El espacio público como forma urbana se produce y transforma, interactuando como componente del tejido físico y a través de las diversas formas de habitar que se despliegan y superponen sobre un territorio. Es decir, existe una relación cercana entre las formas de urbanización, los procesos de consolidación barrial y los distintos entornos geográficos con las características físicas y los usos de los espacios públicos. Asimismo, la ciudad popular como paradigma urbano nos ofrece características particulares en cuanto a los usos del suelo, los procesos de consolidación que dan forma al paisaje urbano y a la organización de las personas. Por lo tanto, es interesante preguntarnos: ¿Cómo se dan las formas de producción y apropiación de los espacios públicos dentro del hábitat popular?

Para poder entender esta relación primero se necesita definir, al menos tentativamente, qué entendemos por ciudad popular y cómo esta definición crea un espacio en común que permita hablar sobre la condición urbana de distintas ciudades de América Latina. Luego se escoge una de estas ciudades y, a partir de ella, se analizará la relación entre los procesos de urbanización y la producción de los espacios públicos. Finalmente, se buscará caracterizar dichos espacios, llegando a conclusiones que nos permitan explorar otras formas de pensar y de planificar nuestras ciudades.

Es así que este artículo se basa en un estudio de caso desarrollado en el distrito de San Juan de Lurigancho¹, en la ciudad de Lima. La investigación se llevó a cabo en la Urbanización Mariscal Cáceres, comparando los procesos de producción de espacios públicos de dos asentamientos: Ciudad de los Constructores (zona plana) y Asociación Familiar Unidos para el Desarrollo (zona de laderas). La primera etapa consistió en caracterizar ambos asentamientos y su consolidación urbana usando una base de datos georreferenciados, proporcionados por el Programa Barrio Mío² y el Proyecto Urbano Integral Mariscal Cáceres³. En la segunda etapa, se realizó un trabajo de campo donde se pudo recorrer y observar los asentamientos, así como llevar a cabo entrevistas a profundidad y conversaciones informales con los residentes. Esto permitió no solo corroborar los datos obtenidos, sino profundizar en la comprensión de los procesos de producción y consolidación del hábitat barrial.

Finalmente, este trabajo pretende ser también un aporte al urbanismo latinoamericano desde lo público y no solo desde el problema de la vivienda, dando cuenta de la complejidad propia de nuestra región y de lo urbano como una construcción y experiencia de vida colectiva. Siendo el objetivo principal explorar y analizar la relación entre las diversas formas de urbanización popular y los procesos de producción y apropiación de los espacios públicos.

1. La ciudad popular: paradigma urbano latinoamericano

La condición urbana de América Latina está directamente relacionada con la condición popular de los procesos de urbanización que han dado forma a la periferia de nuestras ciudades. Es así que las favelas, las villas miseria, las colonias populares, los ranchos, las barriadas o los asentamientos humanos, son fenómenos comunes y repetitivos en el paisaje urbano. Estos procesos de urbanización popular se han convertido en una constante irreversible y, a excepción de países como Argentina, Chile o Uruguay, son la principal característica de nuestra condición urbana latinoamericana (Duhau, 1998).

Los desplazamientos por conflictos armados internos, la aparición de una industria incipiente (1930-1970) en las ciudades —sobre todo en las capitales—, la desarticulación del mundo rural y la concentración de servicios públicos en entornos urbanos, generaron una explosión demográfica cuyo resultado fue la expansión de las manchas urbanas, sustentada en el desarrollo y la producción de urbanizaciones populares al margen de las iniciativas del mercado inmobiliario y las políticas públicas urbanas (Pereyra, 2006). Sin embargo, en muchas ocasiones, estos procesos de ocupación irregular fueron permitidos, asistidos y alentados por los gobiernos que encontraron en aquellos fenómenos no solo una solución de vivienda barata para los sectores más pobres (Connolly, 2013), sino también la posibilidad de establecer redes de clientelismo político útiles para sus propios intereses (Collier, 1978). No obstante, muchas de estas iniciativas de formalización o habilitación urbana coexistieron de forma contradictoria e irregular y carecieron de una voluntad política real para su implementación (Riofrío, 2004; Duhau, 2001).

Es decir, la ciudad latinoamericana moderna es el resultado del funcionamiento y la coordinación de dos lógicas: la del mercado y la del Estado, pero también de una tercera: la lógica de la necesidad (Abramo, 2012). Esta necesidad, encarnada en las personas que habitan tales asentamientos, ha consistido en habilitar progresivamente el espacio conquistado, de tal manera que lo que originalmente era cerro, arenal, tierras eriazas, bosques o zonas residuales se convierta en parte de la ciudad ante la falta de habilitaciones urbanas por parte del Estado o del mercado formal (Riofrío & Driant, 1987). Estas ocupaciones son desarrolladas por personas organizadas de forma comunal o familiar a través del mercado informal de suelo, por traficantes de suelo que inician procesos de lotización ilegales con fines de lucro, constituyendo mafias organizadas y delictivas, y por gobiernos municipales cuyas iniciativas promueven estas urbanizaciones ilegales como parte de las redes de corrupción (Calderón Cockburn, 2016).

Ahora, si bien el hábitat popular también puede referirse a cualquier tipo de edificación que habiten las clases trabajadoras más pobres, como tugurios alquilados en el centro de las ciudades o viviendas de interés social (Connolly, 2013; Jaramillo, 2013), esta investigación se enfoca en desarrollar este concepto centrándose en asentamientos humanos autoproducidos y consolidados de forma irregular e ilegal en la periferia.

Asimismo, la ciudad popular, como categoría de análisis, permite trascender la dualidad entre lo formal y lo informal. Primero, porque la informalidad no puede resumirse a un conflicto con el Estado o el mercado formal o a un incumplimiento de sus normativas dado que, generalmente, las actividades de producción informal del espacio se retroalimentan o vinculan —en diversos grados y formas— con los gobiernos locales, las políticas públicas o los mercados denominados «formales» (Herzer et al., 2008; Roy, 2005). En segundo lugar, la irregularidad o informalidad urbana no es una característica que se despliega de manera homogénea sobre el territorio, sino que puede ser desagregada en tres formas: urbanística, constructiva y jurídica (Abramo, 2012), superponiéndose y produciendo diversos tipos de tejido urbano.

Es así que el despliegue de múltiples formas de producción del hábitat urbano, que oscilan continuamente entre la irregularidad y la regularidad, conforman la estructura socioespacial de la ciudad popular. Para caracterizar este proceso, centrándose en la relación entre el mercado de suelo y el acceso a la vivienda, P. Abramo (2012) propone el concepto de ciudad com-fusa donde, según los tipos de mercado de suelo, se puede evidenciar el surgimiento de una ciudad popular compacta caracterizada por procesos de consolidación y densificación; y una ciudad popular difusa que se expande a través de procesos informales de lotización. Es decir, la ciudad popular produce distintas formas de hábitat, que la hacen heterogénea y diversa, sin perder una serie de características y problemáticas comunes. Todo esto hace necesario generar estudios y metodologías para analizar, no solo la vivienda (Riofrío, 2004; Calderón & Maquet, 1990), sino también las formas en que se produce lo público dentro de los procesos de urbanización y consolidación del hábitat popular.

Actualmente, la periferia de las manchas urbanas latinoamericanas crece más por lógicas de especulación y tráfico de suelo que por una presión demográfica venida de migraciones rurales (Carrión, 2016). Asimismo, los procesos de urbanización irregulares e ilegales que producen la ciudad popular son la sumatoria de fuerzas estructurantes de los mercados, de la agencia del Estado como coordinador de recursos públicos y planificación institucional, y de la necesidad de determinados sectores de la población por autoproducir sus barrios, viviendas y espacios públicos. Esto hace de la ciudad popular un tejido urbano heterogéneo, donde existen distintos intereses y esfuerzos de producción del hábitat y, por lo tanto, de sus espacios públicos. Esto permite plantearnos una segunda pregunta: ¿Qué tipos de espacios públicos se producen a partir de los diferentes procesos de urbanización popular?

2. Lima: la ciudad de las laderas⁴

En el Perú uno de los acontecimientos más importantes ocurridos en el siglo XX fue el proceso migratorio de poblaciones del mundo rural a entornos urbanos ubicados, sobre todo, en la costa. En el caso de Lima, estos desplazamientos de población se tradujeron en masivos y acelerados procesos de urbanización que se desarrollaron, en una primera etapa, sobre terrenos marginales en zona plana o semiplana, ubicados fuera del casco urbano tradicional de la ciudad. Desde finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, estos procesos de urbanización se dieron en una segunda etapa, sobre terrenos residuales y en zona de laderas⁵, que presentan condiciones topográficas nuevas para la autoproducción del entorno urbano y la consolidación del hábitat (Velarde & Vásquez, 2017).

Es así que actualmente Lima Metropolitana⁶, en el caso de algunos distritos periféricos, está compuesta por una ciudad popular consolidada y en proceso de densificación, ubicada en las zonas planas. Asimismo, está compuesta por otras nuevas —y no tan nuevas— ocupaciones populares, que se encuentran en simultánea consolidación y expansión difusa, localizadas en zonas de pendiente o laderas, y que representan el 15% de la mancha urbana (Rodríguez, 2016)⁷.

Es decir, no existe un modelo integral de ciudad en laderas para las clases populares en Lima propuesto por el Estado o el mercado formal. A esta ausencia se le suma el mercado informal de suelo y el tráfico de terrenos, como principales medios para acceder al lote urbano. Lo cual genera: (1) que en los asentamientos que surgen del mercado informal, debido a su lógica lucrativa y especulativa en beneficio de agentes privados, lo público resulte un concepto y espacio marginal; (2) que las mafias de traficantes de suelo invadan u ocupen los pocos espacios reservados para áreas comunes o bordes verdes, de asentamientos humanos anteriormente establecidos; y (3) que algunas veces los dirigentes vecinales acepten comercializar para beneficio propio las pocas áreas reservadas para espacios públicos, formando «ampliaciones» sobre los asentamientos iniciales (Velarde Herz, 2017).

Asimismo, una de las mayores dificultades de los asentamientos ubicados en zona de laderas es poder vincular la movilidad con la vivienda y el espacio público (Kahatt, 2017). Esto se debe a los retos urbanísticos que ofrecen los cambios en la pendiente, pero, sobre todo, a la falta de una proyección y consolidación integral de los componentes urbanos como partes de un sistema planificado. Por lo tanto, pensar nuestras laderas es asumir su heterogeneidad geográfica y la de los tejidos urbanos que ahí se producen, así como comprender las lógicas del mercado informal de suelo, la planificación comunitaria del hábitat y el rol que desempeña la política y la inversión públicas.

3. Ciudades populares: Ciudadela Mariscal Cáceres

En el distrito de San Juan de Lurigancho, en la década de 1970, se desarrolló un proceso de urbanización popular masivo; como consecuencia de ello, se planteó desarrollar una ciudad satélite. Esta iniciativa se postergó hasta la década de 1980, cuando se planificó la «Ciudad Satélite Bolognesi» como un programa de vivienda para la clase trabajadora. El proyecto fue pensado en cuatro etapas, las cuales incluyeron módulos de vivienda, accesos, servicios básicos y espacios públicos. La obra fue implementada en 1986 pero, debido a la crisis económica por la que atravesaba el Perú, se lotizó y se sortearon las propiedades a través de ENACE⁸, sin mayor tipo de habilitación urbana y cambiando el nombre del proyecto a «Ciudadela Mariscal Cáceres» (Mejía Carrión, 2009).

Una vez adquiridos los lotes —etapas I y II—, los propietarios fueron ocupando la zona y construyendo sus viviendas de manera progresiva. Este fue el primer y único proceso de urbanización planificado por el Estado como parte del proyecto. El suelo destinado a las otras dos etapas —III y IV—, donde se acumuló basura o restos de material de construcción de los procesos de edificación de los barrios, empezó a ser ocupado informalmente por los obreros que trabajaron en la construcción de algunas viviendas de las etapas I y II. Es así que a inicios de 1990, estas nuevas ocupaciones informales recibieron la ayuda de ENACE y FONAVI⁹, para la planificación de sus barrios, la formalización de sus lotes y el acceso a créditos para la edificación de sus viviendas, integrándose al proyecto urbano.

En la zona plana también existió la planificación de espacios públicos que denominaremos «espacios públicos convencionales» (fig. 1). Es decir, espacios públicos delimitados e integrados a la trama y al sistema urbano; con una distribución de usos y espacios claros (fig. 2); compuestos por mobiliario o equipamiento público, tanto al aire libre como cerrado; y cuya producción y gestión obedece a la planificación pública. Esta red de espacios se vio conformada por largas alamedas que funcionarían como espacios recreativos, corredores peatonales y áreas verdes, así como áreas reservadas para parques o equipamiento educativo. Esto se debe a que, a lo largo del siglo XX, existieron instituciones estatales que buscaron ofrecer asistencia urbanística y/o constructiva a los barrios populares¹⁰.

Aunque muchas de estas iniciativas no pudieron ser implementadas con la misma velocidad con la que se desarrollaban los procesos de urbanización irregular y no siempre han asegurado la consolidación integral de los asentamientos, significaron un esfuerzo por ordenar la ciudad popular desde el Estado y la población organizada.

Sin embargo, en estos asentamientos, herederos de una planificación estatal débil pero oportuna, la consolidación —no siempre exitosa— de los espacios públicos convencionales se ha desarrollado a través de largos y variados procesos de autoproducción y autogestión colectiva desplegados por las juntas vecinales o algunas familias. Esto hace que existan formas y estrategias flexibles de apropiación o uso, que varían a través del tiempo según las necesidades de la comunidad¹¹. Es justamente esta dinámica intensa, la confianza en el mundo de la calle y la capacidad de las personas de transformar, apropiarse y habilitar colectivamente un espacio a través de actividades autogestionarias, lo que posibilita que estos espacios aparentemente vacíos, sin límites definidos, inacabados, expectantes y sin equipamiento o mobiliario, cobren vida pública y se integren al sistema urbano (Takano & Tokeshi, 2007; Hernández Bonilla, 2008). De igual manera, de existir algún tipo de asistencia del gobierno municipal, esta se desarrolla de forma fragmentada, limitada y poco participativa, lo cual no permitió asegurar el adecuado mantenimiento de los espacios a través del tiempo.

Figura 1
Distribución de espacios y servicios públicos en Mariscal Cáceres
Fuente: Elaboración propia, basado en el PUI Mariscal Cáceres

Estos espacios públicos convencionales, similares a los que se pueden encontrar en cualquier otra parte de la ciudad —parques, losas deportivas o alamedas—, pero donde los procesos de producción del espacio involucran formas de planificación comunal, las asambleas barriales, la mano de obra y el dinero invertido por parte de la comunidad, son denominados «espacios públicos populares convencionales». Es decir, son espacios relativamente delimitados e integrados a la trama urbana, en simultáneo proceso de consolidación y deterioro, con formas de apropiación y usos flexibles a lo largo del tiempo y según las necesidades de la comunidad. Dichos espacios pueden estar compuestos o no por algún tipo de mobiliario permanente o momentáneo, y su producción y gestión es comunitaria o familiar, y a veces asistida o compartida con el gobierno municipal.

De esta manera, la asistencia y la planificación urbanística por parte del Estado, al inicio del asentamiento, permitieron que la red de espacios públicos sea visible y forme parte del sistema urbano, originando que, si bien estos espacios usualmente se encuentran en constante consolidación y deterioro afectando la variedad e intensidad de usos, formen parte activa de la vida en el barrio.

Figura 2
Esquema de distribución de espacios y servicios públicos en Mariscal Cáceres
Fuente: Elaboración propia, basado en el PUI Mariscal Cáceres

4. La vida entre laderas

En la década de 1990, se aplicaron medidas de reajuste económico que desarticularon las instituciones que buscaban planificar y ordenar las ciudades en el Perú¹². Es decir, se redujeron las regulaciones sobre los territorios y la acción estatal pasó a centrarse en la entrega de títulos de propiedad y el saneamiento de servicios básicos (Calderón Cockburn, 2016). Este abandono del Estado, el cual dejó de pensar la ciudad de forma integral, instituyó la propiedad privada como unidad básica de gestión de las ciudades y coincidió con la ocupación masiva de las zonas de ladera de Lima. Es así que, a inicios de 1990, cuando los procesos de urbanización desbordaron la trama urbana inicial de Mariscal Cáceres y sus ampliaciones asistidas por el Estado, no existió un esfuerzo de planificación urbana integral.

Por otro lado, debido a la geografía accidentada, en la zona de laderas los habitantes no pudieron replicar los mismos patrones, estrategias y experiencias de urbanización de sus antecesores ubicados en la zona plana, desarticulándose la trama urbana conforme se la iba ocupando (fig. 3). Este proceso no se dio de forma abrupta, sino que generó una zona de tránsito denominada «línea de quiebre» por el equipo del PUI Mariscal Cáceres (fig. 4). Esta área supone una ruptura geográfica, urbanística y de las formas de habitar entre la zona plana y semiplana —ciudad compacta— y la zona de laderas —ciudad difusa— (Rodríguez & Muñoz, 2017b). Es así que, a diferencia de la zona plana, donde existió la asistencia —no siempre exitosa— de instituciones o empresas públicas encargadas de planificar y ayudar a consolidar los barrios, en la zona de laderas no se pensó —ni se ha pensado aún a nivel estatal— un modelo de ciudad. De esta manera, las formas de planificación y producción del espacio que se despliegan en la zona de laderas, suelen darse a partir de un esfuerzo de planificación comunitario (fig. 5), por parte de poblaciones que buscan pensar su asentamiento o de urbanizadores informales quienes lotizan y disponen de la distribución y localización de los componentes en la trama urbana, así como de los usos del suelo.

Por lo tanto, se trata de un área en la que no existe una planificación pública o comunitaria integral del hábitat popular, debido a que: (1) no se pudieron reproducir las experiencias previas de ocupación y consolidación desarrolladas en la zona plana; (2) la ladera se encuentra fragmentada políticamente en múltiples asentamientos humanos que no permiten una planificación integral del territorio desde las juntas vecinales; (3) no existen referentes o experiencias públicas por generar una traducción espacial de los componentes urbanos de la zona plana a la zona de laderas; (4) la pendiente aparece como un nuevo escenario geográfico y reto urbano donde desarrollar la producción de un hábitat popular de calidad.

Figura 3
Desarticulación del tejido urbano
Fuente: Elaboración propia, basado en el PUI Mariscal Cáceres

Figura 4
Línea de quiebre propuesta por el PUI Mariscal Cáceres
Fuente: Elaboración propia, basado en el PUI Mariscal Cáceres

Figura 5
Trabajo comunitario para ampliar el local comunal
© 29/05/2016 - F. A. Velarde Herz

De esta forma, en la zona de laderas, el lote se constituye como la unidad básica de expansión y proyección difusa del tejido físico. Asimismo, los accesos —escaleras y caminos—, usualmente con orientación vertical, son otra prioridad dentro de los usos del suelo, dado que a través de ellos se ingresa materiales de construcción para los procesos de edificación. Estos accesos son por mucho tiempo los únicos espacios de encuentro que tienen los vecinos y vecinas de estos asentamientos, convirtiéndose muchas veces en los primeros espacios de vida colectiva.

Es así que, en la zona de laderas, usualmente el espacio público se encuentra entre los últimos componentes urbanos a pensar o consolidar puesto que: (1) la construcción de las viviendas ha ocupado gran parte del espacio disponible en el asentamiento; (2) la pendiente dificulta muchas veces la réplica de espacios públicos convencionales; (3) en muchos asentamientos la consolidación del hábitat es precaria, lenta y ausente de inversión pública, debido a la irregularidad en la propiedad del suelo¹³; y finalmente, (4) producto del tráfico de terrenos se han invadido los pocas áreas reservadas para espacios comunes o ampliaciones. Sin embargo, como se menciona anteriormente, esto no impide que exista una dimensión colectiva y que esta no se manifieste como componente urbano dentro de la trama física.

Los encuentros casuales, actividades opcionales o sociales (Gehl, 2013), en este caso, suelen darse en las escaleras y los retiros —patios— de las viviendas que se encuentran abiertos y expuestos. Aunque muchos de estos espacios podrían ser cuestionados como áreas públicas en un sentido convencional, son las difusas líneas entre lo público y lo privado, y las intensas formas de apropiación familiar, lo que convierte a estos espacios en «espacios semicomunales». Se les denomina de esta manera dado que son los vínculos comunitarios de cercanía y empatía los que permiten, sostienen y potencian la interacción entre conocidos¹⁴. Es decir, más que lo desconocido o la alteridad —tolerar y respetar al otro— como punto de partida para construir lo público (Carrión, 2007), es lo conocido y lo común lo que posibilita el poder coordinar acciones comunitarias y sostener encuentros casuales en espacios semicomunitarios.

En los retiros o terrazas ubicados frente a las viviendas, y que usualmente se encuentran cercanas a las escaleras, la gente trabaja, siembra jardines, juega, se encuentra y conversa; pero, sobre todo, son espacios donde están dispuestos a ser observados en sus distintas actividades cotidianas y, al mismo tiempo, buscan poder observar lo que sucede a su alrededor. Si bien por momentos pueden albergar usos colectivos, no dejan de ser espacios privados, ya que forman parte de las viviendas. En otras palabras, si una persona decide que ya han jugado demasiado tiempo los niños y niñas por su patio, tiene la posibilidad de pedirles que se retiren, lo que evidencia la característica principal de los espacios semicomunales: la capacidad de atraer y sostener actividades colectivas sin perder su cualidad de espacio privado, lo que permite al propietario controlar dichas actividades colectivas, evitarlas o prohibirlas cuando lo vea conveniente (Velarde Herz, 2017).

De igual forma, cada familia considera «su escalera» a las gradas que se encuentran frente a su vivienda y, por lo tanto, dispone de ella. Al ser espacios de tránsito, es recurrente encontrarse con conocidos y sostener pequeñas conversaciones, convirtiendo las escaleras en espacios semicomunales alargados que trepan la ladera formando líneas y que intensifican su diversidad e intensidad de usos, según su grado de consolidación (figs. 6 y 7) y el número de viviendas con retiros que se encuentren en ellas. Por otro lado, una escalera en malas condiciones y sin retiros suele ser un espacio únicamente de tránsito y sin posibilidad de generar mayor interacción.

Figura 6
Escalera en mal estado, construida por la comunidad
© 29/05/2016 - F. A. Velarde Herz

Figura 7
Escalera en buen estado, intervenida por el municipio
© 29/05/2016 - F. A. Velarde Herz

Las actividades que se pueden observar en estos espacios son desplegadas por tiempos relativamente prolongados y sin existir un límite claro entre la escalera, los retiros y las viviendas (fig. 8). Es difícil establecer una jerarquía entre los espacios debido a lo permeable de la trama del asentamiento, los bordes difusos, los materiales de construcción de las viviendas y la inclinación de la pendiente. Esto último, por ejemplo, posibilita conectar el techo de una vivienda —a veces solo usando una tabla de madera— con una escalera u otro espacio comunal ubicado en la parte superior, convirtiendo al techo de la vivienda en una extensión provisional e improvisada de un espacio semicomunitario para alguna actividad en concreto y por un corto lapso de tiempo.

En estos espacios semicomunales se puede encontrar durante el día, la tarde y con menor recurrencia en las noches a jóvenes jugando (fig. 9), adultos conversando (fig. 10), niños leyendo (fig. 11) o simplemente personas sentadas observando lo que sucede a su alrededor o el paisaje urbano que ofrece la ladera. A saber, son actividades que podrían encontrarse en un espacio público barrial convencional de la ciudad, aunque dada la disposición difusa de estos espacios semicomunales, estas actividades se extienden de forma dispersa por todo el asentamiento. Asimismo, debido a la pendiente, están a la vista de la mayoría de sus habitantes, lo cual aumenta la sensación de simultaneidad y superposición de actividades. Esto último también permite a las familias mantener un control sobre el juego de los niños o niñas, y a la comunidad sobre su asentamiento (fig. 12).

Sin embargo, esta red dispersa de pequeños espacios semicomunales dentro de un asentamiento no es producida de forma planificada o premeditada por cada familia. Muchas veces, estos retiros o terrazas se producen debido a que las viviendas no se encuentran totalmente consolidadas y aún no ocupan el total de la plataforma o el terreno que les corresponde. Probablemente, cuando la vivienda termine de ser construida por sus propietarios, estos espacios desaparezcan y quede hacia la escalera solamente un muro ciego o una puerta, lo cual —como se explicó anteriormente— disminuiría la dinámica comunal de encuentros y actividades en dicho espacio. No obstante, existen vecinas y vecinos que sí buscan conservar y mejorar estas terrazas, por lo que la evolución espacial de un asentamiento puede conservar algunos espacios semicomunales. Pese a esto, al no existir una planificación conjunta e integral de la ladera, que busque potenciar y producir espacios de encuentro y vida comunal, esta decisión recaerá sobre y variará según la disposición de cada familia o propietario como parte de los procesos de consolidación de su vivienda y no como parte de una planificación integral del asentamiento.

Figura 8
Retiros de las viviendas como espacios semipúblicos
© 29/05/2016 - F. A. Velarde Herz

Figura 9
Niño pateando una pelota
© 29/05/2016 - F. A. Velarde Herz

Figura 10
Persona conversando por celular en el retiro de su casa
© 29/05/2016 - F. A. Velarde Herz

Figura 11
Niño leyendo en el retiro de su casa
© 29/05/2016 - F. A. Velarde Herz

Figura 12
Mujeres observando el asentamiento mientras realizan labores de cuidado
© 29/05/2016 - F. A. Velarde Herz

Conclusiones

En las laderas, los espacios semicomunales surgen por la precariedad y la ausencia de una vivienda construida que aproveche la totalidad del lote o la plataforma. Estos espacios se entrelazan a los caminos y las escaleras conformando una red dispersa y difusa a lo largo de los asentamientos. Su distribución, el carácter expuesto y la inclinación de la pendiente promueven una participación activa y pasiva de los vecinos y vecinas, permitiéndoles observar, escuchar, encontrarse con otras personas e interactuar diariamente. Por ello, los espacios semicomunales no son espacios de transición hacia el espacio público convencional, sino que son la adaptación espacial de un componente urbano —el espacio público— a un nuevo contexto geográfico: la ladera, donde se desarrollan procesos de urbanización irregulares y difusos, que producen una trama urbana fragmentada.

Sin embargo, la existencia de una red de espacios semicomunales no ha significado que los vecinos y vecinas no necesiten o deseen producir espacios públicos convencionales. En el asentamiento «Unidos al Desarrollo», existe un interés por construir lozas deportivas o generar áreas verdes en la ladera. Pero, a diferencia de la zona plana en sus inicios, esta población no cuenta con la asistencia técnica —ni financiera— del Estado para lograr sus objetivos de una forma integral, debido a que las laderas de Lima son un área en la que no existe una planificación pública que acompañe o asista los procesos de urbanización o consolidación del hábitat popular.

Por lo que, de existir una planificación institucional de la ciudad en ladera, podrían tomarse en cuenta los retiros de las viviendas, hoy pasibles de ser regulados por las municipalidades distritales de acuerdo a la normativa vigente. De allí que los gobiernos locales podrían, mediante regulaciones urbanísticas, aprovechar su potencial para convertirlos en espacios para el encuentro y la convivencia, en el marco de propuestas urbanísticas y arquitectónicas integrales.

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