Las batallas de Junín y Ayacucho no sólo consolidaron la independencia del Perú, sino además inauguraron una época condicionada por la urgencia de construir la nación y conformar el territorio nacional. Un ejercicio mayúsculo no sólo por las secuelas materiales que dejó una guerra larga y violenta, sino también por los dispares proyectos políticos que se pusieron en juego, el esfuerzo intelectual por imaginar lo peruano, el caudillismo con su secuela de inestabilidad política y la tensión generada por la diversidad étnico-racial. En este complejo proceso dos regiones, a pesar de sus diferencias, compartieron una particular condición fronteriza: el oriente (Amazonía) y el extremo sur (Tarapacá). La lejanía de ambas, el ser poco conocidas y la reivindicación de soberanía que pesó sobre ellas desde un inicio por parte de los países vecinos igualmente emergentes, las hizo partes privilegiadas de aquellos factores que pusieron en tensión la consolidación de la frontera nacional y la necesidad imperiosa de visualizar en su conjunto la geografía del Perú. En el caso del oriente, su construcción pasó por la instalación de misiones, guarniciones, colonos, expediciones e implementación de vías de comunicación, un ejercicio estatal robustecido a partir de la década de 1840 por los recursos aportados por la renta guanera ( JORDÁN, 2001). En el caso del extremo sur, este rol formativo lo cumplieron las expediciones mandatadas con fines específicos y la intervención político-administrativa, las que tuvieron dos ciclos de activación, las décadas de 1830-1840 producto del interés de Bolivia por acceder a la región tarapaqueña y los decenios de 1860-1870 por el aliciente que despertó el salitre como reemplazante del guano en la generación de la renta fiscal ( CASTRO; GUERRERO; FIGUEROA, 2017).

En estos términos, la urgencia se situó tanto en el ámbito de agenciar la integridad y la soberanía estatal sobre el territorio, como en el de generar una representación del mismo que solventara un sentido de pertenencia a la nación, la misma que, por una parte, fue imaginada de distintas formas por una élite muy minoritaria y, por otra, fue vista como ajena por una inmensa mayoría culturalmente diversa. En el caso de Tarapacá, parte importante de este cometido se plasmó en dos relevantes expediciones mandatadas en momentos claves, la de William Bollaert de 1827 que dio origen al primer mapa republicano de esta región y la de Antonio Raimondi de 1853-1854 que aportó información relevante que fue recogida en el Atlas de la República del Perú de Mariano Felipe Paz Soldán publicado en 1865, como en el despliegue de un aparato administrativo destinado casi sustancialmente a viabilizar y sostener la subordinación geopolítica con el propósito central de obtener el monopolio estatal de la riqueza salitrera, pasando a ser este mineral el nexo estructural de la asimétrica relación Estado-Región.

El propósito central de este artículo es revisar cómo es que se desplegaron las expediciones y la agencia administrativa en el espacio tarapaqueño como parte de un ejercicio estatal por dar forma al territorio nacional en el extremo sur, sosteniendo que, más allá de las coincidencias y diferencias de estos instrumentos de gobierno, condicionaron y dieron soporte a un relato estatal de Tarapacá que limitó su pertenencia al territorio nacional peruano a través de cuatro categorías asimétricas: civilización, desierto, rentismo ¹ y subordinación.

El concepto de civilización fue clave durante el siglo XIX para las elites dirigentes de los Estados hispanoamericanos que, abandonando el control español, alcanzaron finalmente la independencia política ( CHIARAMONTI, 1989) ² . Su importancia radicó en el uso que se le dio como mecanismo discursivo capaz de articular jerarquías y dicotomías culturales al interior de las agencias estatales, contribuyendo a la consecución de objetivos económicos, políticos y sociales requeridos por las nuevas repúblicas.

Más allá de la carga polisémica que reviste este concepto, durante la centuria decimonónica resultó indudable su íntima articulación con la idea de progreso ( WALLERSTEIN, 2004, p. 58) ³ . Dicha alianza fue producto de que ambas categorías fueron relacionadas a la noción de un proceso, un “algo”, que estaba en movimiento continuo hacia delante y que, adoptando sus principios, permitiría justificar las expansiones de grupos y naciones con anhelos colonizadores ( ELIAS, 1987, p. 58; STAROBINSKI, 1999, p. 21-22). En este sentido, civilización y progreso se elevaron como las máximas consignas de las elites liberales ilustradas que encarnaron la propuesta de formación de los Estado-nación, siendo implementas mediante una serie de acciones políticas ( SVAMPA, 1994), más aún cuando hicieron patente su utilidad para justificar los procesos estatales de expansión y ocupación territorial, especialmente bajo la consigna ideológica de que quienes poseyeran un grado mayor de desarrollo técnico, político y racial tenían la misión histórica, como providencial, de imponerse sobre todo lo existente en un territorio. De este modo, cualquiera fuera el medio impositivo utilizado, la legitimidad se amparó en el supuesto derecho que la civilización les otorgaba a los grupos que estaban en la punta de la escala evolutiva social ( NEUMANN, 1999; MAZLISH, 2004; BOWDEN, 2009), sobre todo bajo el entendido que contribuiría al mejoramiento de las condiciones materiales y culturales de los grupos refractarios, es decir, los bárbaros y salvajes ⁴ .

Así, la dinámica antitética de la civilización contra la barbarie, otorgó a las elites dirigentes una batería conceptual que legitimó toda expansión territorial por parte de los Estados, proveyéndolos del argumento indiscutible y moralmente aceptado de que toda propagación y proceso marcadamente materialista que tomara posesión de un territorio y sus recursos, estaba avalado en el propósito trascendental y legítimo de impulsar la civilización y el progreso humano ( ELIAS, 1987, p. 94-96). Entonces, parte importante de la construcción de los Estado-nación hispanoamericanos se tradujo en la búsqueda y consolidación de un proyecto dirigido a la colonización interna de los territorios y culturas que se encontraban más allá de sus brazos políticos ( HALPERIN, 2005; GARAVAGLIA, 2007), imponiendo fronteras internas y externas de pertenencia nacional como, a la vez, configurando categorías geopolíticas (como desierto o salvaje) que validaran la ocupación y explotación de los territorios periféricos a efecto de consolidar y proteger precisamente el núcleo más duro del territorio nacional ( LOIS, 1999; NAVARRO, 2002). Situados siempre en los márgenes de lo que se aceptó como controlado por el Estado, estos sitios periféricos fueron pensados como regiones en que la naturaleza se encontraba salvaje y descontrolada, haciendo necesario que los aparatos estatales se impusieran para acabar con sus indefiniciones y exoticidades, más aún cuando estaban habitados por “sujetos rebeldes que requerían ser manejados y pacificados” y que si bien se entendían como “fundamento de identidades nacionales particulares”, al mismo tiempo eran excluidos por ser “identificados como un otro racial y civilizacional” ( DAS; POOLE, 2004, p. 24).

Al amparo de este contexto es que, desde los comienzos de la época republicana, los Estado-nación hispanoamericanos implementaron, con mayor o menor intensidad, un conjunto de modalidades destinados a tener un conocimiento más acabado de lo que comenzaron a considerar como territorios propios, racionalizando y monopolizando la información obtenida ( PRO, 2011, p. 13). Entonces, los antecedentes territoriales adquiridos fueron, por una parte, la expresión de un saber útil y, por otra, la imposición de una agencialidad hegemónica a efecto de transformar eficientemente los recursos naturales en mercancía. Por tanto, una vez que el variopinto paisaje se volvió visible para la burocracia central ( CRAIB, 2000 y 2001), el aparato estatal le confió a la misión civilizadora, imaginando a la naturaleza como el cuerpo de la nación, su transformación y, a la vez, la tarea de moralizar a aquellos que habitaban estos rincones (apartados y vacíos) del territorio nacional a razón de su condición de salvajes y bárbaros, forzándolos a aceptar el proyecto nacional por su propio bienestar y transformándolos en objetos del paisaje y, por tanto, víctimas inevitables del progreso ( FIGUEROA, 2011).

Mediante este soslayar forzado de la diversidad y la otredad, las elites dominantes pretendieron legitimar la apropiación diferencial de los recursos existentes en estos espacios a través de la difusión de un discurso segregacionista y de estigmatización de la condición de subalternidad de quienes los habitaban, afianzando la idea de que constituían un obstáculo para el desarrollo de la nación y, por lo tanto, representaban todo aquello que iba en contra de lo que la civilización y el progreso involucraba ( ABOY, 2010, p. 10; ESPINOSA, 2009, p. 129). La formación de instituciones y discursos científicos inspirados en la consecución del progreso y la civilización, de este modo cumplieron un papel clave en una de las tareas primordiales de la formación del Estado-nación: la invención del territorio ( QUIJADA, 2003, p. 314). Con ello se buscó dar cumplimiento a diversos objetivos estructurales. Primero, desde la perspectiva jurídica, legitimar en la arena internacional la existencia y reconocimiento del Estado-nación ( HOBSBAWM, 1998). Segundo, desde el punto de vista material, la posibilidad de conocer el patrimonio natural de la nación y su potencial económico ( LISOCKA-JAEGERMANN, 2004). Tercero, frente a la aparente carencia de formas sociales de identidad y unidad previas, aparecer como un referente en el proceso de formación de la comunidad imaginada ( ANDERSON, 1993).

En estos términos, es que se puede entender el porqué a lo largo del siglo XIX se hizo primordial para la elite dirigente peruana el establecimiento de un territorio claramente definido, mensurado y registrado. Al otorgarle corporalidad al territorio inventado, además de reconocerlo, ocuparlo, delimitarlo y cartografiarlo, les fue posible sentir que su proyecto territorial y su acción civilizadora se situaba al mismo nivel de lo que los europeos habían realizado en sus posesiones de ultramar ( SALA I VILA, 1998, p. 457; REMY, 1995, p. 283), además de posibilitar que se adelantaran a las pretensiones territoriales de los Estados vecinos, como la de Bolivia respecto a Arica y Tarapacá o las de Colombia y Brasil sobre la región amazónica ( CASTRO, 2017a; JORDÁN, 2001), precisando y defendiendo los límites bajo el principio uti possidetis ⁵ . Es aquí donde la organización de expediciones de carácter científico, misiones religiosas, avanzadas militares, comisiones técnicas de mensuración y la habilitación de reparticiones estatales se convirtieron en los mecanismos predilectos mediante el cual se avanzó en los territorios periféricos, tanto para favorecer su apropiación bajo la lógica de la soberanía nacional como para la elevación de información necesaria destinada a delinear las futuras unidades jurídico-administrativas que serían impuestas a partir de razones de Estado, más aún cuando algunas de estas emergentes “razones de Estado” desde un comienzo estuvieron marcadas por lógicas rentistas que derivaron en procesos de centralismos entre los nuevos centros de poder, que rápidamente se convirtieron en las capitales políticas, y las regiones más alejadas y periféricas.

Desde el término del dominio hispano, numerosos exploradores extranjeros llegaron al Perú interesados por su diversidad biológica y geográfica, además de la posibilidad de desarrollo profesional al servicio del Estado y privados ⁶ . El químico inglés William Bollaert y el naturalista italiano Antonio Raimondi fueron miembros destacados de esta legión. Ambos recorrieron la provincia de Tarapacá en función de elevar informes y estudios que le permitieran al Estado peruano dar respuesta a los diversos requerimientos políticos y económicos que enfrentaba a consecuencia de estar en una compleja fase de construcción política y territorial, además de armonizar las inquietudes científicas con los intereses más prácticos. Bollaert hizo su única expedición oficial en 1827 por mandato expreso del subprefecto Ramón Castilla, en ese entonces la más alta autoridad política peruana de Tarapacá ( LARRAÍN, 1975). En esta expedición viajó junto a George Smith ⁷ , con el que realizó el primer mapa de la región como parte de este mandato ⁸ . Recorriendo de costa a cordillera, recogió datos e impresiones sobre aspectos mineralógicos, geográficos y arqueológicos, a los cuales le sumó la descripción de las festividades y tradiciones indígenas, aportando valiosa información al conocimiento antropológico e histórico ( BERMÚDEZ, 1975; LARRAÍN, 1975). Raimondi, por su parte, llevó a cabo su incursión por orden del presidente del Perú José Rufino Echenique entre noviembre de 1853 y enero de 1854 ( BONFIGLIO, 2004) ⁹ . Habiendo transitado un trayecto muy acotado, la franja de la pampa salitrera principalmente, se preocupó por los yacimientos de nitrato y borato como de sus técnicas de extracción, además del paisaje humano adaptado a este particular entorno ambiental ( CAYO, 1982; NÚÑEZ, 1987; VILLACORTA, 2006).

A pesar de la distancia temporal, ambas expediciones fueron vértices de un mismo proceso político: el proyecto republicano y la necesidad de configurar un territorio nacional capaz de ser agenciado en áreas distantes a la metrópoli limeña. En efecto, lo que estuvo detrás de la contratación de los servicios de Bollaert por parte del subprefecto Castilla como de Raimondi por iniciativa del presidente Echenique, fue la necesidad de delimitar y visualizar el espacio tarapaqueño y sus riquezas como parte soberana del Perú. En el caso de Castilla, a partir de un escenario activado en 1826 tanto por un antiguo litigio por tierras entre los indígenas de Isluga y Cariquima (de la parte correspondiente a Tarapacá) y de Llica y Sabaya (del lado de Lípez y Carangas) que puso en juego aquello de la soberanía nacional al invocarse, para validar las potestades jurídicas exigidas por los litigantes, la condición de territorio peruano en diferenciación de un territorio boliviano ( PAZ SOLDÁN, 1878, p. 32-33; RISO PATRÓN, 1910, p. 55), como por las negociaciones realizadas en el tratado de Chuquisaca que consideró el traspaso de la provincia de Tarapacá –además de Tacna y Arica– a Bolivia (EL REPUBLICANO, Arequipa 6/1/1827, p. 250-252; ZARCO, 1897, p. 5-7; TUDELA, 1909, p. 10; PORRAS, 1926, p. 66-67). En lo que respecta a Echenique, en tanto, por la necesidad de incorporar la periférica provincia de Tarapacá a la geografía nacional peruana para legitimar como recurso fiscal el salitre y el bórax para, de este modo, hegemonizar su explotación y asegurar la continuidad del modelo rentista guanero que comenzaba a entrar en crisis ( CAYO, 1982; GUEVARA, 1993; SEINER, 2003; CONTRERAS y CUETO, 2008). De este modo, los contenidos de ambas expediciones, al armonizar el conocimiento de la naturaleza con un registro racionalizado de ella ( NÚñEZ, 1987, p. 20), pasaron a ser un instrumento de gobierno destinado a hacer de Tarapacá un territorio nacional en un momento, entre las décadas de 1820 y 1850, donde la presencia como la organización del aparato estatal peruano era precaria. Así, la conjugación entre el anhelo por el saber y la descripción objetivada y mensurable, hizo que los informes de las exploraciones de Bollaert y Raimondi además de aportar datos para lo toma de decisiones, plasmaran percepciones e imágenes sobre el espacio tarapaqueño y sus residentes, las que terminaron redundando en la construcción de imaginarios que se desplegaron durante gran parte del siglo XIX.

En este contexto, William Bollaert se constituyó en aquel investigador que, tras haber pasado dos periodos de su vida explorando y recorriendo la provincia de Tarapacá (1825-1831 y 1854-1858), encarnó estos nuevos aires y concepciones respecto del espacio, inaugurando una nueva visión del hombre, su cultura y el hábitat tarapaqueño a partir de ribetes científicos conjugados con los fines económicos de interés de la elite limeña gobernante. Como precisa Horacio Larraín (1975, p. 461), su “espíritu crítico” lo hizo “recoger con finalidades científicas leyendas locales” que ayudaran “a formarse una idea cabal del pensamiento del hombre” que observaba en sus recorridos, por tanto Bollaert fue “para Tarapacá en los inicios del siglo XIX” lo que “Antonio O'Brien [llegó a ser para] mediados del siglo XVIII”. De este modo, entregó a las autoridades peruanas importantes detalles culturales y geográficos, especialmente aquellos que decían relación con el rasgo desértico de Tarapacá. Los adjetivos de sequedad, consecuentemente, se diseminaron en sus informes como una condición determinante: la región está “desprovista de vegetación” y la “mayor parte de su superficie” se encuentra “cubierta de arena, sal y otras sustancias salinas”, por si fuera poco “no hay ni madera, agua, ni vegetación ( BOLLAERT, 1851, p. 102; 106); todavía más, en un “distrito” donde “nunca o raras veces llueve, los cuerpos se desecan rápidamente”, sus planicies son “ardientes, arenosas y salinas” y sus cerros son “muy yermos y rocosos”, por lo que “se siente intensamente el calor en el día” no existiendo “sombra donde protegerse del quemante sol” y del “espejismo o falsa apariencia de agua” ( BOLLAERT, 1860, p. 156, 159 y 162). Junto con la aridez, resaltó un aspecto que demarcó durante el siglo XIX intensamente el tipo de vínculo del territorio tarapaqueño y sus habitantes con el aparato estatal peruano: el salitre. Entonces para Bollaert, esta riqueza minera pasó a ser el factor principal para explicar la presencia humana en la zona: la pampa “contiene suficiente nitrato para el consumo de Europa durante 3 años” ( BOLLAERT, 1851, p. 115), es por esto que la población se halla “ocupada la mayor parte en la manufactura del nitrato de soda” ( BOLLAERT, 1860, p. 154). Estas sutiles referencias, sin embargo, pasaron a tener un peso enorme ya que fueron las primeras que explicitaron, tanto al aparato estatal como al público general, la existencia de este mineral, el leit motiv del vínculo agencial del espacio tarapaqueño al territorio nacional peruano entre las décadas de 1840 a 1870.

Como señalamos, no sólo el desierto y el salitre configuraron la narrativa geoespacial de Bollaert sobre Tarapacá, también estuvo presente la actividad agrícola de los valles precordilleranos para demostrar, a pesar de las dificultades, la domesticación del paisaje árido: si bien “la ocupación agrícola” es “bastante limitada, debido al carácter árido general de la comarca” ( BOLLAERT, 1860, p. 154), hay personas como Mariano Morales que “han estado durante algún tiempo haciendo una granja” que “no requiere irrigación” donde crece “trigo, maíz, cebada, arroz, verduras” ( BOLLAERT, 1851, p. 113), en otras en tanto se produce “alfalfa o lucerna, cultivada como forraje para el ganado que transporta el nitrato hasta la costa”, también se da el “vino de Pica” y otras plantas como “higueras, frutales y un poco de trigo” ( BOLLAERT, 1860, p. 154), más aún, si “avanzamos junto a Tambillo” nos encontramos con “el hermoso campo de cultivo del indígena Manuel Cruz, con su gigantesco algarrobo y sus andenes, que son campos y jardines que cuelgan de las laderas en forma de escalones” y en Camiña se “cultiva maíz, alfalfa, olivos, uvas y otros frutos” ( BOLLAERT, 1860, p. 162). La domesticación del paisaje, Bollaert no sólo la centró en lo agrícola, sino también respecto a la conformación de los modos de vida, visualizando las prácticas culturales de una población, como la indígena, que demográficamente era importante a inicios del siglo XIX. En estos términos, junto con describir al “indio” como “lento en sus movimientos”, a su vez los caracterizó como “pacientes y perseverantes”, además de laboriosos ya que los hombres “realizan viajes largos con las tropas de mulas o asnos cargados con el producto de su tierra para la venta, mientras que las mujeres se quedan en casa, ayudando en el cultivo de la tierra, y atendiendo los rebaños de llamas, alpacas y ovejas” ( BOLLAERT, 1851, p. 122). Igualmente destacó su religiosidad y sociabilidad desplegada en las fiestas patronales, donde al “son de alegres canciones Cachuas (sic) de tamboriles, flautas de pan y pitos” se compartían “sabrosos guisados, condimentados con ají y pimienta roja”, como la relación jerárquica de los hombres respecto a la mujeres en estas mismas festividades toda vez que el “cacique y los varones” siempre están “sentados bajo el estrado, siendo servidos por las mujeres con deliciosos platos, frijoles, maíz” ( BOLLAERT, 1860, p. 166). Estas descripciones sobre las formas de vida de los hombres y mujeres de las distintas localidades andinas de la provincia de Tarapacá, constituyeron un importante recordatorio de los particulares sistemas socioculturales que se forjaron y practicaron por años en la zona precordillerana y altiplánica. Con esto, Bollaert puso un punto de inflexión sobre la idea de Tarapacá como un “espacio vacío”. Es más, en ocasiones resaltó, como un modelo a seguir, el ingenio y la capacidad de adaptación de sus pobladores a las condiciones climáticas de la región, como en el caso de la “chacra sin riego” de Mariano Morales, anteriormente mencionada, y otras como “las aguadas de Santana, Chancas e Hidalgo”, a cuya forma de explotación hace referencia como un “modo de cultura novedoso” que “será de gran beneficio para la provincia y hará que muchos vuelvan su atención a ella” ( BOLLAERT, 1851, p. 113). Sin embargo, el énfasis del aparato estatal asentado en Lima sobre el salitre y el bórax llevó la mirada y, por tanto, la percepción a la pampa salitrera, la franja más árida y con menos recursos hídricos, demarcando con ello una categorización restringida, pero a la vez conveniente, a sus fines hegemónicos. Un aspecto que el mismo explorador inglés resaltó al afirmar que: teniendo la convicción el “gobierno peruano que [el bórax y el salitre] eran muy valiosos” sólo aceptaría su exportación bajo “condiciones similares a las del guano”, es decir “como monopolio estatal” ( BOLLAERT, 1860, p. 159).

En cuanto a Antonio Raimondi, su recorrido por la franja pampina y algunos pocos pueblos precordilleranos ligados a la explotación de salitre, tuvo directa relación con representar a la provincia de Tarapacá como un territorio nacional peruano, plasmando de esta manera una recurrente práctica agencial destinada a validar la propiedad fiscal de las riquezas mineras en ella existentes ( CONTRERAS; CUETO, 2008), más aún tomando el acento rentista del Estado mediante la concesión del guano que financió al Perú y su oligarquía, sobre todo la limeña, entre las décadas de 1840 y 1870. En estos términos, su informe contribuyó a la legitimación del proyecto estatal que buscaba reordenar el territorio tarapaqueño a partir de lógicas básicamente económicas, jerarquizando su paisaje desde lo desértico, inhóspito y desocupado hacia lo productivo, siguiendo el modelo de un paisaje arquetípico basado en la relación entre civilización y progreso propia del siglo XIX ( SIMÓN; SANZ, 2017). De este modo, la percepción de las autoridades republicanas asentadas en Lima respecto a la provincia más meridional del Perú, pasó a contar con fundamentos científicos que avalaron su concepción de la territorialidad nacional como un espacio indivisible, jerárquico y supeditado a los propósitos estatales.

A partir de la visita del naturalista italiano, Tarapacá comenzó a tener una narrativa territorial que fue asumida, como debatida a momentos, por los agentes fiscales y la sociedad local, y cuyo parámetro fue la mensura y la objetivación racionalizada de la riqueza minera en un contexto desértico ( RAIMONDI, 2003). Entonces, los requerimientos rentistas posibilitaron que Tarapacá y su salitre se ubicaran en la geografía política y económica del Perú, siendo el registro expedicionario el instrumento para validar este interés y comenzar a agencializar lo peruano con el propósito de legitimar la propiedad nacional del recurso y del espacio donde estaba, todavía más cuando a partir de mediados del siglo XIX los civilistas condicionaron la reclamación del territorio tarapaqueño bajo la lógica de un dominio del Estado ( FLORES, 2000, p. 47). De ahí que no sea extraño que Raimondi pusiese particular atención en los rasgos desérticos de Tarapacá como en las potencialidades productivas asociadas al salitre y el bórax, pero también en la posibilidad de explotación agrícola y forestal. Una composición que se asentó en la triangulación aridez, escasez de agua y desolación: únicamente los árboles de tamarugo “le quitarán” a la pampa “aquel aspecto triste y árido” y sin “ningún indicio de vegetación” ( RAIMONDI, 1853, p. 13; 51), donde el agua en muchas partes tiene un “sabor salitroso” o “muy salobre” que “no se puede tomar”, únicamente las “bestias la beben sin repugnancia” ( RAIMONDI, 1853, p. 9-10, 20), y el predominio de “pequeños pueblos” que ahora están “enteramente” o “casi deshabitados” ( RAIMONDI, 1853, p. 12-13, 51). Enseguida, el valor del monte (bosque de tamarugos y algarrobos ¹⁰ ) y del cultivo con poca o nada de agua: es “muy delicioso el pasar a la sombra de estos árboles muy verdes después de tanta aridez” y por ello es una “lástima muy grande” que los corten para “hacer leña” ya que “desaparecerán por dar luego a un desierto” ( RAIMONDI, 1853, p. 21); más aún cuando en algunos lugares se ha “aprovechado de la humedad del terreno para sembrar y cultivar sin riego”, llegando a “obtener buenas cosechas de melones, sandías, zapallos, trigo, cebada, alfalfa”, por ello sería una “muy buena cosa el estimular” a “los de la provincia el hacer producir un terreno que antes era enteramente estéril” ya que hará “muy rica esta provincia” y evitarán el verse “obligados a emigrar”, como ocurre con los que trabajan en las minas, al ser “la agricultura permanente y no temporaria” ( RAIMONDI, 1853, p. 22-23). Por último, la riqueza del salitre y del bórax, lo que hacía de Tarapacá un territorio valioso a pesar de ser yermo e inhóspito, y la razón sustancial para incorporarlo a la geografía nacional: la “excavación y purificación del nitrato de soda constituye el trabajo de todos los habitantes de este lugar” pues los mantos salitrosos existen en “muchas partes”, y por ello los caminos son “casi todo a través de calichales” ( RAIMONDI, 1853, p. 6, 18, 27), y el bórax se “encuentra en distintas partes” y en “gran cantidad” ( RAIMONDI, 1853, p. 18, 20).

Producto de que el concepto de espacio puede ser definido y utilizado por diversas disciplinas y en distintos contextos ( AUGÉ, 2002; D'AMICO et al., 2013; RAJCHENBERG; HÉAU-LAMBERT, 2008; TUAN, 2001), las impresiones de Bollaert y Raimondi sobre el paisaje tarapaqueño deben entenderse como funcionales al proyecto estatal peruano en un momento y coyuntura económica determinada, implicando que el mismo territorio revistió miradas opuestas en función de la empatía y contexto del observador. Con ello, lo que ocurrió a partir de la descripción del químico inglés y el naturalista italiano, fue la jerarquización de los lugares a objeto de armonizar los aspectos políticos con los económicos para situar una provincia periférica, como lo fue Tarapacá en el siglo XIX, en el entramado sustancialmente metropolitano y centrípeto del proyecto republicano del Perú. La mejor muestra de lo anterior es la sanción que ambos expedicionarios hicieron en momentos distintos de que “todos” los residentes tarapaqueños se dedicaban a la explotación salitrera ( BOLLAERT, 1860, p. 154; RAIMONDI, 1853, p. 6), a sabiendas que la referencia era válida únicamente para aquellos que habitaban la franja pampina-costera y no para quienes moraban los valles precordilleranos y el altiplano que, según sus propias descripciones, practicaban la: agricultura, la pesca, la ganadería y la recolección de tola ( BOLLAERT, 1851, p. 118-119; RAIMONDI, 1853, p. 19, 37-38), además de explotar los escasos bosques de tamarugos para generar combustible para las minas, un quehacer insostenible ya que “el crecimiento no es proporcional al ritmo de consumo” ( BOLLAERT, 1851, p. 112) y, por tanto, los árboles irremediablemente “desaparecerán” ( RAIMONDI, 1853, p. 21). Es sugestivo también, que prevaleciera la idea de desierto toda vez que en sus escritos hay reiteradas descripciones de la relación de las aguadas con la actividad humana. En efecto, Bollaert puntualizó cada una de las chacras que utilizaban el cultivo por canchones. Raimondi, en tanto, realizó un mapa de las aguadas, acequias, acueductos, embalses y norias, señalando todos aquellos puntos en los que se abastecían quienes transitaban por la región. Más aún, ambos resaltaron el hecho de que si bien podían transcurrir días de camino sin acceso a este vital elemento, la población sólo se radicaba donde había acuíferos, cosa que las explotaciones mineras no podían hacer. Por tanto, el problema de falta de agua lo tenían las minas y no los habitantes, siendo este aspecto un elemento clave para entender la adaptación cultural: “el agua que se halla en las oficinas es muy mala y se halla casi en la superficie que no se puede tomar y son obligados de traerla desde dos leguas de distancia” ( RAIMONDI, 1853, p. 25), por ello hay “alrededor de cincuenta minas, y en una sola ha habido agua, pero tan impregnada con sales de cobre como para no ser apta para el consumo” ( BOLLAERT, 1851, p. 108). También es extraña la premisa política del desierto cuando ambos explorados mencionaron que los territorios aledaños a las minas fueron los primeros en sufrir la deforestación de la Pampa del Tamarugal contribuyendo a incrementar la sensación de sequedad ( Bollaert, 1851, p. 111-112; Raimondi, 1853, p. 21), delatando con ello que la aridez era una cuestión relativa y relacionada con un modelo de explotación específica, la minería, que fue coincidentemente la más rentable en términos económicos para el gobierno central ¹¹ .

Entonces, la traducción de un espacio medianamente vacío y homogéneo en lo productivo se afianzó, remarcando con ello una asimétrica mirada impuesta desde Lima por los sectores dominantes, la gran mayoría de ellos desconocedores de las características y potencialidades económicas no salitreras de la provincia; rasgos comentados por Bollaert y Raimondi y que sin embargo fueron obviados al configurase la geografía económica del Perú y el nexo estratégico rentista con Tarapacá. Dos noticias publicadas en 1867 en un importante periódico de Lima, son una buena muestra de cómo los antecedentes objetivos fueron sumergidos por la composición ideológica del territorio nacional al que se aspiraba. A mediados de septiembre con mucho entusiasmo se informó que “diez leguas arriba de Tarapacá se han descubierto vetas de cobre de muy buena ley” y de “vetas de oro, plata y galena” (EL COMERCIO, Lima 19/9/1867, p. 3), no obstante algunas semanas más tarde se afirmó con vehemencia que, producto de un incremento de la producción de salitre ratificado por las autoridades locales y nacionales, este mineral salino es la “única producción de la provincia” (EL COMERCIO, Lima 11/10/1867, p. 3). Con comentarios de prensa tan contradictorios como éstos, y que dejaban traslucir la preconcepciones instaladas en la capital política del país, se viabilizó transversalmente un tipo de agencialidad fiscal que terminó por generar una fractura ideológica y metafórica del territorio tarapaqueño entre la pampa salitrera y la costa (habitada y civilizada) y la zona andina (deshabitada y rezagada del progreso), ejercicio político-administrativo que caló tan hondo que se traspasó al periodo chileno tras la Guerra del Pacífico ( CASTRO, 2008).

A lo largo del siglo XIX el Estado-nación peruano, proyectado e implementado por las clases dirigentes desde Lima, se enfrentó a distintas situaciones paradójicas. Una de ellas fue que los proyectos de crecimiento y desarrollo económico basados en actividades extractivas poco o nada reflejaron las realidades y los intereses inmediatos de quienes habitaban los distintos territorios. En el caso de Tarapacá algunos de éstos adquirieron ribetes políticos intensos. Este aspecto, consecuentemente, pasó a ser medular respecto a la relación entre Tarapacá como espacio socio-geográfico y el aparato estatal asentado en Lima, más aún cuando el término desierto, que hegemonizó la representación discursiva, se constituyó en el argumento legitimador de una relación de poder amparada en la subordinación político-administrativo y la subalternidad socio-económica. De esta manera, Tarapacá por su condición periférica fue sometido a una lógica de organización diferenciada, lo que se tradujo en un esfuerzo casi exclusivo por legitimar el uso estatal de sus riquezas mineras, más no necesariamente generar una integración efectiva.

No es en otros términos que se puede entender la imputación que le hizo en 1860 el empresario salitrero Juan Williamson al ejecutivo de la asimétrica relación que había establecido con Tarapacá y de la persistente crisis económica que experimentaba. Según su parecer era “evidente que una parte de la responsabilidad de este estado pesa directamente sobre el Gobierno, si en realidad Tarapacá tiene el derecho de considerarse de importancia como provincia y parte integral de la república” ( WILLIAMSON, 1860, p. 52-53). También la queja del subprefecto Joaquín Luna Victoria, remitida a su superior jerárquico, haciendo ver lo inaceptable que en la provincia a su cargo no se “trabaja[ra] ninguna obra pública” a pesar de la necesidad urgente de ellas (ART-ST, leg. 1, cuaderno 5, Iquique 24/3/1861, s/f). Preocupación y molestia que reiteró el editor del periódico local más importante de la época, aparecida a mediados de 1861, en cuanto a que el gobierno y el congreso eran culpables de no haberse “realizado una sola de las grandes esperanzas que se alimentan”, generando con ello un “humillante contraste con otras provincias de la República, más felices o mejor representadas que la nuestra” (EL MERCURIO DE TARAPACÁ, Iquique 8/4/1861, p. 1). En este tema coincidirán, años más tarde, tanto el prefecto Juan Ibarra al informar en enero de 1873 de que por desidia de la administración política del país en “los altos de la provincia se halla una zona abandonada casi enteramente” a pesar de que “contiene los elementos de una riqueza fabulosa” (MREP-AC, caja 213, carpeta 14, código 2-0-E, Iquique 10/1/1873, fj.4r), como el prefecto Bruno Bueno que en 1877, frustrado por las oportunidades perdidas de ver a Tarapacá “próspera y feliz”, denunciara que esta lamentable situación era resultado de la corrupción fiscal producto de lo “lejos de la mirada e inspección del Gobierno” al estar la provincia en el “confín de la República” ( BUENO, 1877, p. 4).

Para el Estado peruano en formación, de este modo, la metáfora del desierto permitió el ejercicio de la apropiación política, es decir, tener potestad soberana del territorio tarapaqueño de modo de estimular funcionalmente la incorporación de los recursos al mercado productivo mediante el modelo rentista, lo que implicó poner el énfasis en la captación de utilidades, pero una escasa inversión en integración. En efecto, en el siglo XIX el desierto en tanto una categoría mensurable desde y para el Estado, más que tener que ver con un rasgo medioambiental fue parte de un programa político ( HALPERIN, 2005). De ahí que no es extraño que muy tempranamente, a inicios del año 1829, desde el aparato estatal se tuviese una referencia tajante sobre los rasgos ambientales de su provincia más meridional y la traba que este rasgo representaba para el desarrollo: “la introducción de mejoras es sumamente dificultosa por ahora; así en razón de la aridez que prevalece más en toda la Provincia de Tarapacá que en ninguna otra del Perú” (EL REPUBLICANO, Arequipa 7/2/1829, p. 2).

El rentismo, en consecuencia, condicionado por la percepción de un espacio que no podía dar más que utilidad mediante la riqueza minera y la exacción impositiva por su condición desértica, redundó desde los inicios de la república en un ejercicio administrativo muy restringido, estableciéndose una vinculación asimétrica y subordinada entre los intereses gubernativos y los requerimientos de los tarapaqueños. Por ejemplo, la propuesta cursada en 1829 de establecer en Arequipa, en aquél entonces la capital político-administrativa del departamento al que estaba adscrito este meridional territorio, escuelas de química con aplicación a la metalurgia mediante un impuesto de un “real en cada quintal [de los] salitres de Tarapacá” (EL REPUBLICANO, Arequipa 3/10/1829, p. 4). Así, el ejercicio administrativo transcurrió entre la petición siempre perentoria de la agencia estatal asentada en Lima de que se le informara cuanto mineral se extraía en la provincia con el propósito de fiscalizar la tributación, tal como lo evidenció a inicios de 1839 el subprefecto Salvador Bayarri a propósito del alicaído estado de la minería de la plata (ART-ST, leg. 1, cuaderno 3, Tarapacá 6/1/1839, s/f), y los mensajes reiterados de distintos actores tarapaqueños de lo precarizada que era la vida económica en estos parajes y lo difícil que resultaba la recaudación, como los cursados por el subprefecto Calixto Gutiérrez de la Fuente en febrero de 1839 y abril de 1840. En el primero acentuó que a la hora de proceder a la recaudación tuvo en cuenta la “escases de la Provincia, la ninguna extracción de los salitres, la decadencia de los minerales” y que por ello únicamente se “contentó en que erogasen” los que podían (ART-ST, leg. 1, cuaderno 3, Tarapacá 18/2/1839, s/f). En el segundo, en tanto, indicó que si bien la provincia “siempre [había sido] obediente a mandatos superiores” no era posible asegurar las contribuciones por su “estado de abatimiento” y “su total ruina por falta de recursos con que puedan contar sus habitantes para la precisa subsistencia de sus familias” (ART-ST, leg.1, cuaderno 5, Tarapacá 1/4/1840, s/f). Un sentir que se reiteró en la denuncia de un corresponsal de Iquique, aparecida en el periódico limeño El Peruano a fines de 1847, referida a los esfuerzos desplegados por los tarapaqueños desde hacía tres años para que se les condonaran los impuestos a debida razón de sus deplorables condiciones de vida, indignas para quienes en los momentos difíciles se les convocaba como ciudadanos del Perú no obstante que, en contrapartida, se les hacía habitar esta parte del suelo peruano “sin agua potable, sin víveres” y con la necesidad no satisfecha de una “especial protección para ensanchar una valiosa industria desprovista de brazos y de otros auxilios indispensables” (EL PERUANO, Lima 8/12/1847, p. 198); como años más tarde en el oficio del subprefecto Francisco Chocano, emitido el mes de septiembre de 1852, en orden a que el impuesto del semestre de San Juan (enero-junio) “no [era] posible llenar” debido a la “suma pobreza en que se encuentra la provincia a virtud de la baja considerables del precio de los salitres” (ART-ST, leg. 1, cuaderno 23, Tarapacá 2/9/1852, s/f).

De este modo, se inauguró una premisa, en tanto una categoría cultural, que arrastró consigo una suerte de juicio de otredad sobre el espacio tarapaqueño, asignándole por antonomasia tanto la condición de una tierra lejana, yerma y agreste como una posición funcional a los requerimientos rentistas. Tal deducción, terminó provocando una postura refractaria de los tarapaqueños a los intereses de la elite oligárquica limeña como parte de una temprana y persistente retórica reivindicativa regionalista en oposición a un estatismo rentista y centralista ( CASTRO, 2017b), la que se expresó públicamente de manera reiterada y con firmeza. Por ejemplo, tempranamente en 1827 un destacado residente de Tarapacá señaló, en referencia a la crisis de la minería de la plata, la consecuente inestabilidad de la provincia y los vaivenes políticos, que por “el amor al País en que vi la luz y a nuestra República de que soy Ciudadano” y por “el deseo que me anima por la prosperidad de esta Provincia” siempre “opiné que cesarían las calamidades que en silencio hemos sufrido, si el Gobierno, si los que inmediatamente están puestos a su frente, no especulaban personalmente los diversos puntos de contacto que tienen estos lugares con una permanente felicidad” (EL REPUBLICANO, Arequipa 1/12/1827, p. 151). En 1845, en tanto, como resultado de la ley que obligó a los buques nacionales y extranjeros a desembarcar los productos destinados a Iquique en Arica provocando un pago adicional de flete para lograr que la mercancía llegara a destino, el corresponsal iquiqueño de El Comercio no trepidó en decir con vehemencia y furtivo malestar que “la muerte de este puerto y de la provincia benemérita de Tarapacá” era “resultado de los olvidos” y de la “ligereza” de los gobiernos, algo inaceptable ya que este alejado lugar “no [era] extranjero” sino “peruano” (EL COMERCIO, Lima 31/12/1845, p. 2). En los mismos términos a inicios de la década de 1870, tras los reclamos por la ley de estanco del salitre, no se trepidó en manifestar que “la ruina de la provincia de Tarapacá está decretada fatalmente”, más aún cuando tras esta disposición lo que “viene” realmente es “el monopolio [estatal] odioso que coarta todas las fuentes de riqueza” (LA LUZ, Tacna 6/2/1873, p. 2). Finalmente, ante el debatido traslado de la capital provincial sancionado en 1874, el alcalde de San Lorenzo de Tarapacá, Santiago Zavala, indicó que tal medida únicamente ocurría porque parlamentarios como “el señor Duarte” equivocadamente conciben que “Iquique es toda la provincia, porque no conoce el resto de su territorio, que es el asiento de la verdadera riqueza de ella.” (Exposición que los habitantes de Tarapacá hacen al Congreso de 1874 por motivo de la traslación de la capital a Iquique, 1874, p. 12).

Esta sensación de sentirse en una condición de subalternidad donde las decisiones las tomaban otros sin consideración de los requerimientos propios, los mismos que se entendían como un derecho natural adquirido como parte de la condición de ser ciudadanos del Perú, generó entre los tarapaqueños una fuerte percepción de abandono y de ser residentes de segunda clase que, en estricto, reflejaba el modo cómo la agencia estatal asentada en Lima había configurado la condición territorial de Tarapacá: supeditada al rentismo y a una relativa, si es que escasa, integración. Desde la subprefectura se aquilató esta condición al manifestarle al gobierno central a inicios de 1840 que la “miseria a que se ve reducida la Provincia” no sólo era resultado de la caída de la industria del “salitre en estos últimos años” y ser “absolutamente estéril de todo ramo de aportaciones”, sino principalmente por no tener “donde esperar auxilio ninguno” (ART-ST, leg. 1, cuaderno 4, Tarapacá 4/2/1840, s/f); epítetos que fueron reiterados en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, 1845 el subprefecto Carlos Carpio resaltó con preocupación que era “muy doloroso ver vagar por las calles multitud de niños que deberían estar haciendo su primera instrucción” por la falta de iniciativa del gobierno en consideración de la “mucha necesidad de una educación gratuita” porque “los pobres son en mucho mayor número que los que tienen preparación para subvenir a los gastos de enseñar a sus hijos” (ART-ST, leg. 1, cuaderno 14, Tarapacá 1/5/1854, s/f). En tanto, en enero y marzo de 1851 el capitán del puerto de Iquique, Ildefonso Loayza, señaló lo inaceptable que le resultaba la dilación inexcusable por parte de la autoridades asentadas en Lima de solucionar el reclamo de los barqueros de la provincia en orden a que se habilitaran los yacimientos de Punta de Lobos y Guanillos como puntos de “carguío de guano con destino a la agricultura del país” y así tener un ingreso para “subvenir los gastos de la enseñanza primaria en la provincia que tanto necesita” (AGNP, leg. OL-366, documento 1385, Tacna 3/1/1851, s/f; AGNP, leg. OL-366, documento 1416, Iquique 31/3/1851, s/f). Por su parte, en octubre de 1856 un grupo de comerciantes de Iquique manifestó que el gobierno era responsable de la “mediana subsistencia” que se le ha dado a los que están “morando [en este] desierto” producto de la “importancia [y] mejor posición” que se le ha dado al consumo del guano “de las Islas de Chincha en el Extranjero”, acarreando con ello no sólo “un mal a esta provincia” sino igualmente “consecuencias de gravedad a la Nación entera” (ART-ST, leg. 1, cuaderno 28, Iquique 30/10/1856, s/f). Por último, en una editorial periodística publicada en Iquique en 1861 se llamaba a la opinión pública a “Emancipar esta provincia y arrancarla de la tutela de su madrasta Tacna” (EL MERCURIO DE TARAPACÁ, Iquique 9/3/1861, p. 1); expresiones que fueron profundizadas con mayor radicalidad por el corresponsal tarapaqueño de uno de los periódicos limeños más importantes al defender la iniciativa de impulsar el tráfico mercantil entre esta provincia y Bolivia al que se oponían desde Tacna y Arica. Sin preámbulo alguno espetó a la opinión pública del país: “¿Dónde está la consistencia del mal que se figura sufrir con esta medida de aliento y vital importancia para una provincia que también es integrante del territorio peruano?” (EL COMERCIO, Lima 13/10/1856, p. 5), agregando tajantemente días más tarde, desde cuando la “¿prosperidad de Tarapacá es perniciosa [y] se ha segregado de la asociación peruana?”, acaso “¿ pertenece a Chile?” (EL COMERCIO, Lima 27/10/1856, p. 6).

La construcción del Perú durante la primera mitad del siglo XIX debe entenderse como un ejercicio estatal que dio forma al territorio nacional en función de sus intereses hegemónicos. Para el caso de Tarapacá esto implicó ser partes de un proyecto nacional que no contempló su realidad y requerimientos particulares a causa de la subordinación administrativa y el marcado énfasis rentista.

Instrumentos de este proyecto nacional fueron las expediciones de Bollaert y Raimondi. Comisionadas para dar forma al territorio nacional en este apartado lugar, parte de sus relatos fueron instrumentalizados intencionadamente por el aparato estatal a efecto de acentuar la aridez y minimizar el potencial económico más allá de la minería. Es en este sentido, que se puede aquilatar el afán político de la administración asentada en Lima de obviar como un recurso para la construcción nacional tanto las observaciones de valor etnográfico de Bollaert (que pusieron atención en las prácticas culturales de los indígenas, los vestigios arqueológicos y el cultivo sin riego de la pampa) como la descripción del paisaje humano de Raimondi (que hizo alusión al salitrero, al aguatero, al arriero, al agricultor que cultivaba los suelos calichosos y al leñador que vivía de los bosques de la pampa). Qué mejor muestra de lo anterior, que las observaciones de Guillermo Billinghurst respecto a que durante el periodo decimonónico las autoridades de gobierno y, en menor medida, la industria privada extranjera impulsada por éste, habían literalmente desperdiciado la oportunidad de impulsar en Tarapacá no sólo la minería sino igualmente el haberle dado a la “agricultura un giro más en armonía con la ubicación geográfica de la provincia y más adecuado a las necesidades locales”, generando injustificadamente una “impresión penosa, casi una decepción, porque, sin grande esfuerzo, se persuade de que solamente a consecuencia de una desidia censurable y a todas luces reñida con la índole trabajadora y espíritu industrial de Tarapacá, ha podido permanecer hasta hoy esa extensa y hermosa llanura [la Pampa del Tamarugal] inculta, improductiva y aún refractaria a la vida del hombre” ( BILLINGHURST, 1893, p. 12, 5) ¹² .

En efecto, tras los conceptos de civilización, desierto, rentismo y subordinación se desplegó una agencialidad estatal que articuló a Tarapacá como parte del territorio nacional de forma desigual, más aún cuando la riqueza salitrera que pudo cambiar esta asimetría recién vino a adquirir visibilidad a los ojos del Estado en la década de 1860, lo que llevó al gobierno civilista de Pardo intentar reproducir, entre 1873 y 1875, lo ejecutado con el guano mediante la ley del estanco y monopolio salitrero, generando un decidido rechazo de los tarapaqueños que vieron en esta medida la continuación de un modelo político refractario a sus demandas y necesidades ( GONZÁLEZ, 2012), y que reproducía años de desidia, pésimas administraciones, abandono y falta de integración, males ejemplificados tanto en su dependencia de Arequipa y Tacna, impidiendo con ello tener autonomía para tomar decisiones sobre su futuro, como en la falta de infraestructura básica (escuelas, aduana, muelles, caminos y hospitales ¹³ ) a efecto de fortalecer la condición peruana del territorio que estaba en los confines meridionales de la nación.