número 36 (tercer trimestre 2017) - number 36 (third trimester 2017)

Theomai 36

Revista THEOMAI / THEOMAI Journal Estudios críticos sobre Sociedad y Desarrollo / Critical Studies about Society and Development

Theomai

Introducción

Este trabajo forma parte de una investigación mayor que tiene como interrogante principal determinar si en la primera mitad de la década del 30 la sociedad argentina se hallaba en una situación de guerra civil. De este interrogante se desprenden otros, como determinar en qué medida llegaron a constituirse dos bandos con proyectos de sociedad irreconciliables y dispuestos a resolver esa confrontación por el camino de la lucha armada, identificar cuál fue el protagonismo que tuvo la clase obrera en esta confrontación, cuáles fueron las estrategias que convergieron dentro de ella en ese momento y el grado de conciencia y organización que llegó a alcanzar la clase obrera en este período³.

El presente artículo presenta algunos resultados de la investigación en curso, sin pretender responder a los interrogantes más generales, pero aportando elementos que contribuyan a su resolución.

Cambio en las condiciones sociales generales y confrontación armada

Uno de los aspectos poco considerados por las ciencias sociales en el análisis de los procesos de confrontación social del siglo XX, al menos en Argentina, es el uso de armas en las luchas sociales y políticas. Probablemente esto se deba a que, diferenciándose de lo que ha sido un rasgo presente a lo largo de la historia argentina, en la actualidad el uso de armas, y en particular de las armas de fuego, en la lucha política aparece, en una primera mirada, menos frecuente aunque no inexistente4. Esa imagen se acentúa si se compara el fenómeno con el período precedente, en el que no sólo se generalizó el uso de armas sino que se constituyeron embriones de fuerza armada que intentaron disputar el monopolio de la fuerza material del estado. La intensidad del enfrentamiento social dio lugar a la fuertemente debatida caracterización del momento que culminó en los ’70 como “guerra civil” (Marín 1984) y a que, desde diversas perspectivas sea considerado un momento absolutamente excepcional dentro de la historia argentina moderna, aunque cualquier descripción de los procesos de luchas políticas en cualquier período de la historia argentina muestra el constante uso de armas aunque no necesariamente de fuerza armada.

Ese momento se inscribe en un proceso de transición del desarrollo del capitalismo preponderantemente en extensión a su desarrollo preponderantemente en profundidad, con la resultante de repulsión de fracciones sociales de los espacios sociales que ocupaban (Iñigo Carrera y Podestá 1997; Iñigo Carrera 2010) y la consiguiente resistencia desde esas fracciones sociales al mismo tiempo que el capital más concentrado (capital financiero) lograba acaudillar una fuerza social con base principalmente en la pequeña burguesía acomodada y establecer, mediante el uso de su fuerza armada, las condiciones para imponer una organización de la sociedad acorde a sus intereses.

También se inscribe en un proceso de cambio en las condiciones generales, signado por la transición de una formación social sustentada en diversos modos productivos articulados por el capital mercantil a una en la que comienzan a imponerse las relaciones salariales (capital industrial) el momento de las guerras civiles desarrolladas en los años ‘60 y primera mitad de delimitar el territorio de la burguesía argentina y someter a las poblaciones indígenas, que culminaron en 1879 y 1884.

En los dos momentos históricos considerados, y como ocurre en la mayoría de los procesos históricos en que se define la naturaleza de una sociedad, cuando se pone en juego el lugar, y aun la existencia misma, de clases y fracciones sociales, cuando se define la forma de organización social que ha de regir por un período más o menos largo, las fuerzas sociales, conformadas por clases y fracciones de clases, utilizan todos sus recursos y la situación se define mediante el uso de la fuerza armada.

Ambos momentos pueden vincularse, en una mirada de larga duración, al inicio de dos de los tres ciclos que ha recorrido en su desarrollo la clase obrera argentina⁵: el de su génesis, aproximadamente en la década de 1870, y el de su resistencia al proceso de repulsión de los espacios sociales que ocupaba, propio de la fase de dominio del capital financiero, a partir de mediados de la década de 1970 (Iñigo Carrera 2000).

Más abajo haremos referencia al ciclo iniciado a comienzos de los años ’30.

Indicios

Lo expresado en los párrafos anteriores constituyó una guía para el planteo de la investigación cuyos primeros resultados vamos a exponer en este artículo. Pero no fue ese el camino por el que llegamos a preguntarnos si los rasgos de la confrontación política y social a comienzos de la década de 1930 permitían caracterizar la situación como de guerra civil.

Investigando acerca de las estrategias de la clase obrera en los años ’30 centrando la observación en las huelgas generales (Iñigo Carrera 2000, 2016), no sólo encontramos una generalizada apelación al uso de armas y a la constitución de ciertas formas de fuerza armada, aunque no necesariamente dirigidas a disputar el poder, sino también la reiterada referencia, desde disímiles posiciones político-ideológicas, a que Argentina se encontraba en guerra civil o a punto de estarlo. Valgan algunos ejemplos:

En el entierro del mayor José Rosasco, interventor militar en Avellaneda muerto a balazos por un grupo de acción anarquista encabezado por el ex secretario de la Federación Obrera Marítima Juan Antonio Morán, Leopoldo Lugones afirmó que “(…) estamos efectivamente en guerra (…)” (La Nación 14/6/1931). También el periódico anarquista Spartacus caracterizó como “hechos de guerra” y no policiales a “la prensa (…) amordazada, los movimientos de opinión sofocados, los obreros y los estudiantes antiguerreros perseguidos o bajo las torturas y en las cárceles” (Spartacus 15/4/35). Quizás podría pensarse que estas expresiones provenían de los enemigos del sistema electoral, de la democracia representativa, liberal y republicana: uno, el proclamador de “la hora de espada”, los otros, anarquistas. Sin embargo, la percepción de la situación política como de guerra, actual o potencial se extendía a otras organizaciones y dirigentes políticos como el socialista Nicolás Repetto quien, al referirse al alzamiento en armas del teniente coronel Gregorio Pomar en julio de 1931, recordó que temió que “este motín pudiera ser el punto de partida de una guerra civil o cosa parecida” (Repetto 1957 10), o la Junta de Defensa de la Autonomía Provincial de Santa Fe que en 1935 advirtió que la “mayoría parlamentaria regimentada (…) entregada a intereses antinacionales, empuja al país a la guerra civil” (Tribuna 5/10/35).

Tanto en la lucha interburguesa como en la de la clase obrera fue habitual el uso de armas. Recordemos los numerosos hechos protagonizados por organizaciones autodenominadas “nacionalistas”, los sangrientos hechos que habilitaron la intervención federal a la provincia de San Juan en 1934, los nueve alzamientos armados de militares legalistas y militantes radicales opuestos a los gobiernos de los generales Uriburu y Justo ocurridos entre 1930 y 1934, las acciones de los grupos de acción anarquista y en particular de los llamados “anarquistas expropiadores” y la formación de una fuerza armada de autodefensa avalada por la dirección del Partido Socialista frente a los ataques a actos y locales socialistas y al fraude electoral (Iñigo Carrera 2016)⁶.

El período investigado

La primera mitad de los años ’30 del siglo XX

El lapso comprendido entre los años 1930 y 1935 puede ser delimitado como un período en sí mismo, tanto si se observa el campo de las relaciones económicas como el campo de las relaciones políticas.

En el movimiento de la actividad económica en Argentina el inicio del período está señalado por la repercusión de la crisis del mercado mundial que tuvo su manifestación más visible en el crac bancario de 1929 en Estados Unidos. El fin del período puede señalarse en 1934, cuando las peores manifestaciones de la crisis, como la desocupación, habían sido superadas y la economía argentina no sólo recuperaba su nivel de crecimiento sino que en particular la industria manufacturera, justamente como consecuencia de la crisis mundial, recibía un fuerte impulso, incorporando crecientes contingentes de trabajadores que se insertaban en las relaciones salariales.

Aunque la producción industrial existía crecientemente en Argentina desde fines del siglo XIX, la expansión resultante de la llamada “sustitución de importaciones”, produjo una transformación cualitativa de la sociedad y una redefinición del lugar que las distintas clases y fracciones sociales ocupaban en ella, en un proceso que puede compararse con los señalados más arriba de pasaje del dominio del capital mercantil al industrial y de éste al financiero: se trata ahora de la consolidación del capital industrial como forma ampliamente predominante de relación social. Como las décadas de 1860 y 1870 y la de 1970, momentos todos en que la recomposición de la sociedad implicó una agudización de las confrontaciones, tanto entre fracciones de una misma clase social como entre las clases. Y el inicio de un ciclo en la historia de la clase obrera.

En el campo de las relaciones políticas, el golpe de estado de 1930 puso en evidencia una crisis del sistema institucional, incluyendo el sistema electoral, y una crisis de sus cuadros políticos. Mediante el uso de la fuerza material la cúpula de la burguesía argentina desplazó a la alianza social expresada en el Yrigoyenismo y se aseguró el control del gobierno del estado para implementar las políticas afines a sus intereses y adecuar el país a las nuevas condiciones que impuso la crisis económica mundial. La crisis del sistema electoral se prolongó con la proscripción de los candidatos radicales a la gobernación de la provincia de Buenos Aires y la abstención de participar en elecciones de la Unión Cívica Radical, el partido político electoralmente más numeroso, mientras desde el gobierno se apelaba al fraude electoral contra los candidatos socialistas.

Si 1934 puede señalarse como momento de cierre de la crisis en el campo de las relaciones productivas, el año 1935 indica el cierre del período abierto en 1930 en el campo de las relaciones políticas, dando lugar a otro momento caracterizado por un proceso de recomposición, al menos parcial, del sistema institucional con la aceptación de las condiciones políticas impuestas desde el gobierno, al tiempo que, al menos en una primera mirada todas las luchas tienden a canalizarse dentro del sistema institucional. 1935 ha sido señalado como hito haciendo hincapié en el levantamiento de la abstención electoral de la UCR (Halperín Donghi 2004), a lo que podría agregarse el abandono de los intentos de recuperar el gobierno por las armas; el fin de la abstención electoral radical constituye un término de unidad de los cuadros políticos de la burguesía, incluyendo los de la UCR, sobre la base, fraude mediante, de la exclusión del radicalismo del ejecutivo nacional. Pero no es ese solo hecho el que permite considerar los años ubicados en la mitad de la década como un punto de torsión en el fortalecimiento de las estrategias de distintas fracciones y clases sociales que tienen como meta incorporarse al sistema institucional más que a superarlo. En el mismo sentido apunta el cambio en la conducción de la Confederación General del Trabajo, en diciembre de 1935, con el desalojo de la conducción sindicalista por una dirección predominantemente socialista y los consiguientes intentos de establecer alianzas electorales, del tipo Frente Popular, con partidos que expresaban a otras fracciones sociales⁷. A mediados de la década también se produce la división, reorganización o modificación de la línea política en organizaciones políticas que se reivindicaban de la clase obrera, y aunque algunos de estos procesos aparecían impulsando una estrategia revolucionaria, de hecho reivindicaban la vía electoral⁸; el más nombrado en la historiografía es el que el Partido Comunista formalizó en su la Conferencia de Nacional de Avellaneda, en que abandonó de su política de lucha “clase contra clase” para impulsar la formación de un Frente Popular⁹.

Centrando la mirada en la clase obrera, 1935 se localiza en un momento ascendente de sus luchas. Este momento culminó en 1936, cuando el número de huelguistas en la Capital Federal triplicó el número de los de 1929 (Ministerio del Interior; Departamento Nacional del Trabajo 1939); en enero de 1936 se llevó a cabo la huelga general más importante entre 1930 y 1943, que recordó, según los periódicos de la época, a la Semana de Enero de 1919. Esta huelga, que tuvo repercusión nacional aunque sólo hubo paro y lucha callejera en la Capital y las “localidades circunvecinas”, fue seguida por otra el 1º de mayo del mismo año, convocada por la CGT con un programa político cuyas metas pueden resumirse en libertad política, justicia social e independencia económica (Iñigo Carrera 2000).

En síntesis, la expansión del capitalismo en extensión, verificable en el ámbito de las relaciones productivas y cuyo rasgo principal respecto de la población fue el movimiento de atracción, no tuvo todavía su correlato en el campo de las relaciones políticas en un proceso de creciente ciudadanización, aunque puede observarse puntualmente para algunas fracciones obreras que lograron organizarse sindicalmente, como, por ejemplo, los obreros de la construcción y también en el desarrollo de la estrategia de la clase obrera que apuntaba a librar sus luchas dentro del sistema institucional vigente, más que a superarlo. En este quinquenio el proceso de ciudadanización muy lejos estuvo de su culminación, alcanzada en la década de 1940: el período que estamos considerando (1930-1935) se caracterizó por el predominio del movimiento de repulsión del pueblo de las instituciones políticas, la utilización abierta de la fuerza armada del gobierno y del estado, el uso generalizado de armas en la lucha política y la posibilidad de que distintas líneas de conflicto desembocaran en abierta guerra civil.

Dentro del señalado período que se extiende entre el golpe de estado de 1930 y el final del año 1935 o comienzos de 193610 es posible señalar la existencia de dos fases, caracterizada la primera por el uso sin cortapisas de la fuerza material del estado para tratar de imponer nuevas condiciones económicas y políticas y la segunda por una apariencia de legalidad y búsqueda de legitimidad mediante la convocatoria a elecciones, muchas veces fraudulentas, y el funcionamiento del Congreso Nacional y las Legislaturas provinciales. La primera, que es en la que se registran los hechos considerados en la parte final de este artículo, se extendió desde el mismo golpe de estado hasta la asunción presidencial de Agustín P. Justo, el 20 de febrero de 1932. Corresponde al ejercicio del Gobierno Provisional por el general José Félix Uriburu, avalado por un fallo de la Suprema Corte de Justicia, presidida por el ex presidente Dr. José Figueroa Alcorta. A partir de febrero de 1932, el ejercicio del gobierno del estado requirió de una legitimación electoral y los partidos de la oposición legal pudieron acceder al parlamento. En esta segunda fase se abrieron las condiciones para el desarrollo de una alternativa de participación en el sistema electoral, aunque signado por el fraude, y la lucha parlamentaria.

Como se dijo el período se caracterizó por el predominio del movimiento de repulsión del pueblo de las instituciones políticas y la utilización abierta de la fuerza armada del gobierno y del estado en la confrontación social. La implantación del nuevo orden frente a lo que era percibido por la cúpula de la burguesía como un “desorden político y social” fue ejecutada apelando a los más diversos medios de lucha, algunos ya conocidos, otros que tuvieron su génesis en este período y otros a los que el régimen de dominación sólo apeló en situaciones excepcionales. La situación recordaba, al menos por momentos, a las de un pueblo ocupado (Gramsci 1986).

Del 6 de septiembre de 1930 al 20 de febrero de 1932

Las condiciones desfavorables para los trabajadores y la mayoría de la masa trabajadora resultantes de la crisis económica se vieron reforzadas por el ascenso del general Uriburu al gobierno. Porque, si bien éste, lo mismo que el de su sucesor, tuvieron un discurso de respeto a las organizaciones obreras que se mantuvieran dentro de la ley y mantuvieron una fluida relación con la CGT¹¹, las frecuentes denuncias de esta misma organización referidas a “los abusos cometidos por la clase capitalista al amparo” del estado de sitio muestran que muchos empresarios, como, por ejemplo, Bunge y Born, Shell Mex Argentina, Mihanovich, Muzzio Hnos., Hansen Pucini y Compañía y numerosas empresas industriales, consideraron que era el momento de revertir los “abusos” de los trabajadores que, desde su perspectiva, había apañado el gobierno de Yrigoyen e imponer rebajas de salarios, despidos y peores condiciones de trabajo, además de la delación ante las autoridades de los militantes sindicales (Bandera Proletaria Año IX Nº 470 17/9/1930 1. CGT Boletín Año I Nº 2 15/2/1932).

La coacción económica propia del capitalismo, agravada por el fuerte incremento de la desocupación generado por la crisis mundial, fue complementada por la fuerza coercitiva de la maquinaria estatal. Controlado el gobierno y el aparato estatal mediante el golpe de estado, la cúpula de la burguesía argentina se dotó de los instrumentos necesarios para imponer “el orden”, es decir, su orden, tanto frente a la fuerza desplazada del gobierno como frente a cualquiera que pudiera ponerlo en cuestión.

En lo que hace al sistema institucional los principales rasgos de esta primera fase fueron el mantenimiento del Estado de Sitio, declarado en las últimas horas del gobierno radical, durante los 17 meses que Uriburu ejerció el gobierno, la clausura del Congreso Nacional y de las Legislaturas Provinciales y la suspensión de elecciones; estas medidas se enmarcaban en un programa de modificación del sistema institucional político mismo, con una reforma de la Constitución Nacional que apuntaba a establecer una “democracia funcional”, es decir, a reemplazar la representación parlamentaria mediante el voto ciudadano por otra basada en las corporaciones. Este proyecto no era compartido por los partidos políticos que formaban parte de la alianza social y política que llevó adelante el golpe de estado de septiembre (Demócrata Nacional, Radicalismo Antipersonalista, Socialismo Independiente) y era abiertamente rechazado por la oposición legal (Democracia Progresista, Partido Socialista, Unión Cívica Radical) y finalmente fracasó, en circunstancias a las que nos referiremos más abajo.

El gobierno de Uriburu, cuyo ejercicio estuvo cruzado por la confrontación entre quienes promovían y quienes se oponían al cambio del sistema político aunque formaran parte de la alianza social y política que impulsó el golpe de septiembre, llevó adelante una política de confrontación y represión de sus opositores, incluso con aquellos que se mantenían dentro de la legalidad, como por ejemplo los socialistas, cuyo periódico fue clausurado un par de veces y algunos de sus principales dirigentes detenidos brevemente, y hasta con aquellos que formaban parte de la alianza golpista, como Natalio Botana, cuyo periódico, Crítica, fue clausurado y él y su esposa encarcelados.

Pero el centro de sus ataques fueron los militantes obreros, sobre todo los anarquistas y comunistas¹², y también los yrigoyenistas (sobre todo a raíz de los intentos armados por recuperar el gobierno), frente a los que apeló al estado de sitio, la ley marcial, la creación o potenciación de organismos especiales dentro y fuera del aparato estatal, el apresamiento y tortura de militantes políticos y sindicales y su encarcelamiento en condiciones inhumanas, el secuestro y “desaparición” de militantes y la formación de organizaciones paramilitares. Todos ellos constituyeron el arsenal del régimen, en el que se entrelazaron instrumentos legales e ilegales. Inmediatamente después del golpe de estado el gobierno estableció la Ley Marcial, aplicada oficialmente¹³ a los militantes anarquistas Penina, Scassati, Di Giovanni y Scarfó (y conmutada a los anarquistas Ares, Gayoso y Montero), así como a un militante radical y algunos delincuentes comunes). También se aplicó reiteradamente la ley de Residencia y el encarcelamiento, en condiciones durísimas, en el penal de Ushuaia. Fueron infinitas las denuncias de torturas y las detenciones por “contravenciones” que se prolongaban indefinidamente. El Poder Judicial también fue utilizado para atacar a una parte del movimiento obrero organizado, como en el caso de “los presos de Bragado” condenados en todas las instancias por la explosión de una bomba cuya autoría se sabía era resultado de una disputa entre dirigentes conservadores. A esto hay que agregar la formación de grupos paramilitares, como la Legión Cívica, sostenidos desde el gobierno, que operaban contra las organizaciones obreras y en general contra los opositores14.

Como ya dijimos, una parte de los golpistas septembrinos encabezados por el mismo Uriburu, fuertemente críticos del sistema democrático liberal y de los partidos políticos en general, no aceptaba que la jornada del 6 de septiembre hubiera tenido el sólo fin un cambio del partido en el gobierno y se planteaba como meta la instauración de un nuevo sistema político basado en la representación corporativa lo que requería una reforma de la constitución nacional. En medio de la confrontación con los partidos que apoyaron el golpe y los de la oposición legal comenzó el proceso de instalación del Congreso Nacional que aprobara la ley de reforma constitucional. Las primeras elecciones fueron en la provincia de Buenos Aires, en abril de 1931, y resultaron en el triunfo de la UCR, lo que llevó a la anulación de las elecciones, el fracaso del plan reformista y poco después, a la convocatoria a elecciones de todos los cargos legislativos y de presidente de la Nación, sin reforma de la constitución. Llevadas a cabo las elecciones en noviembre de 1931, el fraude practicado en algunas de las provincias más importantes permitió el triunfo de Agustín P. Justo, candidato de los partidos que habían apoyado el golpe de estado de 1930. Con su asunción el 20 de febrero de 1932 se cerró esta primera fase del periodo investigado.

Confrontaciones

El ataque desde el gobierno y las condiciones desfavorables para la lucha que impuso la desocupación no impidieron la acción obrera, si bien la cantidad de huelgas realizadas en la dirección económica de la lucha y el número de huelguistas cayó drásticamente y fue de los más bajos de la década de 1930. Según las estadísticas oficiales, referidas a la Capital Federal, el año 1931, el único que correspondió enteramente al gobierno de Uriburu, ocupó el penúltimo lugar por cantidad de huelgas, número de huelguistas y días de huelga; según los datos elaborados por Roberto P. Korzeniewicz sobre la base de la información del diario La Prensa (Korzenniewicz 1992) 1931 fue el año con menos huelgas de la década.

Sin embargo, aun en esas condiciones desfavorables, una parte del movimiento obrero logró convocar y realizar tres huelgas generales, que aunque tuvieron un alcance limitado, se hicieron sentir entre los trabajadores del puerto, los conductores de taxis y algunas líneas de ómnibus y en algunos talleres industriales. Apenas un mes después del triunfo del movimiento cívico militar encabezado por Uriburu la Federación Obrera Local Bonaerense (FOLB), adherida a la FORA, convocó “frente a los reiterados desmanes del poder” y contra “toda tentativa de limitar las libertades populares” a un “paro general contra las manifestaciones de la reacción”, “en contra de los actos dictatoriales del gobierno y del capitalismo” (La Protesta; 12/10/1930), declarado para el 7 de octubre de 1930. A pesar de que los allanamientos a locales y domicilios de militantes dificultaron su difusión, la prensa anarquista estimó la huelga como “total” entre los trabajadores del puerto, los conductores de taxis, camiones y colectivos, es decir en los gremios donde era fuerte la FORA.

Dos semanas después la FORA declaró nuevamente la huelga general por la libertad de los presos, la libertad de prensa, de huelga y de reunión, el cese de las deportaciones y la supresión de la ley marcial y del estado de sitio. Esta vez la huelga fue por 48 horas, el 21 y 22 de octubre de 1930. Se repitió la adhesión entre los trabajadores del puerto de Buenos Aires, conductores de carros, reparación y construcción de barcos chicos, yeseros, taxistas y colectiveros. En otros gremios de la FORA y sindicatos autónomos el paro fue parcial. Hubo huelga también en Bahía Blanca y Santa Fe y sobre todo en Mar del Plata y participaron también a sindicatos adheridos al Comité de Unidad Sindical Clasista (CUSC), conducido por comunistas (Boletín de La Protesta 2/11/1930).

La tercera huelga general, realizada en enero de 1931 tuvo también una motivación política, aunque más directamente vinculada con una actividad específica: fue la resistencia al intento gubernamental de implantar un registro obligatorio de los trabajadores portuarios, que debían obtener un “certificado de buena conducta” extendido por la policía de la Capital. Fue declarada por la FORA por 24 horas, recibió el apoyo del CUSC y fue acompañada por una “cadena de bombas” colocadas por el grupo de Severino Di Giovanni (López Trujillo 2005 82). Sólo pararon los gremios afectados en el puerto de Buenos Aires, pero logró la promesa gubernamental de derogar el decreto.

Como dijimos, la cantidad de huelgas disminuyó drásticamente pero en algunas de ellas hubo uso de armas: por ejemplo, la de choferes que se desarrolló en Buenos Aires en 1930 en la que hubo múltiples incendios y atentados; durante esta huelga José Santos Ares, Florindo Gayoso y José Montero se tirotearon con la policía cuando ésta interceptó el auto en que llevaban volantes y otros materiales de propaganda, antes de ser capturados y condenados a muerte.

En los primeros años posteriores al golpe de estado se mantuvo, principalmente en Buenos Aires, La Plata, Avellaneda y Rosario, la actividad de los llamados “anarquistas expropiadores” (Bayer 1975), grupos de militantes reunidos alrededor de alguna figura destacada como Severino Di Giovanni, Miguel Angel Roscigna, Juan Antonio Morán, Tamayo Gavilán o Bruno Antonelli (Facha Brutta) (Bayer 1975. Bayer 1989. López Trujillo 2005), que nunca actuaron aislados del movimiento general: surgieron directamente ligados a los gremios autónomos de panaderos, yeseros, pintores, choferes, carpinteros, obreros en el calzado, lavadores de autos y lustradores de bronce, además de organizaciones como el periódico La Antorcha, el Comité Pro Presos Sociales, el Comité de Relaciones entre Grupos Italianos y el grupo Búlgaro. Entre los hechos más destacados realizados por estos anarquistas estuvo la muerte del mayor José Rosasco, interventor policial de Avellaneda y sindicado como torturador, que ejecutó el dirigente de la Federación Obrera Marítima Juan Antonio Morán en junio de 1931, y que tuvo gran repercusión. Pero entre 1931 y 1933 fueron apresados, muertos o exilados sus principales figuras. Dentro del lapso que estamos considerando murió Antonio Pieretti, en 1931, al explotar la bomba que llevaba, fue muerto por la policía Jorge Tamayo Gavilán y Di Giovanni fue capturado y fusilado junto con Paulino Scarfó.

Durante la presidencia de Uriburu hubo también otro tipo de hechos con armas, en los que se intentó utilizar algún grado de fuerza armada para desalojarlo del gobierno. En diciembre de 1930 militantes radicales, policías, suboficiales del regimiento 13 y bomberos conspiraron en Córdoba, pero fueron descubiertos antes de que estallara la sublevación. En 1931 hubo tres conspiraciones. En enero fue descubierta una conspiración encabezada por el general Severo Toranzo en Salsipuedes (Ferrer 2016 111). En julio el teniente coronel Gregorio Pomar sublevó el Regimiento de Infantería Nº 9 en Corrientes, y logró controlar esa ciudad y Resistencia por dos días, para después retirarse visto que la sublevación no había sido acompañada en otros cuarteles (Iñigo Carrera 2015. Giménez 2015); este levantamiento derivaba de una conspiración que sumó a militares legalistas e yrigoyenistas y militantes radicales, que tuvo una gran extensión y llegó a tener por cabeza al general Agustín P. Justo; éste, enfrentado al ya fracasado proyecto del uriburismo de instaurar una “democracia funcional”, utilizó la conspiración para presionar a Uriburu y lograr su candidatura presidencial, tras lo cual abandonó, junto con sus seguidores, a los conspiradores (Cattáneo 1959. Columba 1951 52). En agosto fue descubierta otra conspiración en Tucumán, ramificación de la de Pomar, encabezada por el ex senador nacional Alberto Aybar Augier. En enero de 1932 hubo otro alzamiento en Entre Ríos, encabezado por los hermanos Kennedy; fue atacado por la aviación militar, en su bautismo de fuego (Cesario 2004).

Esta primera fase estuvo recorrida por diferentes líneas de confrontación que se extienden al conjunto del período investigado: 1) lucha económica entre distintas fracciones de obreros y sus respectivos patrones, que puede extenderse al campo de lo político, con participación de socialistas, comunistas, sindicalistas y anarquistas, sea con la utilización de la acción directa o dentro del sistema institucional; 2) lucha de trabajadores desocupados contra el gobierno reclamando alimentos, pero también un cambio radical del sistema social, y del gobierno y los socialistas y sindicalistas por políticas que menguaran la desocupación; 3) del partido Socialista con el gobierno por el respeto a los derechos ciudadanos y el pronto retorno a la vigencia del sistema electoral; 4) de al menos parte de la Unión Cívica Radical que rechazaba participar de los procesos electorales fraudulentos e intentaba recuperar el gobierno por las armas. Si las dos primeras líneas de confrontación podían llegar al enfrentamiento con el mismo sistema social, las dos últimas se desarrollaban dentro o en relación con el sistema político, en el marco de la relación gobierno – oposición. Otras dos líneas de confrontación delimitadas siguen un corte diferente al del enfrentamiento entre los partidos políticos que formaban la alianza gobernante frente a los de la oposición legal e, incluso, a quienes se oponían al sistema político mismo: 5) la confrontación entre partidarios de una “democracia funcional” y partidarios de la “democracia representativa - electoral”, y 6) la confrontación entre fascistas y antifascistas, con su consiguiente proyección internacional, que no coincide exactamente con la anterior.

En todas estas líneas de confrontación las fuentes consultadas permiten observar un uso generalizado de armas e, incluso de fuerza armada. Nuestro objetivo es medir su peso cuantitativo, como primera aproximación que brinde elementos para determinar la intensidad del enfrentamiento social y, consiguientemente, para caracterizar el período.

Un ejercicio de medición¹⁵

Tal como señalamos más arriba el mero relato de las luchas políticas y sociales permite dar cuenta de numerosos hechos armados. En la medida en que se sale del plano de la lucha de ideas parece fácil refutar la caracterización del momento como “guerra incruenta” (Halperín Donghi 2003 13), ya que son múltiples las referencias a choques armados y bajas humanas (muertos, heridos, apresados). Sin embargo esa refutación no permite valorar el peso de esos hechos de armas en el conjunto de los conflictos sociales del momento investigado ni conocer los atributos del enfrentamiento armado (su distribución en tiempo y espacio, sujetos, objetos, objetivos, etc.) y en particular su intensidad, medida por el uso de armas o uso de fuerza armada.

En este artículo presentamos los primeros resultados de esa medición referidos a la primera fase del período investigado (septiembre de 1930 – febrero de 1932). Esos resultados surgen del análisis de una base de datos elaborada mediante el registro estandarizado y sistematizado de “hechos de rebelión”¹⁶, recogidos mediante una muestra construida a partir de una selección aleatoria de días (dos días por mes), de dos diarios: La Prensa y La Vanguardia¹⁷. Se registraron todos los hechos publicados, cualquiera fuera el sujeto que los hubiera realizado (trabajadores en general, obreros, militantes, empresarios, población, etc.).

El objetivo fue medir el peso relativo de las acciones que involucran el uso de armas¹⁸. Presentamos a continuación algunos resultados. En el lapso considerado registramos un total 149 hechos, que constituyen la muestra sobre la que trabajamos.

La “Declaración”, expresión sólo verbal de la rebelión, ocupa el primer lugar junto con las “Manifestaciones”. Tiene un lugar relevante la huelga, y los hechos que involucran armas (“Ataque con armas” y “Sublevación militar”) dan cuenta del 14,1% de los hechos. Porcentaje que aumenta al 19,1% si se excluyen los hechos puramente declarativos. Es decir que casi una quinta parte de los hechos registrados en los que hay una acción que excede la mera declaración, involucra el uso de armas¹⁹.

Tabla 1

Tipo de hecho

Theomai

Lugar

La mayor cantidad de hechos registrados ocurrieron en la Capital Federal (66 hechos,44,3%) y en las Localidades Circunvecinas (lo que hoy es el primer cordón del Gran Buenos Aires) (16 hechos; 10,7%). Las provincias de Santa Fe (19 hechos; 12,8%) y Buenos Aires (excepto las Localidades Circunvecinas de la Capital Federal) (17 hechos; 11,4%) también tiene registros importantes. En Córdoba (6 hechos; 4%), Entre Ríos (5 hechos; 3,4%) y Tucumán (4 hechos; 2,7%) se registran muchos menos hechos, lo mismo que en Salta (3 hechos; 2%), Catamarca (2 hechos; 1,3%) y Santiago del Estero (2 hechos; 1,3%). Se registra 1 solo hecho (0,7%) en las provincias de Jujuy, Mendoza, San Juan y San Luis y en los Territorios Nacionales de La Pampa y Río Negro. Y no se registran hechos en las provincias de Corrientes y La Rioja y en los Territorios Nacionales de Chaco, Chubut, Formosa, Misiones, Neuquén y Santa Cruz. Hay 1 hecho que abarca más de una provincia y 1 nacional. Hay un hecho sin datos de dónde ocurrió.

Casi el 80% de los hechos registrados corresponden a la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, es decir donde se concentra la mayor cantidad de población y en el territorio donde más desarrollado estaba el capitalismo, lo que puede hacerse extensivo a las provincias que siguen: Córdoba, Entre Ríos y Tucumán; la excepción es Mendoza.

Pero debe tenerse también presente que no podemos saber en que medida esta concentración de los hechos registrados se debe a que las fuentes de las que se tomó la información son dos diarios editados en Buenos Aires.

Tabla 2
Theomai

Los asalariados en tanto tales dan cuenta algo menos de la mitad (45%) de los hechos, lo que se corresponde con el peso de la huelga como tipo de hecho registrado que señalamos más arriba.

Es notable la cantidad de hechos realizados por militantes políticos, cualquiera sea su adscripción. Este alto porcentaje estaría indicando que la relación de fuerzas política se encuentra en su momento más alto, el del partido (Gramsci 1986), pero para corroborar esta afirmación deberíamos considerar el tipo de organización convocante.

Esa relevancia de los “militantes” se da sobre todo en las “Localidades Circunvecinas”, donde 12 de los 16 hechos registrados (75%) fueron realizados por militantes; lo mismo ocurre en Entre Ríos (4 de los 5 hechos registrados) y Córdoba (3 de los 6 hechos registrados). En la Capital Federal, en cambio, 46 de los 66 hechos registrados (70%) fueron realizados por “Asalariados” y la organización fue sindical²⁰; lo ocurre en Santa Fe, donde 11 de los 19 hechos registrados fueron realizados por asalariados.

Los hechos con armas

Como dijimos más arriba los hechos cuyo tipo se define por el uso de armas sumados a los levantamientos militares constituyen casi una quinta parte del total de hechos registrados, excluyendo los meramente declarativos. En tres de ellos no llegaron a usarse las armas (sublevaciones fallidas o desobediencia militar) pero hay que sumar 3 hechos de otro tipo en que también se usan armas (2 en huelgas y 1 en una asamblea).

Tabla 3
Theomai

Las armas de fuego fueron utilizadas por militantes en 8 hechos²¹: en 4 hechos por militantes políticos en general o de adscripción política desconocida; en 3 hechos por militantes de organizaciones políticas “de derecha” y en 1 hecho por militantes de organizaciones políticas “de izquierda”; en 2 hechos fueron utilizadas por “asalariados”. Los apedreos fueron realizados por asalariados (1) y por bañistas (1). La única bomba registrada no tiene datos de autor.

Resultados

Tal como afirmamos al comienzo, en este artículo no pretendemos responder al problema general de la investigación acerca de la existencia o no de una situación de guerra civil en Argentina durante la primera mitad de los años ’30. Pero los resultados presentados en él constituyen un paso que aporta a la resolución de ese problema.

Como resultado de esta etapa de la investigación podemos afirmar que en la primera fase del período considerado (septiembre de 1930 – febrero de 1932), que se corresponde con el ejercicio del Gobierno Provisional por el general José Félix Uriburu, existió una proporción importante de hechos que involucran el uso de armas o de fuerza armada.

Esta fase se caracterizó por el uso sin cortapisas de la fuerza material del estado para tratar de imponer nuevas condiciones económicas y políticas en la sociedad argentina, sin más apariencia de legalidad que aval otorgado por un fallo de la Suprema Corte de Justicia, ni más legitimidad que el ejercicio de facto, con el mantenimiento del Estado de Sitio durante 17 meses, la clausura del Congreso Nacional y de las Legislaturas Provinciales y la suspensión de elecciones, la represión de los opositores, la implantación y aplicación de la Ley Marcial, el apresamiento y tortura de militantes políticos y sindicales y la formación de organizaciones paramilitares; medidas éstas que se enmarcaban en un programa de modificación del sistema institucional político mismo, con una reforma de la Constitución Nacional que apuntaba a establecer una “democracia funcional”, es decir, a reemplazar la representación parlamentaria mediante el voto ciudadano por otra basada en las corporaciones.

Podría aducirse que esas condiciones políticas favorecían la generalización de hechos con armas. Sin embargo, una primera aproximación al conocimiento de la fase siguiente, en que el ejercicio del gobierno del estado requirió de una legitimación electoral y los partidos de la oposición legal pudieron acceder al parlamento, muestra un incremento de la conflictividad, tal como surge de documentos, incluso oficiales, memorias y testimonios de protagonistas de la época²². Y tampoco parecen haber disminuido las acciones con armas, tanto desde el movimiento obrero²³ como desde las organizaciones autodenominadas “nacionalistas”, a la vez que hubo nuevas conspiraciones y alzamientos de militares y militantes yrigoyenistas. Un registro aún incompleto estaría mostrando que en los 3 primeros meses del gobierno de Agustín P. Justo no menos del 10% de los hechos registrados involucró el uso de armas.

La verificación de los resultados de esta primera aproximación al conocimiento de la segunda fase del período será el próximo paso en nuestra investigación.

Bibliografía

BAYER, Osvaldo; Los anarquistas expropiadores, Simón Radowitzky y otros ensayos; Buenos Aires, Galerna, 1975.

________;Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia; Buenos Aires, Legasa, 1989 [1970].

CÁMARA DE DIPUTADOS; Diarios de Sesiones 1932; tomo VII.

CATTÁNEO, Atilio E.; Plan 1932. El concurrencismo y la revolución. Las conspiraciones radicales contra el general Justo; Buenos Aires, Proceso Ediciones, 1959.

CESARIO, Roberto; La revolución de los Kennedy; Corrientes, Moglia, 2004.

COLUMBA, Ramón; El Congreso que yo he visto (1934-1943); Buenos Aires, Editorial Columba, 1951.

COTARELO, María Celia; “Rebeldes muertos. Argentina 1995-2015”; en PIMSA Documentos y Comunicaciones 2015; Buenos Aires, PIMSA, 2017.

FERRER, Christian; Barón Biza. El inmoralista; Buenos Aires, Sudamericana, 2016.

GIMÉNEZ, Sebastián R.; “El comando del litoral y la acción armada contra el régimen de la restauración conservadora en la primera mitad de los años treinta”; en Folia Histórica del Nordeste; Nº 23, 2015, Resistencia, Chaco, julio IIGHI - IH- CONICET/UNNE

GRAMSCI, Antonio; Cuadernos de la cárcel: Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el estado moderno; México, Juan Pablos Editor, 1986.

HALPERÍN DONGHI, Tulio; La Argentina y la tormenta del mundo. Ideas e ideologías entre 1930 y 1945; Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.

________; La República imposible (1930 – 1945); Buenos Aires, Planeta/Ariel, 2004.

IÑIGO CARRERA, Nicolás y Jorge Podestá; “Las nuevas condiciones en la disposición de fuerzas objetiva. La situación del proletariado”; en PIMSA Documentos y Comunicaciones 1997; Buenos Aires, PIMSA, 1997.

IÑIGO CARRERA, Nicolás; “Alternativas revolucionarias en los ’30: la Alianza Obrera Spartacus y el Partido Socialista Obrero”; en Biagini, Hugo E. y Arturo A. Roig (directores); El pensamiento alternativo en la Argentina del siglo XX. Tomo II. Obrerismo, vanguardia, justicia social (1930 – 1960); Buenos Aires, Editorial Biblos, 2006.

__________; “El movimiento orgánico de la estructura de la sociedad argentina”; en Margarita López Maya, Carlos Figueroa y Beatriz Rajland (Editores); Temas y procesos de la Historia Reciente de América Latina; Buenos Aires - Santiago de Chile; CLACSO - Editorial Arcis, 2010.

_________, “La clase obrera, la política y las armas en Argentina. 1930-35”; en Cuadernos de Marte Revista Latinoamericana de Sociología de la Guerra (Facultad de Ciencias Sociales-UBA); Año 4, Nº VI; enero-junio 2014; pp. 41 – 69.

___________, “Estrategias de la clase obrera en la primera mitad de los años ’30: procesos de formación de fuerza armada”; ponencia presentada en las XV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia; Comodoro Rivadavia – Chubut, 2015.

_______, La otra estrategia. La voluntad revolucionaria (1930-1935); Buenos Aires, Imago Mundi, 2016.

JUÁREZ, Roberto; Atentados políticos en Argentina; Buenos Aires, A Peña Lillo Editor, 1970.

KORZENNIEWICZ, Roberto P.; Malestar laboral en Argentina. 1930-1943; Buenos Aires, CEIL, Documento de Trabajo N°30, 1992.

LÓPEZ TRUJILLO, Fernando; Vidas en rojo y negro. Una historia del anarquismo en la “Década infame”; Buenos Aires, Letra libre, 2005

MARÍN, Juan Carlos; Los hechos armados un ejercicio posible; Buenos Aires, CICSO, 1984.

MINISTERIO DEL INTERIOR; DEPARTAMENTO NACIONAL DEL TRABAJO; Investigaciones Sociales; Buenos Aires, 1939.

REPETTO, Nicolás; Mi paso por la política. De Uriburu a Perón; Buenos Aires, Santiago Rueda Editor, 1957.

RIERA DÍAZ, Laureano; Memorias de un luchador social, Buenos Aires, Edición del autor, 1981.

Notas