Dinámicas de poder y denuncia en violencia de pareja: estudio comparativo heterosexual y lésbico

Power dynamics and reporting in intimate partner violence: a comparative study of heterosexual and lesbian victims

Guillermo San Román-Tajonar g_sanroman82@hotmail.com

Universidad Autónoma de Querétaro, Mexico

Mauricio Olivares-Méndez mauricio.olivares@uaq.mx

Universidad Autónoma de Querétaro, Mexico

La violencia de pareja íntima (VPI) puede afectar a cualquier mujer, pero no todas reciben la ayuda necesaria. La literatura actual ha identificado factores culturales, cognitivos y psicológicos como barreras para buscar apoyo, pero ha prestado poca atención a la dinámica de poder subyacente en la denuncia de la violencia. Las asimetrías de poder no solo generan violencia, sino que también obstaculizan la denuncia. El impacto preciso de estas variables en la propensión a denunciar sigue siendo desconocido. Es esencial comprender y abordar estas dinámicas para garantizar un apoyo efectivo a las mujeres víctimas de VPI.

Siguiendo la impronta de la perspectiva interseccional (ver Crenshaw, 1990), creemos fundamental explorar cómo toman forma estas asimetrías en parejas heterosexuales y lesbianas. La agenda de investigación de la interseccionalidad parte de los esfuerzos de feministas negras estadounidenses para hacer evidentes los resultados de un proceso simultaneo de opresión condicionado por el género y por la identidad étnico-racial. Si bien esta intersección es la más estudiada, otras experiencias simultáneas se pueden explorar con el mismo enfoque, tomando en cuenta ―por ejemplo― la posición social, la diversidad funcional, la condición migratoria y, como es el caso de este proyecto, la orientación sexual. Siguiendo a McBride y sus colaboradoras (2015), buscamos avanzar hacia una investigación sensible a la interseccionalidad y que busque explorar las diferencias intragrupos y entregrupos.

Las parejas lesbianas se enfrentan comúnmente a barreras discriminatorias asociadas con su orientación sexual. La prevalencia de prejuicios, prácticas y actitudes heterosexistas tiene efectos negativos en el bienestar de las personas LGBTIQA+, produciéndose lo que Brooks (1981) y Meyer (1995) han llamado “estrés de las minorías” (minority stress). Las lesbianas están sujetas a estrés y opresión social relacionados tanto con los aspectos homosexuales como de género de su identidad (Meyer, 1995: 52). La lesbofobia internalizada, el estigma asociado a la disidencia sexual, las expectativas de rechazo, la falta de redes de apoyo claramente identificables, la desprotección del Estado y las experiencias de discriminación configuran estresores sociales singulares en este grupo. El heterosexismo puede afectar el riesgo de perpetración de la VPI, el riesgo de victimización y la disponibilidad de recursos para las víctimas de las minorías sexuales (Messinger, 2014:76).

Estas parejas también se enfrentan con la falta de validación social y apoyo fuera de la comunidad LGBT (Barrientos, Rodríguez Carballeira, Escartín Solanelles y Longares Hernández, 2016), lo que, potencialmente, conduce al aislamiento. Esto puede generar vínculos más estrechos dentro de las parejas, pero también genera resentimiento ante cualquier intento de autonomía por parte de los cónyuges. La exclusión aumenta las tensiones internas y, en caso de violencia, limita la capacidad de las víctimas para recibir apoyo externo (Renzetti, 1988). Por tanto, la situación única de aquellos que se encuentran en la intersección de múltiples formas de desventaja y exclusión hace que las mismas variables tengan diferentes efectos y que las asimetrías en las relaciones de poder se acentúen.

En este estudio evaluamos el efecto de las asimetrías de poder en la probabilidad de denuncia, analizando las diferencias entre víctimas heterosexuales y lesbianas. Nuestros resultados revelan diferencias significativas entre ambas poblaciones, aportando evidencias de una brecha de sexualidad. La experiencia de diversas formas de violencia muestra signos opuestos en cada una de ellas. No todas las variables que afectan a las víctimas heterosexuales tienen impacto en las víctimas lesbianas, pero aquellas que sí lo tienen muestran una influencia aún mayor en esta última población.

Nuestro artículo se divide en cuatro apartados. En la revisión de la literatura, resaltamos cómo se ha pasado por alto el análisis de las asimetrías de poder en las relaciones de pareja y su influencia en la denuncia. Si bien se ha analizado el poder en relación con la violencia, se ha prestado poca atención a su influencia en la decisión de presentar una denuncia. Luego, presentamos un enfoque metodológico, utilizando una muestra balanceada de registros administrativos en México. En la sección de resultados, exponemos los hallazgos obtenidos, y, finalmente, en la sección de discusión, argumentamos la relevancia teórica de estos resultados.

Acudir a las autoridades tras sufrir VPI es apenas una entre las varias formas de buscar apoyo (Xie y Baumer, 2019). Una vez que se reconoce el problema, queda aún un largo camino para decidir buscar ayuda, escoger un proveedor y acudir ante él. Este proceso puede ser interrumpido en cualquier momento, por barreras que son de índole muy diversa. La literatura sobre los motivos que impiden a las víctimas de violencia acudir a la autoridad ha enfatizado barreras culturales, cognitivas y psicológicas, pero ha omitido el tema del poder.

En mujeres heterosexuales, se destacan como barreras las creencias patriarcales, la responsabilidad de mantener a la familia unida y el considerar la violencia familiar como un asunto privado (Cuesta-García y Crespo, 2022; Robinson et al., 2021 indicating that there are a significant number of barriers that can be classified as 1; Frías y Agoff, 2015; Selestine et al., 2022). La “indefensión aprendida” puede hacer a la víctima incapaz de protegerse (Gelles, 1985), y la falta de denuncia puede deberse al temor a la discriminación y trato injusto por parte de las agencias de la ley (Waller, Harris y Quinn, 2022). Diversas investigaciones, por ejemplo, dan cuenta de que la búsqueda de ayuda y la denuncia están mediadas por el miedo de las víctimas a no ser tomadas en serio, o ser consideradas “exageradas” o “dramáticas” por el funcionariado de atención o por sus círculos inmediatos (Mendoza, 2023; Moodie, 2023), provocando lo que Fricker (2007) ha llamado “injusticia testimonial” (testimonial injustice): cuando los prejuicios provocan que la persona a la que se le reporta la violencia no considere creíble el testimonio. Al mismo tiempo, existen barreras personales como la vergüenza, el abuso de sustancias, y la culpa, así como el temor al estigma (Felson et al., 2002); y barreras comunitarias, como normas que desaconsejan involucrar a la policía (Decker et al., 2019) .

En parejas LGBT, como indicamos antes, las barreras incluyen el estigma asociado a la orientación sexual y a la violencia, así como el racismo, cisgenerismo, heterosexismo y estigma asociado al VIH (Sherman et al., 2022). Puede haber una minimización de la violencia (Scheer, Lawlace, Cascalheira, Newcomb y Whitton, 2023) y dificultad para reconocerla debido a estereotipos de género y suposiciones sobre la ausencia de violencia entre mujeres (Alanez y Jarro, 2022; Calton, Cattaneo y Gebhard, 2016; Donovan y Barnes, 2020; Kar, Das, Broadway-Horner y Kumar, 2022). La violencia se vuelve inesperada e inexplicable cuando es ejercida por mujeres (Barnes, 2011). El miedo al estigma en la comunidad y la aversión de ciertos grupos a reconocer la violencia pueden llevar al silencio y a la no denuncia (Rollè et al., 2018; Rodriguez Otero et al., 2017). El silencio limita la búsqueda de ayuda y perpetúa la opresión y marginación (Harden et al., 2022; Santoniccolo, 2023). Además, puede haber una falta de conocimiento sobre los recursos y la consideración de los abusos como delitos (Robinson et al., 2021).

Las relaciones de poder dentro de las parejas han recibido menos atención. Si bien se ha analizado su efecto en la violencia, se ha prestado poca atención a su impacto en la denuncia.

Según Caldwell y Peplau (1984), el poder se define como la capacidad de influir en el comportamiento del otro y se origina en la asimetría de recursos. Estos recursos pueden incluir educación, ingresos, clase social y otros elementos que una persona puede utilizar para satisfacer las necesidades o alcanzar los objetivos de la otra. Cuando una parte tiene el control de estos recursos, puede amenazar con privar al otro de ellos. La amenaza de sanción genera poder (Luhmann, 1996). La falta de equilibrio en las relaciones de poder puede deteriorar la satisfacción con la relación (Renzetti, 1988), y esta incompatibilidad de estatus predice la presencia de violencia en las parejas (van Vugt y Pop, 2022). En parejas heterosexuales, la violencia tiende a aumentar cuando disminuye el poder del hombre, ya que la violencia se usa como un medio para afirmar la dominancia y el control. Renzetti (1988) sostiene que lo mismo ocurre en parejas lesbianas.

El ingreso, el empleo, la vivienda, el acceso a servicios médicos y las diferencias en la educación se han destacado como las principales fuentes de poder en las relaciones de pareja. Según Van Vugt y Pop (2022), las mujeres que tienen mayor nivel educativo que sus parejas masculinas informan experimentar más violencia. Además, Renzetti (1988) encontró que las víctimas a menudo tienen más recursos que sus agresores, como mayores ingresos y niveles educativos. Cuando la víctima tiene un nivel educativo superior al de su pareja, aumenta la probabilidad de buscar ayuda (Goodson y Hayes, 2021). Sin embargo, otros estudios han mostrado que a medida que aumenta el nivel educativo de la pareja masculina, disminuye la violencia (Alonso-Borrego y Carrasco, 2017).

El empleo también influye en las relaciones de poder, aunque su efecto no está claro y existen dos posturas en conflicto: la teoría de la reacción masculina (male backlash) y la teoría de la negociación. Según la teoría de la reacción masculina, el ingreso de las mujeres amenaza a los hombres, en especial cuando estos están desempleados o subempleados (Renzetti y Larkin, 2009). La pérdida de estatus alienta el uso de la violencia como medio para recuperar el control. Macmillan y Gartner (1999) encontraron que el empleo de la mujer reduce su riesgo de violencia cuando su pareja también trabaja, pero lo aumenta cuando la pareja no trabaja. De esta manera, el efecto del empleo de una mujer está condicionado por la situación laboral de su pareja (Alonso-Borrego y Carrasco, 2017). Otros estudios han mostrado que las mujeres que reciben transferencias condicionadas también experimentan una mayor violencia, y aquellas que trabajan y reciben transferencias son las más vulnerables. El único tipo de trabajo que no genera violencia es el trabajo doméstico no remunerado (Canedo y Morse, 2021). La entrada de las mujeres al mercado laboral puede desencadenar una reacción violenta cuando existen restricciones al divorcio (Bhalotra, 2021). De manera simétrica, un aumento en el desempleo femenino puede resultar en una disminución de la violencia (Erten y Keskin, 2021). El empoderamiento en el mercado laboral se paga con el desempoderamiento en el ámbito familiar (Guarnieri y Rainer, 2018), ya que las relaciones de género tradicionales se basan en la apropiación del cuerpo de la mujer, su tiempo y su producción (Lejbowicz y Jacobs-Colas, 2022). Donde un hombre no puede ostentar los signos del dominio, la violencia es un medio para reafirmar su autoridad. A pesar de ello, si la violencia aumenta cuando la situación de la mujer mejora, la probabilidad de denuncia aumenta cuando la situación del hombre empeora: la probabilidad de reporte ante la policía por violencia física o sexual aumenta cuando el agresor pierde su trabajo o su ingreso (Morgan, 2022).

Por su parte, la teoría de la negociación, propuesta por Farmer y Tiefenthaler (1997), plantea que la pareja es un juego no cooperativo en el que cada miembro intenta maximizar su propia utilidad. Cada jugador recibe beneficios que solo existen si se mantiene en la pareja pero, además, el hombre recibe utilidad al ejercer violencia. La mujer recibe utilidad a través de los ingresos transferidos, pero paga el costo sufriendo violencia. Según este modelo, cuando el ingreso independiente de la mujer aumenta, ella recibe menos utilidad del dinero transferido por la pareja, lo que la hace menos propensa a aceptar la violencia. Además, con la amenaza de divorcio, a medida que aumenta el ingreso de la mujer, tanto actual como potencial, disminuye la violencia familiar. Aizer (2010) demostró que un aumento en el ingreso de las mujeres reduce la violencia doméstica, mientras que un aumento en el ingreso de los hombres, manteniendo constante el de las mujeres, la incrementa. En la misma línea, Anderberg (2013) encontró que cuando aumenta el desempleo femenino, la violencia aumenta, mientras que cuando aumenta el desempleo masculino, disminuye. En este sentido, se puede inferir que cuando las mujeres tienen menos incentivos para tolerar la violencia, también tienen menos incentivos para no denunciarla.

En este marco, la propiedad de la vivienda desempeña un rol fundamental. Weatherall y Tennent (2020) destacan que los problemas de vivienda son la principal razón por la que las mujeres buscan ayuda después de sufrir violencia de pareja íntima (VPI). Para las mujeres que intentan escapar de la VPI, la violencia ocurrida en su hogar las deja sin un lugar donde vivir. También se encuentran sin hogar si el agresor las obliga a irse (Robinson et al., 2021). Las sobrevivientes enfrentan dificultades de alojamiento al separarse, y suelen recurrir a familiares, amigos o refugios. Muchas terminan en situaciones de indigencia (Renzetti y Larkin, 2009). Si no encuentran una opción de alojamiento permanente viable, su única opción es regresar con su pareja abusiva (Correia y Rubin, 2001). Esta inestabilidad residencial perpetúa el ciclo de violencia, impidiendo que las víctimas alcancen seguridad y estabilidad económica (Decker et al., 2022). Si bien las redes de apoyo pueden proteger contra la violencia, su efectividad depende de la fuerza de dicho apoyo. La falta de ayuda tangible refuerza el aislamiento y la dependencia emocional y económica del agresor. El empleo y la vivienda están entrelazados en esta forma de control, ya que el desempleo y el subempleo afectan negativamente los ingresos y pueden dar lugar a retrasos en los pagos de alquiler (Willie et al., 2023).

Además de enfrentar la falta de refugio seguro, la ausencia de seguro médico y la incapacidad para pagar servicios médicos representan una barrera significativa para buscar ayuda (Robinson et al., 2021). Existe evidencia que demuestra que el acceso a servicios de salud influye en la búsqueda de ayuda (Dehingia et al., 2022), a menos que la víctima tema un trato que la discrimine o la revictimice (Celorio, 2017; Cuesta-García y Crespo, 2022; Luebke et al., 2022; Sherman et al., 2022).

El control de los recursos y la violencia se retroalimentan mutuamente. A través de la violencia, el agresor puede continuar afirmando su dominio incluso si carece de bienes propios. Las parejas abusivas restringen la independencia de la mujer al impedirle salir y conseguir empleo, lo que la hace aún más dependiente para satisfacer sus necesidades básicas, como comida y techo. El control se puede ejercer mediante la violencia económica, donde el agresor sabotea los esfuerzos de la víctima por obtener y mantener un empleo, destruyendo su ropa, libros u otros objetos, infligiendo moretones y cortes visibles, prometiendo cuidar a los hijos para luego desaparecer en el último momento; el agresor también puede afirmar su control apropiándose de los pagos, arruinando el historial crediticio de la víctima, incurriendo en deudas de las cuales ella es responsable con o sin su consentimiento, o apropiándose de dinero o tarjetas de crédito. En parejas no heterosexuales, la amenaza de revelar la identidad sexual del otro pone en riesgo su capacidad de obtener o conservar un empleo (Bermea, Slakoff y Goldberg, 2021). Incluso sin controlar directamente los recursos, el agresor puede generar asimetrías cuyos efectos sobre la denuncia aún no se conocen.

Por otra parte, la amenaza de daño físico también confiere un poder distinto que tiene impacto en la denuncia de VPI. En algunas ocasiones, las víctimas recurren a la policía cuando el riesgo de muerte es muy alto (Holliday et al., 2020), pero la ineficacia policial puede disuadir de hacerlo. Si el arresto policial resulta en una escalada de las agresiones, es menos probable que se dé parte a las autoridades (Hadi, 2018; Pattavina, 2019). La víctima no denunciará la violencia si el resultado esperado es una violencia aún mayor.

Además, el consumo de sustancias se ha asociado con una mayor incidencia de VPI. Si bien el consumo de drogas no explica directamente la violencia (Renzetti, 1988), sí se asocia con episodios de ira (Lewis, Mason, Winstead y Kelley, 2017) y puede influir en la decisión de denunciar si implica un riesgo de que las agresiones aumenten. Si el agresor consume alcohol o drogas durante el incidente, la probabilidad de recurrir a las autoridades legales aumenta (Goodson y Hayes, 2021; Mayshak et al., 2022; Novisky y Peralta, 2015).

Un tema importante es determinar si estas variables tienen igual impacto en todos los tipos de víctimas. Como no está claro si afectan de la misma manera la violencia, mucho menos es claro si tienen el mismo efecto en la denuncia. Un estudio de Romero-Méndez y colegas (2020) indica que las dinámicas de violencia no difieren entre parejas homosexuales y heterosexuales. Witarsa y Poerwandari (2022) sugieren que los factores que causan la VPI en parejas heterosexuales son similares a los de parejas del mismo sexo. Sin embargo, Lejbowicz y Jacobs- Colas (2022) demuestran que la VPI contra mujeres difiere, tanto en tipo como en intensidad, según sea perpetrada por hombres o por mujeres. Aún no se ha estudiado si el género del agresor o la orientación sexual de la víctima modifican el efecto de estas variables en la denuncia.

Este estudio tiene por objetivo evaluar si las asimetrías de poder afectan la probabilidad de denuncia en mujeres víctimas de VPI en relaciones heterosexuales o lesbianas. Además, se busca determinar si estos efectos difieren entre ambas poblaciones. Nuestra hipótesis plantea que la probabilidad de denuncia será mayor en situaciones donde el agresor no tiene poder: si no tiene empleo y la víctima sí, o si ninguna de las partes tiene empleo. También se espera que la denuncia sea más probable en casos donde la víctima cuenta con seguro médico o un nivel educativo más alto, vive en una vivienda de alquiler y no se presentan otras formas de violencia o consumo de drogas por parte de la agresora.

Para poner a prueba estas hipótesis utilizamos un enfoque cuantitativo, empleando muestras balanceadas a través del método de Coarsened Exact Matching (CEM) para la inferencia causal (King, Keohane y Verba, 2018). Luego, evaluamos los efectos de cada variable en cada población (heterosexuales y lesbianas) mediante regresión logística y verificamos si las diferencias en los coeficientes entre poblaciones son significativas, mediante el test de Wald. Los datos utilizados provienen del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM). A continuación, describimos nuestros métodos y materiales.

Este trabajo intenta determinar si las asimetrías de poder, surgidas del control de recursos económicos y la amenaza de una violencia mayor, tienen efectos en la propensión de las mujeres a denunciar la violencia familiar en distintos tipos de parejas (heterosexuales y lesbianas), y determinar si estos efectos son diferentes entre sí: es decir, si difieren según la orientación sexoafectiva de la víctima. En específico, se busca investigar si hay diferencias entre dos tipos de víctimas: a) heterosexuales, donde el cónyuge se reconoce como hombre; y b) lesbianas, cuyo cónyuge se identifica como mujer.

En esta sección se proporcionará una descripción detallada de los datos utilizados en el estudio; en segundo lugar, daremos cuenta de los procesos que se seguirán para su análisis.

En México, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) está compuesto por más de 900 instituciones públicas. Cuando alguna de estas instancias atiende a una mujer víctima de violencia, los datos del caso se registran en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM). Para este estudio, accedimos a los datos de BANAVIM a través de la solicitud de acceso a la información 331001222000108, que se presentó en el portal nacional de transparencia (PNT).

El 15 de agosto de 2022, el PNT hizo la entrega digital de un archivo XLSX que contenía un total de un millón 48,575 casos registrados entre los años 2015 y 2022. Para asegurar la calidad de los datos, se eliminaron los registros duplicados y se realizó una selección de casos basada en dos criterios: 1. la modalidad de violencia es familiar; y 2. el vínculo entre la víctima y el agresor es de matrimonio, concubinato o noviazgo.

Por último, los casos restantes se dividieron en dos muestras: la primera es la muestra H, que incluye los casos en los que el agresor es indicado como “hombre”; la segunda es la muestra L, que contiene los casos en los que el agresor se identifica como “mujer”. Ambas muestras comparten las mismas variables. La muestra H consta de 414,418 casos, mientras que la muestra L consta de 2,872 casos.

En este trabajo, tenemos una variable dependiente, once variables de tratamiento y nueve variables de pretratamiento.

En este trabajo se pone prueba la hipótesis de que los efectos de la asimetría de recursos y la amenaza de una violencia mayor (todos ellos ‘x’) en la probabilidad de que una víctima denuncie la VPI son diferentes de cero, y difieren también entre parejas heterosexuales (H) y parejas lesbianas (L). Es decir:

Para poner a prueba esta hipótesis, se llevaron a cabo cuatro tareas: primero, se separaron los casos de violencia familiar en dos grupos: las víctimas de cónyuges masculinos (H) y las víctimas de cónyuges femeninos (L). En segundo lugar, cada muestra (H y L) se balanceó mediante Coarsened Exact Matching (CEM). Esto se hizo para cada uno de los once tratamientos. En tercer lugar, en cada muestra, se evaluó el efecto promedio de cada tratamiento en los individuos tratados sobre la propensión a denunciar. Por último, se usaron pruebas de Wald para verificar si las diferencias entre los efectos en cada muestra logran significancia estadística. Si lo hacen, podemos concluir que la exposición a las mismas condiciones tiene efectos diferentes en diferentes tipos de víctimas; si no, se mantiene la hipótesis nula y la variable en estudio tiene siempre el mismo efecto en la denuncia.

La tabla 1 muestra los resultados del balanceo para cada tratamiento.

Tabla 1
Resultados de pretratamiento CEM

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Banavim

El imbalance en la muestra L es mayor que en la muestra H en todos los casos, al igual que la falta de soporte común. El CEM ha mejorado la calidad de los datos al eliminar casos atípicos y maximizar la homogeneidad de las unidades en términos de rasgos relevantes. Después de aplicar el CEM, el imbalance en la muestra H tiene un valor máximo de 0.38 para el segundo tratamiento (ningún miembro trabaja) y un mínimo de 0.29 para el primero (ambos miembros trabajan). El soporte común ha aumentado, alcanzando un máximo del 45 % en los casos donde ambos miembros trabajan y solo la víctima trabaja. El mínimo es del 37 % cuando el tratamiento es vivienda prestada. La muestra tiene un tamaño considerable, con 234,946 casos para el tratamiento de tener casa propia, y 102,883 casos para los casos en los que ambos trabajan o solo la víctima trabaja.

En el caso de la muestra L, el imbalance máximo es de 0.64 para el caso de vivir en una casa prestada, mientras que el mínimo es de 0.56 cuando ningún miembro trabaja. El soporte común puede ser tan bajo como el 26 % en el caso de residir en una vivienda prestada, o tan alto como el 31 % cuando el tratamiento es residir en vivienda propia. El tamaño de muestra es más modesto, con un máximo de 635 casos y un mínimo de 271 casos.

La calidad de ambas muestras ha mejorado. Al reducir el imbalance y aumentar el soporte común, las unidades se vuelven más homogéneas y se logra una mayor comparabilidad entre los grupos de tratamiento y control.

La evaluación del efecto de los de distintos tratamientos sobre la propensión a denunciar en cada tipo de víctima se puede ver en la tabla 2.

Tabla 2
ATT y Wald test para distintos tratamientos

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Banavim

En parejas lesbianas, que la víctima trabaje no tiene efectos sobre la denuncia. Los resultados muestran que, cuando el agresor es hombre, si ambos miembros trabajan, es 24.9 % menos probable que la víctima denuncie. Este tratamiento no afecta la denuncia en parejas lesbianas.

Lo mismo ocurre cuando solo la víctima trabaja. En el caso de parejas heterosexuales, este tratamiento hace 1.33 veces más probable la denuncia de la violencia de pareja. Pero cuando las parejas son lesbianas, el coeficiente no es distinto de cero, desde el punto de vista estadístico.

La situación laboral del agresor es más importante. Si ninguno de los miembros trabaja, la probabilidad de que una víctima heterosexual denuncie es 41 % mayor que en otra situación laboral. Pero en el caso de parejas lesbianas, la probabilidad de denuncia aumenta 73 % (p < .05). La diferencia en los efectos es significativa, en arreglo con la prueba de Wald.

Si solo el agresor trabaja, el efecto es negativo en ambos casos, pero es mayor entre parejas lesbianas. En este caso, la denuncia es 34 % menos probable; en el caso de que el cónyuge sea mujer, la propensión baja hasta en 55 %. La diferencia en el efecto se mantiene pese al error muestral, en arreglo con el test de Wald.

El efecto de tener seguro médico solo es distinto de cero en parejas donde el agresor se identifica como hombre. Si la víctima está asegurada, disminuye 38 % su propensión a denuncia. En parejas lesbianas, el resultado no alcanza significancia estadística. El efecto, por tanto, no es distinto de cero.

La situación de la vivienda afecta más a las parejas lesbianas que a las heterosexuales. En todos los casos, el efecto es diferente de cero. Si la casa es propia, una víctima lesbiana será 36 % menos propensa a denunciar. Cuando la pareja es heterosexual, esta propensión solo disminuye 26 %.

En el caso de las viviendas rentadas, la denuncia es más probable que en otros casos. Este efecto es diferente en ambas muestras. Si el cónyuge agresor es mujer, la vivienda rentada hace 2.35 veces más probable la denuncia. Si el cónyuge es hombre, la vivienda rentada solo hace la denuncia 1.41 más probable que cuando no es rentada.

La vivienda prestada también tiene efecto negativo. Disminuye la propensión a denunciar. Pero el efecto es mayor cuando la pareja es lesbiana. Una vivienda prestada hace 22 % menos probable la denuncia en parejas heterosexuales, pero la hace 40 % menos probable en parejas lesbianas.

La asimetría en el grado de estudio solo tiene efectos en parejas heterosexuales. Que la víctima tenga mayor grado que su cónyuge hace 6.5 % más probable la denuncia. En el caso de que el cónyuge agresor es mujer, el efecto es negativo, pero su valor P indica que no se le debe tener por distinto de cero.

En cuanto a la amenaza de una violencia mayor, la existencia de más de una forma de violencia en el episodio tiene efectos opuestos según la orientación sexoafectiva. Aumenta la propensión a la denuncia en 58 % cuando el agresor es mujer, pero la disminuye en 10 % cuando es hombre.

Por último, el consumo de drogas por parte del cónyuge no tiene efectos independientes en ningún caso.

En esta sección se analizó el efecto de once tratamientos sobre la propensión a la denuncia. Este ejercicio se realizó en dos muestras, balanceadas mediante CEM: una de víctimas heterosexuales, donde el agresor es hombre (H); la segunda, de víctimas lesbianas, donde el agresor es mujer (L). Los hallazgos sugieren que la presencia de más de una forma de violencia tiene efectos distintos en distintas poblaciones: positivo, entre lesbianas, negativo, entre heterosexuales; también hemos mostrado que la situación laboral de la víctima, el acceso a seguro médico y las diferencias en escolaridad importan en parejas heterosexuales. No tienen efectos independientes en parejas lesbianas. La situación de la vivienda y la situación laboral del cónyuge importan en ambos grupos, pero el efecto siempre es mayor entre parejas lesbianas. El consumo de drogas no tiene efectos en ningún caso. Se ha mostrado que no todas las variables que afectan a las parejas heterosexuales afectan a las parejas lesbianas. Pero las que sí lo hacen tienen efectos extremos. Las parejas lesbianas son más sensibles a las asimetrías de poder que las parejas heterosexuales.

El próximo apartado discute la relevancia teórica de estos hallazgos.

Este trabajo tuvo como objetivos evaluar el impacto de las asimetrías de poder en la propensión a denunciar la violencia de pareja íntima (VPI) entre víctimas heterosexuales y lesbianas, y determinar si los efectos difieren entre ambos grupos. Para lograr este objetivo, se generaron dos muestras balanceadas: una de víctimas lesbianas y otra de heterosexuales. En cada muestra se aplicaron once tratamientos. Para comparar los resultados de los modelos logit usamos el test de Wald.

Los hallazgos revelaron que, en presencia de múltiples formas de violencia, las víctimas lesbianas tienen una mayor propensión a denunciar que las víctimas heterosexuales. Además, se observó que cuando ninguna de las partes trabaja y la vivienda es rentada, es más probable que se presente una denuncia. Este efecto se observó en ambos grupos, pero fue mayor entre las víctimas lesbianas. En cuanto a la situación laboral, cuando solo el cónyuge trabaja, la probabilidad de denuncia disminuye, siendo este efecto mayor en el caso de las víctimas lesbianas. Las víctimas heterosexuales son más propensas a denunciar si tienen un nivel educativo superior al de su agresor, si cuentan con seguro médico o si son la única fuente de ingresos. Sin embargo, estas variables no tuvieron un efecto significativo en las víctimas lesbianas. De manera similar, cuando ambos cónyuges trabajan, es menos probable la denuncia, pero solo si el agresor es un hombre. Por último, se encontró que el consumo de drogas no altera la propensión a la denuncia de nadie. Estos hallazgos destacan el impacto de las asimetrías de poder en la propensión a denunciar la VPI y revelan diferencias entre víctimas heterosexuales y lesbianas. En la medida en que probamos que las mismas variables tienen efectos diferentes sobre las personas lesbianas, hemos aportado evidencia de que comprender el problema de la denuncia requiere una perspectiva interseccional. Estos resultados resaltan la importancia de considerar la dinámica de poder en el estudio de los factores que influyen en la denuncia de la violencia.

Hemos mostrado que las mujeres heterosexuales reaccionan a su propia situación, mostrando una menor propensión a denunciar cuando tienen empleo, seguro médico y mayor educación. Esto es coherente con el modelo de negociación (Farmer y Tiefenthaler, 1997). Por otro lado, las mujeres lesbianas reaccionan a la situación del agresor, denunciando más cuando este no tiene empleo, lo que respalda los hallazgos de Morgan (2022).

Los hallazgos aquí expuestos concuerdan con la hipótesis de que las mismas variables ejercen distintos impactos sobre el acto de denunciar. De ello se desprende que, al existir dos poblaciones distintas, deben operar al menos dos mecanismos divergentes. Proponemos una explicación. En lo que sigue no se hacen presupuestos sobre la acción racional o normativa de las personas.

El primero de estos mecanismos (H) interviene en el caso de mujeres heterosexuales que han padecido violencia. Bajo H, la víctima denuncia cuando el agresor no tiene poder sobre ella: sea porque la víctima ha asegurado su independencia y autosuficiencia antes de denunciar, o porque la agresora no tiene ningún recurso que condicionarle. Es decir, la probabilidad de denuncia es mayor cuando la parte agresora carece de poder sobre la víctima.

En contraposición, el segundo mecanismo (L) opera en el contexto de parejas de mujeres lesbianas. Bajo L, la víctima exige un aporte mínimo de recursos económicos o patrimoniales de su pareja: empleo o vivienda propia. La víctima no tolera la inequidad en la relación. Si la pareja no cumple con su parte y ejerce violencia, se la denuncia. En nuestros hallazgos, las lesbianas no parecen estar buscando ninguna certeza para sí mismas. Más bien, denuncian cuando la pareja no tiene recursos, con independencia de su propia situación. Si las lesbianas están siguiendo un principio de reciprocidad y justicia en sus interacciones de pareja, denunciarán cuando perciban una falta de equidad.

Así, el mecanismo L sugiere dos posibilidades no excluyentes: a) La agresora no cumple con el mínimo, dada su falta de recursos, y esto genera conflictos, porque aunque la carga para la víctima no sea onerosa, la conducta de la agresora se percibe como poco equitativa; o bien b) el conocido mecanismo de fusión (West, 2002), por efecto del cual la dependencia económica se vuelve también dependencia emocional. Esto deriva en celos y conductas controladoras, que culminan en violencia: cuanto mayor la dependencia, mayor es el intento de restringir el deseo de autonomía de la víctima, que reacciona con culpa, pero también con resentimiento (Berethea, 1999). En ambos mecanismos, la falta de recursos de la parte agresora es problemática y la violencia es denunciada. Se denuncia a quien no tiene recursos. Al contrario, cuando la parte agresora es independiente y autosuficiente, no se la denuncia.

Si, como argumenta Juliano (2006), la relación heterosexual se basa en la asimetría disfrazada de complementariedad, mientras que las relaciones lesbianas se cimientan en la igualdad, entonces el mecanismo H implica que la denuncia ocurre cuando se logra la simetría y la víctima no se halla subyugada; en tanto, el mecanismo L funciona al revés: la denuncia acontece cuando se rompe la igualdad: sea porque la persona violenta no puede cumplir con responsabilidades asignadas, o porque, al carecer de recursos y espacios propios, se vuelve en extremo dependiente y demandante.

El mecanismo H indica que la víctima no se moviliza hasta que asegura recursos. Esto coincide con las barreras indicadas en la primera sección. Al mecanismo H subyace la creencia en que los recursos de la mujer son insuficientes. La mujer no denuncia porque cree que hacerlo la deja indefensa. Esto es consistente con la teoría de la indefensión aprendida (Gelles, 1985). También es consistente con la idea de que una mujer que denuncia no podrá gestionar recursos comparables a los recursos B, al enfrentar discriminación y estigma. Cuando estas barreras se presentan, opera el mecanismo H.

El segundo mecanismo, L, destaca la importancia de la equidad para la satisfacción con la relación. La inequidad genera problemas en las parejas lesbianas (Gallego Villa y Barreiro de Motta, 2010; West, 2002), y personas más dependientes pueden, por ello mismo, ser más posesivas y celosas, y menos autosuficientes (Badenes-Ribera, Frias-Navarro, Bonilla-Campos, Pons-Salvador y Monterde-i-Bort, 2015). Estas personas se sirven de la violencia para regular la independencia aceptable (Milletich, Gumienny, Kelley y D’Lima, 2014). El mecanismo L implica que las mujeres lesbianas pueden ser menos tolerantes ante la falta de independencia y autosuficiencia en sus parejas, tanto más si se asocia a conductas violentas. Puede ser el caso que, entre las víctimas lesbianas, las causas de la denuncia sean las mismas que las causas de la VPI.

Las afirmaciones anteriores conforman una hipótesis post hoc. Derivan de las relaciones observadas, por lo que se requiere más investigación para corroborarlas o extenderlas a otras muestras.

Pese a los hallazgos, este trabajo tiene limitaciones importantes. El uso de registros administrativos nos permite estimar los efectos de ciertas variables, pero no determinar la frecuencia de denuncia entre parejas lesbianas o heterosexuales, ni el número total de víctimas. Hemos simplificado las identidades de género en dos categorías basadas en el sexo del cónyuge, lo cual puede haber colapsado vivencias distintas en una sola categoría. Una mayor consideración de las diferencias sutiles podría ser más reveladora en relación con el problema de la denuncia. Además, si existen diferencias no observadas entre los grupos de control y tratamiento dentro de cada muestra, los resultados pueden estar sesgados. Los tamaños de muestra también son limitados debido al proceso de balanceo, lo que puede resultar en coeficientes no significativos. Finalmente, el banco de datos utilizado no recoge información potencialmente relevante sobre otras categorías asociadas a la vulnerabilidad o a la victimidad, de tal forma que no proveemos datos sobre la interacción de la racialización o la diversidad funcional y sus posibles interacciones con las variables analizadas. Futuros estudios se beneficiarían al abordar estas distinciones y limitaciones.

En este trabajo hemos examinado el impacto de las asimetrías de poder en la propensión a denunciar la violencia de pareja íntima (VPI) entre víctimas heterosexuales y lesbianas, y hemos establecido que existen diferencias significativas entre ambos grupos. El proyecto aporta a la literatura que reconoce la existencia de una brecha de sexualidad en la denuncia de VPI. Resaltamos en particular la importancia de considerar las dinámicas de poder por su impacto en la prevalencia de la VPI y la forma en que este se expresa de formas diferentes en las parejas heterosexuales y las conformadas por mujeres. Encontrar estas brechas de sexualidad en su conjunción con otras desigualdades aporta también a la agenda de investigación sensible a la interseccionalidad, revelando las diferencias hacia dentro y entre categorías (Bond, 2021; McBride, Hebson y Holgate, 2015) y ofreciendo una base para futuras investigaciones.

A la vez, brindamos elementos para informar el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas y programas para la prevención de la VPI y para su denuncia. Estas acciones deben también ser sensibles a la interseccionalidad, tomando en cuenta las singularidades de las experiencias de vulnerabilidad a las que se enfrentan las mujeres sexodisidentes, promoviendo la erradicación de estereotipos y prejuicios heterosexistas, visibilizando las experiencias de violencia y los estresores sociales asociados a la diversidad sexual. Las mujeres lesbianas deben salir de un “clóset doble” (Kaschak, 2001; McClennen, 2005) al denunciar la violencia, enfrentándose a los estigmas y prejuicios sobre su sexualidad y sobre su situación de victimidad.

Finalmente, hemos presentado evidencia que las personas tomadoras de decisión pueden utilizar para considerar las implicaciones que la desprotección social y económica tiene sobre la denuncia de la VPI. Promover el acceso a la vivienda, al empleo y a la salud debe estar concatenado con esfuerzos para lograr la autonomía de las mujeres, rompiendo las asimetrías con herramientas para la identificación y denuncia de las violencias.

Como nos recuerdan McBride y sus colaboradoras (2015), al diseñar intervenciones remediales pensadas en grupos ―como aquellas necesarias para erradicar la VPI contra las mujeres― se tienden a concentrar en sus integrantes con más privilegio, dejando de lado otras trayectorias de vida afectadas por la opresión. A la luz de las distinciones que aquí se han establecido, una política que pretenda ser “igualitaria” solo podrá, de facto, favorecer a las identidades hegemónicas, en perjuicio de quienes viven situadas desde la disidencia.