Introducción

Este artículo analiza elementos hallados en mi tesis doctoral centrada en el estudio de las migraciones de niños y jóvenes marroquíes solos a España, denominados menores no acompañados según la terminología jurídica y de intervención social. Mi tesis fue defendida en 2007, pero el trabajo de campo se realizó desde el año 1998, justo después de que estallara en los medios de comunicación la alarma por la llegada de estos niños, en su mayoría varones, generalmente bajo camiones de empresas que transportaban productos y bienes adquiridos en África con el fin de comercializarlos en Europa. Estos camiones permanecían unos días en el puerto de Tánger, Marruecos, a la espera de cruzar el Estrecho de Gibraltar en los barcos. Algunos niños, que pululaban en el puerto o en la calle, se introducían en las cajas de los camiones, que estaban entre las ruedas o bien en las estructuras que sostenían a éstas. Los camiones bajaban de los barcos en la ciudad portuaria de Algeciras, Cádiz, España, donde los niños procuraban sortear los controles policiales y aduaneros del puerto para introducirse en la ciudad sin ser localizados. A partir de ahí realizaban diferentes trayectorias migratorias hacia distintas regiones de España o bien de Europa. El aumento del número de niños que llegaban al país por estas vías y la alarma originada por la prensa que calificaba este fenómeno de “avalancha”², originó la creación de vías alternativas de migración que se ampliaron a los puertos de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, asentadas en el norte de África producto del protectorado español durante el colonialismo. Para llegar a estos puertos los niños debían cruzar fronteras terrestres entre Marruecos y dichas ciudades españolas. Estas trayectorias contribuyeron a la aparición de grupos de niños viviendo en las calles de las ciudades marroquíes limítrofes, como Castillejos (hacia Ceuta) o Nador (hacia Melilla), pero también en las propias ciudades de Ceuta y Melilla, así como en Algeciras y más tarde en Madrid y Barcelona. La firma de Acuerdos bilaterales entre España y Marruecos, a instancias de la Unión Europea, perfeccionó los controles policiales en ambos países, medidas que iban acompañadas de sanciones a los conductores de los camiones o a otras personas que de forma consciente o no contribuían a estos tránsitos. El enfoque securitario en las calles y puertos tuvo un efecto peligroso para los niños. A principios de los 2000 se comenzaron a interceptar menores en las pateras (embarcaciones precarias utilizadas para cruzar el Estrecho de Gibraltar por mar). Esto suponía para los menores de edad un mayor apoyo por parte de la familia para hacer frente al precio de la patera (con lo cual se deduce que no solo se trata de un fenómeno migratorio de clases pobres sino también de otras que contaban con recursos) y mayor riesgo de perder la vida. Paralelamente comenzaron a llegar niños y niñas procedentes del África subsahariana también por este medio.

España ratificó la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en 1991, lo que obligó al Estado español a adaptar sus leyes relativas a la protección de la infancia, por ejemplo la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, sobre Protección Jurídica del Menor. En esta ley se reconoce la protección de todo menor de 18 años que se encuentre en el territorio español, independientemente de su condición de nacionalidad. La adscripción del Estado español a los principios de Naciones Unidas obligó al acogimiento inmediato de los niños migrantes que se encontraban solos en el territorio (y por lo tanto desamparados según la terminología jurídica), una vez que se determinaba su condición de minoridad (menores de 18 años y por medio de pruebas oseométricas dudosas) (Quiroga, 2006; Gimeno, 2018). Según mis resultados y el de otros autores (Giménez y Suárez, 2000; Adroher, 1998), la combinación de estos factores políticos, jurídicos, económicos y sociales fueron la condición de posibilidad para crear el fenómeno de los “menores migrantes no acompañados” entendiéndolos desde un punto de vista etnocentrista y homogéneo. A partir de esta construcción, en España se crearon o detonaron dispositivos de intervención, algunos de los cuales se convirtieron en específicos para la atención a los niños extranjeros solos, la mayoría de los cuales eran marroquíes. El despliegue de este aparto de intervención, que implicó al área de infancia de las distintas administraciones públicas, a la policía, a los servicios sociales, a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y a diferentes profesionales configuró un cuerpo especialista que tempranamente se alió con la academia (Monteros, 2007). Numerosas investigaciones tuvieron lugar para determinar el número y el perfil de los niños migrantes no acompañados, así como sus procedencias, sus trayectorias y sus estrategias. Destacan las investigaciones de Giménez y Suárez (2000) y Jiménez (2003) desde la antropología; Capdevila (2000), Bermúdez (2004) o Tejerina (2005) desde la psicología social; Adroher (1998) desde el derecho o Quiroga (2006) desde la sociología. Paralelamente surgieron numerosos informes realizados por ONG, muchas de las cuales denunciaron prácticas institucionales ilegales en la protección de estos niños (HRW, 2002; Amnistía Internacional, 2002; Save the Children, 2003, Federación SOS Racismo, 2004, entre otros). Otros informes procuraron establecer la líneas de intervención más adecuadas a aplicar en los casos de desamparo de niños migrantes (Proyecto CONRED, 2004). Sin ánimo de serlo este cúmulo de datos pasó a formar parte de la definición misma de “menor migrante no acompañado” facilitando la aplicación de políticas de intervención específicas. La alianza entre los conceptos derivados de la academia o de las entidades sin ánimo de lucro con los responsables de elaborar las políticas públicas relativas a la infancia en desprotección fue la base para la gubernamentalidad (Foucault, 1999 y 1999b) aplicada a esta población, es decir su gobierno a partir de unos saberes respecto de las características de la misma. Utilizando la perspectiva de Butler (2006) sobre performatividad, yo hipotetizo que la insistencia en definir qué es un menor migrante no acompañado (a partir de la determinación de la edad, de su supuesto desarrollo psicológico, de sus características o perfiles) cumple una función performativa que dialoga con el sujeto nombrándolo, identificándolo y clasificándolo, al tiempo que el sujeto se posiciona en relación a dicha interpelación identificándose o no. Sin embargo, siguiendo esta misma línea de comprensión, la función performativa nunca incluye de manera exhaustiva a su referente (ibídem.) porque en la realidad lo que existe es la heterogeneidad. Algunos sujetos pueden jugar entre los intentos de definición y homogeneización de las estructuras (institucionales, policiales, jurídicas) y su condición particularísima, lo que da lugar a la agencia: la capacidad para poner límites a las construcciones autorizadas sobre ellos. En definitiva, los sujetos no están totalmente performados como los agentes políticos, sociales o científicos imaginan (ibídem.). La capacidad de agencia de los niños y las niñas migrantes aparece en los intersticios del sistema que dice protegerlos, lugares en los cuales tejen trayectorias migratorias y vitales que combinan la intervención de los distintos dispositivos (policiales, jurídicos e institucionales), con las redes de apoyo sociales o familiares, apareciendo o desapareciendo de los registros según consideren necesario. De este modo, entran y salen de la referencia a la clasificación de menor migrantes no acompañado.

Pretendo dar cuenta de este juego de alienación/separación que opera en las trayectorias de los niños y jóvenes migrantes a través de presentar cuatro historias de vida, plenas de vivencias objetivas y subjetivas. Mi objetivo es el de evidenciar la relación entre el sujeto y las estructuras políticas, jurídicas y sociales, que al ser incompletas y en muchos casos ambivalentes, permiten la fuga del sujeto y por tanto su agencia. Antes de esto describiré el contexto histórico, político y jurídico que ha sido condición de posibilidad para las migraciones de menores de edad.

El marco histórico y político de la frontera del Mediterráneo

España y Marruecos tienen una larga historia de desencuentros que podría situarse lejanamente en la caída del reino nazarí granadino en 1492 y la definitiva expulsión de los moriscos en 1609. En 1859 se inaugura el período colonial. Un acuerdo franco-hispanobritánico determinará el protectorado de la región, recibiendo España la zona del Rif en el norte y la del Ifni en el sur, junto al Sáhara, que durante la dictadura de Francisco Franco en España será utilizada para reafirmar el sentimiento ultranacionalista (López, 1992). En 1956 Marruecos se independiza reintegrando gran parte de los territorios ocupados, pero los puertos de Ceuta y Melilla continuaron en posesión de España, siendo actualmente plazas fuertes de este país. El sultán Mohammed V, portavoz de las revueltas independentistas y abuelo del actual Rey de Marruecos, tenía intenciones de avanzar lentamente hacia la modernización de las instituciones económicas y políticas del país, pero su pronta muerte dio paso al reinado de su hijo, Hassan II. El nuevo sultanato, de corte conservador, imprimió un régimen teocrático y paternalista, que paradójicamente impidió la formación de un auténtico empresariado nacional y alentó las inversiones extranjeras, principalmente de Francia en la explotación de sus materias primas (ibídem.). La ocupación del Sáhara para procurar la legitimidad de su reinado, la caída de los precios de los fosfatos y las sequías de inicios de la década de 1980, llevaron a Marruecos a una crisis económica profunda y a una deuda externa exponencial. El FMI acudió con préstamos de emergencia que tuvieron como contrapartida la instauración de los Planes de Ajuste Estructural. Todo ello volvió difícil la vida de la población. La política española en relación a su vecino procuró un statu quo que se tradujo en mantener la estabilidad del régimen de Hassan II (López, 1992). Durante la década de l990 se firman acuerdos económicos importantes (Hernando de Larramendi, 2004): construcción de un gasoducto Magreb-Europa que transporta gas argelino a España a través de Marruecos; puesta en funcionamiento de una interconexión eléctrica a través del Estrecho de Gibraltar; creación de instrumentos financieros que permitieron la llegada de cerca de 800 empresas españolas a suelo marroquí.

En paralelo, Marruecos ha mantenido estrechas relaciones con EEUU, basadas en una colaboración en asuntos de interés para los norteamericanos: cooperación militar en el Mediterráneo y durante la Guerra del Golfo de 1991 o la lucha contra el comunismo en distintos países de África. Esto le ha otorgado al país un amplio apoyo diplomático, económico y militar erigiéndose como segundo país árabe que más ayuda financiera estadounidense ha recibido después de Egipto³. Debido a su emplazamiento geográfico (al norte de África y puerta de entrada al Mediterráneo) y a sus alianzas con EEUU y Europa, Marruecos se convirtió en un agente negociador importante en materias tan relevantes como la seguridad internacional, la lucha contra el terrorismo y el control de las migraciones. Las fronteras occidentales de seguridad y control, con su potencial militar, se han instalado en sus territorios, muchas veces camufladas bajo el paraguas de la cooperación para el desarrollo (Cortés, 2006).

A finales de 1990 y principios de 2000, España y Marruecos experimentan diversas crisis en sus relaciones bilaterales que tienen que ver con la pesca en aguas marroquíes por parte de pequeros españoles y con la comercialización de productos agrícolas marroquíes en Europa (Remiro Bretóns, 2012). Ambos países negocian las condiciones de los acuerdos en relación a estos sectores económicos a la par que negocian acuerdos relativos al control de las migraciones (readmisión de migrantes irregulares, apoyo en equipamiento, logístico y económico). Las migraciones entran en este panorama como un elemento más de intercambio, disputa y negociación (De Lucas, 2002, Hernando de Larramendi, 2004; Naïr, 1998).

Las migraciones de niños y niñas como cuestión de Estado

En 1991 España establece el visado obligatorio a los ciudadanos marroquíes y el control de los flujos procedentes del Magreb en esta región pasa a constituir una parte fundamental de la política migratoria. En 1992 se inician las negociaciones para un Acuerdo de Readmisión de inmigrantes irregulares que Marruecos se niega a firmar hasta la actualidad, tanto con España como con la Unión Europea. Se advierte a Marruecos que “el cumplimiento de estos acuerdos son cuestiones vitales para el futuro de las relaciones bilaterales”⁴. El diálogo bilateral se reanuda en 2003 con la firma de un Acuerdo de Amistad y Buena Vecindad y del primer Memorando Hispano-Marroquí sobre repatriación de menores marroquíes⁵, acompañado de un paquete financiero de ayuda (Hernando de Larramendi, 2004). Los niños entran en la agenda política de las negociaciones. En 2004 se crea desde la Unión Europea la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX) para apoyar a España y otros países del sur al control de sus fronteras, con especial hincapié en el Mediterráneo y en estos años también se mejora el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) gestionado por las fuerzas de seguridad españolas en todas las costas españolas incluyendo las Islas Canarias.

Los flujos migratorios entre España y Marruecos

Los flujos migratorios entre Marruecos y España han sido históricamente constantes tanto en un sentido como en otro. A partir de 1960 se estabiliza un flujo migratorio de marroquíes que llega a España para insertarse en el proceso de desarrollismo durante la dictadura de Franco. En la década de 1970, 1980 y 1990, los marroquíes pasaron a ser el segundo grupo migrante después de los europeos, insertándose en los primeros años de la democracia en el sector de la agricultura y de la construcción. Viajaban principalmente varones y en ocasiones algún un hijo, mientras las esposas y el resto de hijos e hijas permanecía en el país de origen. No obstante, las relaciones familiares eran bastante fluidas ayudadas por laxos controles fronterizos. En muchos casos, estos varones entraban y salían del país en función de las temporadas laborales de los sectores en los que se insertaban (Eguren, 1998). En 1985 se aprueba la primera Ley de Extranjería de España, lo que unido al establecimiento del visado obligatorio para los marroquíes (en 1992), condujo al cierre de esta frontera mediterránea complicando la posibilidad de un tránsito circulatorio y prácticamente obligando al asentamiento permanente de estos trabajadores. Se da paso al asentamiento de una migración marroquí en condiciones de irregularidad jurídica. También comienzan los intentos de reagrupar en España a la familia que quedaba en el país de origen (Refass, 2005). En esta etapa, los menores de 18 años acompañaban a sus padres y les ayudaban en su trabajo o en las tareas del hogar ante la ausencia de la madre. Estos menores no estaban escolarizados y en ocasiones vivían en asentamientos o poblados chabolistas, pero por lo general no ingresaban en los sistemas de protección. En 1996, cuando se aprueba la Ley de Protección del Menor, el Estado español se ve obligado a la protección de los menores en situación de desamparo, quedando calificadas algunas de aquellas situaciones como tales (por las condiciones precarias de las viviendas o por no estar escolarizados) (Eguren, 1998). Comienzan los primeros expedientes de protección de menores marroquíes, que son llevados a los centros residenciales dependientes de las administraciones públicas. La Ley de Protección preveía también la regularización documental, así como la escolarización o la opción, entre los 16 y los 18 años, de una formación profesional. Mi hipótesis es que este sistema junto con el bloqueo de los flujos migratorios marroquíes durante la década de 1990, constituyeron la condición de posibilidad para la creación del fenómeno de los menores migrantes no acompañados. Pero estas migraciones no siempre han tenido el mismo sentido. Es posible que inicialmente respondieran a la imposibilidad de que los jóvenes y adultos pudieran migrar y en su lugar, la protección de los menores, bajo el influjo de la Convención de los Derechos del Niño, contribuyó a que migren los menores de 18 en lugar de aquellos, ya que tenían más posibilidades de regularizar su situación y asentarse en España para ayudar a sus familias. En un segundo momento, estaban dadas las condiciones para el establecimiento de una verdadera red migratoria formada principalmente por menores de edad, aunque muchas veces apoyados por los adultos. En esta etapa se diversifican las motivaciones por las cuales se migra, así como los perfiles y las trayectorias. Se dan casos de niñas no acompañadas, pero por lo general éstas presentan trayectorias por fuera de los dispositivos de protección⁶. La diversificación de canales y perfiles responde también a la mejora y perfeccionamiento de los controles migratorios.

El contexto de partida

Marruecos es una Monarquía Constitucional con un sistema multipartidista y una economía de mercado marcada por una pujante agricultura y un incipiente sector de la construcción. En 1999, muere el Rey Hassan II después de 38 años de reinado y le sucede en el trono su primogénito Mohamed VI. Comienza su reinado planteando una iniciativa de renovación con limitación del Makhzen -el poder tradicional, patrimonial y clientelista de los sultanes marroquíes-, y reforma el Código de Familia o Moudawana para, entre otras cuestiones, ampliar la edad de casamiento de los 15 a los 18 años y el abandono de la poligamia. Actualmente, el país cuenta con una población de 34.487.000 personas, situándose en la posición 39 de la tabla de población, compuesta por 195 países. En términos económicos, es la economía número 59 por volumen de PIB y tiene una deuda del 64,7% del PIB. El PIB per cápita coloca a Marruecos en el puesto 128. Sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida en relación a los 195 países del ranking. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano, que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país, la población marroquí tiene una mala calidad de vida, pero sobre todo una profunda desigualdad social y económica.

Los intercambios comerciales entre Marruecos y España han mostrado una tendencia sostenida a aumentar desde 1995. Sin embargo, las políticas euromediterráneas de liberalización han favorecido abiertamente a España en relación con su vecino, instaurándose unas relaciones bilaterales que responden al clásico patrón “colonial” de relaciones Norte-Sur (Martín, 2004). Si bien esta apertura supone la atracción de inversiones extranjeras importantes, se viene verificando que este proceso afecta a una parte importante del empresariado marroquí ya que no todas las empresas del país están bien equipadas para adaptarse a los requerimientos de la modernización; se calcula que en orden a un tercio de estas empresas están desapareciendo (ibídem.). Esto tiene su repercusión también en cuanto a la pérdida de empleos, sobre todo aquellos clásicamente asignados a los hombres y a los jóvenes, y a la flexibilización de los mismos, institucionalizada mediante la aprobación de un nuevo Código de Trabajo que entró en vigor en el año 2004. Estas reestructuraciones económicas y laborales neoliberales tienen repercusión directa en los cambios demográficos, sociales y familiares, así como en el aumento de las migraciones internas y externas.

En cuanto a las estructuras familiares, Marruecos viene experimentando paulatinas transformaciones que comenzaron con los tímidos procesos de industrialización postcolonial y su consecuente éxodo rural. Uno de estos cambios ha sido la también paulatina separación residencial de las familias extensas en nuevas familias nucleares. Y más recientemente, el aumento de las tasas de actividad femenina, su acceso a la formación y el retroceso del matrimonio precoz. Por su parte, las relaciones entre padres e hijos también están cambiando: la ayuda material del hijo a sus padres tiende a disminuir; la educación contribuye a reducir la participación de los hijos en el trabajo doméstico y productivo (El Aoufi, 2004; El Baisour, 1982). Pero los cambios no se dan de igual manera en toda la población. Se experimentan principalmente entre las clases burguesas y urbanas, y menos entre las clases populares o en el medio rural.

Otros de los efectos de las políticas neoliberales en el país se pueden resumir en (Jiménez Álvarez, 1999): crecimiento anárquico de las ciudades sin planificación urbanística y con grandes núcleos chabolistas; creación de bolsas de desempleados principalmente hombres y jóvenes que antes se ocupaban de las tareas agrícolas de producción familiar y ahora, en las ciudades, deben realizar cualquier trabajo en la economía sumergida (aprendiz en talleres manufactureros, venta ambulante, trapicheo de productos ilegales o escasos en el mercado, chapuzas o la mendicidad); fenómenos derivados del empobrecimiento urbano como la delincuencia, la mendicidad, la prostitución, las drogodependencias –sobre todo de sustancias baratas y fáciles de adquirir como los disolventes-, niños que viven en la calle y la emigración irregular a otros países; necesidad de que las mujeres trabajen en el mercado productivo (empresas textiles deslocalizadas, trabajo doméstico en Ceuta y Melilla) (Ramírez, 1998). A inicio de los 2000 residían en España en torno a los 250.000 ciudadanos marroquíes, hacia 2011, unos 775.000 aproximadamente⁷, produciéndose un leve descenso posterior debido probablemente a la obtención de la nacionalidad española, aunque también a la crisis económica y financiera que ha producido algunos retornos.

¿Quiénes eran y quiénes son los niños y las niñas migrantes?

Por menor no acompañado se entiende aquellos “menores de 18 años, nacionales de países terceros que llegan al territorio de los Estados miembros sin ir acompañados de un adulto responsable de los mismos, ya sea legalmente o con arreglo a los usos y costumbres” (Resolución del Consejo de la Unión Europea de 26 de junio de 1997). Desde las primeras alarmas sobre los menores migrantes no acompañados en España han pasado más de veinte años. Los perfiles y trayectorias de los niños han variado considerablemente. Inicialmente se trató de varones marroquíes. En 1993, antes de la aprobación de la Ley de Protección de la Infancia se habían registrado apenas 83 menores no acompañados en los sistemas de protección de todo el país (Quiroga y cols., 2009). El mismo año de aprobación de la ley pasaron a ser 1.260, momento a partir del cual la cifra continuó un ascenso acelerado hasta alcanzar el pico máximo en 2003 con 6.303 tutelas⁸. Recordemos que ese año se reanudaron las relaciones bilaterales con Marruecos y se firmaron acuerdos de cooperación en materia de control migratorio, que incluyó un Acuerdo bilateral específico de readmisión de menores no acompañados. En 2004, se registran 111 repatriaciones de menores no acompañados que estaban en centros de protección españoles (Fundación SOS Racismo, 2004), pero las asociaciones de defensa de los derechos humanos y varias ONGs que gestionaban proyectos de intervención con estos menores (con fondos públicos) denunciaron el carácter ilegal de dichas repatriaciones porque contravenían la Ley de Protección del Menor y la de Extranjería (Jiménez, 2005). En los cuatro años siguientes solo se registrarán 6 repatriaciones. Si bien el acuerdo de readmisión no tiene prácticamente efectos en la práctica, sí los tendrá indirectamente: causa una alarma entre los menores tutelados, con la consiguiente fuga de los centros y la movilidad hacia distintas regiones de España o incluso de otros países europeos. En el año 2004, la población de menores no acompañados tutelados en los centros desciende a la mitad de la cifra registrada en 2003 (3.186). No obstante, la casi nula eficacia del acuerdo conlleva un nuevo ascenso de esta población en los centros de menores hasta comprender una cifra de 6.475 en 2007. La estrategia política respecto a esta población por parte de España no se centró solamente en procurar acuerdos de readmisión con Marruecos, por lo que esto suponía en relación a hacer concesiones de índole económica, sino también a obstaculizar los procedimientos de regularización documental de los niños acogidos y tutelados, incumpliendo los plazos estipulados mediante la Ley de Extranjería (Monteros, 2007). Estas prácticas se aplicaron de forma diferencial solo en algunas comunidades autónomas españolas (como Canarias, Madrid, Cataluña o Andalucía, precisamente en las que mayor incidencia de menores acogidos había), mientras que otras, como País Vasco o Castilla La Mancha se ajustaban más a la legalidad vigente. El retraso en la obtención de la regularización documental ocasionaba que muchos menores que habían sido tutelados con 16 años no obtuvieran el permiso de residencia al cumplir la mayoría de edad y por tanto quedaban en la calle en situación irregular. Esta realidad ocasionó que los niños emigraran desde Marruecos siendo todavía más pequeños. Se detectaron casos de niños de 11 años. Otra de las estrategias migratorias era la de fugarse de los centros de acogida de las comunidades autónomas que atrasaban los procedimientos administrativos para llegar por sí solos a otros centros de aquellas en las que se conocía que el procedimientos les era más favorable. Algunos niños incluso se dirigían directamente a la policía para decirle que eran menores de edad en la calle. Estas prácticas trazaron unas cartografías migratorias de menores no acompañados a lo largo de gran parte de la península española, así como la duplicación de expedientes de tutela, debido a que el sistema de protección de la infancia está descentralizado en las comunidades autónomas. La fuga de estos niños de los centros de acogida se interpretó en los Planes de Atención a la Infancia, tanto estatales como autonómicos, como una conducta disruptiva, llegando a calificarse a los menores como difíciles de tratar (Monteros, 2007). Sin embargo, desde mi perspectiva investigadora, la conducta de fuga responde directamente a los obstáculos puestos por la administración pública para la regularización documental de los mismos y, por tanto, se trata de una estrategia que forma parte de su agencia.

Los obstáculos (tanto explícitos como implícitos) de la administración española para acoger a los niños extranjeros solos comprendieron también la resistencia para integrar a los jóvenes emancipados del sistema de protección. Al cumplir los 18 años, los jóvenes debían abandonar los centros y sólo hasta muy recientemente se han habilitado dispositivos de apoyo para su integración en la sociedad española (vivienda en pisos compartidos, formación, acompañamiento para el empleo), pero son claramente insuficientes (Gimeno, 2017). Otra de las cuestiones que no han querido ser abordadas desde la administración ha sido la posibilidad de integrar a estos menores en familias de acogida, cuando muchos contaban con familiares en España. La resistencia para contar con este recurso por parte de la administración pública se ha relacionado con el intento de evitar una migración irregular al vehiculizar y facilitar estas reagrupaciones en el país de acogida.

Actualmente se cifra en torno a 3.200 los niños y las niñas vinculados a procesos migratorios y que están acogidos en el sistema de protección en España (Bravo y Santos-González, 2016). En torno al 80% proviene del Magreb (Marruecos y Argelia), el 8% de Europa del Este, el 6% del África subsahariana y el 8% de otras regiones. La cifra de niñas se estima en un 14% (Quiroga y cols., 2009). Estos datos hablan de un reto pero no de una avalancha.

El objetivo y la metodología

Mi trabajo de investigación comprendió diversas técnicas de recogida de datos que me permitieron tener una visión muy compleja de la realidad del fenómeno migratorio de estos menores. Dada la amplitud decidí acotar el enfoque sólo a las migraciones de varones marroquíes. Uno de mis objetivos era indagar en la propia relación entre las políticas (migratorias y de protección de la infancia, con sus correspondientes dispositivos) y los sujetos, incluyendo sus estrategias, sus redes y sus deseos. Si bien este abordaje dio paso a numerosas cuestiones, que fueron tratadas en mi tesis doctoral (como la política migratoria, las relaciones internacionales bilaterales, la cooperación para el desarrollo e incluso los procesos de privatización de los servicios de atención a la infancia en el marco de un Estado de Bienestar en crisis y de una racionalidad neoliberal en España), en este artículo sólo presentaré una cuestión que me parece que debería ser analizada con mayor detenimiento: el juego de alienación/separación respecto de las estructuras (Lacan, 1978), que opera en las decisiones de muchos de estos chicos y que sienta las bases para la construcción de sus identidades en un contexto enteramente transnacional.

Para arribar a este “objeto” de estudio, he utilizado una triangulación de técnicas cuyo vehículo han sido las historias de vida, construidas a partir de los relatos de los chicos y completadas con los relatos de sus educadores y familiares (tanto en España como en Marruecos), fuentes documentales (expedientes de tutela, documentación o informes médicos) y la notas de campo recogidas con la técnica de la observación participante. La construcción de estas historias se ha hecho durante un período de siete años en algunos casos, que posteriormente a la presentación de la tesis doctoral se ha ampliado a otros siete por la relación personal que mantengo con algunos de ellos. La perspectiva diacrónica me ha permitido obtener conclusiones que han podido ser contrastadas a través del intercambio con otros/as investigadores/as y profesionales de la intervención, así como con chicos ex tutelados. A continuación presentaré un resumen de cuatro de las historias analizadas⁹.

Las historias, los protagonistas

Yussef es de Tánger, tiene madre, padre y es el tercero de seis hermanos. El hermano mayor vive en Barcelona, trabaja, está casado y tiene un hijo. El hermano que le sigue trabaja en un taller mecánico sin contrato laboral en Tánger. El padre está prácticamente ciego y la madre limpia en algunas casas de familias pudientes. Tienen una casa en un barrio tradicional de la ciudad, de ladrillo, que cuenta con agua potable y electricidad. Tanto la madre como sus hermanos mayores contribuyen económicamente en el hogar. Yussef era un niño muy inteligente pero no le gusta estudiar. Su padre le exigió que se pusiera a trabajar y tuvo experiencias laborales en Marruecos cuando tenía 13 años. Según sus palabras, la autoridad del padre, remarcada con continuas palizas y su deseo de tener dinero para sus propias necesidades (fumar, salir con chicas) motivaron que se fuera de casa. Su madre intuía que esto pasaría algún día y no lo impidió, para ella Yussef era muy inteligente y “sabría qué hacer”. No le fue fácil cruzar el Estrecho. Permaneció mucho tiempo en las calles de Tánger y en el puerto, tuvo intentos fallidos y vio morir a un niño en el intento. Después de meses logró introducirse en la caja de un cambión y acabó en Algeciras, desde donde se dirigió a Madrid con dinero que conseguía pidiendo en la calle. Yussef no quería establecer contacto con su hermano en Barcelona. En Madrid se dirigió directamente a la policía, que lo trasladó a un Centro de Primera Acogida. De allí lo derivaron a otro, pero sus conductas de desacato a la autoridad hicieron que viviera dos traslados más. Acabó en un piso tutelado, en el que convivía con otros cinco chicos marroquíes y un educador por cada turno. Desde este recurso, los chicos iban a la escuela reglada hasta los 16 años y posteriormente podían optar por una formación profesional en programas con prácticas en empresas. Yussef había consumido pegamento durante gran parte de su trayectoria migratoria y fumaba continuamente. A esto se sumaba que no quería estudiar ni aprender un oficio, sólo quería trabajar. No se concentraba y tenía conductas contestatarias. Esto motivó que lo derivaran a salud mental, donde un psiquiatra lo medicó con risperidona y clonazepan, que cursaban en ocasiones con la ingesta de pegamento. Pese a todo y gracias al empeño de sus educadores, Yussef logró finalizar una formación en hostelería y realizó prácticas en un restaurante. A escasos días de tener que dejar el piso porque cumplía los 18 años, sustrajo unos zumos del almacén del restaurante donde hacía sus prácticas (porque quería llevarlos a un partido de fútbol que tenía con sus amigos a la salida), siendo captado por las cámaras de vídeo. Esta situación motivó su despido. Yussef volvió a esnifar pegamento. En el momento de abandonar el piso, los educadores le ofrecieron dinero para que viaje a Barcelona a estar con su hermano, pero Yussef decidió quedarse en Madrid viviendo en la calle. Un día lo denunciaron por robo con amenaza de arma blanca e ingresó en prisión preventiva. La jueza lo dejó en libertad considerando que era el primer hecho delictivo que cometía y porque Yussef era un excelente defensor de sí mismo. Al salir de la prisión se dirigió a Barcelona para vivir con su hermano, quien ejerció un control férreo sobre Yussef y le consiguió un trabajo en una fábrica de muebles. Cuando lo visité por última vez, Yussef tenía coche, que había comprado con su salario y vivía en un piso compartido con otros jóvenes, cerca de la casa de su hermano.

Nourdin y Mahmud son hermanos gemelos y los más pequeños de una familia compuesta por cinco hijos e hijas. El padre está desempleado, aunque en el período de Ramadán se dedica a la matanza de corderos. La madre es ama de casa y de vez en cuando trabaja por horas como empleada de hogar. Quienes sostienen el hogar económicamente son los hermanos mayores, dos varones y una mujer, que trabajan en sectores sumergidos. Nourdin abandonó la escuela desde muy pequeño y prácticamente era analfabeto; su hermano gemelo finalizó la primaria. La familia vivía en un barrio de Casablanca, que antiguamente era un pueblo pero que ha quedado anexado a la ciudad por el crecimiento exponencial derivado del éxodo rural. De hecho, esta familia procede del campo. Los gemelos decidieron irse de su casa a buscar suerte en España cuando tenían 15 años. Primero lo hizo Nourdin y seis meses después Mahmud. Su trayectoria migratoria es larga geográfica y temporalmente, comprendiendo la llegada a pié o haciendo autostop hasta Tánger. Ninguno ha consumido pegamento durante este trayecto. Nourdin recaló en Madrid donde fue interceptado por la policía y posteriormente llevado a un Centro de Primera Acogida, desde donde se le derivó a un piso tutelado para convivir junto a otros seis chicos marroquíes y los educadores. Mahmud tuvo una trayectoria más sinuosa, fue llevado a un centro de menores en Algeciras, luego trasladado a Granada, desde donde se fuga y viaja hasta Madrid, quiere estar cerca de su hermano. Sin embargo, ninguno informará a la administración española encargada de su tutela que tiene un hermano también tutelado. Ambos dan un nombre falso y permanecen en centros diferentes (es preciso aclarar que son idénticos físicamente). En el año 2003, se enuncia en la prensa que los menores no acompañados serán repatriados a sus países de origen. Mahmud se asusta y se fuga de su centro. Se dirige a la estación de autobuses y con la escasa paga que le daban semanalmente se compra un billete. Su intención es ir a Barcelona, pero no sabe cómo acaba en Albacete, una ciudad de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. Mahmud duda si acudir a la policía, así que decide vivir unos días en la calle pidiendo dinero a sus compatriotas, pero es localizado por un educador que le ofrece ir a un centro asegurándole que lo ayudará y que en todo caso, en esa ciudad no se estaban llevando a cabo las repatriaciones. Mahmud accede. En este nuevo centro obtiene el permiso de residencia, se forma en la hostelería y consigue su primer trabajo en un kebab de propiedad de un español. A los 18 años se emancipa, se enamora y con su novia alquilan una habitación en un piso compartido. Al cabo de un año, ambos alquilan un piso para ellos solos. Nourdin no corrió la misma suerte. Ante el anuncio de las repatriaciones, decidió permanecer en Madrid. Entre los chicos marroquíes corría la información de que no se estaban llevando a cabo realmente. Sin embargo, una madrugada de 2003, la policía irrumpió en el piso donde vivía, lo sacó de la cama a él y a otro chico ante la mirada atónita del educador que no imaginaba que pudiera ser verdad (nadie le había informado a pesar de que existía una orden de allanamiento). Los chicos fueron trasladados al aeropuerto. Les subieron a un avión acompañados de un policía cada uno. El avión aterrizó en Tánger. Al llegar los policías españoles entregaron a ambos chicos a la policía marroquí violando las estipulaciones legales respecto a este procedimiento. La policía marroquí les tuvo dos noches en un calabozo y les propinaron palizas, posteriormente les soltaron a la calle. Nourdin decidió no regresar a Casablanca, además no tenía medios, así que se dirigió al puerto de Tánger a intentar un nuevo cruce del Estrecho. Frustrado, con miedo, hambre y desesperación, Nourdin comenzó a consumir pegamento. Su nuevo cruce del Estrecho fue difícil y doloroso, sufrió palizas de los policías, se cayó de uno de los camiones golpeándose duramente la espalda, pero no desistió. Consiguió llegar a España, pero para entonces ya estaba a punto de cumplir los 18 años así que en lugar de dirigirse nuevamente al sistema de protección, decidió permanecer en la calle. Tampoco fue a pedir ayuda a su hermano, porque éste aún se encontraba tutelado y no quería perjudicar su proceso. Nourdin pasó por varias ciudades de España y recaló nuevamente en Madrid. Allí encontró un grupo de jóvenes marroquíes que vivía en la calle a los que se unió. Se dedicaban a robar móviles y venderlos para sobrevivir. En una ocasión fue localizado por la policía y una pareja española testificó en su contra. Acabó cumpliendo seis años de condena en un centro penitenciario. Como no se tenía constancia de su anterior paso por el sistema de tutela ni de que tuviera un hermano, Nourdin fue trasladado a una cárcel a más de 200 kilómetros de Madrid, lo que dificultó que las personas que le conocíamos e incluso su hermano lo pudiéramos visitar. Nourdin tuvo varios informes favorables en la prisión por su conducta colaboradora. Limpiaba, estudiaba y no presentaba problemas de convivencia. Yo me puse en contacto con el abogado de oficio que llevaba su caso y conjuntamente elaboramos una petición para que le concedieran el tercer grado y saliera dos años antes aunque con controles mensuales. En Madrid le conseguimos un trabajo en la economía sumergida porque a pesar de que Nourdin llevaba ya en torno a ocho años fuera de su casa y a seis en España, no contaba con el permiso de residencia. A esto se sumaba que tenía antecedentes penales, que iban a obstaculizar su futura regularización, al menos hasta que los delitos de los que se le había acusado prescribieran (lo cual sucedería en cuatro años más). Pese a esta precaria situación, Nourdin trabajó como cuidador de personas mayores, obtuvo una formación como auxiliar de geriatría, sigue trabajando en el sector y actualmente está casado con una chica española.

Nabil es el primogénito de seis hermanas y hermanos. El padre es mayor y no goza de buena salud, se dedica al comercio de aceitunas del campo a la ciudad. La madre es joven y es ama de casa. El padre suele permanecer varios días fuera de casa, pero cuando está presente mantiene una autoridad férrea hacia sus hijos, a los que suele pegar. También ha presentado conductas de malos tratos hacia su mujer, que Nabil vivía con angustia y desesperación. El hogar familiar está situado en poblado chabolista de reciente construcción en las afueras de Tánger, sin agua corriente y sin luz. Cerca de allí pasa un canal donde los vecinos arrojan sus basuras, que además de ser peligroso para los niños por la pendiente, presenta condiciones de insalubridad. Los niños estudiaban en una madrasa musulmana donde les enseñaban a leer y escribir en árabe a través del Corán. La familia se había trasladado del campo a vivir en este barrio hacía unos años atrás. El trayecto migratorio de Nabil fue relativamente fácil y rápido. Durante una discusión fuerte entre su padre y su madre, en medio de la cual el padre estuvo a punto de pegarle, Nabil se interpuso y terminó siendo él golpeado. Inmediatamente después Nabil abandonó el hogar y se dirigió al puerto de Tánger desde donde al cabo de dos días partió debajo de un camión rumbo a España. Contaba con 14 años. Pasó por varios centros de menores en Andalucía, pero él quería llegar a Barcelona. Su deseo no se hizo realidad porque fue localizado por la policía en Madrid, que lo trasladó al Centro de Primera Acogida y desde allí a un piso de tutela. Nabil sufría episodios de epilepsia que no había experimentado antes en Marruecos. Se caía al suelo, balbuceaba, se golpeaba y parecía estar inconsciente. Se le derivó a salud mental en el municipio donde vivía y se le mantuvo medicado casi un año (Risperdal 3 mg, Rivotril 2 mg, Noctamid, Akineton y Tranxilium 5 mg). La medicación producía en Nabil un efecto somnoliento que no le permitía concentrarse ni prestar atención. No rendía en la escuela. Los episodios de Nabil eran más agudos cuando hablaba con su madre. Los educadores permitían a algunos de los chicos hablar con sus familiares por teléfono y por lo visto, la presión sobre la situación en la que quedaba su familia en Marruecos estaba en la base de sus episodios que probablemente no fueran estrictamente epilépticos sino histéricos (notas de mi propia observación como psicóloga). Con el apoyo de los educadores conseguí trabajar conjuntamente con la psiquiatra y le solicité una reducción paulatina de la medicación hasta su total cese. Nabil mostró evidencias de una mejora rápida, alentada también por el hecho de que había aprendido a hablar el castellano y estaba empezando a comunicar sus temores y frustraciones. A partir de esta información se planteó un plan de intervención individualizado que apuntó a: un acompañamiento emocional, apoyo escolar para que finalizara sus estudios y una posterior inserción en la formación profesional. Nabil salió del piso de tutela con el permiso de residencia concedido y un trabajo en una fábrica de plásticos, lo que le permitió cumplir su sueño de enviar dinero a su madre. No volvió a tener episodios epilépticos. A los dos años de vivir compartiendo piso con otros chicos, decidió que era hora de casarse. Pidió a su padre y a su madre que le concertaran una boda con una chica marroquí. Viajó a Marruecos y se casó sin conocerla previamente. Reagrupó a su esposa y tuvo dos hijas. Actualmente ha solicitado un crédito hipotecario para comprar un piso en Madrid. La crisis económica de España le afectó laboralmente, pero después de unos años de precariedad logró sostener a su familia nuclear y también a la extensa en Marruecos. A esto contribuyó que su esposa también tuvo que buscar empleo en España.

Discusión

La política de extranjería se concreta en prácticas securitarias (Silveira, 2002) que coloca las fronteras de Europa no ya en España o el Mediterráneo, sino en los países del Norte de África. Debido al control de los flujos migratorios, no tanto por su número sino porque entran de lleno en la agenda política de los Estados para sus relaciones bilaterales, las familias del sur se ven obligadas a diversificar sus estrategias para tener miembros en el norte. La migración de menores de 18 años, ha sido una de estas estrategias, ya que en el año 1996 se aprueba la Ley de Protección de los Menores en España (Adroher, 1998; Suárez, 2006), que posibilita la protección de todas las personas menores de 18 años en igualdad de condiciones, independientemente de su condición de extranjeras.

La Ley de Protección de los Menores en España responde a las pretensiones universalistas de la Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1989, que propugna un sujeto activo de derechos menor de 18 años. Sin embargo, esta concepción de la niñez da cuenta de enormes contradicciones en la práctica: por un lado, construye discursivamente un sujeto activo de derechos, pero por otro, existen muchas formas de intervención que limitan la capacidad de los niños y las niñas para decidir sobre sus propias vidas. Estas prácticas son avaladas por saberes científicos tales como la pedagogía, la psicología o la psiquiatría, que a través de la clasificación, determinan quienes de entre ellos son aptos o quienes intratables. La contradicción patente entre discurso y práctica en la protección de la infancia en el mundo occidental, supone un despotismo ilustrado que implica el “todo por los niños pero sin los niños”.

Sin embargo, la regulación de una determinada concepción de la infancia en el mundo occidental es precisamente la que posibilita que algunos niños se sientan identificados con esta interpelación. Y esto en un doble sentido. En primer lugar, el desarrollo del derecho del menor en el siglo XX ha supuesto la contundente limitación del poder absoluto del padre, cabeza de familia, haciendo aparecer al Estado como el garante de los derechos dentro del ámbito privado del hogar. Como se ha mostrado en las historias, la autoridad paterna en los países islámicos persiste y de forma contundente, sin embargo, está siendo cuestionada por el menoscabo de su rol de sustentador familiar debido a la crisis del empleo masculino y al incentivo del empleo femenino derivado de las deslocalizaciones de las empresas europeas (Rivas, 2005). Es en este sentido en que propongo que la migración de menores de 18 años sea leída como su intento de inserción en sistemas de bienestar en los que el poder paterno está limitado y el Estado (en este caso, el español) asume responsabilidades de protección. Se trata de un movimiento de fuga, entendida como una estrategia que pretende conjugar a las instituciones de reproducción social (familia y Estado) pero a un nivel transnacional. El problema es que, en España, el Estado no ha terminado de asumir enteramente estas responsabilidades (Rodríguez Cabrero, 2004). La universalidad en la protección de la infancia queda en entredicho cuando los menores no acompañados entran en su mayoría a programas específicos de intervención (para menores no acompañados) en los que se complica, entre otras cuestiones, la integración en la sociedad. En segundo lugar, la concepción de niñez (nunca unívoca) de occidente, si bien no agota a sus referentes (todos los niños y las niñas del mundo), permite a los menores extranjeros quedarse en Europa aunque muchos no se sientan niños. En otras palabras, algunos jóvenes marroquíes responden a esta interpelación en la medida en que les favorece. Ahora bien, para completar el proceso de interpelación, los jóvenes deben performarse como menores y en este sentido, se ven infantilizados.

El silencio administrativo en torno al futuro de estos chicos genera conductas en ellos que son leídas como inadaptaciones: no se entiende que pese al esfuerzo en crear programas específicos, ellos no se “adapten”. De este modo, se idean fórmulas de disciplinamiento y control (De Giorgi, 2006), como la amenaza de las repatriaciones, la arbitrariedad en la concesión de los permisos de residencia o la dilación de los procedimientos que hacen que muchos cumplan los 18 años sin estar regularizados y pese a haber estado tutelados más de dos años. Estas técnicas obligan a los menores a idear, a su vez, nuevas estrategias de resistencia: fuga de los centros, desobediencia, itinerancia, vida en la calle, aprovechamiento de los recursos públicos, construcción de una identidad social y grupal… Sus comportamientos son observados como si fueran parte de “sus” características, cerrando el círculo de complementariedad entre saberes y prácticas que guían y justifican las políticas públicas específicas sobre ellos.

El análisis de las historias de vida me ha permitido comprobar la heterogeneidad de situaciones vitales y de trayectorias migratorias trazadas por los jóvenes marroquíes en su relación con las estructuras políticas, jurídicas y sociales. En primer lugar, no todos los jóvenes emigran, ni los que lo hacen, lo hacen por el mismo motivo. Como se ha visto en relación a los datos estadísticos no pueden considerarse una avalancha. Las historias me ayudan a demostrar los diferentes grados de apoyo por parte de la familia respecto a sus proyectos migratorios, así como diversas lealtades tanto en origen como en destino (con la familia, con los amigos, con los educadores).

Teniendo en cuenta esta heterogeneidad de trayectorias trazadas por múltiples identificaciones (aceptaciones de las interpelaciones), lo cierto es que todos han procurado buscar mecanismos de compensación en relación a su infraciudadanía impuesta. El resultado suele ser una trayectoria vital que conjuga dos importantes aparatos de reproducción: la familia y el Estado, a un nivel transnacional. Estos dos sistemas de reproducción movilizan lógicas diferentes. La familia (al igual que la red migratoria) se rige fundamentalmente por la lógica del don/contradon (Mauss, 2009). Mientras que el Estado de Bienestar, en su vertiente de protector de la infancia, se rige por una lógica que hace primar el examen, la clasificación y la jerarquización y, por tanto, la competitividad (Foucault, 1989 y 1990). Para “ganar” dentro de esta última lógica, muchas veces los menores tienen que trazar trayectorias individualistas incompatibles con las responsabilidades familiares y sociales. La tensión subjetiva, entonces, también se traduce en un vaivén entre el deseo de individualización (Beck, Giddens y Lash, 1997) y la necesidad de reconocimiento sociofamiliar. Tensión que, por otra parte, nunca se resuelve, llegando, en algunos casos, a “encarnarse” en forma de síntomas psicosomáticos, uso de pegamento, relaciones ambivalentes con la autoridad, hetero o autoagresividad, etcétera. En muchos casos, estos comportamientos, así como aquellos que son fruto de sus propias estrategias de supervivencia frente a los obstáculos estructurales (tales como la itinerancia para no ser repatriados, las fugas o la instrumentalización de los recursos) son vistos por parte de los agentes de intervención, como comportamientos de inadaptación social o “shock cultural”, personalizándose y, algunas veces, psiquiatrizándose. En ningún caso, se lee en ellos la presencia de la agencia de los menores o el papel excluyente de los aparatos de intervención que definen grados subalternos de ciudadanía para éstos.

Reflexiones finales

Del abordaje de las historias de vida sobresalen muchos aspectos que no pueden ser tratados en este texto. Tal vez lo más destacable es la potencialidad de las historias de vida para dar cuenta de la particular relación entre sujeto y estructura. Partiendo de la perspectiva de que las estructuras son inconclusas y ambivalentes, el sujeto aparece ahí donde éstas presentan grietas tejiendo una narrativa entre diferentes sistemas de reproducción (por ejemplo la familia y el Estado). En el caso de los menores que migran solos, esta narrativa se construye en un marco transnacional con el Estrecho de Gibraltar como rito de paso.

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Notas