Resumen: En Cuba, la vulnerabilidad social alimentaria (VSA) está matizada por situaciones como: el envejecimiento poblacional, el aumento de la mortalidad y los bajos ingresos, condicionantes de la desestructuración alimentaria. Lo anterior, evidencia la necesidad de introducir nuevas aproximaciones explicativas a esas vulnerabilidades, desde dimensiones prácticas ante los cambios poblacionales de la familia cubana. La investigación tiene el objetivo de valorar los elementos teóricos y metodológicos que configuran la construcción de dimensiones sociodemográficas para estudiar la VSA, municipio Santiago de Cuba. Para ello empleamos los métodos de la entrevista y la encuesta. Los resultados apuntan a la identificación de vulnerabilidades vinculadas al aumento del envejecimiento demográfico y los fallecimientos. Concluimos que la VSA requiere dimensiones sociodemográficas relacionadas con la exposición al riesgo, fragilidad y resiliencia familiar para explicar la desestructuración alimentaria.
Palabras clave: Vulnerabilidad social alimentaria, demografía, relaciones alimentarias, Cuba.
Abstract: In Cuba, social food vulnerability (SV) is nuanced by situations such as: population aging, increased mortality and low income, conditions of food destructuring. The above shows the need to introduce new explanatory approaches to these vulnerabilities, from practical dimensions in the face of population changes in the Cuban family. The objective of the research is to assess the theoretical and methodological elements that make up the construction of sociodemographic dimensions to study the VSA, Santiago de Cuba municipality. For this we use interview and survey methods. The results point to the identification of vulnerabilities linked to the increase in demographic aging and deaths. We conclude that VSA requires sociodemographic dimensions related to exposure to risk, fragility and family resilience to explain food destructuring.
Keywords: Social food vulnerability, demography, food relations, Cuba.
Vulnerabilidad social alimentaria en Cuba: apuntes teóricos y metodológicos para construir dimensiones sociodemográficas de estudio
Social food vulnerability in Cuba: theoretical and methodological notes to build sociodemographic dimensions of study

Recepción: 12 Noviembre 2024
Aprobación: 18 Abril 2025
Publicación: 02 Diciembre 2025
El actual contexto cubano está marcado por una complejidad de relaciones (económicas, sociales, asistenciales, solidaridad, género, conflictos, culturales y alimentarias) que integran o bien desestructuran el acceso a los alimentos de muchas familias a escala local. Al interconectarse dichas relaciones en el ámbito doméstico y familiar generan vulnerabilidades a nivel de los hogares, donde las relaciones económicas están estrechamente interconectadas por la variabilidad de precios, la distribución desigual de la asistencia alimentaria, la sobrecarga de la mujer en las tareas de preparación, elaboración, distribución y uso de los alimentos, así como los conflictos provocados por las transformaciones políticas, sociales y territoriales. Por tanto, esa vulnerabilidad social alimentaria emerge como un sistema complejo de relaciones y prácticas de desestructuración alimentaria que transforman la cotidianidad familiar en lo que se refiere a Cuba.
Sin lugar a dudas, la caracterización sociológica de muchas familias a escala local posibilita abordar los diferentes procesos, relaciones, comportamientos y significados que condicionan la seguridad alimentaria en los hogares cubanos. Estos elementos originan nuevas maneras de comprender dicha seguridad desde la generación de situaciones de vulnerabilidad alimentaria que transforman los modos de vida de las familias, matizado por la crisis de alimentos y las transformaciones del modelo económico cubano.
Dicha caracterización sociológica permite revelar las diferentes relaciones alimentarias que se producen y reproducen en torno al acceso, uso, estabilidad, disponibilidad, consumo, cuidado alimentario, sostenibilidad económica familiar y el trabajo doméstico de la mujer en su interconexión con el entorno social. A su vez, se exponen las diversas situaciones de vulnerabilidad social alimentaria que condicionan la seguridad alimentaria de individuos, grupos y familias, así como las consecuencias que estas situaciones provocan en el ámbito alimentario familiar. Algunos de los elementos tenidos en cuenta para la caracterización de las familias seleccionadas fueron los rangos de edades, ocupaciones, grupos a cuidar a nivel de las familias, situaciones de riesgo alimentario, factores condicionantes de la fragilidad alimentaria en los hogares, entre otros.
De manera particular en el contexto cubano, esta vulnerabilidad alimentaria se configura dentro de un marco socioeconómico condicionado por factores (externos e internos) como el persistente bloqueo económico, las secuelas de la Covid-19, el ordenamiento monetario, la reestructuración de los sistemas alimentarios locales, la inflación, el aumento de los precios, entre otros problemas (Rodríguez, 2023; Anaya y García, 2023). Todos estos factores tienen su expresión en el consumo de alimentos y los gastos experimentados por las familias cubanas.
La tendencia ha ido en aumento en los dos últimos años (2022 y 2023)1 a partir del complejo escenario geopolítico vigente, donde emerge la escasez de alimentos y su constante fluctuación de los precios. Esto se refleja en el actual Índice de Precio al Consumidor (IPC), un indicador socioeconómico que muestra los cambios de la cesta de bienes y de servicios, cuya variación en Cuba entre octubre de 2023 y abril 2024 mostró un aumento de 330.3 a 398 por ciento, respectivamente (ONEI, 2023a; ONEI, 2023b).
Los datos anteriores evidencian las condiciones de vulnerabilidad social alimentaria (en lo sucesivo, VSA) que marcan a las familias cubanas, teniendo en cuenta las actuales transformaciones económicas y sociales del territorio.2 Por consiguiente, el objetivo de esta investigación es valorar los elementos teóricos y metodológicos que configuran esa VSA en las familias de Santiago de Cuba, el segundo municipio con mayor población del país. La investigación introduce una nueva forma de estudiar esa vulnerabilidad en materia de alimentación, desde tres dimensiones: el grado de exposición a riesgos, los niveles de fragilidad o incapacidad de los hogares para enfrentarlos (o superarlos) y la resiliencia familiar alimentaria desarrollada por las familias y otros actores sociales.
Dentro de este panorama, la vulnerabilidad alimentaria se sitúa como una variable que transversaliza las interacciones sociales dentro de las familias. Este fenómeno genera cambios en las formas de vida de muchos hogares, lo que no se circunscribe a la problemática del acceso a los alimentos pues también comprende las relaciones marcadas por el cuidado alimentario, el envejecimiento poblacional, los estilos y costumbres alimentarias y los conflictos asociados a disfunciones estructurales, familiares, alimentarias, nutricionales y económicas.3 Es evidente que esta vulnerabilidad, con toda su complejidad, contiene diversas perspectivas de análisis que marcan su construcción sociológica para caracterizar las familias y el ámbito territorial estudiado.
Desde estas perspectivas en torno a la vulnerabilidad alimentaria, se sitúan los estudios teóricos de Marín, Santana, López y Magaña (2021), FAO-FIDA-OMS-PMA y UNICEF (2023), Rodríguez (2023) y Cardemil (2023). En el análisis a dicha vulnerabilidad, estos autores y organismos introducen algunas temáticas relacionadas con los factores (económicos, sociales, culturales o ambientales) que condicionan la inseguridad alimentaria, el riesgo emanado de estos factores y su incidencia en la satisfacción de las necesidades alimentarias, así como el insuficiente consumo y la disminución del acceso a los alimentos.
A nuestro juicio, estas investigaciones construyen la vulnerabilidad desde tres variables (factores, riesgos y accesos) que marcan el tránsito a la inseguridad alimentaria en tanto déficit o dificultad para alcanzar una alimentación segura. De igual manera, en esta línea teórica y metodológica al abordar las variables expuestas se asumen posturas más generales, sin explicitar indicadores que permitan medir el comportamiento de la vulnerabilidad a nivel de las familias. Por consiguiente, la caracterización se reduce a condiciones estructurales que limitan la comprensión de la dinámica existente en las relaciones alimentarias entretejidas en el ámbito familiar.
Otros enfoques muestran la configuración de la vulnerabilidad alimentaria a través de indicadores con una expresión medible en la realidad familiar. Aquí caben citar los siguientes indicadores: nivel de ingreso económico familiar, nivel de acceso a bienes y servicios, así como el apoyo de las redes familiares y sociales para acceder a los alimentos cuyo impacto en los hogares conduce a la pérdida del bienestar alimentario (Pasquier, 2017; Troncoso, Monsalve y Alarcón, 2022; Marín, Guambi, Vera y Ávalos, 2023; Domínguez, 2024).
Consideramos que, si bien en estas investigaciones aluden a factores de índole estructural, a su vez, revelan la desestructuración alimentaria a nivel de los hogares teniendo en cuenta indicadores mucho más específicos para el estudio de los comportamientos e interacciones originadas del nexo familia- entorno.
Lo anterior permite entender el contexto familiar como un entramado de eventos o sucesos adversos que sitúan a sus diferentes miembros en estados de indefensión alimentaria. Esto constituye una aportación significativa a la caracterización sociológica de las familias para profundizar en las dimensiones que distinguen la vulnerabilidad alimentaria, a partir de las particularidades de cada hogar. Sin embargo, a pesar de estas aportaciones, consideramos que se reducen a indicadores de índole económico con escaso análisis a otras variables donde se anexan identidades culturales, conflictos familiares, hábitos de desfamiliarización alimentaria, etcétera.
Ambas posiciones teóricas tienen como puntos coincidentes su aproximación a otras formas de medición de la vulnerabilidad alimentaria, utilizando tres dimensiones expresadas en la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa de las familias para enfrentarse a las contingencias del entorno socioeconómico. Cada una de ellas incorpora otro matiz a la comprensión de esta vulnerabilidad mediante la identificación de los grados de exposición a riesgos alimentarios, fragilidades de los sistemas familiares ante acontecimientos extremos, así como la autoorganización de estos sistemas para superar las crisis alimenticias. Las dimensiones descritas reflejan su complejo acoplamiento e interconexión a nivel micro; un espacio de profundas contradicciones y cambios causados por los efectos retroactivos de la conocida pandemia Covid-19.
Resulta oportuno señalar en esos estudios las aportaciones de Borges, Triana, Fornazier y Ladeira (2023), quienes aplican las dimensiones mencionadas al sector agroalimentario. Al referirse a esta temática hacen alusión a la vulnerabilidad vinculada a problemáticas como la erosión del suelo, desertificación, prácticas agrícolas agresivas, la disminución de la biodiversidad de los cultivos, entre otras. Conforme con este análisis, las investigaciones citadas conciben la vulnerabilidad agroalimentaria como situaciones adversas que exponen a grupos, familias y ciudadanos a padecer inseguridad alimentaria por falta de acceso físico y económico y derivadas de dichas condiciones.
Valoramos que este concepto de vulnerabilidad agroalimentaria no introduce grandes diferencias respecto a la vulnerabilidad alimentaria. Ambos contienen dimensiones de análisis similares. Sin embargo, el primero se ubica próximo a los factores que afectan el contexto agrícola (producción, elaboración, distribución y comercialización), mientras que el segundo analiza las situaciones que inciden en el ámbito alimentario a escala familiar (modos de vida, escasez de recursos y disponibilidad de alimentos). Las diferencias subrayadas demuestran la necesidad de incorporar una perspectiva sociológica encaminada a mostrar el entramado de relaciones sociales en los nexos macro y micro que, por un lado, condicionan la vulnerabilidad alimentaria y, por otro lado, reducen la capacidad de los hogares para alcanzar una seguridad alimentaria más sostenible.
En la misma línea temática se agrupan desde el contexto cubano investigaciones enmarcadas en el ámbito territorial como espacio físico y geográfico generador de fragilidades, inequidades y conflictos que conducen a la vulnerabilidad alimentaria familiar (Machado, Miranda, Sánchez y Lezcano, 2018; Basto, Martínez y Expósito, 2022; Domínguez, Soler, Jurado y Castanho, 2023). A su vez, estos estudios incorporan el enfoque nutricional y socio-antropológico en la alimentación haciendo énfasis en indicadores relativos; por ejemplo, a la preparación de los alimentos, las dietas y el nivel de proteínas según el consumo familiar.
Si bien las aproximaciones teóricas desde la realidad cubana sitúan las particularidades locales como un elemento distintivo de la vulnerabilidad alimentaria, dichas particularidades están condicionadas por factores económicos, sociales, geográficos e históricos. En torno a esta última cuestión, se establecen puntos coincidentes con los estudios analizados pues, los referentes cubanos también relacionan situaciones con factores que producen estados de indefensión o inseguridad en ciudadanos, grupos y familias para acceder de forma segura a los alimentos.
Asimismo, su diferencia más notable radica en la aportación del concepto “zonas de vulnerabilidad alimentaria estructural” (Basto, Martínez y Expósito, 2022; Domínguez, Soler, Jurado y Castanho, 2023). Este término es utilizado en Cuba para describir las comunidades, barrios y asentamientos cuyas condiciones físicas y sociales limitan la posibilidad de que muchas familias alcancen su seguridad alimentaria. Dicha vulnerabilidad es concebida a partir de indicadores como el hacinamiento, estado de la vivienda, problemas de infraestructuras, condiciones higiénicas del hogar, violencia doméstica, adicciones y desempleo (Domínguez, Soler y Vaillant, 2022).
Se aprecia que los indicadores propuestos constituyen una contribución significativa donde la vulnerabilidad no se reduce a las carencias en el acceso, uso, estabilidad y disponibilidad de alimentos, sino que incorpora variables de índole social como son el capital cultural alimentario y el capital social familiar. No obstante, estas variables fueron identificadas desde un marco estructural donde las problemáticas descritas son el resultado de fracturas en los sistemas alimentarios, económicos o del espacio institucional. Esta perspectiva estructural limita una mayor aproximación al orden simbólico, relacional y de comportamiento como producto social que emerge de los conflictos existentes en los nexos familia-red de oportunidades-seguridad alimentaria.
La vulnerabilidad alimentaria es un “producto social” resultante de la combinación entre elementos estructurales, representaciones colectivas, hábitos, costumbres, normas y significados que caracterizan la realidad alimentaria de las familias en un contexto socioeconómico y ámbito territorial determinado (Figura 1). Para esquematizar esta afirmación, se retoma la idea expuesta en párrafos anteriores donde se introducen las nociones conceptuales de la vulnerabilidad alimentaria a escala familiar.

Esta representación conceptual conlleva reconfigurar la postura analítica sobre la vulnerabilidad como un espacio complejo de producción de situaciones alimentarias adversas y extremas construidas de la interconexión e interrelación de factores macro y micro sociales. De ahí que “lo social” se constituya en un fundamento básico para comprender las diversas formas estructurales que cambian o transforman ese entramado simbólico familiar, constituido por las relaciones de consumo y el acceso a los alimentos.
Por consiguiente, el enfoque sociológico propuesto sintetiza las posturas anteriores e incluye la noción de vulnerabilidad social alimentaria con la finalidad de caracterizar las familias y el ámbito geográfico objeto de estudio. La elaboración teórica y metodológica de este concepto se nutre de las aportaciones de Katzman (1999) y del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CEPAL-CELADE, 2002), quienes postulan la VSA como un fenómeno complejo.
Katzman (1999) apunta a la disyunción o conflicto entre la estructura de oportunidades (Estado, mercado y las organizaciones) y los activos de las familias para acceder a esas oportunidades. Ambos niveles de interacción (macro y micro) se relacionan en la realidad social, pero tienen sus particularidades al concebir el tema de las vulnerabilidades. Por un lado, tenemos las estructuras objetivas condicionantes de la movilización de esos activos para solventar las situaciones y estados de indefensión familiar. Por el otro lado, la posesión de esos recursos depende de las posibilidades que diseñe, facilite y desarrolle ese marco de estructura de oportunidades en materia de bienes y servicios.
Sin embargo, la posesión de los recursos, así como la seguridad o inseguridad alimentaria generada por la estructura de oportunidades (instituciones estatales, organizaciones comunitarias y mercado) se retroalimentan a través del flujo comunicativo de significados, decisiones y comportamientos que impactan en el sistema de relaciones familiares. Esos nexos recíprocos muestran que la ausencia de activos a nivel de los hogares no solo es resultado de la incapacidad de éstos para renovar o sostener sus funciones económicas y socializadoras hacia la integración social alimentaria, sino que también esas vulnerabilidades emanan de fragilidades en la coordinación, cooperación y sensibilidad del sistema de oportunidades dirigido a garantizar la Seguridad Alimentaria Familiar (en lo sucesivo, SAF).
Los enfoques teóricos propuestos en el esquema anterior (Figura 1) contienen tres dimensiones sociodemográficas (grado de exposición a los riesgos, niveles de fragilidad o incapacidad de los hogares para enfrentarlos, resiliencia familiar alimentaria) que permiten explicar la autoorganización de la VSA como situación compleja. Dichas dimensiones comprenden los diversos riesgos (sociales, económicos, culturales, ambientales y demográficos) a los que se exponen determinados sistemas, individuos o grupos, la incapacidad de éstos para enfrentarlos y la inhabilidad de adaptación ante eventos o circunstancias críticas o difíciles (CEPAL-CELADE, 2002). La relación existente entre esas tres dimensiones requiere analizarlas no de forma aislada sino compleja, a partir de su acoplamiento e interdependencia donde emerge la vulnerabilidad como una realidad muy específica.
A los efectos del estudio en cuestión, se plantea como VSA a las situaciones o condiciones que provocan desajustes en las relaciones alimentarias asociadas no solo con la carencia de activos, solidez del capital social familiar y el capital cultural alimentario, sino también con la inestabilidad en la red de estructura de oportunidades para acceder de manera segura a bienes y servicios de alimentación. Esta vulnerabilidad se autoproduce en las interconexiones macro-micro (territorio-familia), definiendo su autoorganización mediante las interdependencias producidas entre: i) el grado de exposición a los riesgos, ii) los niveles de fragilidad o incapacidad de los hogares para enfrentarlos (o superarlos) y iii) la resiliencia familiar alimentaria desarrollada por los actores sociales.
La primera de estas dimensiones sociodemográficas alude a diversas circunstancias, hechos, procesos o estados que sitúan a personas, familias y grupos en posiciones de desventaja para acceder a la red de estructura de oportunidades en materia de alimentación. La segunda comprende el nivel de incapacidad de los hogares para resistir o adaptarse a las transformaciones del sistema alimentario en cuanto al acceso, estabilidad, disponibilidad y consumo, produciendo desajustes en sus prácticas cotidianas y modos de vida. Por último, la tercera suscribe la capacidad generada por las familias para sobreponerse a los cambios del entorno social, lo que incluye la producción y reproducción de prácticas novedosas en cuanto al uso, distribución y organización de la alimentación al interior del hogar.
Como aportación a los estudios sociológicos de la seguridad alimentaria familiar, las dimensiones descritas en esta concepción posibilitan obtener una mayor amplitud en cuanto a la medición de dicha vulnerabilidad a través del conocimiento de los modos de vida, prácticas, saberes y costumbres producidos y reproducidos en el espacio familiar. Asimismo, estas dimensiones muestran las situaciones de desestructuración alimentaria resultantes de conflictos o fracturas en las relaciones establecidas tanto en el ámbito doméstico como en la red de estructura de oportunidades. Esta última está conformada por actores individuales o colectivos que facilitan el aprovechamiento de los bienes, servicios u otras actividades relacionadas con la distribución, disponibilidad y estabilidad de los alimentos.
En esta investigación se emplearon como métodos y técnicas de investigación la observación científica, la encuesta y la entrevista en profundidad. La observación científica contribuyó al fortalecimiento de esa información estandarizada, a través de la identificación en la realidad concreta de las condiciones sociales, económicas y culturales generadoras de dichas condiciones de vulnerabilidad.
De igual manera, la encuesta se desarrolló con la finalidad de obtener información estandarizada sobre la situación existente en las familias analizadas, respecto a su vulnerabilidad social alimentaria. Para la implementación del cuestionario se seleccionó una muestra de 301 hogares que integran la población de 168,600 familias en el municipio de Santiago de Cuba (ONEI, 2023b). La elección de la muestra se realizó con un error muestral de diez por ciento y un nivel de confianza de 95.57 por ciento. Esta selección se efectuó sobre la base de las características del muestreo probabilístico. En especial, destaca el muestreo al azar donde su condición fundamental se expresa en la idea de que todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos para constituir los elementos de la muestra (Alvira, García, Goode, Hatt, Ibarra, Sanmaretin e Isabel, 2005; Hernández, Fernández y Baptista, 2006).
Por último, la entrevista en profundidad se efectuó a 25 familias de este municipio, cuyas relaciones alimentarias producen y reproducen prácticas sociales de desestructuración en torno a los alimentos. Para elegir las familias empleamos el muestro intencional opinático, donde el criterio estratégico (Ruiz, 1999) seleccionado se ubicó en la situación de vulnerabilidad social alimentaria de algunos hogares. Es importante subrayar que este criterio también incluyó las valoraciones de la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social (2023) del municipio Santiago de Cuba.
Dentro de esa situación sobresalen las condiciones de hacinamiento y accesibilidad a los alimentos, la precariedad en su modo de vida y en las condiciones de infraestructura de las viviendas, el nivel de ingreso económico, los conflictos en las relaciones sociales, la presencia de grupos vulnerables, las mujeres al cuidado en solitario de estos colectivos, la fragilidad de la inserción laboral, así como de las redes de apoyo social y familiar.
En este sentido, los resultados obtenidos por esta investigación podrían generalizarse a otros contextos territoriales del país, con pocas diferencias según las condiciones socioculturales y económicas. Aquí resalta la importancia de las dimensiones identificadas (grado de exposición a riesgos; nivel de fragilidad o incapacidad de los hogares y la resiliencia familiar alimentaria) para las políticas públicas, en tanto posibilitan evaluar el comportamiento de la vulnerabilidad social alimentaria a nivel familiar, lo que dinamizaría las acciones locales en función de reducir este problema.
La investigación realizada en 2023 en el municipio Santiago de Cuba (Cuba) sobre la SAF permitió revelar las diversas formas de organización de las relaciones alimentarias matizadas por el acceso, uso, estabilidad, disponibilidad, consumo, cuidado alimentario, sostenibilidad económica familiar y el trabajo doméstico de la mujer en su interconexión con el entorno. Todo ello estuvo encaminado a caracterizar las familias seleccionadas desde el plano sociológico a partir de las dimensiones expuestas en párrafos anteriores.
Cada una de estas familias pertenece al municipio Santiago de Cuba, territorio elegido en la investigación, a partir de que constituye la capital de la provincia (del mismo nombre). La población del municipio es de 507,167 habitantes, la mayor de la provincia (1,037,339 hab.), convirtiéndose en el segundo municipio en peso demográfico de Cuba (Figura 2). Este municipio presenta un notable grado de envejecimiento, 21.7 por ciento, algo superior a la provincia (20.9 por ciento) (ONEI, 2023a y 2023b). Estas características muestran la complejidad social del territorio para la atención de la vulnerabilidad alimentaria a escala local.
La caracterización realizada tuvo como principal objetivo fundamentar el comportamiento de la vulnerabilidad social alimentaria en base a dos perspectivas de análisis: una general que comprende a diferentes familias cuya dinámica relacional no está marcada exclusivamente por situaciones extremas en materia de alimentación. Otra más particular, está enfocada en hogares donde estos nexos familiares se encuentran afectados por condiciones críticas de VSA.
Atendiendo a la primera perspectiva, los rangos de edades predominantes en las familias encuestadas se ubican en: 35-39 (11.6 por ciento), 60-65 (15.3 por ciento) y 66 o más (19.9 por ciento) (Figura 3).
Estos dos últimos rangos demuestran la tendencia al envejecimiento poblacional presentes en muchos hogares cubanos a partir del aumento de personas mayores. Dicho grupo social requiere no solo de atención en materia económica, de salud, bienestar psicológico, físico y de socialización, asistencia de movilidad, fomento de capacidades, planificación patrimonial, sino también de un mayor cuidado alimentario. En este sentido, los datos obtenidos revelan entre las ocupaciones más significativas a la madre cuidadora (11.6 por ciento), que ocupa el tercer lugar respecto al obrero (18.9 por ciento) y los jubilados (16.3 por ciento) en la muestra encuestada (Figura 4).
Lo anterior evidencia, por una parte, la población de personas mayores que se exponen a diversas situaciones de riesgo. Los resultados de las preguntas abiertas del cuestionario aplicado reflejan algunos de estos riegos, por ejemplo: escasez de recursos en el hogar, aumento de los precios, dificultades en los suministros de alimentos y productos básicos, así como la inadecuada elaboración de los alimentos.


Por otra parte, el trabajo no remunerado que realizan las mujeres en función del cuidado incrementa la vulnerabilidad social de éstas, pues junto al envejecimiento (22.9 por ciento cuidan a personas mayores), se suma el tiempo dedicado a la atención de niños (36.2 por ciento), personas en situación de discapacidad (15 por ciento), adolescentes (siete por ciento) y embarazadas (1.3 por ciento) (Figura 5).

Dentro de este marco de la vulnerabilidad social alimentaria, la exposición de las familias estudiadas a situaciones de riesgo también está relacionada por el acceso (77.4 por ciento), la utilización (64.7 por ciento), las condiciones de fragilidad alimentaria (55.8 por ciento) y la estabilidad de los alimentos (47.8 por ciento) presentes en dichos hogares (Figura 6). Todos ellos expresaron conflictos derivados de la pasada pandemia Covid-19, la situación inflacionaria, los vaivenes de la economía cubana y las carencias todavía existentes en los sistemas alimentarios locales respecto a la producción, elaboración, distribución y comercialización de los alimentos.
En consecuencia, se evidencia el debilitamiento de las relaciones establecidas en la red de estructura de oportunidades matizado por la escasa comunicación entre el mercado y las instituciones estatales, las irregularidades en la distribución alimentaria a escala local y los episodios de crisis en la cadena de suministros de alimentos. Las respuestas a las preguntas abiertas del cuestionario exponen criterios como la limitada correspondencia entre precios-salarios y el insuficiente control en el suministro de alimentos a los centros estatales.

Según el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) de Cuba, el ritmo de importaciones que desarrollan las formas de gestión no estatal se incrementó a 80 millones de dólares en los meses de abril y mayo de 2023. Con esta tendencia, el país superará la cifra de más de mil millones en importaciones durante 2023 (Figueredo, Arce, Fuentes, Extremera y Peregrín, 2023). Valoramos que dicha situación impacta en la producción de alimentos a nivel local, donde existe un incremento en la comercialización (a muy altos precios) de bienes y productos importados por actores económicos como las MIPYMES. Éstos han emergido en el escenario socioeconómico cubano con fuerte capacidad de compra e importación, y limitada generación productiva en materia de alimentos para dinamizar la soberanía y seguridad alimentaria dentro del contexto territorial.
Vinculado a estos riesgos, se encuentra la fragilidad o incapacidad de los hogares para enfrentarse a las problemáticas derivadas de la actual crisis alimentaria. A partir de este escenario, dichas fragilidades se construyen en un entramado familiar donde subyacen inestabilidades económicas (61.1 por ciento), sobrecarga de la mujer en la gestión de alimentos (60.8 por ciento) y el cuidado (55.5 por ciento), debilidades en las redes de apoyo familiar (51.5 por ciento) y situaciones de precariedad (51.5 por ciento) (Figura 7). Esta característica visibiliza las fisuras en las relaciones familiares para solventar necesidades y preferencias alimentarias, atendiendo a los recursos o activos que movilizan estos hogares en materia de seguridad alimentaria.

Cabe señalar que la ausencia de estos activos (ingreso económico, solidez del capital social familiar y mayor equidad de género) muestra el grado de susceptibilidad del ámbito doméstico ante problemáticas complejas del entorno social. Algunas de estas problemáticas apuntan a la carencia de redes de apoyo social (76.1 por ciento), la fluctuación de los precios (75.7 por ciento) y variabilidad de los alimentos (69.8 por ciento) (Figura 8). Su impacto en la dinámica de muchas familias conlleva a desestructuraciones en el orden alimentario expresadas en prácticas sociales y simbólicas cuya materialización se muestra en la ruptura de normas de alimentación, insuficiente calidad de los alimentos consumidos, así como en la pérdida de la cultura alimentaria a nivel familiar y local.

A partir de los resultados anteriores, afirmamos que, frente a estos desajustes a nivel de los hogares, las familias estudiadas asumen la resiliencia alimentaria como respuesta social (individual o colectiva) de adaptación o readaptación cotidiana a la crisis. Esta capacidad desarrollada por los hogares está vinculada no solo a una mayor cooperación por parte de los miembros de la familia, sino también de la autoorganización comunitaria (instituciones y organizaciones sociales) ante la crisis actual de alimentos.
Por una parte, en el ámbito doméstico se evidencia la generación de relaciones familiares sólidas que permiten sostener la alimentación (54.8 por ciento), así como el reforzamiento de la agricultura familiar. Por otra parte, a escala comunitaria las expresiones de resiliencia tienen su manifestación en el diseño de servicios de mensajería para atender a los grupos en situación de vulnerabilidad (35.2 por ciento), una práctica emergida con fuerza durante el pasado contexto pandémico (pandemia Covid-19) (ambos resultados fueron obtenidos de las encuestas realizadas a las familias).
Esta forma de capital social comunitario, expresada en los servicios de mensajería respecto a la distribución de alimentos, permitió atender y proteger a muchos grupos en situación de vulnerabilidad (por ejemplo, las personas mayores) durante la Covid-19. Sin embargo, actualmente, dicha práctica de integración social alimentaria no ha tenido la misma sostenibilidad en el tiempo, a pesar de emerger como una red alimentaria alternativa y forma tangible de la economía social y solidaria, encaminada a fortalecer las relaciones de alimentación en el contexto local.
Como proceso de adaptación o readaptación de los sistemas y sus estructuras, la resiliencia familiar se constituye en un sistema complejo de relaciones sociales cuyos vínculos adoptan los sentidos de solidaridad, colaboración, innovación, sostenibilidad, asistencia, protección, entre otros. Dicho sistema de relaciones, se fortalece con el capital social inscrito o generado en ese espacio sociocultural de convivencia colectiva donde el acoplamiento estructural permite absorber las contingencias del entorno alimentario. Lo expuesto anteriormente se traduce en prácticas de reafirmación familiar4 donde los actores sociales movilizan activos y recursos para reafirmar sus valores, significados, normas e identidad que posibiliten superar las dificultades presentes a nivel macro y micro social.
Desde esta dimensión de la VSA, señalamos la concepción de Katzman (1999) sobre la estructura de oportunidades; un término referido a la probabilidad de acceder a bienes, servicios y actividades. Ese marco de oportunidades incide en el bienestar de los hogares, en tanto posibilita el uso de recursos propios, así como la provisión de éstos. Sin embargo, la disyunción producida entre la posesión de activos y el acceso a la estructura de oportunidades alimentarias, no solo origina vulnerabilidad sino también subraya una oportunidad para organizar estrategias de resiliencia. Por ello, la aplicación de la noción estructura de oportunidades reduce las retroacciones, recursividades y cambios generados en las relaciones establecidas entre los actores sociales (Estado, mercado privado, así como las organizaciones comunitarias) que configuran el acceso, estabilidad y disponibilidad de los alimentos.
A nuestro juicio, es necesario concebir la estructura de oportunidades como una red entretejida de interacciones entre actores individuales y colectivos. El enfoque contempla los nexos recíprocos de estos actores a través de diversos vínculos (ayuda, solidaridad, cooperación, afectos, familiares, entre otros). Esos lazos sociales permiten la transmisión de información, el acceso a bienes y servicios, así como la materialización de procesos de integración social en diferentes ámbitos de la sociedad; por ejemplo, el empleo, la salud, la protección y la alimentación, por solo citar algunos.
El propósito de esta red de oportunidades (en el caso particular de la VSA) se encamina no solo a proveer de recursos a las familias para el acceso seguro a los alimentos, sino también a que éstas puedan hacer uso de sus activos (capital) en función de satisfacer las necesidades alimentarias de sus miembros. Los diferentes actores insertos en la red de estructura de oportunidades se entrelazan mediante vínculos como: asistenciales, económicos, seguridad social, empleo, igualdad, entre otros. Todo ello con la intención de organizar acciones de resiliencia alimentaria que ayuden a los hogares afectados por la vulnerabilidad, dotándolos de activos, bienes y servicios que favorezcan la formación de capacidades para enfrentar la crisis.
En este orden micro o familiar, la segunda perspectiva alude a las entrevistas en profundidad aplicadas a familias cubanas en situación de VSA. De manera general, se aplicaron 11 entrevistas donde el promedio de edad dominante es de 66 o más. Éste es un dato interesante que corrobora lo expuesto en párrafos anteriores respecto a la atención de este grupo poblacional en materia de cuidado alimentario.
Luego de triangular los resultados de las entrevistas a estas familias y la observación realizada, se ha podido delimitar algunas de las características particulares que las exponen a situaciones de VSA. Éstas son: el tipo de familia, la tipología de las viviendas, el ingreso económico familiar, el desconocimiento del Sistema de atención a las familias, entre otros. Según los resultados de la observación realizada, las familias predominantes son las familias extendidas (familias formadas por gran cantidad de miembros; en concreto: “seis”) principalmente con madres numerosas y las familias integradas por un solo miembro (en este caso, adulto mayor).
Por un lado, las primeras afirmaron en la entrevista que la presencia de hacinamiento y conflictos familiares afectan no solo las relaciones interpersonales entre los diferentes miembros, sino también influyen en la toma de decisiones respecto al acceso, utilización, preparación, distribución y consumo de los alimentos al interior del hogar. Por otro lado, las segundas familias compuestas por una sola persona aludieron como principales problemas respecto a su seguridad alimentaria: la escasez de recursos económicos para acceder a los alimentos, el aumento de los precios, la insuficiente atención recibida por parte de los trabajadores sociales, entre otras.
A pesar de que algunas de estas familias (cinco entrevistas) son priorizadas por la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (DPTSS) y reciben una atención diferenciada teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad, aún son limitados los avances hacia una atención más focalizada a las necesidades (principalmente alimentarias) de estas familias. En este sentido, se han obtenido progresos en la identificación de familias en situación de vulnerabilidad social con características particulares y requeridas de ayuda del gobierno cubano. Sin embargo, es preciso enfatizar en los instrumentos metodológicos utilizados para lograr propuestas más sólidas, por ejemplo: la Encuesta de Presupuesto de Hogares (EPH), la Encuesta de Consumo de Alimentos (ECA), el Índice de Estrategias de Afrontamiento (IEA), el Enfoque de Economía de Hogares (EEH) y la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA).
No obstante, todavía es insuficiente el empleo de estos instrumentos metodológicos a instancia familiar y comunitaria, por lo que su dinamización se hace imprescindible con la finalidad de medir el comportamiento individual o colectivo hacia el acceso, uso y consumo de los alimentos, además de profundizar en la caracterización e identificación de las problemáticas respecto a la vulnerabilidad social alimentaria.
Aquí destaca la vulnerabilidad sociodemográfica, una situación que contradice las aseveraciones de investigadores cubanos (Pat, Nahed, Téllez, Calderón y García, 2012; Machado, Miranda, Sánchez y Lezcano, 2018; Basto, Martínez y Expósito, 2022), al circunscribir el ámbito físico y geográfico, entre las causas de fragilidades e inequidades que provocan vulnerabilidad alimentaria familiar. Conforme a este enfoque, urge destacar la vulnerabilidad sociodemográfica que experimenta la familia cubana, situada en las variables de envejecimiento y fallecimiento. Ambas tienen un impacto significativo en la seguridad alimentaria a escala local, pues reducen los recursos laborales (o fuerza de trabajo) indispensable para impulsar la soberanía alimentaria.
Los últimos datos ofrecidos por la ONEI, al cierre de 31 de diciembre de 2023, suscriben que la población de Cuba es de 10,055,968, 10.1 por ciento menor a la que tenía el 31 de diciembre de 2020 de 11,181,595 habitantes (ONEI, 2024). En el caso específico de Santiago de Cuba, aunque todavía está por encima de otras provincias, su población se situó en 985,655 habitantes; ya por debajo del millón de personas que históricamente ha tenido (Figueredo, Héctor, Extremera, Carmona y Padrón, 2024).
Los números ofrecidos por la ONEI (2024), revelan los cambios actuales de la dinámica demográfica en Cuba, donde el decrecimiento natural de la población ha estado condicionado por la tendencia al aumento de los fallecimientos y la disminución de los nacimientos. En el periodo del 2021-2023, los nacimientos se situaron en 284,891, mientras que los fallecimientos apuntaron a un notable crecimiento (405,512), en igual etapa (2021-2023) (Figueredo, Héctor, Extremera, Carmona y Padrón, 2024).
Por otra parte, el envejecimiento también tiene su connotación en la vulnerabilidad sociodemográfica dentro de la seguridad alimentaria. Casi un quinto de la población del país (24.4 por ciento) tiene 60 años, profundizando la cantidad de personas mayores en relación con los niños(as) de 0-14 años. Este índice de envejecimiento alcanza la cifra de 1,511, indicando que por cada mil niños de 0-14 años a escala nacional, existen 1,511 personas mayores de 60 años o más (Figueredo, Héctor, Extremera, Carmona y Padrón, 2024). Las circunstancias demográficas descritas manifiestan riesgos de acceso, elaboración, preparación y uso de los alimentos en el cuidado de las personas mayores, demandando de mayor atención institucional al nivel de exposición a riesgos e incapacidad (grado de susceptibilidad) de este grupo social para enfrentarlos.
El descenso de la población en Cuba conllevará a modificaciones en la fuerza laboral encargada de fortalecer el Plan de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Educación Nutricional. Además, se requerirá de mayor ajuste o acoplamiento estructural de las familias para atender a los grupos vulnerables, ante una población que actualmente está por debajo de los diez millones de habitantes (Figueredo, Héctor, Extremera, Carmona y Padrón, 2024).
Respecto a la tipología de las viviendas objeto de estudio (cinco interiores, cinco casas y un apartamento), se constató a través de la observación que existen problemáticas en cuanto a la higiene del hogar, la iluminación, ventilación y estado constructivo de las viviendas. La mayoría de éstas no cuenta con equipos para la cocción adecuada de los alimentos.
Aunque no representa la mayoría, se pudo evidenciar como muestra de una buena práctica asumida por algunas de estas familias, la creación de patios productivos para su autoabastecimiento y consumo. A nivel de las comunidades se comprobó la existencia (o presencia) de instituciones sociales y de salud tales como: hospitales, bodegas, mercados, consultorios médicos y escuelas, lo que permite a estas familias tener acceso a ellas. Sin embargo, se evaluó (mediante la observación) la calidad de la infraestructura existente, lo que evidenció problemáticas como: roturas en los servicios hidráulicos, alcantarillados defectuosos, calles sin asfalto, aceras en mal estado, entre otras. De manera general, estas insuficiencias forman parte del entramado de situaciones de vulnerabilidad social que enfrentan estas familias y por ende aumentan su riesgo a padecer inseguridad alimentaria.
La realidad cubana estudiada a través de un significativo municipio (la segunda ciudad y municipio del país) reveló la construcción de la vulnerabilidad social alimentaria a partir de conflictos asociados al acceso, uso, estabilidad, disponibilidad, consumo, cuidado alimentario, sostenibilidad económica familiar y el trabajo doméstico de la mujer. Esta investigación permitió la caracterización sociológica de las familias seleccionadas en el municipio Santiago de Cuba desde su situación de VSA a partir de tres elementos: el grado de exposición a los riesgos, los niveles de fragilidad o incapacidad de los hogares para enfrentarlos y la resiliencia familiar alimentaria. Dichos elementos sirvieron de base para la concreción de estos resultados investigativos.
Las dimensiones sociodemográficas descritas constituyen herramientas metodológicas en función de identificar, evaluar y monitorear la VSA a escala local. Dichas acciones tienen significación para el Plan de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional implementado en Cuba, pues permiten no solo la focalización de los hogares en condiciones de riesgo alimentario sino también el diseño de estrategias de resiliencia y cambio de las relaciones de alimentación según las características socioculturales y demográficas de esas familias. Ello incluye la necesidad de impulsar las prácticas de integración social alimentaria a nivel del hogar y la comunidad con la finalidad de transformar los hábitos, modos de vida y significados generadores de comportamientos disfuncionales en torno al acceso, elaboración, distribución y uso de los alimentos.
Dicha vulnerabilidad social alimentaria como fenómeno complejo, se autoproduce en torno a diversas prácticas de desestructuración; entre ellas: la desfamiliarización alimentaria, comportamientos alimentarios disfuncionales, la carencia institucional y el reforzamiento de las diferencias (desigualdades de género). En esta última, la mujer asume un rol significativo respecto al hombre, teniendo en cuenta las horas que ellas dedican al cuidado alimentario, así como a las actividades de elaboración, preparación y distribución de los alimentos. Todo lo anterior muestra que esa vulnerabilidad subyace en un contexto de crisis alimentaria donde las políticas públicas locales requieren reforzar la asistencia y protección alimentaria de las entidades (estatales y privadas), además de la solidaridad comunitaria.
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Incorporar 116 nuevas hectáreas para los cultivos varios, desde la ampliación de polos productivos a escala local.
Incremento de las producciones de vegetales y hortalizas con los programas de agricultura urbana, suburbana y familiar.
Incrementar y diversificar las producciones locales de alimentos, teniendo en cuenta los recursos endógenos.
Incorporar fuerza femenina en la dirección de cooperativas y empresas.






