La configuración fundiaria de la provincia de Misiones

Según fuentes oficiales provenientes de la Subsecretaría de Tierras de la provincia de Misiones, la superficie provincial con problemas de ocupación irregular, consolidados en el tiempo y el territorio, superarían las 150.000 Ha, esto equivale a más 7,3 % de la superficie destinada a la producción en la provincia localizadas principalmente en los departamentos de San Pedro, General Manuel Belgrano, Guaraní, área bajo estudio de esta investigación. Sin embargo, la problemática de la tierra en esta región, debe ser enmarcada en un proceso de larga duración que comienza a finales del siglo XIX, poco antes de la federalización del espacio político administrativo que actualmente conocemos como Misiones.

El 22 de diciembre de 1881, el Estado nacional le otorgó el rango de Territorio Nacional de Misiones a los territorios que habían pertenecido a la antigua provincia guaranítica y se encontraban desde 1870 bajo jurisdicción del gobierno correntino. Desde ese momento, el Territorio estuvo conformado por grandes latifundios privados, que en muchos casos quedaron sujetos a la venta de más de dos millones de hectáreas que el gobierno correntino ejecutó en junio de 1881.

Con la mensura del espacio cedido, las autoridades territorianas comprobaron “la existencia de una franja central de tierra disponible de menor aptitud agrícola, en la que se desarrolló la gestión pública del poblamiento” (Schiavoni, Gallero, 2017: 78). Sobre estos terrenos, el nuevo gobernador, Rudecindo Roca, puso en marcha una política de promoción de tierras para la colonización según lo establecido por la Ley Avellaneda -de Inmigración y Colonización-, promulgada en octubre de 1876 y la Ley de Venta de Tierras y División de los Territorios Nacionales, N.º 1.265 del año en curso y propició con ello el arribo de inmigrantes europeos a quienes se les garantizó el acceso a la tierra.

La instrumentación de estas legislaciones, posibilitaron la promoción conjunta de inmigración y colonización, entendida esta última como una ocupación planificada donde “el Estado administra los terrenos, ubica los colonos y fomenta las colonias nacionales” (Gallero, Krautstofl, 2009: 248); es así que la inmigración europea -pero también el flujo poblacional fronterizo con Paraguay y Brasil-, favorecieron “la expansión de la frontera agrícola instalando un modelo de distribución de la tierra basado en pequeñas explotaciones” (Kostlin, 2010: 5). Como resultado, hacia 1897, arribaron al sur de Misiones los primeros inmigrantes de origen galizianos y ocuparon los terrenos de la antigua reducción jesuítica de Apóstoles. Recién en este momento se pudo encontrar una solución al problema de las tierras de propiedad correntina, pues se acordó la caducidad de los derechos de los beneficiarios que no hubieran mensurado sus predios antes de 1894.

Una vez en estos territorios, el Estado les otorgó un mínimo de “25 Ha y hasta un máximo legal de 100 Ha, de acuerdo con el tamaño del grupo familiar” (Bartolomé, 1975: 16) para ser dedicadas al cultivo de yerba mate, “vía tradicional de constitución de los colonos y de su acceso a la tierra” (Rodríguez, 2015:45). Esto significó el comienzo de la colonización oficial de tierras públicas. En el nordeste, sin embargo, la expansión territorial llevada a cabo a partir de 1920, posibilitó la intervención del capital en la rama forestal bajo la forma de colonización de tierras particulares, impulsada por empresas extranjeras que extraían “recursos de los yerbales naturales y deforestaban el monte para hacer uso de la madera” (Ramirez, 2017: 32).

A su vez, con la expansión del área sembrada hacia finales de la década de 1930, casi la totalidad de las tierras fiscales fueron destinadas para la extensión de los nuevos cultivos. De esta manera, por medio de la compra y administración de terrenos, empresarios particulares estructuraron proyectos sin gerenciar la tierra pública como establecía la legislación oficial (Gallero; Krautstofl, 2009: 252), por lo que ambas formas de colonización coexistieron aproximadamente hasta 1935. En consonancia con lo dicho hasta el momento, se observa que, con la implementación de políticas estatales en el sur y centro de la provincia, o a partir de emprendimientos privados en el norte, la ocupación del espacio misionero se realizó a partir de diferentes procesos de mercantilización de la tierra que comenzaron a fines del siglo XIX y se desarrollaron a lo largo del siglo XX, junto con la expansión de diferentes explotaciones agrarias.

Cabe mencionar que durante los últimos cincuenta años las actividades agropecuarias experimentaron ciertas transformaciones en los procesos de trabajo, las cuales impactaron de forma diferencial en las relaciones de producción y por consiguiente en los sujetos que intervienen en la producción del sector agrícola. En el nordeste de Misiones, por caso, esto significó el aumento de la escala productiva de la forestoindustria, sobre la base de una creciente concentración de la tierra en manos privadas a expensas de la desaparición de pequeñas chacras y el consecuente empobrecimiento de fracciones de población rural que actualmente se encuentran subordinados a la producción de tabaco o a cultivos de subsistencia y a la realización de trabajos como asalariados temporarios en distintos rubros productivos del agro (Chifarelli, 2009: 31).

Conviene subrayar que, en todo este proceso, la participación del Estado fue necesaria, tanto para garantizar la llegada de inmigrantes, como para negociar los precios de las parcelas que fueron vendidas a las compañías privadas dedicadas a la explotación del monte nativo. En este punto, se debe agregar también, que el negocio forestal a principios de siglo XIX impulsó la colonización privada y garantizó además la fuerza de trabajo necesaria para la actividad extractivista en el nordeste; mientras que en el sur y centro de provincia promovió la extensión de cultivos agroindustriales durante el siglo XX; lo que finalmente propició el régimen de tenencia de la tierra y provocó un raudal de problemas económicos, políticos y sociales que impactaron fundamentalmente en la zona del Alto Paraná misionero, donde hacia 1980, se desató un proceso conflictivo ante el avance de la ocupación espontánea de terrenos que habían sido dedicados a la actividad forestal, que a consecuencia de la crisis momentánea en esta rama, fueron abandonados a mediados de 1970.

Es así que, siguiendo lo planteado por Schiavoni y Gallero (2017), sostenemos que la configuración fundiaria de Misiones es la resultante de diversos factores que incidieron en su constitución: a) la política estatal de distribución de tierra; b) el desempeño de las empresas de colonización y explotación de monte nativo; y c) la ocupación no planificada de extensiones fiscales y privadas (Schiavoni; Gallero, 2017: 78); de donde resulta que en estos territorios los conflictos territoriales tienen raíces históricas.

El encuadre teórico-metodológico

Antes de continuar, resulta pertinente exponer los elementos teóricos que nos permitirán caracterizar a los dos fenómenos que ocupan el desarrollo de este articulo: los conflictos territoriales y la ocupación espontánea.

Aquí partimos de suponer que los conflictos, en términos generales, resultan inherentes a todas las sociedades clasistas y los definimos como el “conjunto de relaciones sociales dialécticas que expresan diferentes tipos y grados de conflictividad” (Graciosi, et. al., 2018: 118). En esta línea, los conflictos socialesse presentan como el prisma que posibilita caracterizar a los problemas de una sociedad determinada, por ello sostenemos que su estudio da cuenta de la materialidad de los procesos históricos, por cuanto estos expresan el desarrollo de la lucha de clases y, por consiguiente, la agudeza de la contradicción entre capital y trabajo, basamento sobre el que se alza el modo de producción específicamente capitalista. Sin embargo, consideramos que no debe perderse de vista que en las últimas décadas, los cambios en las estrategias de producción, en las formas de organización del trabajo, en las tecnologías de comunicación e información y en las perspectivas político-culturales e ideológicas han diversificado las formas de conflictividad, multiplicando sus expresiones (Galafassi; Puricelli, 2017:7); aunque, el antagonismo, la explotación y la contradicción, continúan estando en la base de las relaciones sociales de la modernidad.

En líneas generales, la bibliografía reseñada coincide en que, a partir de 1990, proliferaron los conflictos sociales en ámbitos rurales, propiciando “el surgimiento de movimientos, conflictos y demandas vinculadas con la apropiación y uso de los recursos del territorio” (Manzanal; Arzeno, 2010: 198). En el caso particular de Misiones, más precisamente en el área rural emplazada en el nordeste de la provincia, la mayor parte de los conflictos fueron ocasionados por la ocupación de terrenos privados abandonados por la actividad forestal y enfrentaron a empresarios de esta rama con población rural empobrecida por el usufructo de la tierra. Cabe aclarar que, en un primer momento, el proceso de ocupación de los terrenos privados se gestó sin mayores objeciones por parte de los propietarios absentistas, situación que se mantuvo constante hasta la reactivación de la industria foresto-industrial hacia 1995.

La incorporación de capital extranjero en la rama puso en marcha la reapertura de la actividad extractiva en la zona, acompañada de un proceso represivo contra la población ocupante que significó, en un primer momento, daños materiales contra sus viviendas y cultivos y posteriormente, desalojos forzados y detenciones arbitrarias. En este contexto nos parece pertinente adoptar la categoría analítica de conflictos territoriales, para definir a las disputas que se hacen públicas entre distintos actores por recursos o condiciones de producción y seguridad ambiental en torno a la tierra, el agua, la minería, la biodiversidad, la infraestructura (Manzanal, et. al, 2011).

Hasta aquí expusimos algunas consideraciones acerca de las definiciones de conflicto y conflictividad. A continuación, vamos a realizar una segunda distinción conceptual entre dos definiciones que aparecen mencionadas habitualmente en la bibliografía especializada: ocupación no planificada y ocupación espontánea de terrenos. En ambos casos la ausencia de una planificación previa es una característica sobresaliente. No obstante, para evitar equívocos vamos a definir a la ocupación no planificada como una estructura de larga duración en la región, que incluso supo contraponerse a las instrucciones dadas a los agrimensores por el Estado nacional durante la etapa de colonización pública, generando conflictos entre las mediciones locales puestas en marcha por los propios pobladores durante la etapa del Territorio (Schiavoni, 2016: 49).

La ocupación espontánea, sin embargo, es una consecuencia relativamente reciente que involucra varios factores socioeconómicos (agotamiento de la frontera agrícola, empobrecimiento de los pequeños productores, incorporación de tierras a procesos agroindustriales, etc.) los cuales desde mediados de 1970 obligaron a familias de pequeños productores del sur y centro de la provincia a avanzar sobre terrenos dedicados a la explotación maderera en la zona del Alto Paraná.

Finalmente nos parece importante señalar que para de la perspectiva que adoptamos en este trabajo, los conflictos territoriales se encuentran ceñidos de modo general por la articulación naturaleza y sociedad, relación dialéctica, compleja e indirecta construida en base a “contradicciones y fenómenos entrelazados en una sucesión histórica que hacen surgir lo nuevo en una sucesión en espiral retroalimentando las condiciones de origen y causación de los procesos” (Galafassi, 2019: 28).

De este conjunto de razonamientos sobre nuestra unidad de análisis, surge el planteo hipotético, acerca de que los conflictos territoriales desatados por la ocupación espontánea de terrenos privados en el nordeste de la provincia de Misiones, son la resultante de una serie de fenómenos contradictorios que se sucedieron entre 1920 -momento inicial de la fundación de colonias en la zona- y 1995, cuando las transformaciones en la estructura social agraria profundizaron las desigualdades socioeconómicas en la región.

Con el propósito de cotejar esta hipótesis con el material empírico recolectado en distintas experiencias en campo³, en este artículo tomaremos como estudio de caso lo sucedido en las propiedades pertenecientes a dos de las compañías forestales: Colonizadora Misionera S.A. y la Intercontinental Compañía Maderera S.A.

Desde el punto de vista metodológico, creemos que para dar cuenta de las distintas formas que asumió la conflictividad, es necesaria la descripción de los aspectos particulares de nuestro objeto de, pero también un conocimiento de su funcionamiento, surgimiento, modo de existencia y desarrollo (Samaja, 1999: 31). En esta línea, buscamos que las determinaciones generales del conflicto puedan ser expresadas desde la especificidad de las relaciones sociales propias del modo de producción capitalista y no ya desde la ambigüedad que considera a los mismos como la resultante de un proceso complejo y multiforme en el que sectores campesinos subsisten en economías capitalistas plenamente desarrolladas (Schiavoni, 2008). Por este motivo, hemos decidido realizar un trabajo descriptivo que aborda de forma diacrónica los enfrentamientos entre sujetos subalternos, en este caso pequeños productores pauperizados, con el poder hegemónico, en una disputa aun abierta que ya lleva más de dos décadas sin poder resolverse.

La materialidad del conflicto por la tierra

a. La articulación naturaleza-sociedad

Esta relación se nutre de la dialéctica existente entre acción humana y proceso social y encuentra en la concatenación histórica los argumentos necesarios para dar cuenta tanto del origen como de las causas de los conflictos emergentes en las sociedades de clases. De ahí que trazar una trayectoria histórica de los conflictos por la tierra en el nordeste de Misiones, por un lado, nos permitirá conocer cuáles son los factores que desencadenaron la conflictividad y por otro, dimensionar el accionar de las fuerzas sociales (población rural ocupante, Compañías Forestales y Estado) que intervinieron en el proceso, sin perder de vista la forma específica en que se organiza la producción bajo el capitalismo.

Sobre esta base teórica, hemos de considerar los tres modos históricos de apropiación de la tierra vinculados a explotaciones agrícolas en Misiones: la colonización de tierras públicas, la colonización de tierras particulares y la que definimos como ocupación espontánea de terrenos privados, a la cual le corresponde una manera particular de explotación del territorio, al que definimos como un entramado de relaciones sociales complejas y contradictorias que se profundizan a través de sus contenidos materiales y a partir de aquellos que se encuentran en el plano de lo simbólico (Manzanal; 2011: 11; Galafassi, 2019: 41), en contraposición al propuesto por el modelo del agronegocio foresto industrial.

Posiblemente, por el nivel de complejidad, y lo prolongado de su desarrollo, las disputas generadas por la ocupación espontánea de terrenos en el Alto Paraná misionero, sean el punto más alto de la conflictividad en ámbitos rurales de la región. Por ello, y con el propósito de lograr exponer los factores que los originaron, en este apartado vamos a situar espacialmente a nuestro caso de investigación en dos propiedades privadas: la Intercontinental Compañía Maderera S.A. (actualmente Puente Alto S.A), ubicada en el Departamento General Manuel Belgrano y Empresa Colonizadora Misionera S.A. emplazada en el Departamento San Pedro.

Figura I
Propiedades privadas ubicadas en el nordeste de la Provincia de Misiones
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos por el Censo de Ocupantes de Tierras (2004).

Mientras la actividad extractivista estuvo vigente, las compañías forestales garantizaron la fuerza de trabajo necesaria para realizar las tareas que requería el desmonte. Por este motivo, le permitieron a los obreros y sus familias montar unidades familiares en alguna parte de sus terrenos; creemos que para evitar los costos que implican los traslados y para contar con mano de obra disponible de forma constante. A partir de 1985, la crisis por la que atravesaba la economía nacional “puso fin a los créditos fiscales para la forestación” (Ramirez, 2017: 36) impidiendo que las empresas tuvieran la posibilidad de hacer frente a la recesión.

En este contexto, tanto la Colonizadora Misionera S.A. como la Intercontinental Compañía Maderera S.A. se declararon en quiebra y abandonaron alrededor de 65.000 Ha. que habían sido dedicadas a la explotación maderera desde la etapa de colonización de tierras privadas (1920): “La empresa quiebra y nosotros quedamos, porque había casas para las familias” (Productor ocupante de La Colonizadora, Km. 90, septiembre de 2015). Como puede verse, esta situación se representó como una posibilidad de acceso a la tierra para aquellos productores que habían sido despedidos de la actividad forestal, pero también para aquellos que debido al agotamiento de la frontera agraria se habían quedado sin terrenos para el cultivo. “Mi marido me dijo: 'yo hablé con el encargado y me dijo que estaban entrando gente y haciendo sus casas'; y entonces entramos también nosotros y en medio de dos asientos de agua hicimos nuestro primer campamento” (Productora ocupante de La Intercontinental, febrero de 2019). De esta manera, cientos de familias rurales se asentaron en los terrenos privados con el propósito de poner en marcha un proceso productivo que les permita garantizar la reproducción de sus condiciones de vida.

A su vez, procesos más recientes muestran otra forma de ocupación vinculada al cultivo de tabaco rubio Tipo Burley: “Polvorín, El Km. 90 y Santa Rosa, empezó a poblarse de tabacaleros en 2004 o 2005 más o menos. El espacio que ellos estaban ocupando era tierra de García” (Productor ocupante de la Intercontinental, Tres Vecinos, 2015). En otro lugar⁴ⁱ, analizamos concretamente la relación que existe entre ocupaciones de terrenos y producción tabacalera. A partir del análisis del Censo de Ocupantes de Tierras (COT), realizado en el año 2004, pudimos determinar que, de las 1.648 UD censadas en el área de estudio, el 33% (517 UD) se dedican a la producción tabacalera (Ramirez, 2015). En la mayoría de estos casos, se trata de familias provenientes del sur y centro de la provincia que avanzaron sobre los terrenos cuyos propietarios no se encontraban viviendo en la zona. Sea a través del asentamiento definitivo o del avance posterior sobre las tierras, las mismas fueron incorporadas a la pequeña producción agropecuaria, generando condiciones mínimas para que en la actualidad ya exista una tercera generación que habita y reclama la regularización de su situación dominial.

En base a lo dicho, estimamos que las pocas posibilidades de supervivencia con las que contaba esta población, sumada a la escasez de tierras para el cultivo, son los dos factores principales que explican la falta de planificación previa con las que fueron desarrolladas las ocupaciones: “la gente entró y empezó a usar más o menos según la necesidad que tenía. Si tenía una vaca y necesitaba 2 o 3 hectáreas, ocupaba […] así fue la ocupación” (Productor ocupante de la Colonizadora, Tres Vecinos, 2015). Así, el espontaneísmo individual y la necesidad de conseguir una parcela de tierra para vivir, incentivó a los agricultores y peones rurales a instalarse en los terrenos que encontraron disponible, sin que sus dimensiones reales les generen mayores inconvenientes, lo que expresa una concepción del espacio asociada más bien a su valor de uso que a su forma mercancía.

No obstante, esto no impidió la instrumentación de un mercado de tierras en la zona basado en lógicas informales y en transacciones entre “equivalentes”, determinadas según las necesidades de cada quien. Con este criterio, implementaron al menos dos formas de adquisición de terrenos: el brique, ejercicio de intercambio sin intervención del dinero sostenido sobre el binomio necesidad/beneficio entre aquellos que intervenían en la negociación; y la compra de mejoras, una forma de adquirir parcelas por medio de la oferta⁵.

b. Las experiencias organizativas de la población rural ocupante

Pese a estar asociado comúnmente el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de Brasil, las ocupaciones del nordeste de Misiones mantuvieron rasgos diferentes a las invasiones públicas y masivas realizadas por el MST. No obstante, la manipulación del sentido común, producto de las sucesivas operaciones mediáticas de la prensa abonó la idea de la existencia de una “legión de intrusos que tendría vinculación con el Movimiento de los Sin Tierra (MST)”, caracterizando a las ocupaciones como “un hecho de extrema gravedad registrado en la región misionera fronteriza con Brasil, en la que se verificó una invasión de tierras por parte de intrusos argentinos y extranjeros” (La Nación, 5/10/2002).

Si bien la referencia directa que tuvieron las organizaciones de productores ocupantes del nordeste de Misiones, fue el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MTS) de Brasil, del cual adoptaron conceptos como reforma agraria, ocupación, asentamiento, a diferencia del MST, en Misiones, la población ocupante buscó desde un primer momento la intervención del Estado en la disputa por la regularización de los terrenos que habitaban: “la solución del conflicto es que el Estado saque los libros de los cajones y mire que sería una reforma agraria” (Productor ocupante de la Colonizadora, Km 90, septiembre de 2015); y encontró en los cortes de ruta la herramienta con la cual conquistar esa demanda: “Yo dormía en la ruta. No rendía estar en la casa trabajando si de repente no tenías la seguridad que iba a ser dueño de la tierra trabajaba en la ruta haciendo piquetes” (Productor ocupante de la Colonizadora, Km. 80, 2019). Los cortes de ruta fueron la principal medida de acción directa adoptada por las organizaciones de ocupantes. Estas, lejos de ser arbitrarias o espontáneas, eran debatidas y consensuadas en asambleas. Además, aquí se diagramaba toda la logística: horarios, días, lugares y quienes oficiarían de voceros, junto con lo necesario para subsistir largas horas en el corte. Una de las primeras organizaciones en nuclear a la población ocupante fue Pastoral Social, espacio que se mantuvo vinculado a la iglesia católica a través de a la Diócesis de Iguazú, a cargo del Obispo Joaquín Piña.

La extensión de esta forma de lucha puso en vilo a los empresarios, que veían como “muy preocupante que las protestas espantaran a los inversores” (Página 12, 3/02/2003). Pronto, los cortes de ruta de los pequeños productores misioneros comenzaron a ocupar espacios en la prensa escrita: “La Diócesis de Puerto Iguazú promueve desde hace un tiempo la movilización de quienes se asentaron ilegalmente en terrenos fiscales o en propiedades privadas para conseguir la titularización” (El Territorio, 6/10/1997. Así mismo, los continuos cortes de la intersección de las rutas provinciales 20 y 17, consiguieron que la problemática de la tierra posicionara al Obispo Piña como el “que empujaba a los ocupantes con el argumento de que la tierra es sagrada, que Dios se las dio a ellos y que debe ser compartida” (Página 12, 03/02/2003).

En el fragor de la lucha, la relación entre los ocupantes y Pastoral Social prosperó y los pocos medios de difusión con los que contaban los productores de la zona hacían lo propio para elevar el nivel de la organización: “ponían avisos en la radio o venían hasta las chacras invitando a reuniones que se hacían en una iglesia en Pozo Azul y de ahí nosotros íbamos y hablábamos de que hacer” (Productor ocupante de la Intercontinental, Cruce Inter, febrero 2019). A medida que crecía la organización de los ocupantes, también se incrementaban las amenazas de desalojo por parte de las Empresas. Por este motivo, los productores decidieron ampliar sus vínculos y sumar a las ONG's y organizaciones territoriales que en ese momento trabajaban en la zona, pues consideraban que estos “contaban con los medios y los conocimientos necesarios para formular demandas y darle una posible solución al conflicto” (Otero, 2008: 75).

Con la intención de elevar aún más el proceso organizativo, en octubre de 1997 tuvo lugar el “I Encuentro por la Tierra” organizado por la Pastoral Social de la zona norte. Bajo el mismo propósito, en el año 2000, se llevó a cabo un segundo encuentro bajo el lema “El Jubileo de la Tierra”. Estos espacios funcionaron con la participación activa de cientos de pequeños productores y una decena de organizaciones sociales, las cuales exponían los argumentos que crían pertinentes para lograr visibilizar la problemática y gestionar las demandas más sentidas de los vecinos frente a las autoridades del Estado provincial.

Si bien el fomento de estos espacios por parte de la figura pública de Piña y su llamado a la acción directa, ubicó al conflicto en la agenda de los medios de comunicación, la falta de respuesta del Estado ante los pedidos formales de los ocupantes y el asedio constante de las empresas, puso en cuestión la autonomía de las organizaciones respecto de la iglesia, de modo que, durante el año 2000, un conjunto de productores ocupantes de la localidad de Pozo Azul, decidieron formar la Comisión Central de Tierras (CCT). Esta nueva organización adoptó las asambleas como espacio deliberativo, el cuerpo de delegados como forma de representación y los cortes de ruta como una alternativa de acción directa, para otorgarle definitivamente un carácter político al conflicto.

En un primer momento, la CCT logró nuclear a más de un centenar de productores. No obstante, el Estado provincial encontró en la legalidad una posibilidad para desarticular este proceso. De esta manera, para ser reconocida por las autoridades estatales como una organización de ocupantes con representación en las mesas de negociación, la CCT debía contar con un estatuto, un listado con una cantidad mínima de afiliados y un nombre que identificara a la organización como ONG. Este último punto generó una nueva controversia entre los productores y el Estado, puesto que este no reconoció como válida la denominación Comisión Central de Tierras de Pozo Azul, por considerar que se estaba poniendo en peligro la autoridad estadual al otorgarle la denominación de “central” a la ONG de productores, adjetivo al que asociaban con la noción de “centralización” de los recursos en manos de los productores.

Al margen de las diferencias existentes entre la Pastoral Social y la CCT, ambas organizaciones continuaron realizando actividades en conjunto hasta el año 2005, cuando a raíz de los desacuerdos en relación a la vinculación con instituciones del Estado y la constante influencia de la iglesia católica en la toma de decisiones, se produjo la ruptura definitiva. En este marco, el 21 de noviembre de ese mismo año la CCT consiguió la personería jurídica. Sin embargo, tal como figura en el Artículo 1 de su Estatuto, de ahora en adelante su denominación legal seria Asociación Civil de Comunidades Campesinas por el Trabajo Agrario (CCTA)⁶.

Durante los años siguientes, existieron varios intentos por parte de la Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación de impulsar nuevamente los Foros por la Tierra con el objetivo de obtener diagnóstico de la problemática social por la que atravesaba la población rural de la zona. No obstante, a diferencia de los anteriores encuentros, estos ya no estarían organizados bajo la dirección de los productores sino por el Estado a través de representantes locales y nacionales. Desde entonces, una parte de la primera CCT junto a otras organizaciones estatales continuaron vinculadas a la iglesia católica, mientras que la parte más numerosa decidió asociarse a la CCTA.

En este contexto, entre 2001 y 2004 las medidas de fuerza continuaron con un nivel de convocatoria cada vez mayor debido a la actividad organizativa impulsada por la Pastoral Social, la CCT y la CCTA, junto con otras organizaciones y ONG's. En este contexto, se obtuvieron algunos avances en lo que respecta a la titularización de pequeñas porciones de tierras, la relocalización de familias no contempladas en la Ley Provincial de Tierras N.º 36 (antes Ley N.º 3.141)⁷ -vigente por entonces- y la entrega de permisos de ocupación junto con el otorgamiento de subsidios para la realización de mensuras.

Finalmente, en 2006, luego de la renuncia del Obispo Joaquín Piña a la Diócesis de Iguazú, la actividad de Pastoral Social se vio teñida por un manto de sospechas, cuando el sucesor en el cargo lo acusó de haber promovido un “descomunal desfalco” de los fondos eclesiales para financiar campañas políticas (Página/12, 20/12/2007). Por su parte, la CCTA, a través de su nueva figura legal, logró gestionar algunos recursos provenientes del Estado que le permitieron -y le permiten- dedicarse a la cría de animales de corral para autoconsumo y al cultivo de maíz en pequeña escala; aunque mayormente esta población se dedica al cultivo de tabaco rubio, tipo Burley en parcelas de hasta dos hectáreas.

Sin embargo, el momento bisagra en el proceso de lucha por la tierra en el nordeste de la provincia de Misiones, estuvo dado por la sanción del Plan de Arraigo y Colonización, una legislación que por primera vez le daba a la población ocupante la posibilidad concreta de acceder a la tierra.

Controversias en torno al impacto del Plan de Arraigo y Colonización

El 18 de noviembre de 2004⁸ en la Legislatura Provincial se promulgó la versión final de la Ley N.º 4.093 o Plan de Arraigo y Colonización por medio de la cual se establecía la compra de 75.000 Ha. declaradas de utilidad pública pertenecientes a las empresas Intercontinental Compañía Maderera S.A, CATO SRL (Agroforestal) y Colonizadora Misionera S.A. Por su intermedio, además, el Estado asumió el compromiso de otorgar créditos para vivienda, producción y capacitación técnica a los productores afectados con el objetivo de posibilitarles el acceso a la tierra.

Como dijimos, la sanción de la Ley de Arraigo, significó en líneas generales, un giro sustancial en el proceso de lucha por la tierra, ya sea porque obligó a la población ocupante a revisar sus estrategias o porque a partir de ese momento, Estado y compañías forestales cerraron filas, definitivamente. Sin embargo, aquí nos interesa poner en tensión la afirmación de una parte de la bibliografía especializada que caracteriza a este momento como una etapa de disminución de las acciones de lucha por parte de la población ocupante, en la medida en que la sanción de la Ley significó el logro del principal objetivo por el que se habían organizado” (Arzeno; Ponce, 2010).

El principal fundamento que encontramos para revisar esta concepción está dado por la mención constante que realizaban nuestros entrevistados acerca de la “continuidad de la lucha” en los años posteriores a 2004. Esta noción estuvo presente en casi la mayoría de los testimonios recopilados durante nuestra estadía en campo. De esta manera y para evitar, por un lado, caer en la simplificación a la hora de exponer las estrategias desarrolladas por la población ocupante y por otro, en el desconocimiento de lo manifestado por nuestros entrevistados, creímos conveniente realizar un relevamiento de la prensa escrita de un diario local, que nos permita resolver el contrapunto existente entre nuestra indagación teórica y los resultados obtenidos en campo. De ahí que en la Tabla 1sistematiza una serie de enfrentamientos entre la población ocupante y el personal político vinculado al Estado provincial, lo que demuestra que los conflictos territoriales en el área de estudio no disminuyeron con la sanción de la Ley, más bien continuaron durante el período que tardó su instrumentación.

Tabla I

Conflictos territoriales identificados en la provincia de Misiones durante el período 2006-2013

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento de prensa escrita (El Territorio, Posadas, 2006-2013)Referencias: 1. Todos los cortes de ruta realizados en San Pedro fueron en el actual Municipio de Pozo Azul (Intersecciones R.P.Nº 17 y 20).

2. En los casos donde aparecen consignadas la sigla CCTA, se trata de acciones en las que esta organización impulso la medida. En las demás acciones su participación fue en conjunto con otras organizaciones y ONGs.

Tomando como referencia los resultados del relevamiento realizado y nuestra indagación en campo, pudimos corroborar que durante este período tanto la explotación del monte nativo como los conflictos territoriales no solamente continuaron, sino que fueron en ascenso. A causa de ello, en el año 2010, el Estado provincial aprobó el Decreto N.º 384 -aún en vigencia-, por medio del cual los Ministerios de Ecología y Recursos Naturales Renovables y de Gobierno provincial junto con la Policía de Misiones, firmaron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la finalidad de:

articular y ejecutar tareas de control y prevención de futuras intrusiones y/o asentamientos irregulares en tierras privadas y fiscales, tanto rurales como urbanas, en el territorio de la Provincia de Misiones, muy particularmente en aquellos predios que posean recursos forestales de carácter nativo, así como promover el respeto a la propiedad privada, como garantía de seguridad jurídica (Boletín Oficial N.º 12743, 04/05/2010)

Si bien esto generó un estado de constante tensión entre las fuerzas del orden público y la población rural, la sanción de la Ley de Arraigo en 2004 y la instrumentación de este Decreto en 2010, se convirtieron en el paraguas legal que amparó la acción del Estado y las compañías forestales. Concretamente, mientras que a las empresas les garantizó la continuidad de la actividad extractiva, con el atenuante de que, desde entonces, la reproducción normal del capital forestal se da en el marco de una legislación que identifica como “delincuente” a quienes incurran en la “instrucción de tierras”⁹; al Estado, le significó la posibilidad de realizar una contención virtual de la conflictividad social ocasionada por el desigual acceso a la tierra, aunque sin lograr reducirla por completo.

Llegado a este punto, los ocupantes necesitaron instrumentar otros mecanismos con los cuales intervenir en el conflicto y a su vez, continuar garantizando su reproducción. Esto alteró sustancialmente las condiciones en las que se desarrolló su accionar de aquí en adelante, al tiempo que comenzó a gestarse un proceso de fragmentación al interior de sus organizaciones por la falta de acuerdo en las estrategias a seguir, lo que finalmente devino en: a) un trastocamiento del vínculo entre agricultores y las ONG’s por el acceso a los recursos financieros del Estado; b) el surgimiento de nuevas organizaciones como Unión Campesina (UC) y la Organización Campesinos por la Vida (OCV); que se sumaron a las ya conformadas, Comisión Central de Tierras de Pozo Azul (CCT) y Pastoral Social (vinculada a la diócesis de Iguazú) y c) la cooptación por parte de estructuras político partidarias de los dirigentes de las organizaciones más numerosas (Otero, 2008: 76; Arzeno y Ponce, 2010: 82).

Para concluir, coincidimos en que la Ley resultó en “una normativa de carácter excepcional y alcance restringido” Schiavoni (2005: 78), fundamentalmente porque: a) su implementación llegó diez años después de su sanción, producto de la falta de acuerdo entre el Estado y compañías forestales en relación al costo de venta de los terrenos; b) las 22.000 Ha. de terrenos que finalmente fue cedida por las compañías representa poco menos de un tercio de la cantidad que estipulaba la Ley (75.000 Ha) y c) es posible que haya resultado más conveniente para los empresarios venderle al Estado un conjunto de hectáreas que habían sido explotadas durante los últimos diez años de manera intensiva pues mantenerlas ya no redundaría en un negocio rentable.

La actualidad de los conflictos por la tierra

Luego del acuerdo firmado entre el Estado y las compañías forestales en 2012, finalmente en 2014 el gobierno provincial comenzó el proceso de regularización por medio de la titularización de terrenos. En octubre de ese año, se entregaron 18 títulos de propiedad a familias ubicadas en zonas rurales de la localidad de Pozo Azul, por un total de 593 Ha., 72 planos de mensura de 380 Ha. y constancias de ocupación por 107 Ha a familias del Paraje Puerto Argentino, junto con 404 boletos de compraventa, equivalente a 38.000 Ha.

Por su parte, un relevamiento publicado en 2013 por el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), realizado en el marco de la Ley Nacional de Tierras N º 26.737, generó un indicador con el cual aseguran que “las provincias o registros subprovinciales más extranjerizados presentan mayor cantidad de conflictos de tierra” (Bidaseca, et.al. 2013: 4). Según datos obtenidos de la Dirección Nacional del Registro de Tierras Rurales para diciembre de 2018, Misiones contaba con el 11,07%¹⁰ (357.612 Ha) de su superficie en manos extranjeras y ocupaba el primer lugar en los registros de extranjerización de tierras de la Nación para el año 2018. De ese total, 263.394 Ha. pertenece al Grupo Arauco del holding chileno Angelini, dedicado a la explotación forestal¹¹.

Tabla II

Cantidad de Hectáreas extranjerizadas por Departamento

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos por la Dirección Nacional del Registro de Tierras Rurales para enero de 2019.

Este dato acerca de la extranjerización de la tierra cobra relevancia, en la medida en que el 71% de los conflictos territoriales en Misiones, son contra terceros (tanto particulares como empresas) e involucran a familias de pequeños productores que ocuparon alguna propiedad privada que opera con capitales extranjeros (Bidaseca, et.al. 2013: 31). De ese porcentaje, el 20% (5.850.224Ha) de superficie extranjerizada se encuentra emplazada en los departamentos de General Belgrano y San Pedro (ver Tabla II), jurisdicciones donde se localizan la Colonizadora Misionera S.A. propietaria de 18.321Ha y la Intercontinental Compañía Maderera S.A. dueña de 35.094 Ha

En mayo de 2013, el Estado tomo posesión de 38.000 Ha localizadas en Pozo Azul y áreas aledañas. Por los terrenos de la Intercontinental se pagó un total de u$s 17.183.558 a razón de u$s 490 por hectárea, mientras que, por las tierras de Colonizadora, la suma fue de u$s 6.360.427 a razón de US$ 347 por hectárea. Cabe aclarar que los precios en dólares corresponden al valor de cambio en el momento de la tasación: $ 3,09 por dólar en octubre de 2006; $ 3,08 en noviembre de 2006; $3.30 en mayo de 2008 (Arzeno; Ponce, 2010: 79).

La totalidad de estas tierras bajo diferentes formas de tenencia quedaron a cargo del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA). En este contexto, para obtener el título de propiedad, los productores realizan un pago anual a dicha institución acorde a lo estipulado en una tabla donde se detalla el valor en pesos argentinos de la hectárea de tierra

Tabla III

Tabla del valor por hectárea expresado en pesos*

Fuente: IPRODHA. Acta de Constancia de Ocupación. Pozo Azul Km 80, febrero 2019.Referencias: *El precio por Ha se aplicará a partir de la siguiente tabla

En estas condiciones, los ahora propietarios pasaron a ser contribuyentes del IPRODHA. Por otra parte, en relación a la posibilidad concreta de regularizar sus propiedades algunos productores decidieron pagar el monto total ya que los intereses le resultan altos: “No sé qué clase de interés lo que ellos cobran. La idea nuestra es pagar la primera cuota y vamos a pagar todo al contado, para que no haya intereses. Porque el interés lo que mata” (Productor ocupante de la Colonizadora, Km 90, febrero 2019). No obstante, en la mayoría de los casos, los productores financian el costo de sus parcelas hasta en 10 (años) con un interés del 8% (ocho por ciento) anual, como figura en las Actas de Constancias de Ocupación otorgado por IPRODHA y firmada en conformidad por los propietarios.

Tabla IV

Planilla de cálculo de costos por hectárea expresado en pesos

Fuente: IPRODHA. Acta de Constancia de Ocupación. Pozo Azul Km 80, febrero 2019.

La Tabla IVcorresponde a otra de las planillas consignadas en el acta de Constancia de Ocupación. Aquí se observa el total a pagar por casi 5 ½ Ha, $7.696 a razón de $650 por Ha, más gastos de regularización y costo de escritura. En este caso, una familia de productores optó por un plan de pago en 10 cuotas anuales. Sin embargo, luego de realizar el primer pago de $1469.28 (agosto de 2016) y el segundo de $1819.77 (agosto de 2017), notaron una diferencia en el costo de la cuota, por lo que decidió al año siguiente, “ajustar los cinturones y vender lo que haya que vender y pagar todo ya. No queríamos seguir debiendo, entonces pedimos ayuda a los hijos para terminar de pagar” (Productor ocupante de la Intercontinental, Cruce Inter, febrero 2019).

En otros casos, al no tener la certeza de reunir ese dinero, muchas familias de la zona se ven obligadas a vender un animal, comercializar alguna producción que tengan en sus chacras o bien, pedir ayuda económica entre su núcleo familiar. Otros, en cambio, directamente no pueden afrontar esta deuda por ningún medio y venden su propiedad en forma de mejoras¹² a productores vecinos, lo que también podría ocasionar problemas de diferenciación social a futuro.

Consideraciones finales

A lo largo de este articulo creemos haber brindado algunas precisiones acerca de la materialidad de los conflictos territoriales suscitados por la ocupación espontánea de terrenos privados en el nordeste de la provincia de Misiones. Consideramos que el conjunto de definiciones presentadas en el apartado teórico metodológico, nos brindó claridad epistémica para analizar el material empírico. Así mismo, la propuesta de abordaje diacrónico que presentamos, nos permitió, por un lado, superar el análisis coyuntural y por otro, identificar al problema de la tierra como un fenómeno que presenta raíces históricas.

En esta línea, vimos que, desde las primeras décadas del siglo XX, los procesos de colonización en el área bajo estudio, estuvieron vinculados a emprendimientos privados que explotaron el monte nativo y transformaron el régimen de tenencia de la tierra a partir de la incorporación de capitales transnacionales para el desarrollo de la foresto-industria. Esto generó una creciente concentración de la tierra en manos privadas y el aumento en la escala productiva en la rama forestal, lo que finalmente ocasionó el empobrecimiento de los medianos productores y la creciente pauperización de los más pequeños y desató el periodo de conflictividad social que involucró a empresas, Estado y población rural; los cuales, expulsados de la industria forestal o incorporados al complejo agroindustrial tabacalero, avanzaron sobre las propiedades pertenecientes a la Colonizadora Misionera S.A. y la Intercontinental Compañía Maderera S.A.

En los territorios pertenecientes a estas compañías, se entablaron un conjunto de relaciones sociales, económicas, políticas, institucionales y hasta culturales -si entendemos que los pequeños productores rurales promueven un modelo de explotación y conservación del suelo distinto al que se lleva adelante con la actividad forestal-, que a su vez generaron cambios en la correlación de fuerzas de cada fracción de clase. Para dar cuenta de esta complejidad realizamos un recorrido analítico por los factores que desataron los conflictos territoriales en esta región y comprobamos que se trata de un conjunto de elementos contradictorios determinados de forma dialéctica por la necesidad de conseguir la subsistencia.

De este modo, la población ocupante que hasta el momento de tomar posesión de una parcela de tierra no contaba con ningún medio de producción, se insertó en la producción tabacalera, mostrando la relación existente entre los procesos de ocupación y el cultivo de tabaco tipo Burley en pequeña escala. Al mismo tiempo, pudimos evidenciar el surgimiento de un mercado informal de tierras en el que el negocio se desarrolló sobre la base de la reciprocidad entre productores, basado en las necesidades inmediatas de las partes y no como un intercambio directo de mercancías. En virtud del nivel de complejidad que asumió la conflictividad social generada por la ocupación espontánea de terrenos, este debe ser considerado como el punto más alto de la conflictividad en ámbitos rurales de la región.

Por otra parte, siempre con el propósito de analizar la materialidad de los conflictos, establecimos algunos contrapuntos entre las estrategias desarrolladas por las organizaciones de productores. De allí que nuestra conclusión al respecto logró evidenciar las limitaciones del vínculo entre la iglesia católica y la sociedad civil, en este caso población ocupante a la hora de efectivizar un reclamo. De allí que hayamos podido reconocer la persistencia en el tiempo de la CCTA en contraposición de lo sucedido con la progresiva desaparición de la Pastoral social luego de que la figura del Obispo Piña se apartara de los mandos de la institución eclesial; es posible que eso haya sucedido por el desgaste propio de la experiencia y/o por el sostenido proceso de cooptación de sus bases por parte de organismos del Estado, vía manejo de recursos.

Acorde con este nivel de análisis, se requirió un esfuerzo por contrastar la información obtenida durante nuestra estadía en campo con el relevamiento bibliográfico, en función de revisar la factibilidad de una idea generalizada en las investigaciones sobre esta cuestión, acerca de que el momento posterior a la sanción de la Ley de Arraigo se presentó como una etapa en donde las acciones de lucha por parte de la población ocupante disminuyeron. Nuestro balance, en cambio, cotejó la información obtenida de una tercera fuente (los registros de prensa escrita) y mostró que no se produjo tal baja en las acciones de lucha. Por el contrario, en la medida en que la Ley no fue instrumentada con la prontitud que ameritaba la situación, los enfrentamientos entre ocupantes y empresarios forestales continuaron, siendo la demanda por la implementación de la Ley, el fundamento principal en cada medida de fuerza. En este sentido, vale recordar también el aspecto contradictorio de la sanción del Plan de Arraigo, el cual, por un lado, implicó un giro en el desarrollo del conflicto, en la medida que alteró la correlación de fuerzas entre los actores, y por otro, generó las condiciones necesarias para que la circulación del capital forestal continúe generando ganancias a las empresas.

Actualmente, el incipiente proceso de regularización de terrenos puso paños fríos a los conflictos. Luego del proceso de mensura llevado a cabo entre 2008 y 2012, la población ocupante tuvo que enfrentarse a un nuevo problema, el pago de una renta con sus terrenos. Esto despertó situaciones diferentes conforme a las circunstancias por la que estaba atravesando cada familia. No obstante, sin temor a equivocarnos, podemos decir que en este nuevo escenario la problemática social vinculada a la tenencia de la tierra persiste en el nordeste de la provincia de Misiones.

Aquí, cientos de familias continúan sin poder asegurarse por completo la tenencia de la tierra al no poder afrontar la deuda que significa tener que pagarle al IPROHDA una renta anual. Considerando la situación de precariedad en la que están sumidos, se trata de una deuda que en muchos casos no es posible afrontar. Sobre este diagnóstico se puede pensar que el proceso de regularización de tierras significó la inserción de miles de hectáreas a un mercado formal de tierras siempre dispuestas a ser adquiridas por otros productores en mejores condiciones o bien por los mismos propietarios de las compañías forestales que aun realizan actividades de extracción en la zona.

El avance de la frontera agrícola sobre economías sostenidas por la pequeña producción, intensificó los conflictos territoriales. Como puede seguirse de lo desarrollado hasta aquí, en el caso del nordeste de Misiones, la tierra es un bien enajenado desde sus orígenes como Territorio Nacional, situación que se agravó en los últimos treinta años a raíz de la profundización de los procesos de concentración y acaparamiento de tierras por parte de la industria forestal, consecuencia propia del avance de las relaciones capitalistas en el agro. De ahí que visibilizar estos procesos asume una importancia superlativa, en la medida en que se trata de cientos de familias que sufren cotidianamente las consecuencias del avance de la forestoindustria, siendo excluidos silenciosa y sistemáticamente de sus tierras y por consiguiente despojados de la posibilidad de reproducir su vida material.

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Notas

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