1. El estudio de los movimientos sociales; principales enfoques teóricos

En general, el término “movimiento social” ha sido empleado para explicar un amplio espectro de acciones colectivas en distintos contextos sociales y políticos. Esta heterogeneidad ha dado lugar a diferentes enfoques que enfatizan diversos componentes de la acción colectiva. Si bien existen ya balances teóricos y resúmenes exhaustivos que exponen las principales corrientes teóricas en el estudio de los movimientos sociales¹ vale citar a manera de balance, los enfoques que han dominado la investigación desde las ciencias sociales y especialmente desde la sociología.

Un primer lugar destaca la denominada “Teoría de la movilización de recursos” (TMR) que surge a inicios de los ‘70 en los Estados Unidos. Entre sus principales representantes se cuentan E. Zald y Mc Carthy (1977) quienes, tomando como referente el modelo racional- instrumental planteado por Olson²-, ponen énfasis en los recursos que dispone un determinado grupo para conseguir objetivos comunes. Los movimientos sociales se definen así como formas de acción mediante las cuales los individuos excluidos del poder organizan los recursos necesarios para movilizarse en pos de demandas compartidas. La satisfacción o no de los objetivos comunes depende de la capacidad del movimiento para acopiar recursos, constituir redes sociales y tejer alianzas, adquiriendo una mejor posición para enfrentar a las elites políticas. Los movimientos sociales se hallan inmersos en juegos estratégicos de cálculo instrumental en torno a las relaciones de poder que inciden en su orientación política institucional y en su capacidad de auto producirse a sí mismos, generando nuevos cursos de acción según se disponga de más y mejores recursos.

Posteriormente, a fin de dotar a las explicaciones de este enfoque teórico un marco contextual más amplio, se formula la “Teoría de oportunidades políticas” (EOP) desarrollada por autores como Charles Tilly, Sydney Tarrow y Doug Mc Adam, la cual si bien comparte el enfoque racional instrumental de la TMS, introduce la variable del contexto político. Mientras que para la TMR los movimientos sociales se explican por su capacidad de gestionar recursos por sí mismos, manteniéndose y auto produciéndose, en la Teoría de oportunidades políticas son las condiciones del escenario político las que influyen decisivamente en el surgimiento y desarrollo de un movimiento social. Elementos como las relaciones de poder, la constitución de los partidos políticos o el carácter del régimen, ya sea democrático o autoritario, definen estructuras de oportunidad que favorecen o limitan la acción de los movimientos. Para Mc Adam (1996) la estructura de oportunidad se define como el grado de probabilidad que tienen los grupos de acceder e influir sobre el poder político, siendo tres los puntos principales a tomarse en cuenta en su estudio: a) diferenciar oportunidades políticas de otras clases de oportunidades (culturales, sociales etc.), b) tener en cuenta las dimensiones que abarca la “estructura de oportunidad política y c) considerar las diferentes posiciones que puede tomar la EOP en el análisis, ya sea como variable independiente o variable dependiente.

El enfoque de oportunidades políticas ha sido utilizado con diversos énfasis. De un lado se ha privilegiado estudiar el nivel institucional nacional, explicando cómo cambios en las legislaciones o en la estructura estatal que influyen en la acción colectiva y la formación de los movimientos sociales (Kitschelet, 1993). De otro lado, el énfasis se ha colocado en los aspectos menos institucionalizados del sistema, relacionados con situaciones de crisis que dan lugar a momentos de conflictividad, tales como nuevos repertorios de protesta, cambios en la configuración de las elites o la capacidad de respuesta del movimiento a las políticas represivas implementadas por el Estado (Tarrow, 1997). Si bien la propuesta de analizar los movimientos sociales a la luz del contexto político es un aporte pertinente, puede también soslayar otros factores tales como la capacidad del movimiento para generar nuevas condiciones que faciliten el surgimiento de nuevos movimientos y el papel activo que juega la acción colectiva en la reconfiguración de las elites políticas. La oportunidad política debe ser vista no solo como lo que explica sino también como una variable dependiente explicada a su vez por otros factores (Mc Adam, 1996). La EOP además, comparte la idea de que los movimientos sociales buscan incorporarse al sistema político, ámbito del que por definición no son miembros, estableciendo relaciones de rivalidad o complementariedad con los partidos según los intereses en común y las condiciones políticas.

Finalmente una tercera línea de estudio a destacar es la teoría de los “Nuevos movimientos sociales”, desarrollada en la década del 70 en un escenario signado por los cambios estructurales del capitalismo occidental, cuando declinan las organizaciones obreras y surgen movimientos como el ecologismo, el pacifismo o el feminismo cuyos ejes articuladores antes que la clase o la ideología se centran en nuevos valores como la autonomía o la identidad. Pensadores como Touraine, Habermas, Melucci o Pizzorno analizan los cambios en la acción colectiva coincidiendo en señalar que las protestas se orientan cada vez menos al control político del Estado y más a la democratización de la sociedad. Alain Touraine (1990) define a los nuevos movimientos sociales como conductas colectivas en lucha contra el poder dominante compuestas por tres elementos fundamentales: a) El principio de identidad, según el cual el actor se define por sí mismo, siendo consciente de su organización y práctica conjunta, b) el principio de oposición, referido a la capacidad del movimiento de nombrar a un adversario que surge en el conflicto, tomando conciencia de confrontar otras fuerzas. c) el principio de totalidad, entendido como la capacidad del movimiento para transcender al sistema histórico. La confluencia de estos tres principios dotaría a los nuevos movimientos sociales de mayor capacidad para lograr su objetivo de interpelar al sistema, estableciendo para ello diferentes alianzas e intercambios con los partidos sin necesariamente plantearse el ejercicio de puestos de poder político.

En similar sentido, autores como Cohen y Arato (2000) analizan los movimientos sociales desde una teoría social dual, según la cual los nuevos movimientos sociales a la vez que actúan sobre el terreno cultural, las normas y las instituciones, inciden en las estructuras económicas y políticas estatales. La acción de los movimientos sociales no necesariamente se orienta hacia el Estado ni a la consecución de beneficios económicos sino que prioriza la democratización de aspectos excluyentes de la sociedad. Cercana a esta línea de reflexión se cuenta lo propuesto por Offe (1996) para quien los movimientos sociales cuestionan “los límites de la política institucional” desdibujando la línea que separa los asuntos netamente “políticos” de los “privados” (como los temas morales por ejemplo). Se apunta así a la politización de las instituciones de la sociedad civil, tanto por vías contenciosas y formas simbólicas de protesta como por canales políticos representativos y burocráticos, impactando en el ejercicio de la autoridad política que se ve obligada a replantear sus viejos paradigmas de autoridad.

El enfoque de los nuevos movimientos sociales incorpora así elementos importantes a la reflexión, tales como el énfasis en la capacidad de la acción para reorientar sentidos excluyentes, o el papel de la identidad, resaltando su potencial emancipador y el impacto en los componentes culturales y subjetivos de la sociedad. Justamente, pensando fenómenos contemporáneos relacionados con una mayor centralidad de las reivindicaciones de la identidad étnica, resulta importante lo anotado por Pizzorno (1989) respecto al carácter abierto de la identidad colectiva en tanto se mantiene receptiva a cambios propios de su composición, orientación o contexto temporal. Cuando la identidad vigente se encuentra amenazada o desgastada, la dimensión abierta permite que los sujetos luchen por obtener otra o resignifiquen la existente pues la acción colectiva existe solo en base a una identidad. Tal proceso de cambio refiere a variaciones en las subjetividades compartidas que llevan a repensar la lealtad al grupo. La lealtad se afirma no solo en el reconocimiento de intereses comunes sino en la situación de compartir condiciones de vida que involucran ocupaciones, sensibilidades, aspectos culturales y la posibilidad de gozar beneficios colectivos. Estos elementos permiten a los individuos afrontar los diversos grados de incertidumbre que implica la acción colectiva y que escapan al cálculo racional pues es imposible tener elementos de evaluación para todas las variables inmersas en los momentos de la acción. La identidad abierta que propone Pizzorno se sostiene en lazos cambiantes por los cuales los diferentes yos inter temporales brindan los marcos necesarios para afrontar la contingencia.

En línea similar se encuentra la vertiente denominada Políticas de la identidad (“identity politics”) según la cual el reconocimiento de ciertas características compartidas, constituye uno de los ejes principales que operan cuando los movimientos sociales incursionan en la esfera pública. En tal sentido F. Polleta y J. Jaspers (2001) cuestionan el énfasis excesivo que las teorías de elección racional, ponen en los intereses como eje de la acción colectiva. Por el contrario, los autores destacan el rol que juega la identidad en las diferentes fases del desarrollo del movimiento social confiriendo a la acción un carácter expresivo que puede motivar nuevas adhesiones entre quienes comparten o se sienten identificados con las características del grupo impulsor.

Esta breve caracterización resume los principales enfoques teóricos desarrollados que a su vez influido en las investigaciones desde América Latina, donde la configuración de los actores sociales y el rol del Estado complejizan la problemática y brindan otras aproximaciones.

2. Movimiemtos sociales y líneas de estudio en América Latina

Respecto a los estudios de los movimientos sociales en América Latina, vale mencionar que estos cobran mayor relevancia a partir de los cambios suscitados a nivel del sistema político, principalmente a raíz de las llamadas “transiciones democráticas” ocurridas tras la salida de los regímenes militares que dominaron la escena hasta fines de los 90. Con la vuelta a las democracias y el declive de los Estados desarrollistas, las formas de articulación social varían incorporando también ejes relacionados a la identidad y la organización desde la vida cotidiana. En tal sentido, destacan estudios como los de Álvarez y Escobar “The making of social Movemnts in latin America (1992) que centran el análisis en la acción colectiva en sociedades signadas por la crisis del modelo de desarrollo en la región (denominado modelo de sustitución de importaciones) y la crisis de los partidos políticos y los mecanismos de representación. Estas nuevas identidades se asumen de un modo distinto a occidente, pues acrecientan su potencial como medio para democratizar diferentes espacios de la sociedad; el movimiento feminista por ejemplo vincula sus reivindicaciones de autonomía a la transformación del espacio doméstico, lo cual se expresa en la organización de cocinas populares que buscan garantizar el derecho a la alimentación del colectivo. De otro lado, se producen cambios en las relaciones entre partidos políticos y movimientos sociales, las mismas que tradicionalmente se habían inclinado hacia el predominio de la estructura partidaria y el condicionamiento a determinadas líneas ideológicas. Las organizaciones que surgen reclaman mayores márgenes de autonomía y cuestionan el rol de base movilizable a la que habían sido confinados.

Otra línea de análisis relevante en el análisis de los movimientos sociales latinoamericanos es el rol que el Estado y sus instituciones desempeñan, actuando como interlocutores y antagonistas a la vez. Esto ha llevado a que los movimientos desarrollen una tradición de participación política dual que implica su participación en la arena política electoral en distintas coyunturas y bajo diversas formas. Desde inicios del siglo XX el Estado en América Latina asumió un papel promotor de diversos proyectos modernizadores, que lo llevaron a interferir decisivamente en el desarrollo de los sectores productivos. De un lado, dicho protagonismo dio lugar a la constitución de un Estado patronal en torno a cual se articuló por ejemplo el movimiento obrero, y de otro lado permitió la consolidación de gobernantes carismáticos que encabezaron procesos de movilización social como sucedió con el peronismo en Argentina. Posteriormente en las luchas por la ampliación de derechos sociales, miles de pobladores tuvieron al Estado como principal interlocutor de sus demandas de vivienda, salud o educación, desarrollándose diversos estudios en torno a ello. Por ejemplo, para el caso mexicano Foweraker (1993) analiza cómo el Estado corporativo presidido por el PRI incide en la dinámica de los movimientos sociales orientando su lucha hacia las exigencias de democratización y autonomía, vinculándose con los partidos de izquierda que buscan la alternancia del poder. El autor alerta también sobre las formas clientelistas que genera un Estado corporativo y/o autoritario, constriñendo las posibilidades de acción de los movimientos sociales y generando lealtades que legitiman el status quo. El clientelismo y la manipulación de los gobiernos, generan lógicas de mediación que frenan la protesta de los movimientos sociales siendo un desafío para estos generar otras formas de incidencia en el sistema político alternativas a esta relación subordinada (Fowarekaer, 1990: 17).

Situándonos en la última década, vale resaltar análisis e investigaciones que vinculan la participación de distintos movimientos y organizaciones sociales en el ascenso y consolidación de los denominados “gobiernos progresistas”. En tal sentido, como afirma Thwaites (2011) las movilizaciones desarrolladas desde inicios del s. XXI, se caracterizaron por cuestionar la primacía del mercado y la subordinación a la lógica de la acumulación global, planteando caminos alternativos al modelo neoliberal clásico. Es el caso de lo ocurrido en países como Ecuador, Argentina y más claramente en Bolivia, donde el triunfo de partidos o coaliciones políticas respondió directamente a la dinámica de los actores movilizados. Ente las publicaciones realizadas, destaca por ejemplo el libro “Sociología de los Movimientos sociales en Bolivia” (2005), estudio coordinado por Álvaro García Linera que analiza la conformación y dinámica de los principales movimientos sociales de Bolivia a partir de la utilización variables relacionadas a las estructuras de movilización y los marcos interpretativos. El estudio desarrolla además un enfoque metodológico basado en la investigación-acción crítica y emancipadora que, a la par que cumple con los requisitos académicos referidos al entendimiento de la realidad societal, provee pautas y prácticas de lucha para cambiar la realidad social. En todas las organizaciones analizadas, los estudios abordan aspectos generales referidos a su conformación, enfatizando en sus historias organizativas y poniendo relieve las bases normativas y orientadoras de los comportamientos venideros de los movimientos sociales, particularmente a las percepciones de actores aliados, adversarios, gobierno, Estado o Asamblea Constituyente y el actual proceso de gobierno liderado por Evo Morales.

En sentido similar al planteado por el estudio de García Linera, es importante resaltar que desde América Latina, el estudio de los movimiento sociales se ha desarrollado también desde una perspectiva “crítica”, término que opera como criterio de distinción para aludir a “una serie de autores y de enfoques anti deterministas, anti positivistas, anti mecanicistas, historicistas o románticos cuyos rasgos anti dogmáticos se traducían en una postura crítica no solamente orientada hacia las sociedades capitalistas burguesas y el pensamiento que las regía sino hacia adentro, hacia el movimiento socialista y el marxismo mismo” (Modonessi; 2015). Más en específico el interés se centra en explicar las prácticas de movilización y acción política que adquirieron relevancia en América Latina, y particularmente en el área andina, entre mediados de los 90 y la primera década del 2000, generando luchas sociales antineoliberales y crisis políticas en distintos países. De este modo, junto a eventos de protesta y ejercicio antagonista, se desarrollaron también procesos de subjetivación, en tanto se constituían como sujetos políticos con capacidad de modificar el escenario institucional, participar en procesos electorales y, en algunos de los casos, ser parte de gobiernos progresistas.

En esta línea, el libro “Movimientos Subalternos, antagonistas y autónomos en América Latina” (2015), coordinado por el sociólogo Massimo Modonesi, recoge esta perspectiva crítica, incorporando al estudio de la acción colectiva un ejercicio teórico metodológico que logra poner en perspectiva los procesos de subjetivación política surgidos al calor de luchas sociales. El libro presenta un variado panorama de experiencias de movilización y lucha desarrolladas en distintos países del continente, analizándolos desde una perspectiva guiada por los conceptos de subalternidad, antagonismo y autonomía, los cuales a su vez refieren a procesos de subordinación, conflicto y emancipación. Los distintos textos, además de ensayar el análisis de distintos escenarios y actores sociales en base a esta propuesta teórica, arrojan claves de lectura de los procesos que el autor define como de “época” pues las luchas sociales estudiadas aparecen articuladas a un momento dado de la correlación de fuerzas entre clases subalternas y clases dominantes.

3. Agenda actual de investigación y tópicos de análisis de los movimientos sociales

En base a los enfoques teóricos existentes, los análisis desarrollados en América Latina y la problemática presente en nuestros países, podemos esbozar una agenda de investigación, donde se ubican ejes de investigación y análisis a profundizar y tener en cuenta.

Uno de los tópicos de investigación en el ámbito de los estudios de movimientos sociales tiene que ver con la problemática socio ambiental, la cual adquirió mayor relevancia las dos últimas décadas y se vincula directamente al modelo económico reprimarizador extractivista basado en la sobre explotación de recursos naturales en su mayoría no renovables, dando lugar a nuevas formas de dependencia, dominación y conflicto. En este contexto socio económico, se desarrollan lo que Svampa (2012) denomina “movimientos socio ambientales” caracterizados por compartir una particular valoración del territorio, colocándolo al centro de una disputa que además incluye la preservación de los recursos naturales, dinámicas de desarrollo contrapuestas, cosmovisiones y marcos identitarios diferenciados. Organizaciones de pobladores, campesinos, pequeños productores, entre otros deben enfrentar la presión de grandes proyectos sobre sus tierras y recursos, problematizando aspectos como la gestión pública, el destino de los recursos naturales y la protección de “lo común” entendido como el cuidado de bienes colectivos no privatizables en los territorios.

El extractivismo impone una lógica de desarrollo que, con algunos matices, ha sido asumida también por los gobiernos progresistas, compartiendo la idea de que en este momento histórico es casi la única vía posible para la sobre vivencia de las economías nacionales y el impulso a proyectos de desarrollo que beneficien a las mayoría. Esta situación reafirma el carácter mono productivo de la región y propicia la reacción crítica de actores sociales que formaron parte de las bases de apoyo de estos gobiernos cuando accedieron al poder, como es el caso de Ecuador, donde un sector importante del movimiento indígena toma distancia del gobierno de Rafael Correa. Para Enrique Left (2006) se produce una “ambientalización de las luchas rurales” refiriéndose al entramado de acción en el que participan gremios campesinos, pueblos indígenas, redes de apoyo y organizaciones no gubernamentales con conexiones en el extranjero, los cuales participan de conflictos ligados al acceso y control de los recursos naturales, el territorio y el ambiente, estableciendo disputas respecto a que se entiende por desarrollo y democracia. Se configuran así luchas de poder por la distribución de bienes materiales (valores de uso), pero sobre todo de valores-significaciones asignadas a los bienes, necesidades, ideales, deseos y formas de existencia que definen los procesos de adaptación / transformación de los grupos culturales a la naturaleza.

En este ámbito, se ubican estudios importantes publicados en países como Perú o Colombia, especialmente impactados por el desarrollo de las actividades extractivas. Es el caso de “Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Una ecología política de transformaciones territoriales”, coordinado por Anthony Bebbington (2007), el cual aborda la relación entre minería, desarrollo y democracia en los países andinos y Guatemala. Entre los distintos casos de organización, movilización y conflictividad que se presentan, resalta una de las paradojas que el autor considera notable en los países latinoamericanos: son los pobladores rurales, percibidos comúnmente como los sectores sociales más atrasados, los que asumen la defensa del medio ambiente. Un esfuerzo similar es el estudio de los movimientos sociales relacionados a las actividades extractivas es el libro “Extractivismo minero en Colombia y América Latina” coordinado por Barbara Göbel y Astrid Ulloa (2014) que pone énfasis en las desigualdades generadas por el extractivismo minero. A partir de una serie de casos analizan experiencias de actividad minera y su impacto en territorios campesinos e indígenas principalmente, dando cuenta desde diferentes perspectivas (políticas, legales, socioambientales, territoriales, económicas y organizativas), de las actuales transformaciones del extractivismo minero en la región.

Entre otros ámbitos de investigación que hacen parte de la agenda actual, se cuenta lo relacionado a la renovada acción socio política de los pueblos indígenas, quienes aunque puedan compartir elementos de la agenda socio ambiental, cuentan con una historicidad y una trayectoria que los dota de identidad propia y una especial complejidad. Ubicándonos en la región andina, destaca el ascenso de movimientos indígenas -entendidos como la acción colectiva de organizaciones representativas de los pueblos indígenas que comparten una identidad étnica- que como señala Pajuelo (2007) sustentan su accionar apelando a la vez a un sentido de identificación étnica y a un reclamo de pertenencia nacional. En contraste con lo que ocurre en otras áreas del mundo, donde los movimientos étnicos adquieren tintes excluyentes que llegan a acarrear conflictos separatistas, existe una identificación étnica que reivindica su participación en la comunidad nacional más amplia, siendo menores las plataformas esencialistas. Son estos movimientos indígenas los que activan a partir de los 90 en países como Ecuador, Bolivia, Perú o Colombia, en un contexto de implementación de políticas neoliberales, crisis de los referentes partidarios de izquierda y aperturas institucionales que facilitan su participación. En este marco, los movimientos indígenas andinos logran implementar políticas de identidad donde la lucha étnica adquiere una especial complejidad reflejada tanto en la formulación de discursos políticos y el despliegue de eventos de protesta, como en la paulatina transformación en movimientos socio políticos de importancia nacional.

Entre los estudios relacionados a los movimientos indígenas, se cuenta la publicación de Ramón Pajuelo “Reinventando comunidades imaginadas; movimientos indígenas, nación y procesos socio políticos en los países andinos” (2007) el cual analiza las trayectorias políticas de los organizaciones indígenas de Ecuador, Bolivia y Perú, en relación a los procesos socio políticos ocurridos en dichos países. El autor, coloca particular énfasis en el protagonismo político organizativo indígena de la década pasada, expresado en la acción de la Confederación Nacionalidades del Ecuador (CONAIE) y en las organizaciones quechuas y aymaras de Bolivia, abordando también las dificultades de los indígenas peruanos para concretar la acción colectiva. En línea similar destaca el trabajo de Xabier Albo “Movimientos y Poder Indígena en Bolivia, Ecuador y Perú” (2008), el cual analiza los movimientos que se auto definen a sí mismos como indígenas y a partir de esta conciencia despliegan la acción social y también política, complejizando la concepción de nacionalidades dentro de sus países. Vale mencionar también el trabajo editado por Raquel Gutiérrez y Fabiola Escárzaga “Movimiento indígena en América Latina, resistencia y proyecto Alternativo” (2006) que además de los países andinos, abarca México y Centro américa, exponiendo las experiencias de movimientos indígenas que encabezan las luchas por su reconocimiento y en contra de la explotación, la marginación y el racismo de sus sociedades, avanzando a la par en construir nuevas formas de organización y de representación política a la vez que rescatan sus tradiciones, herencias y lenguaje.

Un tema que adquirió relevancia, especialmente la primera décadas del siglo XXI es el relacionado con la organización de los productores de la hoja de coca, históricamente criminalizados por las políticas anti narcóticos auspiciadas por los países consumidores de drogas derivadas de esta planta como la cocaína, y específicamente Estados Unidos. Justamente, como una forma de llamar la atención sobre su problemática y exigir un trato distinto a la producción de hoja de coca, los campesinos productores se organizaron desarrollando distintos acciones en Bolivia, Perú y Colombia, principales países productores. En el caso de Perú, el libro “Hablan los Diablos” (2007) recoge artículos de Hugo Cabieses, Anahí Durand y Ricardo Soberon, que analizan la problemática y organización de los agricultores cocaleros en relación al Estado, las políticas internacionales de interdicción y el reconocimiento de una identidad como campesinos e indígenas. Desde el caso boliviano, destacan las reflexiones de Mayarí Castillo (2004) respecto al discurso político y las luchas por hegemonía desarrolladas por los campesinos cocaleros en el marco más amplio de protestas anti neoliberales que remecieron Bolivia a fines de los 90 y llevaron al gobierno a Evo Morales. Transcurridos más de diez años desde las movilizaciones cocaleras más importantes, sería interesante contar con miradas actualizadas sobre este actor, especialmente en Bolivia donde el gobierno de Evo Morales ha procurado dar un tratamiento más integral y menos criminalizador al tema de la coca y el narcotráfico

Finalmente, podemos destacar los estudios relacionados al movimiento feminista, que aunque puede incluirse en el tópico de estudios de género, comprende una especificidad especial, al dar cuenta de procesos organizativos desde las mujeres, que han democratizado nuestras sociedades. Al respecto, resulta ilustrativo el libro “Feminismos en América Latina Su aporte a la política y a la democracia”, de la feminista peruana Gina Vargas (2008), una publicación que presenta un recorrido histórico por los procesos organizativos de las mujeres en Latinoamérica y con énfasis en el Perú. Desde una mirada más global, es interesante destacar estudio de Francesca Gargallo (2014) “Feminismos desde Abya Yala” que trasciende la variable género para brindar un panorama mucho más complejo de la organización e identidad de las mujeres del continente, y en particular de las que provienen de pueblos originarios. Asimismo, el estudio avanza en explicar la identidad, organización, dinámicas de pensamiento y praxis políticas de las mujeres originarias, buscando responder a la pregunta sobre la existencia de pensamientos feministas de cuño no occidental, arraigado en prácticas y cosmovisiones propias.

Sin duda son muchos más los ejes de análisis importantes por reseñar y profundizar en lo referido a los movimientos sociales en la región y que por cuestiones de espacio nos limitamos a mencionar. Es el caso, por ejemplo de los movimientos de autodefensa relacionados a la lucha por la seguridad ciudadana y contra el crimen organizado, especialmente en contextos arreciados por nuevas violencias como México. Es importante también de estudiar la vitalidad los movimientos de cultura comunitaria que activan mecanismos de transmisión y revitalización de la cultura popular como mecanismo de solidaridad y colaboración comunal. Finalmente destaca el caso de los movimientos sociales urbanos que dominaron la sociología décadas pasadas con las luchas por vivienda digna y servicios básicos y actualmente cobran nuevo protagonismo en medio de procesos de gentrificación que mercantilizan la ciudad.

Referencias

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Notas