El 11 de septiembre de 1973, las FF.AA. y de Orden protagonizaron un golpe de estado que puso término al gobierno democrático de Salvador Allende. Inmediatamente las nuevas autoridades militares ejercieron la represión hacia los partidarios del régimen derrocado que se caracterizó por su violencia y por su amplio alcance, en tanto no sólo fue dirigida hacia dirigentes políticos y sociales sino también hacia simpatizantes del depuesto régimen o hacia quienes se creía proclives a él como los habitantes de las poblaciones ² . Las detenciones, las ejecuciones, la tortura y los allanamientos fueron prácticas ejercidas por la dictadura desde el momento mismo de su instalación en el poder. El miedo se apoderó de amplios sectores de la sociedad.

En los barrios periféricos de Santiago no fue extraño en aquellos primeros días después del golpe que los cadáveres de las víctimas fueran vistos por los habitantes de la ciudad; a la orilla del río Mapocho, o sencillamente en las vías públicas. Lo que estaba ocurriendo fue prontamente sabido por sacerdotes, pastores y laicos vinculados a las iglesias, a quienes les llegaron testimonios directos de personas que merecían su confianza, por lo que no dudaron de la veracidad de estos ³ . Prontamente, el 3 de octubre se creó el Comité Nacional de Ayuda para los Refugiados (CONAR) ⁴ , compuesto por representantes de las iglesias protestantes y de la iglesia Católica y el 6 de octubre de 1973, el Comité Pro Paz o COPACHI, integrado fundamentalmente por la Iglesia Católica. El primero orientado a apoyar a los extranjeros, sobre todo refugiados que se encontraban en Chile participando de la Unidad Popular y eran considerados enemigos por el nuevo régimen y el segundo a las víctimas chilenas. CONAR daría origen a la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) en 1975 y el Comité Pro Paz a la Vicaría de la Solidaridad en enero de 1976, ambas instituciones no gubernamentales que defendieron los derechos vulnerados de miles de chilenos durante los casi 17 años de la dictadura. SERPAJ (Servicio Paz y Justicia de Chile) organismo de inspiración ecuménica creado en noviembre de 1977 y CODEPU (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo) en los años ‘80, fueron también importantes organismos de defensa de los derechos humanos de la sociedad civil, a nivel nacional y regional, como es el caso de este último que denunció la represión de los campesinos en el sur del país ( BARRIENTOS, 2015). Esta reacción del mundo eclesiástico fue fundamental en la formación de una red de apoyo que desde un comienzo traspasó las fronteras chilenas. No obstante, no debe confundirse con un apoyo de la iglesia en su conjunto. De hecho a pocos días de haberse producido el golpe, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal emitió un comunicado ambiguo que otorgó cierta legitimidad a la Junta Militar. Además, de los 40 obispos de la Conferencia Episcopal de Chile, seis se manifestaron a favor del golpe ( STRASSNER, 2006). Por su parte, un sector de las iglesias evangélicas apoyó el golpe y el régimen dictatorial, lo cual sirvió a Pinochet de recurso simbólico cuando la alta jerarquía de la Iglesia Católica comenzó a criticarlo abiertamente.

De acuerdo a Strassner, si la crítica de la jerarquía de la Iglesia Católica hacia el régimen demoró algunos meses en hacerse explícita, no ocurrió lo mismo con su acción en defensa de las víctimas – como lo demuestra la temprana creación de CONAR y sobre todo del Comité Pro Paz. Con ello, la Iglesia Católica definió con suma prontitud su perfil de ‘Iglesia Samaritana’ ( STRASSNER, 2006). Ello la diferencia de otras experiencias en la región, por ejemplo en Argentina, donde la gran mayoría del episcopado apoyó abiertamente a la junta militar golpista, justificó su accionar y puso en duda los relatos de las víctimas ( MIGNONE, 1986).

En Chile, el sector de la Iglesia Católica que actuó en defensa de los DHHH puede identificarse con aquel que había sido fuertemente influido por la renovación de la Iglesia Católica tras el Concilio Vaticano II. Fue en la década del ‘60 cuando surgió un sector progresista dentro de la iglesia, sensibilizado por las problemáticas sociales del país y cercano a las propuestas de cambio estructural de la Democracia Cristiana. Un hito en este sentido fue la designación de Raúl Silva Henríquez como arzobispo de Santiago en 1961, quien “desempeño un papel muy importante en la renovación de la Iglesia en Chile y en América Latina” ( GIRAUDIER, 2015, p. 219). Hacia fines de la década del 60, surgió el movimiento Iglesia Joven que se declaraba como una iglesia que estaba junto a la lucha del pueblo, postura que recibió un fuerte impulso luego de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano que tuvo lugar en Medellín entre agosto y septiembre de 1968. Si bien la Teología de la Liberación no se desarrolló en Chile al nivel que lo hizo en Brasil, Colombia y América Central, tuvo exponentes tanto laicos como religiosos. Bajo el gobierno de la Unidad Popular, los Cristianos por el Socialismo unieron la fe religiosa con la participación política, inspirados por la Teología de la Liberación ( GIRAUDIER, 2015). De modo que al momento del golpe, cuando los religiosos comenzaron a escuchar los relatos de la represión, existía todo un sector de la Iglesia Católica que era cercano a los sectores populares –fuertemente reprimidos por la dictadura desde sus inicios– y que simpatizaba o adhería a las propuestas de cambio de la izquierda en el poder que los militares derrocaron. ¿Fue esta posición de la Iglesia Católica frente a la dictadura única en la región? Ciertamente no; la Iglesia Católica en Brasil, por ejemplo, se caracterizó por su posición de resistencia a la dictadura, y por un recorrido en los años ‘60 de sensibilidad al cambio que llevó al Cuerpo Episcopal brasilero a aggiornarse de acuerdo a los nuevos requerimientos de la sociedad, la cultura y la economía del país ( TOURIS, 2015).

Para el historiador Steve Stern, “la arena internacional fue el primer escenario en que se desplegaron en el espacio público una política de la solidaridad, la defensa de los derechos humanos y las verdades y memorias alternativas” ( STERN, 2013, p. 134) en gran medida debido al exilio de gran cantidad de chilenos después del golpe. En los diversos países en los cuales las exiliadas y exiliados fueron acogidos, estas y estos desarrollaron iniciativas para apoyar a las víctimas de la dictadura en Chile. Para la mayoría de los exiliados, sobre todo aquellos que debieron salir forzadamente de Chile dado que sus vidas corrían peligro, el anhelo de retornar estuvo siempre presente. En su mayoría se trataba de militantes políticos y de personas que habían apoyado al gobierno de la Unidad Popular, por lo tanto, su lucha contra la dictadura no se terminaba con el exilio. Había además un sentido muy fuerte de solidaridad hacia quienes habían permanecido en el país y por lo tanto corrían riesgos constantes en sus acciones de oposición. Por ello en muchos de los países donde los exiliados chilenos fueron significativos en términos numéricos o bien por el nivel de influencia que tenían, se organizaron acciones solidarias. En Argentina, se calcula que entre 1973 y 1990 llegaron como exiliados políticos o como producto de las crisis económicas que se manifestaron con altos porcentajes de cesantía, alrededor de 120.000 chilenos (PERRET, 2015). En la década del ‘80 estos fueron muy activos en su lucha contra la dictadura de Pinochet a través de un movimiento llamado Chile Democrático, formado por ex militantes de los partidos de la Unidad Popular que se encontraban en Argentina y que se habían asociado con diversos partidos políticos de ese país (PERRET, 2015).

En diversos países de Europa los exiliados se mantuvieron activos no sólo en un sentido estrictamente político sino también solidario. Los exiliados podían llegar a integrarse en grados diversos o incluso no integrarse a los países de acogida, pero cualquiera fuese el caso, seguían vinculados emocional y políticamente a Chile. El contacto era permanente y en ciertos casos su presencia en el movimiento de DDHH que se llevaba a cabo en Chile fue decisiva. Así por ejemplo el Programa Médico Psiquiátrico de FASIC fue ideado en Francia por la psiquiatra Paz Rojas que se encontraba exiliada en ese país. En Bélgica se formó el ‘Colectivo de Acogida a los Refugiados Chilenos’ que generó vínculos con organizaciones belgas como sindicatos, ONG e incluso con el gobierno, de modo que llegó a tramitar visas para otros chilenos exiliados, en el país mismo, lo cual llegaba a conocimiento de la embajada belga en Chile con posterioridad. En un caso de urgencia, se consiguieron visas en 20 minutos a través de este mecanismo ¹⁷ .

Los viajes que los representantes de los organismos de DDHH chilenos realizaban a los diferentes países que habían acogido a los exiliados servían para crear instancias de diálogo. En algunas ocasiones los partidos políticos en el exterior les pidieron a los representantes de ONG chilenas reuniones, pero fundamentalmente estos encuentros actuaban como instancias informativas sin una finalidad política explícita. Fue el caso en la década del ‘80 cuando comenzó el proceso de retorno y FASIC pudo distribuir alrededor de 500 ejemplares de un boletín informativo sobre las condiciones de vida en Chile entre las comunidades de exiliados con las que se tenía vínculos. El boletín trataba sobre el costo de la vida, que incluía el detalle de los costos de alimentación, vestimenta, movilización y educación y tenía como finalidad informar e incentivar el retorno de los exiliados ¹⁸ . Muchos exiliados fueron retornando a Chile en estos años, algunos de los cuales se involucraron directamente en las ONG que trabajaban para apoyar a las víctimas de la dictadura ¹⁹ .

Una vez que la red de apoyo estuvo establecida, se mantuvo a lo largo hasta el fin de la dictadura. Se trata de una red en la cual participaron diversos agentes y organismos movilizados en la defensa de los DDHH, y que como ha estudiado María Soledad Catoggio para el Cono Sur “…dejan entrever el funcionamiento de una trama religiosa del activismo humanitario que contribuyó tanto a construir puentes latinoamericanos en contexto de dictadura así como a la integración de esos espacios regionales de Derechos Humanos a la dinámica global” (CATOGGIO, 2014, p. 189). Eran los organismos de derechos humanos chilenos quienes presentaban proyectos –de acuerdo a las necesidades que, la represión estatal iba generando en el país– a las agencias solidarias que proveían los fondos, o bien al Consejo Mundial de Iglesias:

Esta forma de relacionarse se extendió hacia otros organismos como las agencias solidarias que financiaban, que si en un comienzo habían solicitado referencias de FASIC al propio Consejo Mundial de Iglesias para tomar la decisión de aportarle fondos, luego le pedían a FASIC que diera referencias de otros organismos que también les solicitaban apoyo financiero. Desde fines de los años ‘70 y a lo largo de la década de los ‘80, la agencia Pan Para el Mundo le pidió en varias ocasiones referencias a FASIC de organismos que le habían solicitado financiamiento. En otros casos, le pidió su opinión o respaldo para proyectos específicos. Así por ejemplo, en 1979 FASIC asumió formalmente la responsabilidad por el proyecto que Pan Para el Mundo financió a la Comisión Chilena de Derechos Humanos en Chile ²¹ y dio referencias positivas de SERPAJ que presentaba un proyecto para su financiamiento; en 1981 respaldó un proyecto del Centro de Estudios y Asesorías Legales (CEAL), ante esta misma agencia donante ²² y en 1984 respaldó el proyecto de María Angélica de Rusque titulado ‘Recolección de historias testimoniales de mujeres exiliadas que retornan’ luego de haberlo examinado y concluido que sería un aporte para que la ciudadanía tomara conciencia del exilio como forma de represión del régimen ²³ . Se creó de esa manera una relación de confianza entre varias instituciones -las donantes que eran internacionales, las ejecutoras que eran chilenas, y el Consejo Mundial de Iglesias como ente que entre otras funciones, actuaba como canalizador de recursos económicos. La confianza de los organismos internacionales que financiaban a los chilenos se basaba también en la información fidedigna y seria que estos se encargaron de documentar y hacer llegar hacia los países del primer mundo. En este sentido destaca la Vicaría de la Solidaridad y FASIC.

Esta confianza permitía que los organismos internacionales gestionaran por su cuenta fondos para proyectos de FASIC, cuando por ejemplo, el monto no podía ser cubierto totalmente por ellos. En marzo de 1978, Pan Para el Mundo, presentó el proyecto de Talleres de Terapia Ocupacional que FASIC implementaba, a la organización Kirchlicher Entwicklungsdienst (KED) de Hannover, que al igual que Pan Para el Mundo era parte de la Asociación de Servicios de Iglesia para el Desarrollo. Pan Para el Mundo solicitó los fondos a KED, pero seguiría haciéndose cargo de la gestión de estos, de la comunicación y otros trámites necesarios ²⁴ .

El caso de FASIC muestra además que los organismos de DDHH en Chile establecían contactos entre ellos, conocían unos a otros el trabajo que desempeñaban y lejos de haber rivalidades o competencia por los fondos de las agencias, había una actitud solidaria. Se puede afirmar que los organismos de DDHH formaban parte de lo que Steve Stern denominó ‘memoria como consecuencia ética y democrática’. Esta memoria, compleja y heterogénea, que pasó por distintas fases históricas es en parte la de quienes se sintieron obligados a actuar frente a la violación a los DDHH cometidas por agentes de estado. Movidos por su conciencia ética o religiosa, y en directa relación con sus valores políticos expresados en el gobierno de la Unidad Popular, los representantes de esta memoria protagonizaron acciones para apoyar a los perseguidos ( STERN, 2000). En respuesta a carta fechada en marzo de 1979 del representante para América Latina de Pan Para el Mundo, Claudio González escribió sobre SERPAJ:

Gran parte de los fondos recibidos por FASIC se canalizaba a través del Consejo Mundial de Iglesias y era este organismo quien distribuía hacia los diversos países, instituciones dentro de estos países, y programas dentro de estas instituciones ²⁶ . Así por ejemplo, el Programa Médico Psiquiátrico de FASIC fue financiado por varias agencias, entre ellas Pan Para el Mundo, OXFAM, Christian Aid y CADOF ²⁷ .

Como ocurrió en general en la defensa de los DDHH en dictadura, los organismos que se crearon en Chile actuaron en un primer momento sin experiencia previa, echando mano de los recursos humanos e improvisando, sobre todo cuando las acciones eran urgentes y debían ser realizadas a la brevedad. Pese a la magnitud y a la ferocidad de la represión ejercida desde el mismo día del golpe, también había cierto desconocimiento de las FF.AA. y de Orden a ciertos niveles, en su aplicación. Fue precisamente en ese espacio no copado por la dictadura donde los organismos de DDHH actuaron, generando un ‘espacio de libertad’ ( ORELLANA, 1991). Pero hubo aprendizajes importantes de cómo actuar más eficazmente –tanto a nivel nacional como internacional– que se fueron dando en el tiempo. Cómo ejercer presión en el extranjero frente a casos específicos de violación a los DDHH fue uno de esos aprendizajes, realizado a juicio de Claudio González, en el trabajo mancomunado con los organismos internacionales:

Si en septiembre de 1973 había cierto conocimiento en el trabajo con refugiados y a la vez estaban sentadas las bases de lo que sería una red de apoyo internacional, no existía conocimiento alguno de cómo actuar frente a la represión que se desató después del golpe y en los años posteriores, porque no había habido una experiencia de similares características y magnitud en el país. No obstante, el aprendizaje de cómo actuar en un contexto altamente represivo y por ende de alta peligrosidad de la manera más eficaz y fructífera, fue generando un conocimiento que en ciertos casos fue sistematizado y compartido fuera de Chile. A fines de 1979, Fanny Pollarolo, psiquiatra de FASIC, junto a Claudio González visitaron Nicaragua con el objeto de apoyar el trabajo de rehabilitación física y psicológica de las víctimas de la represión en ese país. En Managua, los dos representantes de FASIC se reunieron con las autoridades pertinentes para coordinar el apoyo. No obstante, el Consejo Mundial de Iglesias escribió a CEPAD, el Consejo de Iglesias Protestantes de Nicaragua, para presentar y vincular a las dos ONGs entre sí de modo que CEPAD pudiera participar de la labor de rehabilitación ²⁹ . La lógica de una red de apoyo internacional que actuaba a nivel regional e intercontinental se aplicaba en este caso involucrando a un organismo chileno de defensa de DDHH para apoyar a víctimas de represión en otro país latinoamericano. Tiempo más tarde, en abril de 1980, FASIC realizó un Seminario de Estudios sobre las consecuencias psicológicas de la represión en Punta de Tralca, en las afueras de Santiago, coordinado por André Jacques de CIMADE-Francia y financiado por el Servicio de la Iglesia Evangélica de Alemania para el Desarrollo (KED), al cual asistieron representantes nacionales así como de Francia, Estados Unidos, Brasil y Uruguay entre otros países ³⁰ , continuando con la labor de difusión de la experiencia sistematizada que el Programa Médico Psiquiátrico había llevado a cabo.

El trabajo terapéutico que los profesionales del Programa Médico Psiquiátrico realizaban llegaría a oídos de las Naciones Unidas, de un modo que estos jamás imaginaron cuando iniciaron su trabajo clínico con víctimas de prisión política, tortura y otras formas represivas. La Comisión de DDHH de la Organización de las Naciones Unidas había estado realizando informes sobre la situación en Chile desde el año 1974. A partir de ese momento no solo había condenado a Chile por las violaciones a los DDHH, sino que había creado una comisión ad hoc para investigarlas en profundidad ³¹ . En julio de 1978, tras reiterados intentos anteriores obstaculizados por Pinochet, el grupo de trabajo ad hoc de la Comisión de DDHH de Naciones Unidas pudo arribar a suelo chileno para estudiar in situ las denuncias. Esto fue un logro importante, no solo porque el grupo de trabajo pudo conocer lo que ocurría en base a las observaciones personales y directas de sus miembros, sino que también porque fue la primera vez que un relator especial acudía al lugar donde se cometían los atropellos a los derechos humanos, en orden a investigar.

En este contexto, los testimonios que las víctimas atendidas por los psicólogos y psiquiatras del PMS habían comenzado a dar fueron utilizados no sólo como una herramienta terapéutica a través de la cual se iban elaborando las experiencias traumáticas vividas, sino que también como un dispositivo de denuncia. Las víctimas podían utilizar sus testimonios en diversos medios, desde el ámbito familiar donde por lo general habían contado muy poco de las experiencias traumáticas por las que habían pasado, hasta el espacio público, con la finalidad de hacer pública la violación a los DDHH en un periodo en que esta era negada oficialmente y en gran medida desconocida por extensos sectores de la población. Los testimonios por lo tanto, pensados como denuncia, fueron enviados a los relatores especiales de Naciones Unidas para el caso de Chile, generando repetidas condenas de este organismo internacional hacia la violación a los DDHH por parte del estado dictatorial ( LIRA, 2006).

Si la solidaridad hacia Chile fue inédita, sobre todo en los primeros tiempos tras el golpe, las prácticas de defensa de los DDHH que se fueron gestando en el país con apoyo internacional sentaron precedentes de acciones futuras que beneficiarían al movimiento de DDHH mundial. Así por ejemplo, el fondo de Naciones Unidas para víctimas de la tortura fue establecido en su origen como un fondo para las víctimas chilenas, en tanto los informes de DDHH que la embajadas comenzaron a realizar periódicamente surgieron por la iniciativa que tomó la embajada de Estados Unidos en Chile, generando un informe sobre la vulneración de los derechos fundamentales por parte del estado dictatorial chileno ³² .

De modo que la acción humanitaria de las redes ecuménicas que actuaron en Chile fue perfeccionándose con el tiempo, generando un capital cultural en el campo de los DDHH que no sólo implicó un conocimiento de cómo proceder estratégicamente y a un nivel global para salvar vidas, sino también que contribuyó a situar políticamente la defensa de los DDHH como un derecho y un valor. A ello, debe sumarse, el aprendizaje logrado en el campo de la psicología que permitió un trabajo invaluable con las víctimas de la prisión, tortura y otras formas aberrantes de violación a los DHHH, aprendizaje que fue compartido a nivel latinoamericano. Como señala Catoggio“ (las redes del mundo religioso sirvieron) para la construcción común de un campo de conocimiento en materia de Derechos Humanos que con el tiempo desarrollaría sus propias reglas y expertos” (CATOGGIO 2014, p. 209).

La memoria de la dictadura de Pinochet es en la actualidad, a pesar de todos los intentos que se realizaron en los primeros años de la transición democrática por invisibilizarla, una memoria fuerte, fruto de un trabajo de elaboración que incluye a los actores de la sociedad civil y al estado. Dentro de ella, las acciones de defensa de los DDHH protagonizadas por laicos, religiosos, organismos nacionales e internacionales, exiliados y retornados, ocupa un lugar central. Si la represión desatada tras el golpe de estado hacia los partidarios y simpatizantes de la Unidad Popular fue inédita en la historia del país, por su brutalidad y alcance, la respuesta de las redes del mundo ecuménico nacional e internacional fue sorprendente por su rapidez, eficacia y osadía. Se trató de un trabajo constante que no decayó a lo largo de los casi diecisiete años de dictadura; un trabajo solidario y riesgoso, que permitió salvar vidas y ayudar en la recuperación de los miles de chilenas y chilenos afectados por la violación de los derechos humanos. Fue también un trabajo que situó a los DDHH en un plano político internacional, contribuyendo a su valoración como un derecho inalienable.

A 45 años de haberse producido el golpe de estado, Chile enfrenta el desafío de transmitir las memorias de lo ocurrido en dictadura hacia las nuevas generaciones. Junto a ello, debe continuar elaborando el pasado traumático e interrogarlo a la luz de los problemas que enfrenta como sociedad en la actualidad. Si por un lado, se ha evidenciado un peligroso desinterés y falta de conocimiento de este crucial periodo de la historia de Chile por parte de adolescentes y jóvenes chilenos, por otro, es precisamente la labor de los defensores de los DDHH una de las herencias que otros jóvenes identifican en el Chile de hoy día. En el potente movimiento de los sectores juveniles por educación gratuita y de calidad, en las protestas multitudinarias contra el sistema de AFP ³³ y más recientemente en el pujante movimiento feminista, los jóvenes chilenos identifican la huella dejada por la cultura de los derechos humanos que se gestó en los difíciles tiempos de dictadura. Si bien es posible remontarse a los albores de nuestra historia como nación, e incluso retroceder hacia los tiempos del dominio colonial español sobre el territorio que luego conformaría Chile, para encontrar violaciones a los DDHH –sin ir más lejos las cometidas hacia los pueblos originarios– en el imaginario nacional no existía el concepto propiamente tal hasta que se produjo el golpe de estado y se instaló la dictadura cívico-militar. Por otra parte, se hace difícil encontrar organizaciones de defensa a los DDHH en el periodo anterior al golpe, a lo que se suma el hecho de que son pocos los estudios que se dedican a la investigación de estas materias con antelación al 11 de septiembre de 1973 ³⁴ . De modo que los jóvenes no se equivocan cuando vinculan los movimientos sociales actuales con las experiencias, aprendizajes y luchas de los movimientos en defensa de los derechos esenciales de las personas entre 1973 y 1990. Es en esta significación que recoge la valoración por el derecho a la vida, la justicia y la equidad, así como una capacidad de movilización y lucha, donde radican la huella y el sentido actual del movimiento nacional e internacional de defensa a los DDHH durante la dictadura. Finalmente es importante señalar que las redes ecuménicas urdidas bajo los regímenes represivos del Cono Sur, se fueron desmantelando con las transiciones a la democracia. En el caso de Chile, el retiro de los fondos de cooperación internacional, significó la pérdida de fuerza y protagonismo de las ONGs que fueron protagonistas en la lucha contra la dictadura ( GRUNINGER, 2003). Algunas de ellas subsisten hasta el día de hoy, habiéndose adaptado a la lógica neoliberal del estado que les otorga fondos a través de concursos públicos. No obstante, nuevas problemáticas acuciantes como la de la migración y el refugio, hacen pensar en el aporte que la lógica de redes a nivel regional y global podría significar en un mundo globalizado e interconectado, pero a la vez menos centrado en el bien común y los derechos colectivos.