jiménez, 2014), ejerciendo la libertad que por tanto tiempo se les había negado, siendo relegadas al hogar y a la vida privada. Con las guerrillas, las mujeres comienzan a concebirse como individuos sociales y políticos, "lo que conlleva un cambio en su propia identidad y un aumento de la concepción propia de su papel en la sociedad" (Jiménez, 2014, p. 386).

De esta manera, las guerrillas se convierten en el escenario de materialización de las consignas feministas, pues, a partir de su pertenencia, la lucha por los derechos trasciende de la defensa de los propios a la reclamación de los derechos sociales, lo que genera movimientos y documentos que reflejarían dicho logro, entre ellos se encuentran: Union of Palestinian Women la cual publica la Declaration of Principles on Palestinian Women's Rights; también la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, organización vinculada al Frente POLISARIO, creada en 1974 por y para las mujeres del Sahara Occidental (Jiménez, 2014).

Por su parte, Vanegas (2017) señala otros antecedentes en los cuales se evidencia la participación de las mujeres en las guerrillas del mundo. Por ejemplo, señala la etnia Ijaw de Nigeria la cual se levanta contra el ingreso de capitales extranjeros y la extracción de recursos naturales, luchas que cuentan con la participación activa de mujeres. Igualmente, en Asia se documenta la participación de las mujeres en las guerrillas musulmanas (Hezbollah, Hamas, en Palestina; Talibanes en Afganistán y Pakistán); en los grupos insurgentes de Tailandia y, en la India, las mujeres participaron de manera activa en la guerrilla maoísta del Ejército Guerrillero Popular de Liberación.

A nivel latinoamericano, Vilma Espín, líder de la Revolución Cubana junto con Fidel Castro y el Che Guevara, impulsó el nacimiento de grupos de guerrilleros, en los cuales, tanto en el nivel logístico como en el de combate, participaron las mujeres: el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T), que nació en 1966 en Uruguay; el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional - Frente Democrático Revolucionario (FMLN-FDR) en El Salvador; y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua. Frente al caso específico de El Salvador, se documenta que, entre 1981 y 1992, el grupo se constituía por un 60 % de mujeres en el área logística y un 30 % en el área militar. En Nicaragua, se afirma que “la numerosa participación de la mujer en el proceso revolucionario fue en parte un resultado de su integración en la economía nacional” (Stanford, s.f., párr. 2), lo anterior, debido a su amplia participación en el sector laboral.

Por su parte, los orígenes del conflicto armado en Colombia se remontan a los años 50 del siglo XX, como resultado de la constitución de la violencia como elemento transversal en la lucha del poder político por parte de los partidos tradicionales de la época (Partido Conservador vs. Partido Liberal). Dicha práctica vería su punto álgido en el periodo histórico denominado como La Violencia, resultado del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, transcurrido entre los años 1946 y 1958.

El periodo de La Violencia en Colombia fue caracterizado por una ola de intimidación contra diferentes movimientos agrarios, campesinos, obreros y populares que se aglutinaron alrededor de las ideas gaitanistas; no obstante, la agudización de esta violencia se presenta con la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, en el hecho histórico conocido como El Bogotazo. A partir de este momento, se conforman o se hacen evidentes las agrupaciones armadas al servicio de cada uno de los partidos políticos; por un lado, se encuentra la Policía Chulavita y Los Pájaros al servicio del Partido Conservador y, por el otro, las guerrillas liberales y las autodefensas campesinas, ligadas al Partido Liberal (GMH, 2013). Según Paul Oquist, citado por Grupo de Memoria Histórica (GMH, 2013):

Entre 1948 y 1966, 193.017 personas resultaron muertas producto de la violencia partidista en Colombia. La mayor proporción tuvo lugar entre 1948 y 1953, los años de mayor intensidad de violencia, según los estudiosos del tema. Los departamentos más afectados por los homicidios fueron el Antiguo Caldas (24,6 %), Tolima (17,2 %), Antioquia (14,5 %), Norte de Santander (11,6 %), Santander (10,7 %) y Valle del Cauca (7,3 %). En cuanto al abandono o despojo de tierras, Oquist calculó que los propietarios de tierras perdieron 393.648 parcelas, y que los departamentos más afectados fueron Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Norte de Santander y Antiguo Caldas (p. 115).

Teniendo en cuenta la magnitud de estos hechos, se produce un periodo de transición, en el cual asciende a la presidencia Gustavo Rojas Pinilla, quien ofrece amnistías a las guerrillas liberales y autodefensas campesinas. Las primeras se acogen a la propuesta de Rojas Pinilla, mientras las segundas la rechazan. Este rechazo produjo una ofensiva desde la presidencia contra estos movimientos, la cual fue utilizada como argumento para el agrupamiento y justificación de la continuación de la lucha armada. La ofensiva contra estos movimientos continúa durante el periodo denominado como Frente Nacional, durante el cual se perpetran diferentes operaciones militares contra territorios llamados Repúblicas Independientes. Estos territorios fueron denunciados de esta forma por el senador Álvaro Gómez Hurtado, quien los definía como “zonas campesinas en armas que escapaban al control estatal” (GMH, 2013, p. 121). En este contexto, se adelantóla operación contra Marquetalia en mayo de 1964, hecho que permite el tránsito de las autodefensas campesinas a movimientos guerrilleros autodenominados. Con esto, entran al escenario sociopolítico del país movimientos guerrilleros como las FARC-EP, UCELN, EPL, Quintín Lame, M-19, entre otros.

De manera específica, Eduardo Pizarro (1991) señala que las FARC-EP surgen luego de tres fases diferenciadas: la primera, resultado de la resistencia armada como autodefensa campesina en el marco de la existencia del Partido Comunista Colombiano (PPC); la segunda, producto de la conversión de los núcleos campesinos en guerrilleros; y la tercera derivada de la conformación de las denominadas Repúblicas Independientes y los planes de seguridad apoyados por el gobierno norteamericano.

Estas fases, le permitieron posicionarse como un grupo armado fuerte y con necesidad de mantener apoyo en diferentes regiones y zonas estratégicas, por lo cual, la vinculación de la mujer, aparte de los deseos mismos de emancipación dentro de la lucha armada por la misma, se sitúan en

Los cambios en la naturaleza política de la lucha guerrillera, la percepción del peligro que implicaba perder el apoyo de las mujeres en caso de que se involucrasen en los partidos tradicionalistas y la difusión del pensamiento feminista, encauzado de manera que favoreciera los intereses de la izquierda en la lucha proletaria. (Ibarra, 2008, p. 73).

Esto se materializa según Gutiérrez & Carranza (2017) en la séptima conferencia de las FARC, en la cual se definen como "Ejército del Pueblo", evidenciando la necesidad ya manifestada y acogiendo como estrategia la autorización de mujeres como combatientes. De esta manera, se ponía en marcha la trasformación de la estructura, siendo capaz de posicionarse como un ejército capacitado y con cobertura amplia en el territorio. Asimismo, mencionan que el reclutamiento de mujeres se presenta como estrategia de fortalecimiento de la organización, se reconoce también el empuje de la mujer que desde labores tradicionales demostró ser capaz de involucrarse en la organización como guerrillera (Gutiérrez & Carranza, 2017). Esto permite reconocer el grado de agencia de la mujer combatiente en su lucha por el reconocimiento, desvirtuando la noción victimizante tradicional que se le ha adjudicado. Así, el involucramiento de las mujeres como combatientes tiene dos consecuencias: por un lado, permite que la estructura guerrillera se fortalezca y, por otro, promueve su re significación, trasfigurando su rol doméstico, privado y familiar, a un rol activo, político y social (Gutiérrez & Carranza, 2017).

Surge un nuevo espacio, donde la libertad de elegir era permitido y en el cual sus deberes como mujer ya no estaban reducidos al matrimonio y la familia (Jiménez, 2014).

La magnitud de la participación de las mujeres en la insurgencia colombiana se refleja en los altos porcentajes registrados. Según Elson (2016) alrededor del 30 % de los combatientes del M-19 eran mujeres, situación presentada también en las FARC-EP, donde, ademas, se documenta que hasta el 40 % de la comandancia de nivel medio estaba a cargo de las mujeres. Asimismo, en los procesos de paz de la década de los noventa, se registraron 1.183 desmovilizadas, lo cual equivale al 24 % del total de desmovilizados. En las negociaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia se desmovilizaron de manera colectiva 1.911 mujeres y, de manera individual, 5.450 mujeres tanto de grupos de autodefensas como de guerrillas. Es decir, que desde 1990 hasta 2014 se desmovilizaron 8.554 mujeres de los grupos armados ilegales de Colombia (OPC, 2015; 2016).

Por su parte, en el mes de agosto de 2018, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) reporta el número de mujeres tanto en proceso de reintegración, como aquellas que han culminado el proceso. Estas cifras se presentan en la tabla 1.

Tabla 1
Número de hombres y mujeres en los momentos de la reintegración

Como se evidencia, han sido miles las mujeres que han participado en los diferentes grupos armados en Colombia. Esto plantea la necesidad de crear estrategias que permitan su reintegración efectiva a la sociedad civil y que el empoderamiento aprendido mediante su transito en la organización se conserve y replique en pro de la garantía de los derechos de las mujeres.

Dados estos antecedentes, la investigación se pregunta ¿cómo son estas mujeres?, ¿qué necesidades tienen en este escenario de construcción de paz?, ¿cuáles son sus principales retos? Por esta razón, se presentan a lo largo del texto los testimonios y significados de cinco mujeres excombatientes de las FARC-EP referentes a su experiencia en la organización, a los aprendizajes y reconstrucción de su rol como mujer y a las oportunidades y retos que se les presentan como excombatientes en el escenario de paz actual. Asimismo, con el fin de dar respuesta a la identificación de necesidades, se presentan datos institucionales que dan cuenta de condiciones de salud, trabajo y seguridad; aspectos claves para la reincorporación de estas mujeres en el escenario actual.

La investigación sigue una metodología mixta, pues, inicialmente, se presentan los resultados cuantitativos de la información descriptiva proporcionada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), datos que permiten aproximarse de manera general a la situación de las mujeres excombatientes, particularizando aspectos como pareja, seguridad, acceso a la salud y al empleo.

Por otro lado, se encuentra la perspectiva cualitativa que se apoya en el paradigma de la teoría fundada, esto en la medida que pretende derivar proposiciones -más que teorías- de las historias de vida de las mujeres entrevistadas (Álvarez & Jurgenson, 2003). Las participantes de la investigación fueron 5 mujeres excombatientes de las FARC-EP, 4 de ellas residentes en el Espacio Territorial Antonio Nariño de Icononzo (departamento del Tolima) y una excombatiente residente en la ciudad de Bogotá. En la tabla 2 se presentan los datos sociodemográficos de las participantes.

Tabla 2
Información sociodemográfica

Para la recolección de la información cuantitativa se recurre a datos institucionales de la ARN, quienes proporcionan la información en bruto para el corte de agosto de 2018. Para la recolección de la información cualitativa se genera una entrevista semiestructurada a profundidad, la cual se aplica tras la presentación del consentimiento informado, abordando las siguientes temáticas generales:

• Características generales: sexo, edad, pertenencia étnica, situación de discapacidad, ciudad de nacimiento, educación, entre otros.

• Historia de vida, vinculación al grupo armado y familia: nacimiento y crecimiento, relaciones familiares, edad de ingreso al grupo armado, motivaciones de ingreso al grupo, afectación de las relaciones familiares, permanencia en la organización, sentimientos actuales referentes a su familia, relaciones de pareja o sentimentales, entre otros.

• Pertenencia a la organización siendo mujer: discriminación dentro del grupo armado, sexualidad, maternidad, relaciones sociales, actividades dentro de la organización, rango ocupado, oportunidades, sentimientos, entre otros.

• Comunidad y aceptación como mujer excombatiente: relaciones con las comunidades, discriminación, exclusión, igualdad de oportunidades en el proceso de reinserción, entre otros.

• Trabajo, educación y salud: satisfacción de necesidades basicas, empleabilidad, oportunidades de educación, afiliación o atención en salud, acceso a servicios para menores de edad, entre otros.

• Seguridad y proceso de paz: percepción de seguridad, amenazas, estrategias de protección, riesgo de reincidencia.

El procedimiento seguido en esta investigación comienza con la búsqueda de la población excombatiente y, posteriormente, con la visita a la zona territorial Antonio Nariño de Icononzo (Tolima). Asimismo, se contactó en la ciudad de Bogotá a una mujer excombatiente de las FARC-EP, pospenada, quien colaboró ampliamente con esta investigación. Con ello, se aplica la entrevista a profundidad, mediante la cual las mujeres excombatientes relatan sus historias de vida, su vida en la organización y su perspectiva futura.

Esta investigación pretendió responder a cuestionamientos como ¿quiénes son las mujeres excombatientes?, ¿qué necesidades tienen en este escenario de construcción de paz?, ¿cuáles son sus principales retos? Lo anterior se logró mediante el uso de información institucional y el acercamiento a los relatos de vida de cinco mujeres excombatientes. Dado esto, se presentan a continuación algunas conclusiones del proceso investigativo.

Es importante reconocer que la cantidad de excombatientes de las FARC-EP, hombres y mujeres, no es despreciable: para el año 2018, 19.539 personas se encontraban en proceso en la ARN, lo anterior sin considerar el número de excombatientes de otros grupos armados ilegales. Esto implica que el gobierno nacional no puede ignorar su responsabilidad en la implementación de los lineamientos de política que hasta la fecha se han creado, especialmente, aquellos que se consignan como parte del Acuerdo Final (Huertas, 2016).

Los hombres y mujeres excombatientes son más que excombatientes, es decir, son personas con deseos, metas y sentimientos. La violencia ha permitido que al combatiente (ahora excombatiente) se le desplace a una esfera alterna, a la cual los civiles no pertenecen, lo que genera una sensación de extrañeza y rareza que permite la exclusión y el rechazo. Sin embargo, son hombres y mujeres con familias, con hijos o con deseos de estructurar lazos familiares y sociales en un momento considerado de paz. Esto se demuestra con las altas cifras aportadas por la ARN de mujeres con pareja y con hijos, además de los relatos de vida de las mujeres entrevistadas, cuatro de ellas en estado de embarazo. Reconocer esto implica que las políticas que deben ser generadas o las ya generadas para los excombatientes y su reincorporación a la vida civil deben trascender de la noción de la no reincidencia a la noción de la humanidad, la cual permitiría recuperar al excombatiente de la dimensión de la rareza.

Facilitar lo anterior pasa por reconocer las particularidades de vida y motivaciones que cada hombre y mujer tuvo para su vinculación al grupo armado. Teniendo en cuenta los resultados de esta investigación, se encuentra que, para las mujeres en particular, su familia de infancia se caracterizó por brindar escenarios de socialización tradicionales, donde esta era concebida como parte del escenario privado en contraposición del papel que se le restringía en lo público. Dichos escenarios son típicos en Colombia, especialmente en las zonas rurales -lugares de procedencia de la gran masa de excombatientes hombres y mujeres de las FARC-EP- en los cuales la mujer es delegada al ámbito del trabajo dentro del hogar, restringiéndosele el manejo de asuntos económicos ligados a la producción campesina (Ballara & Parada, 2009). Esta situación ha permitido la consolidación de roles para hombres y mujeres, en los cuales los primeros ostentan una posición de poder y, las segundas, una posición de dependencia: esta situación legitima la violencia contra la mujer (Huertas, 2017), pues, como lo señala González (1995), la mujer tenía como campo de acción la jefatura del hogar en lo relacionado con las tareas domésticas y los hijos, mientras que el hombre desplegaba sus cualidades en el mundo del trabajo y de la política. Sin embargo, esto se rompe con la incursión de aquella mujer campesina en las guerrillas, pues, ya sea por los ideales de la organización o por la influencia social, ingresa en un escenario en el cual se posiciona como un actor social importante (Jiménez, 2014).

Por otra parte, la vinculación de las mujeres en las guerrillas también evidencia el abandono estatal de las comunidades rurales de las que ellas provenían, pues, tal como se puede leer en los resultados de la investigación, la guerrilla hacía presencia permanente en los lugares en los que ellas habitaban o frecuentaban, constituyéndose en la figura de autoridad ante la ausencia de las instituciones del Estado. El CNMH (2014) señala la trayectoria de las FARC y su vinculación con las comunidades desde 1949. Así, en un primer momento, esta organización se fundamenta en las ideas políticas del Partido Comunista Colombiano, defendiendo los derechos del campesinado, constituyéndose, de esta manera, como una guerrilla de origen campesino. En un segundo momento, las FARC, como organización guerrillera, llegan a ocupar los territorios periféricos abandonados por el Estado colombiano, obteniendo un gran apoyo social en ellos: esto les sirve para fortalecerse política y militarmente. Es en este periodo en el que se ubican muchos de los y las combatientes, pues en sus territorios existía la presencia naturalizada de la guerrilla como aquella institución reguladora y defensora de sus intereses. Igualmente, la incursión del narcotráfico en la guerrilla permitió la obtención de apoyo comunitario, precisamente, de aquellos que subsistían mediante el cultivo de coca. Posteriormente, tras el reconocimiento de la lucha armada como política, se abren paso las negociaciones con diferentes gobiernos y la inclusión de los líderes guerrilleros en la política: se tuvieron situaciones de retroceso ante el genocidio político de la Unión patriótica. Una conclusión lógica de esto parte de la falta de participación activa del Estado en las comunidades, pues su ausencia precipitó el fortalecimiento humano e ideológico del grupo armado. Sin embargo, luego de la salida de los combatientes de las FARC de los territorios, el Estado colombiano no ha ejercido el control requerido, lo cual ha generado la ocupación de nuevos actores. De esta manera, señala la Fundación Paz y Reconciliación (2018) que, de los 242 municipios donde operaban las FARC, hay un grupo de 78 municipalidades con problemas graves de seguridad, en los que se ha presentado la ocupación criminal de disidencias de las FARC, la expansión ELN y/o la expansión de grupos armados organizados (GAO).

Reconocer que los ideales defendidos por la organización fueron una motivación de ingreso para algunas mujeres implica la relevancia de la voz política de la mujer excombatiente y la necesidad de su legitimación dentro de los escenarios de decisión del país. Asimismo, las dinámicas llevadas a cabo dentro del grupo armado permitieron el empoderamiento de las mujeres, situación que debe ser potencializada y reconocida. La no generación de estrategias de potencialización de los roles de equidad puede derivar en la transformación de la conciencia de género por parte de las mujeres excombatientes, lo que generaría volver al rol tradicional femenino reforzado por las concepciones sociales de los ciudadanos. Al respecto, señalan Abogados Sin Fronteras & Corporación Humanas (2018):

Sobre la última, recae un estereotipo como trasgresora de normas sociales y conductas esperadas de una mujer. Por lo mismo, la reintegración de las mujeres debe pensarse desde esta realidad y los estereotipos socioculturales que permean las instituciones del Estado y que pueden traducirse en impedimentos para la garantía de sus derechos (p. 12).

La mujer excombatiente entrevistada decide ingresar a la organización: no fue reclutada forzosamente. Esto implica trascender de la noción victimizante que siempre se le ha adjudicado a la mujer en Colombia, sujetándola al proteccionismo del Estado y limitándola en la vida pública, Asimismo, se deben impulsar acciones diferenciales tanto para las mujeres que ingresaron de manera forzada a la organización como para las que no, reconociendo el impacto diferencial en cada una de ellas, pues es importante no desconocer la existencia de víctimas. Sin embargo, precisamente, su reconocimiento parte del poder de su voz y de la participación en los diferentes procesos de juzgamiento a los responsables. Esto implica, además, el fortalecimiento del acceso a la justicia de las mujeres excombatientes, legitimando sus testimonios e historias de vida.

Un aspecto relevante encontrado en la investigación se relaciona con la edad temprana de ingreso al grupo armado y la permanencia extendida en este. Al respecto, diferentes investigaciones (Cuevas & Castro, 2009; Palmou, s.f.) han evidenciado la existencia de consecuencias negativas de la vinculación temprana a un grupo de naturaleza violenta, señalando consecuencias psicológicas (depresión, ansiedad) como predictores de carreras criminales. Si bien la investigación no aborda estos aspectos en particular, se acoge la recomendación de Caicedo (2016) relativa a la “reorientación de los conocimientos que adquirieron para la guerra en conocimientos para preservar la vida, cuidar y construir” (p. 10). No obstante, el re direccionamiento de aprendizajes negativos, debe acompañarse de iniciativas de empleabilidad, siendo este un factor crítico para la reincidencia (García, 2015).

En relación con lo anterior, los datos de la ARN demuestran que la mayoría de los excombatientes se encuentran en el sector informal, lo cual no es positivo si lo que se pretende es que aquellos vivan dentro de los parámetros de la legalidad. Asimismo, en este punto, es importante resaltar los postulados consignados en el Acuerdo Final relativos al fortalecimiento del campo, pues, dada la vocación agrícola de los excombatientes de las FARC y los testimonios en los cuales es la vida rural la deseada, se deben recuperar dichos lineamientos para su implementación, permitiendo la configuración de empleos rurales para aquellos que deseen continuar allí. Esto debe hacerse generando una política agraria integral, que trascienda del abandono tradicional del Estado al campo colombiano. Sin embargo, es importante resaltar lo mencionado por la Corporación Humanas (Caicedo, 2016) relativo al desplazamiento de las mujeres de los ETCR por la no garantía de servicios básicos de salud, ni de condiciones de habitabilidad, así como por la falta de derechos sobre la tierra, lo cual impide la generación de proyectos, propiciando que estas abandonen los territorios en búsqueda de mejores oportunidades. Adicionalmente, la reintegración económica se encuentra limitada por los estereotipos sociales que persisten actualmente: por esto, la institucionalidad colombiana deberá atender las necesidades de las mujeres excombatientes mediante la generación de empleo rural y urbano, pero, sobre todo, generar estrategias para la reconfiguración de pensamientos que limitan las posibilidades de reintegración eco-nómica por parte de la mujer excombatiente (Abogados Sin Fronteras & Corporación Humanas 2018).

Otro asunto importante encontrado en la investigación se refiere a la familia actual y a la maternidad de la mujer combatiente. Así, en los testimonios de las entrevistadas se hallan relatos relacionados con el fuerte control a la maternidad, bajo la justificación de las circunstancias de la guerra. Algunas investigaciones cuestionan dicha posición frente a los discursos de igualdad pregonados por el grupo guerrillero, señalando que la pérdida de individualidad de la mujer, en razón de los propósitos del grupo, permiten la invisibilización de ella como individuo. Así, aunque la igualdad entre sexos se cumple, la homogeneidad de las poblaciones vulnera las libertades de las mujeres (Mejía & Anctil, 2017). Pero, más allá de esto, se debe reconocer la existencia de cientos de menores que nacen en el contexto de la confrontación y que son entregados a familias o desconocidos, así como aquellos que están naciendo y creciendo en los ETCR (Defensoría del Pueblo, 2017). Reconocer, entonces, que los excombatientes tienen familias implica la protección de los menores en los diferentes niveles, especialmente el de la discriminación. Asimismo, se deben generar estrategias para el acompañamiento de la reunificación familiar, reconociendo los impactos a nivel psicosocial de la separación, pues el Acuerdo de Paz ha permitido el reencuentro de cientos de mujeres excombatientes con sus hijos (Defensoría del Pueblo, 2017).

Otra de las conclusiones de esta investigación se relaciona con el tema de la seguridad. Algunas investigaciones han demostrado la importancia de la garantía de la seguridad de los y las excombatientes como garantía de la no reincorporación o reincidencia en actividades ilegales. Así, Nussio (2011) y Kaplan & Nussio (2016), en investigaciones relacionadas con la reincidencia criminal de excombatientes de diferentes GAI, señalan que existen diferentes variables que influyen tanto en la reorganización de nuevas estructuras criminales, como en la permanencia de los excombatientes en un estilo de vida violento. Estas variables se agrupan en dos fuerzas o motivaciones: impulsoras y restrictivas.

Las fuerzas impulsoras se relacionan con: 1) condiciones económicas caracterizadas por su naturaleza desfavorable y que permiten la justificación de la iniciación de actos delincuenciales; 2) factores de seguridad relacionados a sentimientos de rivalidad frente a compañeros no desmovilizados o la existencia de GAI o estructuras criminales que hayan perseguido el perjuicio del grupo al cual el desmovilizado se encontraba vinculado, generando miedo, paranoia y estrategias de protección como la revinculación; 3) las oportunidades para el crimen (tales como la existencia de vínculos con ex compañeros o ex comandantes y habilidades específicas para el crimen). Por otro lado, las fuerzas restrictivas tienen en cuenta el nivel de control social. Así, la existencia de instituciones funcionales permite que el excombatiente permanezca en la legalidad, siendo importante la presencia y el significado de la familia para el individuo. Igualmente, la creación e implementación de estrategias de reincorporación adecuadas contribuyen al propósito de una vida libre de violencia para las personas desmovilizadas.

Dado esto y los diferentes testimonios de las mujeres excombatientes, es urgente la toma de medidas para proteger a las personas que, en la actualidad, están construyendo su vida en la civilidad, brindándoles las condiciones de seguridad que les permitan llevar a término positivo este propósito.

No obstante, a pesar de estas inseguridades y miedos, la investigación muestra un gran compromiso por parte de las mujeres excombatientes con la paz y la materialización de sus ideas políticas en dicho escenario, dejando atrás la confrontación armada y preparándose para el ejercicio político y la reconstrucción de sus familias. Es, entonces, deber del Estado apropiarse de las obligaciones que con el Acuerdo Final adquirió, despojándose de toda mancha ideológica que impida la construcción de la paz (Ruiz, 2019), reconociendo el potencial rol de las mujeres que, tras su paso por la confrontación, cambian radicalmente sus vidas y pensamientos, y obtienen aprendizajes que pueden ser replicados en la búsqueda de la construcción de un país equitativo y con justicia social.