El 19 de diciembre de 2001 la protesta social recorría la Argentina. Masivas movilizaciones reclamaban contra las medidas neoliberales adoptadas por el presidente Fernando De la Rúa quien promovió una reforma laboral regresiva, rebajó jubilaciones y salarios en un cuadro recesivo con más del 20% de desocupados, promovió un ruinoso proceso de endeudamiento externo y confiscó los depósitos bancarios. Buenos Aires ardía. Ni la declaración del Estado de Sitio, ni la intervención policial lograban contener la protesta.

Mientras, en la otra orilla del Río de La Plata, un historiador estadounidense, Peter Winn, entrevistaba al presidente uruguayo, Jorge Batlle, sobre los legados de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar que gobernó ese país entre 1973 y 1985. La entrevista fue interrumpida por el jefe del estado mayor de las Fuerzas Armadas uruguayas que le informó a Batlle la grave situación en Buenos Aires. Inmediatamente, Batlle le ordenó que averiguase porque el ejército no intervenía. Al rato, el militar uruguayo regresó con la respuesta: “Señor presidente, me dicen que el ejército carece de legitimidad para intervenir”. ¹ Como señala Winn, no sólo los militares no tenían en la Argentina el peso político de antaño, sino que la memoria histórica de la dictadura era demasiado fuerte. ² De la Rúa renunció al día siguiente.

En un artículo precedente, propuse que la intensa presencia de los derechos humanos, tras el retorno de la democracia en 1983 en la Argentina, era fundamentalmente consecuencia de la lucha del movimiento de derechos humanos. Sostuve que este actor, compuesto por organizaciones de disímil perfil ideológico y estrategias de lucha, demostró desde la dictadura tenacidad, creatividad y valentía para enfrentar diferentes intentos de que los crímenes quedasen en la impunidad y el olvido. A su vez, logró trascender en el tiempo y legitimar su causa mediante alianzas con actores trasnacionales, con el Estado, otros movimientos de protesta, el mundo de la cultura y las nuevas generaciones ( CRENZEL, 2013). En estas páginas propongo pensar a este movimiento más allá de sus organizaciones históricas, sus figuras emblemáticas y sus prácticas reconocidas. Para ello, daré cuenta, a partir de tres estudios de caso, de la intervención de actores que, en las luchas por verdad, justicia y memoria ante los crímenes de la dictadura, con diferentes grados de integración y autonomía respecto de las organizaciones humanitarias, contribuyeron a la constitución y a la reproducción ampliada de la presencia de los derechos humanos en la Argentina. Así, el trabajo busca enriquecer las explicaciones existentes sobre las claves de la intensa presencia de los derechos humanos en el país, fenómeno explicado como producto exclusivo de medidas institucionales y de políticas públicas de carácter estatal ( SIKKINK, 2009 2011; SMULOVITZ, 2009). En función de ello, el artículo reexamina la propia noción de movimiento de derechos humanos que la literatura existente restringe al campo de las organizaciones históricas y de familiares de víctimas surgidos para enfrentar la represión política en los años setenta y a los “emprendedores de memoria” concepto que reduce la iniciativa de estos actores a su voluntad individual, la despoja de relaciones sociales, y omite que condensan procesos histórico-políticos que la constituyeron y la hicieron posible. ³

El golpe de Estado de 1976 sobresale en la historia de las recurrentes intervenciones militares que atravesó la Argentina en el Siglo XX por la aplicación de un plan represivo que involucró facetas públicas pero cuyo eje medular lo constituyó el sistema clandestino de desaparición forzada de personas. ⁴

La represión atravesó de forma capilar y microfísica la vida cotidiana. El Policlínico Profesor Alejandro Posadas, fundado en 1950 y ubicado en la localidad de Haedo, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, no fue la excepción. En 1973, tras la asunción del presidente Héctor Cámpora, peronista aliado a la izquierda de ese movimiento, y en un contexto de radicalización política, ingresaron al Hospital por concurso público jóvenes médicos formados en el sistema de residencias, con dedicación exclusiva a su profesión y un alto grado de compromiso con la medicina pública. En junio de 1973, médicos, técnicos y empleados tomaron las dependencias del Hospital, reclamando un centro de salud de “puertas abiertas” a la comunidad, en contraposición al modelo de centro de salud especializado que, entendían, comprometía el Hospital Posadas y designaron en asamblea al Director ( CRENZEL, 2017).

Tras la renuncia de Cámpora y nuevas elecciones, en Octubre de 1973 asume la presidencia Juan Perón y, tras su muerte el 1ero de julio de 1974, su viuda y vicepresidenta, María Estela Martínez. Bajo su gestión, la represión estatal y paraestatal fue en aumento. Ello se tradujo en una serie de cambios políticos en el Hospital, entre ellos el desplazamiento del director elegido en 1973, hecho del que participó un grupo armado proveniente del Ministerio de Bienestar Social, a cargo de José López Rega, quien además era uno de los conductores del grupo parapolicial Alianza Anticomunista Argentina (“Triple A”) ( ÁLVAREZ, 2003).

Como se señaló, tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 se produciría un cambio cualitativo en la represión política. Cuatro días después, el domingo 28 de marzo de 1976, tropas militares ocuparon el Hospital Posadas. El operativo estuvo a cargo del general Reinaldo Bignone, delegado de la Junta Militar en el área de Bienestar Social y luego presidente de facto entre junio de 1982 y diciembre de 1983. En el mismo, participaron cien soldados apoyados por tanques, carros blindados, helicópteros, camiones, la policía de la Provincia de Buenos Aires y la Fuerza Aérea ( JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N. 3, 2007, p. 52). Las fuerzas militares atribuyeron la acción a la presunta existencia de túneles secretos, construidos por la guerrilla, que comunicaban al Hospital con los barrios aledaños, la atención en el Hospital de guerrilleros heridos y a la existencia en el Posadas de un depósito de armas, hechos que se comprobaron inexistentes.

A partir del 14 de abril de 1976, asumió la Dirección del Policlínico el Coronel Médico (RE) Julio R. Estévez. Como primera medida contrató a un grupo integrado por ex policías y policías en actividad que provenían del Ministerio de Bienestar Social –Secretaría de Estado de Salud Pública– que sembró el terror entre el personal y creó en los fondos del Hospital un Centro Clandestino de Detención, “El Chalet”, donde hasta entonces se reunían los grupos de atención psiquiátrica. Como consecuencia de ello fueron víctimas de desaparición forzada Gladys Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Roitman, Jacqueline Romano y Marta Graiff, médicos, enfermeras y técnicos del Hospital. Chester, Roitman y otros nueve trabajadores del Posadas continúan desaparecidos ( INSTITUTO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 2004).

Jacobo Chester era empleado de estadística del hospital y había manifestado su oposición a las prácticas represivas desplegada por la intervención militar. Fue secuestrado en su vivienda la madrugada del 26 de noviembre de 1976 ante la presencia de sus familiares entre ellos su hija, Zulema, quien en ese momento tenía doce años.

Desde el instante del secuestro, Zulema confrontó con los perpetradores en base a una fuerza moral que le permitió no dejarse avasallar. Cuando el comisario Nicastro, quien comandaba el grupo de represión en el hospital y se encontraba al mando del operativo de secuestro de su padre la reconoció, le preguntó: “¿qué estás haciendo aquí?” (al parecer, no la relacionaba como la hija de Jacobo Chester) Zulema, quien también lo reconoció ya que pertenecía al servicio de vigilancia del hospital, le respondió: “Esta es mi casa, ¿Qué hace usted aquí?” Nicastro no contestó, se cubrió la cara y se retiró. (Entrevista del autor con Zulema Chester, Buenos Aires, 8 de abril de 2010). Después de ser golpeada y vejada, Zulema inquirió a los secuestradores por la suerte de su padre. “Andá a buscarlo a los zanjones”, le respondieron. A partir de entonces, junto a su madre, recorrió las comisarías de las localidades de El Palomar y Haedo, aledañas a su domicilio. En ambas, le negaron todo tipo de información y no aceptaron, siquiera, su denuncia por robo de las pertenencias de su casa, saqueada por los secuestradores.

A diferencia de otros familiares, Zulema rápidamente vinculó el secuestro de su padre con la intervención miliar del hospital. “Entonces, decido encaminarme hacia el hospital ya que ahí tenía que haber una respuesta sobre la vida de mi padre”. ⁵

En el hospital, el coronel Estévez, quien oficiaba de director, se negó a recibirla. Entonces, interpeló a Carlos Ricci, jefe de servicios generales del Posadas quien le respondió que había dos posibilidades: “que su padre fuese un subversivo, y que los propios subversivos lo hayan secuestrado para protegerlo o que esté colaborando con los militares y lo hayan secuestrado, también, para protegerlo”. Sin embargo, a los pocos días, Zulema vio a Ricci y a Nicastro juntos en el hospital. Interpeló a Ricci nuevamente, asegurándole que Nicastro fue uno de los secuestradores de su padre. Ricci le contestó que no lo comprometa más que todo lo que hacía lo realizaba bajo amenaza. (Entrevista del autor con Zulema Chester, Buenos Aires, 8 de abril de 2010). Otro día, esperó escondida la salida de su oficina del coronel Estévez y lo enfrentó inquiriéndole por la suerte corrida por su padre. Estévez le respondió que: “el asunto era un secreto militar”. Zulema continuó recorriendo los pasillos del hospital Posadas. Le preguntó a Raúl Tévez, miembro del grupo represivo que operaba en el hospital, por el destino de su padre, sin obtener respuesta. El comisario Nicastro, jefe de ese grupo, presenció la conversación y luego Chester encontró a Tévez golpeado, quien le explicó que lo que hacía era porque tenía siete hijos que mantener. Zulema le contestó: “prefiero morirme de hambre a ser mantenida de esa manera”. (Entrevista del autor con Zulema Chester, Buenos Aires, 8 de abril de 2010).

De este modo, frente a la indeterminación espacial y a la ausencia de responsables que caracteriza a las desapariciones, la delimitación del Hospital como territorio de su búsqueda y su valiente interpelación cara a cara de los secuestradores de su padre fue confirmando su responsabilidad en su destino e intervino creando tensiones entre las relaciones sociales que compartían el secreto sobre destino. El miedo no se transformó en terror, en parálisis, y ésta subjetivación de la experiencia le permitió vencer la amenaza de muerte que, como enseña Canetti, es la moneda del poder ( CANETTI, 1994, p. 496).

Quizás por esa razón, un año después del secuestro, y tras esta insistente búsqueda, un Juzgado de la Capital Federal convocó a la Sra. de Chester para informarle que el cuerpo sin vida de su marido había aparecido en aguas del Río de la Plata el día 2 de diciembre de 1976, seis días después de su desaparición, habiendo pasado en esta fecha por la Morgue Judicial. La partida del Registro Civil incluye como causa de la defunción la asfixia por sumersión y politraumatismo. Pese a ello, nunca les mostraron ni les entregaron el cadáver. ⁶ A partir de la búsqueda de su padre, Zulema pudo enterarse de la amenaza que se cernía sobre otros trabajadores del hospital. Así, le advirtió a Rubén Gallucci, empleado de guardia, que lo iban a secuestrar tras enterarse que las fuerzas represivas lo estaban buscando. Gallucci, le respondió “que no se preocupaba porque él era inocente y que el padre de Zulema iba a aparecer porque también lo era”, respuesta que evidencia que la frontera de la condición de sujeto de derecho, trazada por la dictadura, que excluía a los subversivos, considerados culpables. tenía eco en ciertos grupos sociales. A los pocos días, Gallucci fue secuestrado (Entrevista del autor con Zulema Chester, Buenos Aires, 8 de abril de 2010).

La insistencia de Zulema y su continua presencia en el hospital desembocaron, además, en una resolución sorprendente. Fue admitida como voluntaria en el sector de pediatría.

Pese a ese marco de silencios y de ausencia de relaciones sociales solidarias y del espacio del Hospital atravesado por el control militar –con soldados apostados en los descansos de las escaleras en cada piso y requisas constantes que incluían el quirófano, las salas de atención e internación–, la lucha molecular e individual de la esposa y la hija de Jacobo Chester fue dando lugar al establecimiento de relaciones sociales con quienes atravesaban la misma situación, otros familiares de desaparecidos del hospital.

Sobre finales de la dictadura, se conformó la agrupación de familiares de desaparecidos del Hospital Posadas para demandar al Estado información sobre sus parientes. Si bien la agrupación se basaba en el lazo de parentesco con los desaparecidos, se restringía a aquellos que habían sido trabajadores del nosocomio evidenciando el carácter territorial de la organización. Este núcleo, luego, se amplió. Junto a profesionales y técnicos, conformó la “Comisión de Derechos Humanos del Hospital Posadas” en un contexto –el de la transición de la dictadura a la democracia– en el que se conformaban comisiones de derechos humanos en facultades, sindicatos y barrios que asumieron las demandas de verdad y justicia del movimiento de derechos humanos. ⁷ Es decir, el nuevo encuadramiento organizativo se enlazaba con un proceso de expansión desde debajo del movimiento de derechos humanos.

En el caso del hospital Posadas la lucha de la Comisión en pos de verdad y justicia, se articuló, desde un inicio, con la recuperación de la memoria del proyecto de salud popular que había tenido el Hospital antes del golpe. Desee 1984, ya en democracia, la Comisión organizó homenajes a los desaparecidos, pero también a las víctimas de cesantías, exilios y torturas –siempre presentados como trabajadores del Hospital sin mencionarse la militancia de varios de ellos en organizaciones revolucionarias– y colaboró activamente con la CONADEP cuando recogió ese año testimonios de familiares y sobrevivientes, inspeccionó “El Chalet” y probó su condición de Centro Clandestino de Detención (CONADEP, 1984: 148 y 149). Durante el juicio a las Juntas, varios sobrevivientes y familiares del hospital ofrecieron testimonio ante el tribunal. De hecho, Zulema Chester, fue la última testigo convocada a declarar en el juicio. ⁸

Tras el Indulto a las Juntas militares y los años de declive en las movilizaciones por los derechos humanos, en 1996, al revitalizarse esas luchas en el vigésimo aniversario del golpe, se constituyó la “Comisión de Derechos Humanos por la Memoria, Verdad y Justicia del Hospital Posadas” que resistió, en 2002, el intento de demolición de “El Chalet” y organiza anualmente dos actos que recuerdan la ocupación militar del Hospital tras el golpe y a los trabajadores desaparecidos. En 2005 esta Comisión impulsó, al calor de las políticas de derechos humanos del gobierno de Néstor Kirchner, la designación de “El Chalet” como “Sitio de Memoria” la cual se coronó en 2015 cuando el Poder Ejecutivo Nacional lo declaró “lugar histórico”. Por iniciativa de la Comisión, allí se erigió un lugar de memoria en recuerdo de su condición de Centro Clandestino de Detención y se instaló la Escuela de Enfermería. Así, el espacio entrelaza dos memorias: la que remite a la tradición del Posadas como hospital que reconoce el derecho universal a la salud y la que recuerda a los trabajadores desaparecidos.

El 10 de mayo de 2017 una multitudinaria manifestación expresó el fuerte rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso, días antes, aplicar en el caso Luis Muiña la ley 24.390, conocida como “ley del 2×1”. Esta ley, vigente entre 1994 y 2001, fue sancionada para reducir la población carcelaria, compuesta en buena proporción por personas detenidas con prisión preventiva pero sin sentencia firme. Estableció computar dos días, a partir del segundo de año de detención, por cada día sin sentencia firme.

Luis Muiña había sido condenado por el Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires a 13 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el hospital Posadas, juicio en el que volvió a testificar Zulema, otros familiares y sobrevivientes del Hospital. Muiña ingresó el 13 de julio de 1976 al Posadas como integrante del grupo represivo que operó a su interior. Ante el fallo de la Corte, nuevamente sobrevivientes y familiares de desaparecidos del Hospital dieron testimonio en los medios de comunicación denunciando las torturas y crímenes que sufrieron por parte de Muiña y los militares. En diciembre de 2017 fueron hallados, cerca de “El Chalet”, los restos de Jorge Roitman, médico del hospital, desaparecido en 1976 ⁹ y en 2018 la Corte convalidó la decisión del Congreso Nacional de excluir del beneficio de reducción de penas a detenidos por crímenes de Lesa Humanidad.

La lucha de los familiares de desaparecidos, como en el caso narrado, no puede comprenderse sin la intervención posterior de actores organizados: las organizaciones de derechos humanos, el apoyo de las redes trasnacionales de derechos humanos y la intervención del Estado. Sin embargo, evidencia la construcción “desde abajo” de la lucha por los derechos humanos e ilustra que el movimiento de derechos humanos debe comprenderse, en su génesis, como fruto de la confluencia de voluntades no encuadradas que enfrentaron al Estado dictatorial. Si bien inicialmente fueron los familiares de desaparecidos del Posadas los que impulsaron la lucha por saber el destino de sus parientes luego, al término de la dictadura, fueron profesionales, técnicos y administrativos los que se articularon en la Comisión de Derechos Humanos. Esta Comisión, formó parte de un movimiento mucho más extenso de proliferación de comisiones y secretarias de derechos humanos en barrios, universidades, colegios secundarios y en menor medida sindicatos. La Comisión, tempranamente intervino ante las instancias estatales creadas para investigar la verdad y materializar justicia: la CONADEP y el juicio a las Juntas. Desde entonces promovió el juicio de los responsables de los crímenes cometidos en el Hospital y constituyó en él lugares de memoria en homenaje a los desaparecidos en los cuales se anuda la memoria del proyecto de hospital, al servicio de la salud pública, al cual el golpe quiso poner fin.

Tras años de relativo silencio después de los Indultos dictados en diciembre de 1990 por el presidente Carlos Menem, en febrero de 1995 el debate público de las violaciones a los derechos humanos regresó al primer plano tras las declaraciones del capitán Adolfo Scilingo. Este oficial narró, en la prensa gráfica y en la televisión, su participación en operativos en los cuales arrojó desaparecidos con vida al mar desde aviones de la Marina. ¹⁰ Tras estas declaraciones comenzó un nuevo ciclo caliente en relación a este pasado en el cual la memoria adquirió un estatus de relevancia en la agenda del movimiento de derechos humanos, de los poderes públicos y de los medios de comunicación.

Por un lado, ello se debió al creciente reconocimiento del proceso de tránsito generacional que la proximidad del vigésimo aniversario del golpe de Estado de 1976 puso de relieve, y a la toma de conciencia de que las nuevas generaciones ignoraban aspectos sustantivos de ese período y que, por ello, era urgente constituir vehículos que asegurasen su transmisión. Por otro, surgió una nueva generación al interior del movimiento de derechos humanos −los hijos de desaparecidos−, que interrogó con otras claves este pasado y a sus protagonistas (BONALDI, 1996).

Una de las formas que asumió la transmisión intergeneracional consistió en el establecimiento de la enseñanza obligatoria de los derechos humanos en el currículo de la educación básica del país, luego extendida a la escuela secundaria en 1997, la formación de docentes y profesores, la edición de cuadernillos especiales, la renovación de los contenidos de los textos escolares de historia y educación cívica, la incorporación de fechas alusivas en el calendario escolar y la elaboración de listas de alumnos, docentes y administrativos desaparecidos y su exhibición en las escuelas ( BORN; TSCHIRNHAUS; MORGAVI, 2010).

En ese contexto, y tras la crisis política y económica de 2001 que desembocó en la renuncia de De la Rúa, se creó en 2002 el programa Jóvenes y Memoria, por iniciativa de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, cuya dirección integran funcionarios públicos y dirigentes de organismos de derechos humanos. Desde entonces, participaron del programa 88 mil jóvenes, 7.605 equipos de investigación y 15.500 docentes de un universo compuesto por escuelas públicas, privadas y organizaciones sociales. ¹¹ La historia que sigue revela, por un lado, que el deber de memoria y la necesidad de transmitir el pasado a las nuevas generaciones se enmarca en estos procesos habilitados por el establecimiento de políticas públicas promovidas por el Estado y las organizaciones de derechos humanos pero, también, que esta voluntad excedió la iniciativa de estos actores. Por otro, que la transmisión del pasado puede trascender la reproducción de sentidos o su resignificación por las nuevas generaciones para traducirse en la ampliación de la verdad pública sobre lo acontecido, en la materialización de justicia y en nuevas iniciativas de elaboración de la memoria social.

Mucho antes de que estos procesos ocurrieran, el viernes 26 de septiembre de 1976, en plena dictadura militar, a 5 km al sur de la localidad de Carreras, provincia de Santa Fe, Agustín Buitrón encontró en el campo de su propiedad dos cuerpos en estado de descomposición con evidentes signos de violencia. Se trataba de una mujer joven que presentaba quemaduras en sus manos y otras partes del cuerpo y una herida de bala en el ojo derecho, realizada a muy corta distancia. El otro cuerpo hallado, un joven varón, tenía idénticas lesiones y, además, un disparo en su abdomen. ¹² Inmediatamente, intervino el juzgado de Melincué, localidad próxima al lugar del hallazgo. Tras ello, los cuerpos fueron sepultados en el cementerio del pueblo en una tumba como NN, letras que abrevian la expresión latina “nomen nescio”, “sin nombre”, y que se utilizan para referirse a cadáveres hallados sin identificación. Durante la dictadura el caso permaneció sin novedades. Tras el retorno de la democracia, las autoridades del juzgado publicaron las fotos de los cuerpos en diversos diarios de circulación masiva del país, a fin de hallar a los parientes de los jóvenes que podían estar demandando saber su destino. Luego de crearse la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), el juzgado puso a su disposición un oficio sobre el caso y, tras ello, varios familiares de desaparecidos concurrieron a verificar si los cuerpos correspondían a parientes suyos sin resultados positivos.

Fue recién en 2010 que los cuerpos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Correspondían a Yves Marie Alain Domergue y a Cristina Cialceta Marull, él ciudadano francés y ella mexicana, secuestrados el 20 de septiembre de 1976 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe y aparentemente asesinados en cercanías del Batallón 121 de Rosario. Él tenía 22 años y ella 20, ambos militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y se habían conocido y enamorado en la clandestinidad. ¹³ Yves, miembro de una familia acomodada que había regresado a Francia en 1974, estudiaba ingeniería en Buenos Aires. Cristina provenía de una familia peronista, su padre era el mayor retirado Ignacio Cialceta, sobrino político y edecán del presidente Juan Perón hasta su derrocamiento en 1955. Tras él, su familia partió al exilio mexicano, donde nació. La familia regresó al país en 1972 y en 1976, mientras su hija participaba de la lucha armada, Ignacio Cialceta, su padre y teniente coronel retirado, era Jefe de la delegación Rosario de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). ¹⁴

Más allá de la labor profesional del Equipo Argentino de Antropología Forense, la identificación de los cuerpos de Yves y Cristina fue posible por una iniciativa previa. En 2003, Juliana Cagrandi, Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario y docente del área Formación Ética y Ciudadana de la escuela de enseñanza media Nº 425 “Pablo Pizzurno”, de la ciudad de Melincué, recibió una invitación de parte de la Secretaría de Cultura de la localidad vecina de Firmat para participar de un acto con la presencia de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. ¹⁵

En ese marco, les propuso a sus alumnos de 5to año del Polimodal, en función del módulo que dictaba sobre el terrorismo de Estado, investigar lo sucedido con los dos jóvenes cuyos cuerpos fueron hallados cerca de la localidad y enterrados en el cementerio de Melincué.

Los alumnos solicitaron al tribunal, y lo consiguieron, el expediente del caso el cual había sido preservado por un empleado cuando en 2000 estuvo a punto de ser destruido, entrevistaron a quien era en 1976 oficial sumariante, Jorge Basuino, quien les relató cómo la policía condujo los cuerpos desde donde fueron hallados hasta el cementerio de Melincué, se estremecieron al ver las fotos incluidas en el expediente que retrataban el estado en el que se encontraban los cadáveres cuando fueron hallados y comprendieron el sentido de la cruz que, con la leyenda “NN”, veían cuando concurrían a la necrópolis del pueblo y en la que algunos de sus 2.500 habitantes solían depositar flores. ¹⁶ Incluso, durante la investigación, una alumna se enteró algo que desconocía: uno de sus abuelos, policía, fue quien trasladó los cuerpos desde el campo hasta el cementerio.

El informe de los alumnos, que consistía en tres páginas en las que sintetizaban la información recogida, le fue entregado en Firmat a Estela de Carlotto donde la presidenta de Abuelas concurrió a inaugurar una plaza con el nombre de Rodolfo Walsh, en homenaje al periodista, escritor y militante desaparecido. El informe incluía la esperanza de los alumnos de que los datos consignados colaborasen en la identificación de los cadáveres.

Tras varias gestiones, en marzo de 2008 Juliana Cagrandi, la docente que promovió la investigación, se puso en contacto con la Casa de la Memoria de la ciudad de Santa Fe y con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Mediante el cruce de información, la Secretaria de Derechos humanos elaboró la hipótesis, que luego confirmó la investigación judicial y del Equipo Argentino de Antropología Forense, de que los cuerpos hallados eran los de Yves Domergue y Cristina Cialceta.

El documental “El Caso Melincué” reconstruye, en base a testimonios de familiares y amigos de ambos jóvenes, de Jorge Basuino el forense sumariante, de Beatriz Buitrón, hija de quien encontró los cuerpos baleados en el campo, del sepulturero que participó del entierro, de miembros del Equipo de Antropología Forense y de los funcionarios de la derechos humanos, las vidas y militancias de Yves y Cristina, su secuestro y asesinato, el hallazgo de sus restos, la lucha de sus familias para denunciar sus desapariciones en el país y en Francia, la investigación que permitió establecer sus identidades y los lugares de memoria creados en la escuela y en el “Bosque de la Memoria” de Rosario donde se esparcieron sus cenizas para homenajearlos. Otro tanto hizo en 2014 la película Una flor para las tumbas sin nombre, del director Daniel Hechim y el libro Huesos desnudos de Eric Domergue, hermano de Yves, de editorial Colihue en 2012. Todas estas producciones fueron presentadas decenas de veces en especial en pueblos y localidades pequeñas de la provincia y proyectas a través del Canal Encuentro del Ministerio de Educación de la Nación difundiendo activamente el caso. Otro tanto hizo el acto, en la Casa de gobierno, en el cual la presidenta Cristina Kirchner agradeció a la docente y a los jóvenes la investigación desarrollada la cual impulsó el proceso de identificación de los cuerpos.

El 30 de marzo de 2012, el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario difundió los fundamentos de la sentencia que condenó a prisión perpetua al general Ramón Genaro Díaz Bessone, ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército y al ex policía José Lofiego por crímenes de lesa humanidad. Entre los casos imputados, se encontraba el de Cristina Cialceta. ¹⁷

Así, este segundo caso ilustra que los procesos de transmisión de la memoria no son lineales. Tampoco se agotan en la reproducción de un relato con sentido sobre el pasado ni en su resignificación por sus destinatarios. La trasmisión derivó en una práctica que contribuyó a la elaboración de verdad, la materialización de justicia y la configuración de lugares y prácticas memoriales. Políticas públicas habilitaron la posibilidad de trabajar en las aulas la violación de los derechos humanos, pero la iniciativa de investigar el caso de los cadáveres enterrados en Melincué partió de una docente comprometida con los derechos humanos, con sensibilidad y decisión de trabajar, más allá de cumplir con el currículo, el tema con sus alumnos. La identificación de los cuerpos fue producto de un proceso de cooperación entre iguales-diferentes: la docente, los alumnos, instituciones del Estado, organismos de derechos humanos y la antropología profesional, proceso en el que se constituyó una fuerza social que trascendió la suma de los esfuerzos particulares de cada actor. ¹⁸ Esta articulación, que supuso la constitución de nuevas relaciones sociales, logró tornar inteligible una historia que había circulado intensamente entre los habitantes de Melincué, pero cuya decibilidad se veía constreñida por la ausencia de un relato con sentido que diera cuenta de esa experiencia singular que había supuesto un hiato en la experiencia ordinaria de la localidad ( CERTEAU, 2000, p. XVII-XVIII). Este esfuerzo original permitió reponer la historia de esos cuerpos sin identidad. ¹⁹

En 2017 Julián Scher, sociólogo, estudiante de Maestría en la Ciencia Política y Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), publicó el libro Los desaparecidos de Racing ( SCHER, 2017). La obra, presenta la biografía de once hinchas y socios de ese club de fútbol, ubicado en la localidad de Avellaneda, en el conurbano bonaerense, que fueron secuestrados y asesinados antes y durante la dictadura militar.

En varios reportajes que ofreció presentando su libro, el autor, hincha y trabajador del departamento de prensa del club, interrogó la supuesta ajenidad del club respecto de los crímenes de Estado: “¿Cómo puede un club decir que no fue víctima del terrorismo de Estado si tiene hinchas y socios desaparecidos? ²⁰

A través de su pregunta, Scher procuró visibilizar la relación de la sociedad civil con los crímenes dictatoriales. Específicamente, al proponer al club de fútbol como un marco social atravesado por el clima de época y el proceso político. Mediante esta operación, puso en discusión el relato transicional del informe Nunca Más de la CONADEP que postuló a la “sociedad” como un actor ajeno a la violencia y al proceso político mismo. Sin embargo, su pregunta reproduce la presentación que de la sociedad hizo este informe, por entera víctima de la violencia estatal ( CRENZEL, 2008). Por otro, replica la presentación de los desaparecidos, establecida por el informe canónico, al mencionarlos sólo a partir de variables demográficas y sociales y privilegiar su retrato a partir de su afición por el club de fútbol. El número de biografías elegido, once, y su género, todos varones, identifica a las víctimas con un colectivo que se mimetiza con el número de jugadores que forman un equipo de fútbol. ²¹

Sin embargo, la presentación de los desaparecidos que propone el título del libro, su condición de hinchas racinguistas, se ve resquebrajada en el corpus de la obra. Entre las biografías reconstruidas se encuentran las de Alejandro Almeida, hijo de Taty Almeida, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, quien era estudiante de medicina en la Universidad de Buenos Aires y militaba en el “Grupo Obrero Revolucionario” desaparecido en junio de 1975; un poeta, Roberto Santoro, militante del PRT; Diego Beigbeder, militante montonero desaparecido y visto en cautiverio en la ESMA; Jorge Caffatti, militante de las Fuerzas Armadas Peronistas; Alvaro Cárdenas, Alberto Krug y Gustavo Juárez militantes montoneros; Dante Guede, estudiante de ingeniería, técnico del CONICET y militante social, Osvaldo Maciel, Miguel Scarpato militante de la Juventud Trabajadora Peronista en el sindicato de la Federación de Obreros Ceramistas en Villa Adelina, provincia de Buenos Aires y Jacobo Chester, el padre de Zulema, sin filiación partidaria y, como se dijo, trabajador en el área de estadísticas del hospital Posadas. Justamente Zulema, su hija, entrevistada por Scher, es quien reconstruye en el libro la biografía de su padre. ²²

Si las menciones a las militancias en la izquierda revolucionaria –marxista y peronista– operan reponiendo los compromisos políticos de los retratados en las biografías, la narración desplaza esta reposición y en cambio privilegia situarse en las genealogías familiares a partir de las cuales, mediante procesos de transmisión al interior de este marco social de la memoria (HALBWACHS, 1925), los protagonistas del libro se vinculan con la tradición familiar que les permite inscribirse en un linaje identitario común y les otorga un sentido de pertenencia en función de su condición de hinchas.

Entonces, más allá de la reposición de los compromisos políticos, el tono del relato de la obra prolonga la narrativa humanitaria presente en el informe Nunca Más y en los testimonios de los familiares de los desaparecidos vertidos desde la dictadura. Las biografías buscan, centralmente, provocar la empatía del lector. La condición militante se ve desplazada a un segundo plano para situar en un primero la fogosidad con la que vivían los desaparecidos y asesinados “de Racing” su pasión futbolística. El vehículo, para ello, son las anécdotas de amigos, familiares, compañeros de trabajo o, simplemente, de tribuna, destacando la pasión de los ausentes por los colores del club. En una ocasión, la evocación remite a los gritos ante un penal convertido, en otra a un hijo emocionado que recuerda la tarde en que alentó al equipo desde la tribuna popular de la mano de su padre o finalmente aquella que evoca el llanto desconsolado y la frustración que provocó un campeonato perdido. También, hay espacio para la sonrisa al reponerse la anécdota que rememora los artilugios desplegados para lograr colarse en la cancha a fin de estar más próximo a los jugadores o la que retrata el abandono, por unas horas pero en plena luna de miel, de la flamante esposa para concurrir a un partido de Racing.

Las emociones operan, así, como soportes que mediatizan la distancia temporal, generacional y política que otros rasgos identitarios de las biografías reseñadas –como el compromiso revolucionario– podrían suponer para los lectores imaginados como destinatarios de la obra. Esta búsqueda empática es reconocida por el propio Scher quien admite que utilizó al fútbol en general, y a Racing en particular, como una “hermosa excusa para arrimar a más gente” a temas de derechos humanos y para demostrar como los clubes de fútbol, en tanto que asociaciones civiles sin fines de lucro que tuvieron socios desaparecidos fueron, por ello, “víctimas del genocidio”. ²³ Así, el autor propone la construcción de un nosotros sin distingos que sostiene, en la adscripción común a una divisa futbolística, su condición de víctima de la violencia de Estado. Más allá si la figura es el “terrorismo de Estado”, propia de la narrativa cristalizada en el Nunca Más o el “Genocidio” propio de la representación actual de una porción significativa del movimiento de derechos humanos, la obra prolonga la idea de la sociedad argentina por entero víctima, sin desgarros y conflictos a su interior, de un poder absoluto.

Esta estrategia se articula a la presentación corporativa o sectorial de los desaparecidos, en este caso a partir de su condición de hinchas de un mismo club de fútbol. Este tipo de presentación tiene la capacidad de promover la emoción y la identificación entre los destinatarios del relato a partir de una afinidad electiva compartida. Reproduce un recurso de larga data, gestado durante la dictadura por el movimiento de derechos humanos y cristalizado luego en el informe de la CONADEP que clasificó y presentó a los desparecidos mediante claves profesionales (“los abogados desaparecidos”), educativas (“los estudiantes secundarios desaparecidos”), etarias (“Los adolescentes desaparecidos”) o a partir de su condición de trabajadores de determinados ámbitos laborales (“Los desaparecidos de la caja de ahorro”). En este caso, la afinidad es futbolística. Este tipo de presentación bajo estas claves tiene una indudable capacidad de promover procesos de identificación profundos y amplios en las comunidades a las cuales interpela, menos restrictivos que los que podrían promover una presentación basada en los compromisos políticos de los desaparecidos con las diferentes organizaciones de la izquierda revolucionaria, armada o no armada, marxista o peronista. “Los desaparecidos de Racing” se inscribe, así, en una estrategia compartida con otras producciones contemporáneas como el documental Deporte, desaparecidos y dictadura que aborda la desaparición de 17 jugadores del La Plata Rugby Club en el cual las pocas menciones a la militancia política de los desaparecidos se subordinan a su condición de jugadores de Rugby de dicho club. ²⁴

La capacidad del libro de suscitar empatía y de conectar con este sentido común extendido, se verificó en las numerosas presentaciones que tuvo en escenarios tan diversos como la casa de la organización HIJOS en el Espacio de la Memoria ubicado en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, en la Universidad Nacional de La Plata, el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza, en un salón del estadio del Racing Club o en el club Defensores de Belgrano. Pero, además, tuvo una trascendencia mayor. Precisamente, tras la presentación del libro en el club Defensores de Belgrano, se suscitó un debate que derivó en la conformación de la “Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino” a la que, en sólo dos meses, se incorporaron 16 clubes de diversas divisionales afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino. La formalización del espacio fue resultado de varias reuniones, en sedes rotativas, que comenzaron en noviembre de 2017 y en las que se planificaron algunas de las actividades del año siguiente entre ellas la participación, con un cartel propio que identificó a la organización, en la marcha por el cuadragésimo segundo aniversario del golpe de Estado, el 24 de marzo de 2018. ²⁵

La decisión de la Coordinadora de sumarse a la marcha en el aniversario del golpe, sintetizada en una declaración que entremezclaba el lenguaje futbolístico con el de los derechos humanos, se objetivó además en la colocación, por parte de diversos clubes, de mensajes en sus páginas oficiales o de sus redes sociales alusivos al Día de la Memoria. ²⁶ Asimismo, como ya advirtiera Lynn Hunt al analizar la capacidad expansiva de los derechos humanos a escala global, esta iniciativa desencadenó un proceso de ampliación de los derechos comprendidos como derechos inalienables a la condición humana y la universalización paralela de la condición de sujeto de derecho ( HUNT, 2008). Algunos clubes que integran la coordinadora se propusieron desde entonces incorporar a la labor en sus asociaciones y de la propia Coordinadora “cuestiones de género, de educación sexual integral, de violencia institucional” trascendiendo, así, la comprensión de los derechos humanos como la lucha exclusiva respecto de la búsqueda de verdad, justicia y memoria frente a los crímenes de la dictadura. ²⁷

Un proceso expansivo similar puede detectarse respecto del ejercicio de la memoria ya que su práctica se extendió más allá de las violaciones a los derechos humanos, como lo muestra la decisión de los clubes Banfield y Lanús, rivales de la zona sur del gran Buenos Aires y miembros también de la Coordinadora, de realizar un homenaje el 14 de abril, día en el que se enfrenten por el campeonato, a los combatientes argentinos muertos en la guerra de las islas Malvinas. ²⁸

Este tercer caso muestra la agencia de un actor, con formación universitaria, en la reproducción ampliada de las ideas y representaciones que, sobre los desaparecidos y la sociedad civil, promovieron el Estado y el movimiento de derechos humanos. Esta intervención supuso la movilización de una comunidad relativamente ajena a las luchas por los derechos humanos y la activación de un proceso de expansión de esta lucha al interior del mundo del fútbol que desembocó en la constitución de nuevas instancias organizativas y en el desenvolvimiento de prácticas colectivas articuladas con las iniciativas de las organizaciones humanitarias tradicionales. De este modo, la publicación del libro tuvo por efecto la ampliación del nosotros que sostiene la defensa de los derechos humanos y se articuló con la tendencia que inscribe en el universo de estos derechos una agenda vasta promovida por diversos movimientos sociales.

El 20 de diciembre de 2017, 16 años después de las protestas sociales que determinaron la renuncia del presidente De la Rúa, fuertes movilizaciones rechazaron una ley de reforma previsional regresiva impulsada por el presidente Mauricio Macri. En dicha oportunidad, la vicepresidenta de la Nación, expresó su pesar por la carencia de legitimidad que tiene la intervención de la fuerza pública debido a las representaciones que, sobre ella, pesan por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos. ²⁹ La afirmación, volvió a poner de manifiesto la existencia de un sentido común y de una sensibilidad social extendida contraria a las intervenciones represivas que puedan suponer el avasallamiento de los derechos humanos.

En este trabajo se intentaron examinar ciertos procesos de constitución y reproducción ampliada de la presencia de los derechos humanos para así explicar la intensidad que revisten en la vida pública. En función de este objetivo, se retomaron ideas previas sobre los factores que contribuyeron a este rasgo particular de la cultura política argentina tras el retorno de la democracia en 1983: la renovada presencia de la cultura de los derechos humanos a escala internacional, el despliegue de políticas estatales originales en materia de verdad, justicia y memoria y, en especial, la lucha consecuente del movimiento de derechos humanos.

A partir de ello, mediante tres estudios de caso, se evidencia la necesidad de pensar la presencia de los derechos humanos en la cultura política argentina más allá de estos factores macro, al proponer una mirada más amplia sobre la morfología del movimiento de derechos humanos. Esto es, pensarlo más allá de sus organizaciones reconocidas, sus prácticas tradicionales y sus figuras emblemáticas. Se lo propuso, en cambio, como resultado de un abanico de prácticas que incluye la intervención de actores que contribuyeron a las luchas por la verdad, la justicia y la memoria con diferentes grados de integración, autonomía y alianza con las organizaciones de derechos humanos y con el Estado y sus políticas públicas.

Por supuesto, estas prácticas no se desenvolvieron fuera de un contexto político y cultural signado por procesos globales, como la expansión de la cultura y el sistema normativo internacional de los derechos humanos, o locales como la presencia e intervención de las organizaciones de derechos humanos. Así lo muestra el caso de la lucha que emprendió Zulema Chester y los familiares de desaparecidos del hospital Posadas. Tampoco puede desvinculárselo de las políticas públicas impulsadas por el Estado, como muestra el caso de la escuela de Melincué, que legitimaron mediante su incorporación al currículo educativo la posibilidad que las violaciones a los derechos humanos fuesen objeto de estudio en las aulas o, como en el caso del libro de Scher, se constituyeran en un tema de investigación de posgrado. Sin embargo, me propuse mostrar como estas tres intervenciones se desarrollaron en diálogo con marcos más amplios y con las iniciativas de actores colectivos pero con grados relativos de autonomía de los encuadres organizativos propuestos desde las organizaciones de derechos humanos y el Estado y con vitalidad propia, aspectos que revelan la capilaridad cultural y la densidad política que posee, por su extensión y penetración, la cultura de los derechos humanos en el país.

En los tres casos, las luchas e iniciativas desplegadas produjeron efectos y consecuencias políticas de importancia que contribuyeron a la reproducción ampliada de la cultura de los derechos humanos. Desencadenaron un efecto cascada, para retomar la metáfora utilizada por Sikkink (2011) para retratar el efecto que a escala internacional causó el juicio a las Juntas militares en la Argentina, que habilitó nuevas iniciativas con similares sentidos estratégicos. La lucha de los familiares de desaparecidos del hospital Posadas, por su larga e intensa trayectoria, se tradujo en el enjuiciamiento de los responsables de los abusos cometidos en el Hospital y en la creación de un sitio de memoria en el predio. El informe de los alumnos de la escuela de Melincué, permitió comprometer a miembros de una nueva generación con la construcción de conocimiento del pasado de violaciones, identificar a dos desaparecidos, reponer sus biografías, reparar relativamente a sus familias y transmitir su memoria en la comunidad local. Por último, la obra sobre los “desaparecidos de Racing” permitió reponer la biografía de un conjunto de desaparecidos, consolidó representaciones e ideas sobre sus identidades y contribuyó a la conformación de una nueva organización que, en el ámbito del fútbol, asumió la defensa de los derechos humanos como objetivo. En síntesis, estas iniciativas supusieron, en los tres casos, la ampliación en términos políticos, sociales y generacionales del nosotros con el cual se propuso pensar en estas páginas el movimiento de derechos humanos y la cultura que este actor enarbola.