La conflictividad y sus análisis desde los casos

Conflictividad Social y Política en el capitalismo contemporáneo. Antagonismos y resistencias (III)

número 37 (primer semestre 2018) - number 37 (first semester 2018)

Theomai

Introducción

El 28 de marzo de 2017, se realizó un encuentro en la Casa de los Trabajadores, Córdoba para recordar que 49 años antes, en tiempos de la “Revolución Argentina”, dictadura conducida por Juan Carlos Onganía, se produjo una ruptura en un plenario de la CGT que provocó la división entre gremios combativos y colaboracionistas. La situación dio origen a la corta pero significativa experiencia de la CGT de los Argentinos, cuyo devenir estuvo entrelazado a acontecimientos de gran magnitud en la historia del movimiento obrero como el Cordobazo o el Rosariazo.

En ocasión de la conmemoración, un dirigente de entonces contó cómo la nueva CGT invirtió los términos de una vieja consigna que enunciaba “Unidad y lucha” para transformarse en “Lucha y unidad” y afirmarse luego como “Unidad en la lucha”. Nos interesa la primera alteración que señalaba cómo prevaleció en el espíritu de la revuelta la lucha de las bases sobre la unidad de cúpulas: la unidad se entendió en parte en conjunción, en parte como consecuencia de la lucha. Esta inversión recuerda el planteo de Žižek (2008) sobre el estatuto del “y” donde el segundo concepto provee de concreción al primero². Para el caso, unidad designa un modo de existencia de la lucha (de clases) que está siempre operando, pero no viceversa.

La acotación tiene sentido, si pensamos en dos discusiones del debate reciente sobre el movimiento obrero argentino: la primera referida al fortalecimiento a partir del 2001 de la lucha en el lugar de trabajo, desbordando y confrontando con conducciones fosilizadas, es decir la lucha desde abajo; la segunda sobre la “desorganización del movimiento obrero”, o sea, la ausencia de unidad que debilita la fuerza de la confrontación al dispersarla.

En este artículo, luego de unas breves notas teóricas y metodológicas presentaremos el panorama de la conflictividad laboral en Córdoba entre 2013 y 2016, a partir de un análisis cuantitativo de los datos del Observatorio de Conflictividad laboral Córdoba (OCLC), enfocado hacia estas cuestiones. Sostenemos que no obstante los obstáculos a la movilización de las bases puestos por las dirigencias sindicales, el estado y la patronal; la fragmentación estructural y la dispersión subjetiva hay un espacio de posibilidades para un “sindicalismo de iniciativa de las bases” que se despliega desde la lucha y abriga un “deseo de unidad”. Se trata de una conjetura que precisa exploración, precisión y debate.

Lucha de clases y base material

Cómo se sabe el debate sobre las clases en la estela marxiana tiene muchas derivas. La imposible fijación del concepto de clase en esa tradición es expresada por Jameson de este modo

[…] la clase social es al mismo tiempo una idea sociológica, un concepto político, una coyuntura histórica y un lema de militancia, en tanto que una definición expresada solo con referencia a una de estas perspectivas sería irremediablemente insatisfactoria. De hecho, podemos llegar al punto de argumentar que justamente por eso la propia forma de la definición es inaceptable. No es posible definir la clase social, sino abordarla de forma provisoria en una suerte de paralaje que la sitúa en el centro ausente de un conjunto múltiple de enfoques incompatibles (2013, p.18).

No obstante entre los significados imputados a la “clase” y su “lucha”, términos inseparables, hay dos soportes semánticos entre los cuales ha oscilado el pensamiento marxiano: el estructural y el histórico.

El primero interpreta que las clases se constituyen y se enfrentan a partir de la relación conflictiva producida por la posesión/ no posesión de los medios de producción y de dinero en forma de capital. La posesión habilita (y exige) al “capital global” la explotación de la fuerza de trabajo para que expanda el proceso de valorización y la dominación en el proceso de trabajo. El poseedor de la fuerza de trabajo, el “obrero colectivo” se opone en los dos terrenos -proceso de valorización y proceso de trabajo- a la lógica del capital. Este juego de presiones y resistencias por un lado es constitutivo de ella, la expande, pero también le pone límites (relativos) que a veces son frenos para nuevos enviones. La pregunta es clásica ¿cómo se proyecta este conflicto estructural en las prácticas políticas de la clase subordinada? Escapa a las posibilidades de este trabajo ensayar una respuesta pero interesa advertir que hay momentos históricos donde las relaciones entre base material y subjetividad se hacen más densas y otros más laxas. Por ejemplo, los tiempos de intensificación de la cooperación productiva y la relación salarial propias del fordismo crearon expectativas de un “obrero masa” homogéneo capaz de promover al mismo tiempo la unidad de clase y articular la defensa sindical de los trabajadores con un proyecto histórico de emancipación universal. Por el contrario, cuando prima la acumulación flexible se acentúan la heterogeneidad y la fragmentación estructural de la clase-que-vive-del-trabajo (cfr. Antunes 2003) y se dispersan las demandas, acciones y estrategias del movimiento obrero. Sin embargo, en este caso, las heterogeneidades de las dinámicas estructurales y conflictivas no son “especulares”, no remiten inmediatamente una a la otra, aunque se requieren entrambas para su comprensión.

En la estrategia historicista - cuyo referente es sin duda Edward P. Thompson - el punto de partida es histórico, concreto; privilegia las prácticas y con ello el “hacerse clase”. Se abre paso el vínculo entre tradiciones, costumbres, reglas morales, formas institucionales y condición estructural que se entrecruzan en la experiencia. En el prefacio de la Formación de la clase obrera en Inglaterra dice Thompson

“Por clase entiendo un fenómeno histórico que unifica una serie de sucesos dispares y aparentemente desconectados, tanto por lo que se refiere a la materia prima de la experiencia, como a la conciencia. Y subrayo que se trata de un fenómeno histórico. No veo la clase como una “estructura”, ni siquiera como una “categoría”, sino algo que tiene lugar de hecho (y se puede demostrar que ha ocurrido) en las relaciones humanas. Todavía más, la noción de clase entraña la noción de relación histórica. Como cualquier otra relación, es un proceso fluido que elude el análisis si intentamos detenerlo en seco en un determinado momento y analizar su estructura

[…] Pero la fluidez histórica no reniega de la base material y pocas líneas más abajo nos dice

La experiencia de clase está ampliamente determinada por las relaciones de producción en las que los hombres nacen o en las que entran de manera involuntaria. La conciencia de clase es la forma en que se expresan estas experiencias en términos culturales: encarnadas en tradiciones, sistemas de valores, ideas y formas institucionales. Si bien la experiencia aparece como algo determinado, la conciencia de clase no lo está. Podemos ver cierta lógica en las respuestas de grupos laborales similares que tienen experiencias similares, pero no podemos formular ninguna ley” (1989: pp. XIII y XIV, negritas en el original).

Lo que destaca Thompson es que la objetividad que entrañan las relaciones de producción condensa experiencias comunes que probable pero no necesariamente se expresa en la conciencia. Su artillería estuvo apuntada contra la dicotomía base/estructura y la linealidad de su interpretación pero lo que impactó de lleno y cambió el eje de discusión finalmente es la fuerza incontenible que dio al flujo histórico, la formación, la producción de subjetividad, el “hacerse clase”, con lo cual da prioridad a la dimensión agencial, la lucha (de clases) para que emerja la clase que no es una posición estructural aunque ese sea su punto de partida.

Williams anotaba sobre la conocida expresión que enunciaba Marx en 1859 “No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia” la determinación hay que entenderla como histórica y no causal “determinación es un proceso de límites y presiones complejo e interrelacionado” (2009, p. 117), y agregaba subrayando lo ya señalado, la "objetividad” es finalmente actividad humana pasada, “las condiciones 'objetivas' son, y sólo pueden ser, resultado de las acciones del hombre en el mundo material “(ibid, 113)

La relación estructura/base y conciencia/agencia consideremos aquí que esta relación no es lineal y está sobredeterminada en el sentido althusseriano³, esto es, que se encuentra siempre “especificada por circunstancias históricas concretas” y también que cualquier configuración histórica es incomprensible sin indagar en su base material.

La aclaración sobre la no linealidad entre la base material y la subjetividad al tiempo que su insoslayabilidad es importante para el análisis del período propuesto, en donde sectores muy castigados en términos de ingresos, precarización, desocupación como aquellos de la construcción o el comercio fueron duramente castigados, son numéricamente significativos pero tienen incidencia escasa en la visibilización del conflicto. Mientras tanto los sectores de la economía informal que según estimaciones coincidentes significan un tercio de la tasa de actividad aparecen con mayor fuerza recién en el año 2016, aunque esto no significa desorganización, resignación o disciplinamiento sino más bien que nuestras herramientas de análisis, muy ligadas al sector del salario formal, sean impropias para su registro. Algo similar puede decirse del sector desocupado.

Digamos brevemente que después del ciclo de crecimiento 2003-2007, la desaceleración 2008-2012, el período 2013-2016 se presenta como de estancamiento y decrecimiento, con excepción del 2015 y con acentuación en el 2016, luego de la asunción del gobierno de Cambiemos .

Dos demandas centrales se ligan a esta situación: las fuentes de trabajo y el salario. La primera es azuzada por el fantasma de la desocupación que en el Gran Córdoba mostró una tendencia creciente durante estos años según se ve en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 1
Indices de desocupación en el Gran Córdoba (2013-2016)
elaboración propia a base del EPH (Indec)

Asimismo, tomando los datos del Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA) se ve la tendencia a la baja en el número de trabajadores industriales del país, que disminuye en el 2014 y más abruptamente en 2016, luego de una leve recuperación en 2015. En la cantidad y calidad del empleo de la provincia de Córdoba tales caídas golpean duro por la centralidad de la industria en su entramado económico.

Gráfico 2
Cantidad asalariados formales industriales en Argentina
Elaboración propia. Fuente SIPA

Mientras tanto el salario real fue a la baja en tres de los 4 años analizados, con caídas del 4,8% en 2014 y del 7% en 2016.

Gráfico 3
Evolución del salario en real en asalariados formales
Elaboración propia en base a Centro de Investigaciones Cifra (Informes de coyuntura Nº 15 a 22)

Hay que subrayar también que en este último año la caída salarial no fue pareja, sino que rondó en el 10% para sectores claves en Córdoba: sector público, metalurgia y transporte. En síntesis, el panorama es crecientemente sombrío para las condiciones de vida de los trabajadores y sus luchas deben desplegar estrategias defensivas para detener el avance de la “ofensiva del capital”.

Notas metodológicas y caracterización general de la conflictividad laboral en Córdoba

El análisis que presentamos a continuación se provee de sus insumos en la base de datos del Observatorio de Conflictividad Laboral Córdoba (OCLC), una propuesta cuantitativa de medición inserta en dos proyectos de investigación, uno en la Universidad Nacional de Córdoba, el segundo en la Universidad Nacional de Villa María. El registro de datos opera desde mediados de 2011 pero se ha logrado una base de datos consistente desde el 2013, Nuestro análisis abarca el período 2013-2016 que se caracteriza, según vimos, por el estancamiento y caída económicos intensificados luego del cambio de gobierno a fines de 2015.

La base de datos tiene como fuente todas las noticias periodísticas sobre conflictividad laboral proveniente de medios gráficos en versión digital que aparecen en dos diarios de alcance provincial - La Voz y Cba24N - , diarios locales de las tres ciudades más pobladas de Córdoba luego de la Capital - El diario de Villa María, El Puntal de Río Cuarto y La Voz de San Justo de San Francisco - , un medio alternativo de Córdoba - Prensared - y uno nacional - La izquierda Diario - del que se toma solo la información sobre Córdoba⁴.

Las unidades de análisis del OCLC son la Acción Conflictiva (Ac) y el Conflicto (Co). Veamos en qué consiste cada una.

- Ac constituye la manifestación de una disputa de intereses, que abarca condiciones o relaciones laborales, y cuyos actores son provinciales o visibles en el ámbito provincial. Las preguntas a las que responde la carga de la acción conflictiva son entre otras ¿Cuándo se produce? ¿Dónde? ¿Cuál es la demanda principal y cuáles las secundarias? ¿Cuál es el formato de protesta principal y cuáles los secundarios? ¿Quién es el protagonista? ¿Quién el antagonista? ¿Qué organización se pone en juego? ¿Cuál es el alcance espacial de la demanda? La acción ¿es realizada por la base, por la conducción o por ambas?

Aunque el OCLC registra todas las acciones conflictivas incluyendo declaraciones, denuncias, acciones legales, amenazas de paro, alertas o juntada de firmas en este trabajo seleccionamos solo las de acción directa – asambleas, actos y paro - , es decir, aquellas que detienen parcial o totalmente la vida laboral, computando por supuesto una sola vez la acción si contiene más de una forma de protesta activa (por ejemplo paro y movilización) y optando por registrar como formato principal aquel que más detiene el flujo laboral, por ejemplo el paro o la ocupación del establecimiento. Hay que aclarar que las asambleas con repercusión mediática son casi siempre formas de paro encubiertas para evitar descuentos o sanciones. Asimismo los “actos”; que incluyen movilizaciones, tomas y ocupaciones de establecimientos, piquetes, cortes y acciones callejeras; también son rupturas en la continuidad de la rutina laboral. Asambleas y actos son formas muy extendidas en salud, transporte, justicia e industrias manufactureras y acá no consideraremos la discutida diferencia entre paros y otras acciones⁵ que desbordan la institucionalidad, excepto para la comparación con el trabajo de Adrián Piva (2011).

El siguiente gráfico muestra la distribución de los formatos de protesta en cada año de las Ac que implican acción directa

Gráfico N° 4
Distribución de AC de acción directa (2013-2016). Frecuencias absolutas
Elaboración propia a partir de datos OCLC

En los 4 años de registro se sumaron 1477 Ac de acción directa que representan un 65% del total que alcanzó la cantidad de 2255⁶.

- Co es un conjunto de acciones conflictivas que tiene los mismos protagonistas, antagonistas y demandas durante un período de tiempo determinado. Por ejemplo el conflicto docente por paritarias incluye numerosas acciones conflictivas con el protagonista trabajador, el antagonista Estado Provincial y la demanda central salarial. Si el conflicto es complejo y largo, a esta última se suman otras en su transcurrir, como problemas de representación, cuando parte de las bases recusan a la conducción por el desarrollo o la resultante de las negociaciones.

El OCLC estableció cinco categorías de conflictos según su alcance y modalidad: el de rama de actividad económica por paritaria o salarial; rama de actividad económica no paritaria – cuando las conducciones toman demandas distintas a las salariales como el despido o las condiciones de trabajo; el de lugar de trabajo cuando se disputa un reclamo propio de establecimiento o empresa; el mixto que incluye varios establecimientos o empresas de la misma rama que se movilizan en forma simultánea por iniciativa de las bases; por último, el multisectorial en el que se articulan varios gremios o son impulsados por una central como es el caso de las acciones de la CGT, la CTA o la coordinadora de gremios estatales⁷.

La distribución de Ac por tipo de conflicto resultó de este modo:

Cuadro N° 1
Distribución de Ac por tipo de conflicto (2013-2016). Frecuencia absoluta
Theomai

El “despliegue de las tijeras” y otras distinciones

A los fines de este trabajo, agrupamos los dos primeros tipos de conflictos que se caracterizan por implicar a toda la actividad y ser en general “descendentes”, provienen desde arriba en una sola categoría de conflictividad por rama (CR). En tanto, a los mixtos y de lugar de trabajo los llamaremos conflictividad descentralizada (CD), casi siempre de carácter ascendente, proveniente de las bases. Hay cierto acuerdo en la literatura reciente sobre conflictividad laboral en identificar estos dos tipos de conflictividad, CR y CD, como las características de la posconvertibilidad⁸. Desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2014) un informe señala “dos tipos de conflicto de configuraciones y lógicas diferentes”, lo que Varela (2014) llama el “despliegue de las tijeras”. Esta dicotomía deja afuera al conflicto multisectorial donde se articulan distintas organizaciones, el cual por cierto ha tenido escasa participación numérica, aunque de proyección relevante solo en 2016 y 2017.

Para compatibilizar con estas lecturas OCLC considera a) CR como la suma de las acciones conflictivas – salariales o de otro tipo - que se desarrollan por iniciativa de las conducciones sindicales de primer o segundo grado ( que incluyen su recusación) b) CD como la suma de Ac de conflictos “mixtos” y de “lugar de trabajo” donde el protagonismo lo tienen las bases con conducciones contrapuestas, neutrales o acompañadoras c) Multisectorial: la conflictividad promovida por articulaciones de gremios y federaciones de 1º y 2º grado y/o por centrales sindicales regionales o nacionales . Pese a la irrelevancia de estas últimas del 2013 al 2015, entendemos que las marchas del 29 abril 2016 y del 7 de marzo 2017 y el paro general del 6 de abril de este año (estas dos últimas ya fuera de nuestro análisis) fueron signos de algo nuevo, como comentaremos.

El “despliegue de tijeras” en Córdoba en el período de referencia resulta en un predominio del CD los dos primeros años y del CR en los dos últimos:

Gráfico N° 5
Frecuencias absolutas de Ac según conflicto por rama, descentralizado o multisectorial

Un segundo criterio de distinción de las Ac es el sectorial que compartimos con otros observatorios. La demarcación señala la pertenencia al ámbito estatal o privado de los asalariados convencionados protagonistas de las Ac, los trabajadores de la Economía Popular, Jubilados, Desocupados y aquellos que articulan varias de estas formas de manera multiactoral.

El siguiente gráfico muestra la distribución sectorial de las Ac

Gráfico N° 6
Distribución sectorial de las Ac (2013-2016) en la Provincia de Córdoba

Como salta a la vista los trabajadores convencionados – públicos y privados – llevan la mayor parte del peso de conflictividad. Para los otros sectores hay que indagar las razones de la escasa participación. La poca aportación del sector multiactoral va de la mano con la escasa incidencia multisectorial ya comentada. Mientras tanto las organizaciones de jubilados históricamente no lograron instalar sus demandas en la agenda pública. En cuanto los desocupados y los trabajadores de la economía popular veremos alguna hipótesis en el apartado siguiente.

Veamos ahora el cruce de las categorías más relevantes en los dos criterios señalados: rama/descentralización y estatal/privado.

Cuadro N° 2
Porcentuales de AC por tipo de conflicto (CR-CD) y sectores (Estatal y privado) (2013-2016)

Se ve aquí el predominio de la CR en el sector público y la CD en el sector privado, aunque oscilando en la serie. Si consideramos el total, la tendencia es al declive de la CD. Mencionaremos el tema en el próximo apartado.

Reparemos ahora en las once actividades que explican el 80% de las acciones conflictivas del período, distinguiendo en ellas la CD y la CR.

Figura N° 7
Distribución de las Ac por actividad y según CD o CR

La lista la encabeza el transporte, actividad que actualmente cuenta con mayor “poder estratégico de posición” (Woomack, 2008 ) seguida por la salud provincial , que cuenta con un importante “poder estratégico moral” (Roitman, 2016). En ambas prevalece CD, así como en los trabajadores municipales de Capital, metalúrgicos y alimentación; en prensa ambos tipos se emparejan y en el resto, actividades de los tres niveles del estado, la CR es lo habitual. Esto es, en las actividades privadas de mayor incidencia prevalece la CD, lo cual se explica por la dependencia de conducciones nacionales poco propensas a definir medidas de lucha. De cualquier manera nos encontramos frente al límite del instrumento cuantitativo para reconocer las lógicas específicas que movilizan cada actividad.

Otra dimensión central para el análisis es la distribución de las demandas, esto es, lo que se reclama centralmente en cada acción conflictiva⁹. Hemos delimitado 6 categorías de demandas: a) las CCT/Salariales que refiere a cualquier mejora salarial que se solicite, incluidas las paritarias que casi siempre pivotean sobre recomposición salarial; b) Las condiciones de trabajo que remiten a las llamadas CYMAT (condiciones y medio ambiente de trabajo no salarial) pero también incluyen el reclamo frente a criminalización, persecuciones individuales o colectivas; c) Crisis que incluye la exigencia de blanqueo, no a los despidos, no a las suspensiones, no al vaciamiento empresarial, la conservación de la fuente de trabajo y la actualización frente a pagos adeudados; d) Normativas que apelan a derogar, reglamentar o modificar leyes tales como la exigencia de derogación o cambio en ganancias o el cuestionamiento a las Reformas Previsionales provinciales; e) Representación que se contabiliza cuando se recusan las cúpulas sindicales o hay confrontaciones inter e intragremiales; y f) Solidaridad entre las que se incluye la defensa de los bienes públicos y la solidaridad con otros trabajadores o sectores sociales. El gráfico siguiente indica cómo se distribuyeron las demandas de todos los sectores a lo largo de los 4 años.

Gráfico N° 8
Distribución de las Ac según demanda (2013-2016) (Frecuencias absolutas)

Puede verse aquí como las demandas por salarios y las de crisis predominan en los años de referencia pegando ambas un salto en 2016, en un nuevo contexto político y de agravamiento económico. Las condiciones de trabajo son también demandas relevantes y mantienen estabilidad en números absolutos durante el período.

Si distribuimos las 3 principales demandas por sector estatal y privado, resulta el siguiente cuadro.

Cuadro N° 3
Porcentuales de AC por categorías principales de demanda y sectores (2013-2016)

Se ve aquí que las demandas de crisis se incrementan proporcionalmente en el estado pero disminuyen en el sector privado que sin embargo sufre en el último año fuerte embates por despidos. Si conjugamos esta apreciación con lo visto en el cuadro Nº 2 según el cual el conflicto descentralizado en el sector privado tiende a ceder a favor del de rama, se denota más el efecto disciplinador de la amenaza a la pérdida del empleo entre los privados, sujetos a la contracción de la economía y la reducción de “costos laborales” empresariales.

Con estos elementos iniciemos un debate acerca de dos temas de la agenda de los estudios sobre el movimiento obrero actual: la “desorganización de la clase obrera” y el “sindicalismo de base”.

El conflicto descentralizado

Adrián Piva en su artículo “¿Fin de la clase obrera o desorganización?” (2011) argumenta que el mayor éxito de la larga ofensiva del capital que se desarrolla desde mediados de los 70 del siglo veinte con sus altibajos, es la “desorganización de la clase obrera”, que supone la dispersión y descentralización del conflicto contra el capital, la dificultad de golpear con un solo puño. De su análisis cuantitativo que se extiende desde 1989 a 2009, dividido en dos períodos con punto de corte en el 2002, nos interesa subrayar dos temas para el intervalo 2003-2009:

a) El descentramiento de los movimientos de desocupados de la escena del conflicto a partir de 2003 y el no correlativo incremento de la participación del sector informal. El retroceso de un movimiento que en los 90 y en el cambio de siglo fue protagónico se explica por el decrecimiento del desempleo, las políticas sociales paliativas y la cooptación por parte del Estado de las organizaciones. Este descentramiento fue acompañado por un incremento de la brecha salarial y en términos de condiciones de trabajo entre el empleo formal y el informal. Piva señala que el peso estructural de este último sector que - agregamos nosotros- , se estima entre un 30 y 40% sobre la población ocupada no se traduce en intervención en la dinámica de la conflictividad laboral. En el OCLC, observamos también la mínima incidencia del sector para el período 2013-2016 en el que la intervención de los trabajadores carreros es la excepción.

Sobre la no emergencia como conflicto de la subordinación de los trabajadores informales, hay un amplio espectro de razones que se tejen en ese mundo heterogéneo y complejo que nos exceden. Sí señalemos que el instrumental de los observatorios de conflictividad y los modos de procesamiento, captan débilmente las luchas de un sector de escasa visibilidad mediática. Lecturas cualitativas, en cambio, (Avalle, 2010) dan cuenta de una resistencia callada y creciente que tiene pocas veces como sustrato la cooperación inmediata en el lugar de trabajo y en cambio se liga más al territorio. Sin embargo, la economía popular ocupó recientemente un lugar importante en la agenda comunicativa con la emergencia de CTEP, independientemente de la valoración del fenómeno, con menos desarrollo en Córdoba que en el conurbano bonaerense.

b) Dentro del trabajo formal, Piva encuentra en el predominio de CD que se agudiza en el período 2003-2007 con respecto a 1989-2003, un indicador de la fragmentación de la resistencia de los trabajadores, la “desorganización de clase”. Aunque Piva solo lo enuncia a modo de una hipótesis, realiza un ejercicio interesante para comparar ambos períodos reconociendo las dificultades metodológicas que acarrea la diversidad de fuentes y la comprensión de lo que es la conflictividad descentralizada. El autor llama la atención sobre dos definiciones de CD diferentes. La primera incluye los conflictos en establecimientos y empresa, los locales y provinciales. La segunda solo los de empresa y establecimientos y los locales¹⁰. Como señalamos, para el OCLC solo cuentan para la CD los conflictos que tienen origen en el lugar de trabajo, por demandas específicas, es decir es una definición más restringida que no incluye los conflictos locales (municipales) ni provinciales¹¹.

Hechas las salvedades y tomando en cuenta diferencias de definición y fuentes realicemos un ejercicio comparativo de datos de OCLC y de Piva con la definición de CD que excluye conflictos provinciales. Las tres relaciones propuestas son Conflictos Descentralizados Privados (CDP) con respecto a Total de Conflictos Privados (TP); Conflictos Descentralizados Privados (CDP) respecto Conflicto Descentralizado Total (CDT) y CDT en relación al total de Conflictos (CT)¹². Se compara una serie que incluye todas las acciones conflictivas directas y otra con solo paros, para respetar la distinción tradicional.

Cuadro N° 4
Comparativo de Acciones conflictivas descentralizadas incluyendo asambleas, actos de protesta y paros
Elaboración propia en base a Piva (2011) y OCLC

La comparación entre la relación CDP/CP, (la más factible metodológicamente dado que en ambos casos se apunta a la conflictividad por establecimiento o empresa privados en relación al total del conflicto de ese sector) tanto si tomamos el conjunto de Ac, como si nos limitamos a los paros arroja notables similitudes entre las dos series, con distintos alcances temporales y territoriales. Los otros dos indicadores, por el alcance disímil, son solo indicativos. Llama la atención sin embargo que la incidencia del conflicto descentralizado parece ser mayor en Córdoba y para el período de referencia. Ahora bien, si como vimos en el cuadro Nº 2, la tendencia del CD en tiempos de estancamiento y recesión es a la disminución ¿estamos frente al declive de la “desorganización de clase”? Abordemos el problema desde otro ángulo.

¿Desorganización o “lucha y unidad”?

Lo paradójico de la “conflictividad descentralizada” es que puede señalar tanto la “desorganización” como la “disposición a la lucha” de las bases que pugnan por resolver colectivamente las demandas de sus lugares de trabajo - despidos, condiciones de trabajo, pagos adeudados – casi siempre confrontando abierta o solapadamente con la conducción sindical que pasa a ser obstáculo principal para limitar el avance patronal o estatal. Si bien es cierto que la CD es eminentemente reivindicativa también su particularismo puede ser politizado y reconducido a la unidad por caminos no orgánicos, dada la persistencia de conducciones enquistadas por décadas que despliegan estrategias para cerrar camino a la rebeldía desde abajo.

Es evidente, que la CD es analogable al “conflicto en el lugar de trabajo” que describen autores como Atzeni y Ghigliani (2013), Montes Cató, Ventrici(2010) y que retoma las tradiciones combativas del sindicalismo argentino con ingredientes de las nuevas formas de protesta que se incubaron en los 90. Si bien es cierto que sus demandas son “reivindicativas”, la forma democrática y las experiencias de lucha que inscribe en los colectivos, trasciende el momento corporativo para proyectar algunas luces sobre el ético-político.

Mezzadra entre sus visitas al archivo Marx indaga sobre la oscilación entre “lucha económica” y “lucha política” en las prácticas sindicales. El autor recupera el trabajo metodológicamente vigente de El Capital sobre la lucha por la disminución de la jornada de trabajo y la legislación fabril en Inglaterra y señala como se vislumbra allí con detalle como la lucha económica transforma a la clase obrera y obliga al capital a inscribir esas reivindicaciones en la esfera del estado ¿Se trata de reformismo? Señala Mezzadra que tales conquistas fueron “lo que podría definirse como un embrión al reformismo del capital. Limitación de la jornada laboral y legislación sobre fábricas son, por lo demás antecedentes históricos esenciales de la formación del Estado social democráticos del siglo XX, en torno del cual se redefinirá completamente, en Occidente, el reformismo – tanto el capital como el obrero” (2014, p.108). Pero también puede verse que es un terreno nuevo de acumulación de fuerzas que tiene un profundo significado político como posibilidad de alterar materialmente el equilibrio a favor de los explotados. Toda lucha económica es política, en tanto como se vio, el cortocircuito teórico de Marx contamina de politicidad la economía y viceversa. Mezzadra subraya que esto no significa aplanar las distinciones de intensidad y de calidad de las luchas, de cómo juegan en la correlación de fuerzas, qué contenidos tiene su politicidad y cuál es el momento en que se produce lo que podemos llamar un “salto de registro”.

Por un lado, un elemento esencial de politicidad distingue cada movimiento de la clase en la medida en que surge y se desarrolla en un campo vigilado por los dispositivos que forman parte del Estado y del capital, contrarrestando los efectos de sujeción. Por otra parte, la intensidad política de una lucha está determinada por la fuerza con la que llega a investir el rompecabezas de la liberación, contribuyendo a redefinir sus términos y a poner de manifiesto su urgencia (a través de un movimiento que se puede definir como de politización o – como diríamos – de subjetivación” (p. 117)¹³.

Esta posibilidad de politicidad que se abre desde la lucha económica en el lugar de trabajo no ignora la tendencia opuesta que opera desde lo que Varela (2015) llama la “individuación” que se nutre del fantasma del despido, las nuevas formas de organización del trabajo que estimula competencia entre trabajadores; las instancias gremiales con su verticalismo, separatismo y relaciones clientelares; la extendida cultura del consumo entre otros. Sin embargo, como sostienen Atzeni y Ghigliani, Roitman et al, Lenguita entre otros el “lugar de trabajo” resulta un espacio privilegiado para que la tensión entre “individuación” y “disposición a actuar como clase ” se transparente y en situación de conflicto la balanza se incline hacia la segunda. Atzeni y Ghigliani (2013) describen así a los impulsores de la acción colectiva en los lugares de trabajo.

Activistas y delegados son parte de una generación de trabajadores sin participación previa en actividad sindical y frecuentemente con poca experiencia de trabajo. Muchos de ellos han tenido experiencias en partidos de izquierda y han crecido en el contexto de protestas populares y movilizaciones de la clase trabajadora de comienzos de los 2000. Esta fue la caldera en la cual crecieron estos activistas de base. El activismo del “lugar de trabajo” se liga entonces a otra noción acuñada en la literatura reciente sobre conflictividad laboral: el “sindicalismo de base” que dibuja sus contornos entre 2004 y 2006 en la zona norte del conurbano bonaerense y se perfila con mayor precisión en el conflicto de Kraft en 2009 (Varela, 2015). Aiziczon (2016) señala que “este sindicalismo de base posee grandes similitudes con lo que fue el clasismo histórico porque la discusión de este fenómeno obedece más al proceso de politización de los trabajadores, donde la práctica política remite a la construcción de horizontes democráticos y extra sindicales desde los cuales se logran atravesar el corporativismo segmentado característico del período” (15). La juventud, la apoliticidad previa, el atravesamiento por la experiencia del 2001 y el activismo de izquierda son las claves que identifican el “sindicalismo de base”, en consonancia con lo que describen Atzeni y Ghigliani en la cita transcripta. Para Varela las razones de la emergencia de este fenómeno estriban tanto en las condiciones objetivas de recuperación del empleo y salario pos-2003 como a las subjetivas de estímulo a la reivindicación económica que se alentó tanto desde el Ministerio de Trabajo de los gobiernos kirchneristas como desde los gremios y sus centrales al impulsar la extensión de los acuerdos paritarios. Señala también como elemento favorecedor, la debilidad de la presencia del sindicalismo tradicional en el espacio de trabajo debido a la escasa presencia de delegados y el bajo índice de sindicalización que posibilita a bases combativas avanzar sobre este vacío que también se nutre del desprestigio de las conducciones tradicionales.

Aiziczon (2016) sostiene que no es posible visualizar en Córdoba un sindicalismo de este tipo por el escaso desarrollo de la militancia de izquierda clasista. En este trabajo sostenemos que si bien en la provincia no emerge un fenómeno social con esas características distintivas, la definición resulta estrecha para dar cuenta de la complejidad de prácticas sindicales que nacen desde la iniciativa impulsada desde abajo. Si ampliamos la noción de “sindicalismo de base” nos encontramos con un espectro amplio de experiencias que incluyen algunas el desarrollo de una izquierda clasista (aunque no necesariamente como protagonista central), como el caso de Volkswagen, Valeo, Minetti o los jaboneros de Colonia Caroya pero también otras con militantes sociales o estudiantiles con filiaciones políticas múltiples o sin ellas como el caso del transporte urbano o Weatherford; conflictos donde conviven generaciones y experiencias previas como en Salud y Educación; otros que interpelan a conducciones que acompañan e incluso estimulan con lo que se ve la diversidad de matices de las cúpulas gremiales como el caso de trabajadores de prensa de La Mañana de Córdoba o aceiteros de Tancacha. También hay situaciones que entablan relaciones complejas intergremiales y de autoconvocados que exceden la instancia sindical formal como el caso del Conicet, el de los médicos residentes o la salud provincial¹⁴.

Hay allí latente un “deseo de unidad” que se motoriza por sendas no formales: trabajadores que son a la vez militantes sociales o estudiantiles , redes sociales que despliegan comunicaciones subterráneas y son ámbitos de debates políticos y sociales solidaridad territorial y de otros actores. Hay que reconocer, sin embargo, que la politicidad difusa, provoca que buena parte de los conflictos queden aislados y sean derrotados¹⁵.

Lo que tienen en común estas formas sindicales es que todas surgen por iniciativa de abajo, complejizan las demandas, recusan las conducciones burocráticas, pretenden ampliar las prácticas democráticas y procuran la autonomía con respecto al estado y/o la patronal. Llamaremos a este emergente “sindicalismo con iniciativa de las bases” (SIB).

Esta ampliación intenta dar cuenta, entonces, de una conflictividad que nace desde lo reivindicativo pero lo excede en una politicidad que puede ser difusa pero no ausente. Sin que tal disposición se haya abierto paso - de modo contradictorio y contingente - en sectores amplios de trabajadores no se explican la intensidad de la marcha del 29 de abril de 2016, la marcha federal educativa del año 2017, el histórico ”poné la fecha” del 7 de marzo y el masivo paro con movilizaciones del 6 de abril. Aunque son instancias con epicentro en Plaza de Mayo, también nacen y resuenan en el interior. Córdoba estimuló y receptó esos reclamos, en nuestra lectura, en gran parte estimulada por el SIB.

Es importante también destacar que el universo de CD no se solapa con el SIB. El concepto de CD refiere a conflictos vinculados a una problemática concreta de uno o más lugares de trabajo, pero solo en algunas ocasiones los conflictos de este tipo que pueden incluirse en el SIB, ya que la propia debilidad de la organización sindical tradicional en los establecimientos o empresas en donde no avanzó una alternativa, producen que los chispazos colectivos frente a una situación de crisis, generalmente despidos, termine derrotada sin proyección en términos organizativos o políticos. Igualmente hay acciones conflictivas que se incuban en el lugar de trabajo pero que involucran a la rama en tanto negociación paritaria, condiciones de trabajo o crisis y que impugnan a las conducciones y exceden la demanda puntual. Por eso consideramos algunas acciones conflictivas de la CR, como parte de la familia SIB.

Para un primera aproximación a la caracterización cuantitativa a SIB, construimos un indicador que suma para cada conflicto (Co) que contiene 3 o más Ac de tipo directa que son llevadas adelante solo por las bases, condiciones que dan cuenta de un activismo bastante sostenido. Si observamos el listado de los conflictos que resultan al aplicar esos criterios a nuestra base de datos se observa una aproximación muy aceptable a lo que nuestra información y seguimiento cualitativo del campo entiende por SIB.

El siguiente cuadro da cuenta de los índices de acciones conflictivas SIB en el lugar de trabajo y por rama sobre los respectivos totales según se trate de estatales o privados.

En términos generales, la oscilación cercana al 20% del SIB, indica un grado importante de conflictividad contenciosa en Córdoba con mucho más peso, como es de esperar, en el conflicto descentralizado.

Nos preguntamos también como incide sobre SIB el efecto disciplinador del despido. En el siguiente cuadro se compara el porcentaje de incidencia de las Ac cuya demanda principal es por fuente de trabajo (DFT) - despido o vaciamiento/cierre de empresa - y las Ac SIB en los sectores estatal y privado.

Vemos que en los sectores estatales la demanda por fuente de trabajo creció bruscamente en el año 2016, situación que se abre paso con los cambios de gobierno provincial y nacional que producen ceses masivos de contrato. La pérdida en el estado fue parcialmente contenida por las luchas, incrementando el índice SIB. En el sector privado en cambio, la pérdida del empleo actuó como disciplinador y en 2014 y 2016 cuando la demanda por despido aumenta, el índice SIB disminuye y los despidos se pueden parar pocas veces. La conducción entonces “toma” el conflicto, aunque sea formalmente. La complicidad de conducciones gremiales como los sindicatos de la carne, la construcción, UATRE o UOM opera obturando y permitiendo los despidos masivos como el caso de los frigoríficos Estancias del Sur o BRF, los metalúrgicos de EFACEC o Agromaní del sector rural. Esto es, la debilidad de organización gremial al interior de la mayoría de los establecimientos privados no es ocupada por alternativas con alguna fortaleza y el “conflicto en el lugar de trabajo” aflora espontáneamente y no se sostiene.

Conclusiones

Hemos recorrido algunas particularidades de la conflictividad en Córdoba reconociendo también algunas discusiones teóricas y metodológicas acerca de la observación del conflicto laboral.

Señalamos la incompletitud de la medición cuantitativa para registrar fenómenos subterráneos que no se visibilizan por los medios estándares y comprender aristas que solo la indagación cualitativa reconoce. Señalamos, sin embargo la importancia de incorporar fuentes diversas para hacer más amplio el “ojo” cuantitativo sabiendo desde el comienzo que no se puede abarcar con él todo el campo del conflicto abierto.

Pusimos en cuestión tanto la “desorganización del movimiento obrero” como la estrechez del concepto de “sindicalismo de base” para proponer su ampliación como “sindicalismo por iniciativa de las bases”.

En el artículo debatido de Adrián Piva (2011), el autor señala que experiencias de tipo molecular como las que se derivan del “lugar de trabajo” no tienen, al menos hasta el momento de escritura, un peso y una densidad que permitan avizorar la reversión del proceso de desorganización de la clase obrera y de desproletarización subjetiva de amplias capas de asalariados, iniciado en 1989.

También se pregunta por si hay algo en común entre las luchas sindicales y otros movimientos territoriales de contenidos tan diversos como el género, lo socioambiental o la inseguridad. Entendemos que estos meses de marzo y abril donde se sucedieron en Córdoba la masiva movilización por el bosque nativo, la marcha del 7 de marzo, la de las mujeres del 8 de marzo, la más grande movilización del 24, las masivas marchas docentes y el contundente paro del 6 de abril nos señalan que hay razones para pensar en “lucha y unidad”, cuando la ofensiva del capital arrecia. Por último, cabe señalar que las características del último paro general a diferencia de los desarrollados después del 2002, si nuestra interpretación es plausible, sería indicativo de este nuevo ciclo de “lucha y unidad”.

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Notas