1. Introducción

El propósito del trabajo es poner de manifiesto el rol de las luchas proactivas de las organizaciones de agricultores familiares, lo cual alude a múltiples estrategias para garantizar y consolidar sus derechos sobre la tierra a partir de la puesta en marcha de proyectos comunitarios de acceso al financiamiento y recursos tecnológicos, orientadas al mejoramiento productivo. Aquellas luchas proactivas se desarrollan de manera complementaria a las luchas defensivas que tienen lugar frente a la amenaza de desalojo y con el objetivo de regularizar la titularidad (individual o comunitaria) de la tierra donde viven y trabajan desde antaño.

Nuestra investigación tomará dos casos en el Departamento Figueroa (centro norte de la provincia de Santiago del Estero) que se caracteriza por la presencia de una importante cantidad de organizaciones de agricultores familiares en un contexto caracterizado por la precariedad en la tenencia de la tierra. Esta situación se torna un foco de conflicto debido a la creciente valorización de las tierras por la ampliación de la zona de riego. Buscamos dar cuenta de la diversidad de estrategias, de situaciones de conflicto y de avances en las luchas proactivas. El primer caso se ubica al norte del departamento, en la zona de secano, más precisamente, en Santo Domingo, donde se originó un encierro ganadero comunitario¹, al que luego se incorporan otras actividades, como la producción de miel. El segundo caso se sitúa al sur, en la zona de riego. Se trata de una experiencia de lucha por la tierra que es también una lucha por el acceso al agua y la búsqueda de la diversificación productiva. Si bien son poseedores con ánimo de dueño (sin títulos de propiedad) que aún no tuvieron conflictos de tierra manifiesto, desde años vienen desplegando diversas acciones que, directa o indirectamente, tratan de regularizar la situación dominial².

Los interrogantes que guían el trabajo son ¿Qué papel juegan las políticas públicas para garantizar la tenencia de la tierra? ¿Qué oportunidades y limitaciones ofrece la presencia del Estado en el territorio para consolidar el derecho de tierra?

Nuestra hipótesis o anticipación de sentido es que en un contexto donde no existen políticas públicas destinadas a un ordenamiento territorial integral que brinde una solución de fondo al problema de la tenencia de la tierra, los pequeños productores intentan mejorar su condición mediante la búsqueda de intersticios en las políticas públicas. Aquellos intersticios consistirían en espacios de resistencia entre lo que está instituido (especialmente, en el derecho vigente y la apropiación de los recursos estatales que “bajan al territorio”). Todo lo cual sugiere la adopción de estrategias para mejorar la producción y la situación jurídica respecto del control de la tierra. Allí, es donde opera la creatividad, la cooperación y la tradición organizativa.

El trabajo se basa en un diseño principalmente cualitativo. Se hicieron entrevistas en profundidad a veinte miembros de organizaciones de agricultores familiares con el objetivo de comprender el sentido de sus acciones. También se analizaron documentos técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar.

En primer lugar, esbozamos un marco conceptual sobre las diversas formas de luchas territoriales de los agricultores familiares. En un segundo lugar, presentamos el territorio objeto de estudio. En una tercera parte, se analizan las acciones llevadas a cabo por los productores en cuanto a la apropiación de las políticas públicas en dos experiencias puntuales. Finalmente, proponemos una reflexión sobre el desplazamiento de los conflictos de tierra desde lo estrictamente jurídico a lo político y productivo.

2. Producir y resistir. Las grietas de lo instituido

En este apartado abordamos algunos aspectos teóricos que nos ayudarán a examinar la dimensión política de las estrategias organizativas y productivas que desarrollan los agricultores familiares del Departamento Figueroa³. Se trata de comprender las acciones colectivas en el marco de la lucha por la tierra y las múltiples formas de resistencia que actualmente caracterizan el paisaje rural (Van der Ploeg, Ye y Schneider, 2012)

Aunque la categoría resistencia es ambigua, resulta útil porque resalta la presencia del juego de poder en las relaciones sociales. Si bien la metáfora tomada de las ciencias naturales aporta una primera aproximación de un cuerpo que reacciona frente a una fuerza externa, quien resiste (en un sentido político) hace más que una reacción mecánica de oponerse: puede crear algo nuevo. En efecto, tenemos una re-existencia, es decir, “una forma de existir, una determinada matriz de racionalidad que acciona en las circunstancias, que actúa a partir de un topoi, de un lugar propio, tanto geográfico como epistémico.” (Porto Gonçalves, 2006:165)

James C. Scott (2014) sostiene que los modos de oposición a dicha subordinación pueden ser abiertos o encubiertos, dependiendo del modo de dominación y la naturaleza de las sanciones. Este autor señala que mientras los estudios sobre las resistencias campesinas se han centrado especialmente en analizar las rebeliones violentas y organizadas, éstas han sido formas minoritarias y que los campesinos han desarrollado su resistencia principalmente por medio de las prácticas del día a día, en ocasiones de forma oculta como ser simulación de obediencia, falsa docilidad, ignorancia fingida, entre otros. Dicho tipo de resistencia cotidiana se caracterizarían por no tener una organización formal, ni manifestaciones abiertas. Las mismas se desarrollan en contextos adversos, donde la correlación de fuerzas no permite un desafío frontal hacia el poder.

Van der Ploeg, Ye y Schneider (2012) distinguen tres tipos de resistencia: las luchas manifiestas, las luchas de oposición encubierta (descriptas por Scott) y las luchas relacionadas con alteraciones de los procesos de producción y circulación, promoviendo otras formas de economía. Esta última modalidad ya no sería una forma de reacción u oposición, sino la creación de nuevas formas de relacionamiento basada en valores como la solidaridad y la cooperación. Las cuales, tomadas individualmente, pueden parecer expresiones inofensivas, pero consideradas en conjuntos se convierten en potenciales vías del cambio social.

Actualmente, existe una gran diversidad de lógicas económicas distintas a las promovidas por la empresa capitalista. Se puede mencionar a las ferias de la agricultura familiar que originan formas de comercialización de alimentos, posibilitando el agregado de valor a sus productos y la construcción de circuitos cortos para colocar su producción.

En otros términos, aquellas prácticas pueden poner en cuestión las reglas dominantes que estructuran la producción y la asignación de recursos, buscando intersticios tanto a la lógica del mercado como a las políticas públicas vigentes. Muchas de estas acciones consisten en innovar en actividades productivas en las fincas o mediante las adaptaciones de los proyectos y las fuentes de financiamiento estatal para atender a las necesidades locales.

Uno de los aportes principales de este artículo es rescatar esta forma de resistir produciendo mediante el vínculo que despliegan las organizaciones de agricultores familiares con las políticas públicas. Esto se viene a sumar a otras estrategia campesinas de reproducción ampliamente estudiadas como la migración, el trabajo extra-predial, la pluriactividad, entre otras (Cowan Ros y Schneider, 2008).

Conviene a aclarar que, desde nuestras perspectiva, el tipo de resistencia que tratamos de conceptualizar no implica per se un rechazo del Estado o una construcción que necesariamente se despliega fuera del mismo. Por el contrario, muchas veces estas formas de resistencia consisten en el uso innovador de las leyes y políticas vigentes. Aquí pueden jugar un papel clave los técnicos e intelectuales que trabajan junto a agricultores familiares involucrados en el despliegue de estas prácticas alternativas⁴.

Por consiguiente, resulta pertinente traer a colación la diferencia que realiza Boaventura de Sousa Santos entre luchas ofensivas y defensivas a propósito de las reconfiguraciones de los Estados latinoamericanos en las últimas décadas: “En el caso de las primeras, el Estado es parte de la solución; en las segundas, es parte del problema” (de Santos, 2010:55). Mientras que las luchas ofensivas tienen como objetivo realizar cambios en las políticas públicas a fin de generar una mejor redistribución de la riqueza, las acciones defensivas e desarrollan en oposición al aparato represivo del Estado o de poderes fácticos⁵. La articulación entre ambas es compleja y asume formas específicas en cada territorio.

Para el análisis particular de las disputas territoriales en Santiago del Estero, nosotros distinguimos, en términos estrictamente analíticos, por un lado las luchas defensivas contra los desalojos y los desmontes; y por el otro las luchas proactivas. Estas últimas están orientadas a consolidar y promover el territorio campesino como un espacio diferenciado por su modo de vivir y producir. En este sentido, ya no basta la autodefensa frente al avance de las topadoras⁶ y las batallas judiciales para regularizar la propiedad, sino que se brega por un modelo de desarrollo rural más inclusivo y sustentable.

En este marco, el trabajo explica cómo, paulatinamente, las organizaciones de agricultores familiares de Figueroa han ido articulando ambas luchas, pues la resistencia para sostener el uso compartido de los espacios comunales tradicionales (como ser los lugares de pastoreo) no impidió problematizar cuestiones relacionadas con la búsqueda de alternativas productivas (adaptada al contexto agroecológico y los recursos locales). Esto contribuiría al arraigo de los agricultores familiares en un territorio que históricamente ha sido expulsor de población debido a la falta de fuentes de trabajos para la población local. En este sentido, las reconfiguraciones de las políticas públicas de los últimos años resultan claves para avanzar en las conquistas y en las materias pendientes.

3. La re-existencia de las organizaciones de agricultores familiares en Figueroa

El departamento Figueroa se ubica en el centro-norte de la provincia y es atravesado de norte a sur por el Rio Salado. Según el Censo de 2010, este territorio cuenta con 17.568 habitantes, de las cuales un 76, 1% viven en zona rurales (Landsman, 2014). La gran mayoría de las explotaciones agropecuarias son sin límites definidos. Lo cual es un indicador de los conflictos latentes y manifiestos por la tierra⁷. Según el observatorio de Derechos Humanos de la Provincia, durante el periodo 2004-2013 se registraron 46 conflictos de tierra en el departamento, afectando a más de 700 familias (Landsman, 2014).

Mapa 1
Ubicación del Departamento Figueroa
Fuente: Mapa elaborado por Paola Marozzi (UNSE)

Históricamente, se trató de un territorio caracterizado por la constante pérdida poblacional debido a muchos factores como ser la decadencia de la explotación forestal desde mediado del siglo XX (a causa de un uso no sustentable del bosque nativo), la migración extraprovincial por razones laborales (principalmente, desde la década 1970) y la carencia de servicios básicos como escuelas y hospitales. Por otro lado, la siembra de algodón ha sido la actividad productiva predominante entre 1970 y 1990. En los últimos años, se puede observar una diversificación con el avances de la superficies sembradas con soja, maíz y sorgo (SIIA, 2015).

Cuadro 1
Superficies sembradas de algodón, soja, maíz y sorgo en Figueroa (2004-2014)

Elaboración propia en base a los datos del SIIA (Sistema Integrado de Información Agropecuaria.)

Los campesinos de Figueroa se caracterizan por la diversificación de las actividades económicas. Además de la siembra a pequeña escala se practica la ganadería extensiva y se mantiene la actividad de extracción forestal (postes, leña y carbón) con cierta intensidad. En cuanto a la cría de ganado vacuno y caprino, ésta se realiza usualmente a campo abierto y con poca infraestructura, sin mejora genética. Por su parte, la cría de aves de corral y cerdos construye un stock importante para las familias campesinas, orientadas principalmente para el autoconsumo.

Comúnmente, algunos de los miembros de los hogares campesinos migran a otras provincias a fin de completar el ingreso familiar. Los principales circuitos migratorios son las cosechas de papa y la desflorada de maíz en la zona centro del país, pero también surgieron nuevos circuitos migratorios extra-pampeanos originados en los últimos años (el limón en Tucumán, el espárrago en Mendoza, la aceituna en La Rioja y el arándano en Entre Ríos).

Una de las principales dificultades de la población local tiene que ver con el acceso al agua, afectando la vida familiar y el desarrollo de las actividades productivas. A esto se le suma la falta de canales en condiciones adecuadas para la provisión de agua (Arístide, 2009).

Pese a aquellas limitaciones estructurales, el departamento Figueroa no quedó afuera del proceso de expansión de la frontera agropecuaria. Es decir, la puesta en producción de tierras antes consideradas marginales.

En este contexto, la habilitación de nuevas tierras trajo consigo por un lado una re-estructuración del sistema productivos; y por otro lado, elevados niveles de disputa por la tierra (Paz et al, 2015)⁸. Los principales afectados en este nuevo escenario fueron las comunidades campesinas, debido a los problemas históricos de precariedad en la tenencia de la tierra y la falta de una respuesta política de fondo.

4. La lucha por la tierra y el papel de las políticas públicas

Al igual que en gran parte del territorio provincial, la regularización de los títulos dominiales es un problema que aqueja a la mayoría de los agricultores familiares del Departamento Figueroa. Los cuales son, desde el punto de vista jurídico, poseedores que viven y trabajan esos terrenos por generaciones de forma pacífica e ininterrumpida (Gutiérrez y González, 2011). Sin embargo, tienen serias dificultades para acceder al título perfecto, lo cual se debe a muchos motivos como ser las restricciones económicas y la falta de información sobre sus derechos⁹. Por tanto, siguen sufriendo fuertes presiones para abandonar las tierras.

Con el nacimiento del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) en 1990, se manifiesta una de las más importantes expresiones de organización en la lucha por la tierra en la provincia. Los frenos a las expulsiones que promueve este actor se hacen tanto mediante la legítima defensa de sus predios (ante los intentos de desalojos violentos) como a través de las presentaciones judiciales, por ejemplo a través de juicios de prescripción. Asimismo, el MOCASE Vía Campesina suele desarrollar acciones tendientes al reconocimiento de los predios como territorios de comunidades indígenas (Jara y Paz, 2014).

“Hoy siguen existiendo problemas de tierra, aunque diferentes de los anteriores, hoy nos encontramos con conflictos entre los titulares dominiales y poseedores, pero también están aconteciendo conflictos entre poseedores y comunidades originarias (las cuales tienen una forma diferente sobre la posesión comunitaria) y otro tipo de problema tiene que ver entre vecinos.”¹⁰ (Entrevista realizada al Director de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Provincia).

Históricamente, la lucha por la tierra se dio en un contexto político hostil hacia las organizaciones campesinas que incluyó, entre otras acciones, la negación a otorgar la personería jurídica al MOCASE durante los gobiernos juaristas¹¹. Desde 2005, el nuevo gobernador abrió una instancia de diálogo que permitió la creación de la denominada Mesa Tripartita¹². Desde este espacio, se impulsó la creación del Registro de Aspirantes a la Regularización de la Tenencia de la Tierra y el Comité de Emergencia¹³. Sin embargo, los problemas de fondo (la concentración y la desigualdad en el acceso a la tierra) siguen sin resolverse.

En otras palabras, la cuestión no se refiere exclusivamente a una falta de títulos de propiedad. La titulación de la tierra es una condición necesaria, pero no suficiente (Slutzky, 2007). En efecto, son necesarias políticas públicas orientadas a promover las potencialidades productivas del sector, tales como la mejora de infraestructura (por ejemplo: acceso al riego), la combinación de sus propios saberes con nuevas tecnologías y el perfeccionamiento en el manejo del ganado (desde el punto de vista de la sanidad y la sustentabilidad de los recursos naturales).

Un análisis panorámico de la presencia del Estado en el departamento Figueroa permite señalar que existe una importante cantidad de planes y organismos que ejecutan políticas públicas orientadas a la pequeña producción campesina en dicho territorio, aunque de manera segmentada. De este modo, los Estados Nacionales y Provinciales se han hecho presentes mediante El Programa Social Agropecuario (PSA), el Proyecto de Alivio a la Pobreza (PROINDER), las diferentes líneas de créditos y subsidios de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS), del Ministerio de la Producción y Recursos Naturales de la Provincia, entre otros.

En el cuadro 2 se puede observar las políticas públicas orientadas a la agricultura familiar que tuvieron mayor incidencia en los últimos 10 años en el Departamento Figueroa. Estos planes o programas además del financiamiento, brindaron asistencia técnica y capacitación, ya sea en forma individual o grupal. A su vez, clasificamos a dichas políticas en directas e indirectas. Las primeras son aquellas que tienen como objetivo explícito atender al problema de la tenencia precaria de la tierra. En cambio las segundas, si bien no son formuladas con dicho propósito, su ejecución puede contribuir indirectamente a mejoras prediales y productivas, requisito básico para el reconocimiento de los derechos posesorios desde el punto de vista jurídico.

Cuadro 2
Políticas públicas orientadas a la Agricultura Familiar en Figueroa entre 2005-2015

Cont. Cuadro 2
Políticas públicas orientadas a la Agricultura Familiar en Figueroa entre 2005-2015

El cuadro revela que desde el punto de vista de la regularización de la tenencia de la tierra, las políticas públicas son insuficientes para dar solución de fondo al problema. No obstante, aunque la gran mayoría de políticas no apuntan directamente a este objetivo, el productor y las organizaciones de base que reciben estos beneficios van consolidando su derecho a la tierra, combinando dichas políticas públicas de acuerdo a su lógica y sus necesidades.

Elaboración propia.

La importancia de aquellas luchas por la tierra centrada en lo productivo se comprende mejor si se toma en consideración un factor que analizó Barbetta (2009), quien sostiene que cuando un conflicto de tierra es judicializado, por ejemplo, en aquellos lugares donde los campesinos realizan un uso comunitario del monte para pastoreo, el criterio predominante entre los magistrados es que no hay evidencias de que se trate de tierras con mejoras. En efecto, se observa un constante desconocimiento o descalificación hacia otros modos de producir que no sea el tradicional tecnificado e intensivo.

Por tanto, se puede apreciar que las luchas defensivas generalmente se dirimen entre las grietas del sistema jurídico instituido, ya que no existe el reconocimiento del derecho comunitario campesino ni tribunales agrarios (como demandan las organizaciones campesinas) para resolver litigios que afectan a estas comunidades rurales (los cuales no se enmarcan fácilmente en el código civil). En consecuencia, se tiene que apelar a ciertos mecanismos del derecho liberal vigente, como los juicios de prescripción, para detener los desalojos.

Paralelamente, las organizaciones de agricultores familiares tienen que desarrollar múltiples estrategias de adecuación de las políticas públicas con la finalidad de consolidar su derecho a la tierra. Entre las múltiples experiencias que se desarrollan en el territorio provincial se puede mencionar la alternativa que encontró una comunidad rural a las limitaciones que planteaban las exigencias administrativas del Estado. En aquella oportunidad, la organización de pequeños productores formuló un proyecto para la adquisición de equipos mecanizados que se necesitaba para realizar, por cuenta propia, la excavación de represas. De este modo, se pretendía no tener que contratar dicho servicio a mayores costos. Sin embargo, los programas disponibles en ese momento no financiaban este tipo de compra, sino que ofrecía subsidios individuales a cada una de las familias para que contraten el servicio de cavado. Por lo tanto, la organización de productores, acompañada por los técnicos, creó un fondo colectivo para la adquisición de la maquinaria de uso común.

En resumen, se puede advertir un desplazamiento no solo en los términos en que se plantea el conflicto por la tierra, sino también el modo de procurar una posible resolución. Es decir, la judicialización de los conflictos territoriales se va corriendo, cada vez más, al campo político y productivo. Esto se hace evidente tanto en el encierro ganadero comunitario de Santo Domingo, como la cooperativa Nuevo Horizonte que se analizan más adelante.

5. Las organizaciones de Agricultores familiares de Figueroa y sus acciones políticas

Entendemos por organización de agricultores familiares a un tipo de construcción social con capacidad para resolver problemas comunes, regulada por determinada norma, encaminada por determinados objetivos, las cuales consiguen mantenerse y transformarse a partir de la acumulación de diversos “capitales” (materiales y simbólicos) que circulan en el espacio social (Alfaro, 1998)

Las organizaciones rurales pueden tener distintos grados. En primer lugar, se encuentran las organizaciones de base local constituidas por familias (campesinas, indígenas, trabajadores rurales, entre otros) que quieren trabajar para la consecución de una variedad de proyectos compartidos, tales como la gestión de recursos comunes (Sternadt y Ramírez, 2014). Por su parte, las organizaciones de segundo o tercer grado se tratan un tipo de agrupación que nuclea a organizaciones de base (más o menos homogénea) y que adquieren un estatuto de representatividad de éstas, en la medida en que busca concretar sus demandas sectoriales, ejerciendo mayor presión en el ámbito político.

En el territorio del Departamento Figueroa, actualmente existen más de veinte organizaciones de pequeños productores¹⁴, con diferentes figuras legales. Muchas de estas organizaciones cuentan con una importante tradición respecto a la lucha por la tierra, varias de ellas fueron fundadoras del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE).

Además de las numerosas organizaciones de base en el territorio que estamos analizando, se conformó la Mesa de Tierras de Figueroa en el año 2000, la cual fue pensada como un espacio interinstitucional que congregaba a distintas organizaciones con el objetivo de dar respuesta a las demandas campesinas de la zona. Esta se reunió por primera vez bajo la convocatoria “por el derecho a la tierra”. En aquella oportunidad, además de las organizaciones, participaron la Iglesia, instituciones locales como la escuela y abogados que acompañaban a las comunidades campesinas e indígenas.

Originariamente, la mesa tenía por objetivo elaborar un diagnóstico de la situación del conflicto por la tierra y proponer soluciones para esta cuestión. A partir de eso, se realizaron capacitaciones sobre derechos posesorios lo cual originó la llegada de otros programas o planes que financiaron obras individuales y comunitarias. Por ende, “este proceso generó mayor conciencia de los derechos campesinos en el territorio” (Técnico de la SAF)

Según María Inés Alfaro (1998) es fundamental identificar los recursos o capitales que permiten a los miembros de aquellas organizaciones desplegar nuevas estrategias para la visibilidad y la negociación política. Por ende, los grupos pueden contar con capacidades internas (prácticas sociales solidarias al interior de cada organización, trueque, minga, fortalecimiento de la institucionalidad) y capacidades externas (crear o identificar oportunidades para construir una red de relaciones institucionales e interactuar en las arenas políticas, incidiendo en las políticas públicas que afectan al sector). Es justamente en este último ámbito donde centramos la mayor parte de nuestro análisis¹⁵.

Por otro lado, la forma en que las organizaciones despliegan sus acciones “hacia afuera” plantea una cuestión muy debatida actualmente, esto es: su autonomía en el sistema político. La misma puede ser entendida como la capacidad por mantener una posición propia en el vínculo establecido con el gobierno de turno (de Dios y Gutiérrez, 2014).

En este contexto, aparecen interpretaciones que entienden que el acercamiento de las organizaciones sociales hacia el Estado, deriva necesariamente en una pérdida de su autonomía y en la aparición de nuevos esquemas de disciplinamiento (Zibechi, 2011)¹⁶. Otros entienden que este proceso de acercamiento es producto de una decisión activa para disputar el Estado (Gómez, 2010), considerado como un lugar privilegiado donde se condensan las correlaciones de fuerzas y quienes lo ocupan pueden transformar sus intereses en leyes y construir un marco institucional que garantice la estabilidad de sus conquistas (Borón, 2003).

De las entrevistas realizadas a los miembros de las organizaciones de agricultores familiares de Figueroa se puede observar posiciones encontradas. Para algunos, “el proceso organizativo de base permitió que los dirigentes campesinos se sumerjan en la política partidaria municipales, pudiendo gestionar nuevos recursos para las comunidades” (Dirigente campesino de Figueroa). Sin embargo, otros actores locales son más escépticos de estos espacios: “la mesa no supo aprovechar las oportunidades que hubo para fortalecer la lucha y prevalecieron algunos personalismos” (Técnico SAF).

En suma, la necesidad de recuperar estas discusiones sobre la relación entre las organizaciones sociales y el Estado radica en su utilidad para pensar la acción colectiva no ya de la presunta abdicación pasiva frente a una agenda impuesta desde arriba, sino partiendo del presupuesto de que existen actores en conflicto, con distintas cuotas de poder, usando distintas estrategias que tensionan al Estado como instancia de decisión de políticas públicas que afectan al conjunto de la sociedad. Por tanto, consideramos necesario repensar dichas categorías teóricas a partir de las experiencias que presentamos a continuación.

6. La lucha por la tierra en el Norte de Figueroa mediante un encierro ganadero comunitario

En este apartado se presenta una expresión concreta de lucha proactiva por la tierra desarrollada por la organización de base de Santo Domingo. La misma está conformada por ocho familias productoras ubicadas en el paraje El Chañar (al Norte del Departamento Figueroa). Por generaciones, estos campesinos han habitado pacíficamente un terreno que comprende 750 hectáreas divididas en tres parcelas de aproximadamente 250 hectáreas cada una, todas en posesión con ánimo de dueño.

El proceso organizativo a nivel local diseñó una estrategia que consiste en la búsqueda de recursos económicos del Estado para contribuir a regularizar la tenencia de la tierra. Con este propósito, se realizó un encierro ganadero comunitario, con el apoyo de varias instituciones (como la Secretaría de Agricultura familiar de la Nación y el Ministerio de la Producción Provincial).

En los últimos años, se ha avanzado haciendo mejoras en formas comunitaria para el manejo silvopastoril y la diversificación productiva. Unas de las actividades que desarrollan de mondo comunal es la ganadera, con la cría y venta de terneros. A ello se suma la siembra de maíz y cucurbitáceas en huertas familiares y la cría de cabritos para el autoconsumo.

Cabe aclarar que, hasta la actualidad, aquellos campesinos no sufrieron amenazas de desalojos por parte de empresarios, sino que se trata de desactivar un potencial foco de conflicto en un contexto de ausencia generalizada de títulos de propiedad. Esta comunidad cuenta con un abogado que los asesora en la defensa de su posesión y participa en la Mesa de Tierras de Figueroa, lo cual demuestra un alto grado de concientización sobre sus derechos.

“El problema de tierra se debe solucionar desde el punto de vista productivo y legal. Tenemos que estar preparado, si vos produces vas a poder hacer el trámite y si vos no produces nada y si recibes subsidios de arriba y no lo sabes usar, no vas a avanzar” (Productor local).

Asimismo, los productores de Santo Domingo se han organizado como una cooperativa para fortalecer la actividad apícola que se realiza en reductos de bosques nativos existentes al interior de los propios encierros comunitarios. Un dato interesante es que si bien la ganadería tiene un papel central para la economía doméstica, estos productores ven a la apicultura como una actividad muy rentable y la principal generadora de ingresos.

“hemos tratado de contagiar a muchos jóvenes y muchos han ido a estudiar apicultura. Este año se están haciendo prácticas y, supuestamente, en un año vamos a tener criadero de reinas. Para nosotros esto es fundamental”. (Productor local).

En suma, las dimensiones defensivas y proactiva de la lucha por la tierra se entrelazan en este caso. Allí, las iniciativas productivas están efectuando actos posesorios que benefician a la hora de un juicio de prescripción. De este modo, el trabajo de la tierra, el pago comunitario de los impuestos inmobiliarios y el apoyo del Registro de Poseedores para la confección del plano contribuyen para que en un futuro puedan contar con la propiedad comunal.

7. La lucha por la tierra es también una lucha por el agua en el sur de Figueroa

La reconstrucción del dique y el re-funcionamiento del sistema de canales, especialmente en el sur del departamento han generado diversas disputas en torno a los criterios de distribución del agua y la revalorización de la tierra.

Con el propósito de dar respuesta al histórico problema de las constantes inundaciones y sequias que han azotado a esta región, en el año 1944 comenzó la construcción del Dique el “Cero”. Posteriormente, esta obra se complementó, en 1955, con el Embalse Figueroa, aguas arriba (a dos kilómetros de distancia) y con mayor capacidad. No obstante, en 1974 se dio una inundación de tal magnitud que los pobladores debieron mutar del riego por manto al tradicional riego por bañado¹⁷.

En la década de 1980, debido a las cárcavas originadas por abundantes precipitaciones se produjo el colapso total del sistema de riego (Ros Canderia, 2014).Esta situación se mantendría sin solución hasta que en 2005 se acordó la “Reconstrucción Integral del Sistema Hídrico Figueroa” entre el gobierno nacional y provincial.

En este contexto hostil para vivir y producir, en el año 1998 surgió la cooperativa Nuevo Horizonte. La misma se ubica al sur del departamento Figueroa, en la localidad de Rio Muerto. La organización está conformada por 27 familias, todas ellas minifundistas que se dedican principalmente a la siembra de maíz, sorgo, algodón y cucurbitáceas, combinando el autoconsumo con la venta. No obstante, la falta de acceso al agua, conlleva usualmente un atraso tanto en los cultivos como en las cosechas.

“Esta situación es consecuencia de los 30 años de destrucción y abandono del sistema hídrico, el tema sigue sin resolverse.” (Socio de la cooperativa).

Otro de los problemas centrales para estas familias es la situación de inseguridad en su derecho a la tierra. Aunque no tuvieron ningún diferendo manifiesto con empresarios ni sufrieron desalojos, con la ampliación de la zona de riego y el crecimiento del precio de la tierra, los dirigentes y los productores plantean la urgente necesidad de regularizar su situación para evitar futuros conflictos.

En una estrategia similar a los campesinos de Santo Domingo, esta organización intenta afianzar sus derechos posesorios mediante mejoras productivas y prediales, como ser la producción apícola que se vende a Copsol, una acopiadora de la provincia que se dedica a la exportación de miel orgánica.

En esta misma dirección, se fortaleció la producción porcina de forma comunitaria, mediante la incorporación de un plantel de madres. Con este propósito, recibieron asistencia del Estado Nacional y Provincial para la infraestructura comunitaria (corrales, herramientas, forraje, insumo veterinarios y asistencia técnica).

Sin embargo, el problema de acceso al agua sigue siendo acuciante y constituye un tema central de la agenda de estos productores. Cuando en 2011 se reinauguró la obra, el gobierno provincial intentó reconstituir los consorcios de regantes con la finalidad de mejorar la administración del agua, pero existen serias dudas en las comunidades campesinas.

“hubo reuniones, pero no tienen continuidad… los organismos provinciales consideran que las organizaciones que hay en la zona no son adecuadas para el manejo del agua, pero hay que respetar a las organizaciones que ya existen en el territorio” (Dirigente de la Cooperativa).

El Sistema hídrico de Figueroa no ha garantizado el acceso a este derecho básico a los agricultores familiares ya que las comunidades han sufrido diversos cortes de agua, dificultando la actividad productiva. Constantemente, estos productores corren el riesgo de quedarse sin agua debido a la falta de regulación de caudal del Embalse. Por tanto, es necesario fortalecer los procesos organizativos, como sostiene el entrevistado, para poder incidir en el Estado y evitar que la mayor parte del recurso sea “acaparado por los grandes sojeros de la zona” (Socio de la cooperativa).

8. Reflexiones finales

El trabajo que presentamos permite identificar aquellos procesos en marcha, inacabados, que pueden parecer pequeños, pero que en su desenvolvimiento van dejando huellas emancipadoras (Sousa Santos, 2006). En este sentido, los resultados de nuestra investigación pretenden ir más allá de la crítica y de la denuncia para avanzar en lo propositivo. De este modo, evitar un desperdicio de la experiencia de los sujetos.

En cuanto a las políticas públicas, el análisis de su impacto en Figueroa nos lleva a sostener que es preciso superar las tradicionales formas de trabajo segmentadas. En los dos casos examinados detectamos la falta de una mirada holística por parte de las políticas públicas. Además, se observa una marcada desarticulación en estas intervenciones gubernamentales, tanto a nivel provincial como nacional; por ende se desaprovecharon recursos técnicos y financieros.

En este marco, observamos que las luchas proactivas conllevan un desplazamiento de lo jurídico a lo político y lo económico. Es decir, una resignificación y complejización de la problemática por la tierra. En efecto, las organizaciones profundizan su autopercepción como sujeto de derechos. Se pone así en juego el ejercicio de una ciudadanía que diseña y rediseña una pluralidad de estrategias, no exentas de tensión, para acceder a recursos públicos (ya sean créditos, subsidios, planes sociales, etc.) y de este modo continuar trabajando la tierra que habitan por generaciones.

En esta dirección, los encierros ganaderos es una modalidad de producción novedosa para la comunidad que cobran un creciente sentido político en un contexto de lucha por la tierra. Ese sentido político tiene incidencias (ambientales, paisajísticas y económicas) en el resto de la sociedad, debido a que los encierros ganaderos comunitarios son diseñado con el objetivo de evitar el sobrepastoreo (de esta manera se protege el bosque nativo), permite que la familia viva en el campo (agricultura con agricultores) y contribuyen a fortalecer la soberanía alimentaria (son proveedores de alimentos al mercado interno).

Asimismo, la búsqueda de la diversidad productiva en la cooperativa Nuevo Horizonte permite ampliar los márgenes de autonomía de las unidades domésticas, puesto que si se aferran a un solo producto su bienestar estará fuertemente condicionada externamente por los valores que fija el mercado. La combinación de la apicultura, la agricultura y la ganadería a pequeña escala en un contexto de carencias estructurales es central para asegurar a corto plazo la subsistencia (ya sea mediante el autoconsumo o la venta) y a largo plazo la regularización en la posesión de la tierra.

Sin duda, la sanción de la Ley nacional 27.118 (Reparación Histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina)¹⁸ representa un avance en este aspecto, la cual contribuye a la creación de un marco normativo para el sector. Sin embargo, es necesario comprometer mayores recursos para velar por su cumplimiento.

En suma, a lo largo de estas páginas intentamos mostrar como las luchas defensivas son inseparables de las luchas proactivas. Para lo cual, las comunidades rurales utilizan diversas estrategias, la que destacamos en nuestro artículo es la apropiación, adecuación y combinación por parte de los productores de las políticas públicas. Por lo tanto, en un marco donde no existe una solución de fondo al problema de la tierra, las organizaciones de agricultores familiares buscan oportunidades para mejorar su situación abriendo grietas en lo instituido.

Referencias

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BARBETTA, Pablo (2009). En los bordes de lo jurídico. Conflicto por la tenencia legal de la tierra en Santiago del Estero. Tesis doctoral presentada en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y letras.

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Notas