Resumen: Este artículo tiene como objetivo analizar las interacciones sociales, elementos procesuales y disputas morales en los cambios legales sobre el cannabis en México. Se empleó la metodología de rastreo de interacciones durante el periodo 2009-2021, utilizando fuentes documentales y hemerográficas. Los resultados indican una transición de interacciones conflictivas a consensuales, enfocadas en argumentos innovadores para la regulación del cannabis, destacando el rol fundamental de los derechos humanos. Se identificaron linajes relevantes, como ser padre de familia de pacientes o consumidores que invocan libertades. Tres tendencias emergen en los enfoques sobre el cannabis: medicinal, recreativo y producción industrializada. A pesar de contribuir a diversas disciplinas, el estudio presenta limitaciones, al no abordar aspectos técnicos legislativos, constitucionales o de mayorías parlamentarias. En conclusión, este trabajo ofrece una visión integral de las dinámicas en torno al cannabis en México, resaltando la importancia de los derechos humanos en este proceso.
Palabras claves: Legislación, cannabis, México, interacción social.
Abstract: This article seeks to examine the social interactions, procedural components, and ethical contentions within the legal transformations related to cannabis in Mexico. The methodology employed involves tracking interactions over the period 2009 to 2021, using documentary and hemerographic sources. The findings outline a shift from contentious to consensual interactions, focusing on groundbreaking arguments for the regulation of cannabis and highlighting the central role of human rights. Notable lines of argument were identified, including the role of the parent of a patient or the consumer asserting their freedoms. Three trends are evident in approaches to cannabis: medicinal, recreational and industrial production. Despite its contribution to various academic disciplines, the study is limited by its omission of technical legislative, constitutional or parliamentary majority considerations. In summary, this endeavour provides a holistic perspective on the complexities surrounding cannabis in Mexico, highlighting the primacy of human rights in this evolving paradigm.
Keywords: Law, cannabis, México, social interaccion.
Sociedad
El cambio legal sobre cannabis en México: interacciones, procesos y disputas morales
Cannabis legal change in Mexico: interactions, processes and moral disputes*
Luz Ángela Cardona-Acuña l.cardona@uadec.edu.mx
David Iván Valdés-Munguía juandavidivan@gmail.com
Pedro Enrique Alarcón-Hernández enriquealarcon28@gmail.com
Received: 19 November 2023
Accepted: 04 October 2024
El cambio legal sobre el cannabis en México ha sido estudiado desde perspectivas historiográficas que documentan las leyes implementadas para prohibir la planta desde la época colonial hasta hoy (Beltrán-Velarde e Íñiguez-Rueda, 2021). Otros estudios respaldan o rechazan diversas formas de regulación, mientras que investigaciones de políticas públicas delinean principios para una nueva política de drogas, proponiendo la despenalización y regulación de sustancias ilícitas (Zedillo, et al., 2019). La psicología ha analizado experiencias socioemocionales mediante etnografía para explicar cambios en dinámicas de compra y consumo de drogas, estableciendo normas de protección y atención a consumidores (Ospina, 2019). Estudios económicos señalan el potencial del mercado cannábico y beneficios para México (Hernández Macías, 2021:65; Santos Diez, 2022:362).
A pesar de ampliar la información, estos estudios no abordan el rol de los actores sociales en los cambios legales. La mirada histórica construye la narrativa, pero no comprende códigos culturales y efectos de disputas morales. Tampoco se explora el rol de las interacciones entre actores sociales y con el Estado en el marco de los procesos sociales asociados a cambios legales. ¿Cómo las interacciones, elementos procesuales y disputas morales explican los cambios legales sobre el cannabis en México (2009-2021)?
El objetivo de este artículo es analizar el cambio legal del cannabis usando la metodología de rastreo de interacciones (RI), complementando la literatura estructuralista y estratégica. Sin embargo, no aborda aspectos relacionados con análisis del lenguaje, redes sociales o de discursos en la opinión pública. El artículo inicia con el enmarcamiento teórico sobre el cambio legal desde una mirada interaccionista. Luego, explica la metodología RI, su aplicación y alcances. Los resultados se presentan en siete subapartados: cambios legales (2009-2021) ―donde se retoman de manera general aspectos culturales y de contexto de cada etapa―, sedimentaciones históricas, interacciones societales y socioestatales, linajes, récords y disputas morales. Cada caso describe hallazgos y su impacto en el cambio legal. Finalmente, se exponen conclusiones y preguntas futuras.
En este artículo se define el cambio legal como cualquier intento por promulgar, reformar o derogar una ley derivado de interacciones iteradas entre actores sociales y entre estos y el Estado, sobre las que intervienen elementos procesuales de la vida social y disputas morales sobre la conservación o el cambio del status quo. Al primer tipo de interacción se le denomina societal y en ella se debate si debe y cómo debe cambiar la ley, de esa interacción surgen los sentidos que se busca plasmar en las leyes. Las segundas interacciones, denominadas socioestatales, tienen lugar entre actores sociales y actores investidos por un cargo que representa una funcionalidad del Estado ―legislativa, administrativa, judicial, de control―, una representación que está sujeta a la interpretación de los actores en interacción.
Las interacciones societales generan diferentes grados de solidaridad y hostilidad entre los actores sociales. En un sentido, son iteraciones entre actores sociales en las que se disputa o se acuerda el sentido de las demandas, valores y normas. Se trata de interacciones en las que la combinación creativa de medios y fines hace posible la génesis de nuevos valores (Joas y Knöbl, 2016:500). La creatividad permite la emergencia de cambios en medio de las continuidades que arrastra la interacción (Mead, 2008). Estos grados de solidaridad y hostilidad se reflejan en los procesos legales, alargando o acortando los tiempos de negociación de una ley; favoreciendo o dificultado definir el alcance de las normas; o generando posiciones amistosas u hostiles frente a fines y temas legales.
Las interacciones socioestatales están caracterizadas por la investidura de un cargo estatal por parte de algunos actores sociales. Los actores imputan significados a dicho cargo, por lo que el Estado, es en muchos sentidos, una expectativa de quienes interactúan. Estas interacciones están influidas por la historicidad entre quienes interactúan. El Estado resulta, en algún sentido, productor de prácticas cotidianas de gente común. El Estado se mueve, reproduce o transforma en interacciones ―con él y dentro de él― de actores con múltiples linajes en el sentido de estar “dentro y fuera del Estado” o en otros ámbitos. Los significados que se le imputan al Estado determinan partes del contenido legal, siendo que se espera cierta acción del Estado. En el mismo sentido, los significados sobre el Estado y las ramas que lo componen también afectan el proceso legal. Los actores sociales buscarán en las diferentes ramas del poder público caminos para incidir en la ley, proponiendo espacios en los que propiciar diferentes interacciones que promuevan su postura sobre la ley.
Según Crossley (2011), las interacciones tienen cinco dimensiones: i) la simbólica; ii) la afectiva; iii) la convención-innovación; iv) la estratégica; y v) la de intercambio-poder. La primera refiere a que en la interacción siempre hay lógicas de tipificación entre los actores, definición de identidades y situaciones compartidas y diferenciadas, así como un proceso de internalización de los roles de los otros. La dimensión simbólica tiene relación con el carácter performativo de toda interacción, la posibilidad de que los mensajes comunicados a través de la acción sean interpretados como auténticos o falsos por los demás participantes.
La afectiva, siguiendo a Crossley (2011), hace referencia a que los pensamientos, los recuerdos y las percepciones tienen y manifiestan un componente emocional. Incluso cuando se trata de interacciones neutrales, dicha neutralidad es en sí misma una expresión emocional. La convencionalidad e innovación hace referencia a que los actores se basan en convenciones para comunicarse, desarrollan rituales compartidos y participan en contextos institucionalizados. Las formas convencionales de interacción son flexibles, incluyen la improvisación y la innovación, especialmente cuando las convenciones dejan de funcionar o se rompen. Crossley (2011) precisa que las convenciones son innovaciones o improvisaciones sedimentadas del pasado, por tanto, toda innovación puede sedimentarse como convención.
La dimensión estratégica de la interacción se relaciona con la gestión reflexiva de las interacciones, se sopesan unos a otros, se proyectan hacia el futuro, logran predecir resultados favorables o no de una interacción y pueden buscar ventaja de las interacciones. Finalmente, toda interacción implica un intercambio-poder. Según Crossley (2011), las interacciones repetidas generan un valor de la relación para los actores, así como interdependencia entre ellos. Todos ganan o pierden algo en la interacción y esta ganancia o pérdida incluye equilibrios o no de poder.
Analizar las dimensiones que priman en cada cambio legal permite comprender cómo los actores se disponen a las interacciones futuras. La interpretación de la ley en una interacción dependerá de interpretaciones pasadas sedimentadas, de las emocionalidades expresadas, de la capacidad de repetición o creación, de la gestión reflexión mutua, o de las pérdidas/ganancias que deja una interacción frente al cambio legal.
El análisis de las dimensiones se justifica en la idea durkhemiana de que “la sociedad no se puede mantener unida por un acuerdo racional […] pues eso conduciría a una regresión infinita de pactos, necesariamente anteriores, que deberían cumplirse para hacer posible el acuerdo en cuestión” (Collins, 1995:302). De esta forma, una falla en la cadena de acuerdos haría imposible el funcionamiento social. Resulta más plausible, entonces, comprender que la sociedad se mantiene unida gracias a una sucesión infinita de interacciones que se interpretan como sagradas/profanas y que motivan la conservación o el cambio de la ley. Las dimensiones sirven para explicar en retrospectiva cómo fue el proceso legal en lo general y cuáles los resultados del cambio legal. En toda interacción asociada al cambio legal, participan actores cuyas vivencias sobre el pasado han dejado una expectativa sobre los resultados a los que se aspira en un presente y un futuro. Este análisis da relevancia al carácter procesual de la vida social, ayuda a entender que estas nunca inician desde cero y que se dan en las fronteras de una parte del pasado que se codifica en procesos sociales que da lugar a nuevas interacciones, y un presente caracterizado por la constante reavivación de la historia individual y colectiva.
El tiempo constituye una tensión en el presente de la experiencia y un horizonte de expectativas. “No hay expectativa sin experiencia, no hay experiencia sin expectativa” (Koselleck, 1993:336). Mientras que la experiencia constituye un espacio en cuanto totalidad a la que se puede acceder, la expectativa es un horizonte abierto, con infinidad de posibilidades diferentes.
Un enfoque procesual debe considerar las implicaciones de la historicidad de los actores, por cuanto dicha masa perdurable de individuos biológicos es una gran fuerza social (Abbott, 2016:15). Una parte de la historicidad se acumula en los linajes de cada actor, otra, en registros escritos que justifican la existencia de las instituciones y configuran récords, y una parte más se acumula en la memoria colectiva, en la forma de sedimentaciones históricas. Los linajes se activan en la interacción, los récords son consultados cuando surge una disputa sobre el statu quo, y las sedimentaciones históricas se evocan en la forma de dramas sociales que dan sentido a la vida común.
Las interacciones activan sedimentaciones históricas a través de narraciones que dan cuenta de posiciones morales. Los actores narrarán como justas algunas resoluciones de dramas anteriores mientras que llaman la atención sobre cómo otros dramas concluyeron en la continuidad de injusticias. En el análisis de la ley, los actores pueden citar desarrollos normativos cuyo carácter sagrado ha sido ampliamente compartido. También, pueden demandar innovaciones al interpretar qué normas prevalecientes son injustas o que siendo justas no son efectivas en su aplicación.
La capacidad de los actores para articular los elementos procesuales deriva de la existencia de sistemas de significación compartidos entre los participantes en las interacciones. La comunicación de narrativas sobre el pasado con el fin de buscar la permanencia o modificación del statu quo implica un esfuerzo de los actores por traducir sus linajes específicos, sus experiencias y sus expectativas, en esquemas de interpretación amplios que los demás actores puedan comprender y compartir. Estos esfuerzos hacen parte de disputas morales donde los actores buscan generar solidaridad entre linajes diferentes, dar nuevas interpretaciones o reactivar sentidos obviados a récords, y actualizar dramas sociales pasados.
Las disputas morales son tensiones entre actores, al definir algún aspecto del orden social como justo o injusto en el marco de estructuras de significación compartidas. Estas disputas conllevan oposiciones entre pureza e impureza que se homologan a series de significados y permean distintas formas de clasificación social (Durkheim, 2012). Según Douglas (1991), el polo puro contiene los elementos deseables del orden moral, mientras que el impuro refiere a aquello que potencialmente puede destruir el orden y generar caos, y cuyo peligro requiere ser conjurado ritualmente (Douglas, 1991). Alexander (2018) propone que la vida democrática se basa en una estructura cultural que sustenta procesos de exclusión e inclusión a partir de la oposición entre un polo puro orientado hacia ideales de autonomía y libertad, y un polo impuro que representa la opacidad y la opresión.
Las disputas morales y los procesos de inclusión/exclusión se desenvuelven a través de prácticas simbólicas que organizan el mundo social ―llevando incluso a polarización―. En este sentido, los procesos de cambio legal están embebidos en dicha dimensión simbólica. Durante mucho tiempo “las reglas de la moral y del derecho fueron indistintas de las prescripciones rituales” (Durkheim, 2012:464) y el origen de los efectos vinculantes en el derecho romano estuvo asociado al carácter mágico que emanaba de los rituales mediante los que se llevaba a cabo (de Sutter, 2017), hoy en día la sacralidad, además, se pone en juego en las interacciones de los actores que interactúan sus demandas.
Los procesos de cambio legal y la ley que resulta de estos son un reflejo de las diferentes disputas de inclusión/exclusión, son resultados de las disputas morales que tuvieron lugar en las interacciones societales y socioestatales. La ley condensa las aspiraciones morales de protección de aquello que se considera puro y las expectativas de acción del Estado. La ley condensa los efectos del pasado en el presente como formulaciones de las que se espera ampliar o corregir los márgenes de exclusión.
El rastreo de interacciones es una metodología cualitativa interpretativista que permite reconstruir un proceso social. Este método toma como punto de partida la identificación de los eventos cruciales ―cambios legales―. Posteriormente, se busca la identificación de las interacciones y las dimensiones que predominaron antes y después de cada evento crucial (Cardona Acuña y Portela García, 2023). Al realizar este tipo de análisis repetidamente en los diferentes cambios legales, se pueden reconstruir los elementos procesuales de la vida social que aparecen como evocaciones del pasado en el presente ―linajes, récords, sedimentaciones históricas―. En el mismo sentido, en cada punto de cambio legal se identifican las disputas morales. Esto permite reconstruir el orden moral o código cultural profundo que se debate cuando se busca la modificación de la norma. Para cumplir a cabalidad con estos componentes del análisis, fue necesario: i) sumergirse en el caso mexicano relativo a la regulación del cannabis, el contexto y su historia; ii) identificar eventos cruciales del cambio que se quiere analizar; iii) identificar los actores, sus linajes y las temporalidades de su acción respecto al cambio que se quiere analizar; iv) construir la narrativa histórica o secuencial del caso; y, finalmente, v) analizar las formas en las que interacciones y elementos procesuales inciden sobre el cambio analizado (Cardona Acuña y Portela García, 2023).
Se usan como fuentes de información los informes, pronunciamientos, opiniones y comunicados de prensa que tienen que ver con las ramas ejecutiva, judicial y legislativa. Asimismo, se usan los debates legislativos, los registros audiovisuales de convenciones y foros académicos que se llevaron a cabo desde iniciativas no gubernamentales con la finalidad de conocer los argumentos a favor y en contra de la legalización del cannabis desde distintas perspectivas. La información se analizó siguiendo las categorías teóricas mencionadas: cambios legales, elementos procesuales ―sedimentaciones, linajes y récords―, interacciones ―societales y socioestatales―, y disputas morales.
Los resultados de la investigación están organizados en siete subapartados en el siguiente orden: cambios legales; sedimentaciones, linajes y récords; interacciones ―societales y socioestatales―; y, finalmente, disputas morales. En el primer caso se busca presentar los cambios legales que se observaron en el periodo 2009-2021, en razón a la disponibilidad de información a la fecha de esta versión. El análisis del proceso para el periodo señalado permitió identificar los elementos históricos en el nivel colectivo, individual y documental, que se presenta en el apartado de elementos procesuales. Posteriormente, se describen las interacciones y las dimensiones predominantes en el ámbito de las relaciones societales y las socioestatales. Finalmente, se presenta una síntesis de las disputas morales identificadas.
Las leyes en materia de drogas de las primeras décadas del siglo XX fueron influidas por la presión y las tendencias prohibicionistas promovidas por EE. UU. desde mediados del siglo XIX. A decir de algunos autores, dichas políticas han desembocado en la gestación del tráfico ilegal de droga (Beltrán-Velarde e Íñiguez-Rueda, 2021). Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) delineó la política internacional de control de drogas con las convenciones Única de Estupefacientes (1961), de Sustancias Sicotrópicas (1971), y sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988), todas adheridas por México. Desde aquel entonces y hasta la fecha se catalogó al cannabis dentro del rango de las drogas más adictivas y perjudiciales.
En cuanto al cannabis, conocido popularmente en México y otros países de Latinoamérica como marihuana, es una de las drogas más consumidas en el mundo, y resulta ser de las menos adictivas en comparación con otras drogas ilegales -heroína, cocaína o la metanfetamina, por ejemplo- y legales -como el alcohol o el tabaco- (Majó-Roca et al., 2022). En México, la planta de cannabis ha sido catalogada por la Ley General de Salud como narcótico, estupefaciente y psicotrópico. Su regulación se fundamenta en el Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Código Penal Federal y en la Ley General de Salud, normas que contienen una reminiscencia del Código Sanitario de 1926 con que el que se patologizaba el uso de algunas drogas (Schievenini, 2021). Desde las primeras regulaciones a la fecha han sido diferentes los intentos por generar marcos legales para regular la producción, comercialización o consumo del cannabis.
Durante la presidencia de Vicente Fox, se reiteró una posición de lucha contra las drogas y se estableció el Plan Nacional para el Control de Drogas (Secretaría de Gobernación, 2002). La política de seguridad del periodo presidencial de Felipe Calderón, conocida como la “lucha contra las drogas”, siguió un modelo de seguridad nacional para el control del cultivo, la producción y el trasiego de drogas. Esta política estuvo acompañada por la reforma en materia de narcomenudeo que incluyó reformas en la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. Con la reforma se buscaba establecer un marco normativo sobre el uso, consumo y posesión de marihuana. Se buscaba despenalizar la portación de ciertas cantidades de drogas y establecer el marco de atención en salud para personas con consumo problemático. Según Beltrán e Íñiguez Rueda (2021), esta reforma no fue cumplida en la práctica y los policías siguieron deteniendo a usuarios de manera arbitraria y discriminatoria, lo cual criminaliza y estigmatiza a los consumidores, no a los traficantes.
Con la reforma se estableció en la Ley General de Salud una Tabla de Orientación de Dosis Máximas y Consumo Personal en que se fijaron las cantidades permitidas de posesión y de dosis para consumo personal que no son punibles, aunque algunas ameriten remisión ante las autoridades sanitarias. También definió que por encima de esas cantidades se puede considerar el delito de narcomenudeo o narcotráfico.
En las legislaturas LX, LXI, LXII y LXIII se presentaron varios proyectos de ley, como explica Kánter (2020):
En la legislatura LX (2009-2012): se presentaron reformas a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, introduciendo el concepto de reducción de daños; facultades al Consejo de Salubridad General para el uso terapéutico; investigación con participación de la academia.
En la LXII (2012-2015): se sometieron a dictamen seis propuestas; dos en Cámara de Diputados; dos en la Comisión Permanente, ninguna fue dictaminada, fueron retiradas y se llevaron a archivo definitivo.
En el periodo de Enrique Peña Nieto la tendencia cambió de manera general hacia la mitad del sexenio. Se abrió el debate nacional sobre la regularización de las drogas y la regulación gradual del cannabis en diferentes ámbitos y usos. De 2015 a 2018, en la LXIII Legislatura en ambas cámaras del Congreso de la Unión, se presentaron un total de 26 Iniciativas con Proyecto de Decreto en materia de cannabis con los siguientes resultados (Kánter, 2020):
Veintiuna desechadas por acuerdo de las Mesas Directivas en el Senado y la Cámara de Diputados.
Solamente la iniciativa del Ejecutivo Federal, presentada el 21 de abril de 2016 ante el Senado, fue dictaminada por las Comisiones de Salud, de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. El dictamen se aprobó por el Senado el 13 de diciembre de 2016 y se turnó a la Cámara de Diputados, donde sigue su curso hasta la publicación del Decreto el 19 de junio de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. El Decreto reformó la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, en materia de cannabis para uso médico, de investigación científica e industrial ―legalización del cannabis para uso médicos y aumento del gramaje de consumo adulto con fines recreativos de dos a cinco gramos.
Cuatro iniciativas de la LXIII no pasaron a dictaminación en el Senado de la República, y fueron retomadas en la legislatura LXIV.
Se identificó un total de 21 Iniciativas de Ley desechadas, una iniciativa aprobada, y cuatro Iniciativas de Ley pendientes para la siguiente legislatura.
En abril de 2017, el Congreso aprobó la reforma a la Ley General de Salud que autorizaba la venta, el cultivo y la importación de cannabis medicinal. Pese a la aprobación de la reforma, no fueron publicados los reglamentos que regularan el acceso, por lo que el cannabis medicinal continuó siendo inaccesible hasta 2021 (Beltrán-Velarde e Íñiguez-Rueda, 2021: 43). El 19 de noviembre de 2020, el Senado aprobó en lo general, con 82 votos a favor, 18 en contra y siete abstenciones, la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, con la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, por lo que se turnó a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, el 10 de marzo de 2021, se aprobó la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, con 250 votos a favor, 173 en contra y catorce abstenciones; no obstante, dado que hubo modificaciones al dictamen que había remitido el Senado, fue turnada al Senado para su ratificación (Capital 21, 2020).
En suma, durante el periodo analizado se identificaron diferentes iniciativas de cambio legal relacionadas con la regulación del cannabis en diferentes ámbitos y donde primaron diferentes discursos, a saber: i) el uso medicinal y terapéutico; ii) la descriminalización de consumidores productores; iii) el uso comercial del cannabis, el cáñamo y algunos derivados con fines cosméticos o industriales; y iv) las competencias de autoridades públicas en la certificación, vigilancia y control desde la cosecha hasta la defensa de los consumidores.
Los temas que se han incluido en las iniciativas incluyen: la regulación del ciclo productivo desde el cultivo hasta la portación y el consumo; los usos ―recreativo, asociaciones de consumo, comercial, investigación, médico o farmacéutico, paliativo, industrial―; el gramaje máximo permitido para uso lúdico; el número de plantas permitidas para cultivo; la creación de cooperativas de cannabis; la creación de institución para controlar el cannabis; la prohibición de venta y suministro a personas menores de edad; y la prohibición de la promoción y la publicidad relacionadas con el cannabis (Kánter, 2020:8).
El 12 de enero de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos, dando atribuciones a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para expedir las licencias de producción, investigación y prescripción de la marihuana con fines médicos. El reglamento incluye los permisos para profesionales que quieran hacer investigación medicinal del cannabis. Este reglamento abrió las puertas a la industria mexicana del cannabis medicinal. La norma regula la importación y exportación de fármacos y derivados, pero no incluyó las regulaciones con fines recreativos.
El 10 de marzo de 2021, con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y reforma la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, por lo que despenaliza el uso lúdico de la marihuana, la norma propone la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, pero los diputados descartaron dicha propuesta y establecieron que el Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC) regule la normativa sobre la cannabis (Capital 21, 2021).
El análisis del apartado de exposición de motivos de las iniciativas presentadas entre los años 2009 y 2021 mostró la evocación de dos formas de sedimentaciones históricas: unas de tipo internacional, relacionadas con los acuerdos que se tejen en torno a los esfuerzos que los Estados han acordado para tratar el problema de las drogas; y otras de tipo nacional, asociadas con las tendencias que van desde el prohibicionismo a la regulación en México. Se observa, además, que la sedimentación evocada por excelencia, en cuanto situación que nunca debería repetirse, es “la lucha contra las drogas”, siendo interpretada como un drama social que tuvo alto costo para la vida cívica del país.
Respecto a las sedimentaciones internacionales, se citan las tendencias de las primeras décadas del siglo XX, como la Conferencia Internacional del Opio (1912), que reguló la producción de opiáceos; así como las tendencias de las décadas del veinte y el treinta del siglo XX, cuando prevaleció un enfoque prohibicionista sobre las drogas. El sistema regulatorio internacional de las drogas establecido en 1925 con la Convención sobre Opio en Ginebra estableció el cannabis como la causa principal de la esquizofrenia en Egipto. La Oficina Federal de Narcóticos creada en 1930 en Estados Unidos, y que estableció el modelo prohibicionista en su territorio y fue ejemplo seguido en varios países del mundo durante más de 30 años; y la Marijuana Tax Act que estableció el impuesto al consumo del producto y un control estricto de su uso medicinal. Otra sedimentación fue la declaratoria del Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud sobre Drogas Narcóticas (1952), de que el cannabis no tenía funciones medicinales.
Dentro de las sedimentaciones históricas nacionales, López (2009) recuerda que desde a la época colonial se buscó la erradicación de las drogas y su uso en rituales, al tiempo que se incentivó el cultivo de algunas plantas demandadas en el mercado europeo. Según el mismo autor, se fomentó el uso de otras sustancias, como el alcohol. Y evoca que en el siglo XIX y principios del siglo XX el consumo de marihuana era frecuente y legal (López 2009:97-100). Se rememora también el hecho de que en el periodo de Plutarco Elías Calles se expidió el decreto para la regulación de varias drogas, y que en el año 1931 se establecieron los delitos contra la salud y se estableció el Reglamento Federal de Toxicomanía (López, 2009). Esta tendencia se mantuvo en diversas reformas al Código Penal y la política de seguridad asociada a “la lucha contra las drogas”. El modelo de regulación del presidente Lázaro Cárdenas, de 1940, eliminó decretos punitivos que consideraban el consumo, posesión y venta de drogas como un delito, pasando de la criminalización a la patologización.1 Estos hechos se evocan intentando mostrar cómo en la historia mexicana hay antecedentes de descriminalización del consumo.
De la historia reciente, resalta lo que ha sido denominado como “lucha contra las drogas”, para hacer referencia a la política de seguridad del presidente Felipe Calderón, quien estuvo en el poder del 1.º de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2012, llegando a la presidencia respaldado por el Partido Acción Nacional. El recrudecimiento de la violencia de dicho periodo y el incremento de las violaciones a derechos humanos se recuerdan como una etapa trágica de la vida nacional mexicana, que se retoma como una situación que no debe repetirse, por lo cual la regulación de las drogas es una vía para dicho propósito.
En suma, las sedimentaciones históricas de los ámbitos internacional y nacional se citan como situaciones ―a evitar o quizás a reconsiderar― para garantizar la vida democrática y la estabilidad nacional, debido a las afectaciones que tiene para estas el fenómeno de las drogas. Siendo las más importantes aquellas relacionadas con la violencia y la lucha contra la delincuencia, dejando en la memoria colectiva la relación del cannabis con delitos graves y daños sociales de gran magnitud.
Las interacciones societales han avanzado del conflicto a la cooperación y la solidaridad. Paulatinamente, se han generado y consolidado espacios de encuentro y negociación sobre los diferentes argumentos que deben debatirse sobre el cannabis en México. Algunos ejemplos de estas tendencias son la conformación de organizaciones o asociaciones, así como la realización de eventos, foros y encuentros sobre el tema. Resalta de manera especial la participación de una amplia gama de actores con conocimientos en áreas como el derecho, los derechos humanos, la salud, la farmacéutica o la salud pública.
El sector académico ha brindado conocimiento sobre el proceso en otros países, o las tendencias globales en la materia, por ejemplo. En estas interacciones prima la dimensión simbólica, en la que la autoridad académica de los actores sacraliza la exposición de los argumentos, las razones y las alternativas legales que se ponen a debate. Estas interacciones detonan la dimensión de innovación, pues un tema que se pensaría ajeno a los debates de la academia es retomado con rigurosidad, pluralidad e interdisciplina. Un ejemplo de estas interacciones es el Foro Internacional de Política de Drogas y Derechos Humanos, realizado el 15 de junio de 2019, organizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Friedrich Ebert Stiftung, y el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Este espacio inició con el análisis del panorama internacional de la política de drogas, los costos de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Se realizó una mesa del impacto del tema sobre grupos de población como mujeres, jóvenes, personas usuarias, población privada de su libertad y callejera. Participaron organizaciones o instituciones internacionales tales como la Global Commission on Drug Policy, la Drug Policy Alliance, y el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas del Ecuador.
Otro ejemplo fue el Foro Virtual México: Cannabis Legal con Justicia Social, promovido por la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD), realizado el 8 de septiembre de 2020, organizado con apoyo de Advocacy for Human Rights in the Americas (WOLA), International Institute. Participaron representantes del Center on Drug Policy, la Minority Cannabis Business Association, y la Transform Drug Policy Foundation del Reino Unido. El evento incluyó la participación de agricultores, personas usuarias de drogas, mujeres y pacientes. Finalmente, otro ejemplo fue la mesa redonda titulada “El uso de cannabis en la sociedad mexicana del siglo XXI”, organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el mes de abril del año 2023. Interacciones donde se detonó la dimensión afectiva de la interacción en el sentido de mantener el entusiasmo en el debate y la sensación de que se sigue avanzado en la discusión.
Las interacciones societales se han caracterizado por la dimensión de convencionalidad en la realización de eventos o manifestaciones, como es el caso de la Expoweed: La Feria del Cannabis en América; en octubre de 2023 se realizó la octava edición, un lugar de reunión e intercambio comercial y cultural relacionado con el cannabis, donde se socializa la situación actual del cannabis, los avances científicos y las tendencias mundiales. Otro ejemplo es la Semana Cultural Cannábica, que en el año 2022 se realizó por onceava ocasión y es organizada por la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis. El evento se realiza de manera simultánea en diferentes ciudades. En sus versiones anteriores participaron Guadalajara, Morelia, Tetecala, Tepoztlán, Baja California, Saltillo y la Ciudad de México. Suele coincidir con la Marcha Mundial del Cannabis o con la Marcha para la Liberación de la Mariguana, que el 6 de mayo de 2023 tuvo su XXIII versión. La marcha se ha realizado en coordinación con las ciudades de Guadalajara, León, Querétaro, Xalapa, Tijuana, San Luis Potosí, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y la Ciudad de México. Se desarrolla en el marco del Día Mundial por la Liberalización de la Mariguana, bajo lemas como “Acceso libre y universal al cannabis” o “Respeto a todos los usos y fin del acoso a las personas usuarias de cannabis”. Las interacciones en torno a la regulación detonan las dimensiones simbólicas y estratégicas. La primera, debido a que la participación de diferentes ciudades de la República dan la idea de que es un tema que traspasa las fronteras de la capital y el centro del país; la segunda, debido a que se da un mensaje de que serán cada vez más las entidades federativas las que se expresen a favor de este tipo de regulaciones.
Debido a que la mayoría de los espacios fueron caracterizados por la presencia de actores sociales nacionales e internacionales, que intercambian buenas prácticas, alternativas de solución y reflexiones interdisciplinarias, se constituyen en espacios de enseñanza/aprendizaje, colaboración e intercambio, lo que ha sentado bases para el acuerdo y la solidaridad frente a diferentes temas vinculados.
La interacción de los actores sociales con las diferentes instituciones del Estado también ha sido relevante. En estas interacciones han predominado las dimensiones estratégicas y de intercambio-poder. La primera, debido a que los actores sociales gestionan reflexivamente sus acciones con el Estado, siendo capaces de determinar cuáles son los resultados futuros posibles que existen al interactuar con una u otra rama del poder público. La segunda, porque las interacciones con las ramas del poder público han tenido resultados esperados que conllevan a seguir depositando expectativas sobre las estrategias y los resultados de estas.
En este tipo de interacciones sobresalen, por ejemplo, las interacciones con el Legislativo, el Judicial, el Ejecutivo y los organismos de derechos humanos. Algunos ejemplos de las interacciones con el Legislativo incluyen la realización de foros, informes y participación en el debate de algunas reformas. Dentro de los eventos están, por ejemplo el Foro para la Regulación de la Cannabis en México, en la Cámara de Diputados, del 13 al 15 de abril de 2009. En dicho foro participaron integrantes de la comunidad académica, científica, médica, cultural y de la sociedad civil, además de un grupo de diputados de distintos partidos.
También fue relevante, para abrir y profundizar la discusión, el debate tricameral de regulación del cannabis en Ciudad de México, titulado “De la Prohibición a la Regulación: nuevos enfoques en política de drogas”, realizado el 13 de septiembre de 2013. Fue impulsado por integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Se tomó como referencia el proceso de la regulación en Uruguay, Colorado y Washington D. C. en Estados Unidos, resaltando que el enfoque prohibicionista no disminuyó el consumo, sino que acrecentó el poder del narcotráfico y la ola de violencia.
Un ejemplo de la relevancia de las interacciones con el Ejecutivo se observó en el periodo del presidente Enrique Peña Nieto. El 9 de noviembre de 2015, el presidente instruyó generar un debate amplio con el propósito de que las diversas voces respecto al uso de la marihuana fueran escuchadas en un contexto de deliberación para definir las políticas y acciones que debe adoptar el Estado mexicano frente a este tema, en la discusión participaron representantes del poder ejecutivo y del legislativo. El alto nivel político del debate detonó las dimensiones estratégicas y de poder, mostrando que se trataba de un asunto prioritario en la agenda nacional.
El 12 de enero de 2016 se llevó a cabo el Debate Nacional sobre el Uso de la Marihuana. El Gobierno federal llamó a una deliberación nacional sobre la marihuana, por conducto de las secretarías de Gobernación y de Salud. Se convocaron para participar a especialistas, investigadores, académicos, profesionales de la medicina, derecho, psicología, integrantes de la sociedad civil y otras personas con calificación técnica. El debate se llevó a cabo con una amplia participación de ponentes y otros participantes de la sociedad civil, el presidente Enrique Peña Nieto y el Congreso de la Unión. En este debate, las posturas contrapuestas apoyaron tanto la legalización como la continuación de la prohibición del cannabis.
Por otra parte, el 19 de abril de 2016 se celebró el Debate General de la Sesión Especial de la ONU sobre el Problema Mundial de las Drogas, en el cual participó el presidente Enrique Peña Nieto, pronunciando la postura oficial de México: el objetivo es revisar la actual estrategia internacional y definir mejores soluciones, desde una perspectiva de derechos humanos, prevención y salud pública, priorizando el bienestar de las personas. También señaló que México es una de las naciones que ha pagado un alto precio en sufrimiento y vidas humanas debido al paradigma prohibicionista de las drogas, y que, a pesar de los esfuerzos y resultados, no está libre de la amenaza criminal, mientras la demanda internacional de drogas siga creciendo.
Las interacciones con el poder judicial se han caracterizado por el uso del amparo, algunos de los más conocidos se presentan en la tabla 1. Como se muestra, estos iniciaron con el reclamo del uso medicinal del cannabis. Con el paso del tiempo se han incluido temas como el uso lúdico y el uso con fines comerciales y de distribución. Dentro de las personas que usaron el recurso de amparo se encuentran familias, activistas y empresas. Algunos ejemplos de esto son el caso conocido como la Niña Grace y el de la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD).
El caso de Grace empieza en 2015, cuando sus padres, Raúl Héctor Elizalde Garza y Mayela Benavides Arriola, solicitaron al Consejo de Salubridad General (CSG) la importación y uso de un medicamento con cannabidiol (CBD), componente de la marihuana, para el tratamiento del síndrome de Lennox-Gastaut que padecía su hija Graciela Elizalde Benavides (Grace). El CSG rechazó su solicitud. Ante tal resolución, Raúl Elizalde interpuso un amparo con el cual consiguió, en septiembre de 2015, una suspensión de la resolución del CSG en tanto se resolvía el amparo, lo que permitió que se le pudiera suministrar el medicamento a la niña. El caso atrajo la atención de la prensa nacional y extranjera, como el Washington Post, lo que puso el tema en la agenda y el debate público. Finalmente, el 11 de agosto de 2016 se otorgó el amparo definitivo a los padres de la niña Grace para poder importar y suministrar el medicamento.
En el caso de MUCD, en 2015, la Primera Sala aprobó el primero de los cinco amparos que integrarían jurisprudencia y declararon la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta de cannabis. Este caso fue promovido por miembros de la MUCD. Ambos son interpretados como casos paradigmáticos en México, han sido estratégicamente planeados por actores sociales que detonan argumentos contra lo que califican como una imperante política prohibicionista, y resaltan la necesidad de relevar en el debate las libertades individuales (Beltrán-Velarde e Íñiguez-Rueda, 2021: 44).
Los casos han detonado tres dimensiones: la afectiva, la simbólica y la estratégica. La primera se observa sobre todo en relación con los casos de pacientes que buscan el tratamiento o control de enfermedades con derivados del cannabis, casos como el de Grace han puesto en el debate público que su enfermedad y sufrimiento debe ser causa suficiente para que se les permita el uso de los componentes del cannabis. La simbólica puede observarse más en el caso de personas que reclaman el uso recreativo, en particular porque se pone ante el público general la imagen de personas que ejercen soberana, autónoma y libremente decisiones sobre su vida. Finalmente, la dimensión estratégica se puede observar mejor en los casos de comercializadoras que, optando por las vías judiciales, reclaman la libertad de empresa y de generación de negocios relacionados con el cannabis y el cáñamo. Otros casos pueden observarse en la tabla 1.
Todos estos casos pusieron en el debate la necesidad de poner fin a la prohibición absoluta, argumentos para regular la producción, comercialización y distribución y el consumo lúdico. En suma, se observa que las interacciones con el Ejecutivo detonan sobre todo la dimensión de poder, en tanto que se ha visto el respaldo público al tema desde la máxima autoridad del país ―la Presidencia―. La interacción con el legislativo ha detonado sobre todo la innovación en lo que hace a la apertura de espacios para la negociación, el aprendizaje o el intercambio. Finalmente, la interacción con el poder judicial ha detonado las dimensiones afectiva, simbólica y estratégica. La primera, a través de buscar empatía ante el sufrimiento de los pacientes; la segunda, al debatir sobre los límites del Estado ante el ejercicio de la autonomía individual; y la última, debido a que se sientan precedentes judiciales como argumentos que serán citados con el paso del tiempo, en contraste con la interacción con el Legislativo, que logró, sobre todo, avances en materia comercial y de investigación.
Se observan al menos seis tipos de linajes ―o trayectorias individuales relevantes―, a saber: i) integrantes y representantes de partidos políticos; ii) sociedad civil que trabaja temas de salud, justicia o derechos humanos; iii) personas con enfermedades que pueden tratarse con derivados cannábicos; iv) organizaciones y organismos internacionales que promueven el tema; v) personas consumidoras del movimiento cannábico; y vi) promotores de la industria de derivados del cannabis y el cáñamo.
Dentro de los partidos políticos tradicionales resaltan el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) o el Partido del Trabajo (PT), y otros partidos de más reciente creación, como Movimiento Ciudadano o Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Las posturas de los partidos han tenido diferentes énfasis, los tres primeros han estado más vinculados a los procesos de regularización para la comercialización y los dos últimos han estado más ligados al consumo responsable y lúdico, como parte del ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Como explica Kánter, la mayoría (19) de las iniciativas identificadas en el periodo las presentó MORENA; cinco, el Partido de la Revolución Democrática; cuatro, el Partido de la Revolución Institucional; tres, el Partido del Trabajo; una, Movimiento Ciudadano; y otra, el Partido Acción Nacional (Kánter, 2020:5).
Los linajes de sociedad civil incluyen colectivos como la Red de Mujeres Forjando Porros Forjando Luchas, Maternidades Cannábicas, o la Colectiva Feminismo y Flow, que relacionan agendas derivadas del feminismo o los derechos de las mujeres; organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), que ha abanderado la interposición de amparos. Open Society, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, por ejemplo, promueven debates que articulan el tema de la regulación con la justicia, la impunidad, la seguridad o la defensa de los derechos humanos.
En lo que hace al uso medicinal, están las trayectorias de los actores relacionados con la Fundación Mexicana de Cannabis Medicinal, la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, que trabajan en promover la capacitación e investigación en torno a los usos médicos del cannabis. Resalta la organización Por Grace, la asociación civil que busca dar continuidad al proceso de legalización del cannabis medicinal y nace dando continuidad a las acciones iniciadas para que Grace Lizalde pudiera usar cannabinoides para el tratamiento del síndrome de Lennox-Gastaut.
En el caso de los linajes de personas consumidoras que promueven el uso lúdico están, por ejemplo, el Movimiento Cannábico Mexicano, que data del año 2001, Regulación por la Paz, la Sociedad Mexicana para el Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) o el Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas (CUPIHD), que operó como un think tank que propone la transformación de las políticas de drogas. Finalmente, en el linaje de promotores de la industria de derivados del cannabis y el cáñamo se encuentran el Grupo Promotor de la Industria del Cannabis, que trabaja en alianza con Cannabinoid Medicines, International Association for Cannabinoid Medicines, Connect to Cannabis, el Ecosistema Cannábico Mexicano o el Colegio Cannábico Mexicano.
Como se observa, los diferentes debates han estado promovidos por actores con linajes ―o trayectorias diversas― que con el paso de los años han fortalecido sus argumentos y sus acciones, aportando, desde los diferentes linajes, argumentos que amplían cada perspectiva que se ha puesto en juego. Esta diversidad de linajes ha sido fundamental para entender las diferentes estrategias de interacciones con el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial. Los diferentes linajes aportan una parte importante de la explicación de cómo han surgido diferentes temas relacionados con el uso lúdico, medicinal, comercial del cannabis.
Estos pueden ser clasificados en tres categorías: i) según su lugar de origen en: nacionales e internacionales; ii) según el tipo de récords en: normas o informes; y iii) por la relevancia, prestigio o reconocimiento de los actores responsables de su elaboración en: organismos internacionales o actores ―sociales o institucionales―, se trata de un prestigio del que emana el valor simbólico significativo al récord. Los tres tipos de récords almacenan los argumentos a favor y en contra vertidos en la discusión. Estos se invocan o citan como textos que deben ser consultados y usados como fuentes sagradas que sustentan las diferentes posturas a defender, que eventualmente explican la polarización que hay en el tema.
En el ámbito internacional resaltan, por ejemplo, la Convención Única de Estupefacientes (1961), la Convención de Sustancias Sicotrópicas (1971), y la Convención sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988). También el documento final del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas celebrado en 2016 en Nueva York, en el cual se establecieron diferentes recomendaciones relativas a la atención en salud; la disponibilidad de sustancias con fines médicos; la aplicación eficaz de la ley y la lucha contra la delincuencia; cuestiones intersectoriales sobre las drogas, los derechos humanos y grupos de población, por mencionar algunos aspectos. También se encuentra una citación constante de textos más recientes, como el informe The War Report Armed Conflicts de 2017 de la Academia de Ginebra, que calificó el combate al crimen organizado como un conflicto armado no internacional, reforzando en el debate la necesidad de revisar medidas alternativas a la lucha armada contra las drogas, tales como la regularización del mercado y el consumo.
Se citan también informes de la Organización SOS, que analiza el lugar de los países en la producción de cannabis, o los Reportes Mundiales de Drogas de la Oficina de Naciones Unidad contra la Droga y el Delito, algunos de los cuales ubican a México como uno de los principales productores de cannabis, argumentos que se usan para mostrar la urgencia de la regulación.
Otro ejemplo de los informes internacionales es el de la Comisión Global de Política de Drogas (2018), en el que se sostiene la necesidad de lograr modelos de regulación apropiados a los contextos nacionales y locales; en particular, tomando en consideración los marcos institucionales, sociales y culturales, y buscando una regulación incremental de drogas de menor a mayor potencia, como fue el caso del alcohol o el tabaco.
En el ámbito nacional, uno de los récords más relevantes es el Artículo primero constitucional derivado de la reforma sobre derechos humanos del año 2011. Este refuerza el marco de protección, los argumentos y las reglas de interpretación jurídica como el principio pro persona, la interpretación conforme o el principio de igualdad y no discriminación.
También son relevantes las Encuestas Nacionales de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, las cuales suelen ser un récord multicitado para ilustrar el incremento de los consumos promedios o la prevalencia en el uso del cannabis, cifras que se usan para argumentar que deben existir marcos de protección y regulación del consumo.
Los récords relacionados con reportes nacionales incluyen, por ejemplo, el Informe sobre la legalización del consumo, producción y comercialización de las drogas, del cual emanan argumentos para el debate durante la LXII legislatura de la Cámara de Diputados. El informe Drogas y Derechos Humanos en la Ciudad de México 2012-2013, de la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el que se conjugaron esfuerzos de este organismo de protección de derechos humanos, el Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas (CUPIHD) y Open Society Foundations.
Estos tres tipos de récords se citan en la fundamentación y motivación de las diferentes propuestas de cambio legal. Son relevantes para comprender cuál es el origen, la evolución, la ampliación y la asociación entre los diferentes temas relacionados con la regulación del cannabis, las razones que se esgrimen en su defensa o ataque, así como para ilustrar la magnitud e intensidad de los problemas que se esperaría resolver con los cambios legales.
El debate sobre las drogas en general, y el cannabis en particular, ha estado marcado por diferentes posturas morales. Estas visiones reflejan las diferentes expectativas sobre cómo debe abordarse el tema (Neuman, 1991). Posturas a favor y en contra han marcado la historia del debate (Gamboa, 2013), algunas de las principales disputas se pueden clasificar en cinco ejes: i) el impacto o no de la regulación en la seguridad; ii) el cannabis como cura o como causa de enfermedades; iii) la autonomía individual frente a la incapacidad de autocontrol individual; iv) el control de calidad de las drogas o la promoción del consumo; y v) la criminalización de personas consumidoras o la persecución de los traficantes.
En la primera disputa moral, se debate sobre cómo la prohibición absoluta ha sido causante del incremento de la violencia desde 2006, así se ha señalado que la regulación no garantiza la desaparición total de los traficantes o la pérdida de poder adquisitivo por parte de los carteles. Por otro lado, se esgrime que la eliminación de algunas prohibiciones es una vía para una regulación incremental, bajo el entendido de que la regulación de las drogas abonaría a la reducción de las causas de la violencia. Así se aboga por la regulación, la descriminalización y la despatologización.
En la disputa en el ámbito de la salud, por un lado, se han explicado los beneficios para la salud del uso médico para el tratamiento de enfermedades como algunos tipos de cáncer, diabetes, glaucoma, epilepsia, ansiedad, depresión, trastorno del sueño, dolor crónico, esclerosis múltiple, náuseas y vómito, asma bronquial, isquemia cerebral, síndrome de Tourette y enfermedades terminales. Por otro lado, se sostiene que el consumo del cannabis puede ser la puerta para otras adicciones, y se advierte de la relación del cannabis con enfermedades mentales como ansiedad o depresión, psicosis y esquizofrenia ―en particular en sujetos con predisposición a estas patologías―; así como enfermedades del aparato respiratorio, incluyendo determinados tipos de cáncer, así enfermedades del corazón, como arritmias.
En la disputa moral sobre las libertades hay una tensión entre los argumentos de defensa del uso lúdico personal, colectivo o estatal, y su relación con los derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad, la libre determinación o la autonomía; y una percepción de que persiste cierta incapacidad de las personas para hacer ejercicio de su autocontrol, por lo cual se debe prohibir el uso del cannabis para cerrar las puertas al consumo de otras drogas y al consumo problemático.
En la disputa sobre el control de calidad de las drogas o la promoción del consumo, la regulación se ha visto como una alternativa para el control de las sustancias que se consumen evitando la circulación de sustancias adulteradas (Gamboa 2013), al mismo tiempo que se ve como una postura permisiva que incita al consumo, e incluso puede implicar la desatención a personas usuarias o con adicciones.
Finalmente, en la disputa sobre la criminalización de personas consumidoras o la persecución de los traficantes, por un lado, se sostiene que la regulación puede reducir la criminalización de las personas consumidoras y las detenciones por portación de estupefacientes como delito contra la salud, lo que podría dar un trato igual a consumidores y a traficantes. En este tema se ha puesto sobre la mesa la sobrepoblación en cárceles y la lentitud en la aplicación de justicia, abriendo la discusión a las penas alternativas. Por otro lado, se argumenta que ambas son medidas necesarias para contener todos los problemas que acarrea el cannabis.
Pese a estas disputas morales, parece que hay cierto acuerdo entre la mayoría de los actores relacionados con el debate, en temas como la producción y la comercialización. Así, por ejemplo, se sostiene que la producción comercial del cannabis, y las subindustrias que dependen de este, favorecen a empresas que realicen e inviertan en protocolos de investigación relacionados con el cannabis. Asimismo, se ha dicho que evitan la producción bajo condiciones inapropiadas, reducen otras actividades ilegales tales como la extorsión a funcionarios de seguridad o el uso de la violencia.
En suma, las disputas morales han puesto en duda las capacidades del Estado para el control del tráfico ilegal de drogas, la violencia que este puede desatar o el consumo de drogas. Asimismo, se ha puesto en el centro del debate qué tipo de actor social está detrás del consumo; por un lado, uno autónomo, capaz de regularse a sí mismo y consumir; o, por otro lado, uno que requiere de la vigilancia, tutela o control del Estado, por ser incapaz de autorregularse. Se sacraliza y demoniza el cannabis, como curativo o contaminante, como sanador o como factor de enfermedad; finalmente, se exalta como producto comercializable.
Este tipo de análisis complementa los hallazgos de disciplinas como el derecho, los derechos humanos, la comunicación o la medicina. Brinda una mirada en la que se analiza el cambio legal como un producto derivado de las interacciones, los elementos procesuales de la vida social y las disputas morales. Las interacciones societales y socioestatales, y las diferentes dimensiones que se detonan, brindan una mirada microsocial del cambio legal. El enfoque ayuda a comprender los efectos del paso del tiempo en las relaciones presentes y futuras. Los elementos procesuales de la vida social revelan cómo sedimentaciones, linajes y récords ―la historia colectiva, la trayectoria individual y la memoria escrita, respectivamente―, son citaciones que se evocan para explicar el apoyo o rechazo a los cambios legales, las demandas que los inspiran y, sobre todo, los criterios que determinan que un cambio legal responde o no a la demanda social. Finalmente, la mirada sobre las disputas morales refleja las diferentes expresiones de lo sagrado y lo profano que se busca proteger o conjurar en la ley y, por tanto, en la vida común. Investigaciones futuras con este enfoque podrían profundizar en las vertientes simbólicas que dan cuerpo a los dramas sociales del pasado que se invocan como advertencias del presente, así como en un análisis más a fondo sobre los argumentos que se vierten en los récords y en el potencial simbólico que hay tras sus autores, sobre la polarización en medios digitales, sobre las interacciones cotidianas sobre el tema o el análisis del lenguaje en dichas interacciones.
