Introducción

La experiencia democrática de la Segunda República es quebrada por un golpe de Estado en julio de 1936 y el desencadenamiento de un conflicto bélico, cuyo resultado es la derrota del sistema republicano y la implantación de una dictadura encabezada por Francisco Franco. El alumbramiento del franquismo está históricamente encuadrado en una atmósfera continental marcada por el auge de los fascismos y el consiguiente repliegue de las democracias liberales. La particularidad de España reside en los dilatados márgenes cronológicos que representan, junto con el régimen salazarista portugués, un fenómeno excepcional en el contexto occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial y su pervivencia cobra sentido a través de la importancia estratégica que adquiere el territorio peninsular en el orden geopolítico de la Guerra Fría.

El eje central del presente artículo es la impunidad de la violencia franquista durante las cuatro décadas que integran la recuperación del modelo democrático en España, y se desarrolla en tres secciones. Primero, se indagan las razones ideológicas que subyacen a la disputa narrativa sobre el pasado durante el proceso de transición. Después, se muestra la pervivencia del régimen franquista manifestada mediante la simbología presente en numerosos espacios públicos y que evidencia el reiterado incumplimiento en la aplicación del marco legal propiciado por la Ley de Memoria Histórica (LMH). En tercer lugar, se reflexiona sobre la escasa intervención política que suscribe el distanciamiento sustantivo de las instituciones públicas, al mismo tiempo que se resalta la necesidad de adquirir un firme compromiso con el reconocimiento de las víctimas, además de otras tareas democratizadoras. La represión alude a "las acciones de control emprendidas desde alguna forma de Poder -no necesariamente estatal- carente de legitimidad para obligar a los que están sujetos a él a determinadas conductas bajo la acción real o la amenaza de la violencia explícita" (Aróstegui, 2012, p.49). De esta manera, la categoría coercitiva del franquismo es contemplada como un fenómeno complejo que indica un proceso prolongado de violencia hacia la población partidaria de las fuerzas republicanas en las zonas sublevadas. Asimismo, esta práctica represiva converge con la definición aportada por Horowitz sobre el genocidio porque señala que es "una destrucción estructural y sistemática de personas inocentes por un aparato burocrático" (citado en Feierstein, 2007, p.59). Por consiguiente, la magnitud de la violencia ejercida por el franquismo contra sus potenciales adversarios políticos y el diseño institucional ad hoc constituyen los principales argumentos que sostienen que la represión del régimen mantuvo ciertos paralelismos con fórmulas específicas de exterminio (Rodrigo, 2008; Núñez, 2009; Preston, 2011; Eiroa, 2012).

El planteamiento del texto está enmarcado por las reflexiones suscitadas en el terreno de la denominada memoria histórica y, de manera concreta, por el grado de efectividad de unas políticas públicas orientadas a estimular su peso específico dentro de las singularidades que caracterizan el caso español. El trazado de las siguientes líneas está guiado, en primer lugar, por una síntesis que explora la literatura especializada en el objeto de estudio seleccionado y la identificación de unas llamativas ausencias historiográficas sobre el pasado franquista que son impugnadas por las investigaciones más recientes. En clave metodológica, este trabajo asume un enfoque exploratorio con un razonamiento deductivo y un desarrollo profundamente descriptivo, que integra una reflexión analítica a partir de una serie de fuentes proporcionadas por estudios realizados a partir de la base de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas del Estado español. En referencia a una amplia tradición de trabajos, las contribuciones de este artículo responden a una renovada mirada relacionada con las tensiones generadas en el amplio debate académico suscitado en torno a la dualidad establecida entre memoria e historia. Al mismo tiempo, su contenido aboga por trasladar estas disputas al terreno político con el fin de visibilizar cuestiones irresolutas en la democratización del sistema español.¹

Disputas narrativas: los silencios históricos de la transición democrática

Las coordenadas históricas que perfilan este texto tienen su origen en la Guerra Civil, que representa uno de los episodios más trágicos de la historia contemporánea española y supone la ruptura del orden democrático de la Segunda República a través del golpe de Estado protagonizado por un sector del ejército en el mes de julio de 1936. El cese de las hostilidades concluye con el triunfo de las fuerzas sublevadas e inaugura una fase política bajo el signo de una dilatada dictadura, que culmina con el fallecimiento de Francisco Franco en noviembre de 1975.

Las interpretaciones mayoritarias entre la literatura especializada asignan al proceso de transición democrática un grado de madurez ejemplar. El argumento central es el consenso formal protagonizado por unas elites políticas heterogéneas. Sin embargo, durante los primeros compases de la nueva etapa constitucional, el bloqueo al acceso de las fuentes primarias impide la elaboración de investigaciones rigurosas y su principal resultado es la producción de un repertorio historiográfico insuficiente, cosa que favorece al silenciamiento de la represión sistemática e institucionalizada desarrollada por la dictadura (Casanova, 2002).

La construcción de una nueva narrativa sobre la Guerra Civil y el ocultamiento de la posterior represión franquista cumple un papel fundamental para el desarrollo de la transición democrática, que despierta temores y amenazas con el propósito de favorecer el curso de unos acontecimientos dirigidos por unas elites políticas que albergan en su seno a antiguas figuras políticas de la dictadura. Las reticencias sobre el pasado privilegian una serie de cuestiones políticas en detrimento de la justicia transicional y esta circunstancia evidencia la reproducción de unos imaginarios que enlazan directamente con el franquismo:

Durante decenios la magnitud de las atrocidades cometidas por los vencedores de la guerra civil sobre los vencidos no estuvo presente en la conciencia colectiva. Ello fue, en buena medida, consecuencia del éxito de la política de la memoria que llevó a cabo el régimen franquista, de acuerdo con un discurso basado esencialmente en la idea de que todas las convulsiones habían sacudido a España en los años treinta, y en particular en la guerra civil, fueron consecuencia de la perversidad de una parte de sus habitantes, aquellos a los que se agrupaba [...] bajo el nombre de la «la AntiEspaña». (Molinero, 2003, p.17)

La intención al adoptar esta línea argumental consiste en suavizar los posicionamientos rupturistas durante las fases iniciales del proceso democratizador. Se recurre constantemente al aprendizaje propiciado por la experiencia beligerante derivada de la imagen de un país segmentado. La naturaleza de este razonamiento radica fundamentalmente en dos ideas controvertibles: la represión simétrica de ambos bandos en el transcurso de la contienda y la considerada acción conciliadora de los vencedores. No obstante, las investigaciones aportan datos renovados sobre la coyuntura histórica estudiada.

En primer lugar, la actualización de las cifras evidencia la percepción limitada sobre la proporcionalidad de la violencia durante la campaña bélica. El contenido especulativo es visible a partir de un ejercicio comparativo en términos cuantitativos. Los datos de la figura 1 corresponden a la responsabilidad numérica de las bajas provocadas por la violencia. Según las cifras aportadas por Espinosa y Ledesma (2012), las víctimas mortales asignadas a las fuerzas sublevadas ascienden hasta 130.199 fallecidos de un total de 179.471 personas asesinadas. En efecto, estas cantidades cuestionan significativamente el discurso basado en un intercambio de hostilidades equilibrado, ya que el 72,5% de la coacción está motivada por las filas franquistas.

Figura 1
Responsabilidad del volumen numérico de las víctimas durante la Guerra Civil.
Fuente: elaboración propia a partir deEspinosa y Ledesma (2012, pp. 495-496)

En segundo lugar, la imposición de Franco para sellar una paz incondicional tras la confrontación militar desafía la concepción de unas iniciativas conciliadoras. El primer síntoma de esta premisa es la continuidad cronológica del estado de guerra decretado en 1939 hasta su anulación en el mes de marzo del año 1948, aunque la aplicación de políticas represivas no sufre alteraciones significativas hasta la desaparición del régimen. Una segunda prueba procede del registro oficial del Instituto Nacional de Estadística y permite sostener que la consolidación de la dictadura está avalada por la construcción de un aparato represor que provoca la muerte violenta de 196.433 personas durante la primera década del franquismo (Guzmán, 1978, pp. 36-47). En este sentido, "la cultura de la nación de España [...] fundaba su unidad en la retórica de la tradición y en la historia, pero, por encima de todo, en la exclusión de los enemigos" (Peiró, 2017, p.235). Además, la solidez explicativa de esta caracterización del régimen franquista reside en el aislamiento inicial experimentado en el sistema internacional y expresado formalmente en la negativa de la Asamblea General de Naciones Unidas, que manifiesta su rechazo en el reconocimiento del Estado español entre sus miembros a través de la Resolución 39 (I).

El estudio de la magnitud represora de la dictadura es muy complejo como consecuencia de los contornos imprecisos que dibujan la frontera entre sus actuaciones y los mecanismos coercitivos iniciados durante la guerra. Sin embargo, estas limitaciones analíticas no implican un grado sustantivo de concordia, sino que sitúan la etapa franquista entre los regímenes más sangrientos de Europa. Un ejemplo de ello es el informe emitido por la embajada británica en Madrid al Foreign Office en noviembre de 1944, que señala el cumplimiento de numerosas sentencias de pena capital desde la finalización del conflicto que oscila entre los 60.000 y 80.000 casos (Gómez, 2012, pp. 575-576).

Los datos sobre las ejecuciones ilustran un escenario de violencia desmedida en el inmediato contexto de la posguerra, pero la radiografía de la represión franquista contempla diversas prácticas punitivas: depuración de empleados públicos, numerosos exiliados, millares de presos y detenidos, innumerables bienes expropiados, múltiples sanciones, inhabilitaciones o despidos. En su conjunto, estas acciones superan ampliamente las estadísticas de las dictaduras italiana o portuguesa, e incluso eclipsa al nazismo en el terreno penitenciario (Gómez, 2012, p. 76).

El fenómeno represivo implantado tras la Guerra Civil dilata la fractura social previa y el rastro de la violencia ejercida permanece hasta el tardofranquismo. La intimidación es un rasgo intrínseco a la naturaleza del nuevo régimen impuesto por Franco de manera calculada porque "se basa en la existencia de un agregado de resortes perfectamente coordinado desde lo doctrinal a lo policial pasando por lo judicial y por la configuración político-institucional orientada a un único fin [y] No existe, pues [...] una «represión espontánea»" (Aróstegui, 2012, p.53). Los datos registrados en fuentes de distinta naturaleza evidencian el sistemático recurso de la intimidación empleada por la Policía Armada.

La represión política y el terror policial fue [sic] uno de los factores claves más determinantes que permitieron la consolidación y la perpetuación del régimen franquista. Nunca en el mundo occidental se había llevado a cabo una represión política tan brutal fuera de las propias trincheras (…) A todo ello hay que añadir el lastre del recuerdo de la guerra misma, las extremas dificultades de sobrevivencia para los vencidos y el feroz espíritu vindicativo de los vencedores. (Reig, 2017, p.133)

La impunidad de la magnitud represora de la dictadura en la posterior etapa democrática está apuntalada por la construcción de un imaginario colectivo ajustado a las particulares circunstancias del período transicional. La figura 2 muestra la serie elaborada a través de los diferentes estudios realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la valoración histórica del régimen de Franco entre los años 1985 y 2000. La consideración negativa del franquismo muestra una tendencia creciente hasta alcanzar el 37,4% en el año 2000. Por el contrario, la imagen positiva describe una trayectoria inversa tras un ligero crecimiento de casi dos puntos entre los años 1985-1986. Los porcentajes registran un descenso progresivo hasta el 10,4% correspondiente al último año de la serie analizada. No obstante, la imagen ambivalente sobre el franquismo predomina en la valoración histórica del régimen de Franco y manifiesta una estabilidad que supera, en ocasiones, los diez puntos porcentuales de diferencia con respecto a la segunda opción.

Figura 2
Valoración histórica del régimen de Franco, 1985-2000.
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del CIS (Código de la serie: A.3.07.01.002).

El proceso de democratización está edificado sobre una retórica que describe la fase transitoria como de consenso político reflejado en el texto constitucional de 1978. En cambio, las facciones del franquismo contemporáneo en la escena política obstaculizan e impiden la organización de un orden democrático fundamentado en la justicia transicional², mientras que el reconocimiento jurídico de las víctimas permite preservar su memoria de unos valores democráticos agredidos por el alzamiento registrado el 18 de julio de 1936. La indolencia relativa a la represión franquista expresada continuamente desde la institucionalización de la democracia ejemplifica el "uso deliberado del olvido" (Ricoeur, 1999, pp.39-40).

La displicencia institucional adquiere una mayor visibilidad en el precedente de la Ley de Amnistía aprobada en 1977, ya que estimula posiciones "conciliadoras" a través de la exhortación del perdón mutuo entre los responsables de la represión y las víctimas del franquismo. La citada norma consagra, por un lado, la conmutación de "los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público" (Art. 2.e); y, por otro, la remisión de "los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas" (Art. 2.f).

Este ordenamiento es un producto conservador y sus efectos impregnan la cultura política española para favorecer la confusión entre "amnistía y amnesia" (Navarro, 2002, p.25).

La memoria introduce un matiz dinámico que tiene raíces en las experiencias vitales de los individuos -en este caso concreto, las víctimas y sus familiares- y, por consiguiente, su naturaleza no estriba en el pasado porque las circunstancias del presente activan una proyección desde épocas pretéritas (Calveiro, 2006). En este sentido, la adjetivación histórica de la memoria designa la voluntad consciente de los grupos humanos para conectar con su pasado (Nora, 1984). El tono colectivo señalado por Nora es fundamental porque añade un proceso compartido que contrarresta el propio transcurso histórico mediante "la elaboración de una reconstrucción problemática e incompleta de la realidad ya existente" (Aróstegui, 2004, p.25).

La memoria apela, en consecuencia, a una lógica particular que proporciona la opción de cambio como consecuencia de su sentido colectivo. Su explotación como herramienta epistemológica no coincide, sin embargo, con el discurso dominante en la transición democrática española³. La imagen de un consenso alimentado por unas élites heterogéneas perjudica la escena pública, y su retórica contribuye a la apropiación de un posicionamiento supuestamente neutral con respecto a la violencia sistemática ejercida por el franquismo.

Evidencias materiales: vestigios de la dictadura en el espacio público

Las huellas materiales de la dictadura corresponden a la elaboración de una potente política evocadora desarrollada por la dictadura. Su principal pretensión es la reproducción de una imagen del pasado con afinidades a su modelo ideológico y a sus intereses políticos.

En este sentido, la instrumentalización del sistema educativo o la transmisión de un determinado imaginario colectivo a través del uso de diferentes soportes artísticos -por ejemplo, la arquitectura o el cine- aportan unas vías socializadoras que persiguen dotar de legitimidad al régimen impuesto en 1939. El franquismo construye, de este modo, un discurso basado en un relato mítico para acreditar su naturaleza ilegítima y fundamentar su acción política:

El franquismo se constituyó como un aparato de poder basado sobre la continua limitación de las expresiones y demandas de la masa gobernada. Sobre la absoluta limitación de la libertad de expresión en todas sus manifestaciones. Lo que no quiere decir que, como toda construcción sociopolítica, por muy tiránicamente que se construya, no dispusiese de unos eficientes apoyos (Aróstegui, 2012, p.37).

En el terreno artístico, las manifestaciones más expresivas son las iniciativas monumentales dictadas por el Ministerio de la Gobernación desde su fundación inmediata en la posguerra. La institucionalización de este organismo propicia una memoria colectiva determinada que alude al conjunto de elementos designados relevantes para la rearticulación social. En efecto, esta concepción reúne una selección de episodios orientados hacia la integración de la memoria singular mediada por el condicionamiento del individuo inscrito en la colectividad (Molinero, 2006, p.298).

El imaginario de una comunidad política está perfilado, en gran medida, por la lectura histórica y adquiere su expresión material más básica mediante los denominados lieux de mémoire⁴. En España, el Valle de los Caídos representa el testimonio monumental más sobresaliente de la pervivencia del franquismo porque simboliza de modo simultáneo un centro de poder neurálgico en términos geográficos y un recinto con unas connotaciones represivas asociadas a las condiciones sociopolíticas de aquellas personas que intervinieron en su construcción. El régimen de Franco explotó en las labores de construcción a unos 20.000 presos republicanos y este complejo arquitectónico es, en palabras de Reig, "el símbolo más fácilmente identificable con el régimen" (2017, p.270).

Los centros penitenciarios son otra manifestación de la represión franquista debido a sus condiciones infrahumanas. La madrileña cárcel de mujeres situada en Ventas es un arquetipo de la coerción simbólica de la dictadura, que concentra a más de 3.500 mujeres en los últimos instantes de la guerra, aunque su infraestructura apenas está habilitada para albergar a 500 personas aproximadamente. Más tarde, en 1954, el propio Ministerio de justicia responde a una comisión internacional y admite la existencia de 270.719 presos durante el año 1940, además de otras 100.000 personas pendientes de una orden judicial, mientras que solo en la prisión de Córdoba fallecen 500 reos en el transcurso del año 1941 (Preston, 2011, pp.660-661).

Las cifras manifiestan la magnitud coercitiva de la dictadura en relación con el sistema penitenciario y sus condiciones. No obstante, el prolongado proceso de transición borra sus huellas históricas y favorece a la impunidad del franquismo, lo que impide la resignificación de estos espacios en la reconstrucción de una memoria colectiva con capacidad de afrontar el pasado desde una perspectiva crítica. El aplazamiento del debate sobre la pervivencia de los monumentos artísticos que conmemoran el franquismo en los espacios públicos es tímidamente interrumpido en el año 2005 y desacredita, gracias a la presión de diferentes asociaciones y movimientos sociales, determinados aspectos de la transición democrática porque el pasado representa, en definitiva, "una continuidad colectiva de la experiencia" (Hobsbawm, 1972, p.13). Los compromisos políticos destinados a eliminar la simbología franquista de la escena pública son asumidos por el Ministerio de Fomento durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero. La primera intervención consiste en la retirada de la estatua ecuestre de Franco y data del mes de marzo del año 2005, a pesar de las críticas procedentes desde el Partido Popular.

Las resistencias parlamentarias contrastan notablemente con el sondeo dedicado a la memoria histórica y realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas en el año 2008. La figura 5 muestra que el 55,8% de un total de 2.935 personas entrevistadas asevera su acuerdo con la retirada de los símbolos que rinden homenaje al franquismo en el espacio público, mientras que un 23,2% manifiesta su desaprobación. Al mismo tiempo, el 70,7% de las personas encuestadas comparte un amplio consentimiento sobre la idea de erigir un monumento dedicado a todas las víctimas de la Guerra Civil, mientras que el 61% es partidario de conmemorar a las víctimas de la dictadura franquista frente al 18,2% que desautoriza tal propuesta.

El panorama urbano es un indicador muy significativo del imaginario colectivo y proporciona una fuente muy válida para rastrear, en este caso, la persistencia simbólica de la dictadura en la vida cotidiana. Esta continuidad indica el grado de desistimiento de las instituciones democráticas, que omiten la carga política de la represión franquista a través del reconocimiento otorgado a algunas de sus figuras más sobresalientes o de los episodios históricos más destacados en la nomenclatura del trazado urbano. La investigación sobre la presencia del franquismo en la "nomenclatura topográfica" es sumamente reveladora, ya que denota la memoria colectiva subyacente en determinadas comunidades políticas.

Las cifras relativas a la toponimia franquista recopiladas por Duch (2002) muestran una frecuencia total de 3.423 casos en un conjunto territorial integrado por 8.107 municipios. Estas numerosas reiteraciones incumplen las prescripciones de la LMH, que especifican el papel institucional en los siguientes términos:

Las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura". (Art. 15)

La figura 3 refleja el impacto relativo a la densidad de población afectada por alguna manifestación en la toponimia conmemorativa del franquismo. Los datos expuestos indican que un 42,3% de personas habitan localidades con toponimia franquista y las provincias con unos mayores resultados son Zaragoza (84,1%), Las Palmas (82,3%) y Valladolid (81,4%), junto con Ceuta y Melilla, que representan casos excepcionales debido a su condición de ciudades autónomas. Por el contrario, Girona, Guipúzcoa y Vizcaya son ejemplos paradigmáticos que cumplen la legislación vigente porque no albergan municipios con vestigios del franquismo en la designación de su trazado urbanístico.

Figura 3
Distribución provincial de habitantes con toponimia franquista.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos aportados porDuch (2002, p.384).

La mayor densidad de población reside en aquellas entidades territoriales que oscilan entre el 40% y el 60%, aunque esta muestra afecta solamente a 19 unidades provinciales de medio centenar en total y reúne al 50,6% de los 17.380.686 habitantes con alguna designación franquista en la toponimia de sus municipios. Por su parte, las provincias que mantienen un rango situado entre 61% y el 80% -Álava, Burgos, Madrid, Murcia, Pontevedra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife y Segovia- reflejan unos porcentajes llamativos porque agrupan, en su conjunto, al 37,2% del total de habitantes ubicados en enclaves con referencias franquistas en el trazado urbanístico municipal. Estas cifras prueban el continuado desistimiento de las autoridades públicas, ya en el año 2002, y confirman la impunidad de la dictadura franquista.

La figura 4 ilustra la distribución de las provincias en función de la presencia toponímica dedicada al franquismo en el conjunto de las 8.107 unidades territoriales que componen la división administrativa municipal y un 17,1% de la totalidad muestra evidencias de la dictadura en su toponimia. Las provincias con un mayor porcentaje de casos superiores al 30% son Cáceres, Ciudad Real, Murcia, Palencia, Las Palmas, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Por el contrario, País Vasco y Cataluña son las dos únicas entidades autonómicas, junto con el ejemplo uniprovincial de Navarra, que mantienen un índice inferior al 10%. Además, las provincias de Huesca y Castellón están incluidas en esta categoría con unos datos precisos del 8,4% y 9,6% respectivamente. Sin embargo, la gran mayoría de las unidades provinciales concentran municipios que registran una correspondencia en sus datos entre el 11% y el 30% en relación con la toponimia franquista.

Figura 4
Distribución provincial de municipios con toponimia franquista.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos aportados porDuch (2002, p.384).

El progresivo desmantelamiento del conjunto monumental que rememora la época franquista no implica su eliminación definitiva de la historia reciente de España, ya que la exigencia de un ejercicio crítico para examinar el pasado impide este planteamiento. La dedicación de unas políticas reservadas a la posibilidad de establecer diferentes espacios públicos -museos, sedes culturales, centros de exposiciones, observatorios de investigación, etc.- dedicados al desarrollo de una memoria colectiva satisface plenamente los propósitos formulados por Naciones Unidas porque logra los siguientes objetivos:

• Cumplimiento de una justicia transicional demorada por las instituciones políticas democráticas.

• Reconocimiento de las víctimas de la dictadura.

• Fortalecimiento de unos valores democratizadores que permiten obstaculizar la repetición de unos acontecimientos similares.

En conclusión, la implementación de unas políticas que impulsen el reconocimiento de las víctimas de la dictadura, se enlazan no solo con las sugerencias desarrolladas desde entidades que operan a escala global, sino que evitan "paralizar el presente [para] ayudarle a que sea distinto en la fidelidad y nuevo en el progreso" (Le Goff, 2001, p.7).

Despolitización e inmovilismo democratizador

La magnitud sociopolítica de la represión franquista no adquiere una visibilidad proporcional en la escena pública y uno de los principales motivos radica en el silencio institucional generalizado, que marca el ritmo de la nueva etapa constitucional (Escudero, 2014, p.132). Un ejemplo muy ilustrativo es la manifestación del Ejecutivo presidido entonces por Felipe González, quien declara a mediados de la década de 1980 que "una guerra civil no es un acontecimiento conmemorable, por más que para quienes la vivieron y sufrieron constituyera un episodio determinante en su propia trayectoria biográfica" (El País, 1986).

La sentencia del dirigente socialista coincide con el auge del Partido Socialista Obrero Español y representa una prueba sustantiva del desinterés que muestran, de manera recurrente, las instituciones democráticas por examinar la época franquista con un cierto grado de rigor y profundidad. No obstante, el testimonio de manifestaciones con carácter conmemorativo de la dictadura releja la pervivencia simbólica del régimen encabezado por Franco en el espacio público, además de incurrir en el incumplimiento de los artículos 15 y 16 de la LMH.

El impulso de una cultura de memoria oficial mediante las herramientas que proporciona una formación histórica crítica es fundamental y su principal finalidad consiste en desbaratar la tendencia popularizada de restar importancia a los crímenes perpetrados por la dictadura porque, como apunta Navarro (2002), esta imagen establece una equidistancia que equipara a los responsables de la represión con las víctimas (pp. 208-214). Por otro lado, Juliá (2003) destaca que las reivindicaciones de la memoria histórica responden a una nueva coyuntura que permite cuestionar el consenso asumido durante el proceso transicional y que comporta -al menos implícitamente- una distribución proporcional de las responsabilidades.

En términos jurídicos, el reconocimiento traducido en derechos adquiridos requiere una reglamentación. Por consiguiente, la derogación de las leyes sancionadoras de la dictadura mediante la aprobación de sucesivas amnistías y diferentes disposiciones complementarias es inadmisible como argumento válido en la consolidación de la memoria histórica (Martín, 2008). Esta circunstancia conduce hacia la necesidad de revocar las sentencias judiciales del franquismo porque su base legal carece de las garantías y de las estructuras mínimas exigidas a un tribunal encargado de administrar justicia, como subrayan algunos organismos internacionales (Sánchez- Ostiz, 2014).

Un primer ejemplo de esta advertencia procede de Amnistía Internacional (2005), que sugiere la existencia de determinados paralelismos expresados a través del caso de la anulación de las sentencias dictadas por el nazismo en la legislación alemana de 1998 (pp. 55-56). Otro ejemplo es el informe elaborado por el Relator del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, que insiste en el establecimiento de unos mecanismos apropiados para la efectiva nulidad de la jurisdicción que vulnera los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario y reclama, al mismo tiempo, el apoyo de las instituciones democráticas españolas para las iniciativas guiadas por un cuádruple mandato: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición (De Greiff, 2014).

La principal evidencia empírica de este desistimiento institucional es la ausencia deliberada de recursos materiales en la distribución asignada en los Presupuestos Generales del Estado en los últimos años, así como la débil participación de los poderes públicos en los procesos de intervención señalados por la LMH. Una de las principales justificaciones esgrimidas para el incumplimiento de estas recomendaciones originadas en la escala internacional descansa sobre el principio de seguridad jurídica. Sin embargo, este razonamiento colisiona frontalmente con la condición imprescriptible de los delitos de lesa humanidad. Además, los numerosos convenios y declaraciones de carácter supranacional asumidos por el Estado español contemplan el derecho a la disponibilidad de recursos legales, mientras que el acceso a las reparaciones motivadas por violaciones graves y sistemáticas del derecho humanitario está expresado en el articulado de los siguientes textos jurídicos: Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 8), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2.3, 9.5 y 15.6), Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa (arts. 5.5 y 41).

La LMH traza unas disposiciones específicas guiadas por el propósito de reconocer a las víctimas de la dictadura franquista. En cambio, el orden administrativo en España permanece inmóvil y no logra satisfacer los objetivos, programas o instrumentos que integran unas políticas públicas efectivas (Vinyes, 2010, p.57)⁵. En palabras de Reig, "la memoria histórica de la Guerra Civil y el franquismo no ha acabado de encajar como le correspondería en la nueva cultura política de la democracia" (2017, p.173).

Las iniciativas que reclaman la recuperación de la memoria histórica a las autoridades públicas son constantemente neutralizadas por la acción política desarrollada por determinados actores -incluidos distintos grupos parlamentarios- y, de este modo, el proceso de justicia transicional permanece incompleto. La omisión de los debates para definir la institucionalización del nuevo sujeto -la figura de represaliado- constituye un síntoma revelador de despolitización que impide la adquisición de unos compromisos materiales y simbólicos relativos al reconocimiento de las víctimas.

Los numerosos sondeos realizados por el CIS aportan una información valiosa que permite calibrar las interpelaciones más sobresalientes en términos sociales, políticos, económicos y culturales. En concreto, el estudio relativo a la memoria de la Guerra Civil y el franquismo muestra que un 50,2% opta por la identificación y el traslado a un cementerio de los restos mortales que permanecen en fosas comunes, mientras que apenas el 64,1% manifiesta una disposición activa frente al 26'3% de los encuestados (figura 5).

Figura 5
Iniciativas con los restos de las víctimas de la Guerra Civil enterrados en fosas comunes (2.932 personas encuestadas).
Fuente: elaboración propia a partir del Estudio n° 2760 delCIS.

La figura 6 alude a la responsabilidad en la identificación y el traslado de las víctimas que reposan en fosas comunes y, en esta dirección, un 83,3% expresa que la gestión debe corresponder a entidades estatales. Por el contrario, apenas un 0,9% defiende la abstención del Estado en la inanciación de tales compromisos, mientras que un 11,2% responsabiliza a las familias o a las asociaciones subvencionadas.

Figura 6
Responsabilidad de identificación y traslado de las víctimas que continúan en fosas comunes (1.473 personas encuestadas)
Fuente: elaboración propia a partir del Estudio n° 2760 del CIS

Las numerosas controversias sobre la memoria histórica radican en la disquisición de las fosas comunes (Jelin, 2003, pp. 5-7). El hallazgo y la exhumación de estas ocupan, en gran medida, un espacio central en los debates actuales sobre el reconocimiento de las víctimas. Las posibles intervenciones desarrolladas en este sentido derivan de la particular lectura histórica vertida sobre la naturaleza del conflicto bélico y las dimensiones sociopolíticas de la posterior dictadura. No obstante, estas premisas no significan una simplificación de un proceso complejo que incluye acciones políticas respaldadas por un soporte legal, porque las operaciones exhumadoras son unas prácticas colectivas densas y perturbadoras, que progresivamente desmantelan los discursos legitimadores de la represión. Una buena muestra de esto es la esencia jurídica de la LMH, que marca el inicio de una política pública destinada a desarrollar el mandato formulado en el Preámbulo con los siguientes términos: "[sentar] las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática".

La revelación de las fosas comunes verifica la magnitud de la violencia de la dictadura y sus importantes efectos, tanto simbólicos como sociopolíticos. En estas circunstancias, la LMH adquiere un papel protagonista que emana "de los esfuerzos por desenterrar la verdad" (Martín y Escudero, 2008, p.17). Su articulado constituye una importante expresión del peso reivindicativo de algunas organizaciones concentradas en las reparaciones históricas y el reconocimiento de las víctimas del franquismo, especialmente la citada ARMH.

Las querellas sobre la reparación y el reconocimiento de las víctimas de la represión franquista están impulsadas por asociaciones cívicas y, en este terreno, el papel desempeñado por la ARMH cobra especial importancia. Por el contrario, la obstaculización y las constantes impugnaciones en el cumplimiento de la LMH proceden de la actitud de diferentes sectores vinculados en distinto grado con la dictadura. El posicionamiento del grupo parlamentario popular⁶ resulta muy revelador, ya que manifiesta un perenne desinterés por las investigaciones e iniciativas encaminadas hacia la recuperación de los restos de las víctimas.

El persistente distanciamiento de las instituciones democráticas es también visible en las múltiples interrogantes que afectan a esta problemática. Un primer ejemplo es la imprecisión en las estimaciones cuantitativas de las fosas, que superan los 2000 enterramientos según las fuentes oficiales del Ministerio de Justicia. Una segunda referencia paradigmática es la cifra de personas desaparecidas con motivo de ejecuciones extrajudiciales -superada únicamente por Camboya- y que asciende a más de 130.000 personas (Escudero, 2014, p.127). Una última muestra de la obstrucción de los poderes públicos es el pronunciamiento de la Fiscalía General del Estado, que considera innecesarias las investigaciones sobre las querellas iniciadas por las autoridades argentinas que denuncian la violación de los derechos humanos durante el período franquista (Amnistía Internacional, 2016).

Los dispositivos democráticos adscritos a diversas administraciones públicas condicionan las operaciones investigadoras sobre la represión franquista y quebrantan, de manera directa o indirecta, el imperativo legal emanado de la LMH y las recomendaciones expresadas por organismos internacionales para establecer unos procesos eficientes en la recuperación de las personas desaparecidas durante la dictadura, así como el reconocimiento y la reparación de la memoria de las víctimas. Un argumento ilustrativo de ello es la paralización provocada por el Ministerio de Defensa y su decisión de cancelar la publicación de 10.000 documentos militares con revelaciones inscritas en el período comprendido entre los años 1936-1968, cuya correspondiente desclasificación remite a la primavera del año 2012 (Torrús, 2013).

En definitiva, la memoria histórica representa un elemento imprescindible en la construcción de una cultura política democrática (Reig, 2017, p.182). Este planteamiento exige simultáneamente la evaluación crítica del pasado, porque la historia representa "una dimensión permanente de la conciencia humana, un componente inevitable de las instituciones, valores y otros patrones de la sociedad" (Hobsbawm, 1972, p.3).

Consideraciones finales

La reciente producción historiográfica aporta respuestas científicas rigurosas para invalidar la constelación mitológica de los discursos franquistas que pretenden ensalzar el carácter redentor y conciliador del régimen sobre una población dividida. La actualización de los estudios sobre la represión de la dictadura contrarresta los juicios narrativos dominantes desde la época transicional que buscan establecer paralelismos generalizados entre las víctimas y sus verdugos. En este sentido, las urgencias contemporáneas requieren el reconocimiento de las personas represaliadas durante la etapa histórica encabezada por Franco mediante la consideración de una imagen que proyecta la defensa de unos principios fundamentalmente democráticos.

La retórica de la reconciliación sostiene las ausencias existentes en el terreno legislativo y sus ambigüedades impiden una profundización en el desarrollo democratizador a través de una despolitización de los efectos propiciados por la represión franquista. El curso de la historia evidencia el anacronismo del razonamiento basado en la necesidad de forjar un consenso para consolidar un modelo democrático en la coyuntura transicional y afianza, al mismo tiempo, las exigencias de democratizar el sistema político español a través del hilo conductor que representa la memoria histórica.

Una segunda reflexión insta a los poderes públicos a adoptar un firme compromiso con la cultura democrática a través del ejercicio aplicado de una memoria crítica con respecto al pasado. El examen riguroso de la violencia sistemática e institucionalizada que sirve para apuntalar el régimen franquista tras el desenlace de la contienda bélica iniciada en 1936 exige la implicación efectiva de las instituciones democráticas, con el propósito de impulsar la divulgación histórica desde los diferentes ángulos de las ciencias sociales y garantizar su no repetición.

La aprobación de la LMH constituye una referencia, aunque insuficiente, en la aplicación de unas medidas encadenadas para el reconocimiento de las víctimas del franquismo. Sin embargo, su efectivo desarrollo reclama un mayor grado de implicación política para cumplir con los valores y principios democráticos subrayados en el articulado de la citada ley. Este ordenamiento enfatiza la necesidad de reparar la memoria de todas aquellas personas afectadas, directa o indirectamente, por la violencia de una dictadura legitimada a través del desmantelamiento militar de un sistema político asentado en unas coordenadas democráticas.

Por último, la LMH expresa el compromiso de reparar, consagrar y proteger a las víctimas con el máximo vigor normativo en virtud del derecho a la memoria (tanto personal como familiar) y en función de una plena manifestación de ciudadanía democrática. Este atributo político no es arbitrario, sino que pretende evitar el quebrantamiento de los derechos humanos a partir del aprendizaje que proporciona la dictadura franquista. Por consiguiente, una intervención perentoria de las instituciones públicas sobre las coordenadas mínimamente expresadas en la LMH, propicia un clima que no solo satisface el cumplimiento de la legalidad vigente, sino que también reduce las posibilidades de repetir una experiencia caracterizada por la transgresión de las libertades políticas y la permanente coacción policial.

Referencias

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Notas