El desempleo es un ámbito de investigación escasamente desarrollado dentro de la historiografía política referida a Chile, que encuentra destacadas contribuciones historiográficas sobre reformas y políticas laborales y la situación de áreas productivas (entre otros temas relacionados con las políticas sociales y administrativas)1. También ha sido abordado desde la economía y ciencias sociales, particularmente desde la segunda mitad de la década de 1970, con especial importancia en el escenario de crisis económica y alto desempleo de los años 1980².

El supuesto que orienta el artículo apunta que durante el periodo 1973-1978 los miembros de la “Junta de Gobierno” dictatorial y sus colaboradores civiles³ desplegaron una crítica y transformación a la forma en que el Estado se había relacionado históricamente con el desempleo; terminando con las medidas de impulso al empleo desarrolladas particularmente desde el Gobierno de Allende (OIT, 1972)⁴. La política del régimen frente al desempleo desplegó una precarización de las condiciones generales del trabajo remunerado y un distanciamiento de medidas que asignaban al Estado un rol importante dentro de la demanda de empleo. Se busca contribuir desde la historiografía al conocimiento de los procesos, discusiones y formas políticas con que la dictadura se planteó frente al aumento del desempleo⁵. La dictadura fracasó rotundamente en impulsar el empleo y resolver los problemas sociales ligados a éste; sus medidas tuvieron el efecto y “éxito” neoliberal de flexibilizar el empleo en un marco de reducción de derechos y precarización laboral.

La acción del régimen, mostró la importancia que asumían los criterios de ajuste económico; manejo de la inflación; liberalización del mercado del trabajo; etc. El aumento del desempleo no se enfrentó con una política centrada en la importancia del trabajo dentro de la economía y la sociedad, sino que éste se subordinaba a los temas monetarios, de propiedad, mercado y disciplina laboral. La política desplegada por la dictadura disminuyó la importancia de la condición del trabajador desempleado, a condiciones de flexibilización precaria y marginalidad económica.

Para el estudio histórico político del desempleo en Chile desde la década de 1970⁶, se cuenta con importantes contribuciones desde las dimensiones estadísticas y su relación con medidas técnicas frente al desempleo, además de importantes trabajos de diversos investigadores e investigadoras sociales, desde la segunda mitad de los años 1970 y la década de 1980 en adelante⁷. Se reconoce la diversidad de expresiones del fenómeno (friccional, involuntario, femenino, juvenil etc.,) pero estas categorías van más allá de los límites de este trabajo, que busca en primer lugar el estudio de la discusión general sobre el aumento del desempleo a niveles que políticamente representaba un problema para el régimen dictatorial. El artículo enfoca su exploración y análisis en las discusiones y políticas referidas al fenómeno en general y las formas de discutirlo y enfrentarlo. En gran medida, dichas discusiones se referían a la persistencia de desempleo de largo plazo y estructural⁸.

La dimensión política tiene importancia debido a que la dictadura reconfiguró considerablemente a la sociedad chilena y las formas políticas institucionales con que se respondía a problemas sociales y económicos, dentro de los cuales el desempleo ocupó un lugar importante debido a que las medidas frente a dicho fenómeno involucran formas de entender y actuar frente al trabajo. El régimen desplegó sus miradas sobre este problema en una perspectiva que requiere considerar aspectos del desarrollo global del fenómeno del desempleo desde la década de 1970. Desde esta década se observa con claridad (a nivel internacional) el ascenso y fuerza de discursos que se referían –entre otras cosas– a la centralidad del mercado y sus reglas “naturales”; del control de la inflación, como objeto central de la política económica (RODGERS, 2011, p. 43-50); los problemas de eficiencia y exceso de mano de obra overmanning (BURNETT, 1994, p. 266) y las tensiones entre sectores que cuestionaban las políticas de estímulo fiscal al empleo o a la demanda, con aquellos que planteaban la relevancia del manejo monetario y que consideraban que el desempleo –sobre el “natural”– era un fenómeno voluntario (MAIER, 2010, p. 32-33).

La lectura y reflexión histórico política involucra revisar las posiciones desarrolladas por el régimen dictatorial, entendiendo estas como formas de desenvolvimiento e imposición de nuevas perspectivas sobre los fenómenos sociales asociados al trabajo, y particularmente al desempleo y sobre la relación Estado y mercado del trabajo. Implica considerar que los fenómenos sociales ligados a los problemas de la relación capital-trabajo se expresan en la dimensión política. En este sentido se reconocen por lo menos dos partes de esta dimensión: aquella institucional referida a las lógicas implementadas desde el tipo de Estado, gobierno o régimen político y las diversas expresiones políticas desplegadas a nivel social, fuera de los ámbitos del gobierno, como por ejemplo las acciones de los sindicatos, las formas de organización, subsistencia y resistencia desarrolladas para hacer frente a una economía política que planteó una pauperización de muchos sectores de la clase trabajadora. Se busca aproximarnos al problema del desempleo durante la dictadura miliar dirigida por Augusto Pinochet; las lecturas y respuestas que desde el propio régimen se daban en torno a este problema y al mismo tiempo presentar parte de la constelación de fenómenos que con él se relacionaron.

Las formas de enfrentar y definir el fenómeno del desempleo revisten aspectos técnicos ligados a los sistemas de encuesta y medición. Durante los años 1970 y 1980 se produjeron cambios en las formas de organizar la información y datos relacionados con el desempleo (en cuanto %)⁹. Más allá, de los datos y cálculos estadísticos, se reconoce que en la temporalidad que se estudia el desempleo se transformó en un fenómeno relevante y en ese marco se consideran los datos existentes para el periodo.

La temporalidad va desde los primeros mensajes de la dictadura, hasta 1978. En esos años el régimen fue dando forma a sus principales enfoques y políticas frente a los fenómenos y problemas ligados al trabajo y el desempleo. Este último experimentó en ese periodo una importante alza, que se manifestó en discusiones y medidas de la dictadura. El cierre temporal se basa en que el año 1979, la Reforma Laboral consolidó las perspectivas con que la dictadura entendía las relaciones laborales y fenómenos asociados al mundo del trabajo. Entre 1973 y 1978 se pueden identificar las discusiones y lineamientos ideológicos con que el régimen consideraba a los trabajadores en general y a los desempleados en particular.

Las fuentes son principalmente los mensajes presidenciales de Augusto Pinochet a la nación y las sesiones secretas de la Junta de Gobierno entre 1973 y 1978. Estos documentos representan la opinión del Comandante en Jefe, sus generales y colaboradores, y constituyen la manifestación política de balance, discusiones y proyectos de quienes integraban al régimen, sobre los cambios que Chile debía cumplir para integrarse al concierto del desarrollo capitalista de la época. Este se caracterizaba a nivel internacional por un fuerte avance de las políticas de corte monetarista, la pérdida de centralidad del empleo dentro de la economía política a favor de la estabilidad de precios y la inflación y los cuestionamientos a las políticas fiscales de orientación pública (OECD, 1985, p. 14). Estas fuentes, permiten aproximarnos a los procesos de desenvolvimiento de procesos de construcción de “verdades” histórico políticas (FOUCAULT, 2017), desde las instituciones centrales del poder del Estado, entre estas “verdades” el desempleo era considerado como un problema subordinado en la política económica; a la necesidad central del manejo monetario. A las fuentes, se suman trabajos y estudios de científicos sociales, desde la segunda mitad de la década de 1970. Estos constituyen importantes fuentes de información sobre la situación del desempleo y los diversos fenómenos sociales vinculados a éste.

Entre 1960 y 1972, el desempleo en Chile presentaba un desenvolvimiento caracterizado por bajos niveles, en línea con lo que en gran parte de los países capitalistas occidentales representaba tanto la búsqueda del pleno empleo, coma la expansión de la función económica del Estado para mantener los niveles de ocupación, producción y consumo¹⁰.

Chile, parte del sistema capitalista (aun desafiándolo), viviendo la experiencia de la “Vía Chilena al Socialismo”, enfrentaba los problemas propios de las relaciones y fenómenos económicos del capitalismo, particularmente en lo que se refiere a las relaciones capital-trabajo y las tensiones que de estas emanaban, en un escenario de economía periférica en su inserción dentro del mercado capitalista; aún con su “vía al socialismo”, el país continuaba basando su economía en la explotación y exportación de recursos naturales.

Lo anterior era particularmente complejo si se considera que la economía industrial de postguerra planteaba un conjunto de cambios que afectaban al desarrollo de la Industria Sustitutiva de Importaciones (ISI) que, en el caso Chileno, manifestaba su agotamiento desde los años 1950, como resultado de la expansión de la industria y tecnología de las potencias capitalistas, particularmente desde los Estados Unidos de Norteamérica y que en Chile se reflejaba en la mayor orientación hacia los bienes de lujo o suntuarios¹¹. En este marco, los niveles del empleo dependían, por un lado de la orientación de las inversiones (públicas y privadas), de su relación con el desarrollo del mercado y la mantención del consumo, y por otro de las medidas que el Estado implementara para mantener la actividad económica y los niveles de empleo; muchas de estas implicaban la protección de sectores productivos nacionales; regulación de precios y (en un contexto de expansión de las funciones del Estado y de sus activos productivos y de servicios) del número de funcionarios públicos; entre otros elementos¹².

La expansión del Estado antes de la dictadura constituyó un periodo que presenta cierta continuidad desde la década de 1930 hasta 1973 mostrando en lo económico una tendencia en “políticas de crecimiento hacia adentro centradas en la industrialización, la ampliación del mercado interno, el acrecentamiento de la participación del Estado en la dirección de la economía y la ampliación de la participación de los sectores sociales más postergados en los beneficios del desarrollo” (CAMPERO; VALENZUELA, 1984, p. 31). Para Salazar y Pinto, el desarrollo del “Estado desarrollista” “empresarial” no logró configurar una sociedad moderna industrial (SALAZAR; PINTO, 1999, p. 65).

Más allá de las diversas miradas en torno a las condiciones y características del Estado durante el siglo XX previo a la dictadura iniciada en 1973, se puede reconocer un crecimiento de los servicios públicos y ámbitos económicos en donde participaba el Estado. Aún con el crecimiento del aparato público y de procesos de modernización económica, el fenómeno de la concentración del ingreso era algo que se observa para el periodo 1950-1968, en los sectores industriales (ARANDA; MARTÍNEZ, 1971, p. 93). Si bien la concentración del ingreso no es el tema de este trabajo, es importante considerarla dentro del marco de las relaciones capital-trabajo y sus posibles relaciones con el desenvolvimiento de los fenómenos del empleo y el desempleo en Chile¹³.

En este escenario el trabajo (remunerado) poseía una importante centralidad en lo que al funcionamiento de la economía capitalista se refiere, pues el objetivo del empleo pleno implicaba el buen funcionamiento del sistema; pues sostenía la demanda y con ello impulsaría la producción (KEYNES, 2006, p. 353-354). Los estados latinoamericanos, incluido Chile, expresaron gran parte de estas políticas en lo que se conoce como “Desarrollismo” que, “tomaba como guía a la teoría económica de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Esta teoría articuló al modelo en torno a una concepción que atribuía a los estados la capacidad de producir un desarrollo económico y social prometedor por medio de una modernización industrial acelerada” (CALVENTO, 2006).

El crecimiento del empleo fue característico de los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y del violentamente interrumpido gobierno de Salvador Allende¹⁴. El porcentaje de desocupados que en 1960 fue de 7,1%, había pasado a 5,7% en 1970; 3,8% en 1971; 3,1% en 1972 y 4,8% en 1973 (RIVEROS, 1984, p. 5; JADRESIC, 1986, p. 160-161).

Si bien en varios aspectos se aprecia una continuidad en las concepciones que daban importancia del Estado en el impulso al empleo y la activación económica, se debe reconocer que el gobierno de Allende planteó un discurso y política que daba mayor presencia al trabajo, y a los trabajadores como ejes del desarrollo nacional (ALLENDE, 2000, p. 808). Su definición como “gobierno de los trabajadores” implicaba la integración político-económica de diversos sectores que, habían quedado al margen de los privilegios del desarrollo capitalista. En esta tarea, se mantenía el llamado a la disciplina y responsabilidad de los trabajadores y si bien esto también había estado en las líneas definidas por Frei, en el gobierno de Allende las tareas de los trabajadores no se centraban solamente en lo económico, sino que el proceso de transformaciones planteaba su responsabilidad política en la lucha “por socializar los medios de producción” (ALLENDE, 2000, p. 816). En cuanto a impulsar el empleo, la Unidad Popular implementó medidas que enfrentaron la cesantía mediante aumentos y cambios de orientación de la inversión pública y planes especiales de emergencia, etc. (OIT, 1972). Esto involucró un aumento importante de la acción pública y fiscal; aspectos que serían cuestionados por la dictadura y las concepciones neoliberales.

Para la dictadura el crecimiento del empleo hasta el 11 de septiembre de 1973, era el resultado de una historia de distorsión política sobre la demanda de trabajo. Así, para la dictadura, muchos sectores productivos y de servicios públicos habrían crecido sin ninguna relación con las necesidades y capacidades productivas. Esta línea de argumentos era parte de la crítica que desde la dictadura y sus colaboradores se hacía del desarrollo histórico de la democracia en Chile, particularmente en el gobierno de Salvador Allende.

Al leer como una distorsión el alto nivel de empleo, se planteaba necesario llevar adelante una suerte de normalización, ajustando las plantas de trabajadores relacionados con el Estado o los ministerios. Este proceso asumía aumentos en el nivel de desempleo, considerándolo necesario, en relación al despliegue de una política monetaria orientada a disminuir la inflación. Así, reducir el número de trabajadores ligados al Estado era central para el régimen. En mayo de 1974, en Sesión Secreta de la Junta de Gobierno, el balance del crecimiento del número de trabajadores del Estado era cuestionado. En línea con el despliegue monetarista, el crecimiento del gasto público era visto como un problema que podía resolverse (entre otros) vía reducción del gasto, reducción o congelamiento de las plantas de personal. Los ministerios de agricultura, obras públicas y transporte y vivienda daban “posibilidades reales de reducción”, junto a la del personal de las empresas del área social que pasarían a privados (SESIÓN SECRETA, 1974, Acta 129-a, p. 7)¹⁵.

Las propuestas de “solución” o “ajuste a la realidad” implicaban, entre otras:

Al aproximarnos a una dimensión política del aumento del desempleo durante la dictadura es importante comprender la crítica que la Junta de Gobierno lanzaba a las políticas de empleo anteriores. Critica necesaria para justificar medidas de ajuste de la acción económica y política del Estado. Estas constelaciones de discusiones y transformación se dieron en un marco económico internacional, la tecnología, la producción a nivel del capitalismo global, golpearon al empleo; el despliegue de los criterios de eficiencia, flexibilización del trabajo, nuevas formas de producción, etc., marcó a las economías capitalistas. En el caso de un país subdesarrollado como Chile, esto significó que la dictadura orientada a una liberalización y desregulación, reconfiguró los desarrollos de la economía nacional y con ello los niveles y formas de empleo¹⁶.

Para la junta militar, Chile (con Allende) había entrado “en un proceso de destrucción sistemática e integral de estos elementos constitutivos de su ser, por efecto de la intromisión de una ideología dogmática y excluyente, inspirada en los principios foráneos del marxismo-leninismo” (ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO, 1973). En ese escenario, la “falta de orden”, “disciplina” y la “politización” de los trabajadores habían sido la característica del gobierno de Allende en la contratación y generación de puestos de trabajo, pues “El ‘Plan de Cesantía’ fue el que provocó el mayor impacto al obligar la contratación de 30 mil trabajadores, los que en su mayoría solo cumplieron actividades absolutamente ajenas a las necesidades del Servicio, tales como las Brigadas Vecinales, Grupos de Choque, etc., con el deterioro de la disciplina del trabajo y el rendimiento” (JEFE SUPREMO DE LA NACIÓN AUGUSTO PINOCHET, 1974, p. 175-176). Se criticaron las acciones del Ministerio del Trabajo y Previsión Social apuntando que entre 1970-1973 había llevado adelante sus funciones con “Falta de coordinación entre las distintas unidades, politización en la prestación de servicios hacia los trabajadores; inadecuada distribución del personal; desorganización en materias administrativas; relajación en el cumplimiento de los deberes funcionarios” (JEFE SUPREMO DE LA NACIÓN AUGUSTO PINOCHET, 1974, p. 346).

Las críticas al gobierno de Allende, en torno a su desempeño pasaban por alto y de forma evidente el conjunto de problemas de origen externo que la “Vía chilena al socialismo” había enfrentado en el plano económico, se omitían por ejemplo el bloqueo efectuado desde los Estados Unidos de Norteamérica; los escases de divisas, etc., y los problemas internos como el acaparamiento, los bloqueos de carreteras, etc. Esto es relevante pues si bien se denunciaban problemas importantes, no se tocaban el conjunto de sus causas de naturaleza políticas, económicas e internacionales. En énfasis en los problemas administrativos y de “desorden” del gobierno de Allende se pueden entender en línea con la acusación constitucional que la oposición aprobó en la Cámara de diputados pocas semanas antes del golpe de Estado (ALMENDRAS, 2010; LOVEMAN; LIRA, 2000, p. 327-391).

También, las alusiones al “desorden” y “caos” tienen una base histórica más profunda ligada a la constelación de intereses que no aceptaban la intervención del Estado en los temas económicos y que veían en el desarrollo histórico de la democracia chilena una distorsión del “destino de la nación”; esta era la justificación histórico política para imponer el “orden” que el país –a juicio de los militares y sus muchos aliados civiles– había perdido.

Inicialmente para la dictadura los problemas internacionales eran centralmente relacionados con el “peligro del marxismo-leninismo”, de esta forma guardó relativo silencio sobre los efectos de problemas internacionales de orden económico ligados al desarrollo y crisis del capitalismo. Silencio que fue roto, para intentar explicar los problemas que enfrentaba en 1974, que se ligaban a los efectos de la crisis del petróleo inaugurada a fines de 1973,

En torno a las tendencias existentes dentro de las Fuerzas Armadas sobre el tipo de relación Estado-economía-sociedad, particularmente aquellas detalladamente estudiadas por Verónica Valdivia (VALDIVIA, 2003) se observa que de forma temprana –en 1974– bastantes elementos del proyecto neoliberal se hacían evidentes en los planes económicos de la dictadura. Las propuestas de “participación” de la comisión dirigida por el General Leigh (Fuerza Aérea) eran bastante diferentes que las finalmente presentes en el Estatuto Social de la Empresa de 1975 (VERGARA, 1984, p. 56)¹⁷.

Particularmente importante es la noción de un Estado que debe asegurar el funcionamiento del mercado, buscando que no “se vulnere la libre competencia mediante acuerdos entre productores, por ejemplo, que signifiquen prácticas monopólicas o bien que existan trabas, ya sean de, tipo gremial o administrativas, para la libre entrada a los mercados internos o externos” (JEFE SUPREMO DE LA NACIÓN AUGUSTO PINOCHET, 1974, p. 68). Romper con las “trabas” económicas y liberalizar la economía implicó dar un importante golpe a los conceptos de desarrollo de Estado desplegados en Chile antes de la dictadura. Elementos de este golpe fueron: la apertura al comercio internaciones y el financiamiento externo junto a la reducción de la capacidad del Estado en la dirección económica y la persecución, restricción y censura de la actividad sindical (CAMPERO; VALENZUELA, 1984, p. 33).

En relación con lo anterior, es posible considerar una relación de base teórico ideológica en la restricción al mundo sindical y la crítica al monopolio, pues, en el pensamiento neoliberal los sectores organizados de trabajadores son considerados parte del problema inflacionario a partir de sus demandas y avances en aumentos salariales. En esto se configura la aceptación de niveles “sustanciales de desigualdad” (STEDMAN-JONES, 2012, p. 7, 63-64). De esa forma no solo son las palabras contra tendencias monopólicas empresariales, sino que tienen en su interior posturas críticas a las organizaciones de trabajadores, que habían “politizado” la economía. Así, se iba imponiendo la perspectiva de un Estado que debe garantizar la libertad del mercado. Sobre esto, la influencia de las ideas neoliberales, vía los “Chicago Boys” es relevante, pues como se puede extraer de las Bases para la política económica del régimen militar chileno, conocido como “El Ladrillo” (CASTRO et al., 1992), se normalizaba el desempleo dentro del mercado y era un factor que podía llevar a un “correcto” funcionamiento de la economía, puesto que éste se daría mayormente en áreas obsoletas e ineficientes, reemplazables y reabsorbidas por el mercado, además se apuntaba a que los trabajadores y sus demandas de beneficios salariales y seguridades laborales eran los elementos responsable de la poca demanda de empleo (CASTRO et al., 1992, p. 79-92; CÁRDENAS; LINK; STILLERMAN, 2012, p. 19).

Otro aspecto importante de las lógicas neoliberales es la preponderancia de la libertad de elección, particularmente del consumidor en oposición a la regulación del tiempo de trabajo. Esto implica que el mercado debe favorecer la posibilidad de elección y por ello la regulación de los horarios de atención en sectores del mercado, constituirían un problema para la libertad de los consumidores. Así, se planteaba alterar de forma permanente la relación capital-trabajo, orientándola al predominio del primero, mediante la desregulación de los tiempos de trabajo en algunos servicios comerciales; así, “En cuanto al sector comercio, la liberación de horarios de atención, así como la eliminación de trabas que se logre, influirán en una mejor atención al consumidor, así como en una mayor competencia con el saludable efecto que se produce en los precios” (JEFE SUPREMO DE LA NACIÓN AUGUSTO PINOCHET, 1974, p. 71).

Las medidas implementadas por la dictadura como ajustes, reducción de funcionarios públicos, término de políticas de protección a la producción nacional, etc., generaron un aumento estructural del desempleo, ligado a la implementación del nuevo orden económico neoliberal. Campero y Valenzuela, observan que las transformaciones del periodo 1973-1978, seguían la ortodoxia neoclásica que en la “dinámica interna asume un carácter fundamentalmente concentrador y excluyente” (CAMPERO; VALENZUELA, 1984, p. 33). En estas condiciones, el tema de la presencia y consistencia de las posturas desarrollistas dentro de las Fuerzas Armadas en el contexto inicial de la dictadura constituye un elemento complejo en la discusión de las posiciones económico políticas de la oficialidad militar.

Las razones del régimen para tomar medidas que afectarían la situación laboral de muchas personas se concentraban en el carácter “politizado” y de “indisciplina” de la administración de Allende, que significaba para los militares en el poder que “Hemos tenido enormes dificultades por la gravedad sin precedentes en que se encontraba nuestra Patria, por obra de la inmoralidad e ineficiencia administrativa, sumada al odio y al sectarismo” (JEFE SUPREMO DE LA NACIÓN AUGUSTO PINOCHET, 1974, p. 7). Se definía como necesario terminar con políticas que el gobierno de Allende había desplegado contra la cesantía desde la Dirección de Asistencia Social, pues para la dictadura la declaración de “calamidad pública” al desempleo durante el gobierno de Allende, había sido un recurso para sostener a “agitadores políticos” y a “grupos que se les adoctrinó y adiestro políticamente, estando al servicio de los partidos políticos adictos a esa Administración (JEFE SUPREMO DE LA NACIÓN AUGUSTO PINOCHET, 1974, p. 19).

El problema del desempleo en la dictadura no era la resultante única del ajuste de los trabajadores del sector público, sino que además la racionalidad de liberalización económica y el retiro del Estado de aspectos económicos impactó a sectores productivos que experimentaron caídas en sus ganancias con la competencia internacional desatada por la apertura económica; y con ello se produjo un aumento el desempleo. En 1976, éste se presentaba, además, ligado a las tendencias a flexibilizar los contratos, a juicio del ministro del Trabajo y Previsión Social el sistema de subsidios a la cesantía permitía que los trabajadores desempleados prefieran mantenerse desocupados a aceptar contratos de pocos meses, que terminaran afectándoles en el requisito de un año laboral para acceder al subsidio (SESION SECRETA, 1976, Acta 286-A, p. 14).

La duración de la vida laboral también tomó forma en las discusiones que Junta de Gobierno tuvo en torno a las condiciones de la jubilación y de reforma previsional. En 1975, para la Junta de Gobierno y sus ministros era claro que el término de la vida laboral debía ser en razón a edad y no con respecto a los años de servicio. Esto implicaba que se debían dar las condiciones de empleabilidad en un escenario de aumento de la disponibilidad de personas en necesidad de mantenerse trabajando hasta la edad de jubilación (SESIÓN SECRETA, 1975, Acta 237 A, p. 16-17). Uno de los problemas que Pinochet observaba en estos procesos era cómo se comportaría la inflación con ese tipo de reformas, sobre todo cuando la inflación se movía cerca del 400% (SESIÓN SECRETA, 1975, Acta 237 A, p. 20).

En 1978, una investigación observaba el grave problema del desempleo en Chile, que desde 1974 planteaba un importante y delicado fenómeno de pauperización de importantes sectores sociales, incluyendo diversos problemas a nivel social, familiar e individual, que tenía como rasgo y agravante específico el hecho que “los nuevos cesantes y los nuevos contingentes de aquellos que buscan trabajo por primera vez, representan sectores que nunca antes han debido afrontar tal situación, con lodo lo que ello implica de desajustes psicológicos y emocionales, alteraciones de status y roles, deterioro familiar, pauperización, etc.” (FRÍAS, 1978, p. 43-44).

En el plano de la reducción de los funcionarios públicos, los argumentos del régimen incluían exceso de trabajadores, de indisciplina, desorden, etc.¹⁸. Esta lógica, apoyada en perspectivas técnicas modificaba las relaciones desplegadas en sectores de la administración pública y era el marco de la preeminencia de una orientación hacia conceptos de eficiencia económica y disciplina laboral. Ejemplo de esto es el caso de Correos de Chile, cuando Pinochet declaraba que, “Imperaba en este Servicio un total desorden administrativo e indisciplina en el trabajo. La política se había entronizado en cada dependencia, con contadas excepciones, y un número de funcionarios dirigentes cercano al millar no ejecutaba labor alguna, sino que atendía problemas de orden político-gremiales” (JEFE SUPREMO DE LA NACIÓN AUGUSTO PINOCHET, 1974, p. 16).

En uno de los estudios sociológicos pioneros sobre desempleo en este periodo, Jaime Ruiz-Tagle y Roberto Urmeneta señalaban que “La reasignación de recursos en el nuevo estilo de desarrollo se ha hecho según un principio único: la maximización de la tasa de ganancia. A partir de este principio se ha reestructurado el aparato productivo: se ha producido una contracción de la actividad industrial y un crecimiento de los servicios, especialmente las finanzas, el comercio y la defensa” (RUIZ-TAGLE; URMENETA, 1984, p. 10).

Uno de los mecanismos para afrontar el aumento del desempleo se dio con la creación del Programa de Empleo Mínimo (PEM) en 1974. Éste planteaba la necesidad de mantener trabajos en diversas tareas de infraestructura y obras públicas. El acta 172 de 1974 de la Junta de Gobierno permite apreciar las perspectivas que el régimen veía para mejorar los niveles de empleo mediante programas de obras de diverso tipo. Particular importancia tenía la disminución presupuestaria en el Ministerio de Obras Públicas y el paro en varias de sus funciones y tareas.

En la discusión se resaltaba la importancia de obras públicas que mantuvieran la ocupación, privilegiando el trabajo manual por sobre las máquinas. Junto a esto, el fenómeno del aumento del dólar también era presentado como un estímulo a la contratación de mano de obra. Resultan interesantes las ideas de implementar cláusulas que autorizaran despidos de personal. Esta lógica perseguía hacer más atractiva la mano de obra de bajo costo y de un despido con menos trabas¹⁹, que se podía presentar más atractivo que la maquinaria que debía ser adquirida con divisas que al aumentar de valor, incrementaban los costos de capital y “su costo de mantención” (SESIÓN SECRETA, 1974, Acta 172-A, p. 34-36).

La flexibilidad de los despidos, tenía que ver con la crítica a la inamovilidad de los trabajadores (después de los seis meses de contratado), pero de todas formas generaba problemas en relación a las denuncias de “abusos” con despidos y recontratación después de seis meses para evadir los costos de la inmovilidad. Para el ministro del Trabajo y Previsión Social, en 1975, la “rotación de personal” observaba en los despidos, podía funcionar en países con bajo desempleo, situación que no era la de Chile, donde “la persona trabaja un año, pero queda cesante otro año” (SESIÓN SECRETA, 1974, Acta 193, p. 18).

Entre 1979 y 1982 en “medio del milagro chileno”, más de “una quinta parte de las manufacturas cayó, y el empleo industrial se desplomó por sobre un cuarto” así de cada 26 trabajadores salidos del sector industrial, 13 ingresaban al desempleo, cinco pasaban a ser parte del sector urbano informal y ocho trabajaban por 30 dólares mensuales en los planes de empleo mínimo del gobierno” (LEAR; COLLINS, 1995, p. 15).

El problema del desempleo fue enfrentado por la dictadura con una lógica que no consideraba aspectos de integración a la economía, y donde se combinaban el trabajo pagado con asignaciones mínimas destinadas a cubrir necesidades “esenciales”, con formas de caridad social.

El Programa de Empleo Mínimo (PEM), junto a otras medidas paliativas, constituyó un ejemplo de políticas de marginalidad social y económica, de estigmatización social, que tenía relación con un aspecto estructural de la economía neoliberal, heterogénea, que reforzaba la dependencia económica, de “remuneraciones reales deterioradas” y donde “el capitalismo tiende a marginar a amplios sectores populares, integrándolos parcialmente, pero impidiéndoles una verdadera participación en la vida económica y social.” (RUIZ-TAGLE; URMENETA, 1984). En cierta forma, lo que la dictadura implementaba era el reforzamiento de los elementos de una “sociedad dual”, donde los trabajadores quedaban limitados en su poder como asalariados y volvían a estar bajo el dominio de la arbitrariedad y la necesidad (CASTEL, 2002, p. 370-380).

En lo que corresponde al problema del desempleo, la creación del PEM, más que representar la mantención de perspectivas de garantías del Estado sobre temas sociales, era el reflejo de las nociones de focalización en los sectores más deprimidos y afectados económicamente de la sociedad, con criterios de marginación de derechos, participación y concentración en aportes mínimos por tareas laborales. El trabajador en este escenario podía ser despojado de las formas de protección históricas. La flexibilización implicaba la adaptación a los cambios en las formas de producción internacionales, la división internacional de ésta y el predominio de las formas especulativas y de corto plazo, por sobre las políticas de planificación central, que caracterizaron a parte importante de las formas de economía occidentales desde la década de 1930 hasta inicios de los años 1970.

Se suma a lo anterior el carácter disciplinante que, para la dictadura, debía tener el trabajo. Esto se observa en el carácter de “reinsertos” –en un esquema marginal y segregativo de trabajo– que los prisioneros del campo de detención “Campamento Chacabuco” asumían al ingresar al PEM. En 1975 Pinochet señala que con el “Plan de Empleo Mínimo. 74 rehabilitados procedentes del Campamento de Chacabuco, se encuentran trabajando en diversas dependencias del Servicio, de acuerdo a sus especialidades, lo que se coordinó con la I. Municipalidad de Santiago” (MENSAJE PRESIDENCIAL AUGUSTO PINOCHET, 1975, p. 79).

Resulta interesante observar que hasta ese momento las propuestas de “liberalización” de la economía se pretendían armonizar con los objetivos del “pleno empleo”, considerando los “legítimos derechos de trabajadores y empresarios” (MENSAJE PRESIDENCIAL DE AUGUSTO PINOCHET, 1974, p. 471). El límite a la declaración sobre la importancia del empleo, en cuanto proceso social, se encontraba en las bases ideológicas que se configuraban dentro de la Junta de Gobierno, ese límite era el del individuo como principal eje de la economía (MENSAJE PRESIDENCIAL DE AUGUSTO PINOCHET, 1974, p. 62-64). Este ya no será un empleo relacionado con el trabajo en cuanto fenómeno de relaciones de orden social, sino que la nueva forma implicaba la concepción de individuo-trabajador empresario (FOUCAULT, 2007, p. 249-274), que ofrece un capital dentro de relaciones de mercado; en la eficiencia de estos individuos trabajadores empresarios se depositaria crecientemente el desarrollo del empleo.

En 1975, la dictadura reconocía el aumento del desempleo en línea con la política monetaria y de ajuste, destinada a reducir la inflación: “La necesidad imprescindible de disminuir el ritmo inflacionario ha llevado a desarrollar diversas medidas económicas, que necesariamente deberán aumentar transitoriamente los niveles de desempleo” (MENSAJE PRESIDENCIAL DE AUGUSTO PINOCHET, 1975, p. 470). Sobre este aspecto, en 1977, apuntaba que la política de aumentos de salarios (aunque para algunos sectores fuera mínima) tenía una dimensión que debía neutralizar a los “políticos” que generan “agitación y problemas” (SESIÓN SECRETA, 1977, Acta 329, p. 6-7).

Las medidas monetarias de la dictadura representaban un fenómeno global, de modificación de las lógicas fiscales que incluían el gasto público y redistributivas por las perspectivas concentradas en el control inflacionario. Era un desplazamiento que caracterizó crecientemente a las economías occidentales desarrolladas desde fines de la década de 1970, “el cambio mundial a las políticas monetaristas eliminó efectivamente la posibilidad de éxito de las soluciones Keynesianas a nivel nacional” (SCHARPF, 1989, p. 95). Sobre el objetivo de control inflacionario y su relación con el gasto público y el impulso al empleo que éste ejerce, se observa que el “éxito” del control inflacionario no tuvo un impacto en mejoras en los niveles de empleo. El desempleo no fue un tema transitorio, sino que una característica del capitalismo chileno en dictadura y un fenómeno que se daba más allá de las fronteras de Chile, pues desde la década de 1970 se planteaba en los centros mismos del capitalismo internacional.

Es importante observar que entre 1976 y 1977, el desempleo se mantuvo como un problema que no se alineaba con las mejoras en el crecimiento económico. Este último mostraba una tasa de 3,5% y 9,9% en 1976 y 1977 respectivamente; dejando atrás el −12,9% de 1975(BRAUN, J.; BRAUN, M.; BRIONES; DÍAZ; LÜDERS; WAGNER, 2000, p. 72)²⁰; frente al 16,8 y 13,2 de desempleo de 1976 y 1977, datos lejanos del 9,7% de 1974 (ROSENDE, 1988, p.71) y que revelaron el fracaso de la dictadura que en ningún año (desde 1975) pudo estar bajo el 10% de desempleo.

Hacia 1976 el aumento en el número de desempleados que enfrentaba la dictadura correspondía en gran medida a una caída en la generación de empleo, y no en relación al aumento del ingreso de nuevos trabajadores al mercado. “Así, de los 650 mil desempleados en 1976, sólo alrededor de 300 mil correspondían a oferta de trabajo adicional y desempleo “histórico”, mientras que el resto correspondía a la caída experimentada por la capacidad de generación de empleos de la economía” (RIVEROS, 1984, p. 11). En esto los sectores que más habían retrocedido eran la construcción y la industria (RIVEROS, 1984, p. 14-16).

Como se observa, se desplegaba un crecimiento económico desasociado de la mejora en el empleo como condición superior a los niveles de subsistencia. Frente a la persistencia del desempleo, la dictadura mantenía el Programa de Empleo Mínimo, junto al subsidio a la contratación (MENSAJE PRESIDENCIAL AUGUSTO PINOCHET, 1976, p. 569). A esto, se agregó la entrega de alimentos. De esta forma se hace patente el proceso de precarización del trabajo, éste ya no era suficiente para asegurar el consumo mínimo; para vivir era necesaria la caridad, pues el salario no lo permitía. El capital se imponía al trabajo.

Las medidas implementadas por la dictadura para la mejora en los niveles empleo sometieron a muchos trabajadores y trabajadoras a tareas de alta exigencia con mínimos niveles salariales, incluso colocando a estos trabajadores precarizados dentro de los márgenes de planificación militar.

Desde 1977-1978 se presentaron leves mejoras en los datos de desempleo, que pasaron de más de 16% a poco más del 13%, en una tendencia que se mantuvo sobre el 10%, hasta la crisis de 1982 cuando el número de cesantes se empinó al 20%. La caída en el desempleo fue comprendida en línea con las mejoras en el crecimiento económico; en la mantención de las políticas de subsidios y de las oficinas de colocación municipales y la capacitación laboral (MENSAJE PRESIDENCIAL DE AUGUSTO PINOCHET, 1978, p. 540). Estas mejoras no representan un escenario estable de todos los sectores económicos, pues desde 1978 se planteó el aumento del sector primario a expensar del industrial, sin inversiones para un desarrollo sostenido. En cuanto al sector agrícola y minero mostraban estancamiento y disminución de su producción debido a la ausencia de nuevas inversiones (MOULIAN; VERGARA, 1980, p. 77).

A fines abril de 1978, en la Sesión Secreta Legislativa de la Junta de Gobierno se discutía “Proyecto de Decreto Ley Relativo al Libro 1 del Código Del Trabajo”, referido al interés por reducir las cifras de desempleo y que se ligaba a las transformaciones en materia de despidos, orientadas a terminar con la “inamovilidad”. Los militares y civiles presentes en la sesión, planteaban que era posible mejorar los niveles de contratación. Aún con algunas diferencias, un tema relevante era la forma en que dentro de la sociedad podían entenderse los cambios en la regulación de contrataciones y despidos. Se enfatizaba el rol central del empresariado privado en la reducción del desempleo. Para el Almirante Merino la indemnización por año de servicio era “mala”, pues limitaba la flexibilidad de contratación que deseaba el empresariado,

El trabajador transformado en “lacra” cuando ya no era necesario pasó a experimentar una precarización del empleo que implicó el despliegue de formas de organización que perseguían resolver la condición de subsistencia, las actividades económicas informales y especialmente la acción comunitaria para enfrentar la falta de ingresos. Las “Ollas comunes”, fenómenos históricos que tenían carácter transitorio antes de la dictadura, asumieron una forma más permanente desde mediados de los años 1970. Fueron una forma de enfrenar la exclusión económica y la concentración urbana de la pobreza (HARDY, 1986, p. 24). En los años 1980, un estudio de estrategia de subsistencia frente al desempleo señalaba que “no son transitorias, ni instrumentos de sola denuncia, porque el hambre es persistente y hay que enfrentar su solución. Porque, además, las condiciones que provocan tal situación de hambre tienden a mantenerse y a consolidar inevitablemente, respuestas más estables y permanentes de los sectores populares para sobrevivir” (HARDY, 1986, p. 22).

Las medidas del régimen no significaron mejoras relevantes en los niveles de empleo en Chile, la cesantía se mantuvo sobre el 10%, hasta 1985, pasando por cifras cercanas al 20%. Solamente desde 1987 los indicadores estarían entre el 9 y el 7%. La relativa mejora en las cifras debe ser leída en el horizonte de políticas económicas implementadas dentro de una dictadura que además de llevar medidas represivas contras las organizaciones políticas y organizaciones de trabajadores, golpeaba a diversos sectores productivos por la vía de la “liberalización” del mercado en sus diversas formas, y además (y muy importante en el plano de las lógicas políticas) desplegaba la naturalización del desempleo²¹.

Las caídas en la tasa de desocupación (que aún se mantuvieron cercanas al 10% o superiores) son posteriores a la reforma laboral de la dictadura y pueden entenderse dentro de un nuevo proceso de acumulación en Chile, ligado en términos generales, a la represión de importantes sectores de trabajadores y a sus organizaciones; a la represión de las formas de protesta; y al ordenamiento político jurídico que desde la reforma laboral estableció relaciones marcadamente favorables al capital en detrimento del trabajo. Junto a esto encontramos el debilitamiento de la industria sustitutiva nacional al ritmo de la apertura económica y las transformaciones productivas y tecnológicas en el sistema capitalista a nivel internacional. Esto resulta relevante pues el despido de funcionarios públicos no explica por sí solo el persistente problema del desempleo en Chile, durante la dictadura. La mantención de altos niveles de desempleo también se asocia a los fuertes aumentos en los costos desde 1975-1976 que planteaban una mayor demanda por la eficiencia económica, en un escenario de eliminación de protecciones a la contratación y despido, además de las prevenciones adoptadas contra la actividad sindical y la inexistencia de negociación colectiva (RIVEROS, 1984, p. 16)²².

Frente al fenómeno del desempleo, la dictadura militar conducida por Augusto Pinochet planteó importantes cambios en las formas de entender y enfrentar el aumento del número desocupados. Estas transformaciones decían relación con la pérdida de centralidad de la búsqueda del “pleno empleo” como uno de los ejes de la política económica. Para la dictadura, la demanda de empleo presente hasta el gobierno de Allende era el resultado de una “alteración” y “politización” de ese ámbito de la economía. De esta forma, la nueva política no dudo en implementar ajustes que significaron el aumento del número de desempleados, tanto en el sector público, como el privado. Estas medidas se enmarcaron dentro de los criterios de eficiencia, flexibilización y disciplinamiento, en un proceso caracterizado por el debilitamiento de las organizaciones sindicales, la desprotección del empleo y un fuerte proceso de precarización del trabajo.

La nueva centralidad perseguida por el régimen perfiló tempranamente su orientación al manejo monetario, donde la demanda de empleo se entregaba principalmente al mercado. Este último tampoco evidencia un éxito en el aumento del empleo, en parte debido a los cambios estructurales en la economía nacional, marcados por un debilitamiento de sectores industriales en favor del sector primario y por un campo abierto a la arbitrariedad del capital bajo la consigna del criterio de eficiencia.

En relación a las transformaciones tecnológicas, la dictadura evidenció tendencias que fueron en la dirección contraria de apoyar la formación industrial y la implementación de tecnología en los empleos de emergencia impulsados por el régimen; primó de esta forma una concepción marginizante del empleo, donde no se manifestaron medidas de impulso o activación que pudiera sostener la formación de nuevas habilidades y conocimientos en la producción industrial.

La política laboral desde fines de los años 1970 se orientaría en dirección de profundizar la reducción de la fuerza del movimiento sindical chileno, aislando a los trabajadores en procesos de atomización y reducción de las medidas de regulación frente a capital. La protección al empleo quedaba debilitada y el desempleo dejaba de ser un problema relevante toda vez que la nueva lógica se orientaba principalmente al crecimiento y el manejo monetario, donde el mercado debía ser el regulador principal de los niveles de empleo y de la eficiencia del mismo. La crisis de los años 1980 sería la prueba de la incapacidad del capitalismo chileno para resolver por la sola vía del mercado el creciente problema de empobrecimiento y desempleo de bastas masas de la población chilena.