La conflictividad y sus análisis desde los casos

número 37 (primer semestre 2018) - number 37 (first semester 2018)
Theomai

La ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía… La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos… Emiliano Zapata

La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa sucedidos en la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014 ponen a prueba nuestra capacidad de comprensión ante la barbarie que es capaz de ejercer el poder en pos de sostener el sistema de explotación que garantiza sus intereses y sus prebendas.

Pero inmediatamente, la larga historia de genocidios, masacres y planes sistemáticos de aniquilación que se han desarrollado en nuestro continente, desde su conquista a sangre y fuego, sucedida hace más de 500 años y aún presentada bajo una pretendida imagen romántica y aventurera que encierra el concepto del “descubrimiento de América”, demuestra su plena vigencia en el siglo XXI.

Pueblos originarios, mestizos/as, pobres, revoltosos/as, obreros/as, estudiantes, revolucionarios/as o “sospechosos/as de” siguen siendo los objetivos y las víctimas del poder que, con represiones como esta, busca periódicamente disciplinar y atemorizar a quienes osan luchar por sus derechos en Nuestramérica.

México no ha estado exento de esta realidad y su vecindad con los Estados Unidos, cercanía que hace mucho más omnipresente las consecuencias de las políticas imperialistas, no hace más que potenciar estos problemas.

Entendemos que para analizar los conflictos sociales en América Latina y el Caribe siempre resulta oportuno detenernos en la fuerte influencia que la política imperialista continúa ejerciendo en la región. Esto, más allá de los discursos que en las últimas décadas han intentado imponer la idea del “fin del imperialismo”. Resulta importante destacar la continuidad del mismo hegemonizado claramente por los Estados Unidos, teniendo en cuenta que los rasgos esenciales del imperialismo siguen existiendo y tienen una fuerte penetración en nuestro continente.

A pesar de las insistentes e interesadas posiciones que buscan establecer la idea de que América Latina es una región que no tiene mayor relevancia en la política norteamericana, esta ha tenido siempre una importancia central para los Estados Unidos. Esta realidad puede demostrase haciendo un raconto de las políticas dirigidas hacia la región a partir de la Doctrina Monroe, conocida vulgarmente como América para los americanos, de 1823, primera doctrina internacional que el imperio establece en su historia demostrando la importancia cardinal de la región.

Reafirmando esta idea, podemos citar cómo bajo el gobierno de Andrew Jackson (1829- 1837), un colaborador suyo, John O’Sullivan, señalaba:

El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha asignado la Providencia para el desarrollo de un gran experimento de libertad y autogobierno federado […]. Esta tierra enérgica y recién tocada por la mano de Dios [tiene una] misión sagrada para con las naciones del mundo. [Dicho esto, nadie podría dudar que] el vasto e iluminado futuro sería la era de la grandeza norteamericana (Anderson, 2014).

Poco tiempo después, entre 1847 y 1848, en la llamada Guerra con México, los Estados Unidos anexaron la mitad del entonces territorio mexicano.

En tiempos cercanos, estas pretensiones de fortalecer la influencia de Estados Unidos sobre América Latina y el Caribe se han manifestado, entre otros, en el Plan Puebla Panamá, el Plan Colombia, los Documentos de Santa Fe y los variados tratados de Libre Comercio impulsados desde el norte. Estos conceptos se repitieron también, trazando una línea de continuidad, en diversos discursos de mandatarios estadounidenses como Bill Clinton o George W. Bush, quien llegó a afirmar: “Nuestra nación es la elegida de Dios y designada por la historia para ser el modelo del mundo”. Esta pretensión de “sheriff mundial” de los Estados Unidos ha tenido a sus principales asesores en política internacional trabajando para articular políticas, discursos, y por supuesto lobbies, para afianzar su dominio en el mundo, empezando por América Latina, históricamente considerada por ellos como su “patio trasero”.

Los ataques contra la inmigración y el destrato que el recientemente asumido Donald Trump viene ejerciendo sobre México en particular van en el mismo sentido.

Esto no hace más que poner sobre el tapete la recurrencia histórica de las ambiciones del imperialismo y la actualidad e importancia de la lucha antimperialista en América Latina.

Es que más allá de los discursos aún en boga sobre la desaparición del imperialismo, el mismo continúa siendo la fase superior del capitalismo, como lo había planteado Lenin, y en su insaciable necesidad de acrecentar el saqueo de los bienes comunes y las riquezas de todo el mundo adquiere rasgos cada vez más predatorios, agresivos y violentos.

Los cinco rasgos fundamentales del imperialismo identificados por Lenin: la concentración de la producción y el capital, la fusión del capital bancario con el industrial, el predominio de la exportación de capitales sobre la exportación de mercancías, la puja por el reparto de los mercados a escala planetaria entre los grandes oligopolios respaldados por sus Estados y el reparto territorial del mundo entre las grandes potencias, “conservan su validez, aunque su morfología no necesariamente repita la que los caracterizaba un siglo atrás”, tal como destaca Atilio Boron en su libro América Latina en la geopolítica del imperialismo (Boron, 2014).

Entendemos que es importante tener esto en cuenta al analizar los conflictos sociales en América Latina en el marco del gran diseño geopolítico del imperio norteamericano para dar respuesta a los grandes desafíos a los que se enfrenta la región ante las transformaciones que está experimentando el sistema imperialista a nivel internacional. Transformaciones que se manifiestan en una creciente agresividad y beligerancia del imperio tendiente a volver a encauzar a la región en un patrón de subordinación como el que predominó en gran parte de la segunda mitad del siglo XX.

Ese siglo se inicia con la célebre declaración del presidente norteamericano Theodore Roosevelt en 1904:

Si una nación demuestra que sabe actuar con eficiencia y decencia razonables en asuntos políticos y sociales, y si mantiene el orden y cumple con sus obligaciones, no tiene por qué temer una interferencia de los Estados Unidos. Sin embargo, un crónico mal proceder, o una impotencia que conduce al debilitamiento de los lazos de una sociedad civilizada pueden, en América, o donde sea, exigir la intervención de algún país civilizado; y en el Hemisferio Occidental en casos flagrantes de mal proceder o impotencia, la adhesión de Estados Unidos a la Doctrina Monroe puede forzar a Estados Unidos, a pesar de su reluctancia, a ejercer un poder de policía internacional […]. En la medida en que nuestros vecinos del Sur obedezcan las leyes primarias de una sociedad civilizada pueden estar seguros de que serán tratados por nosotros con un espíritu de cordial y colaborativa simpatía (Anderson, 2014).

Esta concepción de “patio trasero”, de “hemisferio occidental”, de “isla americana” es como los Estados Unidos consideran a la totalidad del continente americano como área de directa influencia.

En el año 2012, en un informe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, titulado La política de defensa para el hemisferio occidental, el secretario de Defensa León Panetta sostenía:

A fin de fomentar la seguridad y la prosperidad en el siglo XXI, debemos mantener e incluso mejorar nuestra fortaleza militar. Pero también creo que los Estados Unidos deben hacer incluso más hincapié estratégico en el fomento de la capacidad en materia de seguridad de los demás. Debemos ser lo suficientemente audaces como para adoptar un enfoque de mayor colaboración en materia de seguridad tanto dentro del gobierno de los Estados Unidos como entre aliados, socios y organismos multilaterales (Departamento de Defensa de los Estados Unidos, 2012).

El Documento culmina manifestando:

El Departamento de Defensa apoyará la función que desempeñan las instituciones de defensa para hacer frente a las amenazas del siglo XXI, ayudará a sus socios a construir fuerzas maduras y profesionales y promoverá la integración y la interoperabilidad. También nos esmeraremos por fortalecer los vínculos y los mecanismos multilaterales para la cooperación en materia de defensa. Juntas, estas dos líneas de esmero marcarán el rumbo que seguirá el Departamento en el hemisferio occidental en nuestro anhelo por continuar siendo el socio predilecto a la hora de salvaguardar nuestros intereses comunes para la generación venidera (Departamento de Defensa de Estados Unidos, 2012).

Toda una serie de eufemismos con los cuales el “socio predilecto” del hemisferio occidental continúa sus políticas intervencionistas en una región a la que considera parte de su política interior.

Los planes de “formación e intercambio” con fuerzas armadas y policiales de la región –recordemos la Escuela de las Américas, las más de 80 instalaciones y bases militares que ha emplazado, algunas de ellas a nombre de la OTAN, la IV Flota y el papel desestabilizador que en nuestros países juegan las Embajadas de los Estados Unidos– dejan pocas dudas como para menospreciar la influencia norteamericana en la política latinoamericana y caribeña y, por supuesto, en la represión de los movimientos sociales y la criminalización de la protesta.

México y Estados Unidos

Ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra porque aquí no quepo yo. Quiero recordarle al gringo: yo no cruce la frontera, la frontera me cruzó. América nació libre, el hombre la dividió

Ellos pintaron la raya para que yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado, nos quitaron ocho estados, quién es aquí el invasor. Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra, soy hombre trabajador.

Somos más americanos

Los Tigres del Norte

Como venimos proponiendo, prestar atención a la influencia de las políticas de los Estados Unidos en la región nos parece de una particular importancia, y en el caso de México la relevancia de las mismas se hace más evidente.

La guerra de conquista que los Estados Unidos llevaron adelante contra México en 1947 tuvo como corolario el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, y conocido oficialmente como Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, en el cual se legalizó el despojo de dos millones de kilómetros cuadrados de territorio, comprendiendo los que actualmente son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México y Texas, y partes de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma.

Por ese tratado, México renunció a todo reclamo sobre Texas y se estableció la frontera en el Río Bravo a cambio de una compensación pagada por los Estados Unidos de 15 millones de dólares por los daños causados en territorio mexicano durante la guerra.

Este hecho marcó a fuego la relación entre México y Estados Unidos, por eso resulta imprescindible considerar los efectos de las políticas imperialistas norteamericanas para analizar los aspectos de la realidad mexicana.

Varias intervenciones militares, la constante injerencia en sus asuntos internos, la importante penetración cultural, una penetración económica a todos niveles que provoca una dependencia económica que no es, valga aclarar, responsabilidad unilateral de los Estados Unidos, sino también de las clases dominantes mexicanas. No debemos olvidar que el imperialismo es tanto un fenómeno externo como interno a cada uno de nuestros países.

Los efectos de esta injerencia, por ejemplo, en política económica y como consecuencia de la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC), se han puesto de manifiesto en los últimos años en los grandes aumentos que sufrió la harina de maíz, base de la alimentación mexicana, lo que provocó un alza descontrolada de precios de la tortilla en México.

Como consecuencia del TLC, México perdió su soberanía alimentaria.

Por otro lado, Estados Unidos busca permanentemente controlar y hacer “seguras” sus fronteras con Canadá y México, países con los cuales se firmó el Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), mediante el cual los aparatos de inteligencia y seguridad norteamericanos actúan abiertamente y sin ninguna clase de restricciones de un lado y otro de esas fronteras.

Para reforzar esta concepción, México fue excluido de la jurisdicción del Comando Sur y pasó a quedar en el ámbito del Comando Central de las fuerzas armadas de Estados Unidos; como decíamos, el territorio mexicano es tratado como un “espacio interno” para los gobiernos norteamericanos.

Un “espacio interno” en el cual se garantizan algunos de los mayores negocios de la economía capitalista: el narcotráfico, el tráfico de personas y el tráfico de armas, como declaró el presidente Obama en 2013, en una suerte de falso mea culpa: “En Estados Unidos reconocemos nuestra responsabilidad. Entendemos que la causa de la violencia que han sufrido muchos mexicanos, se debe a la demanda de drogas por parte de Estados Unidos”.

“Tenemos que seguir avanzando en este frente. No creo que la legalización de la droga sea una salida, hace falta un enfoque integral. También reconocemos que la mayoría de las armas que se usan para perpetrar actos de violencia en México proviene de Estados Unidos”.

Estos negocios dejan sus mayores réditos, que se cuentan en miles de millones de dólares, en Estados Unidos, el país con mayor cantidad de consumidores de drogas, el mayor fabricante de armas y al que intentan llegar desesperadamente millares de migrantes en busca de un supuesto futuro mejor para ellos y sus familias.

En suma, podemos ver cómo los altísimos niveles de violencia que se viven en México desde la Revolución tienen uno de sus mayores responsables en el incesante intervencionismo norteamericano.

Esto se manifiesta en las intervenciones armadas federales (muchas veces en connivencia con agencias norteamericanas), que atacan y destruyen el viejo orden social, en muchos lugares aún persistente. Un orden que se ve también asediado por las reformas de libre mercado, impuestas en los años ochenta del siglo pasado, que van desarticulando el campo, el ejido (propiedades rurales de uso colectivo que todavía existen en varias regiones), la comunidad, destruyen cadenas productivas, generan desempleo sin paralelo y propician migraciones masivas al extranjero.

Los efectos de estas políticas en la ruralidad mexicana han sido devastadores, y mucho tienen que ver con la realidad que enfrentan cotidianamente los hijos de campesinos que acuden a las Escuelas Normales Rurales, como es el caso de los estudiantes masacrados en Ayotzinapa, Estado de Guerrero.

Una historia de lucha

Cuando Obregón entró en la capital con su ejército revolucionario, pregunté a un rudo zapatista, apenas llegado de las montañas, que quería su pueblo. Su respuesta restalló como un látigo, grabada sin duda en su ánimo por diez años de lucha guerrillera: “Tierra, agua y educación”.

Carleton Beals, en 1923, periodista estadounidense citado por Adolfo Gilly en México, la revolución interrumpida.

Los ecos de la historia reciente del Estado de Guerrero y de todo México, de la lucha de sus habitantes, se reflejan en el asesinato de los normalistas.

Iguala de la Independencia es un municipio donde han tenido lugar hechos históricos vinculados con la independencia mexicana. Allí se firmó en 1821 el Plan de Iguala que reconocía la Independencia de México del colonialismo español, se creó el ejército mexicano, la bandera mexicana y fue la primera capital del Estado de Guerrero.

La marcha de los normalistas de Ayotzinapa se llevaba adelante en los días previos al viaje que los estudiantes pensaban realizar al Distrito Federal para la conmemoración de los 46 años de la masacre de Tlatelolco, otro hecho de sangre vinculado con la lucha por la educación, minuciosamente documentado por Elena Poniatowska en su libro La noche de Tlatelolco.

Allí, el 2 de octubre de 1968, estudiantes, obreros, intelectuales y profesionales se habían congregado en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la capital mexicana, para exigir al gobierno mayor autonomía universitaria, libertad de los presos políticos, fin de la represión estatal y mejores condiciones laborales. La represión del Estado mexicano fue brutal, y los manifestantes resultaron masacrados por el ejército y la fuerza especial “Olympia”. Gobernaba México, por entonces, Gustavo Díaz Ordaz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Hoy, en México gobierna Enrique Peña Nieto, títere estadounidense del PRI, y en Iguala, al momento de la masacre, el alcalde era José Luis Abarca, quien con su esposa María de los Ángeles Pineda, a poco de ocurrida la represión y la desaparición de los estudiantes, se dieron a la fuga al ser considerados autores intelectuales de este hecho.

Abarca había llegado a la alcaldía de la mano del Partido de la Revolución Democrática (PRD), surgido de una escisión por izquierda del PRI en 1989. Esto no hace más que hacernos reflexionar sobre la degradación en que han caído algunas agrupaciones otrora “progresistas”, herederas de la tercera vía y de esa “utopía desarmada” que propagandizó, entre otros, Jorge Castañeda desde México en la década del 90, cuando tras la caída del Muro de Berlín y el colapso de la URSS muchos se apresuraron a celebrar los funerales del marxismo y a decretar el fin de la historia.

Los estudiantes de Ayotzinapa tienen una tradición histórica de lucha y compromiso social. Las escuelas normales nacieron con la Revolución Mexicana en 1910, cuando el país era todavía una sociedad fundamentalmente campesina y, en el mejor de los tiempos, hubo más de 60 normales rurales en funcionamiento. A la fecha, sólo quedan siete.

De la normal Raúl Isidro Burgos emergieron dos grandes líderes guerrilleros de los años sesenta y setenta del siglo pasado: Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, a quienes aún hoy los alumnos veneran y tienen como guía. Este último, que siendo maestro organizaba y asesoraba a los campesinos acerca de sus derechos, fundó el grupo armado Partido de los Pobres.

En Ayotzinapa, Lucio Cabañas realizó sus estudios primarios, secundarios y finalmente hizo los estudios en educación normal. En 1963, a los 24 años se graduó de normalista.

Según consigna Francisco Ávila Coronel en su trabajo Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres, Lucio Cabañas contaba:

Nosotros, desde cuando Caballero Aburto, hicimos pueblo. Los de Ayotzinapa, los de la Escuela Normal Rural nos metimos por todos los pueblitos y donde quiera anduvimos haciendo mítines y todo, y acarreando al campesinado. Incluso cuando anduvimos de dirigentes en Ayotzinapa dábamos ropa a los pobrecitos campesinos que no tenían con qué vestirse y se acercaban a Ayotzinapa (Ávila Coronel, 2013).

Las guerrillas de los años sesenta y setenta en el Estado de Guerrero surgieron de una lucha electoral burlada por el poder, lo que llevó a una respuesta revolucionaria que aún en la actualidad se expresa en la presencia del Ejército Popular Revolucionario (EPR), que es un grupo guerrillero que forma parte en la actualidad del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), y surgió a partir de la fusión del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) fundado en 1978 y el grupo guerrillero Partido de los Pobres encabezado por Lucio Cabañas.

El EPR ha cumplido 50 años de existencia siendo, junto con las FARC, uno de los grupos guerrilleros más antiguos de América Latina.

Desde 1957 hasta 1961, el gobernador de Guerrero, Raúl Caballero Aburto, llevó a cabo una serie de vejámenes en contra del pueblo y particularmente de los campesinos, siendo cómplice de las crisis de precios de la copra (pulpa seca del coco), el café y otros productos agrícolas que atentaron contra los ingresos de los campesinos en general. La represión desmedida contra los campesinos que protestaron llevó a la conformación del Consejo Organizador de las Organizaciones del Pueblo de Guerrero del cual formó parte la Asociación Cívica Guerrerense (ACG).

Esta organización se propuso democratizar el gobierno, defender el municipio libre, la defensa de los bosques, la derogación del impuesto a la copra y sacar del poder al entonces gobernador, por lo cual fue conocida como “anticaballerismo”.

El 20 de noviembre de 1960, el Consejo Organizador de las Organizaciones del Pueblo de Guerrero realiza en Chilpancingo una marcha silenciosa con más de 20 mil participantes y unos días más tarde, el 11 de diciembre de 1961, en Atoyac, el Frente Revolucionario Zapatista convoca un mitin que es reprimido por la policía que dispara matando a una persona y dejando varios heridos. En ese mitin Lucio Cabañas fue detenido.

La lucha de los cívicos, encabezada por la Asociación Cívica Guerrerense (ACG), era conocida en Atoyac como “la alambreada”, ya que sus integrantes tomaban las tierras y al grito de ¡Viva Zapata! cortaban los alambrados de las tierras acaparadas por los caciques de la zona. Las acciones de toma de tierras de la ACG fueron reprimidas en diversas ocasiones, lo que le dio experiencia política a Lucio Cabañas sobre estrategias de lucha y autodefensa para evadir la represión del gobierno.

El otro líder guerrillero con predicamento en esos años fue Genaro Vázquez Rojas, quien lideraba la Asociación Cívica Guerrerense.

Después de la masacre en Chilpancingo en diciembre de 1960, se sucedió la intervención del gobierno federal para declarar la desaparición de poderes en Guerrero en enero de 1961 y se nombró un nuevo gobernador, Arturo Martínez Adame, que se encargó de cooptar los cuadros políticos de la Asociación Cívica Guerrerense y de perseguir a los líderes más radicales.

Genaro Vázquez pensó que el Comité Cívico Guerrerense, que había servido para deliberar colectivamente durante el anticaballerismo, ya no era la instancia adecuada, en vista de la claudicación y cooptación de la que muchos cuadros formaron parte. Por tal motivo decidió consolidar una organización amplia y permanente de lucha que involucrara las necesidades de los campesinos y obreros a través de acciones concretas, dentro de un marco de izquierda. Por esta razón convocó a una reunión en febrero de 1962 en donde el Comité Cívico Guerrerense se reorganizó y pasó a formar parte de la renovada ACG.

La Asociación Cívica Guerrerense hacia 1962 logró reorganizarse y participar en las elecciones municipales y propuso a José María Suárez Téllez, quien fue funcionario de la Comisión Nacional Agraria y más tarde ingresó al Partido Comunista Mexicano.

El 19 de agosto de 1962 el candidato de la ACG, José María Suárez, inició su campaña electoral en Ixcateopan, acompañado del dirigente de la ACG, Genaro Vázquez, y del secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, Lucio Cabañas. También hubo candidatos cívicos a las presidencias municipales que se postularon como independientes del PRI.

El día de las elecciones el gobierno desplegó un operativo de militares y policía judicial por todo el Estado que pretendía sembrar terror entre los habitantes para que no se presentaran a votar.

Aquellas acciones del gobierno fueron el preámbulo del fraude electoral que se consumó al día siguiente de las elecciones, el 3 de diciembre de 1962, cuando el PRI declaró a su candidato, Raymundo Abarca Alarcón, como rotundo ganador, sin contar los votos.

Genaro Vázquez creó un plan para responder al fraude que consistió en tomar por asalto los ayuntamientos donde hubiera condiciones para hacerlo. Fue así que en Iguala y Técpan de Galeana se preparó la toma de sus respectivos palacios municipales el 31 de diciembre de 1962. La respuesta del gobierno se hizo evidente cuando esa misma tarde los cívicos de la ciudad de Iguala fueron masacrados en la plaza. El saldo fue de 28 muertos y decenas de heridos. Genaro y parte de los suyos tuvieron que huir ya que fueron acusados de haber disparado en la masacre de la ciudad de Iguala.

En la represión contra el EPR entre los años 1969 y 1979 se llevaron a cabo cerca de dos mil detenciones arbitrarias y se documentó, según un censo realizado entre familiares de las víctimas, la desaparición de 348 personas y 220 secuestradas, según consigna Armando Bartra en su libro Guerrero Bronco.

El 28 de junio de 1995, 17 campesinos desarmados fueron asesinados y otros 20 resultaron heridos en Aguas Blancas, Coyuca de Benítez, a manos de elementos del agrupamiento motorizado de la policía de Guerrero, quienes sembraron armas a los cadáveres para crear una versión artificial sobre un supuesto enfrentamiento.

Un año después, el EPR hizo su primera aparición pública el 28 de junio de 1996 en Aguas Blancas, Guerrero, en la conmemoración de la matanza de los 17 campesinos.

La ideología del Ejercito Popular está basada en un sistema socialista y el interés de instaurar el comunismo en México, con especial atención en las comunidades campesinas y los pueblos indígenas.

El Estado de Guerrero fue víctima de la represión militar y política durante la llamada Guerra Sucia (décadas de los sesenta y setenta) y todavía hoy, en la sierra, se encuentran algunos de los municipios con menor índice de desarrollo humano de todo el país.

La educación en las Escuelas Normales

Estos centros educativos reciben estudiantes de las zonas más pobres del país y operan en régimen de internado. José Vasconcelos, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y ministro de Educación entre 1921 y 1924, impulsó esta tarea por la educación basada en los maestros rurales, a quienes ubicó como un sector clave para expandir el espíritu de la revolución.

El problema, según algunos analistas, llegó cuando México dejó de ser solo una sociedad rural y el Gobierno dejo de ser revolucionario, ya que estas escuelas tenían una visión de izquierdas, radical, defensoras de la educación pública, laica, gratuita y de la Reforma Agraria, por lo cual comenzaron a cerrarlas. Esto no fue una tarea sencilla, ya que estas escuelas representaban la única oportunidad para la gente del campo.

Un tipo de educación emancipadora, de clase, con fuertes raíces en nuestro continente y combatida tenazmente por los poderes que buscan mantener su dominación y sus privilegios.

Dentro de nuestra rica tradición de pensamiento sobre la educación, sin dudas Simón Rodríguez es una de las referencias obligadas. Filósofo y educador, Rodríguez siempre defendió la idea de que la mejor manera de unir y dirigir las fuerzas intelectuales en América era tomando conciencia de su condición de ciudadano de una república naciente, por esto, el modelo de formación que utilizó en la educación de Simón Bolívar poseía un claro contenido revolucionario. Considerado un reformador social, Rodríguez siempre advirtió que el proceso de independencia hispanoamericano no debía limitarse a la separación de España, sino que debía avanzar conjuntamente en la formación de ciudadanos para una nueva república que contuviera nuevas formas de igualdad y justicia. Simón Rodríguez estaba convencido de que cuestionar y crear, conocer y pensar desde una perspectiva descolonizada es todo lo opuesto a imitar, por lo cual, la escuela en América no debía imitar a las escuelas europeas. Esta prevención de Rodríguez sobre los peligros del imitar encuentra su razón en el contexto de las nacientes repúblicas americanas que él analizaba, y que se ubica en el marco de un proceso histórico de constitución y afirmación de las mismas, y no como una contraposición llana y absoluta al saber universal y a la herencia cultural de los pueblos.

Sin dudas, y pensando siempre a la patria en sentido nuestroamericano, José Martí fue un precursor en el análisis y la crítica a nuestra dependencia respecto de potencias extranjeras. Porque si bien es cierto que el imperialismo norteamericano comenzaba a clavar sus garras sobre estas tierras, no menos cierto es que Europa seguía siendo la única fuente de legitimación en el plano cultural.

En este sentido, Martí acertó tempranamente en reclamar una universidad con sentido descolonizador e independiente que permitiera al hombre americano:

[Saber] con qué elementos está hecho su país, y cómo puede ir guiándolos en junto, para llegar, por métodos e instituciones nacidas del país mismo, a aquel estado apetecible, donde cada hombre se conoce y ejerce, y disfrutan todos de la abundancia que la naturaleza puso para todos en el pueblo que fecundan con su trabajo y defienden con sus vidas (Martí, 1985).

Hay en Martí dos puntos nodales que resulta interesante subrayar. En primer lugar, el conocimiento de lo propio, igual que en Simón Rodríguez, como el fundamento último de la libertad. “Cuando todos los hombres sepan leer, todos los hombres sabrán votar, y, como la ignorancia es la garantía de los extravíos políticos, la conciencia propia y el orgullo de la independencia garantizan el buen ejercicio de la libertad”, decía Martí.

Y en segundo lugar, e íntimamente ligado a lo anterior, la vinculación de ese conocimiento con la política, con la organización social concreta. Dentro de estos parámetros, la universidad debe servir, además de para formar profesionales en diversas áreas, para formar políticamente a la ciudadanía, para educar a los futuros gobernantes:

¿Cómo han de salir de las universidades los gobernantes, si no hay universidad en América donde se enseñe lo rudimentario del arte del gobierno, que es el análisis de los elementos peculiares de los pueblos de América? El premio de los certámenes no ha de ser para la mejor oda, sino para el mejor estudio de los factores del país en que se vive. En el periódico, en la cátedra, en la academia, debe llevarse adelante el estudio de los factores reales del país (Martí, 1985)².

Si nos detenemos en la reflexión sobre la relación entre la educación y la política, en un sentido emancipador, no podemos dejar de mencionar las contribuciones del peruano José Carlos Mariátegui, uno de los pensadores que más enfáticamente señaló la necesidad de mirar nuestros propios problemas para proponer nuestras propias soluciones. Recordemos su célebre y tan citada afirmación:

No queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida, con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indo-americano. He aquí una misión digna de una generación nueva (Mariátegui, 1978).

En esta tradición abrevan los estudiantes de las escuelas normalistas. Una tradición de lucha que se manifiesta ya desde los murales que se encuentran en la escuela Normal de Ayotzinapa donde las figuras de Marx, Lenin, Engels, Che Guevara, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y el Subcomandante Marcos son celebradas, y otros que reflejan las luchas sociales y la represión sufridas en el Estado de Guerrero.

Murales que muestran nociones de justicia que se inculcan a los normalistas donde estudian el materialismo histórico, la revolución mexicana, el cardenismo, la lucha guerrillera de los setenta y la rebelión indígena de los noventa y principios del siglo XXI.

Una tradición de lucha a la que hacen honor enfrentando juntos maestros, maestras, sindicatos y la población la reforma educativa impulsada por el gobierno.

En el año 2013 el gobierno presentó en México una reforma Educativa que, entre otras medidas, introduce un sistema periódico de evaluación para los maestros. Esto provocó la furia del gremio (estudiantes y docentes) que, con especial virulencia en Guerrero se echó a la calle en varios Estados del sur de la República.

Pese a las enormes protestas, muchas veces reprimidas con violencia por el gobierno de Peña Nieto, la reforma se aprobó y el Ejecutivo del PRI le ganó el pulso al magisterio.

Más allá de su aprobación, la propuesta de Reforma Educativa en México continúa generando una fuerte polarización social y política.

En la misma se legislan una serie de cambios normativos que buscan imponer el control político y laboral de los maestros a través de un sistema de evaluación que regularía las contrataciones de maestros, su promoción en la carrera magisterial y el despido de los mismos, todo en nombre de “mejorar la educación pública”.

Como sucede en nuestros países cuando las derechas hablan de reforma educativa, el eje que se busca es el desprestigio de los/as docentes, queriendo imponer la idea de su precaria preparación y las supuestas pocas horas de trabajo que desarrollan.

Falacias que nos son más que conocidas. Una de las consecuencias nefastas de la aplicación de esta Reforma en México, y que podría darse en Argentina de avanzar los planes del gobierno, pasa por la evaluación de los docentes para la permanencia en sus cargos.

Según la ley, en México, 1.4 millones de maestros tienen que ser evaluados cada cuatro años y de esto dependerá su continuidad en el ejercicio de la labor docente. De esta forma, más de 350 mil maestros deberían ser evaluados por año. Esto, más que a evaluación de capacidad suena a instrumento de disciplinamiento y despidos.

Todo esto en el marco de fuertes campañas de desprestigio de los docentes, de llamados a una supuesta calidad educativa y privatización creciente de la misma, recetas conocidas también en Argentina, que buscan desmantelar la educación pública y generar una educación elitista.

La Masacre de Ayotzinapa

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”

El 26 de septiembre de 2014, en Iguala de la Independencia, Estado de Guerrero, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” fueron emboscados, reprimidos y perseguidos con armas de fuego por fuerzas policiales.

El saldo de esta represión, que también afectó a un micro que transportaba un equipo de futbol juvenil y a un taxi que circulaba por el lugar, fue de 6 muertos, más de 40 detenidos y 43 estudiantes desaparecidos, una masacre que tiene como contexto el accionar cómplice de políticos, policías municipales, ejército, marina, traficantes de personas y narcotraficantes que actúan confiando en la impunidad con que suelen contar en México.

 Nombres y edad de los 43 estudiantes desaparecidos: Abel García Hernández (19), Abelardo Vázquez Periten (19), Adán Abrajan de la Cruz (20), Alexander Mora Venancio (19), Antonio Santana Maestro (19), Benjamín Ascencio Bautista (19), Bernardo Flores Alcaraz (21), Carlos Iván Ramírez Villarreal (20), Carlos Lorenzo Hernández Muñoz (19), César Manuel González Hernández (19), Christian Alfonso Rodríguez Telumbre (21), Christian Tomás Colón Garnica (18), Cutberto Ortiz Ramos (22), Dorian González Parral (19), Emiliano Alen Gaspar de la Cruz (23), Everardo Rodríguez Bello (21), Felipe Arnulfo Rosas (20), Giovanni Galindes Guerrero (20), Israel Caballero Sánchez (19), Israel Jacinto Lugardo (19), Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa (21), Jonás Trujillo González (20), Jorge Álvarez Nava (19), Jorge Aníbal Cruz Mendoza (19), Jorge Antonio Tizapa Legideño (20), Jorge Luis González Parral (21), José Ángel Campos Cantor (33), José Ángel Navarrete González (18), José Eduardo Bartolo Tlatempa (17), José Luis Luna Torres (20), Joshvani Guerrero de la Cruz (20), Julio César López Patolzin (25), Leonel Castro Abarca (18), Luis Ángel Abarca Carrillo (20), Luis Ángel Francisco Arzola (20), Magdaleno Rubén Lauro Villegas (19), Marcial Pablo Baranda (20), Marco Antonio Gómez Molina (20), Martín Getsemany Sánchez García (20), Mauricio Ortega Valerio (18), Miguel Ángel Hernández Martínez (27), Miguel Ángel Mendoza Zacarías (23), Saúl Bruno García (20).

 Asesinados en Iguala la noche del 20 al 27 de septiembre de 2016:

Julio Cesar Mondragón Fontes (22), estudiante normalista; Daniel Solís Gallardo (18), estudiante normalista; Julio Cesar Ramírez Nava (23), estudiante normalista; David Josué García Evangelista (15), futbolista; Víctor Manuel Lugo Ortiz (50), chofer del micro del equipo de futbol; Blanca Montiel Sánchez (40), pasajera de un taxi que circulaba por el lugar.

 Aldo Gutiérrez Solano (19), normalista en coma por disparo en la cabeza³.

Como puede observarse, los estudiantes desaparecidos tienen, en su gran mayoría, entre 19 y 21 años. Son campesinos que buscaban un mejor futuro siguiendo la carrera de magisterio, hijos de campesinos cuya única posibilidad de acceder a una educación gratuita es asistir a las Escuelas Normales Rurales.

Con frecuencia, los normalistas de Ayotzinapa realizan protestas, bloqueos de calle o secuestros de autobuses para financiar sus actividades (desplazamientos o comida de los alumnos que hacen sus prácticas en comunidades más alejadas) y es común verlos en los peajes de las autopistas con el rostro cubierto, hucha (alcancía) en mano, pidiendo una contribución a los conductores.

No es la primera vez en estos últimos años, que estas actividades, que cuentan con el apoyo de gran parte de la población, son reprimidas violentamente y Ayotzinapa se tiñe con la sangre de normalistas.

El 12 de diciembre de 2011, durante un bloqueo en la Autopista del Sol a la altura de Chilpancingo, donde protestaban por temas académicos, los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, fueron asesinados en un operativo llevado a cabo por policías federales, ministeriales y estatales. El bloqueo que realizaban los estudiantes fue atacado con armas de fuego. Además, 41 jóvenes fueron detenidos y por lo menos otros tres resultaron heridos.

El 11 de noviembre de 2013, los normalistas fueron golpeados por policías estatales, bajo las órdenes del entonces secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Javier Lara Montellanos, para evitar que tomaran micros.

Al día siguiente, 12 de noviembre de 2013, alrededor de 200 policías antimotines dispersaron a jóvenes normalistas en las afueras de Chilpancingo para evitar que se llevaran micros de pasajeros, utilizaron gases lacrimógenos que afectaron a los alumnos de un jardín de infantes ubicado a 50 metros de los hechos. Los policías antimotines permanecieron varias horas más en zonas cercanas a la central de autobuses.

El 7 de enero de 2014, otros dos estudiantes de la Normal Isidro Burgos, Freddy Vázquez y Eugenio Tamarit, murieron al ser embestidos por un camión mientras realizaban una colecta en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo y varios estudiantes resultaron heridos.

En el marco de estas represiones se sucedieron los hechos del 26 de septiembre de 2014. Apenas cumplido un mes de la desaparición de los normalistas, en una multitudinaria manifestación realizada en el Zócalo mexicano bajo la consigna ¡Regrésenlos!, la reconocida intelectual Elena Poniatowska dejaba en claro las condiciones que enfrentan cotidianamente los normalistas:

La Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, es muy pobre pero es el único lugar donde los que nada tienen pueden recibir una educación superior gratuita. Es la única opción de los campesinos que han escogido ser maestros rurales. Las habitaciones de los estudiantes de la Normal evidencian la miseria, el abandono de los muchachos. Su comida también. Cuando a uno de ellos le sirvieron leche exclamó que era la primera vez que la veía y sonrió al decir que le gustaba. Así como la leche, son muchos los alimentos que los chavos desconocen. Sus camisetas, sus mochilas, sus suetercitos recargados en los muros de su cuarto vacío, sus utensilios de plástico, todos son prendas de pobre (Poniatowska, 2014).

La versión oficial que se buscó imponer desde el gobierno mexicano a través de la Procuraduría General de la República señala que grupos de sicarios y policías corruptos del municipio de Iguala fueron los responsables de los sucesos de esa noche y que los 43 jóvenes, una vez detenidos por la policía, por orden del intendente de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, del PRD, y de su esposa María de los Ángeles Pineda, ambos vinculados con el crimen organizado, fueron entregados a miembros del denominado Cartel Guerreros Unidos, quienes fueron los responsables de torturarlos, asesinarlos e incinerarlos en un basural de Cocula.

Sin embargo, las investigaciones posteriores y el testimonio de los sobrevivientes responsabilizan a fuerzas municipales, estatales y federales en conjunto con sicarios narcos.

El gobierno federal pretendió establecer un relato oficial de la masacre y una verdad jurídica para evadir su responsabilidad en los hechos y librar posibles demandas internacionales en su contra. Busca ocultar que se trató de un crimen de Estado y de delitos de lesa humanidad. Sin embargo, su explicación está llena de omisiones, inconsistencias y contradicciones. No es creíble, y nunca pudo explicar porqué, en el proceso de búsqueda de los normalistas se han encontrado varias fosas comunes con cientos de cadáveres desconocidos.

En estos intentos por dar vuelta la página de la historia y dar por cerrada la investigación sobre lo sucedido en Ayotzinapa, el gobierno mexicano se ha enfrentado a los familiares de las víctimas, a una fuerte movilización social que reclama justicia y al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que llegó al Estado de Guerrero el 4 de octubre de 2014 para realizar peritajes a pedido de los familiares de los normalistas desaparecidos con un equipo integrado por 30 expertos de Argentina, Uruguay, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Francia, España y México, quienes son especialistas en los campos de la antropología forense, medicina forense, arqueología forense y criminalística, en fuego, genética forense, botánica y entomología forense.

En un principio, el gobierno mexicano aprobó la presencia del EAAF, pero a partir de un informe presentado por el mismo el 7 de febrero de 2015, que pone en tela de juicio las pruebas recogidas por la Procuraduría General de la Nación (PGR), comenzó a atacar el trabajo de este.

Refutando la “verdad histórica” que quiso imponer el gobierno, el Equipo Argentino de Antropología Forense publicó sus conclusiones sobre el peritaje que realizaron en el Basurero de Cocula, en Guerrero, donde, de acuerdo con la versión de la PGR, integrantes de Guerreros Unidos habían incinerado los restos de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y afirmó:

El EAAF concluyó, tras más de un año de trabajo científico independiente sobre la evidencia física recolectada y analizada proveniente del Basurero de Cocula, que no es posible que los presuntos perpetradores hayan incinerado en ese lugar a los 43 jóvenes, pues no hay consistencia entre la evidencia física y la evidencia testimonial (EAAF, 2016).

Los peritos detallaron que en el Basurero de Cocula ha habido múltiples quemas de cuerpos a lo largo de los años, por lo que hay restos humanos que no corresponden a los de los estudiantes.

Asimismo, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a desechar de una vez la hipótesis de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el Basurero de Cocula.

En el mismo sentido, el 24 de abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe final con las conclusiones de la investigación sobre la masacre de Iguala, Guerrero.

De su extenso informe, se pueden destacar tres conclusiones que refutan la “verdad histórica” que buscó imponer el Estado mexicano:

 Los normalistas de Ayotzinapa NO fueron quemados en el Basurero de Cocula.

 Además de las policías de Iguala y Cocula, en la detención y desaparición de los estudiantes, también participaron elementos del ejército y la policía federales.

 El gobierno de Peña Nieto no sólo no quiere cooperar con los equipos internacionales de investigación, sino que trabaja para ocultar evidencias y dar por cerrado el caso.

A más de dos años de los asesinatos y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se sigue sin saber la verdad sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 y el destino de los estudiantes desaparecidos.

Estos hechos, como venimos planteando, no son una cuestión aislada. México viene soportando desde hace años una situación de extrema violencia que ha provocado 120 mil muertos y 50 mil desparecidos desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos en 1994.

Ese mismo año comenzó la construcción del muro por parte del gobierno del ex presidente estadounidense Bill Clinton y que hoy busca ser terminado por la administración de Donald Trump –quien ha puesto a México y a los migrantes como centro de sus políticas reaccionarias–; muro destinado a impedir los flujos migratorios desde las sociedades al sur del Río Bravo y que ha generado hasta hoy la muerte de 10 mil personas, que intentaban sortearlo buscando concretar mejores perspectivas de vida.

Esta violencia recrudeció con lo que se denominó la “guerra contra el narcotráfico” lanzada por el ex presidente Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), y que continúa vigente, más allá de sus promesas electorales en contrario, con el presidente Enrique Peña Nieto, del (PRI).

Por ello, es posible afirmar que lo sucedido con los normalistas es una resultante más de la violencia crónica que se ha apoderado del país hermano.

A dos años de los hechos ocurridos en Iguala, alrededor de 60 de los involucrados como el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de Los Ángeles Pineda, continúan detenidos bajo el cargo de delincuencia organizada.

Una y otra vez, en las distintas movilizaciones que se producen en el país, la multitud corea dos consignas que sintetizan no sólo un estado de ánimo pasajero, sino las convicciones profundas de quienes las vocean: ¡Fue el Estado! Y ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!, señalan a quien consideran responsable de la barbarie.

Que lo ocurrido en Ayotzinapa representa un verdadero crimen de Estado es una certeza compartida por los familiares de las víctimas y por todos quienes reclaman justicia.

Es un eslabón más en la larga cadena de represión y terror que busca imponer el Estado mexicano y que abarca masacres como las de Tlatlaya, Apatzingán, Villa Purificación, Ecuandureo, Femicidios en Ciudad Juárez y Estado de México, Oaxaca y Ayotzinapa.

Solo bajo el gobierno de Peña Nieto se han cometido más de 65 mil asesinatos, más de 10 mil desapariciones forzadas y hay miles de denuncias por tortura, lo cual evidencia el sistemático uso por parte del Estado y de las organizaciones criminales, de estas metodologías represivas para intentar sostener sus privilegios y reprimir la protesta social y la larga historia de lucha del pueblo mexicano.

Bibliografía

ANDERSON, Perry: Imperum et consilium. La política exterior norteamericana y sus teóricos. Madrid, Ediciones Akal, 2014.

ÁVILA CORONEL, Francisco: Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres, diciembre 2013. Disponible en https://partidocomunistademexico.files.wordpress.com/2013/12/lucio.pdf

BARTRA, Armando: Guerrero Bronco. Campesinos, ciudadanos y guerrilleros en la Costa Grande. México DF, Ediciones ERA, 2000 (1996).

BORON, Atilio: América Latina en la geopolítica del imperialismo. Buenos Aires, Ediciones Luxemburg, 2014.

CASTAÑEDA, Jorge: La utopía desarmada. El futuro de la izquierda en América Latina. Buenos Aires, Ariel, 1993.

CASTELLANOS, Laura: México Armado 1943-1981. México DF, Ediciones ERA, 2007. DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE LOS ESTADOS UNIDOS: La política de defensa para el Hemisferio Occidental, 2012. Disponible en http://archive.defense.gov/news/WHDPS-Spanish.pdf

EEAF-EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE: Dictamen sobre el basurero de Cocula, 2016. Disponible en http://www.eaaf.org/files/dictamen-sobre-el-basurero-cocula-feb2016.pdf

FREIRE, Paulo: Pedagogía del oprimido. Madrid, Siglo XXI España, 1998.

GIBLER, John: Una historia oral de la infamia. Los ataque a los normalistas de Ayotzinapa. Buenos Aires, Tinta Limón, 2016.

GILLY, Adolfo: México, la revolución interrumpida. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2002.

GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES (GIEI): Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas. México DF, 2016. Disponible en http://media.wix.com/ugd/3a9f6f_7e190b69e1b14980add30c4aa015d2e8.pdf

LENIN, Vladimir I.: El imperialismo fase superior del capitalismo. Buenos Aires, Ediciones Luxemburg, 2009.

LÓPEZ Y RIVAS, Gilberto: La guerra del 47 y la resistencia popular a la ocupación. México DF, Ocean Sur, 2009

MARIÁTEGUI, José Carlos: Aniversario y balance en Ideología y Política. Lima, Editorial Amauta, 1978.

MARTÍ, José: Nuestra América. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1985.

MUÑOZ RAMÍREZ, Gloria: “La verdad histórica es que no hay verdad histórica”, en La Jornada, México DF, 14 de febrero de 2015. Disponible en http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/14/la-verdad-historica-es-que-no- hay-verdad-historica-8816.html

PONIATOWSKA, Elena: “Regrésenlos” (discurso de Elena Poniatowska en el Zócalo), en La Jornada, México DF, 26 de octubre de 2014. Disponible en http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/26/201cmexico-se-desangra201d- dice-elena-poniatowska-en-el-zocalo-4330.html

_______La noche de Tlatelolco. México DF, Ediciones ERA, 2002 (1971).

RANGEL LOZANO, Claudia y SÁNCHEZ SERRANO, Evangelina: “La guerra sucia en los setenta y las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en Guerrero”, en OIKIÓN SOLANO, Verónica y GARCÍA UGARTE, Marta Eugenia, Movimientos armados en México, siglo XX. Vol. II. Guadalajara, El Colegio de Michoacán /CIESAS, 2006.

Notas