El apoyo inmediato. Las acciones nacionales

El 11 de septiembre de 1973, las FF.AA. y de Orden protagonizaron un golpe de estado que puso término al gobierno democrático de Salvador Allende. Inmediatamente las nuevas autoridades militares ejercieron la represión hacia los partidarios del régimen derrocado que se caracterizó por su violencia y por su amplio alcance, en tanto no sólo fue dirigida hacia dirigentes políticos y sociales sino también hacia simpatizantes del depuesto régimen o hacia quienes se creía proclives a él como los habitantes de las poblaciones ². Las detenciones, las ejecuciones, la tortura y los allanamientos fueron prácticas ejercidas por la dictadura desde el momento mismo de su instalación en el poder. El miedo se apoderó de amplios sectores de la sociedad.

En los barrios periféricos de Santiago no fue extraño en aquellos primeros días después del golpe que los cadáveres de las víctimas fueran vistos por los habitantes de la ciudad; a la orilla del río Mapocho, o sencillamente en las vías públicas. Lo que estaba ocurriendo fue prontamente sabido por sacerdotes, pastores y laicos vinculados a las iglesias, a quienes les llegaron testimonios directos de personas que merecían su confianza, por lo que no dudaron de la veracidad de estos ³. Prontamente, el 3 de octubre se creó el Comité Nacional de Ayuda para los Refugiados (CONAR) ⁴, compuesto por representantes de las iglesias protestantes y de la iglesia Católica y el 6 de octubre de 1973, el Comité Pro Paz o COPACHI, integrado fundamentalmente por la Iglesia Católica. El primero orientado a apoyar a los extranjeros, sobre todo refugiados que se encontraban en Chile participando de la Unidad Popular y eran considerados enemigos por el nuevo régimen y el segundo a las víctimas chilenas. CONAR daría origen a la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) en 1975 y el Comité Pro Paz a la Vicaría de la Solidaridad en enero de 1976, ambas instituciones no gubernamentales que defendieron los derechos vulnerados de miles de chilenos durante los casi 17 años de la dictadura. SERPAJ (Servicio Paz y Justicia de Chile) organismo de inspiración ecuménica creado en noviembre de 1977 y CODEPU (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo) en los años ‘80, fueron también importantes organismos de defensa de los derechos humanos de la sociedad civil, a nivel nacional y regional, como es el caso de este último que denunció la represión de los campesinos en el sur del país ( BARRIENTOS, 2015). Esta reacción del mundo eclesiástico fue fundamental en la formación de una red de apoyo que desde un comienzo traspasó las fronteras chilenas. No obstante, no debe confundirse con un apoyo de la iglesia en su conjunto. De hecho a pocos días de haberse producido el golpe, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal emitió un comunicado ambiguo que otorgó cierta legitimidad a la Junta Militar. Además, de los 40 obispos de la Conferencia Episcopal de Chile, seis se manifestaron a favor del golpe ( STRASSNER, 2006). Por su parte, un sector de las iglesias evangélicas apoyó el golpe y el régimen dictatorial, lo cual sirvió a Pinochet de recurso simbólico cuando la alta jerarquía de la Iglesia Católica comenzó a criticarlo abiertamente.

De acuerdo a Strassner, si la crítica de la jerarquía de la Iglesia Católica hacia el régimen demoró algunos meses en hacerse explícita, no ocurrió lo mismo con su acción en defensa de las víctimas – como lo demuestra la temprana creación de CONAR y sobre todo del Comité Pro Paz. Con ello, la Iglesia Católica definió con suma prontitud su perfil de ‘Iglesia Samaritana’ ( STRASSNER, 2006). Ello la diferencia de otras experiencias en la región, por ejemplo en Argentina, donde la gran mayoría del episcopado apoyó abiertamente a la junta militar golpista, justificó su accionar y puso en duda los relatos de las víctimas ( MIGNONE, 1986).

En Chile, el sector de la Iglesia Católica que actuó en defensa de los DHHH puede identificarse con aquel que había sido fuertemente influido por la renovación de la Iglesia Católica tras el Concilio Vaticano II. Fue en la década del ‘60 cuando surgió un sector progresista dentro de la iglesia, sensibilizado por las problemáticas sociales del país y cercano a las propuestas de cambio estructural de la Democracia Cristiana. Un hito en este sentido fue la designación de Raúl Silva Henríquez como arzobispo de Santiago en 1961, quien “desempeño un papel muy importante en la renovación de la Iglesia en Chile y en América Latina” ( GIRAUDIER, 2015, p. 219). Hacia fines de la década del 60, surgió el movimiento Iglesia Joven que se declaraba como una iglesia que estaba junto a la lucha del pueblo, postura que recibió un fuerte impulso luego de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano que tuvo lugar en Medellín entre agosto y septiembre de 1968. Si bien la Teología de la Liberación no se desarrolló en Chile al nivel que lo hizo en Brasil, Colombia y América Central, tuvo exponentes tanto laicos como religiosos. Bajo el gobierno de la Unidad Popular, los Cristianos por el Socialismo unieron la fe religiosa con la participación política, inspirados por la Teología de la Liberación ( GIRAUDIER, 2015). De modo que al momento del golpe, cuando los religiosos comenzaron a escuchar los relatos de la represión, existía todo un sector de la Iglesia Católica que era cercano a los sectores populares –fuertemente reprimidos por la dictadura desde sus inicios– y que simpatizaba o adhería a las propuestas de cambio de la izquierda en el poder que los militares derrocaron. ¿Fue esta posición de la Iglesia Católica frente a la dictadura única en la región? Ciertamente no; la Iglesia Católica en Brasil, por ejemplo, se caracterizó por su posición de resistencia a la dictadura, y por un recorrido en los años ‘60 de sensibilidad al cambio que llevó al Cuerpo Episcopal brasilero a aggiornarse de acuerdo a los nuevos requerimientos de la sociedad, la cultura y la economía del país ( TOURIS, 2015).

La ayuda internacional: la construcción del andamiaje de apoyo

Los vínculos establecidos con la comunidad internacional durante la Unidad Popular

La inmediata reacción de un sector del mundo de iglesias frente a la violación a los derechos humanos en Chile involucró desde un principio el apoyo internacional. Este se explica por varias razones, dentro de la cuales es importante considerar el efecto que tuvo el gobierno de la Unidad Popular como experiencia socialista democrática en el ámbito internacional. En un contexto caracterizado por la Guerra Fría, la llegada por la vía de las urnas –y no por la toma del poder violenta– de un gobierno que se definía como socialista y marxista, causó profunda expectación e interés en amplios sectores de izquierda, centro izquierda y progresistas, sobre todo en el continente europeo y en América Latina. Luego de una década caracterizada por los influjos de la Revolución Cubana, por manifestaciones contra el establishment, y por un anhelo generalizado de cambio social y político, muchos jóvenes progresistas tanto en Europa como en América Latina se sintieron vívidamente atraídos por la inédita experiencia política del gobierno socialista de Salvador Allende que se inició el 4 de noviembre de 1970.

Este interés se manifestó en la llegada a Chile de observadores, simpatizantes y colaboradores extranjeros provenientes de diversos países, para documentar, seguir de cerca o participar de la Unidad Popular. A este contingente de extranjeros se sumaron los refugiados políticos de dictaduras latinoamericanas de la región como brasileros y paraguayos. En 1971, el presidente Salvador Allende solicitó a las iglesias cristianas que brindaran su apoyo a los refugiados, de modo que pudieran no sólo resolver sus problemas de subsistencia, sino también iniciar un proyecto de vida en Chile. En respuesta a dicha solicitud Helmut Frenz, obispo de la Iglesia Luterana en Chile, presentó un amplio programa al gobierno que tenía el apoyo de las iglesias protestantes de Europa y Estados Unidos. Así comenzó una acción que vinculó al pastor luterano con organismos internacionales como ACNUR ⁵ De modo que cuando se produjo el golpe Frenz contaba con la experiencia del trabajo con refugiados y con los contactos internacionales que comenzaron a operar de inmediato.

Hay que considerar que independientemente de los vínculos previos con organismos solidarios internacionales, el solo hecho de haberse producido un golpe de estado que puso fin a las esperanzas cifradas por muchos en el éxito del proyecto político de Allende, generó un gran impacto a nivel internacional. Este impacto fue mayor aún cuando se supo que Allende estaba muerto. Inmediatamente, comenzó un movimiento de personas y organismos que desde el primer momento estuvieron atentos a apoyar a las víctimas del nuevo régimen. Como señala Claudio González: “Al principio Chile era el foco, había sido Brasil también pero de repente Chile se apropia del primer lugar de la solidaridad, cosa que no ocurre con Argentina ni con otros países” ⁶

También es importante tomar en cuenta que Allende había creado buenas e incluso estrechas relaciones diplomáticas con varias embajadas, dentro de las cuales destacan Suecia y México, que una vez que se produjo el golpe, tuvieron un rol preponderante en la ayuda a cientos de personas que estaban siendo perseguidas. Suecia por ejemplo, había establecido vínculos con el gobierno de Salvador Allende a través de su primer ministro Olof Palme y luego por medio de su embajador en Chile, Harald Edelstam ( CAMACHO, 2006). México por su parte, había estrechado relaciones con Chile bajo la Unidad Popular a través de intelectuales, políticos y el propio presidente Luis Echeverría, quien manifestó su apoyo explícito al presidente Allende a través de la visita que realizó al país, del apoyo de su gobierno para paliar los estragos del terremoto de 1971, de la ayuda económica y de la participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) que tuvo lugar en Santiago en 1972 ( ROJAS MIRA, 2016).

La llegada del apoyo ecuménico internacional: “en el primer avión, apenas se abren las fronteras después del golpe”

Es innegable que el apoyo internacional al movimiento de DDHH se vio acrecentado por la simpatía generada hacia la Unidad Popular y Salvador Allende. No obstante, la ayuda económica de las organizaciones internacionales se enmarca dentro de un movimiento de apoyo mayor que englobó a Latinoamérica en su conjunto y que de acuerdo a Manuela Restrepo vio un aumento exhaustivo en la década del ‘80 ( RESTREPO, 2012).

Como se ha visto, las iglesias cristianas fueron claves en la formación de iniciativas de apoyo a las víctimas de la represión, pero también en la creación de un cuerpo doctrinario que sustentara la lucha a favor de los derechos humanos. Para la Iglesia Católica las diversas encíclicas papales, desde Rerum Novarum escrita por León XIII hasta Populorum Progressio de Pablo VI, el Concilio Vaticano II y de manera más contemporánea a los hechos, el Sínodo de Obispos de 1971, sentaban las bases de una narrativa a favor de los derechos del ser humano sobre todo en contextos de injusticia y opresión ⁷. Fue esta narrativa de la cual se apropió el sector del catolicismo que el teólogo Álvaro Ramis ha denominado la Iglesia ‘confesante’ – por su actitud solidaria a favor de los perseguidos durante la dictadura ( RAMIS, 2013). Por su parte, para un sector de las iglesias protestantes, el apoyo a las víctimas se entendía como un deber cristiano y la lucha por los derechos humanos como parte de su misión eclesial. Charles Harper, director de la Oficina de Derechos Humanos del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), entendía que entre los miembros de las iglesias existían ‘agentes cristianos’ que actuaban como portavoces de los oprimidos y generaban un contra-poder frente al poder que ejercían las dictaduras militares, en una clara dimensión activa de la defensa de los DDHH ( HARPER, 1978).

La confluencia de las iniciativas nacionales e internacionales dio como resultado la articulación de una red de apoyo que se mantuvo a lo largo de toda la dictadura. El apoyo fundamental sin el cual los organismos en Chile no hubiesen podido funcionar, fue el económico. Este provenía del Consejo Mundial de Iglesias y de diversas organizaciones ecuménicas más que nada europeas –si bien también hubo estadounidenses– como Pan Para el Mundo, ASDI, OXFAM y CLAMOR. Para los organismos de DDHH, la ayuda ecuménica internacional no sólo significó el aporte económico para echar a andar los diversos proyectos, sino que también fue clave en términos políticos y pastorales. Políticamente, porque fueron los organismos internacionales con vínculos con Naciones Unidas, con otras agencias solidarias, con organismos como CIME, con las iglesias locales del primer mundo, las que permitían que las ONGs chilenas recibieran el soporte constante en los largos años de represión dictatorial. Y en sentido pastoral, porque hubo momentos de dificultad a lo largo de los años de dictadura en los cuales el mensaje pastoral era importante para despejar disyuntivas éticas.

Es notable la precocidad con la cual la red de apoyo se articuló con los organismos de DDHH nacionales; la comunidad ecuménica de América Latina y otros países había recibido la alerta de una posible nueva intervención militar en la región a inicios de 1973, y la Comisión de Iglesias sobre Asuntos Internacionales del Consejo Mundial de Iglesias a través de un informe, llamó a las iglesias del continente y del mundo a concientizar a la población frente a esta amenaza y a crear nuevos organismos de carácter ecuménico para hacerle frente si se materializaba. De modo que cuando se produjo el golpe de estado en Chile, la reacción del mundo de iglesias fue inmediata (HARPER, 2006). Y aquí es donde se produce una primera confluencia entre las iglesias locales y los organismos internacionales, ya que la información de lo que estaba sucediendo en Chile fue transmitida rápidamente hacia el Consejo Mundial de Iglesias, el cual comenzó a realizar consultas con la comunidad ecuménica de otros países latinoamericanos pensando en posibles países de asilo para los perseguidos (HARPER, 2006). Las políticas de información fueron de acuerdo a Soledad Catoggio una de las tácticas que las redes transnacionales de defensa de los DDHH creadas por el mundo religioso en el Cono Sur, pusieron en práctica. Esta táctica continúa la autora, citando a Keck y Sikkink, es propia de la acción política que se desarrolla al margen del Estado (CATOGGIO, 2014). Muchas veces en el futuro, la información sería clave para que los agentes de esta red de DDHH actuaran a favor de las víctimas. Se trataba, por ejemplo, de información sobre organismos internacionales que podían financiar proyectos de defensa de los DDHH, pero también –una vez que se fue adquiriendo experiencia y conocimiento– sobre cómo actuar frente a los efectos de la represión como la tortura. Así a pocos días de haberse producido el golpe llegó la primera misión a Chile. En palabras de Claudio González: “Entre la gente que llega el primer día (…) llega la gente de iglesia también, del Consejo Mundial de Iglesias y de la Federación Luterana Mundial (…) estamos hablando apenas se abre la frontera después del 11 de septiembre, en el primer avión” ⁸.

Organismos como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME) y la Cruz Roja Internacional, estuvieron presentes en la labor desempeñada por CONAR, inmediatamente después del golpe. ACNUR fue quien realizó las primeras negociaciones con la Junta Militar comandada por Pinochet para que esta autorizara la creación del organismo y se pudiera abrir un programa de repatriación y asilo político para los extranjeros que debían abandonar Chile. Cuando esa labor llegó a término, ACNUR estableció un convenio con la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) para llevar a cabo el Programa de Reunificación Familiar. Este programa tenía como propósito reunir a las familias de los presos políticos que habían conmutado su pena de prisión por extrañamiento en virtud del Decreto Supremo 504 y ya estaban viviendo en el extranjero, así como de otros exiliados ( GARCÉS; NICHOLLS, 2005).

La red ecuménica de DDHH existió también en los países de América Latina que habían experimentado dictaduras o a los que llegaban refugiados escapando de ellas. Los organismos internacionales como ACNUR y el CMI estaban en aquel tiempo presentes apoyando a las organizaciones de países latinoamericanos, que tuvieron un rol en la ayuda a los refugiados chilenos que iban llegando como exiliados. En Argentina, la migración de los chilenos exilados fue considerablemente alta concentrándose en las ciudades de Buenos Aires, Mendoza y Neuquén. En 1973 la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, la Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo y la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, formaron la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF), con el objetivo de responder a las urgentes necesidades de los chilenos que habían escapado del golpe de estado y se habían refugiado en ese país. Entre 1973 y 1986 CAREF dio asistencia a 16.400 personas, de las cuales el 96% fueron chilenos ⁹. Hacia fines de la década de los ‘80, CAREF organizó el ‘Primer Encuentro de Organismos Ecuménicos’ en la ciudad de Buenos Aires, el cual fue auspiciado por el Consejo Mundial de Iglesias y tenía como finalidad buscar formas de cooperación regional para el problema de los refugiados. Participaron en este encuentro además de Argentina y Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Perú. ACNUR y el Comité Ecuménico de Acción Social (CEAS) también auxiliaron a los refugiados chilenos que a lo largo de la década de los ‘80 continuaban llegando a Mendoza producto de las constantes acciones represivas de la dictadura. Se trataba de personas que habían experimentado directamente la represión por lo que temían por su seguridad; eran en su mayoría hombres con poca educación formal y poco calificados laboralmente. A su llegada a la ciudad de Mendoza necesitaban desde protección legal hasta alimentación y vivienda. CEPARE otorgaba el status de refugiado, en tanto CEAS proporcionaba a través de diferentes programas, asistencia en diversas áreas sociales, a la vez que ayudaba a los migrantes a establecerse y adaptarse a las nuevas condiciones de vida fuera de su país ¹⁰. El caso de los jóvenes era más apremiante, debido a que:

Estos jóvenes que han crecido bajo el gobierno militar han abrazado la lucha política en un país que no les ofrece ninguna perspectiva de futuro. La militancia se convirtió entonces en un proyecto de vida integrador y totalizador. El quiebre de ese proyecto es una experiencia traumática pues no sólo significa la pérdida de un proyecto político global sino de una experiencia vital de construcción de un proyecto de vida ¹¹.

El apoyo otorgado por la red ecuménica a los exiliados chilenos debe entenderse en el marco de la Operación Cóndor, una de cuyas acciones fue el seguimiento y eliminación de exiliados políticos en los países que formaban parte de ella. Como ha señalado Alejandro Paredes: “Aparte de la Operación Colombo, en 1974 al menos 15.000 refugiados políticos sufrieron represiones ilegales y al año siguiente, por lo menos 69 fueron amenazados para que abandonaran el país. En 1976, después que la presidenta Isabel de Perón fuera derrocada se desnudó la persecución contra los exiliados políticos” ( PAREDES, 2004). Si bien CAREF se concentró en las ayudas sociales urgentes para que los exiliados puedieran establecerse en Argentina con un mínimo de seguridad y estabilidad, y luego en el retorno de estos a Chile, no se descarta que los refugiados chilenos hayan sido víctima de la represión concertada por las dictaduras del Cono Sur. De hecho la vulnerabilidad y el temor que los refugiados chilenos experimentaron a su llegada a Argentina, no sólo tuvo que ver con los efectos de la represión que habían sufrido en Chile, sino también con la inseguridad y el temor de volver a experimentarla en Argentina.

De modo que el apoyo buscaba insertar a estos jóvenes en el área laboral para que por un lado pudieran hacer un aprendizaje en algún oficio y por otro pudieran ir integrándose a la sociedad argentina. El movimiento de chilenos y chilenas que se refugiaban en Argentina fue permanente a lo largo de todo el periodo dictatorial, fruto de lo cual CAREF y organismos chilenos organizaron el ‘Primer Encuentro de la Mujer Chilena en el Exilio’ con el objetivo de reflexionar sobre las experiencias de exilio – en particular de las mujeres – y promover actividades en conjunto. En el encuentro participaron 75 mujeres chilenas exiliadas y nueve mujeres chilenas que viajaron a Argentina y que provenían de organizaciones de base. Como resultado de estas acciones, e impulsado además por la política del Consejo Mundial de Iglesias, se organizó en mayo de 1987 una ‘red de comunicación’ cuyo objetivo era hacer posibles soluciones compartidas a las problemáticas de los refugiados así como abordar la posibilidad del retorno de los exiliados chilenos ¹². Esta red comunicacional y de información resultó de suma importancia dada la escasa comunicación que podía realizarse entre Chile –país controlado comunicacionalmente por la dictadura– y el resto del mundo. Ello quedó en evidencia cuando se organizó en Chile el ‘Primer Seminario de Servicio Social, Derechos Humanos y Perspectivas’ al que asistió una representante de CAREF, quien señaló en un informe lo interesante que había sido su confrontación como organismo que recibía exiliados chilenos con las trabajadoras sociales chilenas quienes a su juicio, “no tenían real conciencia de la situación que viven sus compatriotas en el extranjero” ¹³. La red de comunicación es un claro ejemplo de cómo los vínculos y aprendizajes adquiridos por los organismos de DDHH, sobre todo los ecuménicos, desafiaron a los estados dictatoriales del Cono Sur generando un espacio de acogida y contención al margen del poder político que estos representaban.

Las embajadas y los comités de solidaridad internacional: la acción en la emergencia

Las embajadas fueron lugares fundamentales para quienes fueron perseguidos por la Junta Militar tras el golpe de estado. Como se ha visto, Allende había establecido estrechas relaciones diplomáticas con varios países, lo cual una vez producido el golpe fue fundamental en la ayuda solidaria que estos otorgaron a los perseguidos de la dictadura chilena. Fue el caso de las embajadas de Suecia y de México.

Pero además el impacto mundial del golpe y el derrocamiento de la Unidad Popular al cual hemos hecho referencia, fue un factor clave para que muchas embajadas abrieran sus puertas cuando cientos de perseguidos buscaban asilo en ellas. Como señala Fernando Camacho, los países latinoamericanos habían firmado en Uruguay en el año 1933 un acuerdo de asilo político, que facilitó la respuesta de sus respectivas embajadas con posterioridad al 11 de septiembre de 1973. Así, Argentina y México están dentro de las embajadas que más asilados tuvieron en estos meses ( CAMACHO, 2006).

En algunos países como Francia, organismos como CIMADE, France Amérique Latine, Secours Populaire, Secours Catholique entre otros, apoyaron a los chilenos que llegaban como refugiados a ese país. CIMADE, Comité Inter-Mouvements Auprès Des Evacués, una ONG que había sido creada en 1939 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y de los masivos desplazamientos que esta ocasionó, creó en 1975 el Servicio de Defensa de Derechos Humanos para América Latina, que apoyaba a las exiliadas y exiliados chilenos, muchos de los cuales habían pasado por la tortura y venían en una condición de gran vulnerabilidad ( GARCÉS; NICHOLLS, 2005). En algunos países se formaron comités de solidaridad y apoyo a las víctimas del terrorismo estatal con suma rapidez; de hecho el primer comité internacional que se formó tuvo lugar el mismo 11 de septiembre por la tarde en Mendoza ¹⁴, pero en muchos otros países, se replicó este tipo de pronta iniciativa.

La relación entre las embajadas y los organismos de DDHH se fue tejiendo en el camino, a medida que iban surgiendo los desafíos y las tareas que estos demandaban. Fue el Comité de Ayuda a los Refugiados que se encargó de sacar a los extranjeros considerados enemigos por el régimen, quien inició esta relación con las embajadas que luego se prolongaría a través de FASIC. Esta institución surgió precisamente para abocarse a la salida hacia el extranjero de los presos políticos, en virtud del Decreto Supremo 504 que la propia Junta de gobierno había establecido, como una forma de librarse de estos. Claudio González fue parte del equipo de CONAR y luego uno de los miembros fundadores de FASIC, organismo que surgió precisamente para dar inicio al programa de conmutación de pena por extrañamiento. Claudio recuerda que:

A los dos meses pudimos arrendar nosotros una casa (…) y de repente me llega visita del encargado de negocios de Suecia, me recuerdo de eso, que quería hablar, qué lo que pensamos hacer y me explica por qué, porque el Consejo Mundial le había pedido plata precisamente a los suecos para el programa nuestro. O sea siempre, con otros programas también funcionó así y con muchas cosas así, incluso que se piden a agencias, pueden ser confesionales o no confesionales, pero en último término es plata de gobierno y le piden al embajador informe sobre tal o cual organización, entonces esa era una forma con los suecos; por el asunto de las visas, los presos, empezamos a tener contacto con todos los organismos ¹⁵

La relación de FASIC con la embajada de Suecia llegó a ser de tal confianza que por cierto tiempo los libros de contabilidad de la institución se guardaban en esta última, y una vez al mes se sacaban para ponerlos al día ¹⁶

La incansable ayuda de los exiliados

Para el historiador Steve Stern, “la arena internacional fue el primer escenario en que se desplegaron en el espacio público una política de la solidaridad, la defensa de los derechos humanos y las verdades y memorias alternativas” ( STERN, 2013, p. 134) en gran medida debido al exilio de gran cantidad de chilenos después del golpe. En los diversos países en los cuales las exiliadas y exiliados fueron acogidos, estas y estos desarrollaron iniciativas para apoyar a las víctimas de la dictadura en Chile. Para la mayoría de los exiliados, sobre todo aquellos que debieron salir forzadamente de Chile dado que sus vidas corrían peligro, el anhelo de retornar estuvo siempre presente. En su mayoría se trataba de militantes políticos y de personas que habían apoyado al gobierno de la Unidad Popular, por lo tanto, su lucha contra la dictadura no se terminaba con el exilio. Había además un sentido muy fuerte de solidaridad hacia quienes habían permanecido en el país y por lo tanto corrían riesgos constantes en sus acciones de oposición. Por ello en muchos de los países donde los exiliados chilenos fueron significativos en términos numéricos o bien por el nivel de influencia que tenían, se organizaron acciones solidarias. En Argentina, se calcula que entre 1973 y 1990 llegaron como exiliados políticos o como producto de las crisis económicas que se manifestaron con altos porcentajes de cesantía, alrededor de 120.000 chilenos (PERRET, 2015). En la década del ‘80 estos fueron muy activos en su lucha contra la dictadura de Pinochet a través de un movimiento llamado Chile Democrático, formado por ex militantes de los partidos de la Unidad Popular que se encontraban en Argentina y que se habían asociado con diversos partidos políticos de ese país (PERRET, 2015).

En diversos países de Europa los exiliados se mantuvieron activos no sólo en un sentido estrictamente político sino también solidario. Los exiliados podían llegar a integrarse en grados diversos o incluso no integrarse a los países de acogida, pero cualquiera fuese el caso, seguían vinculados emocional y políticamente a Chile. El contacto era permanente y en ciertos casos su presencia en el movimiento de DDHH que se llevaba a cabo en Chile fue decisiva. Así por ejemplo el Programa Médico Psiquiátrico de FASIC fue ideado en Francia por la psiquiatra Paz Rojas que se encontraba exiliada en ese país. En Bélgica se formó el ‘Colectivo de Acogida a los Refugiados Chilenos’ que generó vínculos con organizaciones belgas como sindicatos, ONG e incluso con el gobierno, de modo que llegó a tramitar visas para otros chilenos exiliados, en el país mismo, lo cual llegaba a conocimiento de la embajada belga en Chile con posterioridad. En un caso de urgencia, se consiguieron visas en 20 minutos a través de este mecanismo ¹⁷.

Los viajes que los representantes de los organismos de DDHH chilenos realizaban a los diferentes países que habían acogido a los exiliados servían para crear instancias de diálogo. En algunas ocasiones los partidos políticos en el exterior les pidieron a los representantes de ONG chilenas reuniones, pero fundamentalmente estos encuentros actuaban como instancias informativas sin una finalidad política explícita. Fue el caso en la década del ‘80 cuando comenzó el proceso de retorno y FASIC pudo distribuir alrededor de 500 ejemplares de un boletín informativo sobre las condiciones de vida en Chile entre las comunidades de exiliados con las que se tenía vínculos. El boletín trataba sobre el costo de la vida, que incluía el detalle de los costos de alimentación, vestimenta, movilización y educación y tenía como finalidad informar e incentivar el retorno de los exiliados ¹⁸. Muchos exiliados fueron retornando a Chile en estos años, algunos de los cuales se involucraron directamente en las ONG que trabajaban para apoyar a las víctimas de la dictadura ¹⁹.

El andamiaje en acción. El caso de FASIC

Una vez que la red de apoyo estuvo establecida, se mantuvo a lo largo hasta el fin de la dictadura. Se trata de una red en la cual participaron diversos agentes y organismos movilizados en la defensa de los DDHH, y que como ha estudiado María Soledad Catoggio para el Cono Sur “…dejan entrever el funcionamiento de una trama religiosa del activismo humanitario que contribuyó tanto a construir puentes latinoamericanos en contexto de dictadura así como a la integración de esos espacios regionales de Derechos Humanos a la dinámica global” (CATOGGIO, 2014, p. 189). Eran los organismos de derechos humanos chilenos quienes presentaban proyectos –de acuerdo a las necesidades que, la represión estatal iba generando en el país– a las agencias solidarias que proveían los fondos, o bien al Consejo Mundial de Iglesias:

Hay toda la ayuda constante del Consejo Mundial de Iglesias, una ayuda digamos, pastoral y política y con un criterio muy distinto a las otras agencias, el Consejo Mundial no era agencia pero canalizó muchos fondos para Chile, millones de fondos (…) pero con el criterio de decir –sabiendo claramente que era mayoría católica acá– ustedes colocan el personal y nosotros colocamos los medios, o sea somos iguales, en la misma empresa, no los otros que entran como patrones un poco porque te están dando plata, eso te diría a grandes rasgos, como un estilo que nos enseñó de trabajo, de trato, de hacernos respetar también ²⁰.

Esta forma de relacionarse se extendió hacia otros organismos como las agencias solidarias que financiaban, que si en un comienzo habían solicitado referencias de FASIC al propio Consejo Mundial de Iglesias para tomar la decisión de aportarle fondos, luego le pedían a FASIC que diera referencias de otros organismos que también les solicitaban apoyo financiero. Desde fines de los años ‘70 y a lo largo de la década de los ‘80, la agencia Pan Para el Mundo le pidió en varias ocasiones referencias a FASIC de organismos que le habían solicitado financiamiento. En otros casos, le pidió su opinión o respaldo para proyectos específicos. Así por ejemplo, en 1979 FASIC asumió formalmente la responsabilidad por el proyecto que Pan Para el Mundo financió a la Comisión Chilena de Derechos Humanos en Chile ²¹ y dio referencias positivas de SERPAJ que presentaba un proyecto para su financiamiento; en 1981 respaldó un proyecto del Centro de Estudios y Asesorías Legales (CEAL), ante esta misma agencia donante ²² y en 1984 respaldó el proyecto de María Angélica de Rusque titulado ‘Recolección de historias testimoniales de mujeres exiliadas que retornan’ luego de haberlo examinado y concluido que sería un aporte para que la ciudadanía tomara conciencia del exilio como forma de represión del régimen ²³. Se creó de esa manera una relación de confianza entre varias instituciones -las donantes que eran internacionales, las ejecutoras que eran chilenas, y el Consejo Mundial de Iglesias como ente que entre otras funciones, actuaba como canalizador de recursos económicos. La confianza de los organismos internacionales que financiaban a los chilenos se basaba también en la información fidedigna y seria que estos se encargaron de documentar y hacer llegar hacia los países del primer mundo. En este sentido destaca la Vicaría de la Solidaridad y FASIC.

Esta confianza permitía que los organismos internacionales gestionaran por su cuenta fondos para proyectos de FASIC, cuando por ejemplo, el monto no podía ser cubierto totalmente por ellos. En marzo de 1978, Pan Para el Mundo, presentó el proyecto de Talleres de Terapia Ocupacional que FASIC implementaba, a la organización Kirchlicher Entwicklungsdienst (KED) de Hannover, que al igual que Pan Para el Mundo era parte de la Asociación de Servicios de Iglesia para el Desarrollo. Pan Para el Mundo solicitó los fondos a KED, pero seguiría haciéndose cargo de la gestión de estos, de la comunicación y otros trámites necesarios ²⁴.

El caso de FASIC muestra además que los organismos de DDHH en Chile establecían contactos entre ellos, conocían unos a otros el trabajo que desempeñaban y lejos de haber rivalidades o competencia por los fondos de las agencias, había una actitud solidaria. Se puede afirmar que los organismos de DDHH formaban parte de lo que Steve Stern denominó ‘memoria como consecuencia ética y democrática’. Esta memoria, compleja y heterogénea, que pasó por distintas fases históricas es en parte la de quienes se sintieron obligados a actuar frente a la violación a los DDHH cometidas por agentes de estado. Movidos por su conciencia ética o religiosa, y en directa relación con sus valores políticos expresados en el gobierno de la Unidad Popular, los representantes de esta memoria protagonizaron acciones para apoyar a los perseguidos ( STERN, 2000). En respuesta a carta fechada en marzo de 1979 del representante para América Latina de Pan Para el Mundo, Claudio González escribió sobre SERPAJ:

Es un grupo formado en general por personas de espíritu cristiano (católico). En sus actuaciones aparecen muy responsables y cumplidores trabajando en forma seria. Aunque la expresión parezca un poco simple, el grupo se ve bien intencionado, honesto. Por ser una iniciativa reciente y trabajar con personas voluntarias, han cometido algunos errores en algunas acciones locales, pero que han reconocido con gran honestidad y puesto todo lo necesario de su parte para reparar (…) una pequeña organización que no tiene mucho que mostrar por lo nueva que es, pero que sus integrantes han demostrado gran responsabilidad y compromiso en las tareas que han asumido, personas comprometidas y realizando un esfuerzo por vincularse y apoyar organizaciones de base ²⁵.

Gran parte de los fondos recibidos por FASIC se canalizaba a través del Consejo Mundial de Iglesias y era este organismo quien distribuía hacia los diversos países, instituciones dentro de estos países, y programas dentro de estas instituciones ²⁶. Así por ejemplo, el Programa Médico Psiquiátrico de FASIC fue financiado por varias agencias, entre ellas Pan Para el Mundo, OXFAM, Christian Aid y CADOF ²⁷.

Como ocurrió en general en la defensa de los DDHH en dictadura, los organismos que se crearon en Chile actuaron en un primer momento sin experiencia previa, echando mano de los recursos humanos e improvisando, sobre todo cuando las acciones eran urgentes y debían ser realizadas a la brevedad. Pese a la magnitud y a la ferocidad de la represión ejercida desde el mismo día del golpe, también había cierto desconocimiento de las FF.AA. y de Orden a ciertos niveles, en su aplicación. Fue precisamente en ese espacio no copado por la dictadura donde los organismos de DDHH actuaron, generando un ‘espacio de libertad’ ( ORELLANA, 1991). Pero hubo aprendizajes importantes de cómo actuar más eficazmente –tanto a nivel nacional como internacional– que se fueron dando en el tiempo. Cómo ejercer presión en el extranjero frente a casos específicos de violación a los DDHH fue uno de esos aprendizajes, realizado a juicio de Claudio González, en el trabajo mancomunado con los organismos internacionales:

“Nosotros aprendimos en un momento que para ciertas situaciones para denunciarlas, (había que) denunciarlas ante las embajadas de aquí… un caso que tenga que ver con Suecia, embajada de Suecia y a su vez allá en Suecia… tratar de mover al gobierno sueco y protestar ante la embajada chilena allá, de manera que suponte tú el gobierno sueco le pidiera explicaciones a la embajada, no solo manifestaciones sino explicaciones…cerrar todos esos círculos, lo fuimos aprendiendo con ellos” ²⁸.

El aprendizaje y la práctica en DDHH cruzan las fronteras de Chile

Si en septiembre de 1973 había cierto conocimiento en el trabajo con refugiados y a la vez estaban sentadas las bases de lo que sería una red de apoyo internacional, no existía conocimiento alguno de cómo actuar frente a la represión que se desató después del golpe y en los años posteriores, porque no había habido una experiencia de similares características y magnitud en el país. No obstante, el aprendizaje de cómo actuar en un contexto altamente represivo y por ende de alta peligrosidad de la manera más eficaz y fructífera, fue generando un conocimiento que en ciertos casos fue sistematizado y compartido fuera de Chile. A fines de 1979, Fanny Pollarolo, psiquiatra de FASIC, junto a Claudio González visitaron Nicaragua con el objeto de apoyar el trabajo de rehabilitación física y psicológica de las víctimas de la represión en ese país. En Managua, los dos representantes de FASIC se reunieron con las autoridades pertinentes para coordinar el apoyo. No obstante, el Consejo Mundial de Iglesias escribió a CEPAD, el Consejo de Iglesias Protestantes de Nicaragua, para presentar y vincular a las dos ONGs entre sí de modo que CEPAD pudiera participar de la labor de rehabilitación ²⁹. La lógica de una red de apoyo internacional que actuaba a nivel regional e intercontinental se aplicaba en este caso involucrando a un organismo chileno de defensa de DDHH para apoyar a víctimas de represión en otro país latinoamericano. Tiempo más tarde, en abril de 1980, FASIC realizó un Seminario de Estudios sobre las consecuencias psicológicas de la represión en Punta de Tralca, en las afueras de Santiago, coordinado por André Jacques de CIMADE-Francia y financiado por el Servicio de la Iglesia Evangélica de Alemania para el Desarrollo (KED), al cual asistieron representantes nacionales así como de Francia, Estados Unidos, Brasil y Uruguay entre otros países ³⁰, continuando con la labor de difusión de la experiencia sistematizada que el Programa Médico Psiquiátrico había llevado a cabo.

El trabajo terapéutico que los profesionales del Programa Médico Psiquiátrico realizaban llegaría a oídos de las Naciones Unidas, de un modo que estos jamás imaginaron cuando iniciaron su trabajo clínico con víctimas de prisión política, tortura y otras formas represivas. La Comisión de DDHH de la Organización de las Naciones Unidas había estado realizando informes sobre la situación en Chile desde el año 1974. A partir de ese momento no solo había condenado a Chile por las violaciones a los DDHH, sino que había creado una comisión ad hoc para investigarlas en profundidad ³¹. En julio de 1978, tras reiterados intentos anteriores obstaculizados por Pinochet, el grupo de trabajo ad hoc de la Comisión de DDHH de Naciones Unidas pudo arribar a suelo chileno para estudiar in situ las denuncias. Esto fue un logro importante, no solo porque el grupo de trabajo pudo conocer lo que ocurría en base a las observaciones personales y directas de sus miembros, sino que también porque fue la primera vez que un relator especial acudía al lugar donde se cometían los atropellos a los derechos humanos, en orden a investigar.

En este contexto, los testimonios que las víctimas atendidas por los psicólogos y psiquiatras del PMS habían comenzado a dar fueron utilizados no sólo como una herramienta terapéutica a través de la cual se iban elaborando las experiencias traumáticas vividas, sino que también como un dispositivo de denuncia. Las víctimas podían utilizar sus testimonios en diversos medios, desde el ámbito familiar donde por lo general habían contado muy poco de las experiencias traumáticas por las que habían pasado, hasta el espacio público, con la finalidad de hacer pública la violación a los DDHH en un periodo en que esta era negada oficialmente y en gran medida desconocida por extensos sectores de la población. Los testimonios por lo tanto, pensados como denuncia, fueron enviados a los relatores especiales de Naciones Unidas para el caso de Chile, generando repetidas condenas de este organismo internacional hacia la violación a los DDHH por parte del estado dictatorial ( LIRA, 2006).

Si la solidaridad hacia Chile fue inédita, sobre todo en los primeros tiempos tras el golpe, las prácticas de defensa de los DDHH que se fueron gestando en el país con apoyo internacional sentaron precedentes de acciones futuras que beneficiarían al movimiento de DDHH mundial. Así por ejemplo, el fondo de Naciones Unidas para víctimas de la tortura fue establecido en su origen como un fondo para las víctimas chilenas, en tanto los informes de DDHH que la embajadas comenzaron a realizar periódicamente surgieron por la iniciativa que tomó la embajada de Estados Unidos en Chile, generando un informe sobre la vulneración de los derechos fundamentales por parte del estado dictatorial chileno ³².

De modo que la acción humanitaria de las redes ecuménicas que actuaron en Chile fue perfeccionándose con el tiempo, generando un capital cultural en el campo de los DDHH que no sólo implicó un conocimiento de cómo proceder estratégicamente y a un nivel global para salvar vidas, sino también que contribuyó a situar políticamente la defensa de los DDHH como un derecho y un valor. A ello, debe sumarse, el aprendizaje logrado en el campo de la psicología que permitió un trabajo invaluable con las víctimas de la prisión, tortura y otras formas aberrantes de violación a los DHHH, aprendizaje que fue compartido a nivel latinoamericano. Como señala Catoggio“ (las redes del mundo religioso sirvieron) para la construcción común de un campo de conocimiento en materia de Derechos Humanos que con el tiempo desarrollaría sus propias reglas y expertos” (CATOGGIO 2014, p. 209).

A modo de conclusión

La memoria de la dictadura de Pinochet es en la actualidad, a pesar de todos los intentos que se realizaron en los primeros años de la transición democrática por invisibilizarla, una memoria fuerte, fruto de un trabajo de elaboración que incluye a los actores de la sociedad civil y al estado. Dentro de ella, las acciones de defensa de los DDHH protagonizadas por laicos, religiosos, organismos nacionales e internacionales, exiliados y retornados, ocupa un lugar central. Si la represión desatada tras el golpe de estado hacia los partidarios y simpatizantes de la Unidad Popular fue inédita en la historia del país, por su brutalidad y alcance, la respuesta de las redes del mundo ecuménico nacional e internacional fue sorprendente por su rapidez, eficacia y osadía. Se trató de un trabajo constante que no decayó a lo largo de los casi diecisiete años de dictadura; un trabajo solidario y riesgoso, que permitió salvar vidas y ayudar en la recuperación de los miles de chilenas y chilenos afectados por la violación de los derechos humanos. Fue también un trabajo que situó a los DDHH en un plano político internacional, contribuyendo a su valoración como un derecho inalienable.

A 45 años de haberse producido el golpe de estado, Chile enfrenta el desafío de transmitir las memorias de lo ocurrido en dictadura hacia las nuevas generaciones. Junto a ello, debe continuar elaborando el pasado traumático e interrogarlo a la luz de los problemas que enfrenta como sociedad en la actualidad. Si por un lado, se ha evidenciado un peligroso desinterés y falta de conocimiento de este crucial periodo de la historia de Chile por parte de adolescentes y jóvenes chilenos, por otro, es precisamente la labor de los defensores de los DDHH una de las herencias que otros jóvenes identifican en el Chile de hoy día. En el potente movimiento de los sectores juveniles por educación gratuita y de calidad, en las protestas multitudinarias contra el sistema de AFP ³³ y más recientemente en el pujante movimiento feminista, los jóvenes chilenos identifican la huella dejada por la cultura de los derechos humanos que se gestó en los difíciles tiempos de dictadura. Si bien es posible remontarse a los albores de nuestra historia como nación, e incluso retroceder hacia los tiempos del dominio colonial español sobre el territorio que luego conformaría Chile, para encontrar violaciones a los DDHH –sin ir más lejos las cometidas hacia los pueblos originarios– en el imaginario nacional no existía el concepto propiamente tal hasta que se produjo el golpe de estado y se instaló la dictadura cívico-militar. Por otra parte, se hace difícil encontrar organizaciones de defensa a los DDHH en el periodo anterior al golpe, a lo que se suma el hecho de que son pocos los estudios que se dedican a la investigación de estas materias con antelación al 11 de septiembre de 1973 ³⁴. De modo que los jóvenes no se equivocan cuando vinculan los movimientos sociales actuales con las experiencias, aprendizajes y luchas de los movimientos en defensa de los derechos esenciales de las personas entre 1973 y 1990. Es en esta significación que recoge la valoración por el derecho a la vida, la justicia y la equidad, así como una capacidad de movilización y lucha, donde radican la huella y el sentido actual del movimiento nacional e internacional de defensa a los DDHH durante la dictadura. Finalmente es importante señalar que las redes ecuménicas urdidas bajo los regímenes represivos del Cono Sur, se fueron desmantelando con las transiciones a la democracia. En el caso de Chile, el retiro de los fondos de cooperación internacional, significó la pérdida de fuerza y protagonismo de las ONGs que fueron protagonistas en la lucha contra la dictadura ( GRUNINGER, 2003). Algunas de ellas subsisten hasta el día de hoy, habiéndose adaptado a la lógica neoliberal del estado que les otorga fondos a través de concursos públicos. No obstante, nuevas problemáticas acuciantes como la de la migración y el refugio, hacen pensar en el aporte que la lógica de redes a nivel regional y global podría significar en un mundo globalizado e interconectado, pero a la vez menos centrado en el bien común y los derechos colectivos.

Referencias

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Entrevistas realizadas

GONZÁLEZ, Claudio. Testimonio del Secretario Ejecutivo de FASIC (31 Mayo 2018). Entrevistadora: Nancy Nicholls, Santiago, 2018, grabación de audio digital.

GONZÁLEZ, Claudio, Testimonio del Secretario Ejecutivo de FASIC (12 Junio, 2018). Entrevistadora: Nancy Nicholls, Santiago, 2018, grabación de audio digital.

Consultadas

SEELMANN, Gunter. Fundación Memoria Viva, Voces de la Shoá, Santiago, 24 Septiembre, 2009, grabación audiovisual.

Documentos

Archivo FASIC. Serie Documental Ecumenismo. Correspondência.

Archivo FASIC. Serie Documental Ecumenismo. Documentos.

Notas