INTRODUCCIÓN

La amplia tradición⁴ migratoria en la frontera sur de México⁵ no sólo es el resultado de decisiones individuales, estratégicas y racionales reproducidas por ellas mismas de manera cultural, desprovistas de causalidades históricas y estructurales, sino que es el resultado de las desigualdades existentes en la región. Este fenómeno social es el objeto de una política migratoria que funciona como mecanismo de contención y de seguridad.

A través de esta política se busca frenar la movilidad de centroamericanos hacia Estados Unidos, pero también se legitima el uso de mano de obra empobrecida, con trabajos precarios y con una mínima o nula responsabilidad de su bienestar por parte de los Estados y mercados (García Zamora, 2007; Márquez Covarrubias, 2010; Torre-Cantalapiedra y Yee- Quintero, 2018).

En este documento se observa la contratación de mano de obra migrante en el sector agrícola de la frontera sur de México, de manera particular, en el estado de Chiapas. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (2017), en los años 2014, 2015 y 2016, a través del Instituto Nacional de Migración (INM) se extendieron 47 272 Tarjetas de Visitantes Trabajadores Fronterizos (TVTF) a personas provenientes de Guatemala. De estas, más de 99 por ciento fue expedido en el estado de Chiapas. El 94.4 por ciento se otorgó a trabajadores(as) agrícolas, 1.1% a trabajadores(as) del sector serios, 0.3% a artesanos(as), 0.2% a comerciantes o vendedores(as), 0.2% a profesionistas o técnicos(as) y 3.7% se registró sin especificar.

Aunque estos datos no captan el fenómeno migratorio en su totalidad,⁶ permiten observar los procesos agrícolas en los que la mano de obra migrante es esencial. Si bien la producción de café ha sido considerada y visibilizada como la principal fuente de trabajo para las y los migrantes en la frontera sur de México (Rojas Wiesner, 2017), su participación laboral también es fundamental en otros cultivos, por ejemplo, en el de papaya y plátano.⁷

El objetivo de este trabajo es mostrar cómo a través del trabajo precario en la frontera sur de México, hombres y mujeres inmigrantes de Guatemala se insertan y contribuyen al crecimiento económico del espacio fronterizo en condiciones de desigualdad (inclusión subordinada), y cómo a través de dicho proceso se generan, justifican y legitiman procesos de exclusión social. El estudio se llevó a cabo en una localidad productora de plátano (LPP) en el municipio de Suchiate, Chiapas.

Este documento se estructura de la siguiente manera. En el primer apartado se muestra la propuesta teórica vinculada a la economía política de las migraciones y a la caracterización de los procesos de exclusión social/inclusión subordinada. El segundo apartado refiere trabajos que analizan y caracterizan los mercados laborales en Chiapas y se describe el lugar de estudio. En el tercer apartado se plasma la propuesta metodológica. Se utilizaron métodos y técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas para recabar y procesar la información analizada.

En el cuarto apartado se sistematizan los resultados obtenidos a través de seis variables que, de acuerdo con el planteamiento teórico de la exclusión social, son fundamentales para medir o reseñar dichos procesos. Se concluye que la exclusión social y la inclusión subordinada se viven de manera cotidiana en la localidad de estudio; sin embargo, hay condiciones que incrementan dichos procesos. Estas condiciones se relacionan con la nacionalidad y el género de las personas.

MIGRACIÓN Y GOBERNABILIDAD MIGRATORIA

Márquez Covarrubias (2010) señala que el fenómeno migratorio ha sido analizado desde diversas perspectivas teóricas; sin embargo, estas corresponden a una visión dominante, alineada con los intereses de países centrales:⁸ la seguridad nacional, la gobernabilidad de las migraciones y la observación de las remesas como fuente de desarrollo.

La visión dominante de las migraciones se compone de cinco elementos:

1. 1. las migraciones son observadas como un fenómeno microsocial que forma parte de un fenómeno cultural o un conjunto de tradiciones fuertemente arraigadas;
2. 2. los elementos que precipitan la expulsión, y aquellos que imantan las corrientes migratorias, son observados como desajustes socioeconómicos;
3. 3. la decisión de migrar es vista como una decisión estratégica y racional. El migrante se observa como un empresario que invierte en sí mismo y en su familia;
4. 4. a través del transnacionalismo se deifican relaciones sociales entre iguales, en un plano horizontal que vincula lugares de origen y destino;
5. 5. a través de las remesas se alienta la idea de la migración como un detonante del desarrollo, sobre todo en los lugares de origen (Márquez Covarrubias, 2010).

A partir de estos elementos, se estructuran los mecanismos de gestión y de control migratorio por parte de los Estados. De acuerdo con Mármora (2010), existen tres modelos o tipos ideales de gobernabilidad migratoria, es decir, esquemas de acción bajo los cuales se intentan gobernar los flujos migratorios humanos efectiva y eficientemente, en aras de que contribuyan a las fuerzas del mercado de manera ordenada, deseada y hasta predecible.

Los modelos de gobernabilidad migratoria propuestos por Mármora (2010) son: el de securitización, el de los beneficios compartidos y el de desarrollo humano. Las características de cada uno de estos modelos se describen en la la siguiente tabla.

La visión dominante de la migración no cuestiona ni actúa sobre las causas últimas que la generan. Además, se descontextualizan –intencionalmente– los problemas de desarrollo que la circunscriben. Esta visión ha sido cuestionada desde diversas perspectivas teóricas y empíricas.

La economía política de la migración constituye un marco teórico que permite observar la migración como una variable dependiente de las dinámicas de desarrollo desigual del sistema capitalista. Desde esta perspectiva, la migración es caracterizada como:

1. 1. una respuesta forzada por condiciones económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales adversas, que obligan a las personas a abandonar sus lugares de origen en busca de mayor bienestar; por lo tanto, no constituye una estrategia o decisión adoptada libre y racionalmente,
2. 2. se sustenta en relaciones sociales de explotación, dominación y opresión,
3. 3. las y los migrantes son una fuerza de trabajo barata, sustituible y desechable y
4. 4. esta fuerza de trabajo mantiene y reproduce el modelo de acumulación y el sistema de poder capitalista (Márquez Covarrubias, 2010).

Exclusión social/inclusión subordinada

La exclusión social es la negación sistemática e institucional de recursos (simbólicos y materiales) y el reconocimiento a grupos particulares de personas que impide o limita su membresía, acceso o participación en la sociedad (Kabeer, 2000). Amartya Sen (2000) señala que ser excluido de los beneficios comunes que otros tienen es una desventaja significativa que empobrece las vidas que los individuos pueden disfrutar. Por su parte, Herzog (2011) puntualiza que los excluidos se hallan en una posición de irrelevancia estructural como personas, lo que tiene un impacto determinante a lo largo de sus vidas. Además, con la exclusión se viola el valor de la justicia social y el valor de las redes de solidaridad (Barry, 1998).

La exclusión social llama la atención sobre la producción de desventajas a través de la dinámica activa de la interacción social, más que a través de procesos anónimos de empobrecimiento y de marginación; por lo tanto, es un problema grupal y no un fenómeno individual (Kabeer, 2000).

Castel (2014) señala la importancia de abordar el concepto de exclusión social de manera cuidadosa, puesto que en un primer momento la idea podría indicarnos una situación de aislamiento total, lo que para el autor es muy improbable, ya que el autor asevera que en la actualidad nadie se encuentra aislado totalmente de la sociedad.

En el caso migratorio, el señalamiento de que nadie vive un aislamiento social total cobra una importancia determinante, pues si bien las fronteras se constituyen como espacios de exclusión, en estas también se formalizan y legitiman diversas formas de inclusión con desventajas y situaciones desfavorables. De Genova (2013) refiere este proceso como inclusión ilegalizada; Aparicio Wilhelmi y Pisarello (2008) lo define como inclusión subordinada⁹ y Sen (2000), como inclusión desfavorable.

Una de las formas de la inclusión subordinada es la “subordinación laboral”, desde donde las y los migrantes son útiles, siendo los “Otros” los que están dispuestos a trabajar, o bien, están obligados a trabajar bajo condiciones y salarios precarios debido a su condición de “ilegalidad”, pobreza y racialización. Estas características enfatizan diferencias y contribuyen a su distinción como una población sospechosa, explotable, y ante la cual los Estados y el mercado no adquieren ninguna responsabilidad (Calavita, 2007).

Chauvin y Garcés-Mascareñas (2014) muestran cómo a través de la migración indocumentada de latinos a Estados Unidos, y su incorporación laboral dentro de la ilegalidad, se forma una infraestructura de política migratoria en ese país. En este sentido, bajo el estigma de lo ilegal se considera que los migrantes irregulares no son merecedores de beneficios ciudadanos y por tanto, se les exige mayor flexibilidad ante condiciones desfavorables de trabajo, mayor esfuerzo, mejor comportamiento y una mayor fidelidad para/con sus empleadores, esto con miras a asegurar su permanencia, o un patrocinio futuro.

Rosenhek (2000) señala cómo a través del régimen migratorio de Israel, las instituciones de ese país determinan quiénes pueden o no ser considerados miembros de la sociedad. Por tanto, el reclutamiento de trabajadores migrantes documentados se basa en las cuotas determinadas por el gobierno, la rotación y el impedimento estricto de la reunificación familiar. Las y los migrantes deseables bajo estos requerimientos se insertan principalmente en el mercado laboral informal como trabajadores(as) domésticos(as) en hogares privados, y como trabajadores(as) no calificados en pequeñas empresas y talleres; es decir, como una fuerza laboral desprotegida.

En el caso de China, Correa y Nuñez (2013) analizan cómo el gobierno promueve la migración interna, favoreciendo la existencia de mercados laborales segmentados a través de una política pública conocida como el Hukou (Sistema de Registro Familiar que controla el movimiento poblacional en un contexto de planificación económica); mientras que excluye a los que migran de los sistemas de seguridad social pública. Esta política se muestra como una estrategia para asegurar el crecimiento económico a costa del bienestar de los ciudadanos chinos migrantes.

En este contexto es que se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿cómo se justifican y legitiman procesos de exclusión social de la población migrante de Guatemala en la frontera sur de México a través de procesos de inclusión subordinada en trabajos precarios y en condiciones de desigualdad?

La migración laboral en Chiapas

La migración laboral en la frontera sur de México ha sido analizada a través de diversos estudios cuantitativos y cualitativos que describen las características de los mercados laborales y las relaciones sociales que se desarrollan a partir de ellos. Entre los criterios de análisis de estos estudios se considera a quienes realizan determinados trabajos de acuerdo con su edad, sexo y nacionalidad, así como temporalidad, características físicas, ubicación espacial (rural-urbano), relación con los empleadores, tipo de contratación y formas de pago; en el caso del trabajo agrícola, el tipo de cultivo, entre otros (Rivera Farfán, 2014a).

Reyes (2009) analiza las condiciones laborales de las mujeres en una empacadora de plátano en el Soconusco, Chiapas. Destaca que aunque dichas condiciones sólo resulten ventajosas para los empleadores, estos trabajos son aceptados por las mujeres debido a su condición de género, relacionada con la búsqueda de la mejora de las condiciones de vida de sus familias, así como para permanecer cerca de ellas.

Nájera Aguirre (2014) caracteriza a los trabajadores transfronterizos y migrantes guatemaltecos que laboran en zonas rurales y urbanas de Chiapas. Destaca su heterogeneidad con respecto al sexo, oficio, ubicación, trabajo asalariado o por cuenta propia, y el tiempo de permanencia. Analiza la experiencia cotidiana de quienes laboran en estos espacios y observa que la migración, además de ser una estrategia económica, es vivida como una oportunidad para adquirir mayor tranquilidad familiar, así como para tener seguridad laboral y menos violencia.

Por su parte, Rivera Farfán (2014b) contextualiza la migración de niños, niñas y adolescentes, así como su inserción laboral. Destaca su situación de irregularidad como factor de riesgo que los lleva a desempeñar empleos sin seguridad, con horarios extremos, condiciones insalubres y salarios bajos. Señala la ausencia de información y de una política pública que contemple los derechos del niño y de los niños migrantes, tanto en México como en Guatemala.

Blanco Abellán (2014) muestra la migración de mujeres guatemaltecas a ciudades fronterizas, y las vulnerabilidades que viven por su situación indocumentada y por ser mujeres indígenas. Al centrar su análisis en trabajadoras domésticas, observa que si bien vender su fuerza de trabajo de forma indocumentada en México es más redituable que en Guatemala, representa costos sociales altos en su vida y en sus derechos. Al ser consideradas como “buenas migrantes”, se les facilita el cruce legal de la frontera, pero también se generan condiciones de discriminación y malos tratos por parte de sus empleadores.

A partir del análisis de trabajadores jóvenes, migrantes e indígenas cortadores de caña, Wilson González (2014) muestra la precarización del trabajo agrícola asalariado como una condición requerida por el sistema para su reproducción, pero también identifica la capacidad de agencia de estos jóvenes a través de sus experiencias y vida cotidiana.

Estos trabajos documentan la precariedad como una condición necesaria para la existencia y funcionamiento de los mercados laborales, poco visibilizada o ignorada por los gobiernos tanto de México como de Guatemala, y por tanto naturalizada como la única forma de acceder a trabajos en la frontera sur de México.

El lugar de estudio

Esta investigación se llevó a cabo en una localidad del municipio de Suchiate, Chiapas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2010), señala que este municipio ocupaba el segundo lugar con mayor número de población nacida en otro país (Tapachula, 9 865 personas; Suchiate, 3 350 personas; La Trinitaria, 2 492 personas y Frontera Comalapa, 1 509 personas). Estos datos refieren su importancia en el contexto migratorio.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2018), el municipio de Suchiate en 2015 contaba con las siguientes características: una población de 53 113 habitantes, de estos 68.6 por ciento vivía en condiciones de pobreza y sólo 2.1 por ciento de su población podía considerarse como no pobre ni vulnerable.

La localidad de estudio se encuentra unida a una de las fronteras físicas con Guatemala, delimitada por el río Suchiate, que se localiza a 500 metros del asentamiento ( Figura 1).

Mapa 1
Localización geográfica del lugar de estudio
Fuente: Laboratorio de Análisis de Información Geográfica y Estadística (LAIGE, 2019). Elaborado por Emanuel Valencia, El Colegio de la Frontera Sur.

El límite fronterizo entre Guatemala y la localidad de estudio en México es muy permeable, no existe un control migratorio por parte de ninguno de los dos países, lo que facilita el libre tránsito y por ende, contribuye a la inserción laboral de hombres y mujeres de Guatemala, que realizan trabajos precarios de manera indocumentada.

Una de las principales producciones agrícolas de la zona es el plátano, la cual, a diferencia de otras como el café, requiere fuerza de trabajo durante todo el año, y no sólo durante la temporada de cosecha, lo que incentiva la permanencia de esta fuerza laboral en las localidades fronterizas donde trabajan.

METODOLOGÍA

Los resultados que se presentan en este artículo forman parte de un estudio realizado en una localidad productora de plátano en 2017; las principales técnicas utilizadas para generar la información fueron la encuesta sobre “Estereotipos, Desigualdad y Migración 2017” (Ramírez Ramos, Nazar Beutelspacher, Salvatierra Izaba, Zapata Martelo, Sánchez Ramírez y Espinoza Guzmán, s/f), diseñada exprofeso y aplicada en hogares, así como entrevistas en profundidad y observación participante.¹⁰

La encuesta está conformada por dos cuestionarios (con preguntas abiertas y cerradas), aplicados a una muestra no probabilística de casos tipo. El objetivo de este muestreo fue lograr calidad, riqueza y profundidad en la información recabada, por lo que la cantidad y la estandarización pasan a un segundo plano (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio, 2006).

Los cuestionarios fueron aplicados en dos momentos: primero se recabó información socioeconómica de las familias. A partir de estos datos se seleccionaron casos-tipo, correspondientes a hombres y mujeres nacidos en el extranjero y hombres y mujeres nacidos en México. Contar con la perspectiva de los migrantes y no migrantes, hombres y mujeres, tenía como finalidad contrastar sus experiencias de acuerdo con su lugar de origen y su género.

El cuestionario se estructuró de la siguiente manera: 1) estrategia migratoria (sólo para hombres y mujeres migrantes extranjeros), 2) discriminación, 3) flexibilidad/rigidez de las normas de género y 4) salud y calidad de vida.

Se realizaron diez entrevistas en profundidad a mujeres migrantes mayores de 18 años residentes en la localidad de estudio. Se entrevistó también al comisariado ejidal y al médico encargado de la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En estas entrevistas se exploraron percepciones sobre las características de la localidad, la migración y los problemas sociales existentes en la misma. Las entrevistas tenían como finalidad recoger la experiencia de las personas, tal y como éstas la procesan e interpretan, con sus creencias, actitudes y valores (Sautu, 2004).

La observación participante se efectuó de manera sistemática durante el trabajo de campo, estuvo enfocada en el desarrollo de los procesos productivos y las relaciones sociales expresadas a través de las vivencias cotidianas de las personas.

Las variables utilizadas para acercarnos a los procesos de exclusión social/inclusión subordinada fueron construidas a partir de lo que Subirats et al. (2004) reconocen como ámbitos de la exclusión social (ver tabla 2).

RESULTADOS

Se aplicaron 55 cuestionarios, de estos 33 (60%) corresponden a hombres y mujeres de origen extranjero; es decir, nacidos en Guatemala y en El Salvador; y 22 (40%) a hombres y mujeres nacidos en México.¹¹ Los resultados que aquí se presentan únicamente corresponden a 14 hombres provenientes de Guatemala y 8 de origen mexicano. En el caso de las mujeres 15 son de Guatemala y 14 mexicanas (N=51).

Las edades de las mujeres encuestadas oscilan entre 17 y 70 años, mientras que en el caso de los hombres van de los 14 a los 77 años. El grueso de la población (49.1%) se encuentra entre los 20 y 34 años, edades productivas y reproductivas de suma importancia tanto para hombres como mujeres. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (2017), esta característica es distintiva de la población migrante inserta en la producción agrícola, pues de las 47 179 TVTF expedidas de 2014 a 2016, 72.7 por ciento correspondían a hombres y a mujeres cuyas edades iban de los 16 a los 35 años.

PATRÓN MIGRATORIO

Las personas de origen extranjero encuestadas provienen de municipios en los que más de 40 por ciento de su población vive en condiciones de pobreza. Los hombres, en mayor medida son del departamento de San Marcos, donde 54.1 por ciento de la población se encuentra empobrecida. De acuerdo con su procedencia, las mujeres presentan mayor heterogeneidad; sin embargo, los departamentos de Retalhuleu y San Marcos son los principales lugares de origen (Tabla 3).

Los departamentos de Escuintla, Quetzaltenango y San Marcos son reconocidos por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2017) como lugares de origen de las y los migrantes que más remesas envían a Guatemala.¹² En este estudio 55.17 por ciento de las y los encuestados procede de dichos departamentos.

La OIM (2017) señala que 91.1 por ciento de las personas migrantes guatemaltecas son migrantes económicos; es decir, son personas que dejaron sus lugares de origen debido a la pobreza y a la falta de trabajo. Este dato coincide con lo encontrado por el presente estudio en el que 13 de los 14 hombres, y 11 de las 15 mujeres encuestadas migraron a esta localidad fronteriza en busca de trabajo, el resto (5 personas) lo hizo por cuestiones relacionadas con la familia (migraron desde pequeños y en el caso de mujeres adultas, debido al trabajo de sus esposos).

[…] aquí estoy en “la gloria” ¹³ [refiriendo la LPP]. [En Guatemala] éramos muy pobres, mi hermano murió por parásitos, en ese momento yo no conocía el frijol, comía chile con limón; para mis hermanitos buscaba tortillas […] (Mujer de Guatemala, 32 años; comunicación personal, 28 de abril de 2017).

[…] a los 10 años empezamos a trabajar para poder ayudar a nuestros padres, para ayudar a que comieran mis demás hermanitos […] somos diez, yo soy la mayor, una tiene que lidiar con los más chicos, ya después como a mis 15 años me vine con una tía […] trabajaba [en un rancho de plátano] de esto para ayudar a mi madre, para comer, porque para otra cosa no se podía, […] nosotros no tenemos estudio, por lo mismo, porque mis padres […] no nos lo podían dar (Mujer de Guatemala, 40 años; comunicación personal, 13 de junio de 2017).

Al preguntar sobre la intención de regresar a sus lugares de origen se encontró que las mujeres encuestadas (n=15) no tienen intenciones de volver. Son dos los motivos principales: 1) por trabajo (6 mujeres) y 2) por la formación de familias (9 mujeres).

En el caso de los hombres migrantes (n= 14), 12 no piensan regresar. Las razones son: a) por trabajo (7 hombres), b) por cuestiones familiares (4 hombres), o c) porque son miembros de una iglesia (1 hombre). Sólo dos hombres migrantes manifestaron la intención de regresar a su lugar de origen; uno para continuar con sus estudios y otro porque en la LPP no se siente seguro: “pienso regresar a Guatemala por lo que está pasando acá; están matando gente, las leyes no hacen nada sabiendo las cosas que hacen” (Hombre de Guatemala, 32 años ; comunicación personal , 19 de junio de 2017).

Entre los hombres y mujeres migrantes encuestadas, nueve no cuentan con estudios (8 mujeres y 1 hombre). Además, los hombres son quienes cuentan con más de 6 años de estudio, mientras que ninguna mujer alcanza esta condición (Tabla 3). Estos datos hablan de una desventaja para las mujeres en el ámbito educativo en sus lugares de origen.

De acuerdo con el INE (2013), al mismo tiempo que las y los migrantes viven estados de pobreza y desigualdades educativas, los departamentos de origen se caracterizan por altas tasas de criminalidad, homicidios y denuncias por violencia intrafamiliar; es decir, las y los migrantes de Guatemala provienen de contextos estructurales violentos (Tabla 3).

De acuerdo con Márquez Covarrubias (2010), ante estas condiciones la migración surge como la única opción para poder acceder a una mejor calidad de vida. Sin embargo, esto se vuelve una ilusión de las y los migrantes al insertarse en los países de destino, ya que se exponen a iguales o peores condiciones materiales y subjetivas, riesgos y peligros. Estos últimos se generan e incrementan a partir de diferentes condiciones, entre ellas su estatus migratorio indocumentado.

Ámbitos de la inclusión subordinada y procesos de exclusión social

En este contexto veremos que si bien el acceso a la localidad, al empleo o a los servicios para las y los migrantes laborales no se niegan explícitamente, se realizan de manera subordinada y desventajosa; es decir, a través de una inclusión que genera distintas formas de exclusión.

• División sexual del trabajo y segmentación laboral

  El trabajo es la principal razón por la que las y los migrantes de origen guatemalteco ingresan y se establecen en la localidad de estudio.¹⁴

  Hay personas muy honestas que vienen a trabajar […] dicen ellos, aquí está mucho mejor que allá (Guatemala), aquí está “la gloria” […] aquí si trabajan se ganan sus 300, 400 pesos, hasta 500 (pesos mexicanos) […]. Mucha gente dice que va para adelante; pero como miran que acá es todo diferente, se quedan; aquí el que se muere de hambre es porque de plano, porque aquí hay de todo […] y ¿por qué?, por el trabajo, por los plátanos […] (Comisariado Ejidal, comunicación personal, 13 de abril de 2017).

  Los 14 hombres (100%) y ocho de las mujeres migrantes encuestadas (53.3%) cuentan con un trabajo productivo. Se entiende por trabajo productivo al conjunto de actividades laborales realizadas en el espacio público o privado que cuentan con una remuneración económica.¹⁵ El trabajo productivo se relaciona con la producción de plátano y, en menor medida, con trabajos realizados por cuenta propia. Todos los hombres migrantes encuestados trabajan en el plátano; los mexicanos encuestados también lo hacen, y solo uno de ellos se dedica a la mecánica.

  Entre las mujeres, ocho migrantes tienen trabajos productivos. De ellas, cuatro laboran en actividades relacionadas con el plátano y cuatro realizan trabajos por cuenta propia (costura, servicio doméstico, preparación y venta de alimentos, venta de otros productos, por ejemplo, gasolina). Entre las no migrantes, sólo dos cuentan con trabajo remunerado que realizan en sus propias casas, una como estilista y otra como vendedora de alimentos.

  En cambio, el trabajo reproductivo engloba actividades de cuidado y gestión del grupo doméstico, y es aquel trabajo que se realiza sin recibir una remuneración económica y se lleva a cabo predominantemente en el espacio privado. En este estudio, el trabajo reproductivo fue reportado con mayor frecuencia por las mujeres no migrantes;¹⁶ sin embargo, esto no significa que las mujeres migrantes con trabajos productivos no realicen trabajos reproductivos.

  A través de las entrevistas se pudo observar la existencia de una segmentación laboral vertical. Esta es entendida, de acuerdo con Lara Flores (2001), como el proceso mediante el cual se designan cantidades y tipos de trabajo desiguales entre distintos segmentos de trabajadores. Estas desigualdades son construidas a partir de características prejuiciosas y estigmatizantes sobre determinadas poblaciones.

  De esta manera, se legitima una estructura de empleo que condena a grupos de personas (mujeres, infantes, indígenas, migrantes) a los peores puestos y a trabajos más pesados; sobre todo aquellos relacionados con tareas de corte y cosecha, realizadas bajo el sol, con acceso limitado a agua, pagadas “por tanto” o “a destajo”, de manera eventual, con horarios indeterminados y sin contratos formales ni prestaciones sociales (Lara Flores, 2001).

  [los migrantes] no nos quitan la fuente de trabajo, aquí hace falta mano de obra, los de los ranchos ocupan más mano de obra de Centroamérica porque su mano de obra es más barata […] se les paga de acuerdo a su bondad, a su corazón de la persona [encargados de los ranchos] y hay veces que como mexicanos nos vamos a las bananeras y no queremos ganar eso, o sea, lo poco; sí hay mexicanos trabajando ahí, pero son encargados, o sea, ya tienen otro nivel […] ya ganan más […] (Comisariado Ejidal, comunicación personal, 13 de abril de 2017).

  Entre la población migrante estudiada, la segmentación laboral vertical que se observa es determinada por la condición migratoria indocumentada. Se relaciona no sólo con la exclusión de cualquier derecho laboral, sino también con la imposibilidad de exigirlos (“vivo escondido por no tener permiso”, “tenemos que andar con cuidado, no tenemos derecho a nada”, “somos ilegales”, “no tenemos derecho a nada, somos extranjeros”, “no podemos ser libres, nuestra voz no tiene valor”, “no estamos legalizados en México”, “no tenemos un papel que nos respalde” ).

• Líneas de bienestar y acceso a alimentos

  Si bien, de manera generalizada, los ingresos son precarios para todas las y los encuestados (sólo 11 personas de las 51 encuestadas consideradas alcanza la línea de bienestar); cuando se preguntó de manera directa a la población si en los últimos 15 días habían tenido alguna dificultad para poder comprar comida para ellos(as) o su familia, 11 personas reportaron esta condición, de estas 9 son mujeres de Guatemala, una de México y un hombre de Guatemala.

  De acuerdo con los testimonios recabados, ser una mujer migrante es determinante para la generación o incremento de condiciones de vulnerabilidad, explotación y violencia. En los espacios laborales esta relación se manifiesta de la siguiente manera:

  […] tienes que ser obediente para que tu jefe te vea y te puedan pagar más […] te dicen que te apures, que eres muy lenta, que eres huevona; o sea, te ofenden […] quiere decir […] que no vales […]. No tengo un horario exacto para salir, para salir se debe terminar el proceso, pero si no nos apuramos salimos noche […] (Mujer de Guatemala, 34 años, comunicación personal, 15 de mayo de 2017).

  […] para trabajar en el banano va usted, pide trabajo y le preguntan: ¿qué sabe hacer? y dice: sé seleccionar y empacar […]. Cuando yo aprendí fue muy difícil; a los 13 aprendí a trabajar, recibían menores de edad, el problema que pasó que una muchacha que tenía 13 años […] dijo que la violaron, por eso suspendieron a todos los menores de edad en el rancho; no tienes trabajo, todo por esa muchacha […], ese fue el motivo por el que dejaron de recibir a muchachitas de 13 años […]. En la empacadora dicen “estas mujeres saben seleccionar y aquellas no sirven, esas se van para segunda”, ¹⁷ escogen a las que son para Chiquita;¹⁸y para segunda las que no sirven, porque no saben seleccionar, porque pierden mucho del bueno (plátano). Yo soy de las buenas, porque me gusta empacar [para] Chiquita, pagan mejor […] (Mujer de Guatemala, 21 años, comunicación personal, 04 de julio de 2017).

• Acceso socio/sanitario

  Otra desventaja que da cuenta de la inclusión subordinada de las personas migrantes dentro de esta localidad es el acceso restringido a los servicios de salud. Sólo 2 hombres, trabajadores en la producción de plátano, mencionaron contar con algún tipo de servicio médico proporcionado por sus empleadores, el resto, 4 mujeres y 19 hombres, no cuentan con este servicio (no son derechohabientes), aun cuando como trabajadores(as) agrícolas, enfrentan riesgos laborales relacionados con intoxicaciones, caídas, cortaduras y hasta enfermedades crónicas provocadas por una alimentación e hidratación inadecuadas.

  Ante esta ausencia, cuando la población encuestada, tanto de migrantes como no migrantes, hombres y mujeres, tiene algún problema de salud, acude a la Clínica Rural del IMSS y en menor medida, con médicos particulares.

  Los servicios ofrecidos por esta clínica forman parte del sistema de salud pública de México. Por pactos y acuerdos migratorios de carácter internacional, dichos servicios no deberían estar restringidos a la población migrante. Sin embargo, sus normas de acceso, disponibilidad y calidad marcan pautas bajo las cuales se generan condiciones de desigualdad entre migrantes y no migrantes.

  […] acá se atiende a todos, es población abierta, sea migrante o sea de acá de México, tenga Seguro Popular o no. […] No hay ningún costo, los medicamentos los pone el IMSS [...] nos dan el cuadro básico de primer nivel, así se maneja acá, nos dan el medicamento; pero hay ocasiones que se acaba, como llega población abierta, viene gente que no está en el censo y solicitan el medicamento y como están de paso se llevan el medicamento y pues sí se acaban […] No tenemos un colchón para los migrantes, utilizamos el medicamento para todos […] Es una población grande, aproximadamente se manejan 5 200 personas [no migrantes], más toda la gente que viene a trabajar y la que está de paso; para brindar una mejor atención como lo maneja la OMS debería haber más personal, pero no hay presupuesto para más […] (Médico Clínica Rural del IMSS, comunicación personal, 23 de mayo de 2017).

  En términos cuantitativos, formar parte o no del padrón del sistema de salud es fundamental, pues a partir de él se determina el tamaño de la clínica, el personal médico necesario y la cantidad de medicamento a suministrar; sin embargo, esto no asegura una atención de calidad para quienes integran dicho padrón. Las y los migrantes, al no ser parte del padrón de derechohabientes, no son considerados en la asignación de los recursos para la atención de la salud.

  De acuerdo con Paz Carrasco, Cerda García y Ledón Pereyra, (2016), en las últimas dos décadas no ha habido un aumento significativo de médicos y camas por cada 1 000 habitantes en el estado de Chiapas, con lo cual la atención prestada por las instituciones de salud en el estado continúa siendo insuficiente.

  Este hecho desmiente aquellos discursos donde se exaltan los beneficios generados a partir de la afiliación a programas como el Seguro Popular.¹⁹En estos discursos no se considera que incrementar la expectativa o demanda de atención, sin hacer cambios significativos a las instalaciones y aumentar el personal, no es suficiente para tener un impacto real en la salud de las personas (Paz Carrasco, Cerda García y Ledón Pereyra, 2016). Estos autores señalan que además programas como el Seguro Popular contravienen el principio de equidad en salud, el cual se sintetiza en la noción de que ante un padecimiento similar, independientemente del estrato socioeconómico y la condición laboral, toda persona tiene derecho a la misma calidad de atención.

  Para las personas migrantes, no ser considerados como parte de la localidad, ni como agentes que viven y contribuyen al desarrollo económico de la misma, son factores que pueden incitar a la discriminación y a la competencia por recursos, esto al considerar y cuestionar un derecho básico como el de la salud a través de posiciones subjetivas que determinen la atención médica mediante la idea del “merecimiento” (Paz Carrasco, Cerda García y Ledón Pereyra, 2016).

  […] el principal problema que enfrentan los jornaleros es el de la salud, ellos no tienen un seguro y nuestro pueblo nada más cuenta con nuestra clínica mínima, es insuficiente el servicio médico; en la clínica hacen falta medicinas, mano de obra, doctor, enfermera […] tenemos una clínica que ya no es suficiente para nuestro pueblo, necesitamos doctor de 24 horas porque como nuestro clima es cálido-húmedo, se nos expande la epidemia de paludismo, la epidemia del cólera, el dengue, nuestra clínica del IMSS ya no es suficiente porque aquí en la localidad es un centro donde viven todos los que trabajan en las propiedades de nuestros vecinos (ranchos de plátano), tenemos una sobrepoblación […] (Comisariado Ejidal, comunicación personal, 13 de abril de 2017).

• Programas de gobierno

  Ser percibido como parte o no de una sociedad es fundamental para el desarrollo de las personas; en este sentido, recibir beneficios de programas de gobierno es, simbólicamente, un atributo. Se observó que nueve de las y los mexicanos encuestados, recibían el Programa para la Inclusión Social (Prospera), a diferencia de sólo una mujer de Guatemala.²⁰

  Los requisitos mínimos para ser parte de este tipo de programas son: contar con la credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP) y comprobante de domicilio, lo cual limita las posibilidades de las y los migrantes para poder acceder a cualquiera de sus variantes.

  Las mujeres que no pueden acceder a este tipo de beneficios viven sentimientos de impotencia, tristeza o decepción por no formar, ni sentirse parte de la sociedad receptora.

  […] cuando viene cualquier proyecto pasan censando y todo eso, y vienen y te preguntan, ¿eres mexicana? y tú dices, no, soy guatemalteca, te dicen; es que estamos censando pura gente chiapaneca, y yo digo ¡ah!, siento un bajón bien feo […], siempre te sientes mal porque rechazan tu origen, […] como lo del apoyo que vino, [lo] del PAL Sin Hambre , pasaron censando y yo no pude entrar por motivo de que yo no era mexicana, era guatemalteca, y estaban recibiendo puros hombres o puras mujeres, pero que fueran mexicanas y que a ley tenían que tener niños para que el apoyo les pudiera bajar. Por eso a mí ya no me llama la atención que digan, viene un proyecto o algo así, a mí ya me da lo mismo, aunque mi hijo es mexicano y tenga sus papeles (Mujer de Guatemala, 21 años, comunicación personal, 23 de junio de 2017).

• Acceso a educación de las y los hijos(as)

  El acceso educativo es otro derecho restringido. Mientras que ninguna de las personas mexicanas encuestadas tiene problemas para mandar a sus hijos(as) a la escuela, 24 hombres y mujeres migrantes no pueden hacerlo, principalmente por la falta de dinero o de papeles (documentos que acrediten su identidad y estancia en México). La ausencia de documentos, tanto de padres como de las y los hijos (aun siendo estos mexicanos) es recurrente entre la población migrante. Esto impacta en su subjetividad; pero también imposibilita su acceso a derechos (salud y educación).

  […] en los papeles de tu niño tú sales como madre ile... [ilegal] extranjera, no sales como mamá mexicana […] y a veces, eso de ser madre extranjera le causa problemas a los niños en sus papeles; porque de aquí a mañana él quiere viajar y le preguntan ¿pero tu familia es extranjera? y él dice no, son mexicanos; pero no, aquí en el acta sale que tu mamá es extranjera, o sea tú eres extranjero, en eso perjudico yo a mi hijo; pero gracias a Dios yo no lo registré, lo registró la abuelita […] y otro es que no podemos apoyar a nuestros hijos por ser ilegal, porque supongamos, al tener una emergencia en el hospital de acá, no te dejan entrar porque tus papeles acá no valen […] (Mujer Guatemalteca, 21 años, comunicación personal, 23 de junio de 2017).

• Ubicación, propiedad y condición de hacinamiento de las viviendas

  En la localidad de estudio, a diferencia de las personas no migrantes –quienes cuentan en mayor medida con casas propias–, 22 personas migrantes (n= 29), rentan o tienen prestado un espacio para vivir. Estos espacios son nombrados cuarterías. Se encuentran ubicados a las orillas de la localidad.

  Las cuarterías se caracterizan por concentrar a hombres y mujeres migrantes de un mismo lugar de origen, incluso se distingue entre aquellas en las que sólo viven personas guatemaltecas de aquellas habitadas por personas de Honduras o El Salvador, consideradas como más “peligrosas”.

  Las cuarterías son espacios de tres por tres metros aproximadamente, descuidados, se cocina con leña y por sus características físicas se facilitan contagios de enfermedades transmitidas por vector. Estas moradas son temporales, se desconoce si por condiciones de los arrendatarios o por decisión propia, las y los migrantes cambian constantemente de vivienda. El hacinamiento es una característica común en toda la localidad; se observó que tanto migrantes como no migrantes viven hacinados.

• Integración local

  Aun cuando 9 de los 14 hombres y 14 de las 15 mujeres migrantes tienen más de un año viviendo en la localidad, siguen sin sentirse parte de ella.

  Cuando venimos nos arrepentimos de dejar Guatemala, tal vez en mi sueño he llorado diciendo que estoy allá y digo no, no es posible, estoy aquí, ya no me gustaría regresar, la vida ya es diferente, ya nos acostumbramos aquí, ya tengo como 32 o 33 años viviendo aquí […] No, no nos sentimos parte de México, no somos ni de aquí ni de allá, uno no puede olvidar su lugar donde nació […] (Mujer de Guatemala, 48 años, comunicación personal, 22 de junio de 2017).

  De acuerdo con Sánchez-Domínguez (2011), la conformación de familias donde uno de los cónyuges es de origen extranjero (parejas exogámicas) constituye un barómetro de la integración de las y los migrantes en una sociedad. Es un fuerte indicador de la ausencia de prejuicios étnicos y/o raciales. Entre las y los migrantes encuestados sólo 13 de los 51 formaba parte de parejas exogámicas. Ningún hombre mexicano encuestado conformaba este tipo de uniones (Tabla 5).

En el caso de las mujeres migrantes, la unión con mexicanos, hipotéticamente, podría considerarse como parte de una estrategia migratoria, pues si bien el mercado laboral es la principal puerta de entrada para la inclusión de los hombres en esta región, para las mujeres la exogamia matrimonial podría significar también una estrategia.

Sí, hay beneficios de casarse con un mexicano porque acá siempre hay trabajo, es menor el sufrimiento y allá no, allá sólo un tiempo hay café, no hay trabajo hasta para los hombres (Mujer de Guatemala, 45 años, comunicación personal, 20 de agosto de 2017).

Ambas poblaciones (migrantes y no migrantes) reportaron haber vivido algún tipo de violencia (18 personas) y 25 algún tipo de discriminación; 18 por su condición migratoria (en el caso de las y los migrantes) y 7 por su posición económica o aspecto físico (en el caso de las y los mexicanos).

[…] aunque no nos metemos con nadie, algunos lo tratan a uno [como] que uno es un cachuco, ²¹ discriminan a uno por ser de otro país, en la cara sí nos dicen, […] y eso duele, como si yo le dijera a usted que no es bienvenida aquí, así tratan a uno, pero todo se lo dejamos a Dios; para qué hacernos enemigos, mejor quitarlos, no echarle más leña al fuego y sí, se siente feo […] (Mujer de Guatemala, 25 años, comunicación personal, 14 de mayo de 2017).

OBSERVACIONES FINALES

La población migrante estudiada reporta que su motivación para migrar es principalmente económica, argumentando condiciones de precariedad y falta de trabajo en sus lugares de origen. De acuerdo con Márquez Covarrubias (2010) y Rojas Wiesner (2017) este tipo de migraciones pueden ser caracterizadas como migraciones forzadas. Al responder a dinámicas regionales de desarrollo desigual, no constituyen estrategias o decisiones adoptadas libre y racionalmente; y una vez iniciadas parecen ser irreversibles.

Podemos considerar que bajo estas condiciones y ante la falta de opciones, la migración, tal como lo señala Márquez Covarrubias (2010):

1. 1. Genera relaciones de explotación, dominación y opresión que se producen a partir del volumen, el estatus migratorio irregular y la necesidad de las personas de encontrar un trabajo (sin importar su calidad) para poder acceder a mejores condiciones de vida.
2. 2. Hace que al migrar y trabajar en estas condiciones, las personas migrantes se conviertan en una fuerza laboral barata, sustituible y desechable.
3. 3. Hace que se considere al trabajo migrante como barato, sustituible y desechable, lo que es primordial para la reproducción del modelo de acumulación y el sistema de desarrollo capitalista actual.

Desde esta perspectiva, se considera a las migraciones como fenómenos forzados en los que las y los migrantes viven un continuo proceso de exclusión social, pues se les niegan sistemáticamente oportunidades y condiciones que les permitan acceder a una mejor calidad de vida. Sin embargo, la exclusión social no es de facto, pues esta se genera a través de diferentes procesos de lo que llamamos inclusión subordinada. Es decir, un tipo de inserción social desventajosa, en la que a la población migrante no se les niega de manera tácita el acceso al territorio, los recursos y los servicios y sin embargo, dicho acceso se encuentra restringido por normas formales e informales.

La inclusión subordinada afecta todos los ámbitos de la vida de las personas migrantes en diferentes escalas (individual y/o grupal). La inclusión subordinada se caracteriza por generar o incrementar desventajas y desigualdades sociales, pero además estas son legitimadas desde los Estados, sus instituciones y desde los mercados.

De acuerdo con los datos presentados, la inclusión subordinada está determinada por la condición migratoria y el género, mismos que posibilitan:

1. 1. Una segmentación laboral de tipo vertical en la que las y los migrantes son mayormente afectados. Realizan los trabajos más pesados y bajo condiciones precarias. Se enfrentan a situaciones de abuso y explotación; además, en el caso de las mujeres, se enfrentan a la realización de jornadas laborales reproductivas no reconocidas.
2. 2. La ausencia de responsabilidad de los Estados y mercados para/con la población migrante, pues no garantizan condiciones de seguridad y calidad de vida.
3. 3. La existencia de desigualdades significativas entre las mujeres migrantes y el resto de la población (mujeres no migrantes y hombres migrantes y no migrantes). Sobre todo, en un derecho universal, el derecho a la alimentación.
4. 4. Un acceso restringido a programas y servicios públicos (salud y educación). Esta problemática se encuentra relacionada con la competencia de recursos y la consideración discrecional sobre quiénes son merecedores de ellos.
5. 5. La generación de situaciones de discriminación y violencia a través del reconocimiento de los “Otros” como desiguales, como no pertenecientes, como inferiores.

En suma, la inclusión subordinada se dibuja como un proceso en el que se generan muchas exclusiones legitimadas e invisibilizadas por una política migratoria que actúa de acuerdo con los intereses del mercado, mientras se olvida de observar a las personas migrantes como seres humanos y como agentes que contribuyen con su trabajo al desarrollo de la localidad y de la economía de la región.

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Notas