El 26 de noviembre de 2017, los electores hondureños participaron masivamente en los comicios generales. Desafortunadamente, en lugar de una fiesta democrática, los referidos comicios rápidamente se transformaron en objeto de gran contradicción y violencia electoral, en función de una evidente manipulación de los resultados. Particularmente polémica acabó siendo la reelección del presidente Juan Orlando Hernández. Todo ello ha resultado en una crisis político-social que se mantiene hasta el momento de escribir el presente artículo – esto es, diciembre de 2018 ( VILLACORTA; DE GORI, 2018).

El actual período democrático de Honduras inició en enero de 1982, con la asunción del presidente Roberto Suazo Córdova – después de casi dos décadas de gobiernos militares. Desde entonces, en el país se han realizado una decena de procesos electorales nacionales, que resultaron en la formación de mayorías legislativas, en la legitimación de mandatos presidenciales – y municipales –, en la alternancia en la titularidad de los poderes de la República, y en una experiencia de gobernabilidad que no ha estado exenta de vicisitudes, de contradicciones, y expectativas.

Durante este período de casi cuatro décadas de gobernabilidad democrática, Honduras ha sido administrada por dos partidos políticos tradicionales: el Partido Liberal – en lo sucesivo PL, de centro – y el Partido Nacional – PN, de centro-derecha. Ese virtual modelo bipartidista hondureño funcionó relativamente bien, hasta la crisis de 2009, que resultó en la irregular interrupción de mandato del presidente José Manuel Zelaya. Desde entonces, y particularmente desde las elecciones de 2013, ha pasado a predominar en el país un sistema pluripartidista moderado. En consecuencia, además del PL y PN, es importante registrar la alta y creciente relevancia de al menos uno o dos partidos emergentes: el Partido Libertad y Refundación – LIBRE, de centro-izquierda –, y el Partido Anticorrupción – PAC, de centro. Algunos otros pequeños partidos completan el sistema político-electoral del país.

En ese contexto, el presente artículo discute la evolución reciente del régimen democrático en Honduras. Las preguntas-orientadoras de este ensayo de exploración son las siguientes: ¿cuáles son los componentes de la calidad de la democracia en Honduras?, y ¿qué implicaciones resultan de la experiencia hondureña para el estudio de la calidad de la democracia latinoamericana?

En esa línea de pensamiento, Leonardo Morlino (2014; 2017) presenta la posibilidad de poder examinar la calidad de la democracia empíricamente y de forma integral. Así, el presente artículo parte de la propuesta teórico-metodológica que sustentada por Leonardo Morlino para el estudio de la calidad de la democracia ( MORLINO, 2014; MORLINO, 2017). Vale destacar que el modelo analítico de Morlino se asienta en la evolución conceptual de la propia teoría democrática, desde las contribuciones de la democracia liberal, pasando por los demócratas-participativos, los demócratas-deliberativos, y más recientemente los demócratas-radicales ( MOUFFE, 1996). Por razones de espacio no es posible profundizar en cada una de esas vertientes conceptuales – que en el fondo acaban siendo convergentes y mutuamente enriquecedoras. Interesa, en todo caso, constatar que el modelo analítico de Morlino recoge esa evolución teórica, y ello acaba siendo de gran relevancia para los fines del presente trabajo.

Para Morlino, una ‘buena’ democracia o una democracia de calidad es, en primer lugar, un régimen legitimado y estable, donde los ciudadanos están satisfechos, ya que los gobernantes electos son capaces y están dispuestos – por la vía institucional – a atender sus necesidades y demandas (calidad de resultados); en segundo lugar, las comunidades y los ciudadanos disfrutan de libertad, ciudadanía, derechos humanos e igualdad/solidaridad más allá del mínimo vital (calidad de contenido); y en tercer lugar los ciudadanos de una democracia de calidad deben estar capacitados para monitorear y evaluar a través de elecciones – o indirectamente, por otros mecanismos e instancias – el desarrollo de las actividades del Estado y el predominio de la Ley.

En ese mismo sentido, es pertinente mencionar que el modelo analítico del politólogo italiano se desdobla en ocho dimensiones, que posibilitan la realización de los estudios de caso. Las primeras cinco dimensiones son de naturaleza procesual: (1) la Participación Política, (2) la Competencia Política, (3) la Rendición de Cuentas Electoral, (4) la Rendición de Cuentas Interinstitucional, y (5) el Estado de Derecho. Una de naturaleza resolutiva o de resultados: (6) la Responsividad. Y dos dimensiones de naturaleza substancial o de contenido: (7) las Libertades, y (8) la Solidaridad/Igualdad.

Cabe anotar que cada dimensión se compone de sub-dimensiones, por cuestiones de espacio se toma presenta como ejemplo la dimensión Estado de Derecho la misma que posee cinco sub-dimensiones una de ellas es Seguridad individual y Orden Civil, esta es evaluada cuantitativamente en cada uno de su componentes en una escala del 0 al 5, donde 0 es igual a menor seguridad y mayores amenazas y 5 es igual a alta seguridad y sin amenazas.

En el modelo analítico de Leonardo Morlino, la participación política se refiere al conjunto de las actividades políticas que pueden ejercer los ciudadanos en un espectro que incluye, como mínimo, ejercer el sufragio, hasta interpelar a las autoridades, proponer iniciativas de ley, o participar en protestas, insurgencia, y desobediencia civil ( MORLINO, 2005).

Efectivamente, la participación política apunta a reforzar las identidades, a ‘sentirse parte’ de una sociedad nacional, e influir en los procesos de toma de decisiones sobre políticas públicas de interés colectivo. Ciertamente estas actividades políticas de los ciudadanos se inspiran en los preceptos de la democracia participativa y deliberativa, que desde la década de 1960 recomiendan reconocer la relevancia del civismo, del capital social, de los movimientos sociales, de las iniciativas populares, de la interpelación de las autoridades, y de otras formas de participación activa en la vida nacional, yendo más allá del ejercicio del sufragio.

En general, los estudios sobre la calidad de la democracia constatan la importancia de luchar por la ampliación de los espacios públicos y evitar caer en lo que el politólogo argentino Guillermo O'Donnell llamó de democracia delegativa ( O'DONNELL, 1994). Aparecen, así, crecientes posibilidades de participación política, tanto convencional o tradicional (sufragio libre y secreto, plebiscitos, referendos, iniciativas populares, militancia dentro de los partidos políticos), como la participación no convencional (demostraciones, manifestaciones, protestas, insurgencia, acción directa, revueltas, desobediencia civil).

En esa línea, es importante tener presente que, desde la transición democrática a comienzos de la década de 1980, los ciudadanos hondureños gozan del derecho universal al voto, a partir de los 18 años. Solamente militares y prisioneros comunes tienen vedado ese derecho ciudadano básico. Ese derecho al voto fue sistemáticamente ejercido en los nueve procesos electorales generales y unificados (presidencial, legislativo y municipal simultáneos) realizados en el país desde 1981 – además de las elecciones de 1980, para la conformación de una asamblea nacional constituyente. Y desde 2011, existe fundamentación legal que admite la eventual realización de plebiscitos, referendos y proyectos de ley de iniciativa popular.

En relación a la participación efectiva de los ciudadanos hondureños en los procesos electorales realizados desde la década de 1980 es pertinente destacar que el fenómeno del abstencionismo ha ido incrementándose notablemente, desde un mínimo de 16% en las elecciones de 1985, hasta un máximo de 51% en las elecciones de noviembre de 2009, cayendo posteriormente al 39% en las elecciones de 2013. Las explicaciones para el fenómeno del abstencionismo deben buscarse en la cultura política, y también en la masiva migración de hondureños hacia el exterior – principalmente hacia los Estados Unidos, donde reside un quinto de los electores hondureños. De ahí la urgente necesidad de depurar el censo electoral o de ampliar significativamente el voto a los ciudadanos hondureños residentes en el exterior. Algo semejante se podría afirmar con relación a los votos blancos y nulos, quienes conjuntamente sumaron 5% de la votación presidencial en noviembre de 2013.

La participación política no convencional, que incluye protestas, manifestaciones y otras demostraciones de acción colectiva e inconformidad, se ha destacado desde 2015, con particular relevancia en el caso de las llamadas ‘marchas de las Antorchas’. Convocadas por la autodenominada oposición Indignada, e integrada básicamente por jóvenes procedentes de diferentes clases sociales, ese movimiento rápidamente alcanzó proporciones nacionales. Encabezados por Miguel Briceño, Ariel Varela y Gabriela Blen, los Indignados han exigido una frontal y decisiva lucha contra la corrupción en el país. Y sus reivindicaciones inmediatamente fueron asumidas por gran parte de la sociedad.

Como consecuencia de estas masivas demostraciones de participación política no convencional, y además presionado por las mencionadas denuncias de corrupción, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández se ha visto obligado a aceptar algunas de las reivindicaciones de los Indignados y de la oposición política, en general, entre ellas la creación de un mecanismo de control y lucha contra la corrupción con apoyo de la Organización de los Estados Americanos.

En síntesis, en lo concerniente a la dimensión de la participación política es posible constatar que en Honduras existe una apertura formal de mecanismos democráticos convencionales. Entretanto, el abstencionismo es bastante significativo y las experiencias de democracia deliberativa son incipientes. Por otro lado, el crecimiento y la diversificación de la acción colectiva – específicamente en el marco de las ‘marchas de las Antorchas’ – ha sido una buena experiencia.

Paralelamente, la dimensión competencia política explora el cotidiano de las actividades realizadas por la clase política, sea al interior de los diferentes partidos (y coaliciones partidistas), en el contexto del sistema político-partidario (dialéctica gobierno-oposición), en la formación de las mayorías y de las elites políticas, o en la interlocución de los actores políticos tradicionales con otros actores altamente relevantes en el país (poderes fácticos). Obviamente, el pluralismo, la tolerancia y la alternancia en el poder público – incluso al interior de los diferentes partidos políticos – son rasgos distintivos de una democracia de calidad ( DAHL, 2005; PRZEWORSKI, 2016).

Para los fines del presente artículo es relevante verificar que, al menos formalmente, la libertad para competir ha estado en proceso de expansión desde comienzos de la década de 1990, cuando se aceptó el registro del primer partido de centro-izquierda, denominado Unificación Democrática. A partir de los acontecimientos de 2009, cinco nuevas organizaciones políticas fueron legalmente reconocidas e incorporadas al sistema de partidos, con destaque para LIBRE y PAC. En consecuencia, actualmente el sistema de partidos vigente en Honduras está integrado por nueve organizaciones ¹ .

La condición de equidad para competir en el campo de las ideas dista mucho de ser adecuado en el país. El financiamiento público de los partidos, por ejemplo, depende fundamentalmente del desempeño de los mismos en los comicios, lo que puede acabar perjudicando a los partidos menores – especialmente cuando los mismos no logran elegir diputados al Congreso, lo que se erige en una verdadera cláusula de barrera electoral. Algo semejante acontece con el acceso de los partidos a los medios privados de comunicación, donde predominan las reglas de mercado. En consecuencia, la captación de recursos financieros – especialmente en épocas de campañas – acaba siendo crucial para definir la capacidad de divulgación de los programas de gobierno y de las candidaturas entre los potenciales electores.

Conviene tener presente que en las últimas elecciones hondureñas, en noviembre de 2017, hubo una importante recomposición de las fuerzas políticas – recordando que estos comicios han sido considerados fraudulentos por numerosos observadores y analistas nacionales e internacionales. En ese proceso electoral presidencial resultó vencedor el candidato del Partido Nacional Juan Orlando Hernández, con 42,95% de los votos válidos – convalidando el predominio de los partidos tradicionales en el Ejecutivo. Luego, la llamada Alianza de Oposición contra la Dictadura, encabezada por el candidato Salvador Nasralla, tuvo un excelente desempeño, con 41,42% de los votos válidos. Y aún el PL consiguió evitar una debacle histórica, rescatado con 14,74% de la votación. Al mismo tiempo, la integración de la cámara legislativa fue claramente diversificada, siendo que el partido gobernante carece de mayoría absoluta en el parlamento ( OTERO, 2013).

Al lado de la competición y dinámica político-partidaria, es relevante constatar que la cultura política y la confianza institucional de la ciudadanía hondureña dejan en una situación inconfortable a los actores y entidades más típicas de la democracia representativa. Efectivamente, según el Lapop, de la Universidad de Vanderbilt, la sociedad hondureña confía prioritariamente en las siguientes instituciones: la Iglesia evangélica (71,1%), las fuerzas armadas (64,2%), la Iglesia católica (63,1%), los medios de comunicación (59,0%), el Presidente de la República (55,9%), las municipalidades (53,7%), la policía nacional (46,8%), el Congreso (46,4%), el Tribunal Superior Electoral (42,5%), y en los partidos políticos (32,8%) ( LAPOP, 2014).

Esos indicadores son preocupantes en función de la baja confianza popular que genera la clase política hondureña, y consecuentemente en la limitada perspectiva de calidad democrática para el país, reflejando un común denominador de desconfianza hacia las instituciones en buena parte de los países de América Latina excepto que son los grupos evangélicos quienes han ocupado de forma expresiva el espacio público. Recuérdese que una democracia necesita de partidos políticos, de una constructiva relación republicana entre el Ejecutivo y el Legislativo, y de autoridades electorales confiables.

En síntesis, una evaluación general de la competencia política en Honduras desde 1982, permite verificar que hasta el momento el PL (5 gobiernos) y el PN (4 gobiernos) se han alternado en el poder político de la nación. Así las cosas, las elecciones de noviembre de 2017 podrían marcar la superación del histórico predominio de PL y PN, caso alguno de los candidatos de los partidos emergentes logre una victoria en las urnas.

En el modelo analítico propuesto por Leonardo Morlino aparecen dos dimensiones vinculadas a la rendición de cuentas: la Electoral y la Interinstitucional. La rendición de cuentas electoral (o vertical) implica auscultar la capacidad de los electores y ciudadanos para escoger – y eventualmente ‘castigar’ – libremente los gobernantes mediante su participación en procesos electorales periódicos, libres, honestos, institucionalizados, competitivos, y transparentes. Asimismo, se trata de verificar la existencia (o no) de derechos en lo concerniente a la posibilidad de crear y participar activamente en la vida política, por la vía de los partidos políticos registrados y reconocidos. Evidentemente, estamos delante de las relaciones entre los ciudadanos que ejercen sus derechos político-electorales, de un lado, y la clase política, de otro. Todo ello desde la perspectiva de la soberanía popular, del republicanismo y de la democracia. La rendición de cuentas electoral se materializa en la organización y el desarrollo de procesos electorales, en el derecho electoral y en la dialéctica del sufragio.

Se entiende que los ciudadanos-electores, cada vez mejor informados e instruidos, tenderán a reconocer, recompensar y premiar a los ‘buenos’ candidatos, por la vía de la elección o reelección de las autoridades. Por tanto, verificar la equidad en las condiciones para que los partidos políticos puedan presentar sus propuestas y evaluaciones a la ciudadanía es sumamente importante. Inversamente, los gobernantes – y sus respectivas organizaciones políticas – deben rendir cuentas a los ciudadanos-electores de sus actos administrativos, pudiendo ser agraciados o castigados en las urnas. La alternancia en el poder político es un aspecto clave de esta dimensión de la ciudadanía política y de la calidad de la democracia.

Al respecto, vale tener presente que, entre 1981 y 2005, Honduras realizó siete procesos electorales. Todos esos procesos electorales fueron considerados libres, honestos, transparentes y competitivos. Ninguno de esos procesos electorales fue cuestionado por fraude o vicios substanciales, al punto de comprometer los resultados finales. Así, durante más de dos décadas la rendición de cuentas electoral había funcionado razonablemente bien en el país, incluso con alternancias en el poder entre los principales partidos políticos de entonces – el PL y el PN. En consecuencia, los aspectos formales e institucionales de los procesos electorales hondureños parecían ser positivos y valiosos para la relación entre la sociedad y el Estado ( PUD, 2004). Ese alentador panorama político-electoral mudó drásticamente en los dos últimos procesos electorales nacionales realizados en 2009, 2013 y 2017 ( OTERO, 2013).

En noviembre de 2009, cinco meses después de la irregular interrupción de mandato del presidente Zelaya y aún en medio de un virtual Estado de sitio, fueron realizados comicios con bajísima credibilidad y transparencia. La abstención y la anulación intencional del voto fueron muy altas, demostrando evidente inconformidad con los acontecimientos de la época. Al final, el candidato del entonces opositor Partido Nacional, Porfirio Lobo, fue anunciado como vencedor, iniciando su gobierno de unidad nacional en enero de 2010. Cuatro años después, en noviembre de 2013, y en virtud de la prohibición de la reelección en el país, el candidato oficialista, Juan Orlando Hernández, fue anunciado vencedor en comicios que muchos observadores consideraron fraudulentos.

En medio de ese complicado panorama aparece también el problema de la autoridad electoral – quiere decir, del Tribunal Supremo Electoral. Desde su creación, ese ente del Estado ha sido objeto de muchas críticas por su falta de capacidad técnico-administrativa. Además, hasta el momento, el referido organismo de justicia electoral ha sido integrado, no por jueces imparciales, neutros o equidistantes, y sí por representantes de los propios partidos políticos a quienes deberían fiscalizar. Así, denuncias de pobre administración electoral, de desfasaje del censo electoral, y hasta de fraude intencional – en perjuicio de la oposición política y de la ciudadanía, en general – han sido frecuentes en los últimos siete años.

Aún durante el gobierno de Porfirio Lobo, y con el propósito de favorecer la gobernabilidad democrática, se destacó la autorización, el registro y el reconocimiento legal de nuevos partidos políticos en Honduras. Conviene tomar nota de que ello fue bastante importante desde la perspectiva de la democracia hondureña. Acontece que, como mencionado en párrafos anteriores, durante todo el siglo XX predominó en el país un sistema claramente bipartidista, con algunas otras leyendas menores. Desde 2010, fueron constituidos varios partidos, con destaque para LIBRE y PAC. El primero aglutinando a los partidarios del expresidente Manuel Zelaya, y el segundo apoyando a un outsider comunicador social, Salvador Nasralla. Conviene destacar que, en 2017-2018, Manuel Zelaya, Salvador Nasralla y otros, erigieron una Alianza bastante destacada. En consecuencia, el Congreso Nacional electo en 2017 permitió demostrar un considerable apoyo ciudadano a los partidos opositores ( SOSA, 2014).

Actualmente, el unicameral Congreso hondureño cuenta con 128 diputados y ocho bancadas: Nacional (61 diputados), Libertad y Refundación (30 diputados), Liberal (26 diputados), Innovación y Unidad (4 diputados), Alianza Patriótica Hondureña (4 diputados), Anticorrupción (1 diputado), Unificación Democrática (1 diputado), Demócrata Cristiano (1 diputado). Evidentemente en Honduras se pasó de un bipartidismo a un sistema más fragmentado, con tres bancadas más consistentes.

La base de sustentación del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández consiste básicamente en el poderoso y coherente bloque de representantes de su propio partido y en aliados de ocasión de otras leyendas. En contraposición, una alianza entre las bancadas opositoras podría, en teoría, superar el bloque oficialista. Sin embargo, en la práctica la disciplina de las bancadas en relación a las autoridades de los partidos correspondientes es muy discutible, principalmente en el Partido Liberal, lo que acabó inviabilizando acuerdos políticos programáticos y operativos entre las oposiciones.

Otra cuestión correlacionada es la representatividad del sistema político, principalmente desde una perspectiva de género. Las mujeres son más de la mitad de la población y de los ciudadanos-electores, pero existen solamente 25 diputadas propietarias en el Legislativo, ello equivale a 19,53% de las curules en el parlamento. Una representatividad aún menor tendría el Congreso nacional desde una perspectiva étnico-racial, y eventualmente espacial-territorial – esto es, la sub-representación de ciertos departamentos del país.

Finalmente es importante recordar que el analfabetismo (12,1% de la población adulta en 2016) y el grado de escolaridad nacional (promedio de 7,8 años de estudio) aún son desafíos en términos de calidad de la democracia. En efecto, el grado de escolaridad nacional y el índice de analfabetismo son importantes en virtud de sus eventuales efectos en las capacidades para procesar la información político-electoral, demandar un mejor debate programático entre candidatos, y adoptar más acertadas decisiones en cuanto al control de los gobernantes. Por todos estos motivos se entiende que el desempeño hondureño en lo concerniente a la rendición de cuentas electoral ha sufrido un virtual estancamiento, en los últimos años.

Paralelamente, la rendición de cuentas interinstitucional (u horizontal) implica ampliar la transparencia de las decisiones políticas, garantizar el acceso a la información de los procesos de toma de decisiones, promocionar la justificación y deliberación de las determinaciones de cumplimiento obligatorio, insistir en las virtudes del republicanismo, y en el seguimiento mutuo entre diferentes entes del Estado y de la sociedad civil organizada, con el propósito de evitar los excesos, los abusos y la corrupción. En otras palabras, se trata de la responsabilidad de las autoridades para responder y fiscalizar a otras autoridades del Estado y de la sociedad civil sobre sus actos administrativos ( SCHEDLER, 1999).

En términos prácticos, la rendición de cuentas interinstitucional es realizada por la oposición política en el parlamento, por el Ministerio Público, por los medios de comunicación, por entidades de la sociedad civil, por los comisionados de los derechos humanos/defensores del pueblo/ombudsman, por ciertos actores no estatales altamente reconocidos (la Iglesia católica y evangélica), por los tribunales de cuentas, por algunos entes descentralizados, y por las cortes constitucionales.

En base a estos parámetros de relaciones institucionales, podemos observar una tendencia inercial a la concentración del poder y del presidencialismo – o un desequilibrio aparente en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Efectivamente, en Honduras ha predominado la agenda presidencial en el parlamento. Ello ha sido reforzado por la utilización de algunos recursos institucionales (veto presidencial, decretos ejecutivos, convocación de sesiones extraordinarias), políticos (fortalecimiento de la base de sustentación del gobierno, y debilitamiento de las bancadas opositoras), y económicos (partidas presupuestarias a disposición de los diputados oficialistas y de sus bases electorales), destinados para incidir en la dinámica legislativa. En consecuencia, acaban siendo pocos los recursos efectivos del Legislativo para hacer rendir cuentas al Ejecutivo. Ello limita las capacidades de control del parlamento en relación al ejecutivo, incluso en lo concerniente a la definición del presupuesto general, al nombramiento de altos cargos, y a la interpelación de autoridades.

Las cortes constitucionales, el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas han tenido un desempeño muy modesto y hasta irrelevante en lo concerniente a la transparencia, a la efectiva protección de los derechos humanos, y a la lucha contra la corrupción. De hecho, la oposición ha denunciado reiteradamente el control directo e indirecto del presidente Hernández sobre todas estas instituciones de los otros poderes del Estado. Ello se tornó particularmente evidente en 2016 con la – polémica – resolución de la Sala Constitucional en lo concerniente a la admisión de la posibilidad de la reelección presidencial. Acontece que, hasta la publicación de la referida interpretación de la Sala Constitucional, la reelección presidencial había sido expresamente prohibida por la Carta Magna del país. Esta resolución de la Sala Constitucional ha abierto la posibilidad de postulación y eventual reelección del presidente Hernández, en el marco de las elecciones generales de 2017.

Esa evidente politización de la justicia ha sido negativa para la calidad de la democracia, para la promoción de los derechos humanos, para el republicanismo, y para la expansión de la ciudadanía. Ello debilita las posibilidades de los ciudadanos para cuestionar las leyes o los actos normativos que podrían lesionar sus derechos. Algo semejante se puede afirmar en lo concerniente a la creciente judicialización de la política observada en el país. Obviamente ello coloca muchas dudas sobre la independencia, la imparcialidad y la honorabilidad de la justicia hondureña y de sus entes correlatos – entre ellos, el Ministerio Público, la Contraloría General, e instancias judiciales intermedias.

Con relación a los medios de comunicación y a la divulgación de información plural e independiente, es interesante destacar que la libertad de expresión y la libertad de prensa son principios muy apreciados por la sociedad hondureña, en general. Entretanto, es muy importante tener presente que una evaluación más detallada del asunto en cuestión precisa llevar en consideración criterios adicionales tales como: el pluralismo, la independencia de los medios de comunicación, el ambiente y la autocensura, el cuadro legislativo, la transparencia, la infraestructura y la violencia contra los periodistas.

Es con base en estos criterios que la organización Reporteros sin Fronteras – RSF – publica anualmente su informe sobre la libertad de prensa en el mundo. En este contexto, vale observar que en los últimos años la clasificación hondureña ha sufrido un evidente deterioro, siendo que en 2017 el país aparece en la posición 140ª, entre 180 países. La cuestión más compleja de la relación entre libertad de prensa y calidad de la democracia en Honduras está ligada a la muy concentrada propiedad de los medios de comunicación – prensa escrita, televisada y radiofónica, recordando que éstas últimas son concesiones públicas ( RSF, 2018).

Igualmente, el esfuerzo en mantener incólume el derecho a la información, a la libre emisión del pensamiento, a la libre empresa, y a la libertad de prensa ha cobrado numerosas víctimas entre los propietarios y servidores de la prensa independiente y consecuente. En 2016, por ejemplo, RSF denunció que tres comunicadores sociales hondureños fueron asesinados, y actualmente el país es considerado como el cuarto más peligroso del continente latinoamericano – solamente superado por México, Guatemala y Brasil – para el ejercicio de esa profesión. A ello se suman constantes intimidaciones, amenazas y atentados, frecuentemente por denunciar atropellos contra los derechos humanos e por llevar adelante incómodas investigaciones sobre corrupción y sobre otros ilícitos. Casi siempre esos crímenes también quedan impunes.

En conjunto, el desempeño hondureño en lo concerniente a la rendición de cuentas interinstitucional es intermedio. Existe considerable espacio para conseguir un verdadero equilibrio y contrapeso entre los poderes de la República, evitando la excesiva concentración del poder público en pocas autoridades – casi siempre del titular del Ejecutivo. Reiterase la urgente necesidad de impulsar reformas estructurales en el poder judicial. Y también favorecer el diálogo entre las bancadas opositoras – que conjuntamente formarían una cómoda mayoría en el Legislativo. Algo semejante se podría demandar de ciertos actores sociales que gozan de credibilidad, confianza y simpatía de la población, en favor de la construcción de una nación más justa y próspera.

Luces y sombras son evidentes al analizar la evolución reciente y los desafíos a la noción de Estado de Derecho en Honduras, principalmente en lo concerniente a la institucionalidad, a la legalidad, a la promoción de los derechos humanos y de la ciudadanía, a la seguridad ciudadana, al acceso a la justicia, a las instituciones de policiales y militares, a la lucha contra la corrupción y contra la criminalidad, y a la reestructuración del aparato burocrático-administrativo civil.

Para los fines del presente artículo es significativa la constatación del rápido deterioro de los indicadores de seguridad individual y de orden civil. Entre 2009 y 2018, Honduras, en general, y la región noroccidental – donde se localiza la ciudad de San Pedro Sula, verdadera capital económica del país –, en particular, experimentaron una dramática ola de violencia (criminal, social, y política). Según el Observatorio de la Violencia, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y considerando únicamente la tasa de homicidios para grupos de 100 mil habitantes, los indicadores hondureños pasaron 30,7 (en 2004), para 66,8 (en 2009), 85,5 (en 2013), 68,6 (en 2014) y 46,3 (en 2017) ( IUDPAS, 2018). También, investigaciones del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C., en 2017, San Pedro Sula y el Distrito Central – que incluye a Tegucigalpa –, fueron consideradas como la vigésimo sexta y la trigésimo quinta ciudades más violentas del planeta, con tasas de 51,18 y 48,00 homicidios intencionales para cada grupo de 100 mil habitantes (en ciudades con más de 300,000 habitantes) ( CCSPJP, 2018).

Los costos humanos, económicos y sociales de esa terrible hemorragia interna son bastante altos para una economía vulnerable y dependiente como la hondureña – aproximadamente el 18% del producto interno bruto es drenado por la violencia imperante en el país. Simultáneamente, otros crímenes – tales como secuestros, asaltos y extorción – también han sido muy frecuentes en el país ( VÁSQUEZ, 2018).

La muy limitada credibilidad, confianza y prestigio de las instituciones estatales no se limita a los cuerpos de seguridad y de orden, quiere decir, de la policía. Ello también se extiende al poder judicial. En general, el poder judicial hondureño es evaluado de forma francamente negativa, principalmente por estar fuertemente influenciado por intereses político-partidarios, por su evidente espíritu corporativo, por su excesiva morosidad en la resolución de los conflictos, y por su bajísima capacidad o disposición para castigar los abusos, excesos y desvíos de conducta de sus propios miembros.

Algunas reformas fueron impulsadas en los últimos años para cambiar gradualmente ese estado de cosas. En esa línea, fue creada la figura del juez nacional – con competencia en todo el territorio –, y se aceptó la extradición de hondureños acusados de tráfico internacional de drogas. Asimismo, existen algunos esfuerzos para profesionalizar los funcionarios tanto del poder judicial, como los fiscales, los defensores públicos y los asesores jurídicos del Ejecutivo. También hubo algunos avances de ecuanimidad y presteza en la justicia del trabajo y del derecho civil.

Se infiere de lo anterior que es necesaria una amplia y profunda reforma judicial en Honduras. Dicha reforma debe incluir una actualización de los procedimientos para acceder a los más altos cargos de la magistratura, verificar el desempeño de los profesionales del derecho que forman parte del cuadro permanente de burócratas – situación que debe extenderse a todo el aparato burocrático-administrativo civil y militar del Estado –, evitar el uso de la justicia como instrumento para intimidar o amedrentar a la oposición, y despolitizar el poder judicial.

Vale reiterar que el pobre desempeño de la justicia hondureña en la lucha contra la corrupción, contra el abuso y contra la impunidad es una de las principales motivaciones para el surgimiento de un poderoso movimiento social, a partir de mayo de 2015, quiere decir los así llamados ‘Indignados’. Resumidamente, los líderes de este movimiento social reivindican una completa depuración de los entes fiscalizadores y contralores del Estado hondureño y el inicio de una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. En la opinión de muchos de ellos, esas reformas estructurales del poder judicial – inclusive del Ministerio Público, visto como totalmente inoperante por buena parte de la ciudadanía hondureña – son prácticamente imposibles de ser llevadas a cabo por las autoridades vigentes.

Ese esfuerzo colectivo resultó en la creación de una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), adscrita a la Organización de los Estados Americanos. Actualmente la referida Misión de Apoyo está en operación, es encabezada por el exjuez brasileño Luiz Antonio Guimarães Marrey, y se espera que brinde resultados concretos en el futuro cercano, siguiendo la positiva experiencia de una entidad homóloga actuante en Guatemala.

Lamentablemente, la corrupción administrativa y electoral tiene antecedentes bastante antiguos y persistentes en Honduras. Según el Informe sobre Percepción de la Corrupción 2017, publicado por Transparencia Internacional (2018), Honduras aparece clasificado con 29 puntos, en una escala de 0,0 (mínimo) a 100,0 (máximo); esto es, en la posición 135º, entre 180 naciones. Vale recordar que la corrupción, en general, por implicar una indebida apropiación de recursos públicos en beneficio privado, es una afronta clara y directa contra los derechos humanos, contra la ciudadanía y contra la democracia. En consecuencia, la lucha frontal contra la corrupción se erige un desafío fundamental en casi todos los países del continente y del mundo – principalmente en los países en desarrollo, como es el caso de Honduras.

Aún en el terreno del Estado de Derecho es importante incluir un breve comentario sobre la espinosa cuestión del predominio civil sobre las fuerzas militares y de seguridad pública – quiere decir, de la policía. La activa participación de altos mandos de las fuerzas armadas y policiales en la irregular interrupción de mandato presidencial en 2009, y en la durísima represión de la población que reivindicaba una inmediata recomposición del orden constitucional, hacen visible de que se trata de actores fácticos muy importantes en el sistema político hondureño. Desde entonces, los militares han recuperado cierto prestigio y confianza de la población. Entretanto, el rechazo a la participación de militares en la política cotidiana continua siendo muy manifiesta, ello se demostró, por ejemplo, en la bajísima votación en los últimos comicios nacionales del candidato presidencial del partido Alianza Patriótica Hondureña, general Romeo Vázquez Velázquez, el mismo que, en calidad de jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, comandó la deposición y expatriación del presidente Zelaya, en junio de 2009.

Pero en el caso de la policía nacional, constitucionalmente encargada de la provisión de seguridad pública, su prestigio cayó en un descrédito bastante profundo en función de los persistentes desvíos de conducta y corrupción de considerable número de sus integrantes, tanto oficiales como subalternos. En un contexto de profunda crisis política y social, y de violencia epidémica, los gobiernos de Lobo y de Hernández han intentado impulsar reformas en los aparatos policiales, incluyendo la aplicación de evaluaciones de desempeño profesional, la depuración de policías acusados de desvíos de conducta, la modernización del equipo y materiales a disposición de la policía, y la creación, en 2013, de un nuevo cuerpo denominado Policía Militar de Orden Público, con la misión de apoyar y substituir gradualmente la antigua policía nacional.

Inspirado en el modelo de los Carabineros chilenos, ese nuevo cuerpo policial-militar se propone mejorar el desempeño con nuevas tecnologías, recursos financieros, capacitación técnico-profesional – básicamente para transformar militares en policías –, y restaurar alguna confianza en la población. Y en el marco de la masiva ola de violencia, impunidad y extorción que azota al país la creación de la referida policía militar parece, a primera vista, como una alternativa positiva, inteligente y constructiva.

En síntesis, se entiende que el desempeño hondureño en lo concerniente al predominio de la Ley, a la legalidad y legitimidad, y al Estado Democrático de Derecho es problemático. La ola de violencia, impunidad y corrupción, además de la alta y creciente desafección política, mantienen al país en persistente crisis, contradicciones y divergencias. En consecuencia, la calificación a la dimensión del Estado de Derecho acaba siendo la menor entre las ocho dimensiones que corresponden al estudio de la calidad de la democracia en Honduras.

Después de discutir las dimensiones procesuales de la calidad de la democracia, el modelo analítico de Leonardo Morlino recomienda explorar tres dimensiones adicionales: una de resultados – la Responsividad –, y dos de contenido – la Libertad y la Solidaridad/Igualdad.

La Responsividad – del inglés Responsiveness – se define como la capacidad gubernamental de satisfacer a los ciudadanos mediante la implementación de políticas públicas que – hasta donde sea realmente posible – correspondan a las demandas específicas de aquellos, todo ello en medio de difíciles y reconocidas limitaciones presupuestarias y de otros recursos escasos. Esa capacidad de respuesta a la voluntad popular es de gran relevancia en el momento de explorar las percepciones de legitimidad del Estado, del régimen político democrático, y del gobierno; bien como de las afinidades electivas entre gobernantes y gobernados, y de la cultura política predominante.

Según el Latinobarómetro, la mayoría de los hondureños consultados (41%) prefieren a la democracia como mejor forma de gobierno. Vale agregar que, entre 1996 y 2016, el apoyo a la democracia ha oscilado entre un máximo de 64% en 1999, y un mínimo de 33 en 2005 ( LATINOBARÓMETRO, 2016).

Entretanto, 62% de los consultados justificaría un gobierno autoritario, bajo el supuesto de que ese gobierno se comprometiese a resolver problemas estructurales del país, principalmente la violencia, la corrupción, la impunidad y otros rezagos sociales. Huelga decir que esa falsa ilusión acaba erosionando los esfuerzos para elevar la calidad de la democracia realmente existente en el país. Así las cosas, de un lado será necesario esperar datos más recientes para corroborar esas tendencias de opinión pública, las que, por cierto, no dejan de ser preocupantes, ya que colocaban a Honduras, junto con México, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Brasil, y Guatemala, en los estratos de bajo apoyo a la gobernabilidad democrática en el continente. De otro lado, el gobierno y la sociedad civil organizada deberán realizar esfuerzos persistentes para atraer a los indiferentes y a los desinformados para el terreno de apoyo a la democracia.

Algo semejante se puede afirmar con relación a la credibilidad y confianza específicamente en el gobierno y en la persona del presidente Hernández, quien asumió en enero de 2014 – y fue reelecto en los polémicos comicios de noviembre de 2017. En esa línea, Latinobarómetro registra una aprobación del gobierno de parte de 47% de los entrevistados. Al mismo tiempo, esta entidad también sugiere que solamente 18% de los hondureños encuestados piensa que “se gobierna para el bien de todo el pueblo”; e inversamente 78% opina que “se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio.” He aquí una brecha significativa entre la percepción de la ciudadanía, de un lado, y la propaganda del Estado hondureño, de otro, en lo concerniente a la democracia realmente existente en el país y su desempeño.

En lo tocante a los límites objetivos a la inversión social, parece importante constatar que el esfuerzo del Estado en esta materia se ha mantenido relativamente estable. Actualmente Honduras invierte 16% de su producto interno bruto en programas sociales, incluyendo educación (6% del producto), seguridad social (7%), y salud (3%). Es bastante probable que la gradual superación de ciertas deficiencias en materia de formulación e implementación de políticas sociales permitiría un uso más productivo y eficiente de esos recursos escasos. Ello apunta a un perfeccionamiento de los mecanismos de gestión y organización administrativa, además de la evidente necesidad de luchar permanentemente contra la corrupción ( LAPOP, 2014).

En consecuencia, la capacidad de respuesta – o Responsividad – del sistema político hondureño delante de las demandas ciudadanas continúa siendo limitado o modesto. Ello genera importantes consecuencias en el campo de la representación, en particular, y de la calidad de la democracia, en general. Aunque por razones de espacio no sea posible profundizar en esta cuestión, es evidente que todo esto nos lleva – siguiendo las enseñanzas de la teoría de las elites, entre otras – a la clásica y siempre actual reflexión sobre el “¿para quien efectivamente gobiernan los gobiernos? – quiere decir, ¿es para el conjunto de la sociedad o prioritariamente para las privilegiadas elites políticas y empresariales?”

La dimensión de las Libertades incluye fundamentalmente los derechos civiles y políticos, inclusive el respeto de la dignidad humana. En esa línea, y desde una perspectiva estrictamente juridicista, el Estado hondureño ha aceptado cumplir y hacer cumplir con prácticamente todos los acuerdos centroamericanos, continentales y globales sobre promoción de los derechos humanos.

Entretanto, en la implementación práctica de tales derechos civiles y políticos no faltan contradicciones, vicisitudes, o insuficiencias. De hecho, puede parecer hasta irónico referir al elemental derecho a la vida en uno de los países más violentos del planeta. Sea como fuere, algunos avances importantes en materia de promoción de los derechos civiles y políticos pueden ser observados sobre todo en lo concerniente a la gradual erradicación del trabajo infantil y del trabajo degradante o deshumano, en el apoyo a los adultos mayores, en la promoción de la equidad de género, y en la protección de minorías.

Se infiere de lo anterior que la lucha en la defensa de las Libertades y de los derechos humanos – civiles y políticos – en Honduras es un desafío muy difícil y riesgoso. Diez años después de la irregular interrupción de mandato presidencial de Zelaya y eventos subsecuentes, los sectores populares que reivindican una recomposición democrática del país continúan siendo objeto de represión selectiva, de intimidaciones, de amenazas y, en no pocos casos, también de asesinatos – muchas veces mimetizados en el contexto de la gravísima ola de violencia social que continúa desangrando a la nación.

La octava dimensión del modelo analítico de Leonardo Morlino llama nuestra atención a la Solidaridad e Igualdad, quiere decir, a la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, bien como al desarrollo social, a la lucha contra la discriminación y a la distribución de la riqueza nacional. En consecuencia, es pertinente verificar las tendencias del desarrollo humano, en general, y de la lucha contra la pobreza, contra el hambre y contra la exclusión, en particular.

En términos generales, la experiencia hondureña en materia de desarrollo social demuestra una evolución positiva – aunque insuficiente. Según la última actualización disponible de datos sobre Desarrollo Humano, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, durante el último quinquenio el índice de desarrollo humano de Honduras osciló entre un mínimo de 0,611 en 2010 (posición 102ª) y un máximo de 0,625 en 2015 (posición 130ª); y en 2017 dicho índice era de 0,617 (posición 133ª entre 189 países). En consecuencia, el país es considerado como de desarrollo humano medio – semejante al desempeño de países como Timor Oriental o Bután ( PNUD, 2018).

En lo concerniente a la desigualdad, estadísticas del Banco Mundial informan que el índice de Gini – que varía entre 0,0 (mínima concentración) y 1,0 (máxima concentración) – de Honduras pasó de 0,574 en 2012 para 0,501 en 2015. Por tanto, el país continúa adoleciendo de una sociedad muy desigual, y con una de las más altas concentraciones de ingreso del continente. En otras palabras, Honduras es uno de los países más desiguales en un continente que, por su vez, es considerado como el más desigual del planeta.

Los indicadores de pobreza también presentan tendencias preocupantes. Según las estadísticas del Banco Mundial, la población en situación de pobreza declinó de 66,5% en 2012 para 63,8% en 2015. Honduras continúa presentando uno de los niveles de pobreza más elevados del continente, lo que es un desafío muy importante e ineludible desde la perspectiva de la calidad de la democracia.

En relación a la lucha contra la discriminación, cabe destacar algunas iniciativas contra el racismo – una antigua reivindicación de afrodescendientes e indígenas –, bien como las políticas de igualdad de género y contra el feminicidio y la homofobia. Existe también una constante preocupación en mantener firme el principio de la laicidad del Estado, en función de ciertas propuestas fundamentalistas que exigen una inspiración teológica en la formulación e implementación de políticas sociales orientadas hacia la familia, a la educación y a la salud reproductiva.

En lo vinculado a los derechos económicos, sociales y culturales parece pertinente destacar los esfuerzos realizados para expandir gradualmente los programas de protección social a los trabajadores (desempleo, invalidez, jubilación, seguridad social), bien como de formación profesional y reinserción laboral. Esto último favorece a millares de jóvenes que necesitan insertarse de manera productiva en el mercado de trabajo, y también a los numerosos hondureños que todos los años son deportados – o que retornan voluntariamente al país – principalmente de los Estados Unidos y de México. Ese colectivo de hondureños que retorna a su país requiere de un apoyo específico para reiniciar su vida productiva, y ello se logra con contribuciones del gobierno central (y municipal), de la sociedad civil, de la Iglesia, del empresariado y de la cooperación internacional.

Conviene agregar que la contribución socioeconómica de los hondureños residentes en el exterior es de vital importancia para muchísimas familias en el país, en particular, y para la economía nacional, en general. Alrededor de 20% del crecimiento del producto está directamente vinculado a las remesas que anualmente los hondureños residentes en el exterior envían a sus familiares – esto es, 4,1 mil millones de dólares, en 2018. Entretanto, no es posible obviar los enormes costos familiares, psicosociales y laborales de la emigración ( SOSA, 2018).

Se infiere de lo anterior que la sociedad y el Estado hondureño pueden hacer más y mejor para superar el virtual estancamiento en materia de desarrollo humano observado en el país. Las dos dimensiones de contenido – Libertades, y Solidaridad/Igualdad – sugieren que la democracia realmente existente en Honduras no ha conseguido ofrecer a sus ciudadanos las oportunidades y los recursos fundamentales para una vida digna y productiva. De ahí que, junto a las dimensiones del Estado de Derecho y de la Rendición de Cuentas Electoral, la dimensión de la Solidaridad/Igualdad sea de las que menores calificaciones reciba en el presente estudio (véase Cuadro 1).

En una publicación reciente sobre la calidad de la democracia en 15 países latinoamericanos, Leonardo Morlino (2015) informaba, entre otras cosas, sobre el positivo desempeño de países como Chile, Costa Rica y Uruguay (véase Cuadro 1).

Siguiendo la metodología propuesta por el propio Morlino (2011), también presentada por Diamond y Morlino (2004), y además llevando en consideración los bancos de datos más recientes sobre el problema-objeto, el presente artículo propone una proyección estimada de los valores en cada una de las ocho dimensiones estudiadas – vale agregar que Leonardo Morlino no consideró en los textos citados el caso hondureño (MORLINO, 2015; MORLINO, 2018). Así, en términos agregados, y considerando una escala 0,0 a 5,0, los resultados cualitativos y cuantitativos del presente estudio sobre la calidad de la democracia en Honduras ofrecen una calificación promedia de 2,73. Ello confirma que Honduras aún no consiguió las condiciones para construir una democracia de buena calidad. En consecuencia, existen muchas tareas por realizar para mejorar la calidad de la democracia en el país. En el campo de la Participación Política (3,45), es recomendable estimular una gradual convergencia entre la participación político-electoral y la participación no convencional. En la dimensión de la Competencia Política (3,87, mayor indicador ponderado), urge mejorar las condiciones de equidad los partidos políticos – acceso a los medios de comunicación, financiamiento de campañas, y alternancia efectiva. Algo semejante se puede afirmar en lo relacionado a la Rendición de Cuentas Electoral (1,79).

En el campo de la Rendición de Cuentas Interinstitucional (2,65) y a la dimensión del Estado de Derecho (1,29, menor indicador ponderado), es evidente la necesidad de impulsar profundas reformas estatales – e incluso una eventual refundación del Estado hondureño, semejante a lo observado en Ecuador o Bolivia. Finalmente, las dimensiones de resultados y contenidos – Responsividad (2,98), Libertades (3,65), y Solidaridad/Igualdad (2,16) – deberán continuar trabajando en favor de una sociedad más justa, equitativa y republicana.

En una perspectiva de mediano plazo, es evidente que Honduras está en una encrucijada dramática. Urge un esfuerzo para recomponer la credibilidad institucional, la cohesión social, y la gobernabilidad democrática. Salvo mejor interpretación, esto último solamente se logrará por la vía de un nuevo pacto constitucional y de la refundación de la nación. Otros escenarios prospectivos – inercial, reversión autoritaria – o autoritarismo competitivo –, insurrección popular, ingobernabilidad persistente, o intervención extranjera – son fundamentalmente espurios e indeseables.

Así las cosas, corresponderá a la ciudadanía y a los electores hondureños la última palabra sobre el acontecimiento en referencia. Trabajar por una reforma política más o menos integral – que incluya una cláusula de barrera en el parlamento, la revisión de los mecanismos de financiamiento de campañas, la reafirmación de la laicidad del Estado, la introducción de reformas específicamente electorales, y la profesionalización de los mecanismos de control y fiscalización – se adviene como una prioridad de la clase política y del conjunto de la sociedad hondureña, en los próximos meses.

La versión original del presente texto fue presentada en un evento auspiciado por Clacso, en la Ciudad de Guatemala, entre 24 y 26 de octubre de 2017; quiere decir, exactamente un mes antes de los comicios generales hondureños del 26 de noviembre. Desafortunadamente, y como mencionado en las Consideraciones Finales, en la opinión de los autores del artículo ya en aquella época no podía darse por sentado que los referidos comicios fuesen y/o acabasen siendo verdaderamente transparentes, competitivos y justos. Por el contrario, ahora sabemos que existen evidencias confiables y verificables que sugieren la existencia de graves irregularidades en la reelección del presidente Juan Orlando Hernández ( VILLACORTA; DE GORI, 2018).

Efectivamente, en el momento de escribir estas líneas la situación política y social del país centroamericano continua bastante tensa, polarizada e inconsecuente. Después de una fase de cruda violencia política post-electoral – que resultó en la muerte de aproximadamente 30 militantes opositores y la imposición del toque de recoger durante varios días – lo que llevó a no pocos analistas a sugerir la rápida emergencia de un verdadero régimen de autoritarismo competitivo –, se logró reinstalar el gobierno de Hernández. Entretanto, las denuncias de corrupción, fraude electoral y abuso de poder económico han sido tan frecuentes y tan próximas al círculo más íntimo del mandatario, que el referido gobierno básicamente se ha dedicado a defenderse de todo tipo de acusaciones. ² Ello ha redundado en una gobernabilidad democrática precaria y cortoplacista.

Paralelamente, algunas propuestas de diálogo político gobierno-oposición auspiciados por la Organización de las Naciones Unidas han empantanado fundamentalmente en función de la baja propensión de la parte gubernamental a asumir acuerdos verdade-ramente consecuentes con las demandas de la sociedad hondureña – especialmente cuando colocan en cuestionamiento la legitimidad del poder político vigente. ³ En tal sentido, la presión de actores sociales y políticos domésticos, bien como los buenos oficios de la comunidad internacional, han demandado, con algún grado de suceso, la aproximación de las partes con vistas a elevar la – por ahora, alicaída – experiencia democrática hondureña. Todo ello sin ignorar los riesgos de una verdadera involución autoritaria – o más exactamente de autoritarismo competitivo, como el observado en otros países del continente y del mundo. Todo ello nos motiva a continuar realizando investigación empírica y teórica sobre el problema-objeto.