Introducción

La pandemia de COVID-19 agravó las crisis existentes en diversos espacios sociales. Los centros penitenciarios no fueron la excepción. Antes de la pandemia, en estas instituciones se presentaban importantes carencias derivadas de la sobrepoblación, la falta de personal y la corrupción de las autoridades penitenciarias. De acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS, en adelante), en marzo de 2021, 135 centros de los 288 existentes estaban abarrotados, algunos alcanzando una sobrepoblación del 534 % (OADPRS, 2021a). La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, en adelante) ha reportado las condiciones desfavorables de los centros penitenciarios señalando, entre otras: la sobrepoblación, el insuficiente personal médico y medicamentos especializados, alimentación deficiente, ausencia de limpieza y agua potable, carencias en los productos de aseo personal y de limpieza e instalaciones improvisadas o deficientes (CNDH, 2019, 2020, 2021). La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL, en adelante) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestra también las carencias que existen en los centros penitenciarios del país. De acuerdo con el último levantamiento (2021), 48 % de las personas encuestadas afirmó recibir algún artículo de aseo general del centro penitenciario y el mismo porcentaje afirmó recibir algún artículo para limpieza personal (INEGI, 2021). Si bien 99% de las personas dijo recibir comida por parte de la institución, 51.8 % dijo que la cantidad era insuficiente y 54 % que era causante de enfermedad^[1] (INEGI, 2021).

La pandemia por COVID-19 agravó las difíciles condiciones de vida en los reclusorios. En un estudio sobre Estados Unidos, Johnson et al. (2021) señalan que el aislamiento durante la pandemia, la interrupción de las visitas a las prisiones y la reducción de los servicios de salud en general tuvieron un efecto negativo en el bienestar de las personas privadas de la libertad, especialmente en la salud mental. En México, la CNDH (2020, 2021) señaló que las carencias ya existentes en los sistemas penitenciarios del país se acentuaron durante la pandemia, especialmente en el tema de salud. Para las familias de las personas privadas de la libertad, la epidemia implicó nuevos retos, costos ecómicos y sociales.

La insuficiencia de insumos básicos en las instituciones penitenciarias es frecuentemente subsanada por las familias de las personas detenidas. De acuerdo con la ENPOL (INEGI, 2021), 67 % de las personas privadas de la libertad que recibieron visitas reportaron que estas les llevaron artículos de aseo personal, 79.3 % dijo haber recibido comida de sus visitantes, 51 % ropa y 40 % dinero, entre otros bienes. Un estudio realizado en Ciudad de México y el Estado de Morelos sobre los costos del encarcelamiento para las familias en México (Pérez Correa, 2015) mostró que las personas encuestadas, además de suministrar estos bien, asumen otros gastos como el transporte para llegar a los centros penitenciarios (que frecuentemente se encuentran en lugares alejados), los gastos legales necesarios para la defensa, las cuotas informales que cobran las autoridades de los centros (ya sea para ingresar a realizar la visita o para darle una mejor vida a su familiar privado de la libertad), entre otros. Conjuntamente, estos costos significan una fuerte presión económica para las familias que se ven obligadas a cambiar sus vidas para obtener los ingresos necesarios para mantener a una persona en prisión, dejan de tener posibilidades de cuidar a sus hijos y/o de frecuentar a amigos o vecinos (Pérez Correa, 2015, p. 40).

Las deficientes condiciones que existen en los centros penitenciarios ponen en riesgo la salud y vida de las personas privadas de la libertad. Asimismo, como apuntan Novisky et al. (2021) en su estudio sobre cómo la cárcel se convierte en un factor que contribuye a la inequidad de salud, actitudes de deshumanización hacia la población penitenciaria empeoran las condiciones de vida de estas personas. Estos riesgos a la salud, sin embargo, no solo afectan a la población carcelaria sino también al personal penitenciario y a los visitantes (ya sean familiares, defensores o proveedores de servicios) que constituyen la población puente (que ingresa y egresa de las cárceles). El estrés de tener a un familiar en prisión, por ejemplo, tiene implicaciones serias en la salud de los familiares (Arries & Maposa, 2013; Fazel & Baillargeon, 2011; Maruschak et al., 2015).

En un estudio realizado en México a 1849 mujeres se encontró que el encarcelamiento de un familiar está asociado con varios problemas de salud (Connors et al., 2020) derivados de la mala alimentación, la falta de ejercicio y el estrés. Según esta investigación, las mujeres con un familiar en prisión eran fumadoras, presentaban sobrepeso, tenían diabetes y habían estado expuestas a violencia con mayor frecuencia que mujeres sin un familiar en prisión. Además, se detectó que estas mujeres tenían una posibilidad 41 % mayor de tener enfermedad cardiovascular con respecto a aquellas mujeres sin un pariente en prisión (Connors et al., 2020). Otros estudios realizados en Estados Unidos han encontrado también que tener a un familiar en prisión aumenta los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular (Lee et al., 2014, 2015). Bruns y Lee (2020) mostraron además que el encarcelamiento de la pareja se asocia al consumo de sustancias ilícitas. Los resultados del estudio muestran cómo, en contextos sociales desaventajados, la privación de la libertad de la pareja vuelve a las mujeres particularmente susceptibles de consumo de sustancias ilícitas.

Las prisiones no afectan de manera igual a todos los grupos sociales; tienden a perjudicar principalmente a grupos sociales económica y socialmente desaventajados (Araiza & Iturralde, 2011; Garland, 2002). En este sentido, el encarcelamiento refleja —y contribuye a— la desigualdad social. Novisky et al. (2021) señalan que el encarcelamiento debe ser entendido como un factor social no solo de desigualdad social, sino específicamente de desigualdad en la salud, toda vez que quienes entran a las cárceles no solo llegan a lugares cuyas condiciones de vida vulneran la salud, sino que se trata de personas que presentan factores de vulnerabilidad de inicio. Los autores razonan que, si el encarcelamiento es un factor de desigualdad en la salud, la pandemia por COVID-19 haría aún más amplia la brecha de desigualdad de salud entre la población privada de la libertad y su contraparte (Novisky et al., 2021).

Más aún: el grupo de personas que visitan los centros penitenciarios y se hacen cargo de proveer bienes a las personas privadas de la libertad no es heterogéneo, sino que está compuesto principalmente de mujeres. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (2021), en 2019 el 78 % de los visitantes a los centros penitenciarios de CDMX fueron mujeres, mientras que en 2020 el número ascendió a 81 % (Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, 2021). En el presente estudio, 85 % de las participantes fueron mujeres. Esto significa que si bien la población penitenciaria está compuesta principalmente por hombres —según OADPRS (2021a), 94 % son hombres y 6 % mujeres—, quienes mantienen los vínculos sociales con la población privada de la libertad y aportan los bienes que las personas encarceladas necesitan para vivir son mujeres (madres, parejas, hermanas o hijas de quienes están en prisión). Existe pues una desigualdad de género que pocas veces se visibiliza en el análisis de las políticas penitenciarias. Cuando hablamos de familiares de las personas privadas de la libertad, se trata de mujeres, y son ellas las afectadas en términos económicos y de salud (mental y física) por el encarcelamiento.

Este texto muestra los resultados de una encuesta en línea con personas que vivían en México y con un familiar en prisión^[2]. El objetivo del sondeo fue visibilizar la experiencia de las/los familiares de personas privadas de la libertad en México durante la emergencia sanitaria por COVID-19 para entender los retos y/o dificultades que enfrentaron durante la crisis de salud pública. Asimismo, se buscó inferir cómo las medidas adoptadas por las autoridades penitenciarias afectaron a los familiares de las/los internos. Los resultados permiten entender cómo el sistema penitenciario afecta a los familiares e ilustrar cómo las cárceles constituyen una causa social de desigualdad social y de salud, principalmente para las mujeres que cuidan de la población privada de la libertad.

Método

El estudio tuvo como objetivo entender y visibilizar algunos de los problemas que enfrentaron las personas que visitan a familiares o amigos en los centros penitenciarios de México durante la emergencia sanitaria. Asimismo, el estudio de tipo cualitativo buscó informar cómo las medidas adoptadas por la autoridad durante la pandemia pueden afectar las circunstancias de vida social y salud de estas personas.

Para ello, se realizó una encuesta no representativa en línea, a través de la plataforma digital “Survey to Go”, a efecto de mantener medidas de distancia social y para conocer las experiencias de familiares en diferentes sistemas penitenciarios del país. Se mantuvo abierta del 22 de febrero hasta el 31 de mayo de 2021. No hubo pago alguno por la participación en el estudio.

La encuesta buscó la participación de personas que tuvieran las siguientes características: ser mayor de 18 años, vivir en la República Mexicana y tener algún amigo o familiar privado de la libertad en algún centro penitenciario en México. Se establecieron preguntas filtro de inicio sobre mayoría de edad, lugar de residencia y tener a un pariente o amigo en un centro penitenciario en el país, para poder continuar con la encuesta. No se preguntó por la edad de las personas participantes, solo si eran mayores de edad. 85 % de las participantes afirmaron ser mujeres y 9.8 % hombres^[3]. 29.5 % dijo que su interno se encontraba en el Estado de México, 21.4 % en CDMX y 12.8 % en Morelos[4]. Algunas de las personas participantes afirmaron tener un familiar en prisión antes de que se declarara la pandemia y pudieron responder sobre las medidas implementadas por las autoridades a raíz de la emergencia sanitaria. Otras, en cambio, reportaron que su familiar ingresó durante la pandemia. En estos casos el cuestionario no preguntaba sobre cambios antes y después de la emergencia.

La consulta iniciaba con un texto explicativo de los objetivos de la investigación y el uso de los datos. La primera pregunta, necesaria para avanzar, era de consentimiento informado. El cuestionario de la encuesta, así como el protocolo de la investigación más amplia, se sometió a un proceso de revisión y aprobación a la Comisión de Ética del Centro de Investigación y Docencia Económicas^[5].

Para aplicar la encuesta se generó un hipervínculo de acceso directo al formulario en línea que se compartió a través de las redes sociales de Facebook y Twitter. También fue difundido en grupos de WhatsApp de familiares de personas privadas de su libertad. Es decir, se generó un muestreo por conveniencia no probabilístico. El cuestionario tenía setenta y siete preguntas^[6] que buscaban conocer las características sociodemográficas de los respondientes, información sobre el familiar privado de la libertad, experiencias de las visitas antes y durante la contingencia, costos de las visitas, medidas adoptadas por los centros penitenciarios ante la emergencia sanitaria y costos económicos y sociales para los familiares.

Se respondieron un total de 234 encuestas que fueron procesadas en el software R (R, 2022). Se creó un repositorio público de GitHub donde se encuentran los datos, los códigos de procesamiento en R, las gráficas descriptivas de cada pregunta y el reporte de dicho proyecto^[7]. El cuestionario completo y resultados se encuentran disponibles en línea^[8]. La última sección de la encuesta permitía dejar comentarios sobre cualquier tema.

El cuestionario está basado en el utilizado por Pérez Correa (2015), por ser la primera encuesta realizada en México para documentar los costos que tiene el encarcelamiento para las familias de personas privadas de la libertad. El objetivo de este estudio fue en parte conocer cómo las medidas implementadas por las autoridades penitenciarias afectaron a los familiares de las personas privadas de la libertad en términos económicos, sociales y de salud. El cuestionario original se modificó para su aplicación en línea y para poder conocer los cambios realizados en los centros penitenciarios en el contexto de la pandemia y las repercusiones que estos tuvieron para las familias de las personas privadas de la libertad.

No fue posible conocer el número de visitantes a prisiones nacionales durante el levantamiento de la encuesta. Antes de la pandemia se registraba un aproximado de 5.7 millones de visitas al año (Calzada Olvera et al., 2021, p. 31-32). De abril a octubre de 2020 este número se redujo a 502 192 (Calzada Olvera et al., 2021). Para inicios de 2021, cuando se realizó el levantamiento, algunos centros ya habían eliminado algunas, aunque no todas, las restricciones, sin volver aún a la normalidad. El número de respuestas recibidas es limitado, lo que significa que los resultados de este estudio no son representativos de las personas que visitan los reclusorios del país y por tanto no pueden generalizarse o hacerse inferencias sobre las características de esta población.

Existen además sesgos que hacen la muestra de la población estudiada no representativa. El acceso a un teléfono con datos o a redes sociales representa un sesgo sociodemográfico hacia personas con más recursos económicos. Asimismo, es posible que quienes respondieron a la encuesta por una invitación de grupos de apoyo de WhatsApp estuvieran quizás reportando sobre la información que reciben y se comparte a través de estos grupos. Finalmente, hubo una sobrerrepresentación de personas con algún familiar en centros penitenciarios federales, por lo que algunos de los datos son sobre las dificultades vividas en esos centros, que tienen características particulares y distintas a los centros penitenciarios locales. Poco menos de la mitad de las/los encuestados (48.7 %) afirmó que su familiar se encontraba en algún centro penitenciario federal, mientras que 42.3 % afirmó que estaba en un centro de readaptación local (9 % no sabía o no quiso responder). Sin embargo, según datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, a nivel nacional 7.5 % de las personas privadas de la libertad se encontraban en centros federales mientras que 92.5 % estaban en centros locales (OADPRS, 2021b).

En mayo de 2021, cuando se realizó la encuesta, la población penitenciaria era de 220 647 personas. De estas, 94 903 (43 %) estaban privadas de la libertad preventivamente mientras se dictaba su sentencia, en tanto que 125 744 tenían ya una sentencia condenatoria (OADPRS, 2021b, p. 9). 55.1 % de las/los encuestados dijo que su familiar estaba sentenciado y 40.6 % en prisión preventiva (4.3 % no sabía o no quiso responder).

Resultados

Esta sección está dividida en tres partes. En la primera se muestran las características sociodemográficas de las personas encuestadas. La segunda recoge algunos datos descriptivos que permiten entender la experiencia de tener y visitar a un familiar en prisión y los cambios vividos a raíz de la pandemia; este apartado incluye información sobre la suspensión o restricción de visitas, datos sobre la frecuencia de visitas, los bienes que los familiares llevan a los centros penitenciarios y el gasto en que incurren para mantener a un familiar en prisión. La tercera parte da cuenta de los datos descriptivos referentes a otras medidas de mitigación adoptadas por las autoridades y cómo estas afectaron a las familias.

Características de los familiares de las personas privadas de su libertad

Como se mencionó anteriormente, la encuesta tuvo un total de 234 respuestas. Del total de participantes, 85 % se identificó como del género femenino, 9.8 % masculino y 5.2 % prefirió no responder o señaló “otro”. La mayoría de los participantes reportó tener hijos(as): casi 50 % dijo tener 2 o 3, mientras que solo 8 % dijo no tenerlos.

Sobre el empleo de las personas participantes, 24.4 % afirmó ser comerciante, 22.6 % ama(o) de casa, 15 % trabajadora doméstica, 11.5 % funcionaria(o) pública/empleada(o) de gobierno, 11.5 % estaba desempleada(o), 9.4 % profesionista o técnico(a), 9.4 % empleada(o) de una empresa, 3.4 % jubilada(o) o pensionada(o), entre otras profesiones.

La mayoría de las personas que participaron en la encuesta afirmó que visitaba a su esposo(a) o pareja (35.9 %); a su hijo(a) (24.4 %); o hermano(a) (17 %) (Tabla 1). Al separar las respuestas por género aparecen diferencias importantes: 94 % de las personas que dijeron que iban a ver a su pareja eran mujeres y 94.7 % de las personas que iban a visitar a su hijo/hija eran mujeres.

Según Marmolejo et al. (2020), en el contexto de la pandemia por COVID-19 —y hasta junio de 2020—, en México solo se liberó al 2 % de la población privada de la libertad por mecanismos de libertad condicionada. En otro estudio, Ramírez (2021) reportó que hasta julio de 2021 solo se habían dado 5 liberaciones por la Ley de Amnistía aprobada en el contexto de la pandemia como medida de descongestión en los centros penitenciarios. Ortega et al. (2021, p. 14) muestran que en 2020 se registró el mayor aumento de la tasa de encarcelamiento de personas en centros penitenciarios en México desde 2005, cuando pasó de 200 936 personas en enero de 2020 a 214 231 en diciembre. Este incremento fue especialmente notorio para las personas privadas de la libertad sin sentencia o en prisión preventiva (cuya población nacional aumentó en 8.5 %) y para las mujeres, cuya población creció en 7.4 % (frente al crecimiento de la población varonil que creció en 2.9 %) (Ortega et al., 2021, p. 14). Es decir que, a pesar de la crisis sanitaria que urgía a la excarcelación de reclusos, los sistemas penales mexicanos continuaron arrestando y encarcelando a personas.

Visitar a un familiar antes y durante la pandemia

Tener a un familiar en prisión impacta a los familiares de diversas formas. Las familias son fuertemente afectadas económica, emocional y socialmente por el encarcelamiento; a menudo deben asumir diversos costos económicos que van desde los insumos básicos como comida, agua, ropa y calzado, artículos de limpieza y de aseo personal, entre otros bienes que una persona pueda necesitar para vivir, hasta el pago de ciertos servicios o cuotas informales dentro de los centros penitenciarios, tales como tener una cama y no dormir en el piso, no realizar ciertos trabajos o estar —o no estar— en algunas áreas del centro que pueden ser mejores o más peligrosas (Pérez Correa, 2015, p. 49). Cerda y Alvarado (2014) señalan cómo el encarcelamiento ocasiona en las familias una crisis alimentaria y carencias en los servicios de salud y vivienda, debido a que la economía doméstica es impactada por la falta del salario del interno y también por la necesidad de erogar recursos económicos para cubrir las necesidades generadas por el familiar encarcelado, como son gastos de alimentación y salud. Ferraro et al. (1983) señalaban además que las parejas de las personas privadas de la libertad sufren estas afectaciones más que otros miembros de la familia.

Los datos de este estudio ilustran algunos de estos impactos. La siguiente tabla muestra determinados problemas reportados por las personas participantes de la encuesta y que surgieron a raíz del encarcelamiento. 50 % respondió que ha tenido problemas con su trabajo a raíz de que su interno(a) está detenido(a), 43 % indicó que ha tenido problemas con su familia, 37.6 % con sus hijos, 28.2 % con su negocio, el mismo porcentaje informó tener problemas con su pareja y 26.5 % refirió tener problemas con la escuela de sus hijos(as).

Estos resultados refuerzan la idea del encarcelamiento como un contribuidor de desigualdad social no solo para las personas privadas de la libertad, sino también para sus familias; asimismo, apuntan a que constituye un factor de desigualdad específicamente para la salud, como señalan Novisky et al. (2021). 62.4 % de las personas participantes afirmó tener problemas con su salud a partir de la detención de su familiar. Si bien se trata de problemas de salud autorreportados, otros estudios muestran que el encarcelamiento de un familiar está ligado con ciertos padecimientos y enfermedades (Connors et al., 2020; Lee et al., 2014; Sundaresh et al., 2021; Van de Weijer et al., 2021; Wildeman et al., 2012, 2019).

Entre los problemas de salud reportados se encuentran: la ansiedad o depresión (82.2 %); gastritis o colitis (54.8 %); alteraciones de presión arterial (54.1 %); afecciones de la piel (18.5 %); infecciones respiratorias (16.4 %); contagio de COVID-19 (15 %); diabetes (13.7 %) y otros (ver Tabla 3).

Para la mayoría de las personas que participaron en la encuesta, estos problemas se agravaron durante la pandemia. Al preguntarles si los problemas que han tenido por tener un interno(a) en un centro penitenciario han cambiado, 60 % respondió que aumentaron, 29 % afirmó que se mantuvieron igual y menos de 1 % consideró que disminuyeron (10.3 % respondió “no sé” o “no quiero responder”).

La suspensión o restricción de visitas en los centros penitenciarios, la falta de comunicación con su familiar, el temor a los contagios y la falta de recursos acrecentaron los retos para los familiares. A la pregunta ¿Cada cuánto visitaba a su interno(a) antes de la contingencia por COVID19?, 28.6 % respondió que una vez a la semana, 21.4 % afirmó que “cuando tengo posibilidad”, 9.4 % dijo que cada quince días, 9 % una vez al mes, 6.8 % varias veces a la semana y 6.4 % respondió que nunca fue^[9]. 13.7 % de las personas afirmaron que su familiar ingresó al penal durante la contingencia.

A quienes afirmaron que no habían ido a los centros penitenciarios se les preguntó por qué no habían podido visitar a su interno(a); 40 % señaló que “no cuenta con recursos”, 40 % indicó que el centro penitenciario está muy lejos y 13.3 % precisó que su familiar no quiere recibir visitas (13.3%). Solo 6.7 % afirmó que se debía a falta de tiempo. Una participante escribió: “Mi esposo esta a mas de un dia de distancia, necesito juntar 10 mil para cada visita (…) Solo eh ido una vez y me dejaron hablar por locutorio 40 minutos aun sabiendo q soy de guanajuato.” [sic].

A la pregunta Desde que inició la contingencia por COVID19, ¿cada cuánto ha podido visitar a su interno(a)?, 53.4 % de las/los encuestados señaló que no había podido realizar la visita, 18.4 % afirmó que una vez a la semana, 15.4 % “cuando tengo posibilidad", 7.3 % cada quince días, 4.7 % una vez al mes^[10]. A quienes afirmaron que no habían ido a los centros penitenciarios desde que inició la pandemia se les preguntó por qué no habían podido visitar a su interno(a); 68.8 % señaló que “el centro penitenciario prohibió las visitas”, 40.8 % afirmó que no tiene suficientes recursos económicos, 37.6 % sostuvo que el centro penitenciario les queda muy lejos, 23.2 % señaló “por miedo a enfermarse de COVID19” y 19.2 % porque trasladaron a su interno (a) a otro centro penitenciario.

La siguiente gráfica muestra la frecuencia de las visitas antes y después de pandemia:

Gráfica 1

Las visitas son muy importantes para las personas privadas de la libertad, pero también lo son para sus familiares. Si bien se trata de jornadas estresantes y largas, son la forma en que pueden constatar que su familiar está bien y de cuidar de él o ella. Con la pandemia se redujo de manera significativa el número de visitas que recibieron las prisiones. Según el informe “Protocolos de actuación en los centros penitenciarios mexicanos durante la emergencia sanitaria por COVID-19”, antes de la pandemia los sistemas penitenciarios nacionales registraban un promedio de 5.7 millones de visitas al año (Calzada Olvera et al., 2021, pp. 31-32). De abril a octubre de 2019, en esos sistemas penitenciarios el total de visitas fue de 2 719 817. En el mismo período, para el 2020 este número se redujo a 502 192 (Calzada Olvera et al., 2021). Ello representa una disminución de las visitas en 81.5 %. En 6 estados del país las visitas fueron suspendidas por completo desde abril de 2020 hasta octubre del mismo año; en 4 más, las visitas se suspendieron por menos de 5 meses; en 5 estados, además, se redujo el número de visitas permitidas (Calzada Olvera et al., 2021, pp. 31-32).

La implementación de estas medidas fue reportada por las personas que participaron en la encuesta. 63.7 % de las/los encuestados afirmaron que se suspendieron las visitas de personas de la tercera edad, 57.7 % que se suspendieron las visitas de menores de edad, 53.8 % que se suspendieron las visitas por completo y 53.4 % dijo que se limitó la visita a una sola persona, entre otras medidas (ver Tabla 4). Es importante señalar que estas prevenciones se adoptaron en algún momento, pero fueron cambiando a lo largo de los meses, por lo que pueden reportarse diferentes disposiciones. Como se muestra adelante, para las familias también fue una fuente de preocupación no conocer con antelación qué medidas adoptaban los centros.

Ospina y Pocoroba (en prensa) documentaron los impactos de las medidas de restricción de visitas en los centros penitenciarios del país. Su estudio muestra los graves efectos psicoemocionales que tuvo el cierre de los centros penitenciarios tanto para la población privada de la libertad como para sus familias. Además, apunta a un impacto diferenciado por género en las medidas adoptadas por los centros, siendo estas más restrictivas y prolongadas para las instituciones femeniles (Ospina & Pocoroba, en prensa).

Para mantener el contacto entre internos y sus familiares, algunos centros implementaron sistemas de videollamadas. No obstante, solo 22.2 % de los encuestados respondieron que el centro penitenciario habilitó un sistema de videollamadas para mantener contacto, mientras que 73.1 % señalaron que no se habilitó tal sistema (4.7 % dijo “no sé/no quiero responder”). A las personas que respondieron que sí (22.2%), se les preguntó: ¿Pudo usar el sistema de videollamada?; 63.5 % afirmó que sí pudo usarlo, 36.5 % dijo que no pudo. Esto significa que solo 14 % de las personas participantes tuvieron contacto con su familiar por esta vía. Una persona escribió: “algunos CPS otorgaron 2 llamadas a la semana (la normal semanal y una extraordinaria). (…) vamos a cumplir un año sin poder verlo y 10 minutos que es el tiempo de la llamada no es suficiente para mantenernos comúnicados”.

Para los internos, las visitas significan la posibilidad de mantener la vinculación familiar y comunitaria, pero también, como se mencionó, el acceso a insumos básicos como comida, agua, ropa e incluso medicamentos (INEGI, 2021). La siguiente tabla muestra los insumos que llevaron las personas participantes en su última visita al centro. Los casos en los que se afirma que en el centro no se permite el ingreso de bienes corresponden a los familiares de internos en centros federales, donde está prohibida la entrada de estos productos (Reglamento de los Centros Federales, art. 74, I).

Para las personas que participaron en la encuesta y que pudieron realizar visitas durante la pandemia (46.6 % del total), el costo de realizar la visita aumentó durante la emergencia sanitaria. A la pregunta ¿El costo de su visita al centro penitenciario aumentó, se mantuvo igual o disminuyó?, 70.2 % señaló que aumentó, 13.8 % que se mantuvo igual y 6.4 % que disminuyó (en 4.3 % de los casos la persona fue detenida durante la contingencia, por lo que no se pudo realizar esta comparación). Esto, además, ocurrió en un contexto en el que muchas personas, especialmente mujeres, quedaron sin empleo (IMCO, 2022). De nueva cuenta, estos datos ilustran cómo el encarcelamiento de una persona constituye un factor de empobrecimiento y desigualdad social para quienes cuidan de las personas privadas de la libertad y cómo durante la pandemia aumentaron estos costos.

Respecto a la cantidad de cosas que llevaron las personas a los centros penitenciarios antes y después de decretada la emergencia sanitaria, 51 % respondió que aumentó la cantidad, 24.5 % que disminuyó y 20 % que se mantuvo igual (4.3 % respondió “no sé/no quiero responder”).

Uno de los factores que encarece la vida en los centros penitenciarios es la corrupción: las cuotas para ingresar al centro o, como se mencionó antes, para darle una mejor vida al familiar interno. De acuerdo con la ENPOL (INEGI, 2021) 55.3 % de la población privada de la libertad pagó dentro del centro penitenciario por el pase de lista, 43.2 % para tener aparatos eléctricos, 34 % para cambiar o evitar ser cambiado de celda, 28.2 % para tener una cama, colchoneta o cobijas, etc. En los comentarios, una persona escribió: “Es lo peor que uno puede vivir el tener un familiar preso y soportar constantemente las extorciones q nos hacen con tal de que no les pase nada a nuestro familiar ya estamos cansados de que nos suceda esto y hemos denunciado y nadie hace nada.” [sic]. Otra persona escribió: “La continguencia a incrementado la oportunidad de las autoridades para la corrupción, prohiben la entrada de alimentos, liquidos, restinguen la visitas, justifican la falta de personal, y la falta de atencion medica.” [sic].

Al preguntarles si desde que su interno(a) está detenido en el centro penitenciario les han pedido dinero para pagar algo, 43 % afirmó que se lo habían pedido para ingresar o hacerle llegar artículos a su familiar, 38 % para que le dieran atención médica a su familiar interno, 37 % para que le toque una cama, 30 % para ingresar al centro, 30 % para brindarle protección, entre otras cuotas (ver Tabla 6).

Al juntar todos los gastos que las/los visitantes reportan, es evidente que se producen importantes gastos en cada visita. De acuerdo con los resultados de la encuesta, casi 30% de las personas usan entre 0 y 500 MXN; 28 % gastan entre 501 y 1000 MXN, 11.4 % entre 1002 y 1500 MXN y el resto más de 1500 MXN por visita. Estas constituyen sumas cuantiosas, especialmente tomando en cuenta los ingresos regulares de estas personas y el contexto de la pandemia.

Medidas adoptadas por los centros penitenciarios durante la pandemia

Como se ha señalado, el objetivo de este estudio era mostrar cómo las medidas adoptadas por las autoridades durante la pandemia agravaron las dificultades y costos —incluidos no solo los económicos sino también los personales y de salud— del encarcelamiento para las familias. En esta sección mostramos las principales medidas adoptadas por las autoridades durante la pandemia y algunos problemas que tuvieron las familias durante este tiempo.

Los centros penitenciarios adoptaron ciertas disposiciones para mitigar los contagios dentro de los centros penitenciarios, además de la suspensión o limitación de las visitas. Como se muestra en la siguiente tabla, el uso obligatorio de cubrebocas fue la más reportada por las personas participantes, seguida del distanciamiento social en el área de ingreso y/o visita y la distribución del gel antibacterial. Asimismo, en varios centros se limitó el número de cosas que podían llevar los visitantes a sus instalaciones. De acuerdo con 53.8 % de las/los participantes, esta fue una medida adoptada por el centro en el que está su familiar. Sus familiares internos no contaban con los recursos que normalmente tenían, y casi la mitad afirmó que el reclusorio no les permitía suplir estas carencias.

La mayoría de las personas participantes, sin embargo, no creían que sus familiares tuvieran lo necesario para vivir. A la pregunta ¿El centro penitenciario se aseguró de que interno(a) tuviera acceso a los recursos o bienes que normalmente se le proporcionaba?, 48 % dijo que no, 35.5 % dijo que sí y 16.5 % dijo “no sé/no quiero responder”.

Respecto a las medidas de mitigación de contagio adoptadas por los centros penitenciarios dentro de ellos, la mayoría de las/los encuestados reportó: el uso obligatorio de cubrebocas para personal penitenciario (47.9 %), el uso obligatorio de cubrebocas para internos(as) afuera de su estancia (41.9 %), aislamiento de internos(as) enfermos(as) (41.5 %) y limitar la circulación de internos afuera de las estancias (28.2 %). Esta última medida puede resultar especialmente severa en los centros con sobrepoblación general o en algunas áreas, tomando en cuenta que el 45.8 % de los centros penitenciarios del país estaban sobrepoblados al momento de realizar la encuesta (OADPRS, 2021b) y que, de acuerdo con la ENPOL (INEGI, 2021), 46.4 % de las personas privadas de la libertad comparten celda con al menos seis personas.

Una de las dificultades que encontraron los familiares fue la falta de información por parte de las autoridades, lo que en ocasiones les generaba angustia ya que no era posible conocer —con anticipación— las medidas que había tomado el centro de readaptación en torno a la visita. A la pregunta ¿Considera usted que el centro penitenciario ha informado de manera clara y oportuna la situación de salud en la que se encuentra su interno(a)?, 81 % respondió que no, mientras que solo 9 % dijo que sí (9.8 % respondió “no sé/no quiero responder”). Asimismo, 81.8 % respondió que era a través de su interno(a) como se enteraba de las medidas de prevención y atención que implementaba el centro penitenciario, 36.9 % dijo enterarse a través de terceros, 21.9 % directamente en el área de ingreso al centro penitenciario, 3.7 % mediante sesiones informativas que organiza el centro penitenciario y 2.8 % por disposición de números telefónicos (3.2 % por respondió “otra vía”).

Además, la información sobre contagios y decesos en los centros penitenciarios fue escasa, especialmente en los primeros meses de la pandemia. Sin embargo, los datos apuntan que los efectos de esta fueron especialmente severos entre la población privada de la libertad. De acuerdo con Vela et al. (2021), en 2020 hubo un incremento de 121 % en los decesos de personas privadas de la libertad, comparados con la cifra de personas fallecidas en 2019. A la pregunta ¿Su interno(a) ha tenido síntomas de COVID19 como tos seca, dolor de pecho, fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza?, 29 % afirmó que sí, 59 % dijo que no (12 % “no sé/ no quiero responder”). De aquellas(os) que dijeron sí, 77.9 % mencionó que había comunicado estos síntomas a las autoridades penitenciarias, 16.2 % no los comunicó y 5.9 % respondió “no sé/no quiero responder”. De acuerdo con las respuestas de las/los encuestados, la razón principal por la cual no se informó a las autoridades fue: por miedo a ser aislado(a) o trasladado(a) (63.6 %), porque no pensaba tener COVID19 (45.5 %), por miedo a los otros internos(as) (9 %), por miedo a que se atrasara su proceso legal (9.1 %) (18.2 % respondió “otro” y 9 % “no sé/no quiero responder”.

A aquellas personas que respondieron que su interno(a) tuvo síntomas de COVID-19, se les preguntó: ¿Cómo le afectó a usted el hecho de que su interno(a) tuviera síntomas de COVID19 o diera positivo a la prueba?; 39.7 % afirmó que tuvo que llevarle o depositarle más dinero, 48.5 % dijo que no pudo visitarlo(a), 26.5 % no se pudo comunicar con la persona, 82.4 % se sintió angustiado(a)/asustado(a), 26.5 % tuvo que llevar más medicamentos al centro penitenciario, 75 % se sintió frustrado(a) o enojado(a), 4.4 % respondió “otro” (4.4 % respondió “no sé/no quiero responder”).

Estos datos, si bien no son representativos, ilustran cómo, para las personas que visitan los centros penitenciarios, la pandemia (y las medidas adoptadas por las autoridades penitenciarias) aumentó los costos económicos y también los factores de estrés (que a su vez incrementan los factores de riesgo para padecer ciertas enfermedades). Como señalan Novisky et al. (2021), la epidemia agravó las circunstancias que contribuyen a hacer de las cárceles un factor de desigualdad social y de salud.

Discusión

A pesar de entender el encarcelamiento como un fenómeno que impacta fundamentalmente a las personas privadas de la libertad, diversos estudios muestran que tener a un familiar en prisión afecta gravemente a las personas en lo económico, en lo social y en términos de salud. Económicamente, el encarcelamiento de un familiar significa con fecuencia la pérdida de un ingreso y, además, la necesidad de cubrir los gastos de manutención de la persona privada de la libertad. Esto obliga a las personas a realizar cambios importantes en su vida para sufragar esos costos (Cerda & Alvarado, 2014). Por otra parte, las visitas constantes a los centros implican una carga en términos de tiempo. Ello significa tener problemas con el trabajo o negocio (debido a la imposibilidad de cumplir con los horarios laborales), con sus hijos (debido a la reducción del tiempo que tienen disponible para ellos o ellas) o con sus parejas. Supone también un estigma que en ocasiones lleva al aislamiento de las personas (Luther, 2016), y cargas emocionales (Ferraro et al., 1983). Estas cargas son impuestas a una población que en su mayoría tiene desventajas económicas y sociales. La reclusión contribuye a la desigualdad social.

El encarcelamiento de un ser querido se ha asociado además con afectaciones a la salud. En este estudio, 62.4 % de las personas que participaron afirmaron tener problemas de salud a partir de la detención de su familiar. 82.2 % de las personas reportó ansiedad o depresión, 54.8 % problemas intestinales como gastritis o colitis (que frecuentemente están ligados con el estrés), 54 % alteraciones de presión arterial, 18.5 % problemas de la piel (18.5 %), 16.4 % infecciones respiratorias y 13.7 % reportó diabetes. Si bien, como se ha señalado, la muestra del estudio no es representativa, los datos apuntan a un problema médico —y de desigualdad— poco estudiado. Existen pocos que aborden la salud entre la población mexicana con un familiar en prisión o hayan investigado el efecto del encarcelamiento en la salud mental estas personas. Estudios representativos y más detallados deben realizarse para entender la afectación del encarcelamiento en la salud, mental y física, de los familiares, así como a los sistemas de salud públicos y privados. Esta información es fundamental para informar las políticas públicas sobre el uso de penas de prisión y de administración y vigilancia de los sistemas penitenciarios.

Durante la pandemia, las diversas medidas de mitigación de contagio implementadas por las autoridades agravaron los impactos negativos para las familias de las personas privadas de la libertad. La suspensión o restricción de visitas en los centros penitenciarios, la imposibilidad de comunicarse con su familiar, el temor a los contagios y la carencia de recursos influyeron negativamente en sus vidas. A pesar de los retos económicos vividos durante la contingencia sanitaria, la mayoría de las personas participantes reportó que los costos económicos de tener a un familiar en prisión aumentaron durante la pandemia. Asimismo, la mayoría señaló que los problemas de salud que padecían a raíz del encarcelamiento aumentaron durante la emergencia médica.

Varios estudios sobre las familias muestran que quienes principalmente asumen la responsabilidad del cuidado de las personas privadas de la libertad son mujeres. En este estudio 85 % de las personas participantes se identificaron como del género femenino. Es decir que, además de la disparidad socioeconómica que existe entre la población afectada por el encarcelamiento y sus contrapartes, existe una desigualdad en términos de género. Esta desigualdad es visible también en los efectos negativos que tiene el encarcelamiento entre hombres y mujeres con familiares encarcelados. Wilderman et al. (2019), por ejemplo, muestran que las mujeres con un familiar encarcelado tienen afectaciones más graves a la salud (incluida la salud mental) que sus contrapartes hombres. Una posible explicación es que las mujeres son quienes asumen el deber de cuidado de las personas privadas de la libertad, como lo hacen en otros ámbitos sociales (INEGI, 2019), lo que implica también mayores cargas emocionales y estrés. Son, sin embargo, necesarios otros estudios para entender estas diferencias.

La muestra de esta investigación no permite hacer generalizaciones sobre la población estudiada. El tamaño de la muestra y distribución de los participantes —tanto en términos geográficos como la sobrerrepresentación de personas en centros penitenciarios federales— hacen que no sea representativa y que los datos informen sobre ciertos sistemas penitenciarios estatales o sobre los sistemas federales, que presentan características particulares. Asimismo, el mecanismo de recolección de información —a través de una computadora o teléfono con wifi o datos— representa otro posible sesgo sociodemográfico hacia personas con más recursos económicos. Los resultados de este estudio, por tanto, deben ser leídos con cautela y como pautas para futuras indagatorias. Sirven, sin embargo, para entender cómo ciertas políticas públicas o medidas adoptadas generaron problemas o agravaron las dificultades que vivieron las personas con un familiar en prisión durante la pandemia. Asimismo, son útiles para ilustrar cómo el encarcelamiento puede convertirse en un contribuidor a la desigualdad social y de salud para estas personas.

Conclusiones

Las instituciones penitenciarias presentaban importantes problemas antes de la pandemia tales como la sobrepoblación, la falta de personal, la falta de enseres básicos para las personas privadas de la libertad y la corrupción de las autoridades penitenciarias. La pandemia agravó estos problemas no solo para las personas privadas de la libertad, sino también para sus familiares. El presente estudio ilustra cómo la suspensión de las visitas, la restricción de internos a sus estancias, la falta de información sobre la salud de su familiar y/o sobre los requerimientos para realizar visitas una vez que se reanudaron las visitas, la percepción de nuevas formas de corrupción, el aumento de precios y la falta de trabajo pudieron implicar más y nuevas dificultades para las personas que visitan y cuidan de quien es encarcelado(a). El 60 % de las personas participantes en esta encuesta consideró que los problemas por tener a un familiar en un centro penitenciario aumentaron con la pandemia.

El encarcelamiento de un familiar implica importantes pérdidas económicas y afectaciones sociales que ponen a las familias en condiciones de mayor desventaja social de las que estaban. Es decir, se trata de un evento que contribuye a la desigualdad social. Además, frecuentemente significa un detrimento en la salud mental y física de las personas. Los estudios existentes muestran que quienes visitan las cárceles son principalmente mujeres y que este grupo de mujeres sufre mayores afectaciones a su salud que sus contrapartes hombres (Lee et al., 2014). Los datos de este estudio permiten entender cómo el encarcelamiento de un familiar contribuye a generar una desventaja social y una desigualdad en la salud de las mujeres que cuidan a quien es puesto en prisión. Además, permiten ver cómo la pandemia y las medidas tomadas por las autoridades de los centros de detención empeoraron las circunstancias que hacen de la cárcel un factor que contribuye a la desigualdad.

El sistema penitenciario, según el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como finalidad “la reinserción social del sentenciado a la sociedad”. Diversos estudios muestran la importancia de la visita para lograr este fin (véase, por ejemplo, Ibàñez i Roig & Pedrosa, 2018; Toloza Cardozo & Sanabria Rodriguez, 2021). Sin embargo, el bienestar de las personas que cuidan de las personas privadas de la libertad no es considerado en la política penal o penitenciaria. Tampoco es analizado cómo las cárceles contribuyen a la desigualdad social o a otros tipos de desigualdad, como en la salud. Los estudios sobre cómo el castigo se extiende más allá de la persona privada de la libertad, así como informar decisiones sobre la política penal y penitenciaria, son aspectos que deben ser tomados en cuenta al decidir medidas específicas dentro de los centros penitenciarios para lograr sistemas de control social más justos.

Agradecimientos

Este estudio es parte de un proyecto más amplio sobre encarcelamiento durante la pandemia por COVID-19 en México que fue financiado por Open Society Foundation. Los autores declaran no tener un conflicto de interés.

Los autores declaran no tener un conflicto de interés.En la elaboración del cuestionario participaron: Ángélica Ospina-Escobar (CIDE, PPD), Alejandro Pocoroba (CIDE, PPD), Beatriz Maldonado (Equis), Viridiana Molina (Equis), Natacha Lopvet (Equis), Guadalupe Jiménez (Equis), Isabel Erreguerena (Equis). La participación de Beatriz Maldonado, Viridiana Molina, Natacha Lopvet y Guadalupe Jiménez fue fundamental para esta labor, ya que trabajan directamente con personas privadas de la libertad y visitan de manera regular los centros penitenciarios. Ellas informaron sobre las políticas que se implementaron durante la pandemia en algunos centros. La programación y procesamiento de datos fueron llevados a cabo por Regina Medina (Intersecta). Daniel Zuzumbo dio asesoría sobre el uso de Survey to Go.

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Notas