Introducción: regulación laboral y condiciones de empleo

Las relaciones entre ciclos económicos y el bienestar están mediadas en buena parte por los procesos de redistribución que se dan en los mercados de empleo. En especial esta relación está determinada por los modelos regulatorios que pautan la distribución de los excedentes entre trabajadores y empresarios. En este sentido se considera que los mercados de empleo son una construcción social que entrelaza los factores estructurales y las relaciones de poder entre los diversos agentes que en él participan, dando forma así a la institucionalidad especí- fica que regula las determinadas formas de trabajo y las características de los empleos en un país, región o rama de producción (Riella y Mascheroni, 2015).

En esta dirección, Klein (2014) remarca que las instituciones del mercado de trabajo son una de las determinantes principales de la calidad de los empleos en el medio rural. Asimismo, las características del mercado de trabajo rural explican en parte las condiciones de pobreza de la población que vive y se emplea en estos espacios. Para el autor, estas características están asociadas a múltiples a debilidades en el diseño y la aplicación de las instituciones del merca- do de trabajo como salario mínimo por categorías, protección social, sindicalización y formas de contratación de la mano de obra, entre otras; y también a una serie de procesos laborales como trabajo infantil, discriminación hacia las mujeres, migraciones internas e internacionales y mecanismos de certificación laboral de productos. Estos mecanismos que contribuyen a reproducir las altas tasas de pobreza rural son también los que tienen un potencial para su superación (Klein, 2014).

Como destaca Weller (2009), la institucionalidad laboral está compuesta por tres pilares, a saber, la regulación del mercado de trabajo, los sistemas de protección contra el desempleo y las políticas activas del mercado laboral. Para que esta institucionalidad laboral pueda con- tribuir efectivamente a la generación de empleo de calidad, se deben realizar ajustes en estos tres pilares. En Uruguay, a partir del año 2005 con la asunción de los gobiernos progresistas en el país, se desplegaron programas y acciones en estos tres ámbitos que afectaron directa e indirectamente al mercado laboral agrario, y que fueron el resultado de un largo proceso de ne- gociaciones y conflictos entre los gobiernos electos del Frente Amplio, las organizaciones em- presariales agropecuarias y los sindicatos de asalariados rurales (Riella y Mascheroni, 2017).

En el primer apartado de este artículo se realiza una síntesis de las políticas de regulación del mercado de trabajo a partir del año 2005, examinando las innovaciones más relevantes impulsadas mediante una serie de iniciativas legislativas y regulaciones específicas que impac- taron el empleo agrario del país, y que buscaban de manera directa o indirecta en aumentar la participación de la masa salarial en los excedentes generados en el sector. En segundo lugar, se describen en general las fases del ciclo económico agrario que enmarcan las políticas de regu- lación laboral implementadas en estos años. En el tercer apartado, se presenta la evolución de los principales indicadores del mercado de empleo agrario para el periodo de estudio (2005- 2018), y a partir de esta evidencia se realizan las reflexiones finales del trabajo.

1. Cambios en los marcos regulatorios en el mercado de empleo agrario uruguayo

A nivel político institucional, en el año 2005 cuando asume el Frente Amplio se produce un giro del gobierno hacia la centro-izquierda que supone un realineamiento de las relaciones de fuerza nacionales. Esto implica en los hechos un reconocimiento y ampliación de derechos so- ciales y económicos de la población, muchos de los cuales habían sido reclamos de larga data de los movimientos sociales del país, y en particular parte de las reivindicaciones históricas de los asalariados rurales.

Se produce una reorientación general de las políticas públicas dirigidas al mercado de empleo con el objetivo de hacer retroceder los procesos de desregulación del mercado de trabajo, fortalecer los servicios públicos y de protección social y formular políticas públicas para el re- conocimiento de los derechos de los asalariados rurales y sus organizaciones.

Durante la primera década de los gobiernos progresistas se implementaron más de una veintena de leyes, promoviendo el reconocimiento de la existencia de derechos laborales irrenunciables y universales, y la promoción del diálogo social como un objetivo estratégico (Notaro et al, 2011). La medida más destacada fue la reinstalación de los consejos de salarios, ampliando el alcance de la negociación colectiva a sectores que nunca habían sido incluidos, como el rural, el trabajo doméstico y el sector público. Un cambio sustantivo respecto al periodo anterior, es que las leyes aprobadas en estos años tienen régimen general y no excluyen a los trabajadores agrarios de su ámbito de aplicación.

Respecto al trabajo en el sector rural, como se observa en la parte superior del Cuadro 1, entre 2005 y 2009 se promulgan una serie de leyes que buscan dar respuesta al rezago histórico de la regulación laboral en el medio rural y la falta de derechos de los trabajadores agrarios respecto a la legislación urbana.

En el 2005 se toma una de las medidas más relevantes al incorporar este colectivo a los Consejos de Salarios, espacios tripartitos integrados por representantes de los trabajadores, empleadores y el Poder Ejecutivo, con lo cual se establece para el futuro un mecanismo para la fijación de los salarios mínimos de los trabajadores agrarios por rama y categoría de ocupación, que impone un ajuste anual y la posibilidad de convenios colectivos que garanticen el aumento del salario real frente a la inflación.

Una segunda ley que tendrá un impacto importante en la conformación de los mercados de empleo rural es la referida a la regulación de la subcontratación e intermediación de mano de obra (2007), que hace responsable a las empresas que utilizan contratistas de la formalización del empleo y los aportes a la seguridad social de los trabajadores. En el medio rural, esta ley tiene un fuerte impacto debido al vertiginoso aumento en la década de 1990 de las modalidades de subcontratación e intermediación y las frecuentes violaciones a las leyes laborales que estas modalidades utilizaban como forma de bajar los costos salariales y aumentar las ganancias.

La tercera normativa a destacar es la Ley de Jornada Laboral y Régimen de Descansos en el sector rural (2008), que limita la jornada laboral a 8 horas diarias y 48 horas semanales, para combatir las extensas jornadas que estaban ‘naturalizadas’ en el medio rural. Esta ley fue ampliamente resistida por las gremiales empresariales rurales, bajo el argumento de que las características productivas del agro exigen mayor flexibilidad horaria y que cualquier intento de regular la jornada va contra el “ritmo que marca la naturaleza” y la “costumbre de nuestro campo” (Mascheroni, 2011). Para el resto de los trabajadores la ley de las ocho horas data de principios del siglo XX.

Estas tres normativas, junto a otras que fortalecieron la acción sindical, la mejora de los dis- positivos estatales de control, y un mayor acceso a la justicia laboral y agilización de los trámi- tes de los juicios laborales, buscaron garantizar la aplicación real de la normativa formalmente aprobada.

Como se verá a continuación, este esfuerzo regulatorio se da en una primera fase de creci- miento de la producción y las exportaciones del sector, que facilitará su aplicabilidad y la ob- tención de logros observables en los indicadores del mercado empleo.

2. Las fases del ciclo económico agrario en Uruguay

La demanda de alimentos por parte de grandes países en desarrollo como China e India, y de granos y aceites vegetales para la producción de biocombustibles, produjeron el alza de los precios internacionales de los bienes agropecuarios a partir del año 2002, con una inflexión con la crisis mundial del 2008, alcanzando su récord histórico en el mercado mundial en el año 2011.

Este escenario internacional favorable para el sector agroalimentario y agroindustrial, pro- dujo el desarrollo acelerado del capitalismo en el agro y la consecuente reestructura de la producción agrícola a escala global. Los países latinoamericanos experimentan un crecimiento hacia las exportaciones de productos primarios, de forma de lograr una mayor competitividad en los mercados internacionales.

Pero el ciclo de alza inusitada de los precios de alimentos a nivel internacional comienza a retroceder a partir del año 2012 generando una caída importante de la actividad y por tanto de la capitación de la renta extraordinaria que recibió el sector casi por una década.

En Uruguay, a principios del siglo XXI, se da un ciclo de expansión económica con un creci- miento extraordinario del sector agropecuario y un aumento sostenido de la productividad de la tierra. El principal eje de las transformaciones productivas en el sector fueron las grandes empresas transnacionales que se instalaron en el país, produciendo un nuevo ciclo de concentración de los recursos naturales e introduciendo importantes cambios tecnológicos y de gestión, que alteraron significativamente la organización y las formas del trabajo en la mayoría de los rubros. Entre 2002 y 2008 el PBI del agro creció al 7,6% anual, lo que coloca en apenas 10 años al período necesario para duplicar el nivel de producto (Secco, 2012). Si se considera un periodo más amplio, se aprecia que el PBI agropecuario creció un 3,3% entre 2002 y 2014 (Uruguay XXI, 2015). El mayor aporte al crecimiento del PBI fueron la agricultura, con la soja como principal cultivo, y el sector forestal.

Este dinamismo de los diferentes sectores posibilitó conformar un perfil más diversificado de la actividad agropecuaria y agroindustrial del país, que se vio reflejado en la diversificación de los productos exportados y los destinos de las exportaciones. El incremento de las exporta- ciones se produjo en todos los rubros, especialmente en carne, granos y lácteos. En diez años, las exportaciones del sector se multiplican casi por 20, tomando como base el año 2000, y su importancia en las exportaciones totales crece de manera constante en el periodo (Riella Mascheroni, 2017).

Esta fase de dinamismo comienza a revertirse en el año 2015 a raíz de la desvalorización de los commodities agrícolas, las condiciones financieras más desfavorables a nivel internacional y el aumento del proteccionismo comercial en la región. De esta forma, luego de una ‘década de oro’, el crecimiento del PBI agropecuario muestra un estancamiento al final del periodo entre 2015-2019. En 2015 el PBI agropecuario es -1.8% en relación al año anterior, en 2016 de 3.1, en 2017 de -1.5%, en 2018 de 0.9% y en 2019 se estima en -0.4% (Cortalezzi, 2018).

Como corolario, las exportaciones agrícolas también muestran un descenso al final del perío- do. El contexto internacional mencionado, sumado a la prolongada sequía (verano 2017-2018), provocó una reducción de las exportaciones, en particular la soja. El descenso del valor de las exportaciones fue compensado en parte por el fuerte aumento del precio mundial de la celulosa (Cortalezzi et al, 2018).

Se produce una presión sobre los márgenes de ganancia del sector empresarial en estos años, a la cual se suma en 2017 una baja tasa de cambio que afecta al sector exportador, aumentos en las tarifas públicas (energía) e incrementos impositivos a los sectores de mayores ingresos. Esto último se expresa en un aumento de la recaudación anual de impuestos provenientes del sector agrario que representó entre el 9.7% del PIB en el año 2017, mientras que en el 2013 fue del 7.5% (Tambler, 2018).

En este sentido, un estudio reciente muestra que el proceso expansivo del sector ligado a los altos precios internacionales de los productos agrarios, permitió en el periodo 2004-2013 un aumento sustantivo del valor agregado bruto agropecuario, lo que permitió una mayor captación de excedente por parte de capitalistas y terratenientes. En tanto, a partir del año 2014 cuando se inicia el periodo estancamiento/recesión, los capitalistas y terratenientes comienzan a ver afectada su participación absoluta de la captación de excedente (Oyhantçabal y Sangui- netti, 2017).

Este contexto económico también se vio reflejado en el mercado de empleo. En cuadro siguiente se muestra la evolución de la población económicamente activa del agro, el grado de asalarización de la fuerza de trabajo y la incidencia del desempleo durante este ciclo económico.

Como se aprecia, el peso de la PEA agraria tiende a decrecer en el período: en el año 2006 representa el 10.9% de la PEA mientras que en el año 2018 es el 8.6%. Este proceso de reducción del peso del empleo agrario en el país, es de larga data, pero se profundiza en esta década, al igual que en otros países de la región en esta fase de crecimiento agrario (Villulla, 2019).

Esta disminución de la PEA agraria, se da sin una reducción del alto nivel de asalarización de la fuerza de trabajo rural, lo que podría estar indicando un aumento en la productividad del trabajo de los asalariados que acompaña la aplicación de nuevas tecnologías que también con- tribuyeron de manera importante a los aumento de productividad del sector.

Por su parte, la evolución de la desocupación en el sector, como es de esperar, acompaña las fases del ciclo económico, con una reducción al inicio durante el periodo de expansión, y un aumento en los posteriores años donde comienza a visualizarse un estancamiento del agro.

Estas circunstancias producen en los últimos años del periodo, una mayor puja redistributiva por el reparto del excedente generado en el agro y el aumento de la conflictividad entre los empresarios y el gobierno, particularmente a la hora de fijación de los incrementos salariales anuales que son aprobados sin la presencia de las organizaciones empresariales en 2016 y 2017. En especial, en el año 2018 se destaca la emergencia del Movimiento Ruralista ‘Un Solo Uruguay’ que representa la fracción de la burguesía nacional rural. Los ‘autoconvocados’ colocan como uno de sus ejes centrales el costo del trabajo y el exceso de regulación laboral como factores que atentan contra la rentabilidad del sector. Se unifican bajo viejas consignas, reto- mando reclamos tradicionales de las gremiales rurales como bajar el gasto y el ingreso público, incluyendo las tarifas públicas, de las políticas sociales y dejar de interferir en los asuntos de las empresas. En el año 2019, las gremiales rurales se retiran definitivamente los Consejos de Salarios - subgrupo de Ganadería, Agricultura- alegando la ‘inflexibilidad’ del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para la determinación de los incrementos salariales. Ello se produ- ce en un contexto más general de cuestionamiento por parte de las gremiales empresariales de las políticas laborales, que llevó a que las mismas presentaran un reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que revise la ley de negociación colectiva del país.

3. Evolución de los indicadores del mercado de empleo (2005- 2018)

En este apartado se busca indagar empíricamente si hay algún tipo de relación entre los indicadores del mercado de empleo, el nuevo marco de regulación laboral y los cambios en el ciclo económico reseñados en el apartado anterior. Para ello se analiza la evolución de los ingresos salariales, la formalización del empleo, la jornada laboral y la incidencia de la pobreza de los asalariados agrarios en el periodo 2006-2018. Esta mirada de largo plazo permite analizar las tendencias en la distribución del excedente en los diferentes ciclos experimentados por el sec- tor agropecuario.

Se utiliza como fuente de información la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE), tomando como unidad de análisis a los asalariados del sector agropecuario y sus hogares.

3.1. Ingresos salariales

En el gráfico siguiente se muestra la evolución del salario real promedio percibido por los asalariados agrarios en el periodo 2006-2018, tomando como base el año 2006, primer año del cual se tiene información disponible.

En comparación con el año 2006, el salario real de los trabajadores agrarios muestra un in- cremento promedio de 77.5% en todo el período. El mayor aumento se registra entre los años 2011 y 2012, mientras que el año 2015 marca un punto de inflexión, a partir del cual el salario real detiene su crecimiento y luego se estabiliza. Ello se explica principalmente por un aumento de la inflación y un contexto de ralentización del empleo e incremento de los niveles de desocu- pación a nivel nacional. Si bien se desacelera el aumento de los salarios reales, aún continúan a niveles muy superiores a los del año 2006.

Si se compara el salario de los trabajadores agrarios con el de los trabajadores no agrarios, se aprecia que en promedio son muy inferiores. Al inicio del período, el salario no agropecuario promedio era 1.6 veces el salario promedio de un trabajador agropecuario. Esta distancia se va acortando paulatinamente hasta el año 2015, donde el salario agropecuario se va equiparando con el salario no agropecuario. En el año 2016 se revierte la tendencia de acortamiento de la brecha en los ingresos laborales, y a partir de ese año el salario de los trabajadores agrarios crece en menor medida que el salario del resto de los trabajadores.

3.2 Formalización

En el gráfico inferior se muestra la evolución del empleo formal de los asalariados agrarios, según si realizan aportes a alguna caja de jubilaciones por su trabajo.

La formalización del empleo agrario aumenta hasta el año 2015, pasando del 68.6% al 78.8%. En los siguientes años se produce un descenso en la proporción de asalariados agrarios con empleos formales, que al final del período se ubica en el 74%. Es decir, que en los últimos años analizados, se rompe la tendencia de crecimiento de la formalidad laboral y aumenta levemen- te la proporción de asalariados con empleos informales.

3.3 Jornada laboral

Otro indicador relevante para evaluar la efectividad de la regulación del mercado de trabajo refiere a la proporción de asalariados que trabajan más de lo establecido por la jornada laboral legal. En el año 2008, como se mencionó, una de las principales conquistas de los asalariados agrarios fue la fijación de una jornada laboral de 8 horas diarias y 48 horas semanales. En el cuadro siguiente se muestra la evolución del porcentaje de ocupados según la duración de la jornada laboral promedio.

Cuadro 3. Trabajadores agropecuarios según horas trabajadas por semana, por año (en%)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Área Sociodemográfica del Banco de Datos, FCS.

El porcentaje de asalariados agrarios con una jornada laboral de 48 horas semanales au- menta hasta el año 2010 y luego tiene una evolución discontinua. En estos 12 años, pasa del 32.7% al 37.7% en el año 2018, siendo el máximo nivel en el año 2010 con 45.3% de asalaria- dos agrarios con una jornada de 48 horas semanales.

Quienes tienen una jornada laboral que excede las 48 horas semanales se reduce sistemática- mente en el período, pasando de 39.7% al 10.4%. El descenso en 29.3 puntos en la proporción de asalariados con una jornada mayor a las 48 horas indica una mejora sustantiva en uno de los principales aspectos de las condiciones de trabajo.

En el otro extremo, a partir ya del 2013 comienza a aumenta la proporción de asalariados agrarios que tienen jornadas inferiores a las 48 horas semanales, que alcanza a la mitad de los trabajadores. Ello puede estar indicando el crecimiento del subempleo asociado a la desaceleración observada, y por ende, la contracción del mercado de empleo rural que no es capaz de generar puestos de trabajos con jornada laboral completa.

3.4. Pobreza

Finalmente, se presenta la distribución de la pobreza entre los asalariados agrarios como aproximación a la suficiencia de los ingresos laborales para la satisfacción de las necesidades de los trabajadores y las de sus familias.

Los niveles de pobreza de los asalariados agrarios -medidos a través de la línea de pobreza- se reducen de manera sustantiva en el periodo, disminuyendo de 29.8% al 5.9% en doce años. Esta tendencia sostenida a la reducción acompaña la evolución de la pobreza a nivel nacional. Esto indica que en el período, el aumento sostenido de los ingresos salariales permitió a los asalariados agrarios lograr una mayor satisfacción de sus necesidades básicas. Además del aumento de los salarios reales que vimos en el primer cuadro, también es necesario señalar el efecto de las políticas sociales y sus transferencias monetarias que se incrementaron de forma importante durante todo el período. Pero a pesar de esto en los últimos años de la serie, la incidencia de la pobreza entre los asalariados agrarios tiene un leve incremento pero luego disminuye nuevamente a su menor valor de 5.9%.

Reflexiones ftnales

En este artículo se presentaron los principales indicadores referidos a las condiciones del empleo agrario generado en el nuevo siglo, en un contexto de fortalecimiento de las instituciones del mercado laboral. La evolución de estos indicadores muestra un comportamiento satisfactorio acompañando el ciclo de expansión de la economía agraria, pero se observa un punto de inflexión en la mayoría de los indicadores cuando comienza la caída de los precios internacionales de las commodities y se agudizan las tensiones por la captación del excedente entre el estado, los empresarios y los trabajadores.

En este sentido, desde el año 2006 se destaca el avance en los ingresos salariales, la formalización del empleo, la reducción de la jornada laboral excesiva y la disminución de la pobreza de los asalariados agrarios.Esto pone de manifiesto que las condiciones económicas y productivas a nivel nacional y del sector agropecuario en particular, en un marco de ampliación de la regulación laboral, permiten efectivamente mejorar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores mientras las actividades económicas se expanden. Pero la evolución de los indicadores seleccionados permite también ubicar un punto común de corte a partir del 2015 donde las tendencias en la mejora de los condiciones de trabajo comienzan a ceder y dan lugar a estancamiento o retroceso de los logros obtenidos en los años del ciclo de crecimiento.

Con este análisis descriptivo no es posible determinar la magnitud de las mejoras que se deben a los efectos de mercado y cuáles a los efectos regulatorios, pero si se puede constatar que un vez que se deterioran las condiciones externas (precios) todos los indicadores analizados tienden a retraerse, lo que puede señalar que parte de los costos de la reducción de los precios fueron trasladados a los trabajadores. Una hipótesis plausible, pero difícil de demostrar, es que las normativas legales introducidas en el mercado laboral agrario, sumado a un aumento de controles y acceso a la justicia laboral por parte de los asalariados agrarios, han provocado en los hechos que no se pueda trasladar a los costos salariales todo el ajuste de los precios internacionales. Esto indica que los factores institucionales son claves en el mercado de trabajo agrario para amortiguar los efectos del contexto económico y proteger a los agentes más débiles de las cadenas globales de valor.

Por tanto, los logros alcanzados por los asalariados durante el boom de los commodities no parecen fácilmente reversibles por lo que comienza a ser cada vez más visibles el aumento de la presión de los organización de empresarios rurales para flexible el actual modelo de regulación laboral y poder trasladar de manera más directa la baja de los precios de los mercados internacionales a los salarios para evitar afectar sus márgenes de ganancias.

En síntesis, se presenta un conjunto de evidencia empírica sobre cómo en los casi quince años de gobiernos progresistas se ha creado una red de contención institucional que protege las conquistas de los asalariados, aún en un período de reducción relativa del excedente agrario y de aumento de la puja por su redistribución. También se constató la doble función de esta institucionalidad laboral, es decir, que permite que las condiciones laborales mejoren en los ciclos de expansión, y también de manera “anticíclica” parece amortiguar los efectos negativos sobre los trabajadores en los periodos de menor crecimiento y dinamismo dado que la masa salarial total no se ve reducida, al menos en estos años primeros años de recesión (Oyhantçabal y Sanguinetti, 2017:128).

Finalmente, se abre la interrogante de cómo estos avances en la institucionalidad podrán enfrentar los efectos negativos de la fase de retracción económica y el cambio de orientación en el gobierno que se avecina a partir del año 2020. Ambos elementos son un riesgo importante para el modelo de regulación del mercado de trabajo construido en los últimos 15 años en el país, y es posible augurar una fuerte puja política y social en torno al futuro funcionamiento estos mecanismo de regulación. En este sentido, es dable preguntarse si el país podrá mantener las pautas de redistribución de la riqueza que se vienen dando desde la implantación de dicha institucionalidad, lo que implicó un incremento importante de la participación de los salarios en el excedente total del sector, y efectos positivos en la reducción de la pobreza y la distribución del ingreso entre los grupos sociales del agro.

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