1. Introducción

La violencia de género, no hace mucho considerada como una situación doméstica, en la actualidad ha trascendido a la esfera de lo público, convirtiéndose hoy en un problema visible que reproduce desigualdades y pone en riesgo la vida y la seguridad de las mujeres (Htun & Weldon, 2012; Sokoloff & Dupont, 2005; Heise, 2011). Históricamente el monopolio del poder se ha erigido desde lo masculino, manifestando una visión androcéntrica de las relaciones sociales que se expresa a través del machismo y de otras formas de opresión del hombre hacia la mujer, en donde el delito de femicidio se materializa como la forma más exacerbada de violencia de género (Lagarde, 2012).

En Ecuador, siete de cada diez mujeres han sufrido violencia de género a lo largo de su vida (FGE, 2022). La normativa nacional desde el 2014 tipificó dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014) el femicidio como un delito distinto al homicidio y al asesinato, reconociendo a este crimen como producto de la violencia de género arraigada en la sociedad. La base de datos de la Fiscalía General del Estado (FGE, 2022), la entidad penal encargada de recibir las denuncias, señala que desde la tipificación de esta figura penal, hasta noviembre del 2022, se han registrado 658 femicidios, y 1051 muertes violentas de mujeres que no fueron tipificadas como femicidios sino como asesinatos y homicidios (Ver Figura 1).

Figura 1
Número de víctimas por año
Nota: elaboración propia, datos de la Fiscalía General del Estado (2022)

En dicho contexto, el Estado ha desplegado algunas estrategias institucionales para la prevención del delito y la mitigación de la violencia de género. Por ejemplo, a nivel normativo, la Ley Orgánica de Erradicación de la Violencia de Género (LOIV) establece medidas institucionales, entre ellas, el cofinanciamiento estatal a las Casas de Acogida, refugios diseñados para brindar protección y asistencia especial a las mujeres víctimas de violencia. Esta investigación tiene como objetivo testear empíricamente si la promulgación de la LOIV a partir de 2018 ha logrado reducir la tasa de femicidios a nivel subnacional en Ecuador.

Estudios previos en contextos distintos al de Ecuador han demostrado que cambios progresivos en políticas públicas pueden tener efectos significativos en la reducción de la violencia de género (Htun & Weldon, 2012; Heise, 2011). Así mismo se ha encontrado que los estudios subnacionales permiten realizar estudios comparativos para medir los niveles de desarrollo democrático entre niveles territoriales, identificando prácticas exitosas y áreas de mejora (Pino, 2016). Ello proporciona un panorama más detallado sobre el impacto y la variación de la LOIV (2018) a nivel local como una medida institucional destinada a frenar los femicidios en el país.

A pesar de ser un estado unitario, Ecuador ha implementado procesos de descentralización que otorgan cierta autonomía a los gobiernos locales. Analizar cómo estos gobiernos adaptan y aplican la LOIV puede ofrecer perspectivas sobre la flexibilidad y eficacia de la política pública en contextos locales diversos. Para ello, se realizan regresiones de tipo panel que buscan definir si existe, o no, un efecto estadísticamente significativo en la aplicación subnacional de la norma. Este análisis incluye variables de control como la violencia contextual (medida por la tasa de homicidios de hombres y mujeres), el tamaño de la población, el porcentaje de población rural, el porcentaje de la población indígena, las características territoriales para las tres regiones del Ecuador y la pobreza por necesidades básicas insatisfechas.

La investigación integra la perspectiva de interseccionalidad propuesta por el NIF y las teorías feministas. La interseccionalidad es un paradigma de intervención que permite comprender formas de discriminación sistemática que operan a nivel de las estructuras sociales como el género, la raza y la clase social (Crenshaw, 1998). En Ecuador y América Latina, la diversidad social, étnica y cultural está profundamente permeada por una serie de desigualdades, la interseccionalidad permite mirar estas complejas capas de discriminación, revelando cómo las mujeres indígenas, afrodescendientes y de clases sociales bajas enfrentan desafíos heterogéneos.

La estadística descriptiva señala que, tras la promulgación de la LOIV en 2018, el promedio de femicidios disminuyó en quince de las veintitrés provincias que componen el Ecuador territorial. Sin embargo, el promedio general del país permaneció igual. Esto sugiere dos cosas: primero, que la aplicación de la ley varía dentro del territorio nacional, a nivel subnacional, y segundo, que no está claro si ha existido un efecto estadísticamente significativo en la disminución de los femicidios a nivel general. Es conceptualmente plausible que los impactos de la LOIV varíen a nivel subnacional ya que el diseño de la norma asigna responsabilidades específicas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), y la efectividad de la implementación depende en gran medida del grado de desarrollo institucional y de los recursos disponibles de cada provincia. Esta variabilidad refleja las dinámicas descritas por Eaton (2017), quien señala que las capacidades institucionales y los recursos disponibles pueden influir significativamente en la implementación efectiva de las políticas públicas a nivel local. Además, es importante considerar que las desigualdades subnacionales son tan relevantes como las desigualdades de raza o clase social en el acceso a oportunidades y bienestar (Otero-Bahamon, 2019).

Desde el marco teórico del NIF, Mackay (2011) argumenta que las instituciones, tanto formales como informales, no son neutras en términos de género, están profundamente influenciadas por normas patriarcales que pueden perpetuar las desigualdades. Sin embargo, también reconoce que estas instituciones tienen el potencial de transformarse y adoptar políticas que promuevan la igualdad de género. En Ecuador, al adoptar localmente la disposición de la LOIV sobre el fortalecimiento a las Casas de Acogida, las instituciones provinciales pueden desarrollar o no, estrategias específicas que aborden las necesidades y desafíos particulares de sus contextos. Este proceso de cambio institucional, impulsado por un enfoque interseccional y feminista, puede conducir a cambios significativos en el comportamiento social, contribuyendo a la reducción de la violencia de género y a la promoción de la igualdad.

Puntualmente, la LOIV (2018) establece que los gobiernos locales deben apoyar la creación y el cofinanciamiento de Casas de Acogida. Estos son espacios y albergues que acogen a mujeres que han sido víctimas de violencia de género y que por su situación de vulnerabilidad no pueden regresar a sus hogares porque sus vidas corren riesgo. Las Casas de Acogida brindan preferencialmente sus servicios a madres de escasos recursos otorgándoles alimentación, descanso y sobre todo protección. En ese sentido estos lugares operan en favor de la prevención del femicidio, como resultado último del continuum de violencia que viven las mujeres desde lo doméstico.

Las bases de datos revisadas como parte de la investigación documental reflejan que en el Ecuador existen veintiocho Casas de Acogida a nivel nacional que reciben fondos públicos (BCE, s.f.), esto sin descartar que puedan existir muchas más que no formen parte del registro del Estado. Por ello, además del análisis cuantitativo, se realizaron entrevistas en profundidad con trabajadores de Casas de Acogida a nivel local para comprender mejor la realidad sobre implementación de la LOIV (2018) en las diferentes provincias. Estas entrevistas permitieron identificar las variaciones en la aplicación de la ley y su impacto en las comunidades locales, proporcionando claridad sobre cómo ha sido en la práctica, la implementación de la LOIV en los gobiernos locales.

Dicho esto, el presente artículo se organiza de la siguiente manera: primero se presenta la aproximación teórica del NIF, luego se introduce la importancia del enfoque subnacional para el estudio de la violencia de género, y se define la categoría femicidio. Se expone la hipótesis de investigación en donde se detalla el mecanismo causal que lo precede. Posteriormente, en la metodología, se describen los datos y métodos de estimación empleados. Finalmente, se presentan los resultados y hallazgos de la investigación para terminar con las conclusiones.

2. El Neoinstitucionalismo Feminista (NIF)

El neoinstitucionalismo enfatiza la importancia de las instituciones en el comportamiento humano, es así como la configuración de la vida política refleja los patrones arraigados en las prácticas institucionales (Lovedunski, 2020). En ese sentido, es necesario reconocer que las reglas que gobiernan las instituciones están influenciadas por las estructuras de opresión y dominación presentes en la sociedad, como el patriarcado (Freidenberg y Gilas, 2021). Por lo tanto, estas instituciones pueden imponer limitaciones en la interacción con ciertos actores. Al considerar la dimensión de género en el neoinstitucionalismo se puede apreciar el efecto diferencial que las reglas y prácticas tienen en los individuos, lo que es fundamental para comprender la reproducción desigual del poder en la esfera pública (Kenny, 2013; Lowndes, 2020).

En ese sentido, vale mencionar que las reglas del juego que rigen las instituciones, se encuentran supeditadas a las estructuras de opresión y dominación que existen en la sociedad como el patriarcado y, de esa forma, las instituciones pueden generar limitaciones en la interacción con ciertos actores. Por ello, reconocer la dimensión de género en el neoinstitucionalismo permite dar cuenta del efecto diferencial que las reglas y prácticas pueden llegar a tener en los individuos, aspecto clave para comprender la forma desigual en la que se reproduce el poder en la vida pública (Kenny, 2013; Lowndes, 2020).

Es así como, el neoinstitucionalismo feminista vincula los preceptos del neoinstitucionalismo y de la ciencia política feminista (Mackay, 2011) y resulta útil para el estudio de las instituciones formales desde una perspectiva de género, ya que toma en cuenta las relaciones entre lo masculino, lo femenino, el poder, la continuidad y el cambio (Kenny, 2013, p. 34). Por ello, su aplicación pretende incidir en la transformación paulatina de la forma cómo las instituciones se estructuran.

Resulta trascendental comprender los modos de interacción entre el género y las prácticas institucionales, que lejos de ser neutrales se encuentran construidos bajo las dinámicas de desigualdad, dominación y opresión que históricamente han moldeado a la sociedad. Kenny (2013) señala que las instituciones están "generizadas", o gendered por su acepción en inglés. Para la autora, decir que una institución es generizada significa que una institución tiene un sexo e interpreta un género, esto significa que la institución en su práctica cotidiana erige, a través de los agentes que la representan, comportamientos masculinizados o feminizados (Kenny, 2013, p. 34).

En el mismo sentido, los individuos que interactúan con las instituciones también lo hacen desde las prácticas de masculinidad o feminidad que conforman su identidad. Esto significa que las prácticas que reproducen dichas instituciones tienen una carga de dominación histórica y cultural atravesada por el género. "Decir que una institución tiene género, entonces, significa que las construcciones de masculinidad y feminidad están entrelazadas en la cultura diaria o la 'lógica' de las instituciones políticas" (Kenny, 2013, p. 37). Evidentemente, dentro de la configuración androcéntrica del mundo y de la política, podría decirse que las instituciones son masculinas, un ejemplo de ello es el derecho, además de que, en el ejercicio del poder, existen posiciones institucionales privilegiadas.

Por lo tanto, las prácticas desiguales, hegemónicas e incluso patriarcales de las instituciones se quedan arraigadas a lo largo del tiempo y permiten la producción y reproducción de las mismas desigualdades que las configuran. Esto es resultado de la exclusión histórica de las mujeres en la vida política: "los períodos de reestructuración institucional pueden crear oportunidades para estar 'al comienzo' de una institución, abriendo posibilidades para que las cuestiones de género se integren en los procesos de reforma y (re)diseño institucional" (Mackay, 2006, p. 46), lo que se conoce como regendering o regeneración institucional.

El neoinstitucionalismo feminista se orienta hacia la consecución de resultados políticos con una perspectiva de género, lo que implica una importante alteración del statu quo institucional. Esto se debe a que la representación del género a menudo tiene significados distintos para las mujeres que para los hombres como actores institucionales (Lovenduski, 2020). Por lo tanto, es fundamental reconocer que las instituciones establecen y limitan ciertas normas que son aceptadas de manera diferenciada por hombres y mujeres dentro de ellas.

A diferencia del institucionalismo histórico que permea una concepción estática de las instituciones, para el neoinstitucionalismo feminista éstas sí pueden cambiar desde la inserción de la perspectiva de género (Kenny, 2013), la cual busca producir una transición hacia prácticas que deslegitimen la opresión natural de los hombres hacia las mujeres. Sin embargo, cabe mencionar que el cambio en la dependencia del camino puede ser una transición lenta, que genera resistencias sobre todo por las estructuras ya incrustadas en la sociedad.

3. La perspectiva subnacional

Este estudio integra una perspectiva subnacional, realizando un análisis comparativo dentro de un mismo país al contrastar las diferencias entre las unidades territoriales y su variación en el tiempo (Landman, 2011). Utilizando variables agregadas a nivel provincial, el estudio observa los cambios a lo largo del tiempo. Específicamente, se analiza el femicidio en el territorio ecuatoriano desde un enfoque subnacional. Ecuador, a pesar de ser un país pequeño, presenta una gran diversidad cultural, étnica y socioeconómica, lo que lo convierte en un caso ideal para evaluar la interseccionalidad de la violencia de género (Sokoloff & Dupont, 2005).

Es importante reconocer que los estudios subnacionales se han centrado mayormente en la investigación de estados federales, desplazando la atención de este enfoque en estados unitarios (Pino, 2016). Los estudios subnacionales en Ecuador son escasos, lo que convierte a este país en un caso interesante y relevante para el análisis. Además, esta investigación no solo aborda una brecha en la literatura, sino que también integra una perspectiva de género al estudiar el femicidio desde una perspectiva local. En Ecuador, las mujeres enfrentan desigualdades específicas debido a su etnia, raza y clase social, lo que hace que un enfoque subnacional permita captar las variaciones económicas y culturales entre las provincias y su influencia en la violencia de género, así como en su capacidad de adoptar la LOIV.

De acuerdo con Otero-Bahamon (2019), la diversidad cultural, étnica y socioeconómica en América Latina, incluido Ecuador, requiere un análisis subnacional detallado para entender las desigualdades estructurales que afectan la implementación y la efectividad de las políticas públicas. Tapia (2023), destaca que la violencia de género y las prácticas patriarcales no se distribuyen de manera uniforme en un país, las variaciones entre las distintas unidades territoriales permiten entender por qué la violencia se manifiesta de manera distinta en cada región. Así, un análisis subnacional permite comprender cómo la falta de políticas locales puede contribuir a la perpetuación de la violencia y a la falta de prevención y justicia para las víctimas.

Ecuador se encuentra dividido en tres grandes regiones: Costa, Sierra y Amazonia, cada una presenta contextos culturales distintos con patrones machistas profundamente arraigados que se reproducen en las prácticas y en la vida cotidiana de sus habitantes. Por lo tanto, es esencial integrar la perspectiva interseccional (Crenshaw, 1998) para comprender las múltiples dimensiones de la desigualdad que enfrentan las mujeres. Esta perspectiva permite, a su vez, analizar cómo estas desigualdades influyen en las prácticas cotidianas que se reproducen a nivel de los gobiernos locales. Por ejemplo, en la asignación de recursos, la capacidad institucional y la importancia social y cultural que los GAD dan al desarrollo y fortalecimiento de las Casas de Acogida como una estrategia de la LOIV para la prevención del femicidio.

4. Violencia de género, femicidio y la LOIV

Este apartado expone las tendencias identificadas para la comprensión del fenómeno estudiado desde la variable dependiente, el delito de femicidio. Desde las teorías feministas, Radford y Russell (1997) definieron al femicidio como el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres, siendo un tipo extremo de violencia sexual. El femicidio comprende una mezcla de agresión, una fuerza dañina, depredadora y de dominación sexual (Lagarde, 2012, p. 22). Por ello, Segato (2003) hace referencia a lo que se conoce como un modelo estructural de la comprensión de las relaciones de género, donde el femicidio es el fin último de la violencia de género.

El género es una construcción social que responde a una concepción normativa configurada dentro de un sistema binario y que se manifiesta en la vida pública desde la identidad del sujeto (Butler, 2006). Kenny (2013) señala que el género no opera únicamente a nivel interpersonal, sino que opera a nivel de estructuras en las instituciones. En ese sentido, la estructura de dominación patriarcal define códigos de conducta y estereotipos que legitiman la desigualdad, "ordena las relaciones entre categorías que, como el género, exhiben marcas de estatus diferenciados, señas clasificatorias que expresan un diferencial de valor en un mundo jerárquico" (Segato, 2003, p. 253). Así las categoría de género femenino y masculino generan una dialéctica desigual que crea una diferencia y ubica en una superioridad natural al hombre por sobre la mujer, en dónde la categoría mujer se define en términos relacionales desde su alteridad con la categoría hombre.

La falta de correspondencia entre las posiciones y las subjetividades dentro de ese sistema articulado, pero no enteramente consistente, produce y reproduce un mundo violento. Ese efecto violento resulta del mandato moral y moralizador de reducir y aprisionar a la mujer en su posición subordinada, por todos los medios posibles, recurriendo a la violencia sexual, psicológica y física, o manteniendo la violencia estructural del orden social y económico en lo que hoy los especialistas ya están describiendo como la 'feminización de la pobreza'. (Segato, 2003:145)

Para Arendt (2005), la violencia, en su amplio espectro, es el empleo de la fuerza en las relaciones humanas, un acto pre político dominante que conduce al horror. Es una forma de opresión ejercida por el hombre, por el Estado y por la sociedad. Ampliando dicha definición, para comprender la violencia de género, es necesario añadir a esta perspectiva el sujeto político mujer, y la situación de dominación como una institución de opresión legítima en el ámbito doméstico y naturalizada en la sociedad que afecta de manera diferenciada a las mujeres. Incháustegui (2014) define a la violencia femicida como un dispositivo de poder masculino para restablecer y mantener posiciones de dominio actuando como un mecanismo de control frente a las transgresiones de las mujeres a los roles tradicionales de género.

El delito de femicidio, por lo tanto, es la manifestación pública de un intento de restaurar y controlar el orden patriarcal y el dominio masculino, que resulta en el asesinato de mujeres y niñas, "el asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer" (CEPAL, 2013, p. 1). Desde la normativa penal ecuatoriana, en el año 2014 con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se tipifica el delito de femicidio como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, que dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género (art. 141, 2014). Posteriormente, tras varios años de lucha feminista, en el año 2018 se promulga la Ley de Erradicación de la Violencia de Género (LOIV), la cual está centrada en el derecho a una vida libre de violencia y reconoce la existencia simultanea y sistemática de diferentes formas de discriminación hacia la mujer, entre ellas: violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, violencia económica y patrimonial, violencia, simbólica. La normativa antes referida dentro de su art. 38, establece entre las funciones de los GAD el deber de:

e) Garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género, los servicios integrales de Casas de Acogida con personal especializado, tanto en los cantones como en las provincias, que pueden para su garantía, establecerse en mancomunidad o a través de alianzas público- privadas, debidamente articulados con la Red de Casas de Acogida a nivel nacional. (LOIV, 2018, art. 38)

Por consiguiente, esta Ley implica el establecimiento y financiamiento oficial de Casas de Acogida y Centros de Atención Integral como mecanismos locales de prevención contra la violencia de género. Esta disposición normativa respalda la creación de instituciones formales a nivel subnacional, como una estrategia para abordar el problema del femicidio en el país. El marco legal previamente expuesto no solo reconoce la violencia de género en sus múltiples formas, sino que también establece la obligación de los GAD de garantizar servicios integrales de protección y prevención del femicidio para la garantía de una vida libre de violencia para todas las mujeres en el Ecuador.

5. Hipótesis de investigación

La hipótesis de la presente investigación señala que el NIF provoca cambios en los comportamientos de la sociedad que mejoran la vida de las mujeres. Puntualmente sostenemos que a partir de la promulgación de la LOIV, que entró en vigor en el año 2018, la tasa de femicidios a nivel provincial cambió su tendencia. Esta normativa obligó a los GAD a que apliquen políticas institucionales de prevención de la violencia de género, más específicamente, el fortalecimiento de servicios integrales de Casas de Acogida con personal especializado, tanto en los cantones como en las provincias.

La hipótesis se fundamenta en que las instituciones importan y, por ello, limitan las relaciones de poder: el cambio en las instituciones conduce a cambios en la conducta humana. Si se cambian las reglas de la sociedad, se cambia la sociedad. Puntualmente, en este caso a partir de 2018, la LOIV dictaminó que los GAD fortalecerían y ampliarían los servicios que brindan las Casas de Acogida, a partir de medidas como el cofinanciamiento. Esto, en teoría, llevaría a que a nivel subnacional la aplicación de la LOIV sea desigual, pero también a que a nivel promedio exista un efecto de disminución en la tasa de femicidios producto de que las Casas de Acogida previenen la violencia de género y salvan vidas.

Figura 2
Mecanismo causal, disminución de femicidios en las provincias
Fuente: elaboración propia

En términos simplificados, asumamos que tenemos un país de tres provincias. En un primer momento la primera provincia tenía diez femicidios, la segunda ocho y la tercera seis. El poder legislativo a nivel nacional emite una Ley que obliga a las provincias a construir y financiar Casas de Acogida e implementar otras medidas para reducir la violencia de género. La primera provincia invierte en una Casa de Acogida, la segunda en dos y la tercera en ninguna. Por lo mismo, en un segundo momento la primera provincia registra siete femicidios, la segunda cinco y la tercera seis. La Ley se aplicó nacionalmente, pero de manera diferenciada en cada provincia, sin embargo, en promedio las provincias uno, dos y tres exhiben menos casos de femicidios en el segundo momento (6) que en el primero (8). Esto conlleva a concluir que las instituciones importan porque determinan cómo los recursos públicos se distribuyen y que un cambio desde lo normativo puede alterar las relaciones de poder, en este caso la violencia patriarcal a nivel subnacional.

6. Metodología

La presente investigación es de carácter cuantitativo, sin embargo, dada la necesidad de comprender más profundamente los fenómenos estructurales que inciden en la aplicación diferenciada de la LOIV a nivel subnacional, se complementó con cuatro entrevistas semiestructuradas a Casas de Acogida distribuidas en las regiones Costa, Sierra y la Amazonía del país. Las entrevistas permitieron captar las experiencias y percepciones de los actores involucrados en el sistema de protección a mujeres víctimas de violencia, ofreciendo un contexto más detallado de las dinámicas locales que se viven en las Casas de Acogida, recolectando testimonios que enriquecieron la información estadística derivada de este trabajo

El alcance de la investigación se centra en el contraste de hipótesis mediante inferencia estadística (Landman, 2011). En este caso, se testea si los cambios institucionales de carácter normativo en la prevención de la violencia de género, específicamente la política pública de apoyo gubernamental a las Casas de Acogida por parte de los gobiernos subnacionales, han tenido un efecto en la disminución de la tasa de femicidios. El método de estimación se basa en una regresión, de tipo panel, de efectos aleatorios con errores estándar robustos, clusterizados por provincia para tener en cuenta la heterocedasticidad y la correlación serial dentro de los grupos. El uso de efectos aleatorios, en lugar de mínimos cuadrados ordinarios (OLS), se justifica por los resultados de la prueba de Breusch-Pagan (ver anexo).

La variable dependiente utilizada es la tasa de femicidios por cada 100 mil habitantes en cada provincia, calculada anualmente entre 2015 y 2021. Esta tasa se construye dividiendo los casos de femicidio en cada provincia por la población de dicha provincia y multiplicando el resultado por 100 mil. Este enfoque permite comparar la incidencia de la violencia de género a nivel subnacional sin las distorsiones causadas por la heterogeneidad de la población en el territorio.

La variable de interés o variable independiente es la entrada en vigor de la LOIV, la cual se operacionaliza mediante una variable dicotómica, que toma el valor de 0 antes de la existencia de la LOIV y el valor de 1 después. Es decir, todos los datos a partir de 2018 toman el valor de 1 y antes de esta fecha el valor de 0. Esta variable interactúa con una variable de tendencia temporal para observar si hay un cambio en la tasa de femicidios a lo largo del tiempo como resultado de la aprobación de la ley, considerando que entre 2015 y 2017 los femicidios venían en ascenso (FGE, 2022). Simplificadamente, se busca determinar si la tasa de femicidios por cada 100 mil habitantes dejó de incrementarse año tras año.

En teoría, la ley se aplica de manera diferenciada en cada provincia, pero en promedio, debería de producirse una disminución en la violencia de género a partir de la entrada en vigor de la LOIV, ceteris paribus. Reconociendo el carácter multidimensional del fenómeno (King, Keohane y Verba, 2021), la estimación también incluye variables de control como: la violencia contextual medida por medio de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, el logaritmo natural de la población, el porcentaje de población rural, el porcentaje de población indígena, características territoriales regionales (Sierra y Amazonía, dejando como variable base de comparación a la región Costa) y finalmente, la pobreza censal medida por necesidades básicas insatisfechas.

Más formalmente nuestra estimación se define como:

Donde:

Y es la tasa de femicidios por cada 100 mil habitantes (Tasafemicidios).

X1 es la variable dummy de la entrada en vigor de la LOIV (LOIV).

X2 es la variable de tendencia temporal (Tendencia).

X2*X1 es la interacción entre la variable dummy y la tendencia (i.LOIV* c.Tendencia).

XW es una matriz de variables de control que incluyen la violencia contextual medida por medio de la tasa de homicidios de hombres y mujeres, el logaritmo natural de la población, el porcentaje de población rural en la provincia, el porcentaje de población indígena, características territoriales regionales: Sierra y Amazonía, dejando como variable base de comparación a la región Costa y, finalmente, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas.

C es la constante.

ε_(it ) y u_(t ) son los términos de error de una estimación de efectos aleatorios.

El subíndice i corresponde a cada provincia y el subíndice t es el año.

Se esperaría que un aumento en la tasa de homicidios de hombres y mujeres conduzca a un incremento en los femicidios, ya que podría existir un subregistro de los femicidios en comparación con los homicidios. No obstante, si estas variables no están correlacionadas entre sí, se demostraría que los femicidios y los homicidios son distintos fenómenos y que su tipificación por separado está plenamente justificada, ya que obedecen a distintas problemáticas sociales. El aumento de los homicidios en Ecuador se debe al incremento del narcotráfico (Rivera-Rhon y Bravo-Grijalva, 2020) y, aunque también afecta a las mujeres, estas muertes no caen propiamente dentro de la definición legal y operacional del femicidio.

Simultáneamente desde una perspectiva interseccional (Crenshaw, 1998; Sokoloff & Dupont, 2005) planteamos que una serie de elementos geográficos y culturales podrían incidir sobre la tasa de femicidios. Sería de esperar que las provincias más pobladas obtengan mayores tasas de femicidios por un factor probabilístico. Asimismo, es probable que existan diferencias entre las provincias con mayor o menor porcentaje de población rural, así como en aquellas con diferentes porcentajes de población indígena. Además, las características culturales de cada región podrían registrar variaciones en la tasa de femicidios.

También se esperaría que las provincias con mayores carencias registren mayores tasas de femicidios, dado a que la pobreza en muchos casos está feminizada (Segato, 2023). La pobreza es una forma de violencia invisible que se correlaciona con la violencia física, una expresión visible de la misma. La relación entre pobreza y femicidio evidencia que este delito tiende a concentrarse en áreas con desventajas sociales, generalmente caracterizadas por altas desigualdades económicas (Benson et al., 2003). No obstante, no se puede concluir que los femicidios solo afecten a las mujeres pobres. Sin embargo, sí se pudiese decir que mayores ingresos pueden generar mayor protección frente a factores de riesgo de femicidio (Abramsky et al., 2011).

Los datos empleados en la presente investigación provienen de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional para los registros de femicidios y asesinatos.¹ La Fiscalía General del Estado es la responsable de la acusación penal y de encauzar a las muertes violentas dentro de cada tipo penal, es por ello, que se utiliza esta estadística y no otra estadística asociada con muertes violentas de mujeres. Por otra parte, para el resto de las variables empleadas la fuente fue el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), particularmente el censo 2010 y las proyecciones poblacionales por provincia. Por ende, todos los datos son de carácter público.² El periodo de análisis corresponde a los años 2015-2021 y se computan de manera anual y a nivel agregado de provincia. Esto conlleva a que existan 161 observaciones al tomar en cuenta las 23 provincias del territorio continental de Ecuador. Se cuenta con 69 observaciones antes de la aplicación de la LOIV y 96 observaciones posterior a la misma.

La estadística descriptiva señala que la tasa de femicidios promedia 0.48 casos por cada 100 mil habitantes a nivel provincial, tanto antes como después de que la LOIV fuese implementada. La tasa varía en valores entre 0 y 3.17 femicidios por cada 100 mil habitantes. La desviación estándar es mayor (0.52) para el periodo posterior a la implementación de la ley. Por otra parte, el logaritmo natural de la población y la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes son mayores para el periodo de 2018 en adelante. Por otra parte, la tasa de homicidios para hombres y mujeres sufre un incremento desde 4.23 casos por cada 100 mil habitantes antes de la implementación de la LOIV, a 4.95 después de la misma, la tendencia de muertes violentas en los últimos años es al alza (Ver tabla 1).

Tabla 1

Estadísticas descriptivas

Fuente: elaboración propia con base en las bases de datos de FGE y Policía Nacional y el INEC.

La población rural promedia el 51.41% y varía entre el 15.51% y el 72.46%. La población indígena promedia el 14.95% y varía entre el 0.02% y el 56,70% entre las provincias para el año 2010. En lo que respecta a la pobreza por necesidades básicas insatisfechas se define como pobre a quien forma parte de un hogar carente de al menos una de las necesidades básicas representadas en los siguientes componentes: “i) calidad de la vivienda, ii) hacinamiento, iii) acceso a servicios básicos, iv) acceso a educación y, v) capacidad económica” (INEC, s.f.). Es así como el promedio de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas en el año 2010 a nivel provincial es del 67,97% con valores que varían entre el 33,46% y el 87,05%.

7. Resultados

La tabla 2 refleja los resultados de las regresiones obtenidas a través del panel de datos. Al modelo base (1), en donde la tasa de femicidios se explica únicamente por la entrada en vigor de la LOIV y la interacción con la tendencia temporal, se le fueron agregando las distintas variables de control, en total son cuatro modelos. El modelo 2 incluye la tasa de homicidios de hombres y mujeres como control, el modelo 3 agrega las variables de control asociado con características geográficas-culturales y finalmente el modelo final (4) incorpora también la pobreza por necesidades básicas insatisfechas.

Tabla 2

Resultados de los modelos de regresión

Errores estándares robustos clusterizados por provincia en paréntesis ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 Fuente: elaboración propia.

En todas las especificaciones econométricas estimadas se observa que la LOIV y su interacción con la tendencia temporal es significativa en alguno de sus términos, por lo que se puede determinar que se ha logrado cambiar la tendencia temporal en la tasa de femicidios. La violencia de género ha disminuido tras cambios en la institucionalidad formal. La figura 3 simplifica la interpretación, en el cuadro de la izquierda se observa el comportamiento de los femicidios sin LOIV y en el de la derecha el comportamiento con el efecto de la ley, apreciando así que existen distintas tendencias la primera al alza y la segunda sin tendencia.

Figura 3
Tasa de femicidios predicha sin y con LOIV sin controles Intervalo de confianza al 95%
Fuente: elaboración propia

En el modelo 2 se testeó si la tasa de homicidios tenía relación con la tasa de femicidios. No se encontró una relación significativa, esto señalaría que los asesinatos y homicidios de hombres y mujeres no se encuentran correlacionados con los femicidios, lo que implica que la violencia machista que oprime la vida de las mujeres es distinta a la violencia en general de la sociedad, a razón de que las condiciones misóginas de dominación antes señaladas se han institucionalizado y naturalizado en la sociedad. Por tanto, desde una perspectiva empírica, se justifica que la tipificación de los femicidios se diferencie de los asesinatos y homicidios, validando al NIF que promueve un mecanismo institucional que tipifica al femicidio como un crimen que se diferencia del homicidio o asesinato (Radford y Russell, 1997).

A partir de la especificación 3 de la tabla antes expuesta, se encuentran resultados significativos para características de las provincias que explican la tasa de femicidios. Puntualmente, se encuentra que en las provincias de la Amazonía y la Sierra (modelo 4) la tasa de femicidios es mayor a la Costa, con un error estándar menor al 5%, lo que implicaría que a nivel subnacional existen diferencias significativas en cuanto a la incidencia del femicidio subordinadas a las regiones. No se encontraron efectos estadísticamente significativos del tamaño de la población, el porcentaje de ruralidad o el porcentaje de población indígena.

En el modelo 4 se incorpora la pobreza por necesidades básicas insatisfechas medida en el censo del 2010, que es el factor explicativo de mayor alcance de la tasa de femicidios a nivel subnacional. El coeficiente es positivo y estadísticamente significativo con un error estándar menor al 5%, señalando que, a mayores necesidades insatisfechas básicas a nivel provincial, la tasa de femicidios por cada 100 mil habitantes aumenta. Esto conlleva a determinar que a nivel subnacional la incidencia de las condiciones de vida de los habitantes tiene un efecto sobre el femicidio.

Lo anterior determina que las provincias con mayores carencias económicas son los territorios en los que la violencia patriarcal se manifiesta en mayor grado. Sin duda, esto avalaría el planteamiento de que la violencia machista responde a factores estructurales e interseccionales de desigualdad sociedad, condiciones como la carencia de educación, de empleo digno, salud, agua y alimentación, así como hábitat y vivienda precaria aumentan la posibilidad de eventos de violencia machista coincidiendo con los estudios de Benson et al. (2003), Abramsky et al. (2011) y Tapia (2023).

Cabe recalcar que la medida empleada es un indicador rezagado, da cuenta de la incidencia de la pobreza hasta once años después de la misma, a nivel agregado. Como se puede apreciar en la figura 4, el cambio en la tendencia con todos los controles sigue siendo estadísticamente significativo, ceteris paribus, la entrada en vigencia de la LOIV (2018) cambió la tendencia temporal permitiendo una contención de la tasa de femicidios por cada 100 mil habitantes. La estimación determina que, sin la ley, en el lapso del periodo en estudio los femicidios se hubiesen incrementado de 0.5 a alrededor de 1.2 por cada 100 mil habitantes.

Figura 4
Tasa de femicidios predicha sin y con LOIV con controles Intervalo de confianza al 95%
Fuente: elaboración propia

Entre los testimonios recogidos durante las entrevistas que se hicieron a las Casas de Acogida resulta pertinente señalar que las organizaciones contactadas recibieron de manera parcial o total fondos del Estado, prioritariamente de los GAD. Esto evidencia el despliegue presupuestario conforme a la LOIV, lo que es consistente con los hallazgos cuantitativos que muestran una estabilización en las tasas de femicidios tras la implementación de la ley.

Los testimonios destacan las diferencias culturales y socioeconómicas entre regiones, con provincias como Carchi en la Sierra, enfrentando contextos machistas arraigados que dificultan la aplicación de políticas de género. Una trabajadora de una Casa de Acogida en la provincia del Carchi, región Sierra, señala que, como parte del Plan de Ordenamiento Territorial del GAD, se encuentra contemplada la necesidad de atender a las mujeres que son víctimas de violencia, evidenciando la implementación del NIF en las políticas públicas locales. Sin embargo, la misma trabajadora señala que el contexto cultural y local de la provincia, en sus prácticas cotidianas, es bastante machista y esto impide el efectivo cumplimiento de la LOIV, un óptimo desarrollo y la potenciación de los servicios que ofrece la Casa de Acogida en la provincia.

Se encontró también que la efectividad del apoyo local, varía entre provincias, reflejando las disparidades en la capacidad institucional y económica. Por ejemplo, en la provincia de Orellana, región amazónica, la entrevistada señaló que la Casa de Acogida dejó de recibir financiamiento estatal y que dependen de donaciones de la sociedad civil, lo que refleja las dificultades adicionales en regiones con menores recursos. Esto se alinea con los resultados cuantitativos que muestran mayores tasas de femicidios en la Amazonía y la Sierra en comparación con la Costa. La pobreza y las carencias socioeconómicas, identificadas como factores significativos en el análisis cuantitativo, también se reflejan en los desafíos operativos mencionados por las trabajadoras entrevistadas.

El testimonio de una trabajadora de una Casa de Acogida en la Costa ecuatoriana, específicamente en las provincias de Santo Domingo y Manabí, refleja también la variabilidad en la capacidad del financiamiento estatal. En la Costa, las Casas de Acogida contactadas reciben apoyo parcial de los GAD, mientras que el resto de los fondos proviene de la autogestión. La entrevistada identifica la falta de voluntad política de los gobiernos locales y del Estado para enfrentar efectivamente la violencia de género, al mismo tiempo que existe una demanda creciente de servicios de protección para mujeres. Esto se manifiesta en la impunidad (Tapia, 2023) y la falta de acceso a una justicia equitativa para las mujeres víctimas de violencia. Desde la perspectiva del NIF, esta falta de voluntad política y de capacidades institucionales responde al hecho de que las instituciones están generizadas y operan dentro de estructuras patriarcales.

Un hallazgo interesante fue que todas Casas de Acogida contactadas funcionaban de manera previa a la publicación de la LOIV (2018), algunas inclusive desde la década de los noventa. Estas instituciones fueron creadas por la sociedad civil y redes de apoyo como respuesta a la violencia contra las mujeres, y sustentadas mediante recursos autogestionados y donaciones antes de contar con un marco legal. El trabajo de estas instituciones informales feministas ha desafiado las estructuras tradicionales del Estado, intentando generar un cambio en la dependencia del cambio institucional a través de la regenerización de las instituciones. Sin embargo, como se destaca en los testimonios, a pesar de las leyes, no hay voluntad política ni capacidad institucional para enfrentar la violencia de género ni para garantizar la justicia de género.

8. Conclusiones

La investigación confirma que la LOIV ha tenido un impacto positivo en la estabilización de la tasa de femicidios a nivel nacional, revirtiendo la tendencia creciente observada antes de su implementación. Esto sugiere que los cambios institucionales formales han influido en la reducción del cometimiento de este delito, alineándose con la premisa de que las instituciones importan y pueden cambiar el comportamiento humano. Pese a ello, los resultados también muestran que su implementación y cumplimiento varían significativamente a nivel subnacional. Aunque hay un efecto promedio de disminución en la tasa de femicidios, la aplicación desigual de la LOIV, en diferentes provincias, refleja diferencias en la capacidad institucional y la voluntad política de los GAD.

Las Casas de Acogida han recibido apoyo parcial del Estado, principalmente a través de los GAD, complementado con autogestión y donaciones. Sin embargo, la sostenibilidad financiera varía entre provincias, afectando la capacidad operativa de estas instituciones. La falta de voluntad política y los desafíos culturales y estructurales siguen siendo barreras significativas para la implementación efectiva de la LOIV. Las tasas de femicidios son más altas en regiones con mayores carencias socioeconómicas, subrayando la importancia de abordar desde una perspectiva interseccional las desigualdades estructurales para reducir la violencia de género, considerando las especificidades locales y las prácticas culturales machistas arraigadas.

La implementación de medidas institucionales, como la tipificación del femicidio y la promulgación de la LOIV, refleja un compromiso con el cambio institucional. Las redes de autocuidado y autogestión de la sociedad civil han sido fundamentales para enfrentar el femicidio, existiendo como instituciones informales antes de la LOIV y oficializándose con su entrada en vigor. No obstante, el apoyo Estatal sigue siendo limitado y la falta de un sistema de estadísticas sólido dificulta la investigación empírica.

A pesar de estas dificultades, la investigación sugiere que la LOIV ha contribuido a mitigar la violencia de género. Sin embargo, la pobreza y las condiciones culturales locales siguen siendo determinantes en la tasa de femicidios, con las provincias de la Sierra y la Amazonía presentando las tasas más altas. Esto subraya la necesidad de políticas subnacionales diferenciadas y específicas para cada región, que aborden las desigualdades estructurales y promuevan un entorno más seguro y equitativo para las mujeres en Ecuador.

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