Se trata de un libro urgente, escrito en medio de un contexto regional que da cuenta de una de las mayores crisis migratorias de la actualidad. Ciertamente, como el propio autor muestra en la introducción, no es el mayor de los flujos migratorios en la historia, ni el más extenso ni el más masivo, pues no es ahí donde radica el drama, como lo muestran los testimonios que el mismo trabajo presenta. El libro ofrece una contextualización de las condiciones estructurales en las que se desarrollan los procesos migratorios estudiados, así como una sugerente descripción de los discursos que emergen en torno a esos “cambios políticos de largo alcance desde los cuales estas se perciben como amenazantes” (xvi). Es un gesto, que al mismo tiempo que aporta una 'perspectiva panorámica' de los procesos migratorios, “invita a futuras investigaciones” (xxv).

En la introducción se presenta la tesis central del trabajo que, en palabras del autor, plantea que “en Centroamérica se desencadenan, especialmente como consecuencia de políticas neoliberales, procesos de migración forzada y, simultáneamente, el incremento de controles migratorios” (xxii), contradicción que se atribuye al contexto capitalista en donde se desarrollan estos procesos. Además advierte que la crítica al nacionalismo metodológico no implica dejar de lado los efectos de poder que tiene el Estado en los proceso migratorios, especialmente en su control, y siguiendo las anotaciones de García y Villafuerte (2014) sugiere un distanciamiento de actitudes celebrativas que adolezcan tanto de una mirada sobre el conflicto como de una perspectiva histórica. Previene igualmente contra un enfoque que, aunque incorpore la mirada crítica a la historia y la economía, invisibilice, por su parte, toda la dimensión de la agencia migrante, las prácticas reivindicativas y de auto constitución.

Señala la distancia que existe entre ciertos discursos que representan a las personas migrantes desde el imaginario de los derechos humanos, y una práctica cotidiana dirigida a revertir las experiencias concretas de discriminación, pero igualmente reconoce y asume el desafío de cuestionarse sobre el sentido e intencionalidad de la investigación académica sobre migraciones, sus formas de difusión y, sobre todo, las relacionarse con los sujetos de estudio. Al realzar el papel del Estado (territorial y nacional) en el surgimiento de las migraciones modernas y la noción de “extranjero”, propone superar el concepto de nacionalidad en el imaginario normativo como forma de ir más allá del Estado.

En la introducción al primer capítulo se destaca que los procesos migratorios, internos, intrarregionales e internacionales son estructurantes en la historia de la región, pero que ha sido la mirada a la migración extra regional la que ha prevalecido. Además aborda el proceso histórico que articula el contexto de guerra de los años ochenta con los procesos migratorios actuales, y pone énfasis en las masacres de la población indígena operadas por el régimen de Ríos Montt y su estrategia de “tierra arrasada” en Guatemala, a lo cual concluye que “… al tiempo que se presentan rupturas entre el período de la guerra y los años más recientes, también hay continuidades” (4).

A partir de la documentación que realizaran Falla (1983, 1992, 2010, 2013), López Balán (2011) y Alfonso Huet (2008), narra los dramas vividos durante las masacres de Cuarto Pueblo y San Francisco Nentón, y se detiene en la experiencia de las “Comunidades de Población en Resistencia” como expresión más reflexiva y crítica de una Iglesia católica que por lo general era más litúrgica y sacramental.

En el siguiente apartado, siguiendo la categorización que hace Juan Pablo Pérez Sáinz sobre la doble estrategia de generación y apropiación del excedente en las sociedades centroamericanas por medio de la explotación y el acaparamiento de oportunidades, se propone la tesis de que “Las migraciones contemporáneas en Centroamérica son una dimensión estructural y estructurante de las sociedades centroamericanas, que resultan de procesos de exclusión y al mismo tiempo suplen lo que ni el Estado ni el mercado proveen” (11). Al mismo tiempo, destaca que a pesar de la democracia electoral, la agudización de las políticas neoliberales (Morales, 2007), producto de procesos más amplios de reestructuración del capitalismo global (Robinson, 2003), han profundizado la exclusión y la violencia social al tiempo que han hecho emerger economías con mercados internos débiles y dependientes del influjo de remesas en las que además se confía ingenuamente como factores de desarrollo (Villafuerte, 2008).

Posteriormente, ofrece un análisis de la dinámica fronteriza con México, de la convergencia de movimientos de retorno, tránsito y destino de migrantes, para el caso de trabajadores transfronterizos, tanto de una crisis agraria de larga data (Ángeles, 2009) como de la modificación en las formas de tenencia de la tierra asociada a esta (Villafuerte, 2013); y para el caso de la población que viaja con destino a EE. UU., resultado de las mencionadas condiciones de exclusión. A un lado del contexto de la crisis del 2008, se plantean los esquemas de securitización estatales y de extracción de valor por parte del crimen organizado, que se traducen en aseguramientos y detenciones, por una parte, y secuestros y asaltos, por otra; lógicas, además, que regulan los flujos, sus rutas y la estadística de los eventos de cruce.

En el último apartado presenta una descripción y contextualización de las principales medidas y efectos de tres proyectos regionales contemporáneos, así como de su impacto en las dinámicas migratorias, el Plan Puebla Panamá, el Plan Colombia y la Iniciativa de Mérida. El primero es descrito como una “propuesta de integración económica en términos de producción, distribución y consumo de bienes” en función, sobre todo, de la realización de las políticas de liberalización comercial y competitividad, y de la cual el tema migratorio está prácticamente ausente. El Plan Colombia se presenta como atravesado por las agendas de la guerra contra las drogas y el combate al terrorismo (contra insurgencia), por lo que lo inscribe en iniciativas regionales más amplias (ACI y FME) que con la llegada de Álvaro Uribe terminaron por sumergir los anteriores esfuerzos de diálogo en el torrente de estrategias militares, que a su vez generaron acaparamiento de tierras y desplazamiento forzado, así como una mayor compenetración del narcotráfico y la clase política. Todo esto, además, implicó el aumento en el trasiego de drogas por el istmo centroamericano, lo cual ha traído mayor consumo, violencia asociada a las disputas por la distribución y mayor presencia de capital vinculado a los carteles internacionales. La Iniciativa Mérida sería, según el autor, donde convergen los tres ejes, narcotráfico, terrorismo y migración, siempre desde un enfoque de securitización con “escaso anclaje en propuestas de desarrollo y bienestar” (30), pero además con menor apoyo financiero y logístico de EE. UU., dando ejemplo de la pérdida de protagonismo que la región ha tenido en la agenda de la política exterior norteamericana en años recientes.

Al final del capítulo el autor concluye que los conflictos armados y las políticas neoliberales “producen migraciones forzadas”. Frente a esto, las políticas regionales siguen ceñidas a las agendas de infraestructura comercial y seguridad y control, mientras “las críticas a las políticas estadounidenses permanecen, la demanda de drogas no disminuye, el lavado de dinero no es prioritario, el contrabando de armas persiste y las importaciones más bien se han incrementado durante las administraciones demócratas de Obama” (32).

Por su parte, la introducción al segundo capítulo inicia con el contexto de securitización de las fronteras; al respecto, los datos de detención muestran que los mecanismos de contención del flujo reducen significativamente su caudal (50 por ciento en la frontera sur y 25 por ciento en la norte), promueven una economía (formal e informal) del traslado a ambos lados de la línea y obligan a las personas a utilizar rutas vulnerables frente a los actores criminales. Los apartados proponen que así como se incrementan las formas de control migratorio, también se crean condiciones para que el crimen organizado extorsione y acabe con la vida de quienes desean asentarse en los Estados Unidos; sin embargo, al igual que en el caso de la contracción entre migración forzada y los mecanismos de contención, queda pendiente una reflexión y un análisis más detenidos.

En el primer acápite, “El paso por México”, se reconstruyen los principales trazos de “la ruta del Golfo” y algunos de los principales puntos de cruce en la frontera norte, haciendo hincapié en el efecto que tienen los cambios y la intensificación de los controles migratorios en el aumento de las condiciones de riesgo en las rutas, destacando los secuestros y la extorsión. Al mismo tiempo, el texto sugiere, implícitamente y sumando el negocio del cruce de personas, la articulación entre los mecanismos de securitización y de acumulación; es decir, la configuración de dispositivos de capitalización de lo “ilegal”; una tesis que es prioritario desarrollar en futuras investigaciones.

Además, se repasan los principales rasgos de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón (2006-2012) y sus efectos políticos, económicos y sociales, especialmente aquellos vinculados con las empresas del secuestro-extorción y la desaparición de migrantes, ejemplos además de la negligencia o la colusión estatal y causas del desprestigio de las fuerzas armadas. Todo en un ambiente general de impunidad garantizado, sobre todo, por la estrategia de “agredir al vulnerable, al olvidado, al que nadie ve”, dice el autor citando a Farah (2012).

En el segundo acápite, titulado “La escalada del control fronterizo”, el texto inicia con un punteo de la historia reciente (siglo XX) de las frontera México-EE. UU y México-Guatemala, desde la primera formalización de los procedimientos de control migratorio en EE. UU. pasando luego por el establecimiento del requisito de visa (1930), hasta los primeros discursos sistemáticos del ejecutivo norteamericano en torno a la necesidad de un aumento de los controles (Ford y Reagan). Además, recuerda las operaciones Guardián (1994), Sellamiento (1998) y el Plan Sur (2001) como producto de la extensión de frontera hacia el sur de EE. UU., y el reemplazo del Servicio de Inmigración y Naturalización por el Departamento de Seguridad Nacional, como último eslabón en el proceso de evolución de un modelo de control de fronteras que termina por identificar migración con seguridad nacional.

Finalmente, el texto argumenta que la migración es abordada por enfoques como el de la securitización al considerarla una amenaza a la seguridad por medio de políticas de control como la creación del Department of Homeland Security (DHS) y el Inmigration and Customs Enforcement (ICE) y la detención semejantes al aprisionamiento, que en la práctica generan una situación de criminalización en la que “una autoridad civil opera con criterios y procedimientos de una autoridad judicial” (56). Todo esto bajo el cumplimiento de un marco legal que permite dicha criminalización y fomenta los mecanismos de deportación. Asimismo, se detallan los rasgos y características del modelo deportador norteamericano, basado en la vigilancia migratoria (con un presupuesto mayor que el de todas las dependencias federales de vigilancia combinadas), el control de vida y los robustos sistemas de información que se ponen al servicio de la “intersección” del sistema de justicia criminal y la vigilancia migratoria.

Al inicio del tercer y último capítulo, se presenta la historia y la situación actual de la red de albergues que, articulados en tres coordinaciones regionales (sur, centro y norte), trabajan tanto en el alojamiento y la alimentación de personas migrantes, como en un amplio abanico de esfuerzos de diversa escala, alcance y objetivos, los cuales van desde la documentación hasta la denuncia en medios de comunicación y redes sociales y la incidencia en proyectos de política pública y reforma legal. En el primer acápite, “Desafiando el sellamiento de la frontera sur”, presenta los principales aspectos de las dinámicas y condiciones de los procesos migratorios en torno a la frontera sur de México (crisis del agro, violencia social, desempleo y precarización) con énfasis en quienes provienen de Honduras y Guatemala. Se detiene en las condiciones actuales del tránsito por México, recuperando testimonios de los protagonistas de algunas de las experiencias de atención, apoyo, denuncia e incidencia que realizan albergues de origen eclesial, tanto en territorio guatemalteco como mexicano. A partir de ahí muestra la “inversión de roles” que se da en relación con la participación del Estado, la cual queda al margen de las iniciativas de apoyo y protección de las personas migrantes, pero asume un rol protagónico en su colusión con las redes de crimen organizado. Destaca, además, que en este contexto las personas migrantes no constituyen meros entes pasivos, sino que con su sola presencia realizan, indica el autor, una primera demanda de derechos.

Posteriormente, presenta el caso de Veracruz, punto de la ruta controlado por el crimen organizado donde además operan varios albergues, todos de la Iglesia católica. Se detiene en testimonios sobre las experiencias y efectos de los medios violentos y degradantes con que el crimen organizado exprime a las poblaciones migrantes, ya de por sí empobrecidas, así como en las dificultades que enfrentan los gestores de los albergues para acompañar procesos de denuncia que además rara vez son efectivos.

Finalmente, el autor se ubica en la frontera norte, de donde recupera la experiencia de dos albergues, uno civil situado en Nogales y de carácter binacional, y el otro eclesial situado en el Estado mexicano de Coahuila, y que en contextos de rechazo de la población local y hostilidad del crimen organizado luchan para que el migrante “no salga de la casa otra vez como víctima”. En este punto destaca las figuras de los religiosos Pedro Pantoja y Raúl Vera como vanguardia de un proceso organizativo que da agencia al migrante y al mismo tiempo denuncia y enfrenta las condiciones en que se produce su tránsito y su cruce a EE. UU.

Aborda también las experiencias de comités de familiares de migrantes desaparecidos en sus procesos de búsqueda y demanda de respuestas de los estados, específicamente del Comité de Familias de Migrantes de El Progreso (Honduras) y el Comité de Familias de Migrantes Desaparecidos (El Salvador), de los que presenta brevemente su historia y principales logros en un largo proceso de auto constitución, en el que destaca la centralidad de la figura de la mujer-madre. Al mismo tiempo, menciona las caravanas de búsqueda que los comités organizan cada año como parte de sus logros, pero también se cuestiona sobre el efecto de representación que podría tener el manejo mediático de los casos exitosos en los que se alcanza el reencuentro.

El apartado termina con algunas preguntas que por su relevancia y precisión vale la pena citar “¿es posible articular en relaciones de doble vía la asistencia humanitaria con la incidencia pública pero al mismo tiempo local y comunitaria? ¿Es posible construir articulaciones entre los debates normativos inspirados en los derechos humanos y el trabajo cotidiano de apoyo a quienes viajan en un contexto de creciente vulnerabilidad? ¿Cabe mayor coordinación entre quienes trabajan con migrantes en los Estados Unidos con quienes lo hacen desde México?” (88).

Finalmente, el libro señala la trampa de la migración estudiada que se produce tensada entre las fuerzas de la maximización de las “formas de apropiación del excedente” que obligan a las personas a migrar, y las de la contención y control propias de la criminalización y la securitización que “les impide desplazarse”; “no tienen derecho a no migrar, toda vez que las privaciones predominan, ni tampoco, más difícil, a inmigrar” (92). Esta suerte de esquizofrenia del sistema en el que se yuxtaponen “las transformaciones en los estilos de desarrollo” que avanzan hacia “modalidades excluyentes de acumulación y apropiación del excedente” y obligan a muchas personas a migrar, y “la radicalización de las políticas de control” basadas en la “externalización de fronteras” y la “criminalización migratoria” que se los previene y dificulta, es el rasgo central de un proceso político más amplio, neoliberal y punitivo, que amenaza con ser hegemónico en la región.

El autor concluye con un repaso de literatura que “repara sobre posibilidades de imaginar formas de convivencia en donde la expulsión y el control no sean las formas de sociabilidad dominantes (…) horizontes de sentido a formas dignas de convivencia” (98), una mirada que apunta a decantar algunos de los “recursos de esperanza” que frente a este contexto hacen tanta falta, y que pueden ser vislumbrados por la aspiración emancipatoria de las ciencias sociales.

El libro nos llega, entonces, como “Una consigna para cuestionar la arbitrariedad de las fronteras” (p. viii), una palabra, en fin, pausada pero enérgica, reflexiva e informada pero cargada de malestar y desasosiego, que ha germinado de una investigación académica que ofrece muchas posibilidades y necesidades de profundización para comprender mejor esas paradojas del sistema, cuyo nacimiento viene sobre todo del dolor y la empatía que el autor no esconde, que deja filtrar entre los datos cada vez que se muestra testigo de un drama que viven cientos de personas que claramente considera su prójimo.

Sergio Salazar Araya. Costarricense. Máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica y estudiante de doctorado en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana de México. Se desempeña como docente de la Escuela y la Maestría de Ciencias Políticas de la UCR. Fue coordinador del proyecto de TCU “Apoyo al Programa de Atención a la Población Penal Juvenil” de 2007-2012.

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