Introducción

El surgimiento y desarrollo del Sistema Educativo Mexicano ha estado atravesado por distintos discursos político-educativos que han marcado las políticas, estrategias y acciones emprendidas en la educación. Para Cruz Pineda (2019), el discurso es una disposición social que destaca la dimensión política y refiere a toda práctica social como generadora de sentido y de significados que circulan entre las personas. Al respecto, Martinis López (2009) precisa que lo político-educativo en el discurso alude a la relación existente entre lo político, definido como el conjunto de normas y actores que toman decisiones, y lo educativo, relacionado con las finalidades que persigue la educación. Lo anterior, permite conocer la manera en que se ponen en acto los sentidos y significados establecidos en las normas entre los actores a los que se dirigen dentro de un escenario, producto de condiciones históricas, sociales, económicas y políticas particulares.

En el caso de México, puede ubicarse analíticamente la prevalencia de tres discursos en la política educativa. El discurso de expansión educativa caracterizado por un proceso de crecimiento del sistema educativo, el cual tuvo lugar en nuestro país en medio de conflictos armados, políticos e ideológicos propios de la época cuya concreción se dio entre fines del siglo XIX e inicios del XX a la par del proceso modernizador del Estado. En este discurso, la escuela se convirtió en un instrumento para forjar la identidad nacional desde una política con una base cultural unificada tendiente a la homogeneización ideológica, cultural y lingüística. Asimismo, se generaron acciones centradas en organizar y regular la escolarización y el funcionamiento general del servicio educativo; crear más escuelas, distribuir más libros y contar con más docentes con el objetivo de avanzar en la construcción de un sistema de educación pública en el país (Ducoing Watty, 2020).

Hacia finales del siglo XX y hasta casi la segunda década del siglo XXI, en un contexto neoliberal caracterizado por el cambio en las reglas del mercado, del trabajo y del uso de las tecnologías, México experimentó un cambio de discurso: el de la calidad educativa enmarcado en el Movimiento Global de Reforma Educativa (GERM, por sus siglas en inglés) que apela a la racionalidad técnica de la educación y privilegia la realización de pruebas estandarizadas de alto impacto. Desde este modelo de política de calidad, la educación es reducida a un producto valorado a través de evaluaciones que, según esta perspectiva, proporcionan resultados medibles y permiten valorar la efectividad de la educación (Angulo Rasco, 2021; Cruz Pineda, 2019).

Este discurso fue inscribiéndose de manera paulatina en nuestro país desde la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB, 1992) y vio su mayor expresión en la reforma educativa de 2013. Desde este discurso se primó una orientación instrumental de la educación revestida por una lógica competitiva que puso en circulación términos como calidad, eficiencia, eficacia, certificación, evaluación, a los que más tarde se agregaron otros como aprendizajes esperados, logros, mérito y desempeño (Cruz Pineda, 2019), mismos que atravesaron las acciones dirigidas al currículo, la formación y el desarrollo profesional docente, el aprendizaje, la organización y gestión escolar. Esto provocó que la calidad educativa se malinterpretara confundiéndola con los resultados obtenidos en las evaluaciones y que se fuera fincando un clima de desconfianza hacia la educación pública y el magisterio (Cruz Pineda, 2019; González Ortega, 2021).

Frente a este escenario y derivado de la incapacidad del modelo de calidad para dar respuesta a las sociedades complejas y heterogéneas, fue necesario hacer un viraje en el discurso político-educativo desde un modelo de política alternativo: el de la mejora. De acuerdo con Bolívar (2023) y Escudero, González y Rodríguez (2014), este modelo comenzó a plantearse a inicios de 2000 con la finalidad de dotar a las políticas de un alto componente de conciencia ética sobre la educación, apostando así por la defensa de la escuela pública y la garantía del derecho a la educación sin exclusión alguna, considerando las desigualdades y diversidades existentes en los sistemas educativos.

Con ello, la mejora se concibe como un sendero hacia la excelencia y está anclada a principios como justicia, equidad y democracia con la finalidad de reconocer y garantizar el derecho esencial de todas las personas a una buena educación (Escudero, González y Rodríguez, 2014). A diferencia del modelo de calidad, este propone la construcción de políticas sistémicas que, desde una visión integral, una perspectiva humanista y una regulación participativa y horizontal, coadyuven a la mejora educativa y el cumplimiento del derecho a la educación (Bolívar, 2023).

Bajo este posicionamiento, en 2019, México experimentó un proceso de transformación educativa que implicó transitar hacia un discurso político-educativo distinto, el de la mejora continua de la educación, con base en el cual se plantearon diversos cambios y la creación de un Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (SNMCE) coordinado por un nuevo organismo: la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) a la que le fueron asignadas atribuciones específicas en materia de mejora educativa.

El objetivo de este artículo es analizar los avances y dificultades vislumbradas en materia de mejora educativa, así como poner en perspectiva el trabajo realizado por Mejoredu ante el inicio de una nueva gestión que ha señalado la importancia de darle continuidad al proyecto educativo vigente.

Una nueva política educativa: pretensiones normativas

En 2019, México emprendió una reforma educativa vinculada con un proyecto de transformación social amplio, orientado a contrarrestar las desigualdades existentes y lograr una mayor equidad e inclusión. Esta reforma se respaldó en una consulta abierta y democrática a partir de la realización de foros en los 32 estados de la república donde participaron docentes, investigadores del campo educativo, madres y padres de familia, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores.

A nivel normativo, estos cambios se asentaron en las modificaciones a los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la Ley General de Educación (LGE) y la Ley Reglamentaria del Artículo 3^o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Mejora Continua de la Educación (LRMCE).

Esta reforma pone en el centro a niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ), quienes son considerados como sujetos de derecho a una educación universal, inclusiva, pública, gratuita, laica y obligatoria desde el nivel inicial hasta la educación superior, con un enfoque humanista e igualdad sustantiva que reconoce a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y la transformación social (CPEUM, 2024).

Para lograrlo, el Estado se compromete a garantizar los materiales didácticos, la infraestructura y las condiciones necesarias; determinar planes y programas de estudio contextualizados, con perspectiva de género, que promuevan la participación y favorezcan el desarrollo integral mediante un carácter didáctico y curricular diferenciado; además de fortalecer las instituciones públicas de formación docente, generar condiciones para la revalorización del magisterio y avanzar hacia una formación continua que redunde en la mejora de los procesos educativos (CPEUM, 2024; LGE, 2019).

Estos planteamientos están articulados a la Nueva Escuela Mexicana (NEM) que busca la equidad, excelencia y mejora continua a través de una resignificación de la educación donde se promueve la formación integral de NNAJ mediante el reconocimiento de la escuela como centro de aprendizaje comunitario y el carácter profesional de la docencia (LGE, 2019).

En este engranaje, la reforma de 2019 establece la creación de tres sistemas adicionales que guardan relación con el Sistema Educativo Nacional (SEN) (CPEUM, 2024; Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros [LGSCMM], 2019; LRMCE, 2019):

• El SNMCE es definido como el conjunto de actores, instituciones y proceso estructurados y coordinados que contribuyen a la mejora educativa.

• El Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización (SIFCA) garantiza el derecho del magisterio a acceder a opciones formativas cuyos contenidos estén elaborados con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, y que consideren los contextos locales, regionales y las condiciones de vulnerabilidad social.

• El Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (SCMM), que es un instrumento del Estado para garantizar el acceso del personal educativo a una carrera justa y equitativa.

En el caso específico del SNMCE, su creación implicó dejar atrás el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE) para dar paso a la construcción de otro sistema cuyo objeto es contribuir a garantizar la excelencia y equidad de los servicios educativos para propiciar el desarrollo integral del educando mediante la incidencia en siete principios (LRMCE, 2019): el aprendizaje de NNAJ; la mejora continua de la educación; el reconocimiento de maestras y maestros como agentes fundamentales; la búsqueda de la excelencia; la integralidad del SEN; la cobertura universal en todos los tipos y niveles educativos; la participación social y comunitaria.

El SNMCE es coordinado por Mejoredu, que es un organismo público, descentralizado y con distintos ámbitos de autonomía. Es importante señalar que su autonomía orgánica y técnica no sugieren que sea un órgano autónomo constitucionalmente creado. La Comisión está bajo la tutela del Poder Ejecutivo y la vigilancia del Poder Legislativo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de las disposiciones normativas aplicables.

A Mejoredu le fueron asignadas atribuciones que pueden agruparse en dos ejes: a) el normativo, en el que se destacan atribuciones vinculadas con la emisión de lineamientos, criterios y sugerencias en torno a la mejora de las escuelas, la educación inclusiva y de adultos, la formación continua y el desarrollo profesional docente, los planes y programas de estudio, los resultados de aprendizaje, entre otras; y b) el eje de generación del conocimiento en el que se agrupan atribuciones referentes a la realización de estudios e investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del SEN, además de la determinación de indicadores de resultados que, en su conjunto, inciden en algunos de los principios del SNMCE (LRMCE, 2019).

Como se observa, el ámbito de actuación de Mejoredu es meramente cognoscitivo y regulatorio mas no operativo, lo que implica darle un sentido vinculatorio a su quehacer. Al respecto, la LRMCE (2019) señala como mandato de Mejoredu el proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y de las entidades federativas para la atención de las necesidades en la materia. Tanto esta Ley como la General de Educación (LGE, 2019), proponen un trabajo vinculante en distintos rubros como planes y programas de estudio, educación inclusiva, cultura de la paz y no violencia, formación continua, evaluación, entre otros, en los que las autoridades educativas deben considerar lo que formule la Comisión, o bien, solicitar o brindar información sobre algunos de estos temas.

De acuerdo con Aguilar (2020), en tanto las atribuciones que le fueron conferidas a la Comisión están sujetas a la validación y aceptación de otros decisores y actores con diversidad de expectativas y exigencias, lo que importa no es solo que Mejoredu dé cumplimiento a ellas, sino que lleve adelante actividades políticas de interlocución, concertación y consenso que hagan posible la mejora continua de la educación en todo el país.

Lograr este cometido no ha sido un trayecto sencillo para Mejoredu por varias razones: por la complejidad de la educación cuyos problemas no pueden ser atendidos más que en modo sistémico a través de la acción conjunta entre actores y dependencias. Por los discursos, creencias y prácticas sedimentadas en los niveles macro, meso y micro que se ponen en tensión con este modelo de política. Por los distintos grados de injerencia que tiene cada actor en la educación del país, lo que ha implicado darle identidad y presencia a la Comisión y posicionarla como un organismo comprometido con la educación.

Así, la participación de Mejoredu en este proceso de cambio educativo ha tenido diversos avances y contribuciones en materia de mejora educativa, así como desafíos en su operación.

El camino andado: avances y contribuciones desde Mejoredu

En la corta existencia de este organismo se han llevado a cabo distintos proyectos que, en el marco de sus atribuciones, contribuyen al pleno cumplimiento del derecho a la educación de todas y todos los mexicanos; a la revalorización del magisterio y a la mejora de las escuelas desde el Sistema Nacional de Mejora que coordina.

Para ello, Mejoredu construyó en sus inicios un marco de referencia que guía su actuar y da contenido a la mejora, concibiéndola como un “proceso progresivo, gradual, sistemático, diferenciado, contextualizado y participativo, que se orienta a garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación a todas las personas que habitan nuestro país” (Mejoredu, 2020:16). Esta concepción se vincula con un horizonte de mejora constituido por dos pilares: una buena educación con justicia social y una educación al alcance de todas y todos, que permite garantizar de forma integral el derecho a una educación aceptable y común, equitativa, disponible y accesible.

Así pues, se plantea que una educación se encuentra orientada a la mejora cuando garantiza plenamente este derecho tomando en cuenta su carácter diferencial, esto es, la diversidad de características, motivaciones e intereses de NNAJ; contextualizado en tanto considera el aspecto territorial, económico, político, social y cultural, y participativo porque involucra diferentes actores y abre espacios de participación para la generación de ideas y la toma de decisiones. Esto conlleva la construcción e implementación de acciones que conduzcan a esa mejora de manera progresiva abarcando varias escuelas y diferentes ámbitos; gradual a través de un cambio constante y sostenido; y sistemática en tanto cada acción se fundamenta en un proceso organizado que posibilita realizar ajustes, ubicar y tomar conciencia de nuevos problemas, necesidades e intereses (Mejoredu, 2020).

Esta perspectiva implicó re-conceptualizar tres objetos de la educación en los que Mejoredu tiene injerencia para apelar a la visión humanista, de justicia social y mejora establecida en el artículo 3º Constitucional. Para este organismo, la mejora de las escuelas tiene lugar primordial en el cambio educativo pues es el espacio donde se ponen en acto las políticas educativas, por lo que su mejora no se ciñe al inmueble escolar. Desde una visión holística, la mejora de las escuelas considera diversas condiciones y procesos para alcanzarla, los cuales abarcan desde una infraestructura adecuada y digna hasta la participación de los actores educativos de la comunidad escolar (Mejoredu, 2020).

Asimismo, a partir de una concepción de mejora, se ha impulsado una nueva cultura de la formación continua que supere la lógica carencial, instrumentalista y burocrática arraigada durante 30 años en el SEN para dar paso a un enfoque de formación situada orientada por una visión concurrente, participativa y de mediano plazo (6 años) que reconozca a las y los docentes como profesionales autónomos y reflexivos; considere el contexto y el territorio en que desarrollan su práctica; atienda las particularidades y etapas de cada figura educativa y propicie una formación que recupere sus conocimientos y saberes, favorezca el diálogo y el aprendizaje práctico, colaborativo y reflexivo (Mejoredu, 2021).

De igual forma, frente a la evaluación externa, arbitraria, clasificatoria y con consecuencias de alto impacto edificada desde finales de la década de los noventa, Mejoredu se ha propuesto resignificar la evaluación de manera que permita atender a su carácter diagnóstico, formativo e integral. Con ello, se aporta conocimiento contextualizado y se ofrece retroalimentación que permita tomar decisiones y realizar ajustes en beneficio de las comunidades escolares, el Sistema Educativo Nacional y las políticas educativas (Mejoredu, 2022).

Con sustento en estas bases conceptuales, Mejoredu dio atención a las atribuciones que le fueron conferidas por ley, en condiciones específicas: inició a trabajar en septiembre del 2019, cuando se promulgó la Ley Reglamentaria y seis meses después adecuó su trabajo a distancia por la emergencia sanitaria.

El inicio de Mejoredu y la llegada de la pandemia por covid-19

A inicios de 2020, Mejoredu realizó un primer acercamiento institucional con las autoridades educativas federal y de las entidades federativas para dar a conocer sus proyectos y actividades institucionales previstas, así como establecer la construcción de una agenda de trabajo colaborativo dentro del SNMCE y de sus atribuciones.

No obstante, la llegada de la pandemia por covid-19 implicó modificar el rumbo trazado para primar el acercamiento con los docentes, las comunidades escolares y las autoridades educativas. Con base en esto, Mejoredu publicó las 10 sugerencias para la educación durante la emergencia por COVID-19; organizó la transmisión de dos ciclos iberoamericanos y abrió foros que permitieran a los actores escolares y educativos compartir sus experiencias durante el confinamiento para guiar la educación remota de emergencia.

En este contexto, se difundieron documentos y talleres de formación emergentes dirigidos al fortalecimiento de la función docente, directiva y de supervisión de educación básica y media superior. De igual manera, se realizaron estudios sobre las experiencias de maestros, estudiantes, directivos y autoridades durante la contingencia sanitaria y se emitieron sugerencias y materiales prototipo para apoyar la educación.

Este periodo de aislamiento escolar reafirmó la importancia de dotar a la educación de un sentido de justicia social que la posicionara como un derecho humano fundamental, lo que implicó que Mejoredu replanteara su actuar frente a la mejora y el sistema que coordina.

Mejoredu en el periodo de pospandemia

El regreso a las actividades presenciales permitió que este organismo diera continuidad a las actividades programadas en su planeación, lo que se reflejó en la aprobación de instrumentos normativos en materia de formación continua de docentes, evaluación y planes y programas de estudio, tales como:

• Los Criterios generales de los programas de formación continua y desarrollo profesional docente, y para la valoración de su diseño, operación y resultados en educación básica y media superior (CGPFCDPD) que definen las bases para formular los programas desde un enfoque situado. Estos criterios se desprenden del Plan de Mejora de la formación continua y desarrollo profesional docente 2021-2026 (Mejoredu, 2021) y permitieron la publicación de los primeros programas de formación elaborados desde Mejoredu.

• Los Lineamientos específicos para la realización de las evaluaciones diagnósticas de las y los alumnos de educación básica, que establecen los procedimientos para realizar evaluaciones que ofrezcan información sobre el aprendizaje del alumnado y permitan promover acciones de mejora. Su elaboración tiene su fundamento en el Modelo de Evaluación diagnóstica, formativa e integral. La evaluación al servicio de la mejora continua de la educación (Mejoredu, 2022).

• Las Sugerencias para el regreso a clases, para la mejora del plan y programas de estudio de educación básica, y para la mejora del Marco Curricular Común en educación media superior, sustentadas en una visión amplia de la educación y las escuelas.

Como parte de las atribuciones de generación del conocimiento e información, durante este lapso, Mejoredu publicó indicadores educativos y cuadernos temáticos con información estadística sobre discapacidad y formación de profesionales de la educación. Asimismo, realizó mesas de diálogo y reuniones de trabajo para poner en perspectiva dos temas sustanciales: la evaluación y la educación de NNAJ migrantes. Reafirmando, con ello, su compromiso con la educación del país y con los sectores vulnerables.

Hacia finales de 2022, el país experimentó un proceso de transformación curricular para concretar la Nueva Escuela Mexicana en las aulas, lo que se reflejó en la emisión del Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria y el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior, documentos sobre los que Mejoredu previamente había emitido sugerencias y recomendaciones que contribuyeran a su fortalecimiento en congruencia con los planteamientos constitucionales.

Mejoredu en el proceso de transformación curricular y en la actualidad

Toda vez que se aprobaron y dieron a conocer los planes y programas de estudio aplicables para la educación básica y media superior, Mejoredu difundió sugerencias y materiales prototipo, así como intervenciones formativas emergentes para docentes y directivos, con el objetivo de facilitar la comprensión y puesta en práctica de los planteamientos expresados en los documentos curriculares. De igual manera, llevó a cabo un estudio cuantitativo-cualitativo de seguimiento a los procesos de conocimiento y apropiación del Plan y programas de estudio de educación básica que posibilitó observar la multiplicidad de experiencias que se produjeron en la transición curricular y fundamentar la elaboración de otros productos, entre ellos, la evaluación diagnóstica y formativa en la que actualmente se trabaja para que permita considerar la transversalidad entre campos formativos, los diferentes contextos escolares y comunitarios, y las experiencias de vida a partir de las cuales se construyen los aprendizajes.

De manera paralela, en Mejoredu hemos seguido trabajando para contribuir al SNMCE mediante avances normativos como la elaboración de programas de formación continua para la educación básica y media superior que, a la fecha, suman 10 y la aprobación de Lineamientos para la innovación de materiales educativos y otros para la mejora de las escuelas. A lo que se añaden avances en materia de generación de conocimiento e información que, actualmente, pueden visualizarse en los estudios e investigaciones publicadas en temas educativos sustanciales como la atención educativa de la niñez migrante, la violencia escolar, el involucramiento parental, la caracterización de las y los profesionales, entre otros. Y la generación del Sistema de Información para el Seguimiento de la Mejora Continua de la Educación (SI-MEJOREDU), cuyo objetivo es poner a disposición de diferentes actores educativos información relevante del SEN.

El trabajo referido no hubiera sido posible sin la participación de los equipos técnicos de la Comisión, los actores, las comunidades escolares y las autoridades educativas. A nivel macro, interesa destacar el trabajo colaborativo y vinculante que este organismo ha establecido con las autoridades educativas federal, estatales y de la Ciudad de México, quienes nos han permitido acercarnos con los mandos medios y con quienes día a día trabajan en la educación del país: maestras, maestros, personal directivo y de supervisión. Esta vinculación y colaboración se ha visto reflejada en la firma de 36 convenios y de 175 acciones efectuadas en 2022, además de las 149 acciones desarrolladas en 2023, trabajo que, en su conjunto, ha propiciado la realización de reuniones estratégicas, actividades académicas, consulta e interlocución con actores educativos clave, difusión de productos institucionales, formación de cuadros técnicos de las secretarías de Educación estatales y desarrollo de proyectos conjuntos que se visualizan en las contribuciones antes descritas.

Con ello, la Comisión reconoce que el tránsito hacia la mejora educativa desde una perspectiva de justicia social requiere no solo de un cambio de mentalidad y de discurso, sino también de voluntad política que se traduzca en acciones, decisiones y prácticas que permitan concretarla desde el nivel macro hasta el micro, lo que conlleva un alto nivel de corresponsabilidad, compromiso y liderazgo entre el Estado, los organismos e instancias en materia educativa, la ciudadanía y las comunidades escolares. En este camino, Mejoredu ha realizado contribuciones para orientar una educación equitativa, de excelencia y de mejora continua. No obstante, también se identifican algunos desafíos que requieren analizarse a la luz de la posible continuidad del proyecto educativo en el próximo cambio de gobierno.

Del camino andado: desafíos

Tener como eje la mejora continua de la educación y, más aún, la coordinación de un Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación implica la necesidad de un trabajo conjunto, no solo al interior del equipo técnico que integra la institución, sino también al exterior de esta, lo que demanda la necesidad de tejer redes de colaboración y proyectos con autoridades educativas. Aguilar (2020) señala que, en todo sistema, el modo de existencia de sus entidades constitutivas es la co-existencia y el de su operación es el de la co-operación, se trata de articular acciones que por su naturaleza normativa, organizativa u operativa son diferentes, pero responden a una misma meta: construir una educación justa y equitativa para todas y todos.

Lo anterior ha implicado la construcción de relaciones y proyectos comunes entre los componentes del SNMCE que en un principio definimos, integrado por las autoridades educativas federal y estatales, considerando que los lazos comunicantes con las escuelas y los maestros provienen de ellos.

Los lazos de comunicación política con las autoridades fueron asumidos, previo a la pandemia, por la junta directiva como un medio para facilitar el trabajo técnico de la Comisión y presentar los proyectos desarrollados que considerábamos articulaban el trabajo educativo en los estados. Con el retorno a la presencialidad se desarrollaron diversas reuniones estatales y una Reunión Nacional con Autoridades Educativas Estatales, denominada “Hacia la definición de la Política Nacional de Mejora Continua de la Educación en el marco del SNMCE”, donde se delinearon temas educativos de atención prioritaria.

No obstante, es necesario reconocer que la urgencia motivada por el periodo de pandemia permitió solo parcialmente la posibilidad de compartir proyectos y acciones y no siempre se coincidía en los fines y objetivos de mejora educativa. Aunque en la etapa pospandemia se retomó el trabajo colaborativo y vinculante con las autoridades educativas, persiste el desafío de establecer acuerdos sobre la manera en que este debe realizarse para incidir en el SNMCE, es sobre esto que se ha ido labrando el camino.

Conviene entonces reflexionar sobre la constitución por ley de un sistema que debe trabajar al lado y en coordinación con otro: el Sistema Educativo Nacional, que enfrenta problemas con alto grado de complejidad y cuyas formas de operación ya instituidas pueden volverse impermeables a la presencia de un proyecto que pone en el centro la mejora y que tiene atribuciones de normatividad en algunos aspectos que, siendo legal y legítimo, requiere de la participación de otros actores de autoridad para tener efectividad. Ello implica necesariamente la definición de una ruta que especifique las competencias diferenciadas y articuladas que competen a cada instancia para alcanzar la mejora de la educación. Hablamos de un trabajo entre varias instancias que requieren construir un esquema vinculatorio para desarrollar su quehacer.

Es posible decir que hay avances, particularmente en lo correspondiente a formación continua, donde se ha logrado una incidencia en la propuesta de formación situada y un trabajo sostenido con las autoridades educativas y con los cuerpos técnicos encargados de la formación en los estados, teniendo entre los aspectos pendientes el de “Concretar la conformación y funcionamiento de Sistemas Integrales de Formación, Actualización y Capacitación de Educación Básica y Media Superior en cada entidad federativa, a fin de combatir la desarticulación, duplicidad de esfuerzos y fragmentación de la formación continua” (Mejoredu, 2024a:122).

Un espacio también de dificultades-logros ha sido la construcción de una propuesta distinta de evaluación -ya señalada anteriormente- que ha tenido dificultades sobre todo por la forma enquistada de concebir la evaluación como un proceso estandarizado que debe dar resultados generales sin considerar las particularidades de los contextos y sin una mayor utilidad que dar a conocerlos a la opinión pública y buscar comparación frente a otros países, al margen de los directamente interesados. Empeñados en que la información fuera útil para la mejora continua de la educación se construyó -como ya se dijo- un Modelo de Evaluación Diagnóstica, Formativa e Integral (MEDFI) que rompe los esquemas de la evaluación homogénea.

Su puesta en acción ha sido un avance, pero también un espacio de dificultades y controversias. Lo señala la misma Área de Evaluación Diagnóstica en su reciente memoria de gestión:

Impulsar una nueva perspectiva de evaluación que transforma a los actores educativos de objetos a sujetos de evaluación, como lo refleja el MEDFI, significó un cambio conceptual e institucional importante. Sin embargo, por su alcance y significado, por las inercias y quizá, las prioridades del propio sen, llevará todavía tiempo para poder institucionalizarse (Mejoredu, 2024b:57).

Este es un trabajo en el que estamos empeñados.

Para concluir…, perspectivas frente al cambio educativo

En el documento 100 pasos para la transformación (Sheinbaum, 2024), la presidenta electa Claudia Sheinbaum ha señalado que, para detonar el cambio estructural en materia educativa, su gobierno profundizará en algunos aspectos planteados en la política precedente. En este documento se establecen las propuestas y acciones que llevará a cabo en su gobierno. Por ejemplo, en educación básica plantea ampliar los alcances de La Escuela es Nuestra, mejorar la infraestructura y el equipamiento escolar, fortalecer los programas educativos de la Nueva Escuela Mexicana, los libros de texto gratuitos y reorientar el papel de la supervisión escolar. Mientras que, en la educación media superior propone profundizar en la reforma académica de este tipo educativo, unificar los sistemas para que promuevan una formación humanista, científica y cívica, robustecer el programa de becas, por mencionar algunas.

Lo anterior, plantea la necesidad tanto de valorar el trabajo realizado por Mejoredu en materia de formación continua de maestros, evaluación diagnóstica y formativa y mejora de las escuelas, así como la capacidad técnica y especializada con la que cuenta este organismo. Partiendo de la premisa de que ningún cambio sistémico en la educación puede emprenderse sin cimientos sólidos y graduales, se considera que las bases conceptuales, normativas y cognoscitivas edificadas por la Comisión fungen como una vía para impulsar algunas de las propuestas y acciones que la Presidenta electa ha señalado en su documento de política, particularmente en lo que respecta al fortalecimiento de la Nueva Escuela Mexicana, la promoción de una formación humanista, científica y cívica, y la ampliación de los programas de becas e infraestructura.

En relación con esto, Mejoredu puede continuar contribuyendo al fortalecimiento del proyecto educativo a través de la elaboración de programas de formación continua de docentes y otras figuras directivas, el desarrollo de estudios, investigaciones, indicadores y evaluaciones que permitan valorar el alcance de algunos programas como el de becas y mejora de la infraestructura escolar. Además, puede coadyuvar con la emisión de sugerencias y recomendaciones para fortalecer la Nueva Escuela Mexicana, entre otros aspectos. Hay conocimiento construido, un equipo técnico especializado y proyectos en marcha que requieren ser considerados en el proceso de transición.

En el momento en que este artículo se escribe fue aprobada (el 23 de agosto de 2024), en lo general y en lo particular por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la reforma de modificación de los artículos constitucionales en materia de simplificación orgánica presentada el 5 de febrero del presente año por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma plantea la desaparición de siete organismos autónomos, entre ellos, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y la transferencia de sus funciones a la Secretaría de Educación Pública (SEP). La iniciativa será enviada en breve al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y probable aprobación.

Considerando la autonomía restringida con la que cuenta este organismo y la especificidad de sus atribuciones resulta, al menos extraño, que se haya incluido en esta Iniciativa a Mejoredu, en virtud de que no cuenta con la autonomía del organismo que le antecedió: el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) ni tampoco duplica las funciones de la SEP, sino que, por el contrario, las complementa. A ello se añade que este organismo fue creado en 2019 para apoyar el proyecto educativo del gobierno del cambio con competencias específicas que tienen por objeto mejorar la educación en el marco de una nueva política educativa.

Con base en esto, el trabajo técnico y académico desarrollado por Mejoredu para construir una política educativa justa, equitativa e igualitaria tiene avances que requieren consolidarse como lo hemos señalado de manera muy sintética en el presente artículo. Los productos de la Comisión son públicos y abiertos a toda la comunidad educativa y la sociedad y han tenido impactos. Aspiramos a que estas aportaciones no solo se conserven, sino que puedan robustecerse en la continuidad del proyecto de mejora continua de la educación. Un punto clave para ello es hacer un análisis crítico y objetivo de lo realizado por este organismo con el propósito de valorar la pertinencia y posibilidad de que estas competencias sean asumidas por la SEP; o bien, aprovechar la capacidad y productividad de Mejoredu para reorganizar una instancia de mejora continua de la educación, de modo que haya condiciones para continuar y consolidar los avances construidos y realizar un trabajo más articulado con la Secretaría de Educación Pública y las autoridades estatales. El trabajo educativo que se tiene por delante para consolidar un proyecto de la envergadura que se plantea el gobierno, implica la conjunción de fuerzas, experiencias y conocimiento construido para potenciarlo.

Referencias

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Author notes

* Autora para correspondencia: Etelvina Sandoval Flores, email: etelvina.sandoval@mejoredu.gob.mx