Introducción

Los estudios feministas de las mujeres, la perspectiva de género y las diversidades sexuales e identidades de género, tras un proceso que ha implicado varias décadas, han logrado permear las agendas académicas de las instituciones de educación superior —IES— en los países de América Latina. Este proceso ha favorecido la visibilización de nuevos derechos y demandas, así como la exigencia de mayor igualdad y equidad en el ámbito educativo. Por esta vía se han conformado, en diversos países, un amplio número de centros especializados en estudios de la mujer en las universidades y se han establecido diversos programas de formación en género tanto a nivel de estudios de pregrado como de posgrado; dinámicas que evidencia la importancia que han adquirido los estudios feministas y de género en los currículos y en las universidades de los países de la región. En este marco se puede afirmar que este proceso ha propiciado la institucionalización de la perspectiva de género y ha fortalecido la legitimidad de la categoría analítica de género en los procesos académicos en estos niveles educativos (Palomar, 2005; López-Francés, Viana-Orta & Sánchez-Sánchez, 2016).

En este contexto, en la última década hemos asistido a la emergencia de una reflexión renovada y profunda en torno al orden de género que, en tanto orden organizacional, ha caracterizado el funcionamiento de las IES, ha establecido obstáculos y puesto límite en el acceso, la permanencia y la movilidad de las mujeres, así como de las diversidades sexuales y de las identidades de género no hegemónicas en la vida universitaria. Este cuestionamiento al orden de género centrado en sus dimensiones simbólicas, en el imaginario colectivo y en las identidades de género o subjetivas ha permitido desnaturalizar las desigualdades de género existentes en la IES y ha conllevado a un amplio debate en torno a la cultura institucional de las universidades, que reproducen una organización jerárquica en la que se subordina la participación de las mujeres y se reproducen las desigualdades y brechas de género, tanto en estudiantes como entre docentes (Buquet, 2016; Mingo, 2006).

Este proceso de reflexión en torno a las estructuras y reglas institucionales del mundo académico y, en particular, de las IES, ha cuestionado la constitución de las disciplinas profesionales y las condiciones de producción de conocimiento, así como las prácticas y las relaciones de género predominantes en los espacios académicos. De esta forma, han aportado hacer evidente la importancia que adquiere la formulación de políticas de equidad de género en las IES, como una alternativa para hacer explícita la voluntad y el acuerdo institucional que efectivamente contribuya a la construcción de mayor equidad en su interior.

El propósito central de las políticas institucionales para la equidad de género es aportar a un cambio ético y cultural que contribuya a la ampliación de la democracia en las sociedades contemporáneas, para ello es necesario develar las causas de las inequidades de género en las IES, señalar su carácter multicausal y complejo e identificar los factores estructurales y contextuales que fundamentan los mecanismos que las reproducen. Las políticas de equidad de género constituyen un primer avance en la incorporación de la perspectiva de género en términos institucionales; un aporte de manera significativa al establecimiento de prácticas institucionales con perspectiva de género (Palomar, 2005).

En este marco general, los observatorios para la equidad de género y las diversidades han sido considerados como los instrumentos que permitirán hacer un seguimiento a los efectos e impactos que la implementación de las políticas institucionales de equidad de género en las IES pueda tener. De allí, la importancia que adquiere reflexionar en torno a esta estrategia que se está implementando en un conjunto de IES, y en particular, en la última década, para el caso colombiano ha ganado fuerza su conformación, al menos, en una decena de IES. En este documento presentamos una aproximación a la implementación de los observatorios para la equidad de género y las diversidades, a manera de un balance general y lo hemos estructurado mediante preguntas claves, que permiten identificar las principales características de estos instrumentos para la construcción de conocimiento y sus principales aportes para el accionar de distintos grupos de interés: académicos, investigadores de temas especializados en género, grupos de presión de los movimientos sociales de mujeres y estudiantiles, entre otros.

En algunos de los casos estudiados, la implementación de los observatorios para la equidad de género y las diversidades se constituye en una respuesta a las demandas expresadas por los grupos de presión en ámbitos institucionales y, en otras ocasiones, estos observatorios se han configurado por iniciativas institucionales como una alternativa para la construcción de conocimiento que contribuya o impulse el accionar ciudadano en la reivindicación de sus derechos y en la denuncia de situaciones de inequidad que limitan el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, las diversidades sexuales y las identidades de género y disminuye su incidencia política.

De igual forma, el análisis que presentamos de las experiencias en la configuración de los observatorios para la equidad de género y las diversidades ha permitido comprender y focalizar los debates en torno a esta estrategia, así como los dilemas y los retos que afronta su construcción. Estos elementos han sido identificados y caracterizados a partir de las diversas experiencias auscultadas, lo que ha permitido retomar elementos claves para el diseño y la estructuración de una propuesta del observatorio de equidad de género y diversidades en el contexto local. Este análisis presentado se fundamenta en la revisión documental de fuentes institucionales de educación superior que han construido estos observatorios.

Con este propósito se desarrollan los siguientes apartados en este documento. En primer lugar, se presenta un panorama de la investigación y la construcción de conocimiento con perspectiva de género que se ha realizado en las IES, indicando los diferentes ciclos y contextos que caracterizan la producción académica en estas instituciones. En segunda instancia, se presentan los avances en el marco normativo institucional que ha permitido transitar, con un soporte jurídico más amplio, hacia una mayor equidad de género en las IES. En tercer lugar, se presenta un recorrido retrospectivo y analítico de algunas experiencias en la implementación de los OEG, como una estrategia emergente en la última década, tanto en instituciones de educación superior públicas como privadas, nacionales y algunas referencias de orden global. Se cierra este artículo con unas reflexiones finales que señalan algunas de las principales características de estos OEG para su construcción en las IES y se plantean algunos de los principales aportes y retos que enfrenta la construcción de esta estrategia en las sociedades contemporáneas.

La investigación y la construcción de conocimiento con perspectiva de género en las instituciones de educación superior: antecedentes, desarrollos y retos

Las últimas décadas se corresponden con un extenso período signado por el proceso de institucionalización de los estudios de género en las instituciones de educación superior en un amplio grupo de países de América Latina y, en la actualidad han logrado una integración en el escenario académico de las IES. No obstante, quienes se inscriben en este campo del conocimiento siguen enfrentando múltiples obstáculos institucionales para su desarrollo y profundización. En este marco, se señalan los principales referentes y contextos de los estudios de género y la incorporación de esta perspectiva en las IES en el contexto regional.

Inicialmente, los procesos de institucionalización universitaria de los estudios sobre mujeres y género estuvieron asociados con el fortalecimiento de la acción feminista y los movimientos sociales de mujeres y se afianzaron en el contexto de la transición a la democracia a partir de mediados de los años 80, tal como ha sido señalado para el caso brasilero por Vosne y Tamanini, (2018). En esta misma perspectiva, para el caso de México, Palomar (2005) ha señalado que el feminismo académico logró aceptación y legitimidad en las universidades mexicanas y se concretó en la incorporación de la perspectiva de género en diversos espacios académicos e institucionales en las IES, sin que ello significara un cambio real y práctico en la cultura institucional de las IES en México. Es decir, sin que se haya configurado “una verdadera cultura de género que asegure una igualdad de oportunidades en el ámbito académico para mujeres y hombres; es decir una cultura de equidad de género institucional” (Palomar, 2005, p. 38).

En Colombia, el liderazgo de un conjunto de académicas feministas vinculadas con varias universidades a inicios de la década del 90 favoreció, de manera pionera, la creación del Programa de Estudios de Género, Mujer y Desarrollo (PGMD) en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia por iniciativa de un grupo de profesoras. En 2001, este programa se transforma en unidad académica de esta facultad y adquiere el nombre de Escuela de Estudios de Género, EEG, la cual se constituye en una instancia de referencia institucional para el abordaje de este campo del conocimiento, esta se conforma en la primera unidad académica de este tipo en el país (Universidad Nacional de Colombia, 2014). Así mismo, a inicios de los años 90 se conforma el Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad en la Universidad del Valle, en la Facultad de Humanidades, como espacio de convergencia de un conjunto de docentes, mujeres y hombres, interesados en abordar los estudios feministas e incorporar la perspectiva de género desde una perspectiva interdisciplinaria. En 2017, se reconoce el carácter de centro de investigaciones y estudios de género y se establece la perspectiva de género en intersección con la clase social, la etnia, la raza y otros clivajes de opresión y discriminación.

De manera más reciente, en los primeros quinquenios del siglo XXI, se establecieron dinámicas sociales en torno a múltiples experiencias de la sexualidad y se configuraron diversos procesos identitarios, que conllevaron a ampliar la comprensión del género. Así, los estudios lésbicos, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (LGBTI+), han planteado una profunda y sostenida crítica al sesgo heterosexista hegemónico de la sociedad y han cuestionado las categorías binarias claramente insuficientes para dar cuenta de esta diversa y heterogénea realidad de las múltiples identidades de género y sexuales. De esta forma, en la actualidad, los estudios de mujeres y género se han ampliado y complejizado para dar un lugar a los estudios sobre pluralidad y orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual y a las identidades de género diversas.

Así mismo, los estudios de género se han caracterizado por su carácter interdisciplinario y multidimensional, enfatizando en su importancia y aporte a la comprensión de los fenómenos sociales. El desarrollo de esta perspectiva ha permitido profundizar en las dimensiones sociales y políticas de las desigualdades, la subordinación y la opresión asociadas a la condición de mujeres e identidad de género no hegemónicas, así como a las dimensiones de raza y sexualidad. De esta forma, se ha instalado en el campo de los estudios de género y las diversidades, el enfoque teórico de la interseccionalidad, que tal como lo ha señalado Viveros (2016) “se ha convertido en la expresión utilizada para designar la perspectiva teórica y metodológica que busca dar cuenta de la percepción cruzada o imbricada de las relaciones de poder” (p. 2).

En las últimas décadas, los estudios de género se han incorporado en las IES y se han legitimado como parte importante de los procesos de investigación y construcción de conocimiento en la academia. Inicialmente, se desarrollaron a partir de la presión y el impulso de los movimientos sociales de mujeres y feministas que aportaron para lograr la visibilizaron del lugar de la mujer en la educación superior. Posteriormente, se realizaron avances significativos en el marco de los debates en torno a la categoría género, así como con los desarrollados que han favorecido las experiencias y subjetividades en torno a las diversidades sexuales y las identidades de género hegemónicas y no hegemónicas. De manera más reciente, con las reflexiones y desarrollos que han permitido los aportes desde el enfoque de la interseccionalidad, reconociendo las diferentes formas en las que se presenta la discriminación e inequidad de género en la sociedad en articulación con otras categorías sociales, tales como la raza, la clase social, la etnicidad y la discapacidad, que demarcan desigualdades y opresiones sociales. Teniendo en cuenta este desarrollo quedan retos relevantes por parte de las IES, referentes a la producción de conocimiento sobre las situaciones de inequidad de género en los campus universitarios, por ello han cumplido un papel relevante la elaboración de instrumentos como las políticas institucionales para la equidad de género y la normatividad institucional, que garanticen la construcción de una educación inclusiva que aporte a la transversalización de la perspectiva de género en los procesos misionales de las IES.

En este contexto, en la última década, el Ministerio de Educación en Colombia, ha establecido un conjunto de lineamientos para transformar la educación superior y avanzar en el reconocimiento de la diversidad y la fundamentación del paradigma de la educación inclusiva considerando la participación, diversidad, interculturalidad, equidad calidad y pertinencia como características centrales (Fuentes, 2015). En este marco, consideramos que los observatorios para la equidad de género constituyen un instrumento fundamental en esta nueva etapa de producción de conocimiento para la equidad, marcada por la agencia de diversos actores que actúan con una perspectiva transformadora desde la institucionalidad.

El marco normativo institucional para la construcción de equidad de género en las IES

Las políticas públicas en las últimas décadas han establecido como uno de sus desafíos superar las brechas de género en varios ámbitos de la sociedad con el propósito de contribuir al desarrollo humano; en este sentido, el género ha sido un tema debatido por diferentes organizaciones internacionales y en consecuencia se han planteado una serie de acuerdos y normas (Baute-Rosales, Pérez-Payrol & Luque Espinoza de los Monteros, 2017). En este marco se ha dado un abordaje particular que aporta a la construcción de equidad de género en las IES, lo cual se ha constituido como un referente fundamental para establecer los principales lineamientos de una política de educación superior inclusiva en el contexto nacional y en tal dirección se pueden considerar tres aspectos centrales: el derecho a la educación, la equidad de género e igualdad de oportunidades para las mujeres y las políticas públicas para la garantía de derechos de las personas LGBTI+ (Ministerio de Educación Nacional y Universidad Nacional de Colombia, 2018).

Una primera serie de normas y acuerdos hacen referencia al derecho a la educación superior, enfatizando en garantizar la igualdad de acceso a las IES, a la ciencia y la tecnología, así como garantizando un trato sin discriminaciones. Estas normas y acuerdos buscan en particular fomentar la participación y la promoción de las mujeres, así como de otras poblaciones en condición de vulnerabilidad. Uno de los principales referentes normativos que marcó un hito para la adopción de políticas específicas con el fin de orientar la educación superior corresponde a la Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing en 1995, la cual propuso aumentar el acceso de las mujeres a la universidad, a la ciencia, a la tecnología y a la educación permanente. De igual manera, otros referentes normativos continuaron reafirmando este compromiso, entre estos se encuentran: la Declaración Mundial sobre Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción en 1998 (Baute, Pérez & Luque, 2017); la Política Científica de la Unión Europea de Osborn en 2001, y la Conferencia Mundial de Educación Superior del 2009 (Fuentes, 2016).

De otro lado, una segunda serie de acuerdos internacionales se refieren a la equidad de género e igualdad de oportunidades para las mujeres que contribuyen a garantizar derechos como la no discriminación, el derecho a la educación, el derecho a la salud sexual y reproductiva, y el derecho a una vida libre de violencias basadas en género (Baute, Pérez & Luque, 2017; Fuentes, 2016; Ministerio de Educación Nacional & Universidad Nacional de Colombia, 2018; Posso et al., 2018). Entre los referentes internacionales más importantes se destacan: la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres en 1979 (CEDAW); la Convención Belém do Pará, orientada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; la Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing en 1995; la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en el Cairo en 1994 y el Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo en 2013, estas dos últimas garantizan los derechos humanos en la salud sexual y reproductiva.

Una tercera serie de acuerdos internacionales hacen referencia a las políticas públicas para la garantía de derechos de las personas LGBTI+, estas normas se destacan también por la priorización del derecho a la educación, la no discriminación, y a la no violencia, así como se establecen acuerdos específicos que garantizan el pleno disfrute de los derechos humanos (Ministerio de Educación Nacional; Universidad Nacional de Colombia, 2018). Entre estas se destacan: los Principios de Yogyakarta en 2006 y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de 2013, ambas aportan al establecimiento de orientaciones normativas que garantizan los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género^[1].

En términos generales, se resaltan los avances significativos que se han dado desde diferentes organismos internacionales con el fin de orientar las políticas que promuevan el derecho a la educación superior para todas las personas, bajo cero tolerancias a las discriminaciones y violencias, y con énfasis en promover el acceso a la educación, a la ciencia y a la tecnología a las poblaciones vulnerables. En este sentido, se encuentran fundamentos normativos que garantizan el derecho a la educación superior a grupos que han sido históricamente excluidos por razones de género, por lo cual debe señalarse la importancia que se le ha dado a los derechos de las mujeres y de la población LGBTI+.

Colombia se ha caracterizado por haber emitido una amplia legislación orientada a garantizar los derechos de diversas poblaciones en correspondencia a lo establecido en la Constitución Política de Colombia de 1991, que garantizan el derecho a la educación, a la igualdad y a no ser discriminadas/os (Fuentes-Vásquez, 2016). Teniendo en cuenta este fundamento legislativo, en las dos últimas décadas se han establecido un conjunto de normas que aportan a la construcción de equidad de género en las IES. De manera más precisa se estableció: el Acuerdo Nacional para la Equidad entre Hombres y Mujeres en 2003, firmado entre las tres ramas del poder, tres universidades públicas y varios gremios del país; también se encuentran los lineamientos para la inclusión para la Política de Educación Superior Inclusiva del Ministerio de Educación Nacional (MEN) de 2013, que brinda orientaciones para las IES en materia de equidad de género; y la Sentencia T-141/15 de marzo de 2015 de la Corte Constitucional, que ordenan al MEN ajustar los lineamientos establecidos en 2013, para que incluya la situación de personas discriminadas en razón de su género, raza o por pertenecer a minorías sexuales, además establece la formulación de una política pública orientada a la aceptabilidad cultural de la educación superior, y a la inclusión de los grupos minoritarios; y establece elaborar un protocolo para la prevención, atención, reparación y manejo de casos de diferentes formas de discriminación en la educación superior (Fuentes, 2016; Ministerio de Educación Nacional & Universidad Nacional de Colombia, 2018; Posso et al., 2018).

De igual forma, se han emitido un conjunto de normas con respecto a la discriminación y las violencias basadas en género, entre ellas cobran importancia, la Ley 1482 de 2011 que penaliza la discriminación por motivos de raza, sexo, orientación sexual, religión, ideología política y filosófica, y origen nacional, étnico y cultural; y el Decreto 4798 del 2011 que ordena la reglamentación parcial de la Ley 1257 del 2008 sobre violencia contra las mujeres, y dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres que de acuerdo al MEN, debe realizarse en las IES (Fuentes, 2016).

Este conjunto de normas señala los avances en materia de legislación en el país con respecto a la equidad de género y la inclusión social en la educación superior, que cuenta con amplios referentes internacionales que respaldan la orientación de acciones políticas dentro las IES. Si bien las universidades públicas en Colombia han ido construyendo políticas que establecen la necesidad de abordar una perspectiva de género para una educación inclusiva, como se ha dado con la Universidad Nacional en 2012, la Universidad de Caldas en 2015, la Universidad del Valle en 2015 y recientemente la Universidad Industrial de Santander en 2018^[2], es importante realizar un seguimiento y monitoreo a la implementación de estas medidas con el fin de garantizar instituciones de educación superior con equidad de género, sin violencias y discriminaciones, ya que estas normativas por sí mismas no garantizan su cumplimiento. Por ello, en este marco de políticas es relevante contar con instrumentos como los observatorios de género, que permitan la producción de conocimiento que den cuenta de los desafíos que deben enfrentar las universidades para lograr la equidad de género.

Los observatorios de asuntos de género en las IES: una estrategia emergente para construir conocimiento e incidencia pública

En la última década se han creado un conjunto de observatorios de asuntos de género en distintas universidades en el país. Aunque la configuración de los observatorios ha considerado estrategias diferenciadas asociadas a dinámicas específicas de áreas de conocimiento en cada universidad, se puede señalar que comparten el objetivo general de contribuir a la producción de conocimiento e información pertinente sobre las desigualdades e inequidades de género desde las IES, así como de manera más amplia en el contexto regional.

Los observatorios creados en esta última década pueden clasificarse de acuerdo con su propósito central y proyección social en dos grandes tipos. En el primer tipo se ubican los observatorios que concentran sus esfuerzos en la incidencia en el contexto externo de las instituciones de educación superior y buscan principalmente afectar a ámbitos gubernamentales en los distintos niveles de intervención, se pueden denotar como: observatorios de asuntos de género de acción pública externa a las IES. En un segundo tipo se ubican los observatorios que concentran sus esfuerzos en la incidencia en las estructuras de inequidad de las IES.

Con respecto a los observatorios de primer tipo, de acción pública externa, estos observatorios se plantean centralmente incidir en instancias externas a la universidad y concentran su intervención en el debate de algunas políticas públicas o a través de campañas educativas con proyección social o en la interlocución directa con entes gubernamentales en los diferentes niveles de acción pública. Algunos de los observatorios que se ubican en este tipo son:

El Observatorio de Género, Equidad y Justicia —OGEJ— fundado de manera pionera, en 2010, vinculado a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Corporación Universitaria Remington, creado con el propósito específico de aportar información acerca de la manera en que los sistemas de género configuran relaciones y prácticas de desigualdad e inequidad entre hombres y mujeres en contextos de violencia social y conflicto en el contexto municipal (Corporación Universitaria Remington, s.f.).

Incluimos en este primer tipo de observatorios, tres experiencias de IES privadas que han establecido observatorios de género cuyo propósito principal es la incidencia en instancias externas, de carácter regional y estructurados en torno a acciones en el campo jurídico y las políticas públicas. De un lado, el Observatorio de Género de Nariño, creado en 2014, adscrito al Grupo de Investigación Derecho, Justicia y Región —DEJURE— de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño. Este observatorio es el resultado de experiencias investigativas como administración de justicia de género en Nariño y la puesta en marcha de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencias basadas en género, UNAVI, en los consultorios jurídicos en esta facultad. Este observatorio trabaja en siete líneas de investigación: violencia y justicia, trabajo y economía, educación y equidad, salud y derechos sexuales y reproductivos, participación política, construcción de paz y buenas prácticas y orientaciones sexuales e identidades de género (Observatorio de Género de la Universidad de Nariño, 2020). En segundo lugar, el Observatorio de la Mujer de la Universidad Manuela Beltrán, conformado en 2017, recopila y analiza información sobre violencia de género con los casos que llegan al Consultorio Jurídico, Proyecto Inocencia y Centro de Conciliación sobre mujeres que se encuentran inmersas en situaciones de violencia tanto física, psicológica y económica (Universidad Manuela Beltrán, 2020). La tercera experiencia, el Observatorio para la Equidad de las Mujeres —OEM—, creado en 2019, se define como “un centro de producción de datos sobre la autonomía y la equidad de las mujeres, que sirvan como insumo para la construcción de políticas públicas de impacto local y regional” (ICESI, 2019).

De igual forma, se registran otras dos experiencias de universidades privadas que han centrado su acción en incidencia pública más delimitada en temáticas específicas de interés público. La primera de ellas el Observatorio de Asuntos de Género y Diversidades adscrito a la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, que se plantea la investigación interdisciplinar y el seguimiento de las políticas públicas y se propone realizar interlocución con instancias gubernamentales de orden nacional (Barrera, 2017). De igual forma, el Observatorio de Medios y Género de la Universidad Central, creado también en el 2017, se propone contribuir desde la academia al fortalecimiento del trabajo periodístico con enfoque de género y desarrolla la campaña “No es hora de callar”, en alianza con un medio de comunicación escrita nacional (Noticentral, 2017).

Este primer conjunto de observatorios se ha configurado en iniciativas en su mayoría de universidades privadas, creadas en áreas de conocimiento del campo jurídico y del derecho, asociado a los consultorios jurídicos que brindan atención a las violencias basadas en género. Por otro lado, se han creado en áreas como las ciencias humanas y el periodismo que apuntan a la incidencia en instancias externas de carácter regional y local, tanto en la proyección para políticas públicas como para la difusión de conocimiento mediante campañas. En general, estos observatorios aportan a la producción de conocimiento sobre equidad de género en los contextos regionales y locales.

De otro lado, se ubican aquellos observatorios cuyo propósito central está dirigido a incidir en el sistema de inequidades de género en el contexto específico de las IES; es decir en la estructura de brechas y desigualdades de género instaladas en el entorno universitario. Estos observatorios son resultado de una revisión profunda de los órdenes de género que caracterizan las instituciones educativas y se plantean una incidencia directamente sobre estas estructuras de desigualdad institucionales. Algunos de los observatorios que se ubican en este segundo tipo son:

El Observatorio en Género y Sexualidades —GESEX—, creado en el 2015, adscrito al Departamento de Estudios de Familia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas y creado bajo el mandato institucional mediante la resolución de la rectoría de la universidad, que establece las directrices para la construcción de la política universitaria de equidad de género e igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la Universidad de Caldas y define el Observatorio GESEX como el órgano que adelanta las funciones de coordinación del proceso de formulación de esta política (Observatorio de Género y Sexualidades, Universidad de Caldas, 2015; Universidad de Caldas, 2020).

El Observatorio de Asuntos de Género —OAG—, creado mediante el Acuerdo 013 del 2016, como instancia asesora y de seguimiento a la política institucional sobre equidad de género en la Universidad Nacional de Colombia y cuya Secretaría Técnica es la Escuela Estudios de Género, EEG, de esta universidad, es quizás el observatorio de mayor especialización para la incidencia en el sistema de inequidades de género en las IES en Colombia. Este observatorio cuenta con cinco ejes de acción: acceso, permanencia, movilidad y egreso; prevención, atención y acompañamiento en relación con las violencias y las discriminaciones; transversalización curricular e investigativa; vida cotidiana y participación universitaria; y comunicación con equidad de género. Además, ha avanzado en la publicación de productos del observatorio que señalan las condiciones de equidad en el acceso, y los avances y retos para la equidad de género a esta universidad.

El Observatorio de Género y Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia —UPTC— inicia en enero de 2019; en esta institución, el observatorio, tiene la particularidad de ser una respuesta a la solicitud presentada por las/los estudiantes en la mesa de concertación local a partir de un pliego estudiantil de peticiones y se caracteriza por haber facilitado la participación de diferentes representantes de los estamentos universitarios. De igual forma, en el caso de la UPTC, la creación de este observatorio responde a una estrategia integral que considera de manera más general la construcción de una cultura universitaria incluyente y respetuosa de la diversidad (Vicerrectoría Académica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2019).

Este segundo conjunto de observatorios, en contraste con el primer grupo, se ha configurado en iniciativas de universidades públicas en diferentes áreas, en el marco de la construcción e implementación de políticas y medidas universitarias que buscan la equidad de género, la inclusión social y el respeto a la diversidad. Estos observatorios contribuyen a la producción de conocimiento sobre las inequidades de género presentes en la educación superior, además desempeñan un papel dentro de estas políticas como encargados de la coordinación, asesoría o seguimiento. En tal sentido, es importante resaltar el importante esfuerzo que están realizando estas universidades públicas para visibilizar las diferentes formas de desigualdad, discriminación y violencia por razones de género que se dan en sus propios ámbitos universitarios, lo cual contribuye a una mirada autocrítica, al diagnóstico y a la implementación de acciones para generar universidades más equitativas.

Internacionalmente, se presentan experiencias de universidades de alto prestigio que dialogan con la construcción de este segundo tipo de observatorios, los cuales buscan incidir en el sistema de inequidades de género en el contexto específico de las IES, entre los cuales se resaltan dos experiencias:

El Observatorio para la Igualdad de la Universidad Autónoma de Barcelona en España, creado en 2005, como una entidad de soporte y seguimiento de las políticas de igualdad, justicia y solidaridad para el conjunto de su comunidad universitaria. Este se dedica, principalmente, al análisis de las desigualdades en la educación superior, concretamente en el estudio y diagnóstico del sexismo y las desigualdades por discapacidad, desde una perspectiva interseccional. Dentro de sus principales funciones se encuentra: la realización de estudios de evaluación, seguimiento y valoración; la elaboración de propuestas de planes de acción; la difusión de la información que permita hacer visible las diferentes formas de desigualdad y discriminación, y las actuaciones encaminadas a corregirlas; y el asesoramiento a colectivos u órganos de la universidad que lo soliciten. Sus líneas de actuación corresponden a: formación, igualdad y participación, y violencia de género (Observatorio para la Igualdad de la Universidad Autónoma de Barcelona, 2020).

El Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las IES (ONIGIES) de México, se conforma en 2018, como un proyecto interinstitucional dedicado a recabar, sistematizar y mostrar información sobre la situación de la igualdad de género en 40 universidades e instituciones de educación superior en México para hacer visibles sus principales brechas, avances e impulsar políticas desde una perspectiva de género. Como parte de sus objetivos elaboró un índice compuesto a partir de un sistema basado en ocho ejes temáticos requeridos para impulsar y construir en su interior relaciones libres de discriminación por motivos de género, estos ejes corresponden a: legislación con perspectiva de género; corresponsabilidad familiar; estadísticas y diagnósticos con perspectiva de género; lenguaje incluyente y no sexista; sensibilización en género; investigaciones y estudios de género; violencia de género; e igualdad de oportunidades. Este sistema fue diseñado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México —UNAM—, que coordina y participa del observatorio junto con otras seis instituciones gubernamentales e internacionales^[3] (Centro de Investigaciones y Estudios de Género UNAM, 2020a; Centro de Investigaciones y Estudios de Género UNAM, 2020b).

Estas experiencias internacionales y nacionales aportan a señalar los diferentes ámbitos de incidencia de este tipo de observatorios dentro de las IES, que corresponden a: la consolidación de marcos normativos que sustenten sus acciones; la producción y difusión de conocimiento sobre las diferentes condiciones de inequidad de género; la construcción de planes de acción, seguimiento y evaluación para la igualdad de género; y la formación, prevención y atención de violencias y discriminaciones basadas en género.

Este conjunto de observatorios también ha hecho aportes en la configuración de un sistema de indicadores para la medición de las brechas y las desigualdades en las IES desde una perspectiva de género que transversaliza diferentes ámbitos de la vida universitaria correspondientes a: el acceso, la trayectoria, los reconocimientos y el egreso en la universidad; las violencias basadas en género; las actividades en investigación y en los currículos; las prácticas y relaciones de género, y el trabajo de cuidado; la comunicación y el lenguaje incluyente; y las legislaciones y planes de acciones de las IES. Cabe resaltar el observatorio coordinado por la UNAM, el cual cuenta con un sistema que analiza 53 variables correspondientes a ocho ejes temáticos, ya mencionados. Este sistema estima el grado de consolidación de los procesos de incorporación de la perspectiva de género en sus marcos normativos, sus estructuras, sus poblaciones y las políticas sociales de las IES. Estos indicadores se constituyen en herramientas relevantes para recolectar y analizar información que contribuye a la toma de decisiones y acciones en las IES.

En términos generales, estos dos grandes tipos de observatorios en el país contribuyen a la producción de conocimiento sobre las inequidades de género que se presentan tanto en los contextos locales y regionales, así como en las IES. Ambos tipos de observatorios aportan a la implementación de acciones y políticas que permiten contrarrestar estas situaciones de desigualdad basadas en género, en cada uno de sus ámbitos específicos. Por esta razón, sería relevante la construcción de una propuesta de observatorio en las IES que contribuya tanto a la mirada crítica del entorno exterior, como también a una mirada crítica hacia sí misma, que impacte en su interior y como experiencia contribuya a otras universidades en la búsqueda de la equidad de género.

Reflexiones finales

En las últimas décadas los estudios de género han tomado relevancia en la academia como referente teórico y analítico para las investigaciones y la producción de conocimiento en las IES, desarrolladas a partir de aportes de los movimientos de mujeres y feminismo, las diversidades sexuales e identidades de género y el enfoque interseccional; sin embargo, son múltiples los retos pendientes por resolver para lograr una efectiva y más amplia inserción del género como categoría transversal en la educación superior y para la institucionalización de una práctica de género en las IES.

En particular, es fundamental abordar un amplio debate en torno a la permanencia del carácter jerárquico y antidemocrático de las IES. Estas se conservan como instituciones en las que predominan estructuras y mecanismos que reproducen las desigualdades y las brechas de género; en tal sentido, la gran paradoja que se devela en las sociedades contemporáneas es el gran desafío por transformar los mismos espacios donde se empezó a cuestionar estas inequidades de género.

En este marco, cumple un papel relevante la construcción de instrumentos que aporten a la educación inclusiva, que corresponden a las normativas y políticas de equidad de género en las IES, y los observatorios de género, que producen conocimiento e información sobre las inequidades de género en el ámbito universitario.

Actualmente se encuentra una amplia normativa que respalda la creación de políticas de género, inclusión y respeto a las diversidades en las IES, en las cuales se señala la importancia de espacios libre de violencias y discriminaciones basadas en género, que consideren las diferentes experiencias y garanticen los derechos humanos. En este marco se han dado avances en diferentes universidades públicas que han establecido la relevancia de políticas de equidad de género, dentro de estas se ha considerado la importancia de contar con instrumentos como los observatorios que permiten la medición de las condiciones de inequidad en las contextos regionales y locales y en particular en las IES. En estas últimas, aportan a la coordinación, asesoramiento y seguimiento de las medidas implementadas a raíz de las políticas formuladas.

Referencias bibliográficas

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Notas

Información adicional

Cómo citar: Bermúdez, R. E, Melo, P. J. y Cardona, A. M. (2021). Observatorios para la equidad de género y diversidades en instituciones de educación superior en Colombia. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 17(1), 224-243. https://doi.org/10.17151/rlee.2021.17.1.11