Número 36 (tercer trimestre 2017) - number 36 (third trimester 2017)

Theomai 36

Revista THEOMAI / THEOMAI Journal Estudios críticos sobre Sociedad y Desarrollo / Critical Studies about Society and Development

Theomai

Pistas para entender el capitalismo neoliberal “maduro” chileno²

Uno de los autores, que a finales de los años noventa, mejor se dedicó a describir críticamente el funcionamiento del “modelo” neoliberal chileno y la articulación entre democratización parcial, adhesión de la centro-izquierda a la hegemonía neoliberal y aceptación de la pesada herencia de la dictadura del General Pinochet (1973-1989) es el sociólogo Tomás Moulian. En su “anatomía” del mito democrático chileno, propuso varios conceptos para explicar el “transformismo” político que ha significado la post-dictadura, como también el carácter de esa fusión entre autoritarismo político, integración de los símbolos del modernismo de la economía del mercado y anomia individualista neoliberal (Moulian, 1998). Adentrándose en las controvertidas profundidades de la realidad chilena, Moulian desdibuja un país páramo del “ciudadano credit-card”, paraíso del consumidor endeudado, patria de un sistema constitucional autoritario administrado con entusiasmo durante 20 años por la “Concertación” (1990-2010), que aglutinó a socialistas renovados y democratacristianos³.En textos ulteriores, el sociólogo ha buscado pormenorizar de qué manera la democracia chilena se basa en una política analfabeta y la construcción de una “seudopolítica”, donde parecen existir debates polarizados entre partidos que en realidad representan sólo algunas variantes de la misma sociedad del espectáculo, una “entretención” entre el mismo duopolio en el poder: la Concertación de un lado y, del otro, el bloque de la derecha política (la “Alianza por Chile”), donde encontramos Renovación Nacional (RN – Liberal conservadora) y la Unión Democrática independiente (UDI – gremialista Pinochetista)⁴. Sin lugar a dudas, las publicaciones de Moulian y su gran difusión representaron una primera ruptura necesaria con la doxa existente sobre la postdictadura chilena, aunque es menester resaltar que los textos del premio nacional de sociología están todavía marcados por cierta denuncia moral de la desigualdad social y alguna añoranza nostálgica de los “buenos tiempos” de la política popular de los años 60 - 70.

En Chile, de manera muy temprana (comparado con los otros países de la región latinoamericana) y gracias al golpe de Estado de 1973, se forjó violentamente una contrarevolución que derivó en una auténtica “revolución” neoliberal-conservadora (Manuel Gárate, 2012; Gaudichaud 2016a). Más allá de los legítimos debates que suscitó, la noción de “revolución capitalista” puede ser pensada en el caso chileno para graficar el carácter abrupto y fundamental de los cambios en el modelo de acumulación como también en la sociedad y su cultura, que van a conducir los militares para defender los intereses de las clases dominantes y destruir a sangre y fuego toda huella de los mil días de la “Vía chilena al socialismo” (1970- 1973) (Gaudichaud, 2016b). Hoy, el neoliberalismo chileno lleva más de 40 años de funcionamiento y perfeccionamiento, sin discontinuidad, con sus consiguientes transformaciones internas, construcción valórica y múltiples efectos contrarios. De hecho, Chile se encuentra en la situación original de ser la nación en el mundo que presenta a la vez una de las experimentaciones neoliberales más extremas y de mayor duración, eso tanto en sus figuras “fundacionales” cívico-militar (1975-1989) como neoliberal-democrática (1990- 2017).

De allí, el interés de estudiar la literatura que se generó en los últimos años desde las ciencias sociales para intentar analizar el carácter “maduro”, “avanzado” o “triunfante” de este fenómeno, desde diferentes ópticas y con nuevos aportes (Gaudichaud, 2015; Gómez Leyton, 2010). Así como lo recalca el economista marxista Rafael Agacino, en Chile, cuando en 1990 se abre la etapa de la administración civil del neoliberalismo, el modelo tiene ya 15 años de operatividad, a diferencia de las políticas de ajustes más tardías efectuados en democracia, como en el Perú de Fujimori y de Toledo, en el Ecuador de Bucarán y Gutiérrez, en la Bolivia de Sánchez de Lozada y en la Argentina de Menem y De la Rúa. Según Agacino, hay que considerar varios elementos para abordar la originalidad del caso chileno, pero también subrayar que acumula hoy varios de los signos del agotamiento de un sistema ya “maduro”:

“La contrarrevolución neoliberal chilena, la más exitosa en América Latina, entrando ya a la cuarta década, permite anticipar los problemas estructurales que resultan de su aplicación completa. En Chile, la tremenda desigualdad del ingreso, la concentración de la riqueza, la sobre explotación de la fuerza de trabajo y los recursos naturales, la precariedad del empleo y el desempleo estructural resultan del propio crecimiento y acumulación capitalistas y no del estancamiento o el bajo crecimiento. En realidad, éstas características estructurales, incluida una reducción de la pobreza cuya perdurabilidad nadie asegura por la precariedad del empleo, han sido las condiciones para el logro del crecimiento acelerado. En el largo plazo y más allá de los ciclos cortos, la contra revolución neoliberal chilena muestra como la racionalidad neoliberal avanza agotando y destruyendo sus propias fuentes de crecimiento: el trabajo y los recursos naturales” (Agacino, 2006).

La noción de “madurez” no debe considerarse aquí en clave “biologista” o de una evolución lineal, pero enfatizando más en su carácter dual: por una parte, un modelo que acumuló solidez, parsimonia y experiencia; pero también por otra parte, cada vez menos ágil, que ha perdido flexibilidad hegemónica, credibilidad y capacidad de adaptación con los años. En la última década, la estabilidad del régimen político y socio-económico chileno parece parcialmente debilitada por una reactivación de las luchas sociales, estudiantiles y populares. Por otra parte, emerge un poder real que opera cada vez más por fuera del Estado neoliberal y sus instituciones (heredadas en gran parte de la Dictadura), para desplazarse esencialmente hacia poderes facticos (grandes corporaciones, think tanks, y en medios de comunicación privados). Es en este sentido que hemos propuesto hablar de las “fisuras” o “grietas” del modelo chileno (Gaudichaud, 2015).

Este diagnóstico entra –aunque parcialmente- en resonancia con el trabajo de Carlos Ruiz Encina. En su última publicación y en otro libro con el sociólogo Giorgio Bocardo (Ruiz, 2013; Boccardo, Ruiz, 2014), sintetiza varios estudios colectivos desarrollados en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile o en la CEPAL, tanto sobre estratificación social y desigualdades, como sobre movilizaciones colectivas⁵. En su estudio de 2013, propone así un “análisis de clase” de la gran revuelta estudiantil del 2011 desvelando las entrañas de lo que denomina “neoliberalismo avanzado”. Utilizando el trabajo sobre las privatizaciones de Graciela Moguillansky (Moguillansky, 2001) y de Guillermo Campero sobre los grupos de presión (Campero, 2003), Ruiz y Boccardo insisten también en la importancia de la conformación de un empresariado cohesionado y bloque dominante para explicar la estabilidad del modelo chileno. Una clase dominante que lidera el proyecto cívicomilitar que le otorga unos importantísimos beneficios en un contexto de fuerte crecimiento primo-exportador y apertura de nuevos espacios para el capital: salud, fondo de pensiones, mercado de la educación, sector minero y primario, etc. Con la transición, los patrones sólo tendrán que aproximar su posición hacia la dirigencia de la Concertación, dejando atrás una relación orgánica casi exclusiva con los partidos de derecha y, en el otro sentido, los “technopols”, expertos y burócratas del social-liberalismo concertacionista integran cada vez más, al calor de estos años de gestión estatal, los consejos de administración, centros de estudios y fundaciones de las grandes empresas como también las redes de sociabilidades de las elites económicas, universitarias y mediáticas: un fenómeno ya bien estudiado a nivel continental por Dezalay y Bryant (2002).

Empero, sería erróneo pensar que el empresariado, como el conjunto de la fisonomía de las clases sociales en contexto de neoliberalismo avanzado, no sufrió drásticas evoluciones en este lapso. En este sentido, el trabajo de Tomás Undurraga devela de manera más completa como la transformación del modelo de acumulación y de sus “circuitos culturales” impactaron fuertemente la formación de una nueva burguesía local-global, donde predominan progresivamente grandes holdings comerciales-financieros, configurados a partir de los ciclos de privatizaciones, de alianzas externas con los centros del sistema-mundo capitalista y nuevas interacciones entre academia y empresas (Undurraga, 2014). Hoy la economía chilena está controlada por un puñado oligopólico de muy pocas familias y grupos (como los Matte, Lucksic, Paulman, Angelini, Claro) muy cohesionados en el plano ideológico y cultural (a diferencia de las burguesías argentinas) y con fuerte influencia en la agenda pública. Conforman verdaderos imperios económicos regionales⁶, de carácter transversal, presentes en los principales sectores comerciales, megaextractivistas, de servicios y exportadores, como bien lo han mostrado los estudios del economista Hugo Fazio (Fazio, 2005; Fazio y Parada, 2010).

Los diferentes estudios de la Universidad de Chile que se realizaron sobre estratificación social tanto desde el Centro de Investigación de la Estructura Social (CIES) como a través del Proyecto Desigualdades (dirigido por Emmanuelle Barozet) muestran, en base a datos estadísticos y encuestas empíricas, los desplazamientos que se generaron en la conformación social desde los años ochenta, de arriba a abajo de la pirámide de las clases sociales. Las cifras sobre empleo muestran las evoluciones numéricas relativas, siguientes: en la estructura de una población económicamente activa (PEA) que supera los 8 millones 450 mil personas (2012), aparece una baja continua de la presencia de empleos agrícolas y grupos sociales en el mundo rural (con sólo 10,6% de la PEA en 2009), una disminución relativa de la clase obrera minera (0.5% de la PEA), se mantiene -con una leve reducción- el peso de los obreros industriales y de la construcción (10,1%), y se nota un notable crecimiento de la clase obrera de comercio y servicios (15,9%), como de los asalariados “medios” (29,7%). Más allá de la diferencias de cifras, a veces notorias, que podemos constatar según las distintas investigaciones (Espinoza, Barozet, Méndez, 2013; Ruiz, Boccardo, 2011; Aguiar, 2010), el rápido crecimiento de los servicios, en la administración privada y el comercio es una de las características de la estructura ocupacional chilena, a tal punto que -siguiendo el esquema de Goldthorpe, Erikson y Portocarrero- algunos autores proponen hablar de la “formación de una clase de servicio”⁷. Es indudable que se puede discutir la performatividad de tal concepto y su denominación como “clase”, pero merece destacar que este proceso de tercerización de fracciones del asalariado, muy heterogéneo en su composición, está en el centro de la fisonomía del neoliberalismo maduro. No obstante, este proceso no se puede confundir con un “sostenido proceso de mesocratización” de estos “hijos del neoliberalismo” a la diferencia de los que afirman en varios escritos Ruiz y Boccardo. En realidad, conviene relativizar fuertemente el mentado lema de la sociedad chilena como sociedad “clasemediera”, con el riesgo de sobrerepresentar así el espacio cuantitativo y político de la “mesocratización”:

“Con sólo un tercio de la población ocupada en actividades de servicio, la sociedad chilena se encuentra lejos de una “economía moderna de servicio”. Más aún, el grupo de trabajadores manuales, que representa otro tercio de la estructura socio-ocupacional chilena está compuesto mayoritariamente por trabajadores manuales sin calificación (cerca de 20%). El contraste entre los trabajadores en actividades de servicio y los trabajadores manuales muestra el alto contraste en las ocupaciones no agrícolas. (…) Finalmente, las clases populares, compuestas por trabajadores manuales calificados y sin calificación, pequeños propietarios y trabajadores agrícolas, comprenden 47% de la población. Esta pirámide social se asemeja a la de otros países de la región, en los cuales los sectores populares representan gran parte de la población, con una clase media exigua y una elite aún más reducida” (Espinoza, Barozet, Méndez, 2013).

De esta manera, la estructura social del “neoliberalismo maduro” permite detectar la formación de nuevas configuraciones de clase; y por ende de nuevos agentes, como también la fuerte presencia de las clases populares que sustentan con su trabajo el edificio neoliberal. Este proceso está articulado con la extensión del asalariado, incluyendo a grupos intermedios urbanos diplomados pero incluyendo a mucho jóvenes a menudo precarizados y desafiliados, que configuran -como en otros países de la región- un “nuevo proletariado en el siglo XXI”, más que directamente una soñada nueva clase media “emergente” (Therborn, 2012). De hecho, es lo que demuestran los estudios estadísticos del sociólogo Pablo Pérez: los datos oficiales demuestran que entre 2001 y 2010, la clase media disminuyó en Chile, pasando de 23,2% a 16,4%, mientras que los profesionales “expertos”, muchas veces resaltados como el parangón de la “nueva clase media chilena”, no representan más del 7% de la estructura de clases (Pérez, 2015a). Por otra parte, creemos que comprender la irrupción de los diversos actores movilizados en años recientes es también entender las dinámicas en curso tanto en términos de movilidad, nuevas subjetividades o de “economía moral” y politicidad, más allá de su estricta ubicación en la estructura social. Como lo han enfatizado los trabajos de Erik Olin Wright es indispensable tener un análisis combinado de las clases sociales, integrando una mirada sobre estratificación social, pero sin opacar el hecho que, en el sistema capitalista, las clases se construyen como relaciones sociales de explotación y dominación, es decir como dinámica de conflicto (Olin Wright, 2009). En esta dinámica, olvidarse de los conflictos laborales y sindicales seria abandonar un campo esencial del análisis crítico del modelo chileno.

¿El retorno de la clase obrera? Trabajadores, recomposiciones sindicales limitadas y luchas estratégicas emblemáticas

Si uno analiza críticamente los numerosos estudios sobre el “malestar ciudadano” en tiempos neoliberales producidas en los últimos años en Chile: los propios trabajos de Ruiz y Boccardo ya citados, los múltiples y originales escritos del sociólogo Alberto Mayol y de su equipo (en particular sobre un posible “derrumbe del modelo” - Mayol, 2012), la hipótesis de Manuel Garretón sobre la existencia de “correcciones progresistas” del neoliberalismo por parte de los gobiernos democráticas (Garretón, 2012) o incluso varios textos de Tomás Moulian, es menester señalar lo poca atención dedicada -un silencio aturdidor- al estudio de las relaciones capital – trabajo, de las transformaciones laborales y luchas sindicales. Al contrario, postulamos (con David Harvey y otros autores) que situar la constitución del capitalismo neoliberal es desvelar un régimen de acumulación flexible y proyecto de clase (Harvey, 2013), donde la situación y evolución del trabajo está en el centro de toda clave explicativa: en Chile, las dificultades del movimiento obrero-popular para “derrumbar” al modelo, como en el momento de explicar los niveles de estabilidad relativa que logró forjar el empresariado desde el “giro” de 1975 nos parece un dato fundamental. El eje del modelo chileno sigue siendo su capacidad de explotación del trabajo enajenado.

Esta enajenación del asalariado parece cada vez más “universal” bajo el régimen del capitalismo neoliberal, y específicamente en el caso chileno. Siguiendo las estadísticas oficiales del INE, Santiago Aguiar recuerda que a pesar del fenómeno masivo del “cuenta-propismo” y del “trabajador-emprendedor” independiente (más de 23% del total de la PEA), globalmente las y los asalariados⁸ nunca fueron tan numerosos hoy en Chile, superando el 66% del mercado laboral (cifras 2006), e incluso representan el 74.7% de la población urbana chilena (cifra próxima a la de Argentina según T. Undurraga, 2014: 217). Además, mirando la composición interna de todos los activos, puede verse que predominan lo que clásicamente se llama “obreros” (asalariados que realizan trabajos manuales y repetitivos), por sobre las capas de trabajadores que realizan un trabajo de oficina o gerencial (Aguiar, 2010). Eso sí existe una clase asalariada globalmente muy diferenciada y flexibilizada, con condiciones de organicidad todavía extremadamente frágiles, lejos de la fisonomía del movimiento obrero clasista de los años 70. No obstante, constatar el surgir de nuevos agentes sociales y las dificultades –reales“de las viejas modalidades de identidad por el oficio” (como lo sugiere Ruiz), no pueden conducir mecánicamente a insinuar la idea de una “pérdida de la centralidad” de la clase obrera-asalariada como actor de toda transformación política postcapitalista (sin por eso caer en un “obrerismo” anticuado).

Reconociendo que el mundo del trabajo se ha vuelto mucho más heterogéneo, complejo y fragmentado, estas nuevas características que está asumiendo el asalariado en el régimen neoliberal no apuntan a la extinción de la clase obrera, sino más bien a su extensión en diversas esferas (como los servicios), aunque en condiciones laborales, de conciencia de clase y de organicidad precarias. Así, más que describir el “fin del proletariado”, al igual que varios autores⁹, pensamos que el desafío es desentrañar el complejo proceso de formación de estas nuevas relaciones de producción, pero no sólo constatando estudiosamente sus cambios estructurales o el fin de las “viejas clases” del periodo nacional-popular. La metamorfosis de la clase obrera, la tercerización del asalariado o la fuerte disminución de sus componentes industriales son fenómenos profundos en el neoliberalismo. Pero, como lo apunta Ricardo Antunes, con la crisis de la clase obrera tradicional e industrial nació en varios países de América Latina la figura de una “nueva” clase-que-vive-del-trabajo, con altos niveles de complejización, fragmentación y tercerización. Los procesos de restructuración productiva de las últimas décadas han conllevado una dinámica de “flexiprecarización”, acompañada de una fuerte inestabilidad laboral y trabajo informal que se constituyen tanto desde el proceso de producción como en el proceso de trabajo, con sus cambios tecnológicos y diversas innovaciones flexibilizadoras. Por esto mismo, “no se trata de un efecto transitorio o no deseado”, que se podría corregir, sino de ajustes de fondo del capital sobre el trabajo destinados a recomponer las tasas de ganancia y controlar mejor la mano de obra (Aguiar, 2009). Estas diferentes modificaciones afectan no sólo la materialidad del asalariado, sino que tienen profundas repercusiones en su subjetividad, en su cultura, como también en el íntimo relacionamiento entre estos niveles y “su forma de ser”, modificando “el universo de la conciencia, de la subjetividad de los trabajadores, de sus formas de representación, de las cuales los sindicatos son una expresión” (Antunes, 2003).

En estas condiciones, no se borró el lugar central del trabajo en el capitalismo latinoamericano, ni tampoco el elemento estructurante del conflicto capital-trabajo. Por ejemplo, en el caso de Argentina, Adrián Piva muestra que más que “fin de la clase obrera”, hay que subrayar su creciente desorganización, lo que significó una pérdida de peso social de las acciones de clase dentro del conjunto de las luchas sociales y la fragmentación de las acciones del proletariado: esta dinámica va acompañada de la casi desaparición de la noción de clases sociales de las categorías de análisis académicos. No obstante, desde hace algunos años, la clase obrera argentina supo salir con fuerza del “país invisible” reencontrando el camino de las luchas combativas, e incluso de la autogestión obrera (Piva, 2011). En Chile, la potencia del dominio del capital oligopólico es ahora una experiencia cotidiana para millones de chilenos. Estudios de la Dirección del trabajo, en particular de Magdalena Echeverría, demuestran la dimensión de la explosiva precariedad y de los procesos de subcontratación. De hecho, el fin de la Dictadura no significó un cambio sustancial en la reglamentación y externalización de actividades económicas. La ley de subcontratación, que finalmente se aprobó en 2007, distingue entre la subcontratación laboral y el suministro de trabajadores por parte de una empresa intermediaria, pero en ambas figuras se trata de relaciones triangulares, en la cual los trabajadores se encuentran en una situación de fuerte dependencia y vulnerabilidad: el porcentaje de las firmas que hacen uso de la subcontratación en Chile es masivo y se ha movido en los últimos años entre más del 50%, en su punto más alto y un poco más del 30% (Echeverría, 2010). Según la Encuesta Laboral (ENCLA) 2011, 38% de las empresas usan este sistema y la cuarta parte de las empresas que subcontratan encargan trabajos que forman parte de su giro principal¹⁰. Desde el año 2010, 7 de cada 10 empleos creados son tercerizados, un fenómeno que actúa de manera diferenciada por sector, pero también desde una perspectiva de género: si 55,7% de los hombres son tercerizados, esta cifra se eleva a 79,6% para las mujeres (Galdámez, Aedo, 2014).

Por otra parte, según cálculos de la Fundación SOL, en los últimos 20 años, la productividad del trabajo (PIB dividido por horas trabajadas) ha aumentado en un 90%, pero las remuneraciones reales terminaron creciendo sólo en un 20%, lo que significa que existe un alto excedente productivo no remunerado (con un 70% que fue ganancia directa del empresariado). Este contraste creciente desde 1998 entre productividad y salarios reales muestra concretamente la dimensión de una nueva ofensiva empresarial contra el trabajo, en contexto de neoliberalismo maduro. Esto es tan claro que las remuneraciones de los asalariados, que en promedio se habían elevado un 4,9% anual entre 1990-1995, aumentaron sólo en un 1,7% entre 1999-2005; mientras tanto se endeudaban el 60% de las familias chilenas. En la actualidad, 50% de los asalariados privados recibe un ingreso menor a 455 dólares US por su ocupación principal (encuesta CASEN 2011), cuando en 2011, los sueldos de los gerentes generales de las grandes empresas subieron más del 15% real (Narbona, Páez, 2014). No obstante esta situación, diversas encuestas muestran que la clase continúa siendo un aspecto central en la configuración de orientaciones ideológicas antagónicas, lo cual explica el repunte de los conflictos laborales desde el 2006-2007 y podría ser la fuente de importantes conflictos políticos en el futuro y de una rearme del movimiento obrero, “encontrando lo que nunca fue perdido”: la conciencia de clase. Es más, las investigaciones ya citadas de Pablo Pérez refutan la idea según la cual la base del descontento sociopolítico actual estaría situado en los segmentos intermedios y sitúa en los trabajadores este sentir que viene y crece “desde abajo” en el Chile de hoy. Según el investigador de la Universidad de California:

“No está claro por qué este malestar tendría que ser definido como de “clase media” y no de “clase trabajadora” o al menos “de clase media y de clase trabajadora”. Esta clase trabajadora no sólo es la mayoritaria, sino que es la que experimenta las condiciones más precarias de empleo. A modo de ejemplo, datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo y Salud de 2010 muestran que mientras el 5% de los profesionales expertos tiene un trabajo de temporada o estacional, dicho porcentaje es de casi 5 veces más (24%) para el caso de los trabajadores no calificados. De modo similar, la encuesta muestra que mientras cerca del 90% de los profesionales cotiza en algún sistema previsional, sólo el 65% de los trabajadores no calificados lo hace (dicho porcentaje es incluso menor, llegando a menos de 15%, para el caso de los trabajadores no calificados que trabajan como autoempleados en el sector informal)” (Pérez, 2015a).

Esta condición objetiva está confirmada por el estado subjetivo de los trabajadores, cuando varias encuestas y un amplio estudio empírico confirman que el tan trillado “malestar” está mucho más presente dentro de las filas de la clase trabajadora calificada y no calificada, que en el seno de los grupos medios altos: las respuestas más críticas a la manera en que se estructura la desigualdad en Chile se concentran de manera notable en la clase trabajadora (especialmente en torno a su segmento no calificado), pero también en los sectores de “cuello blanco” que, a pesar de los tópicos sobre esos trabajadores chilenos, muestran también una marcada conciencia de clase y de su posición subordinada en la estructura productiva (Pérez, 2015b)¹¹.

Sin embargo, como en varios países de la región, el sindicalismo y el movimiento obrero salieron de la dictadura cívico-militar deshechos y si bien los sindicalistas que lograron sobrevivir al terrorismo de Estado recapturaron parcelas de su capacidad de luchar, organizar y negociar a partir de 1990, fue dentro de los estrechos márgenes de la transición pactada. Para el historiador estadunidense Paul Drake: “Desde un punto de vista, Pinochet tuvo éxito en su determinación de eliminar cualquier alternativa al capitalismo del mercado y cualquier posibilidad de un proyecto socialista de los trabajadores y sus partidarios izquierdistas” (Drake, 2003). El verdadero pilar del modelo económico, social y político instaurado desde mitad de los 70’ -e incólume en sus aspectos fundamentales hasta hoy- fue lograr mantener niveles extremadamente intensos de explotación del trabajo con una tasa de extracción de plusvalía al alza, en particular desde finales de los 90. Especialmente dañinos en este sentido fueron el Plan Laboral (1979) y el nuevo Código del Trabajo, que consagraron un modelo laboral altamente asimétrico y favorable para el reforzamiento del poder (casi total) del empresariado y del capital por sobre el trabajo. El Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2014 de la Universidad Diego Portales describe el panorama de los derechos laborales en el país, como “bastante desolador, principalmente:

“por la escasa y, en algunos casos, nula intervención del Estado para los efectos de dar una adecuada protección frente a los actos ejercidos por empleadores tendientes a mermar o anular el derecho de huelga, y por el tratamiento que recibe el ejercicio de este derecho por parte de los medios de comunicación social: resaltando situaciones puntuales de violencia e invisibilizando el conflicto laboral de fondo que está detrás” (UDP, 2014).

Citemos en particular: el resquicio legal del “Multirut”¹² (recientemente reformado pero no del todo anulado) que permitía impedir una negociación colectiva unitaria de trabajadores incluso al interior de una misma empresa; la exagerada tramitación burocrática que requiere un proceso de huelga y su ilegalidad fuera de un largo proceso de negociación colectiva; el impedimento para negociar sindicalmente aspectos relativos a la organización y dirección del proceso de trabajo; la subcontratación permitida en todas las ramas de la economía; el derecho a reemplazo de los trabajadores en huelga y al lock out por parte de los empresarios; el relegamiento de la negociación colectiva a nivel de unidad productiva (y no de rama); la ilegalidad de la negociación colectiva y de la huelga en el sector público o municipal, etc. La gran mayoría de estas medidas que prevalecen hasta el día de hoy, edificando unos de los códigos laborales más regresivo e híper-regulado del mundo, a pesar de las reformas realizadas en tiempos pos-autoritarios (Narbona, 2014). La gran reforma laboral promulgada en agosto del 2016 por el gobierno Bachelet, y denunciada como “reforma sindical” por la derecha y el empresariado, significa algunos tímidos avances esperados por los asalariados, pero sobre todo, está acompañada de no pocas ambigüedades y numerosos retrocesos... Dentro de lo que podrían ser avances se pueden notar la titularidad sindical para negociar colectivamente, la rebaja de 4 a 3 años del máximo de vigencia de los instrumentos colectivos o la propiedad de los beneficios de la negociación, pero globalmente y estructuralmente, esta reforma mantiene el legado del Plan Laboral redactado por José Piñera en 1978. Además, el contenido del proyecto muestra un gobierno obsesionado por conseguir aún más paz social y un “contrato social” entre las clases para implementar lo que denomina “colaboración estratégica” que podría permitir “a las empresas apoyarse en los sindicatos para poner en práctica una gestión satisfactoria de los recursos humanos”¹³: es decir en el escenario chileno, darle aún más poder al gran empresariado… La inmensa debilidad sindical es también validada con confirmación de la imposibilidad de negociar más allá de la empresa individual, vetando toda perspectiva para los y las asalariados de una articulación en función de ramas de la producción, de la pertenencia a un mismo holding, o a un mismo territorio. También introduce la concepción insólita de “huelga pacífica” o de “servicio mínimo” e incluso de reemplazo interno de los trabajadores en huelga, otras maneras de negar el ejercicio del derecho pleno a huelga como es reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT); legitima la prohibición de negociación y huelga en amplios sectores del mundo del trabajo (públicos y fiscales en particular), confirma el exceso de tutela administrativa en los sectores que pueden negociar, introduce la noción de “flexibilidad pactada”, etc¹⁴. Además, la nueva ley plantea que la empresa mantiene su derecho a lock-out, es decir, a cerrar en caso de huelga, y por lo tanto a suspender el contrato de trabajo de sus empleados.

En su intervención, a principios de marzo 2015, en la comisión “trabajo” de la cámara de diputados, el jurista laboralista de la Universidad Diego Portales José Luis Ugarte no dudó en subrayar después de una detallado e informado análisis que, finalmente, el proyecto presentado por el gobierno de la “socialista” Michelle Bachelet, representara una “actualización” y “consolidación” del plan laboral de la dictadura, pero en ningún caso un progreso democrático para los trabajadores. En mismo académico escribía algunos meses antes, a propósito del estado del derecho a negociación colectiva en Chile:

“en la reforma del Gobierno, no hay espacio para el 70% de los trabajadores chilenos que laboran en empresas donde no se pueden formar sindicatos –porque no hay 8 trabajadores–, cuya única esperanza es que sus condiciones de trabajo fueran negociadas en el nivel de rama o sector de producción. Seguiremos siendo, entonces, el país que da vergüenza en materia de derechos colectivos en la propia OCDE: mientras el 60% promedio negocia colectivamente en los países que la integran, en Chile sólo el 8%. La dudas que este proyecto genera son obvias: ¿era esta la reforma laboral que se les había ofrecido a los trabajadores chilenos? ¿Debemos conformarnos con que la sociedad más igualitaria de la Nueva Mayoría no incluye el trabajo? ¿Para este capitalismo sin equilibrios era la mayoría parlamentaria para Bachelet? Algo ya sabemos al menos. En la cocina de las reformas laborales no hay nada dulce para los trabajadores. Solo sabores amargos” (Ugarte, 2014).

En este plano también el actual gobierno se inscribe en la continuidad de la clase dominante civico-empresarial neoliberal y de 2 décadas de gobierno de la Concertación. Así se puede comprender el rol histórico jugado por el Gobierno (en particular por el Partido socialista) y la gran moderación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT - la multisindical más grande hasta el día de hoy, dirigida entonces también por la Concertación) durante los llamados “Acuerdos marco tripartitos” (1991-1993), con los que se esperaba crear una instancia de diálogo y acuerdos con el empresariado, de modo que los primeros años de la transición transcurrieran casi sin movilizaciones y con un movimiento obrero que operara esencialmente como fuerza auxiliar del nuevo bloque dominante (Gaudichaud, Osorio, 2015).

Esta situación reforzó la tendencia a la baja de la sindicalización: el porcentaje de la fuerza de trabajo sindicalizada, que desde comienzos de los ochenta se recuperaba lentamente, cayó desde un pico de 14% en 1992 hasta un magro 9% hacia 1997, mientras que el porcentaje de los trabajadores involucrados en negociaciones colectivas también descendió en términos relativos de un 7,6% a un 5,9% (Aravena, Núñez, 2011). El corolario de todo esto fue un alejamiento de crecientes sectores de trabajadores del sindicalismo representado por la CUT, central que intentó a partir del 2003 recuperar legitimidad con una postura más confrontacional, cuando ya no contaba con la fuerza necesaria, ni la representatividad¹⁵ para golpear la mesa. Los sectores con perspectivas de transformaciones más radicales, a su vez, se replegaron en sindicatos y proyectos de multisindicales que no lograron salir del marasmo, salvo para sectores como los trabajadores de la salud municipal y el colegio de profesores, que lograron importantes conquistas durante el Gobierno de Patricio Aylwin (1990–1994). Las críticas a la directiva de la CUT, su burocratización, falta de democracia interna y ausencia de autonomía de la central explican también la aceleración de la atomización sindical, e incluso la creación de pequeñas centrales concurrentes, incluso más “moderadas” como la Unión nacional de trabajadores (UNT), el surgimiento de la Central autónoma de trabajadores (CAT) o la creación de corrientes críticas como la Confederación general de trabajadores (CGT) (Frías, 2008). No obstante, la división de la “elite sindical” en varios modelos de acción sindical, los años 2000 son años de lenta recuperación, mayor pluralismo en las formas de luchas, al mismo tiempo que la heterogeneidad sindical se radicaliza (Gutiérrez, 2013). Así, los inicios del siglo XXI corresponden también a un lento crecimiento, tanto de la tasa de sindicalización, como del número de sindicatos hasta alcanzar un 14% en 2013 (cifra todavía muy por debajo de los más de 30% alcanzado en 1973). Al mismo tiempo que otros actores sociales, el movimiento sindical recupera asimismo cierto nivel de incidencia y organización, pero partiendo de un piso muy bajo: la organización sindical es una institución con cierta presencia sólo en las grandes empresas, segmento en el cual casi la mitad de las unidades productivas tiene sindicato (48%). En cambio, en las empresas de menor tamaño, que constituyen la mayoría de las unidades empresariales del país, el sindicalismo es extremadamente minoritario. En efecto, sólo el 4,5% de las pequeñas empresas y el 1,6% de las microempresas tienen trabajadores sindicalizados (ENCLA, 2011).

A pesar de estas difíciles condiciones, a partir del 2006-2007, los conflictos de clases de los trabajadores, aunque todavía con un formato y una dimensión muy acotados, vuelven a emerger claramente. Esta revitalización parcial se traduce a través del número de huelgas, tanto legales, como ilegales: en los últimos años, las ilegales superan constantemente a las de tipo legal, y esta brecha tiende a aumentar. Según los estudios de Armstrong y Ávila, en 2009, sólo 22.000 trabajadores (sobre una población activa de 8 millones personas) participaron de huelgas legales, cuando son más de 1 millón 500.000 los que se vieron involucrados en conflictos considerados ilegales (Armstrong, Ávila, 2011). Por ejemplo, en el primer trimestre del 2014 se podían detectar 48 huelgas a nivel nacional, de las cuales casi la mitad eran ilegales, involucrando a más de 15.400 asalariados¹⁶. Esas estadísticas confirman varios fenómenos. Primero, una conflictividad laboral creciente, aunque todavía atomizada, en particular a partir del primer mandato del gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2006-2010). Segundo, la durable segmentación del movimiento sindical entre dos campos heterogéneos: por una parte, un polo “integrado”, minoritario, compuesto por las fracciones del asalariado con contratos más estables, pertenecientes a sectores tradicionales o estratégicos de la economía, y con mayor posibilidad de negociación colectiva; por otra parte, la gran masa de los trabajadores rurales y urbanos altamente precarizados, con salarios muy bajos, en sectores más feminizados, como por ejemplo la gran distribución (retail), agricultura o los servicios. Las recientes luchas en los Call-center, en cadenas de farmacias, en empresas de distribución (conductores y ayudantes de repartición de “Coca Cola”) o en grandes tiendas y supermercados (creación de la red sindical Cencosud) muestran que, a pesar de la precariedad, las violentas prácticas antisindicales y su menor visibilidad mediática, la organización combativa es posible, incluso en espacios que fueron durante mucho tiempo verdaderos desiertos sindicales. Hay que añadir a eso las numerosas luchas de trabajadores fiscales (hospitales, ministerios, municipios, etc.) y las movilizaciones de profesores, con una nueva generación (como el MUD, movimiento por la unidad docente) peleando incluso a nivel interno para recuperar un sindicalismo más democrático e independiente frente a cúpulas burocráticas, como es el caso en el Colegio de profesores. Empero, tal vez más que todos, son algunos “sectores obreros estratégicos” tal como los definió John Womack, con mayor capacidad de bloquear la economía a pesar de su carácter minoritario, que confirman la ubicación central del trabajo en el neoliberalismo maduro y su gran potencialidad política critica (Womack, 2007).

“Del total de los sectores o ramas de la economía, las que más peso tienen en el total del PIB 2009 son: la minería (representa el 16,4% del PIB¹⁷), los servicios financieros (representa el 15,9% del PIB) y la industria (representa el 12,7% del PIB). Puntualizar esto, es útil para aproximarnos a identificar las posiciones estratégicas en las que descansan y pueden ser afectadas las relaciones sociales entre el capital y el trabajo. En este sentido, las principales estructuras donde se posiciona estratégicamente la clase obrera en Chile está dada por el peso relativo de cada rama o sector de la economía, por su peso en la economía nacional, más que por el número de trabajadores. Por ejemplo, es claro que la minería, y el cobre en específico, sigue siendo “el sueldo de Chile”, sin embargo, ocupa una proporción insignificante de trabajadores” (Aguiar, 2010).

En la última década, algunas de estas fracciones de asalariados, intensamente tocados por procesos de subcontratación, hicieron verdaderamente temblar al gran empresariado chileno y transnacional. Lo que los universitarios Núñez y Aravena llamaron el “renacer de la huelga obrera” (Aravena, Ñunez, 2009) ha sido simbolizado, entre otros, por la gran movilización de los trabajadores subcontratados de la Corporación de desarrollo del cobre (CODELCO). La fundación de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), bajo la dirección del militante comunista Cristian Cuevas, la muy combativa huelga del año 2007 de gran parte de los 25000 subcontratados de CODELCO, combinando paralización, cortes de ruta, enfrentamientos con la policía y negociación con el gobierno, permitieron arrancar importantes beneficios para los mineros. En regiones y en el sector privado, los conflictos y huelgas en empresas forestales entre marzo y mayo 2007 (forestal Arauco del holding COPEC) o la “huelga larga” de miles de obreras en empresas salmoneras en 2008, sacudieron al país, aunque no fueron siempre victoriosas y si sistemáticamente criminalizadas. Este despertar ha sido acompañado en un segundo tiempo por nuevas resistencias laborales: podríamos citar la reciente huelga de los mineros de la mina Escondida (en marzo 2017), más grande mina de cobre del mundo, que enfrentó más de 2500 trabajadores a una de las principales multinacionales minera del planeta por reivindicaciones asalariales y de condiciones de trabajo. Tal vez una de la estrategia sindical más impactante del periodo fue la larga movilización (2011-2014) de los trabajadores portuarios, con flujos y reflujos, victorias y represiones, que lograron forjar una “Unión Portuaria”, sin existencia legal pero con un inmenso poder real. Coordinando huelgas “solidarias” en todo el territorio y paralización nacional de los puertos, impusieron una agenda legislativa a los dos gobiernos de turno (presidencia Piñera y segundo gobierno Bachelet), el reconocimiento de parte de sus reivindicaciones (con la llamada “ley corta” portuaria de 2014) y, sobre todo, sentaron en la mesa de negociación al empresariado más potente del país, por encima de las empresas intermediarias subcontratistas¹⁸.

“Estos movimientos tienen características distintas a las del sindicalismo tradicional. No los unen ni los oficios ni la empresa a la que pertenecen, sino que precisamente su transitoriedad, lo cual los dispone a actuar colectivamente en torno a intereses más generales que los propios e inmediatos. En estas nuevas organizaciones la afiliación se mantiene con independencia de que los trabajadores estén o no empleados o si trabajan en la misma empresa, faena o proyecto. En el caso de los portuarios la afiliación se conserva a pesar de que los contratos con las empresas de estiba tienen una duración 8 horas y nada asegura que al día, semana o mes siguientes puedan ser contratados de nuevo. La segunda característica y dificultad que los diferencia del sindicalismo tradicional es que para poder negociar su acción deben, ahora sí y de hecho, en “levantar el velo y en “forzar a que la contraparte patronal real se constituya como tal. Los subcontratados para realmente aspirar a negociar tienen ante todo que preocuparse de obligar a que “el empleador real aparezca, muestre la cara y acepte negociar. Y hoy en día el verdadero empleador no está necesariamente en la misma rama de actividad, sino en el holding o el grupo económico y/o la empresa principal mandante” (Echeverría, 2010: 20).

Ese surgimiento, desde las entrañas mismas del trabajo flexibilizado-precario, facilitó también la aparición de estrategias sindicales en otros ámbitos, incluyendo al sector público (hospitales, profesores, empleados municipales) intentado utilizar una variada gama de repertorios de luchas, redes de apoyo, dentro pero también fuera de la institucionalidad laboral. Se puede afirmar que estos conflictos sindicales anunciaron el nuevo ciclo de luchas más amplias que irrumpió fuertemente a partir de 2011, y abre la discusión sobre la constitución de un sindicalismo clasista en condiciones de neoliberalismo maduro. Ahora bien, hay que reconocer que los obstáculos son muy numerosos para la recomposición de un sindicalismo clasista. Ya hemos explicado la dimensión de las dificultades y atomización, que enfrentan los asalariados. Se podría citar también la existencia de generaciones enteras de sindicalistas formados al alero de una institucionalidad restrictiva, numerosas formas clientelares en las organizaciones, la débil feminización de las direcciones sindicales¹⁹ y la presencia de lo que Francisca Gutiérrez nombra “sindicalismo social”, es decir un sindicalismo integrado a la empresa, que rechaza toda forma de movilización del colectivo -huelga, manifestación, etc.- por considerarla una “manifestación política innecesaria” y “prefiere solucionar los problemas de los trabajadores uno a uno, a través de un dialogo directo e informal con la directiva de la empresa” (Gutiérrez, 2013). Dentro del debate actual de los sectores del “sindicalismo políticos” están, en particular, las interrogantes sobre el liderazgo que tendría que encaminar la CUT: la multisindical es considerada por numerosos dirigentes como una palanca indispensable para la unidad de la clase y una herramienta que habría que reconquistar desde otras bases, pensando en la otrora gloriosa CUT (Centra Única de los Trabajadores) de los tiempos de Clotario Blest en los años 50 y 60. Al contrario, otras fracciones pregonan la construcción de un “nuevo sindicalismo clasista”, autónomo de la CUT y sus maniobras partidarias oficialistas.

Elementos de conclusión

Estudiar el caso chileno permite así designar un caso paradigmático de acumulación flexible, donde se entremezclan algunas huellas de los “viejos espíritus” del capitalismo latinoamericano con los nuevos vientos del sistema socio-económico nacido de la destruccióncreación radical que siguió la contrarrevolución de 1973. Con todo, se trata de un modelo de acumulación periférico y sumamente dependiente de los circuitos de intercambios internacionales, que poco tiene que ver con el “nuevo espíritu” del capitalismo neoliberal céntrico (managerial, más horizontal, basado en la autonomía individual, innovaciones y funcionamiento en redes), descrito por los franceses Luc Boltanski y Eve Chiapello (Undurraga, 2014: 292-297). En Chile, prevalecen fuertes jerarquías laborales, un control estrecho y muy jerarquizado del asalariado y, como lo hemos ido insistiendo a lo largo del presente texto, fundamentalmente una explotación, precarización y subsunción real del trabajo férreas, única condición para poder explicar el núcleo duro del modelo del “jaguar” suramericano y sus niveles de acumulación de plusvalía. A esta relación capital – trabajo que permitió el surgimiento de un empresariado oligopólico, fuertemente conectado al capital transnacional y al imperialismo estadunidense, habría que añadir otros antagonismos esenciales y que no hemos podido desarrollar aquí, a pesar de su importancia. Citemos, primero, el giro ecoterritorial del neoliberalismo y la contradicción capital – naturaleza. El capitalismo chileno, como -en diferentes grados- sus pares latino-americanos, representa también la apertura de un intenso ciclo de concentración en actividades primo-exportadoras, mineras y agropecuarias, en desmedro de todo valor agregado o industrialización. Una depredación de recursos y de riquezas por empresas nacionales y transnacionales que alimentan las llamadas “zonas de sacrificio” de norte a sur del país, donde el megaextractivismo y el “consenso de los Commodities”. Segundo, es indispensable subrayar aquí hasta qué punto el trabajo femenino (a menudo precario o informal), la feminización de los cuidados y el trabajo de reproducción son una condición vital para el neoliberalismo. Sin estas condiciones de producción y de reproducción, ningunos de los parámetros analizados anteriormente podrían existir. Para la clase dominante chilena, una manera de mantenerlos es alimentando un patriarcalismo ultra-conservador y un conjunto de violentos estereotipos machistas, legitimados en el plano mediático y político, lo que explica -entre otras cosas- la ausencia de ley de aborto hasta el año 2015. Tercero, sería necesario indagar mucho más el tema del verdadero colonialismo interno y opresión racista que organiza el Estado chileno hacia el pueblo mapuche, combinado con varios mecanismos de “multiculturalismo neoliberal” que pretende “integrar” a los indígenas a través de las redes del mercado.

En el plano estrictamente laboral, los gobiernos sucesivos han obrado a favor del continuismo de la “democracia de los acuerdos” y de la transición pactada entre élites, iniciada en 1990. Así como lo anotan dos analistas del Centro de investigación político social del trabajo (CIPSTRA) de Santiago:

“Las deudas pendientes de la Concertación en cuanto a los cambios en el Código del Trabajo, lejos de invitar a la CUT a firmar más cheques en blanco y declaraciones de buena crianza, debieran derivar en un rescate de la política sindical que mejores resultados ha dado desde el retorno a la Democracia: un sindicalismo con un proyecto propio que no dependa de los gobiernos de turno, enraizado en la discusión democrática e inclusiva de las amplias bases de trabajadores, y con disposición a la lucha directa contra la institucionalidad empresarial y sus representantes. Y este imperativo cobra mayor fuerza en momentos en que la Nueva Mayoría reedita con el proyecto de Multirut y Reforma Tributaria la vieja política de los consensos” (Osorio, Rivas 2014)

En este contexto, el tremendo desafío para las organizaciones de trabajadores chilenos es lograr enfrentar la flexibilización del capital en su triple dimensión: como flexibilidad laboral, como flexibilidad territorial, como saqueo de recursos y destrucción de la naturaleza. El régimen de acumulación flexible en vigor en Chile recuerda hasta qué punto la estrategia de acumulación por desposesión de las multinacionales y/o de los oligopolios locales se inscribe en una fuerte tensión con las comunidades y el territorio que asedian.

“Los territorios son hoy día un lugar de disputa, ya que el capitalismo se ha volcado en los últimos años a la acumulación y explotación de recursos como el agua, los recursos pesqueros, minerales y un sin número de riquezas natrales, lo que ha generado una serie de conflictos detonados por la presencia de grandes capitales en territorios que antes no le eran apetecidos” (Galdámez, Aedo, 2014).

El hecho que todavía el sindicalismo se limite, en la mayoría de los casos, a reivindicaciones sectoriales o corporativistas dificulta la ligazón entre las movilizaciones desde el lugar de trabajo y los múltiples conflictos territoriales, estudiantiles o socioambientales de la última década, marginando en parte los sindicatos de una mayor comprensión de la fuerza transformadora que significaría articular, con mayor claridad, sus luchas desde el trabajo con las resistencias de las comunidades de pobladores en lucha, comunidades de las cuales estos mismos asalariados hacen parte en muchos casos. Este vínculo mancomunado trabajo-territorio, sindicalismo-movimientos, jóvenes-asalariados desde la independencia de clase y el respecto de la autonomía de cada actor, representa una de las claves del periodo. Sin los asalariados organizados, las luchas territoriales, indígenas, educacionales, ecologistas, feministas y pobladoras no podrán superar el modelo, y menos aún “derrumbarlo”, aunque demostraron gran capacidad de movilización e incluso de conquistar victorias notables frente al Estado o grandes empresas extractivas. Pero sin los otros movimientos sociales y las comunidades en luchas, el movimiento obrero está condenado a seguir hundido en la fragmentación y a reivindicar solo para algunas fracciones asalariadas cuotas de mejoras parciales. Por todas estas razones, es imprescindible entender en su complejidad el escenario actual, tanto en el plano político como en términos de “despertar” de los movimientos sociales.

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Notas