Introducción

La participación social la abordamos como una posibilidad de configuración de nuevos espacios para la confluencia de diversos actores, con múltiples percepciones, interés y roles y con la convicción de que el juicio de los legos (ciudadanos) suelen ser tan razonable y pertinente como el de los expertos (gestores, científicos, políticos, entre otros) (Gallopin y Vessuri, 2006). Estudiamos la participación a la par de concepciones de la gobernabilidad (Berkes, 2008), de las acciones colectivas y los autogobiernos (Ostrom, 2000), en un momento en que estos procesos y sus modos de acción local (nacional) son parte de un fenómeno en dispersión con incidencia en la región, producto de las estrategias y dinámicas particulares que aparecen en transición en los países latinoamericanos en las últimas décadas (Goldfrank, 2001; Dussel, 2006: Rafuls y Valdez, 2011; Morales, 2012; Tarragoni, 2013; Coraggio y Laville, 2014; Lupien, 2015).

Ocupándonos del caso venezolano, la participación ha surgido como una política pública para la inclusión social (El-troudi et al., 2005), reconociendo así nuevos derechos y deberes de los ciudadanos y movimientos sociales como una interpretación de una sociedad plural a partir de la democracia participativa y protagónica del Modelo Socialista de Chávez^[1]. Esto ha buscado introducir a la sociedad civil en los asuntos públicos (Mato et al., 2011): interviniendo, orientando y reproduciendo formas emergentes y complementarias para los procesos de planificación y gestión comunitaria. Procesos inéditos de interacción social en la manera en la que han podido lograr acuerdos para la acción y la inclusión de conocimientos plurales, pese a divergentes lógicas culturales, territoriales y hasta políticas – ideológicas, en una suerte de transformación política que se ha sustentado en un novedoso esquema arquitectónico jurídico e institucional. Este proceso se aproxima a lo descrito por Dussel, (2006:93) cuando se reproduce una transmutación radical del sistema político con respuesta a las interpelaciones de los excluidos, a modo de proponer una nueva manera de ejercer una redistribución del poder con instituciones de participación (de abajo hacia arriba) con interfaces en las instituciones de representación política (de arriba hacia abajo).

Todos estos elementos en la práctica han buscado superar obstáculos en los diferentes momentos y escenarios, entre ellos la falta de percepción individual y colectiva de la misma conceptualización de la participación ciudadana a partir de la corresponsabilidad como objetivo emergente para el surgimiento del Poder Popular (PP)^[2] y el Empoderamiento (producto de la redistribución del poder) que son los dinamizadores discursivos de la práctica política en la actual Venezuela. Este documento busca reconstruir además las estrategias recurrentes implementadas para enfrentar los desafíos de la transformación socio-institucional emprendida desde 1999. Reflexionaremos en la manera en que este fin ha sido parte de una acción política bien definida del gobierno bolivariano, a través de la organización comunitaria en el país; que se ha combinado con las prácticas cotidianas de los grupos sociales, con patrones, vínculos históricos, productivos y en términos de ocupación y uso del espacio territorial.

Así, el discurso de la revolución ha resaltado que la organización de la sociedad civil venezolana para gestionar bienes y necesidades comunes era invisibilizada, aunque siempre ha existido; tanto en los sectores populares en las urbes (para superar la carencia de infraestructuras y servicios públicos), como en los espacios rurales de campesinos y pescadores (resultado de las prácticas productivas), y en las comunidades indígenas (como estructuras políticas fundamentadas en los usos, las costumbres y la tradición colectiva; familiar o comunitaria).

Esta configuración organizativa no homogénea y conflictiva de los grupos humanos fue palpable en el accionar del presidente Chávez, desde su aparición en la escena política y ha sido el fundamento desde 1998 de sus triunfos electorales. Fuerza que facilitaría en 1999 convocar a un proceso constituyente; que ha venido transformando el país desde hace diecisiete años con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Cimiento que en los años sucesivos reformularían e incidirían en las políticas públicas e inclusive en el mismo ejercicio ideológico de la Revolución Bolivariana. Paulatinamente a estos procesos se le sumaron experiencias puntuales para el surgimiento y progresivo empoderamiento de nuevas organizaciones comunitarias para la cogestión en las políticas públicas: entre ellas las Mesas técnicas de agua, los Comités de tierras urbanas y rurales, los Movimientos sociales, y las Organizaciones Indígenas (Arconada, 2005; Simoza et al., 2006; Arvelo, 2012).

Pero es hasta el 2005 que el Estado fomenta la organización comunitaria en Consejos Comunales (CC) a una mayoría de la sociedad civil que jamás había incursionado en prácticas de acciones colectivas formales para autogestionar sus condiciones de vidas objetivas y subjetivas. Es con la propuesta de la Ley Especial de CC, (LECC), en ese mismo año que se fueron constituyendo estructuras y formas de organizaciones comunitarias. Posteriormente fue normado su funcionamiento y estructura cuando se aprobó la LECC en abril de 2006, dando así inicio a un complejo y continuo aparataje normativo que permitió un novedoso rediseño socio-institucional, que desde ese momento ha generado innumerables prácticas y percepciones: tanto en las comunidades como en la misma institucionalidad gubernamental. Todos actores que han tenido que ajustar sus prácticas con la reformulación de las políticas de gobierno y demás acciones que se han implementado en los años sucesivos.

Los CC son reconocidos en el ámbito de la revolución como el Legado del Comandante Chávez y en otros espacios como la figura protectora de la propiedad privada. En sí, son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y de ciudadanos (Asamblea Nacional, 2006). Sobre estas organizaciones se han escrito desde diferentes esferas, en lo académico autores como García-Guadilla (2008); Lovera (2008); Vargas (2010); Goldfrank (2011); Wiesenfeld y Sánchez (2012) y Cicerón (2012), han revisado el tema estructurando diversos argumentos valorativos. Esta diversidad de estudios se ha centrado en el CC como instancia de gestión y/o como un colectivo ideológico vinculado a la Revolución Bolivariana.

Rescatamos de estos estudios dos planteamientos que responden a una dimensión poco estudiada referida a las “transformaciones socio-institucionales” que se construyen y ocurren en el país; i) lo mencionado por Lovera (2008:21), sobre la articulación de los mecanismos de participación que “requiere[n] de una red compleja de instituciones capaces de ser sensibles a la diversidad y heterogeneidad del tejido social” y ii) la referencia que unos años después hizo Goldfrank (2011:44), sobre la configuración institucional, resaltando los “cambios constantes en el nombre del ente rector” de los CC. En ambos casos podemos afirmar que sus planteamientos obedecen y han sido parte del mismo escenario en transición y construcción para la participación ciudadana o el ejercicio del Poder Popular en Venezuela.

Con este papel me ocuparé del tema, estudiando su implementación a partir de las acciones colectivas y las prácticas políticas y ciudadanas, resultantes de una arquitectura normativa-institucional construida por iniciativa del Estado, mediante la reconstrucción de los procesos emprendidos; que incluyen los encuadres discursivos, jurídicos y socioinstitucionales. Estrategias que han permitido nuevas formas y relaciones de poder político y social, en donde los CC y otros sistemas de organización ciudadana que revisaremos posteriormente se han convertido en actores clave.

Metodología

Este artículo se preparó a partir de un complejo estudio empírico cualitativo vinculado a tres proyectos multi–disciplinarios^[3]. El diseño metodológico fue adaptativo (Kok y Veldkamp, 2011) que combinó un trabajo etnográfico con la investigación - acción - participativa, donde el rol de participante -observador asumido por el investigador (Anguera, 1995) fue importante durante las salidas de campo en la región Guayana entre 2007 – 2015. También los diversos tipos de registros a escalas temporales sirvieron para triangular los datos suministrados por los informantes clave (64 entrevistas y 14 comunicaciones personales) y los discursos que se desprendieron de: 17 reuniones en espacios de articulación (comunidades – instituciones), dos talleres multi-actores y cuatro talleres con científicos de las ciencias sociales y naturales. Se generaron matrices que fueron graficadas con el software de análisis de redes sociales Unicet y NetDraw (Borgatti, 2002), con base a las interacciones de los actores participantes en seis niveles de acción: comunitario, municipal, estadal, regional, nacional e internacional, aunque para este escrito no se hará énfasis en el último. Esta propuesta buscó generar elementos para analizar las formas en que se construyeron las redes y los nodos de acción y relaciones de poder (Grau, et. al., 2010) entre los actores que intervienen en las políticas públicas.

El andamiaje jurídico y la arquitectura socioinstitucional venezolana

La República de Venezuela es un Estado Federal descentralizado. Su estructura interna organizativa o Entidades Político Territoriales está conformada por; 24 Entidades Federales (01 Distrito Capital y 23 estados), 337 municipios y 1.136 parroquias. Además de la Zona en Reclamación o Guayana Ezequiba (Gráfico 1). También el país había sido segmentado en los años sesenta en nueve regiones: Región Capital, Región Central, Región Centro Occidental, Región de los Andes, Región Zuliana, Región de Los Llanos, Región Nor-oriental, Región de Guayana y Región Insular.

Gráfico N. 1. División Político-Territorial de Venezuela.

Fuente: Observatorio Nacional de la Ciencia Tecnología e Innovación (2014) (http://www.oncti.gob.ve/.).

La Región de Guayana al sur de Venezuela representa un 50% del territorio nacional con una superficie de 458.345 Km², territorialmente comprende los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Su composición social a diferencia de las otras (ocho) regiones se estructura por grupos humanos pluriculturales. Si bien a nivel nacional existen aproximadamente 56 pueblos indígenas, en esta región están presentes 41 pueblos (Amodio, 2007). También se encuentran sociedades urbanas y rurales (tanto de agricultores como pescadores ribereños por la extensa red hídrica de la cuenca del río Orinoco.

Previo a la llegada del Presidente Chávez en el país se había iniciado un proceso de descentralización a finales de 1980, en medio de un desarrollo desequilibrado concentrado en el eje costero del mar caribe (Pulido, 2006:164). Sobre el tema Mascareño, (2008:43) explica que el modelo socio-territorial venezolano de dependencia económica, provocó una “desarticulación estructural entre los sectores productivos existentes y la economía de puertos predominante”, se expresa territorialmente en una escasa integración interregional dependiente de la renta petrolera. En tanto, Araujo (2010:4) hace referencia a este proceso como “una parte de un período importante de la reforma institucional diseñada para restaurar la legitimidad del sistema político desacreditado de la época”.

Décadas después con el nuevo orden institucional que se inició con la Constituyente en 1999, se estableció el marco para un nuevo modelo de “sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural, en un Estado social de justicia y derecho”, principio que impulsó la participación política y ciudadana establecida en el Preámbulo de la reciente Constitución; (Asamblea Nacional, 2000). Pero esta incursión del Estado – Gobierno, se fundamentaría en una amplia normativa para operacionalizar la visión que habría de instaurarse en el país, como resultado del impulso político - ideológico del Presidente Chávez y por la necesidad de buscar una fórmula para la construcción de herramientas para transferirle poder al pueblo, mediante conceptos nuevos de organización y participación social^[4].

Este elemento discursivo y que fue la promesa de Chávez replantearía todo el aparataje del Estado con un pensado pero adaptativo andamiaje jurídico que ha facilitado instaurar en la práctica un inédito modelo de participación. Al respecto el Legislador Nacional José Ramón Rivero explicó: “Ahora tenemos un activo social producto de la organización y la inclusión que marca la dinámica de este proceso venezolano” (JR. Rivero, entrevista, 20 de octubre de 2011).

Además, fue complementario y necesario definir un conjunto de objetivos en los Planes de Gobierno de la Nación que se han diseñado e implementado para operacionalizar y profundizar la democracia participativa. Estos objetivos definieron líneas de acción para garantizar los derechos sociales, la distribución equilibrada del ingreso y la riqueza como principal expresión del interés colectivo, a fin de reproducir la apropiación de lo público como espacio de interés y para la acción, ya no solo del Estado sino también de los ciudadanos.

Primero fue con el “Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007”, posteriormente con el “Plan Nacional Simón Bolívar 2008-2012” y recientemente con el “Plan de la Patria 2013-2019”, escrito por el Presidente Hugo Chávez Frías en Junio de 2012 con el que inició su gobierno, y continuado por el Presidente Nicolás Maduro una vez electo en abril 2013 (Ministerio del Poder Popular para la Planificación, 2001; 2007; 2013). En general todos los planes han incluido objetivos para impulsar y fortalecer el PP elemento resaltante en el discurso del Presidente, que invita a la participación ciudadana en una manera amplia que incluye la construcción del empoderamiento y un nuevo orden de relaciones Estado – Sociedad^[5].

A la par de este conjunto de estrategias, se replanteaban el orden discursivo y la práctica, así los primeros años facilitaron a Chávez desde el año 2004, orientar sobre nuevos conceptos que dibujaban la organización y participación ciudadana. Ellner (2014:241) afirma que el modelo chavista desde el 2004 “estimuló la participación comunitaria […] en concordancia con el enfoque de un movimiento desde abajo”. Así, en su programa transmitido a nivel nacional Aló Presidente N. 205, Hugo Chávez explicó; “Ahora el poder popular se organiza, pero tiene que ir asumiendo nuevas formas de poder […]” (Chávez, 2004). En ese mismo año se incursionaría con los Consejos Locales de Planificación y Políticas públicas contendidos en Ley (Asamblea Nacional, 2002), una instancia a nivel municipal que buscó incluir subniveles organizativos parroquiales y estos a su vez a sus comunidades para implementar una planificación participativa. Sin embargo, se presentaron inconvenientes con este proceso.

Los conflictos emergieron primero en aquellos municipios no vinculados a la revolución, pero también en algunos municipios revolucionarios, al percibir una eminente connotación política - ideológica con la inclusión de líderes comunitarios en las Juntas Parroquiales que conformarían estos Consejos de planificación.

Araujo (2010:333), en su estudio explica que “estos procesos participativos habían sido empañados y fuertemente influenciados por la polarización política que existe en Venezuela”. En efecto, la Ex - Alcaldesa Marlene Vargas (entrevista, 04 de mayo de 2012), explico: “quienes ocuparían esos cargos provenían de un proceso electoral con representaciones e intereses de la revolución”. Estas situaciones que se fueron replicando a nivel nacional, conllevaron a que en agosto del 2005 el discurso presidencial anunciara la generación progresiva de nuevas formas y configuraciones de gobierno que se visualizaban desde el nivel central; entre ellos “Los gobiernos populares: para que gobiernen las comunidades de allí, […]” (Chávez, 2005a).

Persistiendo así la idea de concretar la participación activa de las comunidades, el presidente reflexionó y explicó públicamente en medio de un Encuentro Nacional de Comités de Tierras Urbanas:

[…] después de haber pasado este rato con ustedes en este acto [...], quiero saludar a los líderes y dar mi reconocimiento a su trabajo y a los logros del pueblo organizado [...], pero también quiero reafirmar principios que son esenciales para nuestra revolución. [..] Ya lo dije: Si queremos acabar con la pobreza ¡démosles poder a los pobres! Señores ministros, ministras, gobernadores, alcaldes […], cada día esto debe hacerse una realidad más sólida, ahora que tenemos a los miembros electos de las juntas parroquiales [...], debemos recordar todos los funcionarios que […] el Poder es del pueblo y hay que devolvérselo, eso es parte existencial del proyecto revolucionario (Chávez 2005b).

En lo sucesivo el Presidente anunciaría que las comunidades tenían que ir eligiendo en asambleas populares a los miembros que estarían al frente de los CC, con la idea de transferirle poder a las comunidades organizadas. Con esta instancia propuesta, se crearía la posibilidad de acceder al Consejo Parroquial vinculado a la ley del Consejo Local de Planificación Pública y desde el 2004 a la Ley del Consejo Estadal de Políticas Públicas (Asamblea Nacional, 2002; 2004), de hecho fue la estrategia última para concretar nuevas prácticas que incluyeran los proyectos de inversión elaborados por las comunidades, como un instrumento de participación para la formulación del presupuesto local, sumándose a los planes de inversión que surgen desde las alcaldías y gobernaciones (Chávez, 2005c).

En tanto la propuesta que el Presidente hizo al país sobre organizar a las comunidades en CC, ya había calado con su discurso en los sectores populares a finales de agosto de ese mismo año; tanto en las ciudades como en la periferia, incluso ocurría en las comunidades indígenas. Esto sucedía a la par de los procesos formarles previstos de planificación participativa a nivel municipal y estadal que no habían avanzado.

En la práctica cientos de comunidades ya se venían reuniendo y discutiendo el proceso novedoso de organización y participación, que introdujo también en repensar y estructurar nuevas concepciones espaciales con el llamado proceso de establecer las poligonales del territorio comunitario o ámbito de acción del CC. Sobre el fenómeno de su creación unos meses después en 2006, el mismo Presidente describió: “Está apareciendo un nuevo elemento en esa configuración, en ese proceso organizativo: los Consejos Comunales, y ya hay cientos de ellos en todo el país. Los Consejos Comunales nacen desde abajo, nacen con esa fuerza del poder constituyente originario, de la voluntad soberana del pueblo; nacen en asambleas populares” (Chávez, 2006).

Del mismo modo insistía en que las personas que ocuparían las vocerías de los CC tenían que ser electos en y por la propia comunidad y ser capaz de engranar con todos los entes e instancias de participación, que aún no habían sido del todo definidos y que aparecen en construcción desde entonces. Aunque no negaba que con los CC se vincularían partidos políticos y diversos movimientos sociales de la revolución. El término de vocero o vocera fue dado por Chávez y se formalizó con la Ley LECC; al definirlo como “la persona electa en Asamblea de ciudadanos y ciudadanas, para cada comité de trabajo, estos ciudadanos o vecinos debían contar con una reconocida solvencia moral, con experiencia en el trabajo comunitario y, con la capacidad de trabajar en colectivo, […] comprometidos con los intereses de la comunidad, a fin de coordinar todo lo relacionado con el funcionamiento del Consejo Comunal, la instrumentación de sus decisiones y la comunicación de las mismas ante las instancias correspondientes” (Asamblea Nacional, 2006: Art. 4).

Ese escenario emergente marcado por las discusiones que se generaban en la Asamblea Nacional sobre la Ley que regiría a estas organizaciones, ocupaba ya a todas las dependencias gubernamentales que procuraban darle acción al discurso presidencial y a la misma interpretación que hicieron los colectivos sobre los CC. Complementariamente, la estrategia emprendida por los organismos gubernamentales estuvo orientada al acompañamiento para los procesos vinculados a las asambleas que se estaban generando en las comunidades a nivel nacional.

Entrevistados de diferentes dependencias públicas coinciden en que si bien se han generado incontables acciones en medio de un amplio marco jurídico, estas son vistas como “urgencias institucionales en tratar de trabajar al ritmo de cuantas leyes van saliendo” (S. García, entrevista, 15 de junio de 2011). Esto denota el rasgo e incidencia por la instauración del esquema normativo y por la gesta de políticas públicas transversales con es el caso del PP que nos ocupa, con el que se ha procurado además un engranaje de acciones en múltiples niveles de gobierno.

Con la propuesta de la LECC en 2005, todos los entes competentes: el gobierno central mediante el Ministerio del Poder Popular para la Participación y la Protección Social, actualmente Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (Mincomunas), las Gobernaciones y las Alcaldías pero también los niveles legislativos; Asamblea Nacional, Consejos Legislativos Estadales y Consejos Municipales, se vieron inmersos en los procesos de acompañamiento, orientación y capacitación de las comunidades para la organización y gestión del CC.

El presidente, una vez aprobada la LECC en abril de 2006 nombró una Comisión Presidencial para atender un proceso de legitimación, regularización y adecuación prevista en la Ley para aquellos CC que se habían organizado desde agosto de 2005, pero que hasta ese momento no tenían una figura de derecho específica. La Comisión se conformó por el hoy Mincomunas como ente competente, acompañando por la Guardia Nacional como componente de las Fuerzas Armadas y algunas Alcaldías y Gobernaciones de la revolución a nivel nacional.

Se inició con esta acción específica una fase de registro de los CC en el ente competente, tanto los legitimados como los que se conformarían desde ese momento. Esto permitió impulsar la participación social, desde un proceso organizativo que ha transformado estructuralmente el cómo se configuran e interactúan los niveles y estructuras de gobierno en Venezuela. Incorporando a los CC como un nivel primario para el ejercicio de las políticas públicas (Harnecker, 2008; Mincomunas, 2009; Acosta, 2012). Con esta acción se estructuró una red interactiva en cinco niveles de gobierno en el país; i) comunal, ii) municipal, iii) estadal, iv) regional y v) nacional. Todos partes de un conjunto de actores heterogéneos que desde ese momento tendrían la responsabilidad de accionar el derecho y el deber de formular, ejecutar, controlar y efectuar un seguimiento a las políticas públicas.

Estos mecanismos de participación y sus formas de configuración, trajeron a un primer plano modos de redistribución del poder socio-institucional, que no ha sido fácil en su estructuración y coordinación, pero si ha permitido procesos interesantes de transformación organizacional y cultural que han propiciado dinámicos escenarios para el surgimiento de nuevos roles en medio de un aprendizaje colectivo, institucionalizando sus prácticas en lo sucesivo, que bien hemos registrado en la región Guayana al sur del país.

En el año 2009 la sociedad organizada categorizados como gobiernos comunitarios, producto del modelo Federal de la CRVB y otros instrumentos normativos; que van más allá de una descentralización clásica, según Daal (2013:32). Además como consecuencia de este enfoque y luego de tres años del funcionamiento de los CC, el país experimentó visualmente un proceso bidireccional de legislar, con una fase de consulta sobre el proyecto y la posterior aprobación de la LOCC, que logró subsanar vacíos de ley hasta ese momento existentes. Así también con la modificación del articulado contenido en la ley de 2006, el instrumento jurídico transita de una ley especial a una ley orgánica, blindado de esta manera este proyecto gubernamental.

El proceso de consulta emprendido por la Comisión técnica del PP de la Asamblea Nacional, plateó como objetivo realizar consultas en las comunidades a fin de incorporar también elementos derivados de las prácticas y de las percepciones de los ciudadanos y voceros con experiencias en los CC.

Por ejemplo, hubo comunidades que interpretaron y decidieron crear más de un CC en su ámbito espacial, con esto experimentaron cierta conflictividad; en algunos casos producto del fraccionamiento de sus espacios y sistemas de organización tradicional que históricamente se habían construido sobre vínculos geográficos y culturales que definieron su ocupación. Este vacío era derivado del articulado de la LECC que expuso como referencia de agrupación: en el ámbito urbano entre 150 y 400 familias, en el rural a partir de 20 familias y en las comunidades indígenas desde 10 familias. Pero esto fue interpretado de muchas maneras tanto por las comunidades e incluso por las mismas instituciones gubernamentales.

Casos más resaltantes, las experiencias que obtuvimos con los pueblos indígenas en el estado Bolívar, que también ocurrían en otras partes del país. La dirigencia indígena, algunos científicos locales y las instituciones competentes en el año 2006, sostuvimos innumerables reuniones con los capitanes y caciques indígenas al ver que algunas comunidades decidieron conformar en ellas varios CC; “porque interpretaron que por cada diez familias había que crear un CC”, como lo explicó la Diputada indígena Yaritza Aray (entrevista, 08 de julio de 2011). Este vacío de ley no permitió interpretar que en el caso de una comunidades indígenas o campesinas aisladas de los centros poblados, éstas pudieran conformarse en un CC con una agrupación de familias inclusive menor a la orientada por Ley, a diferenciada de los criterios aplicados a las comunidades urbanas. Esto se logró hacer explícito desde finales del 2009 con la LOCC (Asamblea Nacional, 2009), esta vez en su Preámbulo estableció la indivisibilidad de la comunidad.

Tanto el instrumento como la acción para el análisis, discusión e incorporación de las recomendaciones hechas desde las comunidades, es conocida como “El Pueblo Legislador”. El evento contempló la movilización de diputados de la Asamblea Nacional por todo el territorio; realizando talleres con plenarias, sistematizando así las experiencias, que era el saldo por decirlo de alguna manera de la primera fase del funcionamiento de los CC.

Esta estrategia no solo institucionalizó ciertas prácticas que se iban obteniendo de la participación en las comunidades y su incursión en la planificación de las políticas públicas a través del CC. También buscaba la descentralización, mediante la trasferencia de competencias desde todos los niveles de gobierno a estas organizaciones sociales. Esto se hizo con la incorporación de leyes y reglamentos que desde entonces han fortalecido al CC en su rol.

Más allá de los consejos comunales, construyendo el llamado Sistema de agregación social

Adicional a la instauración de los CC, también surgieron espacios y escenarios para la confluencia de múltiples actores; entre ellos un nivel superior de articulación a nivel comunitario para reunir a varios CC en grandes comunidades. Este espacio fue llamado por Chávez la Sala de Batalla Social y aunque no tiene prevista una figura jurídica para su constitución, en estos espacios también se involucran otros movimientos o grupos sociales que comparten con los CC el espacio territorial comunitario. Asimismo se involucran los entes gubernamentales, en sí, la Sala de Batalla Social se asemeja a un Gabinete de gobierno de las comunidades. Estas instancias en la práctica han servido en lo organizativo; como el primer paso para la transición hacía nuevos y complejos espacios territoriales comunitarios, identificados como Las Comunas desde el discurso presidencial.

Sobre la comuna se viene trabajando desde el 2008; Wilfredo Vivas, Director del Mincomunas en el estado Bolívar (entrevista, 02 de noviembre de 2009), nos comentó: “primero trabajamos con los CC, ahora estamos trabajando con la comuna en una continua reflexión de las experiencias que involucran al colectivo, entendiendo que una comuna puede contener varios consejos comunales e innumerables organizaciones sociales”. En tanto, la vice-ministra Lídice Altúve explicó que “cada comuna se va a parecer a las características de la comunidad, y que ésta no es establecida por las instituciones [gobierno], va más allá de eso, surge desde la conciencia social, y sus vínculos históricos y territoriales” (Fragmento del discurso en reunión con CC e instituciones gubernamentales, 16 de agosto de 2009). Las funciones de la comuna en 2010, fue normado por la Ley Orgánica de las Comunas (Asamblea Nacional, 2010c) y soportado por un bloque normativo o Sistema de Leyes del PP, que permitió impulsar un nuevo orden para la toma de decisiones, esta vez más allá del ámbito del CC.

El Sistema de leyes del PP aprobados durante el 2009 está compuesta además de la Ley de las Comunas por otras como; la ley de Economía Popular, la ley Orgánica del PP, la ley de Planificación Municipal y PP, la ley de Contraloría Social, la ley del Consejo Federal de Gobierno y su reglamento. Más recientemente en 2012 con la ley para la Gestión Comunitaria y la Transferencia de Competencia de Bienes y Servicios, últimas de las leyes firmadas por Chávez. En la actualidad aún están en proceso la reforma de las leyes del Consejo Local y del Consejo Estadal de Planificación y Políticas Públicas, que hemos comentado sobre su inoperancia en el año 2005. En esta oportunidad se hace explicita la participación de voceros de CC y Comunas entre otras organizaciones sociales.

Estas acciones e instrumentos normativos complementaron las claras intencionalidades del gobierno para continuar profundizando el PP. Esto igualmente propició, la normalización y nuevas acciones colectivas reimpulsadas por los Sistemas de agregación social y los Territorios comunales; con base a vínculos espaciales, históricos y productivos como criterios de agrupación comunitaria promovidos por el discurso del Presidente (Chávez 2007:8). Estas dimensiones generaron nuevas lógicas territoriales por el solapamiento evidente de las figuras administrativas preexistentes; entre ellas las Entidades Político Territoriales, complejidades socio-territoriales que han definido una nueva geopolítica en el país, qué bien explicamos en Sánchez et al., (2014).

Todas estas transformaciones políticas y jurídicas han incidido en la sociedad institucional, política y civil, como resultado de la intervención del gobierno y sus dependencias ministeriales para vincular; tanto sus competencias como sus esfuerzos para facilitar el trabajo de Mincomunas (ente rector). Para esto, se han implementado en las instituciones públicas la creación o adecuación de sus estructuras, ahora con unidades o dependencias para asesorar, acompañar, capacitar y apoyar la gestión de los CC.

Por ejemplo, Mincomunas desde el año 2009 incorporó un contingente de trabajadores sociales del Frente Francisco de Miranda^[6], que han intervenido en los procesos de capacitación, formación y reorganización social mediante la figura del apoyo institucional. Acciones también registradas en algunas Alcaldías y Gobernaciones. Luis Rodríguez director de Organización Comunal de la Gobernación del estado Bolívar, (entrevista, 05 de septiembre de 2013) señaló que “ha sido imprescindible orientar a las comunidades en su proceso de organización a través de la capacitación, como herramienta para solventar sus necesidades, con el trabajo mancomunado entre las instituciones de gobierno y las comunidades, que permite un aprendizaje continuo” .

Este impulso a diferentes niveles y estructuras de gobierno, progresivamente ha permitido posicionar una direccionalidad clara con base a competencias y acuerdos formales e informales para la ejecución de estas acciones, que han podido generar nuevas relaciones, esquemas y prácticas socio-institucionales. Estas acciones a la par de las dimensiones legales, también han girado en torno a las transferencias de recursos financieros para la ejecución de proyectos desde las comunidades^[7], el acompañamiento técnico e innumerables procesos de capacitación impulsados desde las dependencias gubernamentales e incluso desde la academia, pretendiendo así sumar capacidades que se han venido expandiendo con incidencia en el empoderamiento y cierta autonomía en las comunidades para gestionar proyectos productivos y de infraestructura social.

Se han registrado transformaciones en las relaciones de poder; a lo externo, en la manera en que interactúan con otros actores y a lo interno de las comunidades. Por ejemplo, la forma en que se agrupaban los voceros de los CC en los primeros años, que en la mayoría de los casos eran personas que resaltaban por su trayectoria política partidista o por su vocación del trabajo en su comunidad, liderazgos individuales que representaban a su comunidad ante terceros, con los años existe un nuevo orden, reproduciendo liderazgos colectivos como consecuencia de la masificación del poder en los espacios comunitarios. Como lo explicó Luisa Villarroel, vocera del CC Cima del Cielo, (entrevista, 04 de agosto 2011) algunos no han tenido “una formación o vínculos con la revolución, pero si con el proceso organizativo vivido” en sus espacios en los últimos años. De igual manera el ejercicio ha contribuido a un proceso inclusivo desde el género, las generaciones y la clase social.

Hemos registrado de la comparación de los registros del ente rector, que durante los años de investigación que en las vocerías en los CC, inicialmente predominaban las mujeres, actualmente se alternan con los hombres en cierta medida. Similar tendencia ha ocurrido con las vocerías ocupadas por adultos mayores que ahora están siendo compartidas con los jóvenes, para el trabajo en los comités de estas organizaciones. También ha sido notorio desde el año 2011 la proliferación de CC en comunidades con un alto nivel adquisitivo en el sector urbano, con la distinción de que en estos casos; su fin está orientado principalmente para mejorar espacios recreativos - educativos y el resguardo de los predios definidos para su ámbito espacial en la comunidad (propiedad privada).

Estas acciones para la planificación de su territorio a corto plazo y la formulación de proyectos, estructuran el llamado Plan de inversión comunal, que forma parte del presupuesto anual nacional, similar a los que realizan las Entidades Político Territoriales (EPT); como Alcaldías y Gobernaciones. Esta redistribución de los recursos como política pública se produce a partir del 2010 con la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno. Con esta ley y su reglamento aparece el Fondo de Compensación Inter-territorial, que se encargaría de contribuir a la planificación territorial desde una visión de equidad y redistribución de los recursos de la Nación que son asignadas tanto a las EPT como a la sociedad organizada; con una referencia de asignación presupuestaría de un 37% para los Estados, un 30% para el PP, un 28% los Municipios, y un apartado de un cinco % destinado al fortalecimiento institucional (Asamblea Nacional, 2010a; b).

Adicionalmente a lo organizativo, con la experiencia obtenida tanto de las comunidades como de los entes gubernamentales en la ejecución de proyectos; se ha podido por una parte desarrollar metodologías para la transferencia de recursos financieros desde el presupuesto nacional y por la otra priorizar proyectos por categorías pertinentes para la ejecución desde los CC, sustentadas en sus capacidades socio-técnicas y con el apoyo de los instructivos metodológicos para explicar el uso de los recursos financieros (CFGMincomunas, 2012; Lupien, 2015).

Discusión

Al registrar estos procesos discursivos y las prácticas políticas y sociales en los espacios comunitarios, hemos reflexionado en qué términos que identifican el modelo de Chávez, entre ellos: la organización, la participación, la sala de batalla social, la comuna y el mismo concepto del PP, no siempre han sido entendidos en los momentos discursivos o de su definición dada por la aprobación de la herramienta jurídica, al contrario estos elementos han requerido de sendos procesos de aprendizaje y reacción como consecuencia del ejercicio de la participación misma.

Entre los principales retos que afrontaron los actores involucrados fue tratar de establecer un lenguaje común para operacionalizar el discurso de Chávez, las resultantes leyes y para afrontar la interpretación que sobre estos procesos se generaban en los distintos grupos humanos heterogéneos y conflictivos en relación a sus relaciones socioterritoriales, ahora inmersos en un mapa complejo de actores con dinámicas propias e incluso con posturas ideológicas-partidistas contrapuestas que interactúan a múltiples niveles de gobierno (Gráfico 2).

Así las estrategias para el PP se planifican a nivel central (nacional), pero éstas se han tenido que calibrar conforme las realidades del nivel local. Elementos que han permitido construir la forma recurrente de participación en Venezuela, que es un proceso diario y local que no puede esperar por respuestas centralizadas.

En general han sido procesos lentos, pero continuos al tratar de reinterpretar, aprender y accionar ante la forma en que se va construyendo este modelo de Democracia Participativa y Protagónica: en la práctica todo ha sido un proceso adaptativo desde nuestra óptica, pero consideramos que esto ha sido posible como consecuencia de la confluencia de las culturas y los conocimientos plurales participantes, que han replanteado constantemente la práctica y política gubernamental y viceversa.

Gráfico N. 2. Participación y dinámica interactiva de los actores socio-institucionales a múltiples niveles de gobierno.

Fuente: Elaboración propia (2015)

En suma, la participación social en este contexto ha sido y será un tema complejo, la experiencia entra ahora en una nueva fase con los anuncios del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro desde mayo del 2014; con la creación del Consejo Presidencial de Gobierno Comunal como otra instancia para establecer una relación directa de las políticas de Estado y la activación a finales del 2015 del Parlamentarismo Comunal Nacional previsto en la CRBV, estructuras políticas que impulsaran con los 43.931 CC y los 28.791 movimientos sociales que se agrupan en alguna de las 1.435 comunas existentes y con las 817 salas de batalla social que funcionan en el territorio nacional (Mincomunas, 2015).

Con estas investigaciones al sur del país, fue determinante entender el nuevo orden de las políticas públicas que se generaban producto de las interacciones entre la sociedad política y la sociedad civil ahora agrupadas en 3.541 CC, los 2.674 organizaciones de base del PP (campesinos, indígenas y pescadores entre otros), las 108 Comunas y las 95 Salas de Batalla Social que hacen vida en los estados; Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.

Conclusiones

El rediseño socio-institucional ha logrado redireccionar las acciones e interacciones de los actores en estos escenarios complejos emergentes; con sus prácticas se han registrado un reposicionamiento de roles, con incidencias en las relaciones Estado - sociedad y un ajuste de las estrategias emprendidas a partir de elementos discursivos que permitieron insertar en el colectivo escenas aún más conflictivas, pero con posibilidades de participar en las políticas públicas en lo subjetivo y objetivo.

Imperante ha sido el andamiaje jurídico y la arquitectura socio-institucional prevista para impulsar y sostener los procesos políticos y sociales, que aún se encuentran en una constante transición a causa de la convergencia de múltiples actores, ahora en medio de esquemas de organización y participación. Esto produjo también una reinterpretación de vínculos territoriales, históricos y productivos en las sociedades.

Es evidente que los colectivos organizados han instaurado no solamente un autogobierno, sino que se han apropiado de cierta autonomía para gestionar bienes comunes, tendencia quien bien Jansen (2015) ha descrito en otros contextos. Asimismo resalta una bidireccionalidad en el reaccionar Estado – sociedad; como una variable de flexibilidad como lo plantean Folke et al., (2010); permitiendo acciones de arriba hacia abajo y viceversa, pero también de forma horizontal (Kok y Veldkamp 2011; Turnhout et al., 2010).

Este conjunto de nuevas prácticas e interacciones en las sociedades que en lo particular nos ha interesado analizar por estos últimos nueve años, están adicionando un proceso de aprendizaje colectivo, facilitando formas para abordar problemas comunes desde el conocimiento local. Por último, las estrategias, elementos y dimensiones exploradas tanto por el Estado como por la sociedad permiten visualizar una tendencia irreversible hacia las prácticas de organización y participación aprendidas en Venezuela en la construcción de un poder popular, como parte de los complejos procesos de cambios sociales y políticos que han tenido lugar en América Latina en las últimas décadas.

Referencias

ACOSTA, Manuel (2012) Metódica de la Planificación Comunal. Un enfoque socialista para el Desarrollo Comunitario. Caracas. Fondo Editorial Ipasme.

AMODIO, Emanuele (2007) “La república indígena. Pueblos indígenas y perspectivas políticas en Venezuela”. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 13(3), 175-188. Diciembre. Caracas.

ANGUERA, María T. (1995). Etnografía: metodología cualitativa en la investigación sociocultural: La Observación participante. En Aguirre Baztan. A (ed.):73-84.

ARAUJO, Xiomara. (2010) Decentralization in Venezuela and Citizen Participation in Local Government: the Case Local Councils for Public Planning and the Communal Councils. Thesis Doctor of Philosophy of Loughborough University.

ARCONADA, Santiago (2005) “Seis años después: Mesas Técnicas y Consejos Comunitarios de Aguas”. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, v.11 n.3 Caracas sep.

ARVELO, Nelly (2012) “Fragmentación y Reconstitución étnicas. Presente y Pasado”. Revista de Historia. Año 17. N. 34. Julio- diciembre

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2000) Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2002) Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública. Mayo.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2004) Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. Gaceta Oficial N. 37.509. 20 de agosto.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2006) Ley Especial de los Consejos Comunales. Gaceta Oficial Extraordinaria N. 5.806. 10 de Abril.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2009) Ley Orgánica de Consejos Comunales. Gaceta Oficial N. 39.335. 28 de Abril.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2010a) Ley Consejo Federal de Gobierno. Gaceta Oficial N. 39.416. 4 de mayo.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2010b) Reglamento Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno. Gaceta Oficial N. 39.382 Decreto N. 7.306. 09 de marzo.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2010c) Ley de Orgánica de las Comunas. Gaceta Oficial extraordinaria N. 6.011.

BERKES, Fikret. (2008) “Commons in a multi-level world”. International Journal of the Commons. 2 (1), (pp. 1-6). January.

BORGATTI, Stephen. (2002) NetDraw Software for Network Visualization. Analytic Technologies. Lexington, KY

CFG - Mincomunas, (2012) Plan de Inversión Comunal Participativo 2013: El Poder Popular Planificando su Desarrollo Territorial. Orientaciones para el Plan de Inversión. Imprenta CFG. Cuadernillo. Caracas. 39 pp.

CHÁVEZ, Hugo. (2007) Transcripción del discurso de orden del presidente Chávez en ocasión de entregar la propuesta de reforma constitucional en la Asamblea Nacional. Caracas: Servicio y atención legislativa Asamblea Nacional.

CICERÓN, Pedro Henríquez de Moraes. (2012). Venezuela Contemporánea: Reflexões Criticas a partir de um estudo de caso. Pensamento Plural 10: 7-22.

CORAGGIO, José Luis y LAVILLE Jean-Louis (2014) Reinventar la izquierda en el siglo XXI hacia un dialogo norte-sur. Buenos Aires. Universidad Nacional de General Sarmiento.

Correo del Orinoco. (2013). Colectivo social creado por el Comandante Eterno. Caracas.

DAAL, Ulises. (2013) ¿Dónde está la Comuna en la Constitución Bolivariana? Ediciones de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas. pp. 48.

DUSSEL, Enrique (2006). 20 Tesis de Política. Siglo XXI, Madrid - Buenos Aires – Disponible en: http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libros/282.pdf consultado 06/01/2016.

EL TROUDI, Haiman., HARNECKER, Marta., y BONILLA-MOLINA, Luis. (2005). Herramientas para la participación. Caracas. Editorial Servi-K.

ELLNER, Steve. (2014). El fenómeno Chávez: sus orígenes y su impactos (hasta 2013). Caracas. Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Centro Nacional de Historia.

FOLKE, Carl. STEPHEN R. Carpenter., BRIAN, Walker., MARTEN, Scheffer, TERRY Chapin, y JOHAN Rockström. (2010) “Resilience thinking: integrating resilience, adaptability and transformability”. Ecology and Society. 15(4): pp.20.

GALLOPIN, Gilberto. y VESSURI, Hebe. (2006) “Science for sustainable development: articulating knowledges”. En Interfaces between Science and Society. Guimaraes Pereira, A., S. Guedes Vaz y S. Tognetti, Greenleaf.

GARCIA-GUADILLA, María Pilar (2008) “La praxis de los consejos comunales en Venezuela: ¿Poder popular o instancia clientelar?”. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. v. 14, n. 1, abr.

GOLDFRANK, Benjamin (2001).”Deepening Democracy through citizen participation? A Comparative analysis of three cities”. In American Political Science Association. Annual Meeting.

GOLDFRANK, Benjamin (2011) “Los Consejos Comunales: ¿Avance o retroceso para la democracia venezolana?”. Íconos-Revista de Ciencias Sociales. 40. pp. 41-55. Disponible en: http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/445/431 consultado el 03/09/2014.

GRAU M, Solés., ÍNIGUEZ-RUEDA, Lupicinio, y SUBIRATS., Josep J. (2010). “La ̃ perspectiva sociotécnica en el análisis de Políticas Públicas. Psicología” Política, No 41: 61-80. Disponible en: http://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N41-4.pdf consultado el 13/07/2012.

HARNECKER, Marta. (2008). Gobiernos comunitarios. Caracas. Editores Latino América Monte Ávila. JANSEN, Marco (2015) “A behavioral perspective on the governance of common resources”. Current Opinion in Environmental Sustainability. (12)1–5.

KOK, Kasper. y VELDKAMP, Tom. (A.) (2011). “Scale and governance: conceptual considerations and practical implications”. Ecology and Society. 16(2): 23.

LOVERA, Alberto. (2008) “Los consejos comunales en Venezuela: ¿Democracia participativa o delegativa?”. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. vol.14. n.1.

LUPIEN, Pascal (2015) “¿Escuelas de democracia o agentes de socialización? Discursos transmitidos a través de los mecanismos participativos en Venezuela, Ecuador y Chile”. Espacio Abierto. Vol. 24 No. 1, 45 – 65. Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12236226003 consultado el 06/05/2015.

MASCARENO, Carlos. (2008) “Descentralización y Democracia en América Latina: ̃ ¿Una Relación Directa? Elementos Conceptuales para su Estudio”. Latin American Studies Center Working Paper. No. 23. pp. 1-72.

MATO, Daniel. FERMÍN, Alejandro y REY, Enrique. (2011) Interculturalidad y comunicación intercultural. Propuesta Teórica y Estudio de Experiencias de Participación Social en la gestión de Servicios Públicos en una comunidad popular de la Ciudad de Caracas. Caracas. Universidad Central de Venezuela.

MINCOMUNAS. (2009) Formación de vocero de los consejos comunales. Textos del módulo político. Caracas. 68 pp.

MINCOMUNAS. (2015) Registro de comunas y movimientos sociales. redisponible Disponible en http://consulta.mpcomunas.gob.ve/index.php/consulta/ consultaPublica consultado el 16/12/2015.

Ministerio del Poder Popular para la Planificación (2001) Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007.

Ministerio del Poder Popular para la Planificación (2007) Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-20013.

Ministerio del Poder Popular para la Planificación (2013) Ley del Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019.

MORALES, Amelia., VILLENA, Carmen. POLO, Lázaro y STRZELECKA, Ewa. (2012) Percepciones sobre desarrollo dentro y fuera del continente africano. AFRICAInEs – Investigación y Estudios Aplicados al Desarrollo. España. Universidad de Granada.

OSTROM, Elinor. (2000). El gobierno de los bienes comunes. México. UNAM. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Fondo de Cultura Económica.

PULIDO, Nubis. (2006) “El espacio urbano latinoamericano y la globalización. Emergencia de ciudades “intermedias” y nuevos cambios en Venezuela”. En publicación: América Latina: cidade, campo e turismo. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 149-171. San Pablo. Diciembre.

RAFULS, Daniel. y VALDÉS DÍAZ, José Rene. (2011). “Algunas consideraciones en torno a la transición hacia el socialismo en Venezuela”. Prisma Jurídico, 10(2) 395-420.

SÁNCHEZ, Becker., SÁNCHEZ-ROSE, Isabelle., ROSALES, Judith y VESSURI, Hebe (2014) “Confluencias de las dinámicas socioterritoriales en la construcción de una nueva geopolítica. Escenas al sur de Venezuela”. Territorios (31), 109-131.

SIMOZA, Víctor., PÁEZ, Ada., y BLANCA, Rafael., y VALDEZ, José. (2006). Organización Comunitaria y la Participación Ciudadana. Informe Técnico. Gobernación Estado Bolívar. 45 pp.

TARRAGONI, Federico (2013). “El pueblo escondido de Chávez. Líneas programáticas para una sociología del populismo desde abajo”. Rubrica Contemporánea. Vol. 2, N. 3. (pp. 21-45).

TURNHOUT Esther., VAN BOMMEL, Severine y AARTS, Noelle (2010) “How participation creates citizens: participatory governance as performative practice”. Ecology and Society 15(4): pp. 26.

VARGAS, Adolfo (2010) La praxis de Consejos Comunales y la Visión de las Élites Sobre la Democracia Participativa. Centro de Investigación y Estudios de Sociología (CIES) Documentos de Trabajo 95.

WIESENFELD, Esther. y SÁNCHEZ, Euclides (2012) “Participación, Pobreza y Políticas Públicas: 3p que desafían la Psicología Ambiental comunitaria (El caso de los Concejos Comunales de Venezuela)”. Revista Intervención Psicosocial. 21.3. pp. 225-243.

CHÁVEZ, Hugo. (2004) Aló Presidente 205. Maracaibo, estado Zulia. 26 de septiembre.

CHÁVEZ, Hugo. (2005a) XVI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Teatro Teresa Carreño. 13 de agosto.

CHÁVEZ, Hugo. (2005b) Encuentro Nacional de Comités de Tierras Urbanas. Poliedro de Caracas. 30 agosto.

CHÁVEZ, Hugo. (2005c) Aló Presidente 233. Palacio de Miraflores. 4 de septiembre.

CHÁVEZ, Hugo. (2006) Aló Presidente 244. Palacio de Miraflores. 15 de enero.

Notas