1. Introducción

En el presente trabajo se presenta el análisis de las diferentes políticas de gobierno del Movimiento Al Socialismo en el tema de erradicación cultivos de hoja de coca en Bolivia en general y en el Trópico de Cochabamba en particular.

Como política de erradicación, el gobierno de Evo Morales, puso en marcha dos planes quinquenales: El primero denominado “Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca (2007 – 2010)”, y el segundo “Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca (2011 – 2015)”.

En cuanto a los resultados, se debe reconocer importantes avances en cuanto a la reducción de cultivos de hoja de coca, que da como resultado oficial, para el año 2015, la cantidad de 20.200 hectáreas de coca (ONUDC, 2006), cifra que muestra también el respeto de los derechos humanos, que tuvo pocos casos de muertes como en Vandiola (Cochabamba) y Apolo (La Paz).

No obstante, los resultados de Monitoreo de la ONUDC, muestran a primera vista debilidades en la sostenibilidad de estas cifras, ya que se ve que la disminución neta en el lapso de un año (2014 – 2015) apenas alcanzó el 1%, ello debido a que la “racionalización” o “erradicación forzosa” alcanzó en este periodo la cifra de 11.020 hectáreas. Las cantidades anuales de erradicación en Bolivia durante el gobierno de Morales, sobrepasan las diez mil hectáreas anuales, lo cual implica que tras la erradicación de coca, se da un proceso acelerado de replante de coca.

A este elemento se añade observaciones a la metodología de Monitoreo de ONUDC, mismo que no es explícito en su explicación sobre si incluye o no todas las áreas de producción de cultivos de coca existentes en Bolivia (nuevas áreas como Cocapata en Cochabamba), si se toman en cuenta extensiones discontinuas y dispersas menores a ciertas cantidades.

A esto, se observa en el Informe, que la ONUDC no toma en cuenta factores como número de cosechas al año, que es variable por regiones y épocas de producción, misma que influye sobre la cantidad real de producción en toneladas de hoja de coca. Pese a este vacío de información, la ONUDC avala con su informe datos y cifras, que al no incluir estos factores, son desde un punto de vista científico incompletos.

Otro aspecto, grave, en el Monitoreo de la ONUDC es que este organismo, en sus informes no incluía en forma clara la fuente de sus datos que hacen al tema erradicación, mercados, precios y de interdicción al narcotráfico. Datos que asumían como ciertos, y al reproducirlos, la ONUDC abala los resultados presentados por el gobierno de Evo Morales que en discursos ratificaba sus éxitos tras la expulsión del Embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, y de la DEA, la NAS y USAID de Bolivia.

Se debe ser enfático en señalar que la ONUDC no tiene ningún tipo de monitoreo propio y menos “verificación” en cifras sobre erradicación de cultivos de coca, mercados y comercialización de coca, precios de coca, interdicción al narcotráfico en cuanto operativos, droga incautada y detenidos.

Las cifras de superficie de erradicación de cultivos de coca excedentes que presenta la ONUDC en Bolivia provienen de la entidad estatal DIGPROCOCA a través de sus regionales UDESTRO en Cochabamba y UDESY en La Paz; y es posible que también tomen en cuenta datos de la Fuerza de Tarea Conjunta de las Fuerzas Armadas, encargadas de la erradicación manual con participación de oficiales y soldados del Ejército Nacional.

Los datos de mercados (primarios y centrales) de comercialización, incautación de hojas de coca y precios de coca, ingreso global por concepto de producción de coca, proveniente de la entidad estatal DIGCOIN y Viceministerio de Coca.

La información de interdicción al narcotráfico en cuanto cantidades de operativos, droga incautada, insumos incautados y otros provienen de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.

Es recién, en el último año 2015, que en pie de página el Informe de Monitoreo de la ONUDC, coloca la fuente, luego de críticas que mi persona formuló a nivel nacional sobre este engaño y falta de rigor científico en el manejo de fuentes y datos.

Pero más allá del engaño o auto engaño de la ONUDC y del propio Gobierno del MAS, es el peligro que se tiene en la formulación de Políticas Públicas sobre la problemática coca y narcotráfico, mismas que muestra en términos oficiales a Bolivia como zona libre de producción de coca excedentaria, libre de narcotráfico y como país de tránsito de cocaína de Perú. Afirmación limitada, si se toma en cuenta que Bolivia no logra una erradicación neta importante, año tras año se tiene casi más de la mitad de coca erradicada y coca replantada (más de 11 mil hectáreas por año) a la coca monitoreada por la ONUDC (20.200 hectáreas).

Este hecho confirma la debilidad y casi fracaso de la política de Control Social de “racionalización” (erradicación) de cultivos de coca, mismo que requiere ser ampliado con el concepto de “responsabilidad social”, para hacer sostenible la cantidad sin replante de coca por parte de los campesinos productores de coca.

No nos olvidemos que Bolivia invierte anualmente grandes cantidades de dinero del Tesoro General de la Nación (TGN), que sobrepasan los 30 millones de dólares anuales para cubrir el personal técnico de UDESTRO y UDESY, así como para el personal de la Policía Nacional (FELCN, Policía Ecológica), oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas (FTC del Ejército, Naval y Fuerza Aérea). A esto se suman los costos de equipamiento, movilidades, costo de operación.

A estos gastos en erradicación y lucha contra el narcotráfico se añaden los costos de Desarrollo Integral, que abarcan construcción de infraestructura vial, equipamiento y transferencia de tecnología. Mismo que cuenta con apoyo de la Cooperación Internacional (principalmente Unión Europea) y contraparte nacional.

Todo el dinero nacional, se paga con impuestos del pueblo e ingresos de la venta de recursos naturales. Los productores de hoja no pagan impuesto. A corto plazo, este gasto enorme sobre las espaldas del pueblo es insostenible. Pero también de darse un cambio de Gobierno de otra línea política, se corre el grave peligro de retornar a la resistencia de erradicación por las organizaciones de productores de coca, al uso de la fuerza pública por parte del Gobierno y con ello el retorno de la violencia, procesos judiciales, heridos y muertos.

A esta realidad, se añade que Bolivia al producir coca excedentaria, también produce cocaína, tanto para el mercado interno como para la exportación; finalmente se cuenta con grupos criminales que controlan la cadena productiva de la cocaína, el lavado de dinero y mantiene redes de vinculación en instituciones estatales de la justicia, policía y política.

Es invisible también para la ONUDC la situación de producción, comercio, transporte, consumo y exportación de marihuana y otras drogas.

Otros factores no tomados en cuenta por el Gobierno y que no son observados por la ONUDC, es la tecnología e insumo utilizados en la producción de coca convencional (cash crop) que aplica altas dosis de químicos prohibidos que son un verdadero atentado contra la salud. Bolivia no cuenta con una producción de coca orgánica, tras múltiples etapas de manipulación de la hoja de coca (en la cosecha, secado, empaque, venta en mercados, transporte) la hoja de coca es el único producto que no cuenta con tratamiento de desinfección o lavado, se consume colocándolo directamente en la boca. Esto conlleva grave peligro de contraer fiebre tifoidea y otras enfermedades; por ello la necesidad de contar con una coca orgánica o ecológica con fines de consumo humano.

Otro factor no evaluado, es la falta de una Industria de la Coca, a la fecha el gobierno sólo construyó complejos de infraestructura, con precarios instrumentos; mismos que luego de adjudicaciones a terceros quedó abandonado cual mero galpón. Los avances reales son a nivel de industria artesanal basada en extractos y harinas.

Ahora bien, en el marco de este contexto, la presente ponencia presenta un análisis de las políticas de erradicación de cultivos de hoja de coca, tomando en cuenta la situación real de este fenómeno en las comunidades campesinas y a nivel de unidades familiares, tomando como estudio de caso, en cuanto representación espacial, el Trópico de Cochabamba, durante el periodo de gobierno del Movimiento al Socialismo.

A modo de conclusión se observa que el concepto de “control social” de la producción, comercialización, erradicación de coca excedentaria y lucha contra el narcotráfico, requiere ser redefinida en su actual conceptualización y aplicación de mecanismos de control. La propuesta política del gobierno del Evo Morales y de los productores de hoja de coca demostró en once años serios límites en cuanto no cumplimiento de los acuerdos políticos (gobierno – cocaleros) ya que no se respeta el cato de coca por los productores, no se tiene credibilidad sobre los datos de erradicación de coca excedentaria (a cargo del Ejército, Policía y del Gobierno) y de la lucha contra el narcotráfico. La ONUDC en Bolivia solo fue un instrumento que avaló la actual situación del fenómeno coca – cocaína; siendo la sociedad boliviana la que asume las consecuencias de la consolidación de producción de coca excedentaria, el potenciamiento de organizaciones criminales que controlan el narcotráfico y lavado de dinero cuya violencia se plasma en mayor inseguridad ciudadana y violación de los derechos humanos. Finalmente se debe resaltar que en la última década, Bolivia se consolidó como mercado interno de cocaína y otras drogas, siendo los jóvenes las mayores víctimas de la sobreproducción de coca y drogas.

Control social

El término “Control Social” tiene su origen en Estados Unidos y según Morris Janowitz se refiere a:

“[…] la capacidad de la sociedad de regularse a sí misma, acorde con los principios y valores deseados[…]”. Asimismo señala que el control social “[…] fue un recurso intelectual para relacionar el análisis sociológico con los valores humanísticos y las orientaciones filosóficas empleadas por algunos de los primeros sociólogos interesados en el progreso social y en la reducción de la irracionalidad en el comportamiento social” (Morris, 1995).

El término ha sufrido varias modificaciones en su definición a través de los años por diferentes ramas científicas como sicología, filosofía y sociología. Se consideraba que el control social era un resultado de la organización social y que en su concepción debían ser considerados como equivalentes; o que se trataba de un proceso de socialización dirigido a la conformidad social². También se analizó que el pensamiento racional tenía un impacto en el debilitamiento del tejido social, ya que la sociedad siente mayor insatisfacción por cualquier interferencia basada en los caprichos de un individuo o grupo social (Thomas and Znaniecki, 1918: 20). Incluso se pensaba que la idea del control social derivaba del rechazo de la teoría económica del interés egoísta y que los deseos individuales de la satisfacción económica del interés particular solo podría ser alcanzado a través de algunos de los comportamientos sociales colectivos (Janowitz, 1995 ).

Hoy en día el “control social” puede ser definido como el conjunto de prácticas, actitudes, valores, principios, normas y regulaciones destinadas a mantener el orden de los individuos para alcanzar un nivel de vida organizado y controlado (deseado), cuya vinculación de la sociedad con el ejercicio público permite garantizar una gestión eficiente y efectiva.

Con el control social se pretende que la sociedad se autorregule a sí misma para mantener a grupos sociales dentro de un orden aceptado que contribuyan a generar estilos de vida organizados y sin conflictividad.

Para mantener este orden social se deben cumplir ciertas normas establecidas explícita o implícitamente; el término explícito hace referencia a aquellas regulaciones formales como leyes, decretos, resoluciones, estatutos; mientras que las normas implícitas son aquellos principios sociales, normas morales que rigen el comportamiento de la sociedad, destacando el control social ejercido por las instituciones, la religión.

En el Estado Plurinacional de Bolivia el control social hace referencia a la participación ciudadana para garantizar la correcta gestión de la administración pública (manejo adecuado de recursos económicos, materiales, humanos)³ (Regulación normativa del control social para erradicación de coca en Bolivia, 1994 – 2013).

El tipo de acercamiento estado – sociedad da lugar a formas de negociación y concertación que suelen mantener los medios coactivos y de fuerza del estado pero regulados, incluyendo además elementos de la sociedad no coactivos de valoración y sanción moral. Todo ello refuerza la creación de valores y contrato social, que constituyen consenso normativo y generación de equilibrio de presencia y uso de poderes estatal – social.

Tipos de control social

El control Social para la implementación de una política crea y recrea mecanismos específicos que tienen diferentes connotaciones y significación, el mismo que responde a la corriente de implementación que van marcados por tres tipos de control social, que son: la propuesta estatal, social y mixta (concertación estado y sociedad).

Estatal: el orden

Entendido como un control social represivo, bajo una visión de control político de la sociedad por parte del estado – gobierno, el control territorial, control sectorial de producción. La tradición de esta práctica y cultura política de control social como sinónimo de control político tiene una amplia trayectoria.

En los años setenta, el control social tuvo como meta el “orden”, a partir de los años ochenta la concepción de control social tomó como perspectiva el ejercicio de control centrado en el estado. Por ello la función principal del estado fue el definir y manejar mecanismos y estrategias de control social, entendido como el propósito de lograr obtener orden político y social.

Auto regulación social

Como segunda forma de control social se tiene la visión de auto regulación por parte de la sociedad en temas sectoriales de producción y participación en espacios públicos. Para este fin los mecanismos creados (comités de defensa, autoayuda) tienen como principio ampliar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisión e implementación de políticas que tienen impacto sobre su sector productivo y su espacio territorial.

De esta manera las regulaciones y su implementación son producto de pactos sociales, lo cual implica disminución de la presencia del estado y su cumplimiento responde más a la responsabilidad social que a la presión de la fuerza del estado.

Existe además una ampliación democrática respecto a la participación social en procesos de toma de decisión y fiscalización de entidades estatales descentralizadas (gobiernos departamentales) y locales (municipales). El estado direcciona el tipo de participación, mediante la creación de mecanismos de control social, establecimiento de normas, objetivos, así como su implementación y financiamiento.

Para este fin se crean mecanismos institucionales de organización y representación de la sociedad civil, con el fin de contar con su activa participación en espacios de toma de decisión en planificación de políticas locales, fiscalización y ejecución.

Concertación estado – sociedad

Son acuerdos entre estado y sociedad sobre temas de interés común que busca controlar las tensiones y conflicto sectorial y territorial, por medios persuasivos y de concertación. Para ello, previo consenso, se crean normativas, mecanismos, objetivos y puesta en práctica de los mecanismos de control social.

Este tipo de control social por concertación incluye la participación del estado con sus mecanismos de regulación legal (jurídico), de fuerza (policía militar) y técnica. Mecanismos que excluyen de sus roles y funciones el control de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, el accionar de estos mecanismos funciona bajo criterios previos de negociación y concertación social con diferentes niveles de organizaciones de la sociedad que evitan el uso de fuerza legal y física por parte de instituciones del estado.

Si tomamos en cuenta los tipos de control social (regulación estatal, auto regulación social y la concertación estado – sociedad), se puede afirmar que el control social constituye un aporte a la cultura democrática, ya que de alguna manera se da espacio de involucramiento de la sociedad civil en diseño y funcionamiento de políticas públicas.

De esta manera se observa también, la emergencia novedosa de ricas propuestas organizativas, formas solidarias y prácticas sociales que refuerzan la democratización y posibiliten la sostenibilidad de políticas públicas sobre sectores y espacios territoriales con tradición de conflicto y violencia.

2. La región del Trópico de Cochabamba

Las principales regiones productores de hoja de coca en Bolivia son Los Yungas de La Paz y el Trópico de Cochabamba, esta última más conocida como Chapare. Espacialmente su ubicación en Bolivia comprende las siguientes poblaciones:

2.1 Ubicación

En el caso del Trópico de Cochabamba, que es la zona de estudio, está región está ubicada en el Departamento de Cochabamba y está conformada por tres provincias que son Chapare, Carrasco y Tiraque, a nivel municipal abarca a cinco Municipios: Villa Tunari, Chimoré, Puerto Villarroel, Entre Ríos y Shinahota.

La región se encuentra entre los 300 hasta los 2.500 m.s.n.m. Posee un clima tropical con temperaturas que se encuentran alrededor de los 26 º C y con humedad relativa que varía entre el 70 % y 80 %.

La mayor parte del suelo corresponde a bosques, sin embargo, también se encuentran bosques de producción, cultivos perennes y en menor medida pastoreo. La principal actividad económica, es decir que implica la obtención de ingresos económicos, es la agricultura con una gran variedad de plantaciones gracias a su ubicación y clima, presenta una precipitación pluvial entre los 2.500 mm/año hasta los 5.000 mm/ año que favorece la existencia de una gran variedad de cultivos.

Entre los productos que pueden ser cultivados en la región están el banano, naranja, mandarina, arroz, piña, maíz, palto, papaya, palmito, maracuyá, café, cacao, maní, etc., y el principal cultivo la coca.

El cultivo de la hoja de coca es parte de la tradición del país y se encuentra muy enraizada en la población por sus usos y costumbres, entre los cuales se encuentran no solo su consumo como sedante para evitar el agotamiento y el cansancio, así como luchar contra la desnutrición, sino también es usado en rituales religiosos y para curar dolencias o malestares en la medicina tradicional.

El cultivo de la hoja de coca es considerado como una de las actividades que ofrecen mayor rentabilidad para las personas que se dedican a su producción, considerando el tipo de clima, suelo y demanda anual, no solo en la región del trópico cochabambino, sino a nivel nacional.

2.2 Población

La región del Trópico experimentó el siguiente comportamiento poblacional entre los censos 2001 y 2012.

La población total del Trópico en 2001 alcanzó a 131.127 habitantes, el 56 % de esta población fueron hombres y el 44 % mujeres; el censo realizado en 2012 demuestró que la población llegó hasta los 192.140 habitantes siendo 103.423 hombres y 88.717 mujeres. La participación femenina se ha reducido respecto a 2001. Sin embargo, se debe considerar que el Municipio de Shinahota es de reciente creación (2009) y por lo tanto no se cuenta con esta información en la gestión 2001.

3. Tipos de control social en la producción de cultivos de coca

El programa de control social de la producción de cultivos de hoja de coca, fue una medida regional del Trópico de Cochabamba, que nació a iniciativa gubernamental con posterior participación de la directiva de la organización matriz de los productores de coca que es la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

3.1 Modelos de control social

La definición de mecanismos de control social pasó por diferentes etapas.

Auto regulación, 2004 – 2005

El inicio de la propuesta de control social se dio a partir del convenio de octubre de 2004 que definió la legalización del cultivo de coca hasta un cato por familia, llegando a totalizar 3.200 has. en el Trópico de Cochabamba, solo para las familias no beneficiadas con programas de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo.

Las entidades responsables del control y cumplimiento fueron la organización sindical de los productores de coca en toda su estructura orgánica que va desde el nivel comunal – sindicato, nivel subregional – central, nivel regional – federación y región de coordinadora.

En esta primera etapa de control social autorregulada no se definió ningún mecanismo ni medio de control social. Sin embargo, pese a este gran vacío conceptual y demarcación de atribuciones, se puso en marcha el control social, a cargo de las organizaciones de productores de coca y de las entidades estatales de erradicación de cultivos de coca.

Respecto al desempeño, la estructura de productores de coca no cumplió con su rol de control, limitando su accionar a la representación formal pero no efectiva, ya que en los hechos se universalizó la producción en todo el Trópico de Cochabamba, violando el acuerdo inicial de otorgar un cato de coca por familia y limitado solo a las familias que no recibieron apoyo de sustitución de cultivos de coca.

Al mismo tiempo las instituciones responsables de erradicación de cultivos de coca, a cargo de la Dirección de Reconversión de Coca (DIRECO) y brazo operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (Policía Nacional y Fuerzas Armadas), continuó con las tareas de erradicación, mediante el criterio de derecho de cato, con una superficie de 40 metros x 40 metros, es decir 1.600 metros cuadrados, a cada una de las cuarenta y cinco mil familias.

En los resultados de cantidad de coca, el punto de partida para medir el impacto del control social autorregulado dan los siguientes datos (tabla I).

La base de un análisis requiere tomar como punto de partida el año 2002, año de finalización del Plan Dignidad (1997 – 2002), el mismo que aplicó el modelo de erradicación forzosa y dejó como resultado 5.400 has. de coca en el Trópico, con un alto nivel de erradicación concentrado solo en el Trópico de Cochabamba (11.839 has.). En este contexto se debe resaltar que la supervivencia de la coca tuvo como marco el replante de coca en el Trópico, en tanto que en los Yungas de La Paz el cultivo fue libre.

En este contexto se observa que tras el convenio de octubre de 2004, el control social autorregulado que se dio en el Trópico de Cochabamba, tuvo como fin consolidar primero el derecho de producción de coca, llegando casi a duplicar la coca legal en relación al 2002. Se debe resaltar también que en este primer intento de control social, al año 2005, se llegó a la producción legal de 7.000 has.

En esto el rol del Estado fue la aplicación de erradicación bajo el concepto de concertación, hasta el cato de coca por familia, erradicando el excedente. Con lo cual se llegó a un consenso general sobre estos primeros acuerdos, cosa que no ocurrió en los Yungas de La Paz, donde se mantuvo el libre cultivo de coca.

Otra de las contribuciones del control social autorregulado, fue el salto cualitativo del modelo de erradicación forzosa al de erradicación concertada, mediante diálogo, negociación y con resultado de paz social y respeto de derechos humanos.

Inclusión del estado, 2006 – 2008

La segunda forma de control social tuvo vigencia entre el año 2006 al año 2008. Periodo que puede considerarse como segunda fase de control social, consiste en definición de política pública de control territorial de cultivos de coca.

El punto de partida de este tipo de control social en la producción de hoja de coca fue la aprobación por parte del congreso de la Coordinadora de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, el derecho de producción de un cato de coca (1.600 metros cuadrados) por afiliado.

Por otra parte, el gobierno de Evo Morales replanteó la estructura del estado, y mediante la Ley de Organización Política del Estado (LOPE), el año 2006 reestructuró las instituciones estatales a cargo del control y erradicación de cultivos de coca, resaltando la creación del Viceministerio de Coca, dependiente del Ministerio de Agricultura.

Con la nueva estructura desapareció DIRECO y se crearon la Dirección General de Producción de Coca (DIGPROCOCA), con dos brazos operativos, para la región trópico de Cochabamba la Unidad de Desarrollo del Trópico de Cochabamba (UDESTRO) y para los Yungas de La Paz la Unidad de Desarrollo de los Yungas (UDESY) de La Paz.

La dirección de estas instancias técnicas se encontraba a cargo de autoridades designadas por el Presidente de la República, siendo este personal parte de la dirigencia sindical de productores de coca tanto del Trópico de Cochabamba como de los Yungas de La Paz. Cada región a cargo de dirigentes de su región.

Los nuevos principios definidos por la nueva estructura fueron el cambio de nominación de erradicación por racionalización⁴ de cultivo de coca, bajo modalidad de concertación, participación, respeto de derechos humanos y control social.

En este caso, el control social estuvo a cargo de la estructura sindical de productores de coca, siendo tarea de la dirigencia velar por el proceso de racionalización y evitar el replante de cultivos de coca, más allá del cato por afiliado. Sin embargo, no se tuvo ninguna formalización o normativa elaborado para ese fin.

Cabe también resaltar que en esta etapa, a nivel comunal – sindical y central, se desarrollaron mecanismos de control social, reglamentos internos e instrumentos de control, experiencias que no fueron recuperadas y sistematizadas.

En esta estructura se mantuvo también la unidad operativa policial y militar a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta, a cargo de un comandante de campo (militar) con apoyo policial de protección de perímetro de racionalización (Policía Ecológica) y equipo técnico de UDESTRO. En los hechos la racionalización quedó en manos de dirigentes del Trópico (director de UDESTRO) y comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

La modalidad de racionalización en campo consistió en acuerdos previos a nivel central y sindical, identificando los sindicatos a ser mensurados, a cargo de UDESTRO, y en caso de identificación de coca excedencia proceder a su racionalización (erradicación) a cargo de militares.

Los logros del modelo de control social por inclusión del Estado fueron la definición de polígonos regionales de cultivos de coca, tanto en los Yungas como en el Trópico de Cochabamba. La elaboración de un catastro de predios de producción geo referenciado y de un censo de productores de coca en Cochabamba.

Los resultados del control social por inclusión del estado son:

Los datos globales dan cuenta del crecimiento sostenido de cultivos de coca en los Yungas de La Paz, región en la que además del inicio de delimitación de polígono, catastro y censo, también se arrancó con erradicación voluntaria. No obstante el principio de libre cultivo de coca se mantuvo vigente y por ello se observa un incremento de 18.800 has. (2006) hasta 19.900 has. (2007).

Por otra parte, desde el Viceministerio de Defensa Social, entidad que por instrucción Presidencial asumió la responsabilidad de erradicación / racionalización, elaboró un reglamento de Control Social, sin participación de los productores de coca. Dicho reglamento establecía responsabilidades y sanciones a los infractores que sobrepasan el cultivo de cato de coca por afiliado, siendo la sanción progresiva de erradicación total de la coca excedencia en la primera infracción, la erradicación del total de la coca en una segunda infracción y erradicación total con pérdida del derecho de cultivo de coca en una tercera infracción.

El Reglamento del Viceministerio de Defensa no fue socializado por las instancias sindicales y si bien la aprobación se dio por la dirigencia de las Federaciones, el reglamento no fue consensuado sino impuesto a las bases.

Con estos elementos en el caso del Trópico de Cochabamba, el compromiso de control social asumido por las Federaciones fue cumplido en parte, generándose un replante de la coca racionalizada / erradicada que elevó la cantidad producida de 8.300 has. (2006) hasta 8.800 has. En esta etapa, se tuvo también intentos de la dirigencia de las federaciones de exigir el cumplimiento del control social, demanda que en las comunidades contó con respuestas diferenciadas, en el sentido de aceptación por compromiso político con su partido político el Movimiento al Socialismo (MAS) y su presidente Evo Morales y en otros casos con reacciones violentas en contra de los dirigentes de la Federación.

Esta situación dio lugar a un debate al interior de la dirigencia de las federaciones, en el sentido que el control social no podía ser impuesto por los propios dirigentes, ya que esto llevará a enfrentamientos internos, divisiones y desgaste sindical y político de la dirigencia.

El despegue del cultivo de coca fue controlado por los mecanismos de racionalización / erradicación del Estado (UDESTRO y FTC), quienes toman como base el cumplimiento del concepto general de cato de coca por afiliado, erradicando la coca excedentaria. No obstante por la magnitud de la región, el trabajo de retorno a los sindicatos para una segunda vuelta de erradicación demanda al menos un año, situación que permite el replante y cosechar al menos dos veces antes de una nueva erradicación.

A ello se añade el apoyo financiero para la compra de insumos, maquinaria y material de construcción que otorga el gobierno a cada una de las regiones, bajo la nominación de Obras Sociales y Desarrollo Integral (antes Desarrollo Alternativo), gozando de estos fondos de compensación las federaciones que participan y respaldan la erradicación de coca excedentaria.

Como caso de violencia en esta región se tuvo la reacción de las Yungas de Vandiola a la racionalización. Acción que tuvo como demanda por los productores de esta región de su cultivo legal, de acuerdo a la Ley 1008 vigente, no obstante, el gobierno aplicó el modelo de erradicación forzosa con el saldo de dos muertos y heridos por balas de guerra.

Hacia un nuevo modelo, concertación estado – sociedad

A partir del año 2008 al 2010, se encuentra en vigencia un tercer modelo de control social en proceso de constitución. Modelo que emerge con la puesta en marcha del Programa de Control Social de Gobierno que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea.

El modelo de control social de concertación Estado –Sociedad, es resultado del reconocimiento del Estado sobre la necesidad de controlar la producción de cultivos de coca excedentaria y narcotráfico. Para este fin el Estado elaboró la política de producción de coca y lucha contra el narcotráfico que definió 20.000 has. de coca legal, de la cual 7.000 has. Corresponde al Trópico de Cochabamba, el cual cuenta con respaldo formal de aceptación.

Este respaldo puede ser apreciado en las resoluciones de diferentes organizaciones sociales como la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba:

- “…Después manifestó del convenio de las 7.000 has. para el Trópico de Cochabamba y no se puede incrementar un cato más” (Delfín Olivera, director UDESTRO).

- “Resolución de la Comisión Coca, se respeta el cato de coca por afiliado" (Informe de Comisión Coca y Agropecuario en el X Congreso Ordinario de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Cochabamba 7 de junio de 2010).

- “Resolución respecto del cato de coca por afiliado” (Congreso de Coca, Lauca Ñ, octubre de 2010).

En cuanto a los Yungas de La Paz se tiene definido en máximo de 12.000 has. a los Yungas y 1.000 has. de margen.

Bajo este objetivo arrancó el proceso del nuevo modelo con características regionales diferentes entre el Trópico de Cochabamba y Yungas de La Paz.

A. Concertación estado – sociedad en el Trópico de Cochabamba

Respaldados con el apoyo técnico y económico del Programa de Control Social el gobierno y las Seis Federación del Trópico de Cochabamba, asumen el compromiso de respeto del cato de coca por afiliado y no sobrepasar las 7.000 has. de coca en la región.

Determinación que contó con la aprobación y ratificación en los Congresos Ordinarios de cada una de las Seis Federaciones, congresos de las Federaciones de Mujeres Productoras de Coca y en dos congresos de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

El principio de responsabilidad y conciencia de apoyo político al gobierno permitió que las instancias de representación de las seis federaciones asumieran el compromiso de cumplir con el Reglamento de Control Social elaborado por el Viceministerio de Defensa Social, como compromiso de respaldo político al gobierno.

Sin embargo, nuevamente se cayó en el error de socializar la discusión y toma de decisión de las dos hojas de sanciones que comprendía dicho reglamento. Por otra parte, dicho reglamento no fue puesto en consideración de los niveles intermedios (central), ni comunales (sindicato); y tampoco se procedió a registrar los mecanismos, medios e instrumentos de control que se discutieron, aprobaron e implementaron sobre el respeto del cato de coca a nivel comunal y central.

Otro de los vacíos junto a la falta de reglamentación con la que se arrancó el modelo de control social por concertación entre estado – sociedad, fue la falta de definición del tipo de control social y definición de mecanismos comunales y a nivel intermedio (centrales), formas, componentes, medios y recursos.

De esta manera se puede ver que la participación y toma de decisión sobre control social quedó limitada al nivel jerárquico de Federación y Coordinadora, junto con Viceministerio, Dirección UDESTRO y personal del Programa de Control Social.

En este punto cabe hacer referencia a la coyuntura política que vivía el país con la elección nacional, elección de gobernador y elección municipal. Momento que contó con un máximo apoyo de los productores de coca.

Este momento político además contó con la puesta en marcha del Programa de Control Social financiado por la Comisión Europea, cuya dirección y designación de personal queda en gran medida a cargo de las Federaciones de Productores de Coca, asimismo los componentes del programa: Fortalecimiento institucional, saneamiento, registro y carnetización, catastro, transferencia de tecnología para la producción de coca orgánica y monitoreo de cultivos junto a la transferencia de información a todos los niveles de organización de productores de coca.

A este elemento se añade, además, que la estructura sindical del Trópico de Cochabamba a nivel federación, define y contrata el personal de campo del Programa de Control Social, que trabajará en la región del Trópico de Cochabamba.

Con estos elementos, las Federaciones del Trópico de Cochabamba se sienten plenamente participantes en todas las instancias del Programa de Control Social. Por otra parte, el Estado a través de UDESTRO y la Fuerza de Tarea Conjunta, continuaron en la tercera, cuarta y hasta quinta ronda de racionalización / erradicación de cultivos de coca excedentaria, sus funciones fueron asumidas como parte de Control Social.

En síntesis, se cumplen con tareas de Control Social, a cargo de tres instancias:

- Control Social por la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

- Control Social por el Programa – proyecto – de Control Social de la Comisión Europea.

- Control Social por el UDESTRO y Fuerza de Tarea Conjunta.

Esta situación de múltiples actores a nivel jerárquico genera una confusión sobre el alcance de control social, que muchas veces varía desde control técnico, control político, control policial – militar, que definen normas desde el Estado y son impuestas a nivel local.

A dos años de la puesta en marcha de una primera fase del control social de concertación estado – sociedad, se tuvo los siguientes resultados en la producción y erradicación de cultivos de coca.

En base a las siguientes declaraciones se puede afirmar que ninguna de las federaciones mantuvo su compromiso de respetar el cato de coca.

Olivera mencionó también que se encontraron familias que tienen hasta siete catos registrados a los cuales se les retirará del sistema poniendo a disposición del sindicato esos catos. También identificó a las personas que tenían dos catos que no podía transferir a sus esposas, quedando también esos catos a disposición del sindicato.

Olivera presentó carpetas y mostró que existen compañeros que intentaron fraguar información, suplantar afiliados, falsificación de firmas, registro de catos de coca a niños menores de edad, personas que fallecieron tenían catos registrados y posteriormente lo transfirieron a menores de edad. (Delfín Olivera, director de UDESTRO, Informe de Comisión Coca y Agropecuario en el X Congreso Ordinario de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Cochabamba 7 de junio de 2010).

La Comisión Coca del Congreso, resuelve que UDESTRO deberá realizar una investigación a través de los sistemas con los que cuenta principalmente a peones y menores de edad respecto a los catos registrados.

Por el contrario, monitoreo de UDESTRO en parcelas campesinas en el interior de las federaciones del Trópico de Cochabamba se dio resultado de incrementos en el rango de 113 % hasta 603 %.

Por ello la importancia de la presencia de organismos de coacción estatal, UDESTRO y FTC que mediante la mensura (cato de coca con una superficie de 1.600 metros cuadrados por afiliado), junto con personeros del proyecto de control social y delegados de sindicales (sindicato y central), proceden a la mensura y racionalización / erradicación de coca excedentaria, lo cual posibilitó la erradicación de 5.881 has. de coca.

B. Concertación estado – sociedad, Yungas de La Paz

La dinámica de los Yungas de La Paz respecto al Control Social de Concertación Estado – Sociedad, presenta también importantes avances, en la primera fase de implementación.

Logros comunes son la aceptación del perímetro de cultivo de coca, el catastro, registro y censo de productores y carnetización.

Por otra parte, al igual que en el Trópico de Cochabamba, las entidades matrices de los Yungas de La Paz la Asociación Departamento de Productores de Coca (ADEPCOCA) y el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (COFECAY) asumen el compromiso de límite en la producción de hoja de coca, quedando en debate la cantidad, que tiene como base de negociación el cato de coca yungueña, que corresponde a una superficie de 40 x 50 metros que hace un total de 2.000 metros cuadrados.

Se cuenta también con una apropiación del Proyecto de Control Social, con la participación de la directiva de ADEPCOCA y COFECAY en la designación de personal.

Por otra parte, se cuenta también con presencia de organismos de coerción del estado UDESY – FTC, que arrancaron con y racionalizaciones.

4. Tipos de control social en la lucha contra el narcotráfico

Control social antidrogas de autorregulación

La estructura sindical tanto del Trópico de Cochabamba como de los Yungas de La Paz, cuenta con amplia experiencia sobre control del narcotráfico en sus espacios territoriales. Los lineamientos generales parten de las entidades matrices (Coordinadora de las Seis Federaciones, ADEPCOCA, COFECAY y federaciones).

No se cuenta con un proceso sistematizado sobre esta experiencia de control social ni evaluación de su eficiencia, eficacia y sus resultados.

Control social estatal antidrogas de imposición del orden

A partir del año 2006 el Viceministerio, en el tema narcotráfico puso en marcha su propuesta de Control Social Estatal del Orden. Definiendo en forma unilateral un reglamento de control social que no fue discutido ni consultado con niveles de productores de coca para su aprobación.

En dicho reglamento se plantea que todo productor de coca, en cuyo predio sea sorprendido una fábrica (poza) o laboratorio de cocaína, el afiliado será sancionado con la confiscación de sus tierras y expulsión física del infractor de su comunidad. Propuesta que a la fecha no fue aplicada

Control social antinarcóticos por inclusión del estado

Un intento paralelo de control del narcotráfico se dio por iniciativa de UDESTRO, que en forma paralela a los operativos de racionalización, desplaza un equipo de rastrillaje en el predio campesino (chaco o lote) en busca de pozas de maceración de cocaína.

Los resultados de esta experiencia, fueron contundentes el año 2007 y 2008, al hallarse una gran cantidad de pozas, los propietarios no fueron sancionados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, que de acuerdo a la Ley es la única instancia institucional que debe proceder a la investigación y/o detención para el proceso judicial respectivo.

A esta experiencia concreta se puede considerar como una experiencia de “Control Social de Inclusión por el Estado”, en la que la entidad estatal sanciona a los infractores con erradicación de toda la coca excedentaria y el cato. Dejando la sanción bajo responsabilidad de la dirigencia del sindicato y central, el mismo que incluye la posibilidad de restitución del derecho de cato de coca.

Existe un grupo denominado surazo que trabaja con coordenadas específicas de lucha contra el narcotráfico, la limitante de los “Operativos Surazo” es que este actúa sobre métodos de fabricación bajo el sistema de “pozas”, técnica que en gran medida fue desplazada por las fábricas y laboratorios móviles.

No obstante, es importante poder estudiar esta experiencia para recuperar esta acción de campo.

4.1 Adecuación del tema de control social en la producción de coca y lucha contra el narcotráfico con la Constitución Política del Estado

El tratamiento de control social en la Constitución Política del Estado, marca una nueva estructura política de estado, con un alcance de participación y toma de decisión de la sociedad civil en instancias estatales y para estatales, en toma de decisión y seguimiento a la formulación de políticas estatales, programas, proyectos con competencias en las normas, mecanismos de control y seguimiento al desempeño institucional.

De esta manera, la actual propuesta de control social aplicada en el tema coca, puede ser considerada inicial y en proceso de contribución. Ya que los niveles de participación real y toma de decisión solo pueden ser aplicados en niveles jerárquicos de la estructura de organización de productores de coca. Por otra parte, al no tener una claridad en la diferenciación de control social por y para la sociedad – organización de productores, separando la auto atribución de control social de organismos del estado (UDESTRO – FTC) y confusión de considerar un proyecto de apoyo de control social como en la instancia de control social en sí. Se tiene en perspectiva confusión en la adecuación de control social que plantea la Constitución Política del Estado con el tipo de control social sobre la producción de cultivos de coca.

Asimismo, se puede afirmar que existen elementos de violación a principios establecidos de la Constitución, en cuanto a sanción de facto sin previa investigación y derecho de defensa de los productores, quienes pueden perder su derecho de producción de coca (un cato) en caso de reincidencia por incremento de superficie permitido, o por casos de narcotráfico, que además determina confiscación de su propiedad y expulsión de la familia de la comunidad.

Elemento que es por demás autoritario y con un alto riesgo de aplicación diferenciada de la sanción. Por ello, aspectos que tienen que ver con delitos y violación de derechos constitucionales no deben ser parte del derecho consuetudinario o justicia comunitaria, ni acción directa de organismos policiales o de erradicación. Este elemento anti constitucional debería ser considerado por la Comisión Europea, que financió al Gobierno el Proyecto de Control Social.

5. Erradicación de cultivos de coca en el Trópico de Cochabamba

El Trópico de Cochabamba cuenta con Seis Federación de Productores de coca mismas que en su estructura, mismas que se aglutinan en la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, apoyadas por la Coordinadora de Mujeres del Trópico de Cochabamba.

A su vez cada una de las Federaciones cuenta con una estructura de Centrales, cuyo total es de 98. Cada una de estas Centrales estas a su vez cuenta con Sindicatos cuyo número total llega a 965, tal como se observa en el cuadro siguiente.

Las unidades básicas territoriales de los sindicatos tiene la siguiente distribución espacial.

5.1 Erradicación de cultivos de coca a nivel sindical

La erradicación de plantas de coca tiene una dinámica particular en su proceso de control, es así que durante el gobierno de Carlos Mesa, el cultivo de hoja de coca en el Trópico de Cochabamba se legalizó, permitiendo a partir de mes de octubre del año 2004 el cultivo legal de una superficie de un cato de coca por familia (1.600 metros cuadrados).

Bajo esta nueva regla se dio lugar a la erradicación concertada, y entre la gestión 2004 y 2005 se erradicaron coca en 338 sindicatos, los afiliados de estos sindicatos alcanzaron a un total de 31.229 personas.

A partir de enero del año 2006, durante el gobierno del Movimiento al Socialismo el presidente de la República Evo Morales, amplio el concepto de derecho de producción de coca de la unidad familiar al de afiliado, manteniendo la superficie de un cato de coca.

Bajo esta visión se dio lugar a la erradicación que paso a llamarse “racionalización” concertada bajo la modalidad de Control Social.

En este nuevo concepto de erradicación, durante el año 2006 los sindicatos objeto de erradicación de coca totalizaron 309 con un total de 23.138 afiliados que verificaron su cato de coca legal y erradicaron la coca excedentaria.

Para el año 2007 se ha erradicado coca en 372 sindicatos, los afiliados son 62.528. En 2008 los sindicatos con coca erradicados suman 330 y los afiliados 52.495.

Son 361 los sindicatos para el año 2009, mientras que los afiliado 49.361. Los años siguientes se presentan aumentos en el número de sindicatos y afiliados erradicados,. Los datos completos son presentados en la siguiente tabla 6.

Como se puede apreciar, en la Gráfica 1, el número de sindicatos con erradicación llegó a un promedio de un tercio del total. Por otra parte, el número de sindicatos con erradicación de coa se mantuvo relativamente estable entre los años 2004 hasta 2011, el número de sindicatos erradicados se encuentra entre 300 y 387.

La gestión 2012 se experimenta un aumento en el número de sindicatos con erradicación de coca llegando a 666, sin embargo, a partir de este año se observa una tendencia decreciente llegando a erradicar coca en 541 sindicatos el año 2013.

En promedio se han erradicado coca en 375 sindicatos entre los años 2004 y 2014.

Los operativos de erradicación de coca en cada sindicatos varía de sindicato a sindicato. Algunos cuentan con un solo operativo, mientras que otros tienen hasta diez operativos en los últimos once años. Es decir, que solo un año no fueron visitados para erradicación.

En promedio los sindicatos tienen dos operativos de erradicación de coca en los últimos once años.

Observando los datos de la Tabla 7, se determina que solo diez sindicatos fueron erradicados casi todos los años, exceptuando uno. En cambio, son 583 los sindicatos que han experimentado erradicación de coca solo un año de los once que forman parte del presente estudio.

La información por afiliados demuestra que en 2004 se erradicaron los terrenos de 31.229 afiliados, cantidad que disminuye hasta los 23.138 afiliados en 2007. Este número aumenta hasta los 62.528 afiliados.

Durante los años 2008 y 2009 las erradicaciones disminuyeron hasta 49.361 afiliados. A partir de allí nuevamente se presenta un aumento alcanzando en 2012 el máximo número terrenos erradicados con 65.535 afiliados.

En la gestión 2013 el número es similar a 2012. En cuanto al año 2014, debido al cierre de acceso a información no se logró verificar el total de sindicatos erradicados, únicamente al mes de enero.

En la siguiente tabla se aprecia la superficie de coca legal y la erradicación realizada en la región del Trópico de Cochabamba.

Los datos de 2004 y 2005 demuestran que la superficie legal es de 3.200 hectáreas, a partir de 2006 esta superficie se reduce hasta las 1.549 hectáreas en 2008. A partir del año 2009 la superficie se incrementa desde 1.859 hectáreas hasta el 2013 con 2.672 hectáreas.

La superficie de coca erradicada en 2004 – 2005 fue de 8.639 hectáreas.

Para la gestión 2006 la superficie se reduce hasta las 5.024 hectáreas, para luego incrementarse hasta las 6.905 hectáreas en 2007. En la gestión 2008 se presenta una nueva reducción llegando hasta las 5.350 hectáreas y desde entonces se ha incrementado hasta la gestión 2011, año que alcanza la superficie máxima de erradicación hasta las 8.399 hectáreas No obstante desde 2012 la superficie presenta una reducción hasta 2013.

Los datos de 2014 son desde el 7 hasta el 31 de enero, no obstante al final de año este dato logró mantener el nivel alcanzado el año 2013.

5.2 Erradicación de cultivos de coca a nivel de familias encuestadas

A continuación se presenta un resumen de los sindicatos que han experimentado la erradicación resaltando el año que se realizó esta actividad.

De los 38 afiliados de estudio de caso, cuya información es presentada en el Capítulo IV, se encontró en la base de datos de UDESTRO 22 personas, quienes son parte del padrón de productores legales de hoja de coca.

Las familias que experimentaron la erradicación de sus terrenos por tener cultivos superiores a un cato (1.600 metros cuadrados) se muestran en la tabla 9.

Cada familia pertenece a diferentes sindicatos, y cada familia mantiene una dinámica diferente en cuanto a patrón de erradicación en cuanto a número de erradicaciones por frecuencia de tiempo en años.

La información anterior demuestra que de los once años, periodo de la base de datos, como máximo se ha erradicado cuatro años a un solo afiliado y como mínimo un año.

Son tres afiliados que experimentaron tres años la erradicación de sus terrenos y son siete los que experimentaron esta actividad solo un año del total de once.

La superficie de superficie legal para las familias encuestadas totaliza 6,0155 hectáreas, mientras que la superficie erradicada es de 14,2778 hectáreas. La mayor superficie erradicada se realizó al terreno del Sr. Severino Puma Miranda con 4,5571 hectáreas.

Este dato nos muestra la tendencia directa de replante de hoja de coca una vez realizada la mensura y erradicación. Esta situación da lugar a afirmar que los productores de hoja de coca no cumplen con las normas ni compromiso de Control Social, manteniendo por el contrario una tendencia de sobre producción de la superficie legal de hoja de coca definida por la política del Gobierno.

5.3 Erradicación a nivel Predial 2007 – 2012

Visualizando a nivel predial la situación de erradicación en las unidades campesinas, encontramos una dinámica de cultivo en una propiedad, en que se tienen diferentes parcelas con coca en toda la propiedad familiar, misma que sumado el número de parcelas con coca, supera el cato de coca legal. A modo de ejemplo tomados el análisis predial de dos campesinos productores de coca.

Condori Paco Rafael

Digitalizado el número de erradicaciones en su lote, encontramos que Don Rafael Condori en seis años, desde el 2007 al 2012, tuvo tres momentos de erradicación que fueron el año 2007, el 2009 y el 2012.

En el 2007, la mensura dio como resultado un cato de coca en dos parcelas, que se encuentran pintadas de rojo.

Para el año 2009, la mensura de los grupos de erradicación mostraron que don Condori contaba con cuatro parcelas de coca, excediéndose al menos con más de seis mil metros cuadrados, estas parcelas están pintadas de amarillo, y fueron erradicadas.

Pero para el año 2012, nuevamente el grupo de erradicación, encuentra en la parcela de don Condori, más de cinco mil metros cuadrados excedentarios, estas pintadas con mostaza.

Esta situación muestra que a nivel individual, las familias campesinas no respetan la racionalización excedentaria, y si, hipotéticamente la mensura legal de un cato por familia, se dio el año 2007, no se tiene información de cuándo volvió a replantar coca excedentaria el señor Condori. En esta situación puede ser que el replante se dio inmediatamente salido la patrulla de erradicación, y hasta entrar la nueva coca, de más de media hectárea excedentaria, tardase un año en crecer (2008), lo cual implica que tuvo casi un año de cosecha de coca excedentaria, vale decir entre tres a cuatro cosechas.

Lo mismo sucede en el lapso de tiempo entre el 2009, luego que se van los erradicadores, el señor Condori, posiblemente replantó otra media hectárea excedentaria, pero esta vez cosechó dos años hasta la siguiente llegada del grupo de erradicadores, que retornó a su parcela el 2012

Condori Paco Rafael

La señora Rufina Sánchez, en el lapso de siete años (2007 – 2013) tuvo tres momentos de erradicación de cultivos de coca.

En el 2007, se tiene tres parcelas con un cato de coca (1.600 metros cuadrados) legal, mismo que está pintado de azul.

El 2011, cuando vuelve el grupo de erradicación, encuentra en el lote de Doña Rufina, cuatro parcelas de coca, tres legales (pintadas de azul), y otras dos (pintadas de amarillo), con una superficie mayor a los 3.700 metros cuadrados, vale decir otros dos catos de coca, con lo cual al 2011 Doña Rufina tenía tres catos de coca, dos de los cuales eran ilegales.

Otro detalle de este periodo, 2007 – 2011, es que si la señora Sánchez plantó coca el 2008, antes de que erradiquen los dos catos ilegales, esta persona cosecho su coca al menos durante tres años.

Un tercer momento se da en el periodo 2011 – 2013, en el que al margen de las tres parcelas pintadas de azul, que dan un cato de coca. Doña Rufina, tiene además una cuarta parcela con 3.448 metros cuadrados excedentarios, pintado de rosado en el predio.

En este último caso, la señora Sánchez, tuvo al menos una año para cosechar la coca excedentaria.

Con esta última descripción y análisis encontramos que el número de operativos de erradicación a nivel predial es diferenciado, y las vueltas de los erradicadores pueden tener espacios entre dos a cuatro años.

Se evidencia también el replante de coca en diferentes parcelas, en el mismo predio o lote de un individuo.

Esta práctica, extendida en todo el Trópico de Cochabamba muestra la fragilidad del Control Social en la producción legal del cato de coca. Sin duda existen esfuerzos de sindicatos campesinos en hacer cumplir el cato legal, pero también existen quizá, muchos casos que muestran debilidades en este sistema.

6. Conclusiones

A partir de las nuevas normativas de la “Ley General de la Coca” y de la “Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas”, el modelo de control social de la producción de cultivos de hoja de coca en Bolivia, se consolida como concepto estructural de lucha contra el narcotráfico.

En cuanto a los aspectos positivos el modelo de “control social” de la producción de cultivos de coca, redefine los alcances de la Ley 1008 (1988) que limitaba la producción de cultivos de coca en 12 mil hectáreas, misma que definía como ilegal la región del Trópico de Cochabamba. Esta normativa en la práctica nunca pudo ser impuesta por el Estado debido a la resistencia de los productores de coca, siendo el resultado violencia y violación extrema de los derechos humanos.

De esta manera el “control social” emerge legalmente, como mecanismo de regulación y acuerdo social para producir 22 mil hectáreas de coca, bajo criterios de paz social y respeto de los derechos humanos. En términos políticos, este concepto refuerza el discurso de nacionalización de la lucha contra las drogas del gobierno de Evo Morales, ratificando la expulsión del embajador de los Estados Unidos y de sus agencias de la DEA, CIA, NAS principalmente.

No obstante, tal como vimos en el desarrollo del artículo, el concepto de “control social” si bien aportó en un momento de transición, de la violencia hacia la pacificación, de la erradicación forzosa a la erradicación concertada; este en cuanto mecanismo real de control de producción de coca excedentaria con destino al narcotráfico, fue un fracaso.

Los límites del “control social” demuestran que las familias productores de hoja de coca, tienden a cultivar más de un cato de coca (1.600 metros cuadrados) legalmente permitido. Es práctica común el replante de coca luego de la erradicación concertada, y el retorno de los grupos de erradicación a la parcela tardan al menos un año a cuatro años para un nuevo operativo, lo cual demuestra el poco compromiso de los productores de coca en la limitación de coca excentaria.

Sobre el monitoreo real de cantidad de coca cultivada y coca excedentaria a cargo de la ONUDC, esta institución tiene una presencia institucional débil, tanto económica como técnica; y en los hechos con escasa o dudosa autonomía en formulación de sus informes anuales. Esta situación se confirma plenamente con los datos sobre monitoreo de coca erradicada, mercado de la coca e interdicción al narcotráfico; campos en los que no tienen ningún tipo de trabajo propio y donde se limita a copiar, en forma textual, los datos de agencias del gobierno de Bolivia.

Se observa también un impacto negativo del modelo de “control social” de la producción de cultivos de coca del gobierno del Movimiento al Socialismo en Bolivia, siendo estos emergentes de la cadena productiva coca – cocaína, en los que Bolivia continua siendo el tercer productor mundial de cocaína basada en la producción de coca excedentaria.

El efecto negativo del narcotráfico para la economía nacional en general se basan en la distorsión de la economía fruto del lavado (micro y macro) de dinero de la actividad ilegal, la transferencia de capital del Tesoro de la Nación, a fondo perdido, de más de 40 millones de dólares año, para sostener la erradicación de coca y lucha contra el narcotráfico que se reproduce indefinidamente. Todo esto consume fondos destinados al desarrollo, salud y educación, ya que los productores de coca no pagan ningún tipo de impuesto.

A nivel social, se tiene la presencia de crimen organizado en todos sus niveles, que van desde los carteles (avanzadas de carteles de las drogas de Brasil, Colombia, México…), las bandas, clanes y grupos de narcotraficantes armados, cuya presencia repercute en la inseguridad ciudadana y violencia. La organización criminal, opera también en medio de la sociedad abriendo nichos de mercado de consumo interno entre la población boliviana, especialmente jóvenes, con graves consecuencias en la salud pública.

Los países vecinos, también son víctimas del límite del “control social”, ya que deben invertir mayor recursos económicos, técnicos y humanos en el control de sus fronteras y al interior de sus países en la lucha contra las drogas, erogando importantes recursos estatales de sus contribuyentes.

Finalmente, por lo expuesto, considero importante la reformulación del alcance de “control social” en términos conceptuales como operativos. Rescatando los elementos de paz social y concertación, se observa que las 22 mil hectáreas de coca legales aprobadas, en gran medida satisfacen las demandas de las organizaciones de productores de coca (sin considerar el destino del mercado de la coca). En este contexto el Estado, tiene la posibilidad de ampliar el concepto un “control social de responsabilidad compartida”, en el que sus mecanismos institucionales de seguimiento, monitoreo y sanción sean ampliados con el siguiente alcance:

Crear un Centro Único de Monitoreo, integrado por ONUDC, una dirección del Ministerio de la Coca, representantes de las regiones de productores de coca en Bolivia (Yungas de La Paz y Trópico de Cochabamba), Comisión Europea, OEA y Universidad Pública responsable del monitoreo de producción de cultivos de coca, del monitoreo de erradicación de coca excedentaria, seguimiento - sanciones a productores infractores de producción excedentaria de coca y monitoreo de mercado legal (destino de la coca).

Esta misma instancia de monitoreo, puede ser evaluador y supervisor de la lucha contra las drogas, cortando el monopolio policial y del gobierno, hacia una acción de transparencia de resultados de la interdicción al narcotráfico.

Esta propuestas, pueden ser la base y garantía de participación y compromiso compartido entre el gobierno, cooperación internacional y sociedad boliviana en la lucha contra el narcotráfico, y bien puede ser parte de los Reglamentos de las normas citadas.

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Notas