“Cuando sabés que es causa armada, buscás soluciones”: Un abordaje etnográfico al problema de las 'causas armadas' en la Argentina contemporánea

“When it is clearly a fake cause, you seek for solutions”: An ethnographic approach to the problem of 'fake causes' in contemporary Argentina

Inés Mancini inesmmancini@gmail.com

CONICET - EIDAES/UNSAM, Argentina

Evangelina Caravaca evangelinacaravaca@gmail.com

CONICET - EIDAES/UNSAM, Argentina

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

El presente artículo se propone indagar en una dimensión escasamente explorada de los estudios sobre la cárcel. Para ello, partimos de la premisa de que, ante la inflación penitenciaria, los efectos extendidos del encarcelamiento se propagan. Merced a la selectividad del sistema penal, estos efectos se ciñen principalmente sobre las clases bajas. Así, en la actualidad la vida de los sectores populares de la Argentina se encuentra atravesada por las instituciones penitenciarias y sus efectos. Ahora bien, uno de los modos en los que se produce esta inflación penitenciaria parece ser la utilización de “causas armadas”^[1]. Lo que nos interesa mirar específicamente, entonces, es el incremento de un aspecto particular: los y las detenidos/as con causas armadas y los efectos de estos procesos en barrios, prisiones, familias y otras instituciones. En este sentido, entendemos que se trata de una problemática cuyo impacto real en la inflación penitenciaria resulta difícil de ser mensurado, pero que en términos de categoría nativa se expande y circula junto con otros saberes sobre la cárcel y la justicia. Entonces, nos detendremos en el análisis de esta categoría que creemos es portadora de un valor heurístico para el análisis social.

Entenderemos causa armada en tanto categoría nativa que —aunque polisémica— podemos condensar en la idea de que alguien sea condenado por un delito no cometido a partir de una intervención fraudulenta de la policía y/o la justicia. Ahora bien, a lo largo de este trabajo mostraremos que se trata de una categoría disputada, que circula en los barrios y en los activismos y cuyo significado y legitimidad no se encuentran clausurados.

En estas páginas diremos que los efectos extendidos del encarcelamiento tocan diversas aristas de las vidas de los sectores populares de la Argentina. Ello implica que las lógicas y dinámicas se extienden más allá de la institución penal (Ferreccio, 2017), alcanzando las vidas cotidianas de familias y barrios determinados. Así, los familiares, los activismos y algunos vecinos de barrios populares hacen parte de estas dinámicas de las prisiones siendo alcanzados por los daños que ellas producen, pero también participando de la construcción y negociación del orden carcelario. En este sentido, una de las formas en las que familiares y activismos participan de la construcción de ese orden carcelario se vincula con la gestión de los asuntos jurídicos de los detenidos. En este trabajo nos enfocaremos en un tipo particular de gestión legal de algunos detenidos: el trabajo sobre la causa armada.

De esa manera, entendemos que la categoría de “causa armada'' permite dialogar con algunos aspectos de las dinámicas del control social sobre los sectores populares. Ello es así porque consideramos que a través de esta categoría es posible dar cuenta de algunos de los sentires y padecimientos de detenidos/as, familiares y vecinos de ciertos barrios.

Ahora bien, los problemas que la cárcel y sus efectos producen sobre los sectores populares no se reducen ni se circunscriben específicamente a las causas armadas. Antes bien, “la cárcel es la misma para todos”, nos decía Ale. Ella cuenta que tiene dos hijos presos: uno “por un hecho” y el otro con causa armada. Si bien, atender a su hijo con causa armada implica algunas acciones específicas, lo cierto es que las preocupaciones y los trabajos de cuidado y atención que requieren sus dos hijos detenidos son similares (Ferreccio, 2017; Mancini, 2020, 2021). Sin embargo, entendemos que las causas armadas pueden pensarse como un elemento que permite potenciar el control social ejercido sobre los sectores populares.

Creemos que cuando miramos desde la perspectiva de los sectores populares las articulaciones entre las fuerzas policiales, judiciales y penitenciarias, es posible advertir una serie de desigualdades de poder que se plasman en ejercicios arbitrarios y opacos. Así, la causa armada es pasible de ser pensada como una de las manifestaciones más injustas de este poder. Pero, además, esta categoría es movilizada y re-apropiada por distintos actores para dar cuenta de esas injusticias. Así, es utilizada incluso en casos en los que no se trata exactamente de una causa armada.

El texto parte de una serie de premisas que ordenan el argumento. En primer lugar, sostenemos que pensar las causas armadas nos permite acercarnos a una suerte de diagnóstico de una relación social compleja: nos referimos a los vínculos que distintos actores sociales despliegan y dinamizan con el poder judicial y también con las fuerzas de seguridad. Sostenemos entonces que abordar la categoría es también pensar el vínculo de diversos actores sociales y/u organizaciones con el poder judicial y las fuerzas de seguridad. En segundo lugar, mantenemos como hipótesis que la categoría “causa armada” puede ser entendida también como forma posible de clasificar y entender aquello que no se entiende y/o se desconoce. En tanto está socialmente disponible y goza de relativa legitimidad, la categoría puede operar, dando sentido y poniendo en evidencia una serie de prácticas arbitrarias del sistema judicial. Finalmente, sostenemos que la noción de “causas armadas” es polisémica y socialmente disputada y da cuenta de asimetrías, de relaciones de poder, de relaciones y distancias para con las burocracias estatales, entre otras. Es por ello por lo que nos interesa pensar aquello que vecinos, militantes y actores de la justicia denominan y comprenden por causa armada para tratar de comprender las formas en que actores sociales muy distintos se clasifican entre sí.

En relación con los aspectos metodológicos que sustentan esta investigación, este artículo surge de dos trabajos de campo que venimos llevando a cabo: uno sobre familiares de detenidos y otro sobre violencia institucional en barrios. En ambos casos la categoría causa armada se impuso sobre las temáticas, mostrando su visibilidad. El campo sobre familiares de detenidos lo realiza Mancini desde el año 2014. En particular, desarrolla un trabajo de tipo etnográfico en ACIFaD (la Asociación de Familiares de Detenidos en cárceles federales). Por otro lado, el relativo a violencia institucional en barrios lo lleva adelante Caravaca desde el año 2018. Concretamente, desarrolla un trabajo de tipo etnográfico en barrios populares del partido de San Martín (provincia de Buenos Aires) siguiendo a activistas y vecinos. En ambos casos, se trata de investigaciones de largo aliento que privilegian la perspectiva etnográfica como forma de acercarse al objeto de indagación. A lo largo de los dos trabajos de campo se han presenciado reuniones, actividades y recordatorios y también se realizaron entrevistas en profundidad a ciertos actores relevantes para los espacios investigados. El artículo recupera, entonces, distintos materiales (notas de campo, entrevistas en profundidad y también, en menor medida, fuentes secundarias que hemos identificado y analizado a lo largo de la investigación).

Intentaremos mostrar que la categoría de causa armada resulta elocuente para diagnosticar una relación entre el poder represivo del estado y los sectores populares. Esta relación está signada por una profunda desigualdad, puesto que la articulación de distintas instituciones del estado puede armar una causa mientras que las personas deben iniciar una serie de recorridos para poner en circulación (no siempre virtuosa) diversos recursos sin que ello implique “desarmar'' esa causa. Por lo tanto, nuestro propósito apunta a iluminar esos recorridos y las formas de comprender a esas instituciones, sus acciones y las relaciones de fuerza, dando cuenta de que las causas armadas ameritan acciones específicas que solapan a las acciones y atenciones que todo detenido requiere de sus familiares.

En primer lugar, diremos que este artículo se propone pensar una dimensión escasamente explorada dentro del campo de los estudios sobre la cárcel. Nos encontramos ante una categoría aglutinante que circula como diagnóstico, pero también como preocupación en varios espacios de activismos antirrepresivos y de familiares y que no ha sido aun sistemáticamente abordada desde una perspectiva socio-antropológica.

Identificamos tempranamente su recurrencia^[2]en nuestro trabajo de campo en San Martín (provincia de Buenos Aires) donde entrevistamos vecinos, activistas y familiares de víctimas de violencia institucional^[3]. Asimismo, la categoría también aparece recurrentemente en el trabajo con familiares de presos en ACIFaD. Fue allí donde la noción de causa armada llamó nuestra atención por el uso cada vez más reiterado entre nuestros informantes para dar cuenta de escenarios y casos diversos. En los últimos años, el término comienza a circular con mayor fuerza a partir de algunos casos resonantes (Schillagi, 2011) y escenarios políticos particulares que lo tornan, pausada pero sostenidamente, en un vocablo cada vez más recurrente.

Ahora bien, la propia definición de causa armada resulta ser un terreno poroso y, claro está, social y políticamente disputado por actores sociales que se encuentran en distintos lugares dentro de la estructura social. Es al mismo tiempo un término nativo, un vocablo que circula entre espacios del activismo, pero también del saber experto como en el caso de asociaciones civiles sobre las cuales volveremos más adelante. Resulta interesante pensar justamente en esta porosidad considerando también los usos (y resistencias) que diversos actores (dentro del poder judicial y policial) le imprimen también a esa noción. En tanto, creemos que atenderemos no solo a lo que la noción supone (un diagnóstico sobre el sistema judicial, una idea sobre el Estado, por ejemplo) sino también lo que la noción pone en movimiento socialmente.

Si hablamos de casos que se han convertido en resonantes y que han transformado, al menos temporalmente, los umbrales acerca de lo decible sobre las causas armadas, sin lugar a duda debemos mencionar los episodios que rodean el juicio a Fernando Carrera. En 2007, Carrera fue sentenciado a 30 años de prisión por robo y homicidio agravado por un delito que no había cometido y cuyas pruebas y peritajes fueron alterados. Cuando aún se encontraba en prisión, su historia fue dramatizada en el documental “El Rati Horror Show” (2010) dirigido por el cineasta Enrique Piñeyro. Este documental, su impacto a nivel local y la posterior revocación de la sentencia perpetua en 2012, resultaron ser eventos y procesos que colaboraron en una mayor visibilización de esta problemática.

Posteriormente, la llegada al país en 2014 de la organización Innocence Project, de la mano también del cineasta Enrique Piñeyro, vino a marcar otro hito en una historia local de esta categoría. En relación directa con este caso, en 2016 el Centro de Estudios Legales y Sociales —CELS— publicó el documento: “El problema de las causas armadas por la policía y el poder judicial. A propósito del Caso Carrera”. En él se produjo un importante diagnóstico sobre las causas armadas tomando como insumo analítico los eventos que rodearon el “Caso Carrera”. Cabe también mencionar la impronta de la Asociación Civil “Pensamiento Penal”. Este espacio de investigación ha sido una usina de conocimiento que ha aportado a una mayor visibilización. Por otro lado, la categoría causa armada no ha sido objeto de indagaciones a largo plazo. Destacamos el aporte de Massaccesi y Falco en su artículo ensayístico “Hércules y la fábrica de causas”, en el que reflexionan sobre los discursos de operadores judiciales en el marco de las causas penales “armadas”. El texto describe algunas dimensiones sobre el universo judicial que resultan fértiles a los fines de esta investigación. Aun así, notamos que la categoría no ha concentrado esfuerzos investigativos a largo plazo en el caso argentino.

Identificando esta vacancia, en este artículo nos preguntamos: ¿Qué es y qué no es una causa armada? O más bien : ¿Qué hace posible que un evento pueda ser pensado y disputado como una “causa armada”?; ¿Cómo son definidas, explicadas las causas armadas por los actores y organizaciones de la sociedad civil? ¿Y por los agentes de la justicia y de la policía? ¿Qué nos dice esta categoría acerca de la relación entre instituciones y ciudadanos? Tales preguntas, de naturaleza metodológica y ética, cobran especial importancia en este artículo y nos enfrentan a una serie de desafíos.

Siguiendo este razonamiento, identificar un problema público sobre las causas armadas no es una tarea sencilla y menos aún desprovista de conflictividades político-morales. La definición de un número público sobre esta problemática se encuentra atravesada por luchas y disputas de agrupaciones y espacios de activismo. Establecer qué casos caben en la definición de esta noción (y cuáles quedan por fuera de ella) delimita no sólo un posicionamiento político, sino además una construcción moral en torno a estas prácticas. Y, si bien no será el foco de este texto, creemos que resulta fértil preguntarse por las disputas y conflictividades que atraviesan la construcción de un número público sobre las causas armadas. Las tensiones que rodean este número nos permiten también pensar categorías y clasificaciones.

La investigación propuesta en este artículo apuesta, entonces, a pensar las causas armadas como una categoría central que nos permita comprender, desde perspectivas y actores sociales diversos, las representaciones y disputas que rodean a esta categoría. Nos convoca pensar en las dimensiones morales, políticas y militantes que esta noción pone en movimiento.

Por otro lado, le otorgamos un rol destacado a la pregunta por los vínculos, prácticas y dilemas que diversos activistas que luchan por la visibilización de las causas armadas entablan con agentes, dispositivos y agencias del Estado. Claro que la dimensión estatal-institucional resulta inherente al propio objeto que nos proponemos analizar. En este sentido, sostendremos como premisa que los vínculos con el Estado, tanto cuando es construido como el responsable total o parcial como también en las necesarias relaciones con agencias y burocracias especializadas en visibilizar y castigar, ocupa un lugar central para comprender la dinámica de estos activismos y de sus activistas.^[4]

Finalmente, el artículo propone una investigación socio-antropológica que permita acercarnos a esta categoría en relación con otras constituyendo un entramado de categorías, clasificaciones y sentidos profundamente vinculados. Por un lado, nos convoca pensar su relación con otras categorías (también visibles y disputadas como la de violencia institucional, las de justicia, las de merecimiento). Por otro lado, buscaremos pensar, desde una mirada socio-etnográfica, en los usos y sentidos que esta categoría, relativamente nueva, tiene para un conjunto diverso de individuos y organizaciones.

Entonces, este artículo buscará en los usos y sentidos situados que tiene la categoría de causa armada entre un conjunto de personas: una asociación de familiares de detenidos (ACIFaD) y activistas contra la violencia institucional y vecinos de un barrio popular de la provincia de Buenos Aires. Entendemos que estas descripciones nos permiten abarcar parte del universo de los efectos extendidos del encarcelamiento, dado que las lógicas con las que actores y relaciones de fuerza se articulan para generar una inflación penitenciaria no cobran los mismos sentidos ni se direccionan de igual forma a todos los sectores de la sociedad. Luego de años de trabajo de campo, nos encontramos una y otra vez con personas que se ven a sí mismas en un laberinto, que intentan desarmar testimonios, dichos o pruebas que injustamente producen larguísimas condenas. En esos recorridos se encuentran con otras luchas y otras dificultades de la cárcel, la justicia y las fuerzas policiales.

En este apartado se presentará una reflexión sobre la circulación de la categoría de causa armada a partir de un trabajo de campo realizado en la Asociación de Familiares de Detenidos (ACIFaD). Se trata de una labor que comenzó en el año 2014 y continúa hasta la actualidad.

ACIFaD es una organización civil que congrega a familiares de detenidos en la que también participan profesionales. Las reuniones de familiares se producen en su sede una vez a la semana. Allí asisten —además de los profesionales— algunos parientes que acuden regularmente y familiares nuevos (que resultan convocados a partir del “boca a boca” en las filas de las cárceles, en los juzgados o en los barrios).

El trabajo que realiza la asociación abarca distintas aristas, pero aquí nos ocuparemos de los registros obtenidos a partir de las reuniones con mujeres familiares de detenidos, abordando específicamente los intercambios producidos en torno a las causas armadas y a las acciones emprendidas por la organización para asistir a quienes dicen tener una de estas causas. Ello implica dar cuenta, entonces, de un entramado de vinculaciones entre familiares, militantes, profesionales, detenidos, poder judicial y otras instituciones.

Cada vez que asiste una familiar que aparece por primera vez, es común verla con papeles y afirmando que no entiende de qué se trata. Entonces, lo primero que queremos señalar respecto de las familiares y las causas armadas es que el poder judicial y su lenguaje resultan opacos para la mayoría de las personas. Así, muchas veces esta categoría engloba un conjunto de situaciones cuya inteligibilidad se resiste. Usualmente es un profesional que colabora con la asociación quien clasifica la consulta como causa armada. A partir de ese momento, en la escucha se activan una serie de alertas para identificar los elementos típicos de esta clase de causas.

Cuando conocimos a Rosa, tres de sus cuatro hijos estaban presos. Uno de ellos tenía —desde la perspectiva de Rosa— una causa armada. Rosa afirmaba esto pese a que su hijo había firmado un juicio abreviado^[5]. Algunas veces mencionó que él había firmado contra su voluntad, otras veces que no había comprendido lo que estaba firmando y otras veces ella misma desconocía que la sentencia ya estuviera fijada. Sin embargo, las afirmaciones que sostenía consistentemente eran las que vinculaban a un grupo de policías conocidos en el barrio con el armado inicial de la causa de su hijo.

Ahora bien, es la propia Rosa quien sostiene que su hijo es inocente y que los policías habían allanado reiteradas veces su domicilio con el propósito de inculparlo en distintos hechos. Esta insistencia en inculpar al joven se fundaba en la reputación que tenía en el barrio, puesto que los vecinos solían señalar a los hijos de Rosa por problemas y delitos ocurridos en el barrio. En efecto, ella comenta con pesar que sus hijos eran “nombrados en el barrio”.

Así, la causa armada implica un acto ilegal y arbitrario, pero no tiene las mismas probabilidades de caer sobre unos que sobre otros. En este sentido, no solo pesan la posición social, el género o el color de piel, sino que la reputación barrial puede incidir en la selección.

En espejo con los mejores victimarios, nuestros hallazgos muestran que desde la perspectiva de las familiares no todas las víctimas de delitos graves, tales como el homicidio, ameritan el armado de una causa. Evidentemente, las víctimas “más importantes” son aquellas ligadas de algún modo al poder: un empresario conocido, la hermana de un fiscal, etc. Estos perjudicados no pueden de ninguna manera quedar impunes. Por ello, “si es alguien conocido en San Isidro te lo arruinan”. Así, las mejores víctimas implicarán la rápida búsqueda de un culpable, aunque ello suponga armar una causa, y las penas serán elevadas.

Sobre el particular, resulta notoria la desigualdad de poder entre la víctima de la causa armada y la víctima del delito. La compleja trama de actores y relaciones que intervienen detrás de la producción de una condena “armada” se ocultan detrás de los únicos actores visibles para los familiares: la policía y algún vecino, que, aunque declare en calidad de identidad reservada será sabido en el barrio que aporta en función de algún interés o amenaza un dato falso.

Así, parecen circular distintos registros de verdades, secretos a voces, que indican que ciertos jóvenes están disponibles para ser culpados de ciertos delitos; también parece ser un secreto a voces —desde la perspectiva de los familiares— la identificación y conocimiento de los verdaderos responsables: alguien dijo que fue uno y no fue otro, en la visita a la cárcel se enteraron de la verdad, etc. Igualmente parece ser un secreto a voces la posibilidad de pagar para que un hijo sea liberado o que cuando los policías reciben reiteradas denuncias en un barrio son trasladados a otros barrios donde continúan los mismos procedimientos.

En síntesis, toda vez que conversamos con alguna madre en la asociación nos indica que hay una verdad en el expediente judicial y otra verdad que es la que se sabe en el barrio^[6]. Por lo general, las búsquedas de estas madres consisten en intentar comprender mecanismos para incidir en la producción de esa verdad judicial.

Entonces, para los familiares, el término causa armada comprende una amplia variedad de desequilibrios de poder: la arbitrariedad y violencia de la policía, la opacidad del poder judicial, la reiteración de los ilegalismos en los barrios, la reputación de algunos jóvenes. Todos estos complejos fenómenos se condensan en la categoría de causa armada. Ahora bien, la enunciación de esta ante abogados militantes se carga de nuevos sentidos y recomendaciones. Por ejemplo, algunas abogadas de la asociación suelen recomendar a las madres que al principio hay que mostrar presencia. Mostrar presencia implica ir a la comisaría desde el comienzo, aprender, interiorizarse. Asimismo, suelen indicar que es importante hacerlo “aunque estemos enojadas porque el chico no se estaba portando bien. Es importante hacerlo igual porque al principio es cuando se inventa la prueba”.

En efecto, en los relatos de las familiares respecto de los sucesos que producen, disputan y consolidan causas armadas, refieren la intervención de distintos actores. En el inicio suele mostrarse a la policía y sus vinculaciones en los barrios con determinados vecinos. Estas relaciones pueden implicar arreglos o bien relaciones hostiles con vecinos que terminan declarando aquello que la policía solicita a partir de distintas amenazas.

Las narraciones mencionan también la intervención de abogados particulares quienes ofrecen sus servicios desde el principio en las comisarías. En los casos de causa armada, los familiares suelen estar desprevenidos y entregan dinero a los abogados que aseguran que de forma inmediata conseguirán la libertad del detenido puesto que tienen un “arreglo con el juez”.

Normalmente, una vez que se vuelve evidente que los abogados no tienen la capacidad prometida para resolver los problemas, algunos familiares comienzan a acercarse a determinadas organizaciones desde las cuales intentan resolver su problema, pero también contribuir a resolver otras injusticias. Llegada esta instancia, muchos detenidos optan por la defensa pública.

Las organizaciones a las que las familiares recurren no son organizaciones que se circunscriben específicamente al tema de las causas armadas, sino que toman este tema a partir de trabajar por la defensa de los derechos de los familiares de detenidos, los derechos humanos, etc. Así, puede ocurrir que el CELS intervenga presentando un amicus curiae^[7], que ACIFaD converse con algún defensor público que solicite ser advertido por la asociación cuando llegue a ellos una causa armada, etc.

Por otro lado, algunos casos de ACIFaD fueron tomados por Innocence Project, una ONG que trabaja específicamente en la defensa de inocentes, cuestionando ciertos procedimientos del poder judicial. En general, tanto los organismos como los militantes y los familiares coinciden en que la policía arma causas y luego el poder judicial investiga poco y condena mucho. En efecto, en tanto y en cuanto los crímenes para los que se busca “perejiles”^[8] para armar las causas son graves, como homicidios, quienes tienen causas armadas suelen tener condenas de muchos años de prisión.

Entonces, los procedimientos impugnados y cuestionados son los de las policías y la justicia. Desde la categoría de causa armada, las actuaciones de estas obedecen a lógicas del poder: ocultan a alguien con conexiones que cometió un crimen o inculpan a cualquiera con tal de restituir a una víctima importante y a sus familiares.

Para los distintos organismos que interceden en estos casos, esa diferencia de poderes y la arbitrariedad y opacidad tanto de la policía como de la justicia constituyen un punto de partida, y sus intervenciones resultan importantes para los familiares, pero ello no implica que resuelvan en un corto o mediano plazo la situación de los detenidos.

“Todos llegamos mal, con angustia. Cuando sabés que es causa armada, buscás soluciones. Ahora me interesa, no faltó. Fui aprendiendo, llevando otra gente. Sabemos defendernos, a mi hijo y a mí. Soy otra persona, aprendí a quererme yo. Hasta acá puedo. Antes un solo llamado y dejaba todo. Y todo eso fue cambiando. Al primero, yo no le faltaba. Después cada 15 días, después un mes. Antes, en casa no se tomaba gaseosa porque él estaba adentro y tengo otro hijo detenido y le dije: ‘vas a pagar por lo que hiciste, pero no pretendas que yo haga lo que hice con tu hermano’. Este está hace 2 años y fui dos veces. Antes yo vivía para ellos, ahora les digo: ‘te llevo cuando puedo’.” (Madre de un hijo condenado homicidio por causa armada y otro hijo condenado por un delito cometido, 11 de agosto de 2020).

Como puede apreciarse, las formas en las que las organizaciones contribuyen a ayudar a las familiares exceden lo meramente jurídico. Incluso, como en este caso, no se resuelve la causa armada, la injusticia se sigue produciendo todos los días, pero los familiares aprenden a vivir con esa situación. Al hacerlo, trascienden el dolor individual y generan una búsqueda colectiva de bienestar. Se trata de la transformación de un dolor individual en una acción colectiva que se encauza en una organización social (Das, 1997; Pita, 2010).

Por otro lado, la opacidad del lenguaje judicial y la arbitrariedad de los procedimientos inherentes a los juicios y condenas son leídos usualmente por parte de quienes se enfrentan a ellos por primera vez como producto de una ignorancia que confirma y legitima los lugares que ocupan en el espacio social. Al desconocer la arbitrariedad de estos poderes, se los legitima (Bourdieu, 2000). Así, se piensa que lo ocurrido es producto de la propia ignorancia.

“Lo único que hice fue pagarle a un abogado para que lo condenara”. Los obligó a firmar el abreviado. No sabía qué quería decir. Los convenció de que en 6 meses pedirán la domiciliaria. Recién ahora se da cuenta de que es sospechosa la idea de que le van a dar la domiciliaria. (Nota de campo, agosto de 2016)

En este sentido, la participación de las familiares en una organización permite la construcción de un conocimiento colectivo (Mancini, 2020). Las causas armadas hacen parte de ese saber colectivo y la participación en organizaciones les permite a los familiares aprender a gestionar problemas vinculados al armado de causas.

“Lo que tenés que estudiar no es la violencia institucional, ya está todo dicho, lo que más pasa son las causas armadas”. En 2018, una militante social dijo esta frase al inicio de un trabajo de campo. Como una suerte de revelación, su comentario ayudó a reorientar el trabajo de campo en el Partido de San Martín, pero también abrió nuevas preguntas. Con su frase nos mostró el “termómetro social” de ciertos actores sobre un problema social escasamente indagado^[9].

En este apartado nos interesa poner en diálogo los resultados de un trabajo de campo que iniciamos en 2018, el cual tuvo como epicentro una selección de barrios vulnerables del partido de San Martín (provincia de Buenos Aires). En particular, el trabajo etnográfico se centró en el barrio “Villa Chaqui^[10]”. En otras publicaciones se trabajaron distintas dimensiones de esta investigación, como las violencias enlazadas o las dinámicas del recuerdo en barrios vulnerables (Caravaca & Garriga Zucal, 2022). Comenzamos a prestar especial atención a los usos y sentidos que esta categoría, aparentemente nueva, ponía en juego en la cotidianidad en Villa Chaqui.

El motor de las tareas de investigación se inició con dos interrogantes: uno de ellos tenía que ver con la idea de “no caso” —nos referimos a las muertes de jóvenes, hombres y mujeres, producto de diversas violencias (estatales, interpersonales, de género) que no se transforman en casos memorables a nivel local—. En profunda relación con esta pregunta, el otro interrogante es sobre la relevancia que la noción de causa armada tenía en ciertos espacios militantes antirrepresivos para explicar y definir ciertas prácticas cotidianas en este barrio. Lo que nos proponemos analizar a continuación son algunos datos de este trabajo de campo etnográfico que nos permitirán poner a la categoría causa armada en relación con otra/s, constituyendo un entramado de categorías, clasificaciones y sentidos profundamente vinculados.

Si bien tomaremos como insumo central los datos que nos permitan pensar esa categoría, que resulta por cierto porosa, veremos cómo dicha categoría nos ayuda a pensar en otras problemáticas conectadas a esta. Es por ello que consideramos que las causas armadas nos permiten acercarnos a una serie de fenómenos al tiempo que nos permite verlos en relación. A continuación, nos ocuparemos de analizar algunas dimensiones que hemos identificado en el trabajo de campo. Para ordenar su lectura y comprensión, se separan en dos apartados analíticos.

Carlos es un hombre de unos 50 años. Lo conocimos porque una vecina de Villa Chaqui menciona que hay unas chicas que quieren ver el tema de las causas armadas y los allanamientos injustificados. Si bien acepta conversar, hay un halo de incomodidad a lo largo de los encuentros, una especie de desconfianza. En el cuarto de estar de su casa se improvisa una entrevista. A lo largo de esta van a entrar y salir personas constantemente. Carlos va a cortar la conversación para saludar, pero también para contarles a sus familiares quiénes somos y qué estamos preguntando. Como una especie de resguardo, el entrevistado les avisa a todos los que pasan nuestro propósito.

Hay un tema que lo preocupa: los allanamientos y las medidas “injustas”, en sus propias palabras, del sistema judicial. Sostiene que sufre permanentemente allanamientos —pero además alega que se realizan sin la orden judicial correspondiente— en su vivienda.

Tuve problemas con un policía ya hace 15 años, que yo lo había denunciado como ‘M’ o ‘X’, y ahora me entero que es Juan Pérez Gómez.

En su caso, el argumento para comprender las dinámicas de las causas armadas, es decir, para clasificarlas como práctica social, el quién es quién es central. A lo largo de las conversaciones mencionó una serie de nombres propios (policías y fiscales especialmente) para dar cuenta de los motivos “detrás” de estas prácticas:

De entrada me llevó (menciona a una policía local) a un hijo preso, Aníbal, que había venido a casa para pedirme plata para un pañal, y en ese ínterin lo agarra la policía diciendo que había robado una moto. Pasaron dos años y pico, hasta el día del juicio el damnificado seguía diciendo que él no era. Pero bueno… Estuvo dos años y medio preso. Pasó el tiempo y me llevó otro hijo preso de adentro de mi casa, Juan Porres, boxeador, un domingo. Tuvimos la suerte que el hombre al que le habían robado el auto era de cerca de casa, y estuvo preso 15 días nomás.

En casos como los de Carlos las explicaciones sobre las causas armadas, en tanto clasificaciones de las acciones, suponen entender una serie de relaciones sociales que las tornan posibles. La mención a una serie de nombres propios, que es relevante mencionar se repiten en muchas de las conversaciones con otros/as entrevistados/as, da cuenta de la legitimidad social de este argumento: en cierto barrio vulnerables las causas armadas se entienden y viven como represalias de actores con relativo poder local (policías, fiscales y agentes del sistema justicia y eventualmente del poder político local). Y si bien no es el propósito de esta investigación, resulta al menos elocuente la repetición de nombres propios y formas arquetípicas que se repiten en las narraciones de los/as entrevistados/as.

Luney creció en Villa Chaqui. En las distintas entrevistas y conversaciones fueron apareciendo muchas dimensiones de los efectos extendidos del encarcelamiento. La infancia en penales visitando a su padre, el corte en el vínculo a partir de un encarcelamiento de muchos años:

Por lo de siempre, costumbre. Todos estamos vinculados por la delincuencia. No sé, mi viejo estuvo preso gran parte de su vida. Cayó por primera vez cuando yo tenía un año y ocho meses. No tengo recuerdos puntuales y largos con él. Siempre eran plazos cortos. De hecho, un recuerdo que tengo patente con él es jugando en Olmos. Cuando mi viejo cae preso, mi mamá lo deja. Decidió eso, pero eligió seguir viéndolo. Yo fui con mi tía y mi abuela, de parte paterna. Conozco Magdalena, Campana, Sierra Grande, Sierra Chica, Olmos, Azul.

Pero lo que reviste especial atención en este artículo es la mención de Luney a la causa armada de su hermano menor. En sus argumentos se identifican clasificaciones y sentidos sobre las posibilidades o no de sufrir el armado de una causa:

El chilenito, que es el primo de mi hermano. Supuestamente, este pibe fue a robar a Vicente López, y le robó a un policía de la ciudad. Cuando eso pasa, lo apunta con un revólver. Él estaba con la hija y se deja robar. La deja, y sigue al trucho. Y ve que ingresa a Villa Chaqui. Ahí empieza todo. Cae el primer allanamiento de la provincia. Reventaron, no encontraron nada. Mi hermano se entera y va a ver a mi abuela que está operada del corazón. Cuando estaba ahí, cae el segundo allanamiento de la Policía de la Ciudad. Ahí, tiraron el arma y le preguntaron a mi hermano, él es tartamudo. Joaquín responde, como tartamudeando, y lo llevan. Le armen una causa, él es menor de edad y lo llevan a un instituto. Estuvo un mes. Tiene 16 años. Después, hubo un reconocimiento y el policía estaba empecinado de que era él. De hecho, si vos entrás al Facebook del chilenito y le mostrabas la foto, veis la diferencia. No podíamos hacer eso.

Luego de esta extensa descripción de los eventos que rodean el caso de su hermano menor, Luney menciona que el barrio organizó una protesta ante el encarcelamiento de su hermano. Vinculado por entonces a cierto activismo contra la violencia institucional, Luney organizó una movilización importante en términos barriales. En este punto, como lo ha analizado Pita (2019), es destacable que la reputación de su hermano menor (un joven no vinculado al mundo del delito, tartamudo) condiciona fuertemente la forma en que él fue pensado y resistida su condena. Al igual que en los estudios sobre violencias estatales, este caso nos ayuda a pensar en la idea de merecimiento que opera clasificando ciertas prácticas sociales al tiempo que puede eventualmente legitimarlas.

Pero si la reputación social (ser un buen pibe, no estar vinculado al mundo del delito) protege localmente al hermano de Luney, diferente suerte corren a nivel barrial quienes están vinculados, de distintas maneras, al mundo delictivo. Un caso que ayuda a graficar estas dinámicas lo encontramos en Marcela. Su hijo menor está preso desde hace dos décadas, según sus palabras, por una causa armada. Otro de sus hijos murió en la cárcel en tanto que un tercer hijo también está cumpliendo una condena. Su vida está directamente vinculada a la cárcel, especialmente a los efectos extendidos de esta. Atender, ayudar, socorrer a sus hijos, pero también a sus allegados que están en prisión, es parte de su vida diaria.

Marcela se fue convirtiendo con los años en una referente local en la lucha de los familiares de presos y muchas veces ofrece recomendaciones a familiares de detenidos sobre cómo presentar habeas corpus y otras formas de reclamar por las condiciones de detención o de traslado. Pero, además, su historia y el rol que despliega en su comunidad grafican los efectos extendidos del encarcelamiento en los barrios: muchos vecinos de Villa Chaqui tienen familiares, parejas, amigos en prisión y recurren a figuras como ella para tratar de comprender las lógicas del sistema penal y penitenciario, o también para intentar lidiar con sus consecuencias y arbitrariedades. La cárcel y sus dificultades aparecen constantemente en Villa Chaqui con una presencia extendida que toca la cotidianidad de muchos en esa zona (organizarse para ir a la visita, vecinos que se encuentran en prisión, dejar de visitar a un familiar porque se hartaron de la cárcel, recordar las visitas al penal, son solo algunas de las menciones sobre la cárcel en las entrevistas realizadas).

Finalmente, y en relación con el vínculo de la categoría causa armada con otras, resalta en el trabajo de campo realizado en Villa Chaqui la labor de ciertos activistas de incorporación de esos hechos bajo la categoría de violencia institucional, produciendo así un juego operaciones de distinción (identificación y discriminación de hechos dentro de un total indiferenciado) y jerarquización dentro de un universo definido (el de la violencia institucional) qua totalidad (Pita, 2017). Todas estas operaciones habilitarían otra forma de clasificar a las causas armadas y así poder presentarlas, reclamar por su esclarecimiento y demandar justicia, y a la vez clasificar y valorar la acción de las fuerzas de seguridad tanto durante el momento en que acontecieron los hechos como con posterioridad a ellos. Este trabajo de reclasificación social puede ser pensado como una estrategia, es decir, como una acción política. Buscar incluir a las causas armadas en el tipo “violencia institucional” implicaba poder incluir esos hechos y a esas víctimas en una serie cuya consideración social fue ganando valor a lo largo de los años (Pita, 2017).

En otras palabras, cuando Marcela, pero también Luney, inscriben las causas armadas en la serie de las víctimas de la violencia institucional, ubican a estas bajo el amparo de las luchas por los derechos humanos (de una extensa y prolífica tradición en el caso argentino). Y tal como sabemos, el hecho de clasificar implica la puesta en juego de un sistema de diferenciaciones, jerarquías que determinan relaciones, niveles de inclusión y subordinación de unas categorías a otras, y una noción de totalidad. La estrecha relación entre las nociones de causas armadas y violencia institucional nos ayuda a pensar en las formas en que los actores sociales motorizan y potencian sus causas (al resguardo de otras causas y/o nociones legítimas socialmente).

Hasta aquí hemos expuesto resultados parciales de dos trabajos de campo distantes pero que convergen en un aspecto: el problema de las causas armadas y qué hacer con ellas. En ambos estudios la temática de causas armadas se impuso como emergente de las indagaciones sin que fuéramos a buscarla explícitamente. Es decir, el motivo original de nuestras investigaciones no se organizaba en torno a esta problemática. Sin embargo, los resultados del trabajo de campo colaboraron en la tarea de “torcer” la mirada hacia ellas.

Las coincidencias son temáticas, pero también casuísticas en tanto encontramos reiteraciones de nombres de policías, funcionarios y procedimientos. No obstante, nos proponemos sortear esas coincidencias —que merecen una indagación de otra naturaleza— para abordar la categoría y utilizarla para iluminar las interacciones entre los sectores populares y las fuerzas policiales, el sistema judicial, las cárceles, así como también pretendemos alumbrar a partir de estas categorías los modos de construcción, apropiación y circulación de saberes ligados a lo penal. En suma, nos proponemos ubicar esta noción en el marco de los efectos extendidos del encarcelamiento para dar cuenta de que la causa armada viene a reforzar y profundizar el control social ejercido sobre los sectores populares.

Pero además debemos enfatizar que las “verdades” acerca de las causas armadas que circulan tanto en los barrios como en asociaciones tales como ACIFaD nunca son homogéneas ni monolíticas. Con esto queremos decir que aquello que llamamos causa armada a lo largo de estas páginas es un terreno de disputas en los espacios activistas, pero también barriales. Y así como ciertos actores “buscan soluciones al saber que es una causa armada” es importante destacar que tales soluciones o caminos posibles son variados y se encuentran atravesados por variables de clase y de género. Es decir, no todos luchan, resisten ni piensan a las causas armadas de la misma forma ni con los mismos recursos simbólicos.

Asimismo, esta primera aproximación al fenómeno buscó también dar cuenta del valor heurístico de esta categoría y de la necesidad de emprender tareas de investigación que den cuenta de este potencial. Aún quedan muchas aristas por ser trabajadas, algunas de las cuales fueron mencionadas en el marco de este artículo: resta analizar el problema del número público para pensar las causas armadas, también realizar una genealogía de las formas en que se ha nombrado y abordar casos resonantes que nos permitan pensar a esta categoría en relación con otros problemas sociales. Este artículo se propuso generar un primer acercamiento etnográfico a la temática con el fin de comenzar a delinear sus bordes y contornos. La mirada etnográfica nos permitió ver cómo los actores reproducen la categoría al tiempo que la disputan y luchan por que sea más visible.