Introducción

En general, la popularidad del mandatario de turno ha anticipado de manera razonablemente confiable la alternancia o continuidad en el poder del partido o coalición en el gobierno (POCG) en las elecciones presidenciales en América Latina. La consistencia de la asociación entre aprobación y voto por el oficialismo (AAVO) en países de la región que celebran elecciones presidenciales en un entorno competitivo y transparente es significativa. Mientras la aprobación negativa del ejecutivo ha tendido a anunciar de forma contundente que los votantes castigarán al candidato presidencial oficialista en las urnas, como regla general, la aprobación positiva del gobernante ha permitido entrever la continuidad en el poder del POCG (Echegaray, 1996; Gramacho, 2007; Díaz, 2019, 2021).¹

No obstante, se han registrado casos paradigmáticos de no consistencia entre aprobación y voto por el oficialismo. Cuando los mandatarios de turno arriban a la campaña electoral con una evaluación ciudadana de su desempeño satisfactoria, como regla tiene lugar un generoso traspaso de esa popularidad en caudal de votos para el candidato presidencial del POCG. Sin embargo, en ocasiones la dinámica no se ha producido. Probablemente, el caso más emblemático se presentó en los comicios presidenciales chilenos de 2009 y 2010. Entonces la mandataria Michelle Bachelet gozaba de una altísima evaluación (78 %) que parecía augurar la continuidad en el poder del oficialismo por intermedio de su candidato el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Pero, el triunfo de la oposición centroderechista en las urnas liderada por el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera abortó una tendencia que antes de la celebración de los comicios muchos consideraron incontenible (Espinoza, Morales y Perelló, 2009). Resultó un quiebre paradigmático.

En cambio, el otro caso sudamericano alegórico pasó prácticamente desapercibido. El escenario fue el segundo mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015). Ciertamente, en esa oportunidad la mandataria no contaba con los altísimos niveles de aprobación (64 %) que caracterizaron los años finales de su primera administración (2007-2011). Tampoco la candidatura presidencial de la coalición peronista gobernante recayó en su figura. Esa responsabilidad la asumió el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli. Sin embargo, rumbo a los comicios presidenciales de 2015, la aprobación positiva de la mandataria (52 %) indudablemente jugaba a favor de las aspiraciones oficialistas de conservar el poder. La transferencia de la popularidad tiende a producirse con independencia de que el candidato presidencial del oficialismo no sea el propio gobernante de turno (Brody y Sigelman, 1983; Díaz, 2019, 2021). Pero, al igual que sucedió en los comicios presidenciales chilenos de 2009-2010, la coalición de gobierno oficialista “Frente para la Victoria” fue derrotada en las urnas.

Tras más de cuarenta años de elecciones libres, competitivas y transparente en Sudamérica apenas se registran dos casos con esas características.² En cambio, han resultado llamativamente más frecuentes en las democracias centroamericanas. Por lo menos siete mandatarios pertenecientes a esa área geográfica arribaron a la etapa previa de los comicios presidenciales con una evaluación ciudadana favorable de su desempeño³ sin que la misma pudiera transferirse en caudal de votos suficientes para garantizar el triunfo del candidato presidencial del oficialismo. En 1990, el presidente liberacionista costarricense Óscar Arias, bajo cuya presidencia se inició el proceso de paz en Centroamérica, contaba con una aprobación de 61 % y una desaprobación de apenas 9 %. Sin embargo, la transferencia de la popularidad en caudal de votos no se produjo o lo hizo de manera insuficiente. El candidato presidencial del oficialismo, Carlos Manuel Castillo Morales, fue derrotado por el opositor Rafael Ángel Calderón Fournier, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Los comicios costarricenses de 1990 representan la experiencia latinoamericana más temprana de divorcio entre aprobación presidencial positiva y voto por el oficialismo. Cuatro años más tarde, en 1994, una dinámica similar afectaría a la fuerza política que emergió vencedora en 1990, el PUSC. Aunque en sus últimos dos años de gestión el gobernante social cristiano, Calderón Fournier, consiguió enderezar su imagen (40 % aprobación y 24 % desaprobación) propulsado por índices favorables de crecimiento económico (Furlong, 1994) tampoco la percepción ciudadana favorable de su desempeño resultó suficiente para evitar la derrota oficialista y la alternancia en el poder. Desde entonces, en Costa Rica se han celebrado siete elecciones presidenciales sin que volvieran a reditarse experiencias como las de 1990 y 1994. Desde 1998 y hasta 2022 la conexión entre aprobación y voto ha vuelto a ser estable (Díaz, 2022).

Al igual que Costa Rica, Guatemala registra también dos casos de inconsistencia. Los mandatarios Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000) del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Álvaro Colom (2008-2012) de Unión Nacional de la Esperanza (UNE) contaron con una percepción ciudadana favorable de su gestión. Ambos son los dos únicos presidentes guatemaltecos con esas credenciales. Pero, tanto el PAN como UNE no pudieron capitalizarlo truncándose su continuidad en el poder en los comicios presidenciales de 1999 y 2011, respectivamente. Por su parte, en Panamá los presidentes Martin Torrijos (2004-2009) del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Ricardo Martinelli (2009-2014) de Cambio Democrático (CD), también alcanzaron evaluaciones positivas. Si bien, la diferencia entre la aprobación y la desaprobación de Torrijos era ajustada (49 % vs. 47 %) la que alcanzó a exhibir Martinelli fue abrumadora (69 % vs. 26 %).

No obstante, en ninguno de los dos casos el hecho de que el oficialismo acreditara una evaluación ciudadana favorable del desempeño presidencial durante el mandato constitucional pudo asegurar su continuidad. Por último, en los comicios presidenciales de 2009 en El Salvador el mandatario Elías Antonio Saca encabezaba el cuarto gobierno sucesivo de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Al igual que los presidentes areneros que le precedieron en el cargo Saca contaba con una aprobación ciudadana positiva de su gestión. Sin embargo, por primera vez el candidato presidencial de ARENA resultó derrotado por el del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Mauricio Flores. Centroamérica reporta significativamente más casos de falta de asociación entre la aprobación presidencial positiva (APP) y el resultado electoral del oficialismo que el resto de Latinoamérica. Con la excepción de Costa Rica y Panamá, los regímenes presidencialistas de la región constituyen democracias de baja calidad atravesadas por procesos de erosión gradual de ese tipo de sistema político. A su vez, en la región la figura de la reelección presidencial inmediata se encuentra, por regla general, constitucionalmente prohibida.

La consistencia entre aprobación presidencial y voto por el oficialismo tiende a resultar más sólida cuando los mandatarios contienden por su reelección inmediata (Díaz, 2019). La tendencia a una baja calidad democrática y la prohibición de la reelección presidencial inmediata, ¿son responsables de la inestabilidad que parece evidenciar la AAVO en Centroamérica? La hipótesis de la investigación es que contrario a lo que parece, la AAVO alcanza una consistencia razonable en Centroamérica a pesar de que en América Central la estabilidad democrática se encuentra amenazada por los altos niveles de desigualdad social, pobreza, inseguridad, volatilidad electoral y abstencionismo. Si en esas condiciones adversas la relación entre aprobación presidencial y voto por el oficialismo ha resultado estable, entonces pocas dudas deben quedar acerca del valor de la variable independiente como predictor razonablemente fiable de la decisión electoral de los votantes.

Para poner a prueba la hipótesis fue necesario, primero, contar con una definición operacional transparente de lo que entendemos por aprobación presidencial positiva y negativa de forma que todos los mandatarios resultaran medidos por el mismo rasero. A partir de ahí, procedimos a calificar los niveles de aprobación y desaprobación registrados por los mandatarios centroamericanos antes del inicio de la campaña electoral, información que posteriormente fue contrastada con los resultados obtenidos por el partido o coalición gobernante en cada uno de los comicios presidenciales. La operación arrojó la tasa de AAVO en cada país y en la región y las tasas de asociación con aprobación presidencial positiva y negativa. Finalmente, procedimos a contrastar la tasa de la región con la tasa sudamericana equivalente.

La experiencia comparada consigna que cuando la aprobación positiva del gobernante de turno no se transfiere en caudal de votos para el candidato presidencial del POCG o lo hace de manera insuficiente, por regla general, se encuentra asociado con una afectación del oficialismo por un proceso de división interna, abierto o solapado⁴ (Díaz, 2019; Díaz y Santibáñez, 2020). Sin embargo, no encontramos evidencias de que en los comicios presidenciales celebrados en Guatemala en 1999 y 2011 y en Panamá en 2009 el oficialismo hubiera sufrido una escisión interna que redujera sus posibilidades de imponerse en la contienda. En ese sentido, el segundo propósito de la investigación fue esclarecer por intermedio del análisis comparado si la generalización empírica realmente aplica para los casos de no consistencia entre aprobación y voto reportados en la región.⁵

Damos cumplimiento al objetivo al exponer el presupuesto teórico, las comprobaciones en las que descansa la generalización y al evaluar el comportamiento de los indicadores empíricos que facilitan su control. Como hallazgos reportamos: (1) la tasa de AAVO en Centroamérica es de 75,86 % lo que revela cierta tendencia a la estabilidad. La tasa resulta inferior a la que registra Sudamérica. (2) La tasa de asociación cuando los presidentes de turno de América Central tienen una aprobación presidencial negativa (APN) resultó excepcionalmente sólida. Cuando en las democracias de la región la percepción ciudadana del desempeño del mandatario ha sido desfavorable en la totalidad de los casos los votantes castigaron en las urnas al candidato presidencial del oficialismo. Por el contrario, la APP ha constituido una garantía débil de la posible continuidad del oficialismo. (3) La generalización arrojada por la experiencia comparada no es puesta en tela de juicio en los cinco casos desviados analizados. Las implicaciones derivadas de los hallazgos reportados se exponen en las conclusiones.

Democracias centroamericanas

Han sido definidas como democracias incompletas, deficientes, a medio hacer, vigiladas, de baja intensidad, imperfectas o inmaduras (Fernández, 2004). Su creación se produjo en un entorno económico social adverso caracterizado por economías atrasadas, niveles educativos, sanitarios y asistenciales precarios, fuerte dependencia exterior y escaso consenso político tanto entre la ciudadanía como entre las élites (Cardenal y Puig, 1998). Salvo Costa Rica, son democracias creadas desde arriba, fruto de un arreglo contrainsurgente gestionado por Estados Unidos y fracciones de las élites militar, empresarial y política (Torres-Rivas, 2010).

La selección de los gobernantes y la alternancia política tiene lugar sin que se resuelvan los problemas de desigualdad y pobreza, sin desmantelar las instituciones del antiguo régimen, con preponderancia militar, continuidad en la violación de los derechos humanos y ausencia de una fuerte participación ciudadana (Torres-Rivas, 2007). Predomina un panorama de corrupción institucionalizada vinculada al clientelismo, desigualdad, violencia social, inseguridad ciudadana y descrédito de los partidos políticos que ha conducido a una crisis de la democracia liberal en la región.

La evidencia es el abstencionismo electoral cuyos alarmantes índices ponen en peligro la legitimidad misma de los gobernantes (Fernández, 2004). La perduración de la dirección elitista de estas sociedades supone una amenaza de desdemocratización (Martí y Sánchez Ancoechea, 2014). El apoyo ciudadano al sistema político y a la democracia ha disminuido en toda la región, principalmente entre personas jóvenes. Nuevos actores políticos, elegidos con amplias mayorías, amenazan la sobrevivencia de la democracia. Este escenario de erosión democrática coincide con bajos niveles de legitimidad al sistema político, apoyo y satisfacción con la democracia (Pignataro, Treminio y Chavarría-Mora, 2021). Aunque, ciertas características de las democracias de la región aplican también para el caso de Panamá diversas investigaciones ubican al país en el grupo con el nivel de calidad democrática más elevado en Latinoamérica (Barreda, 2011; Valdebenito, 2022). En tanto, Loxton (2022) argumenta que Panamá constituye una de las historias de éxito político y económico más notables de América Latina en las últimas tres décadas.

Aprobación y voto

La aprobación del gobernante es la medida más antigua de popularidad presidencial (Berlemann y Enkelmann, 2014) y el instrumento más utilizado para su estudio (Cohen, 1999). Refleja la opinión, individual o agregada, sobre la gestión de un mandatario en general, sin acento primario en algún tema o cuestión electoral (Mueller, 1973) resumiendo en un juicio sumario simple lo que la mayoría piensa sobre el desempeño del gobierno (Beltrán, 2015). Sus componentes principales son el desempeño, la personalidad y el partidismo (Romero, 2009). La decisión de votar se adopta según la política que el gobierno haya seguido durante el mandato. Es una reacción del votante a la actuación efectiva del gobierno (Downs, 1973).

Los electores pueden tomar en cuenta la actuación del gobierno más que las posiciones ideológicas de los partidos (Ferejohn, 1986; Fiorina, 1981). Los votantes también pueden ser motivados a votar por razones no programáticas y no ideológicas como el desempeño del gobierno de turno (Mainwaring y Torcal, 2005). Teóricamente, gobiernos que mejoran el bienestar de los electores deben recibir como premio su respaldo, mientras gobiernos que no lo consiguen deben ser castigados en las urnas (Díaz y Santibáñez, 2020). La aprobación del mandatario de turno estadounidense tiende a anticipar sus posibilidades de reelección (Sigelman, 1979) y el éxito o la derrota del candidato presidencial oficialista, aunque el mismo no sea el propio titular de la oficina oval (Brody y Sigelman, 1983; Lewis Beck y Rice, 1982, 1984).

La evaluación de la labor de los mandatarios latinoamericanos constituye el mejor predictor de las posibilidades del candidato gubernamental de imponerse en la contienda electoral (Echegaray, 1996). Aprobación y voto también tienden a asociarse positivamente en América Latina (Gramacho, 2007). En un escenario donde la selección de los líderes se produce con respeto a la normatividad democrática, la aprobación del presidente de turno latinoamericano anticipa de manera razonablemente consistente la alternancia o continuidad en el poder del POCG. La tendencia es más robusta cuando el mandatario contiende por su reelección inmediata. Pero, ha resultado también sólida cuando la candidatura presidencial oficialista no ha recaído en el titular del ejecutivo.

Las tendencias mencionadas no se ven afectadas por la doble vuelta electoral y el multipartidismo (Díaz, 2019). La teoría de la transferencia de la popularidad del mandatario en caudal de votos para el candidato presidencial oficialista constituye una línea independiente dentro del comportamiento electoral (Bosch, Díaz y Riba, 1999). La misma utiliza la aprobación del mandatario como predictor de la conducta electoral de los votantes. Altos niveles de aprobación deberían favorecer al candidato de la coalición incumbente (Morales et al., 2008). La aprobación presidencial funciona como un proxy sobre las posibilidades futuras del candidato presidencial del POCG (Romero, 2009). Si la aprobación presidencial constituye un predictor confiable de la alternancia política o de la continuidad del oficialismo se debe a que de manera general refleja la percepción que los ciudadanos tienen del desempeño del gobierno (Díaz y Santibáñez, 2020).

Los factores explicativos

La asociación entre la aprobación presidencial y el caudal electoral del oficialismo en ciertos casos puede ser inestable. Gobiernos bien evaluados resultan también castigados por los votantes. La inestabilidad entre la aprobación positiva del mandatario y el voto por el oficialismo suele ser precedida por la división interna del POCG. La participación electoral del oficialismo en la campaña afectado por un proceso de división interna lo sitúa en una situación vulnerable (Panebianco, 1986). En ese escenario, el voto progubernamental sufre un proceso de desconcentración o dispersión al margen de que la percepción ciudadana del desempeño del mandatario de turno sea favorable. La participación escindida del partido gobernante sigue dos modelos típicos: abierto y oculto o solapado. Las conductas que tipifican la división abierta son la desaprobación pública e incluso impugnación de la elección interna, el abandono de la formación por referentes claves que se integran a otras organizaciones desde donde manifiestan una postura crítica respecto a la gestión del partido en el gobierno y la visibilidad de la ruptura (Díaz, 2019, 2021).

Por su parte, las conductas que tipifican la división solapada son el desacuerdo, no necesariamente público con los resultados de la elección interna, la desmovilización pasiva de sectores tradicionales de votantes respecto a la campaña del candidato presidencial de la organización ante la pérdida de incentivos para respaldarlo ante las urnas y la baja visibilidad de la ruptura. La ruptura de las coaliciones gubernativas presenta también dos modelos diferentes. Por un lado, el quiebre típico al estilo parlamentarista, por otro, la descomposición de la alianza gubernamental (Chasquetti, 2006).

El primero es más contundente y supone la existencia de un punto de inflexión. Las conductas que lo tipifican son el retiro de ministros del gabinete, el cambio de las fronteras entre el gobierno y la oposición y a alta visibilidad de la ruptura. El segundo modelo es menos visible para la ciudadanía en general y suele manifestarse a través del retiro de ministros del gabinete, la indisciplina legislativa, la existencia de fronteras tenues entre el gobierno y la oposición y la baja visibilidad de la ruptura (Chasquetti, 2006).

Criterios de recolección de datos y selección de los casos

Operacionalmente, consideramos positiva la aprobación del ejecutivo de turno siempre que en los meses previos al comienzo de la campaña electoral el número de ciudadanos que tuvo una percepción aprobatoria de su desempeño fue superior al número de los que desaprobaron su gestión. En concordancia, la aprobación del gobernante es negativa cuando el número de ciudadanos que desaprobaron el desempeño presidencial fue superior al de los que lo aprobaron (Díaz, 2022a, 2022b). Datos y fechas de los registros de popularidad fueron tomados de Encuestas Nacionales de Opinión Pública registradas en Student Innovation Fellowship (SIF), Georgia State University. En cada país considerado corresponden a la misma fuente primaria seleccionada con base en la solidez de la ficha técnica y la longevidad de la institución. Los registros de aprobación de los presidentes a lo largo de su mandato resultan innumerables. La definición del registro idóneo en base al que procedimos a realizar la clasificación se hizo siguiendo la sugerencia de Lewis Beck y Rice (1982). Ambos autores recomiendan tomar la lectura en un periodo de relativa calma política que es aquel cuando al ser elegidos los candidatos presidenciales de todos los partidos aún no comienzan oficialmente las campañas electorales.

La totalidad de los comicios presidenciales considerados fueron celebrados con posterioridad al inicio de la transición democrática y corresponden a cuatro países centroamericanos cuyas elecciones se celebran en un entorno tendencialmente libre, competitivo y transparente: Costa Rica, El Salvador,⁶ Guatemala y Panamá. Los comicios presidenciales nicaragüenses no forman parte de la muestra. Su celebración tiene lugar en un contexto de deriva autoritaria. Descartamos la inclusión también de Honduras donde el problema fundamental de la transición democrática es la supervivencia del autoritarismo y su carácter determinante (Romero, 2014; CLACSO, 2014). No estimamos los resultados de las denominadas elecciones fundacionales que marcan el retorno a la democracia desde el régimen autoritario (Guatemala en 1985, El Salvador en 1994, Panamá en 1989). En esas circunstancias, los datos sobre la popularidad de los mandatarios oficialistas no pueden considerarse razonablemente fiables. En esas condiciones es necesaria una distinción crucial entre opinión en y del público (Sartori, 1992).

En los procesos electorales celebrados en dos vueltas, los resultados de la primera etapa no fueron considerados, salvo cuando el oficialismo resultó eliminado en esa instancia. Por último, no tomamos en cuenta los comicios presidenciales de 1995 en Guatemala antecedidos por una interrupción del mandato constitucional. En interés de la homogeneidad no debían coincidir en la muestra gobernantes con mandatos concluidos con ejecutivos con mandatos inconclusos.

Comprobación de la hipótesis

En total se consideraron veintinueve de los treinta comicios presidenciales celebrados en los cuatro países mencionados. En veintidós la asociación entre aprobación y voto por el oficialismo (AAVO) fue consistente. Reportamos las siguientes tasas de asociación por países: Costa Rica 81,81 % (Tabla 1), El Salvador 80 % (Tabla 2), Guatemala 71,4 % (Tabla 3) y Panamá 66,6 % (Tabla 4). La tasa de asociación resultante es de 75,86 % (Tabla 5). En Centroamérica, la evaluación ciudadana del desempeño presidencial también ha constituido un predictor razonablemente consistente de la alternancia o continuidad en el poder del POCG pese las disfuncionalidades que caracterizan a la mayoría de sus sociedades democráticas.

Llama la atención la solidez reflejada por la AAVO en Centroamérica cuando es negativa la evaluación del mandatario de turno. En la totalidad de los casos en que la percepción ciudadana del mandatario de turno fue desaprobatoria el POCG recibió el castigo de los votantes produciéndose la alternancia política (Tabla 6). Ninguna de las otras regiones latinoamericanas reporta una contundencia similar.⁷ El votante centroamericano ha sido el más reacio en premiar al POCG cuando su desempeño fue insatisfactorio. A primera vista, la apuesta por el cambio se ha manifestado incluso cuando el POCG ha contado con una percepción ciudadana positiva de su desempeño. Por último, el contraste de la tasa de asociación centroamericana con la de la experiencia sudamericana (88 %) arroja una disparidad de aproximadamente doce puntos porcentuales. La consistencia de la AAVO en Centroamérica es más débil que la reportada en Sudamérica, aunque mayor que la registrada en México y el Caribe (Tabla 7).

Costa Rica

Las elecciones presidenciales competitivas tienen lugar desde los años cincuenta (Vargas, 2007), pero los registros de la aprobación de los mandatarios datan de 1979. Se reportan once comicios presidenciales. En nueve de ellos la AAVO es consistente.

Tabla 1
Comportamiento de la AAVO en Costa Rica

Elaboración propia con información de Encuestas CID Gallup registradas en Student Innovation Fellowship (1982-2020). Executive Approval Database Visualization–Costa Rica. Se muestran las inconsistencias en sombreado para facilitar su visualización.

Presidente, partido y mandato	Fecha de los comicios	Fecha de la segunda vuelta	Aprobación y fecha de publicación	Desaprobación	Resultado del oficialismo	Tipo de asociación
Rodrigo Carazo (Liberación Nacional) 1978-1982	2/7/1982		7 % 15/7/1981	57 %	Perdedor	Consistente
Luis A. Monge (Liberación Nacional) 1982-1986	2/2/1986		38 % 15/7/1985	19 %	Ganador	Consistente
Óscar Arias (Liberación Nacional) 1986-1990	2/4/1990		61 % 15/7/1989	13 %	Perdedor	Inconsistente
Rafael Ángel Calderón Fournier (Unidad Social Cristiana) 1990-1994	2/6/1994		40 % 15/8/1993	24 %	Perdedor	Inconsistente
José Figueres Olsen (Liberación Nacional) 1994-1998	2/1/1998		18 % 15/9/1997	46 %	Perdedor	Consistente
Miguel Ángel Rodríguez Echevarría (Unidad Social Cristiana) 1998-2002	2/3/2002	7/4/2022	35 % 15/7/2001	15 %	Ganador	Consistente
Abel Pacheco de la Espriella (Partido Unidad Social Cristiana) 2002-2006	2/5/2006		27 % 15/10/2005	34 %	Perdedor	Consistente
Óscar Arias (Liberación Nacional) 2006-2010	2/7/2010		62 % 14/08/2009	17 %	Ganador	Consistente
Laura Chinchilla (Liberación Nacional) 2010-2014	2/2/2014		14 % 15/10/2013	70 %	Perdedor	Consistente
Luis Guillermo Solís Rivera (Acción Ciudadana) 2014/2018	2/4/2018		50 %8	43 %	Ganador	Consistente
Carlos Alvarado Quesada (Acción Ciudadana) 2018/2022	2/6/2022		12 %9 24/10/2021	72 %	Perdedor	Consistente

El Salvador

En 1992 se firman los acuerdos de paz. Las elecciones fundacionales se realizaron en 1994 (Ducatenzeiler y Chinchilla, 2001). Los primeros comicios posteriores al inicio de la transición a la democracia se celebraron en 1999. Se reportan cinco comicios presidenciales. En cuatro de ellos la AAVO es consistente.

Tabla 2
Comportamiento de la AAVO en El Salvador

Elaboración propia con información de Encuestas CID Gallupapp registradas en Student Innovation Fellowship (1982-2020). Executive Approval Database Visualization–El Salvador. Se muestran las inconsistencias en sombreado para facilitar su visualización. SD significa sin datos.

Presidente, partido y mandato	Fecha de los comicios	Fecha de la segunda vuelta	Aprobación y fecha de publicación	Desaprobación	Resultado del oficialismo	Tipo de asociación
Armando Calderón Sol (ARENA) 1994-1999	7/3/1999		39 % 15/11/1998	13 %	Ganador	Consistente
Francisco Flores (ARENA) 1999-2004	21/3/2004		53 % 15/11/2003	20 %	Ganador	Consistente
Elías Antonio Saca (ARENA) 2004-2009	15/3/2009		48 % 23/11/2008	42 %	Perdedor	Inconsistente
Mauricio Funes (FMLN) 2009-2014	2/2/2014	9/3/2014	48 % 9/5/2013	42 %	Ganador	Consistente
Salvador Sánchez Cerén (FMLN) 2014-2019	2/3/2019		25 % 15/11/2018	SD	Perdedor	Consistente

Guatemala

La primera elección posterior al inicio de transición a la democracia en 1985 tuvo lugar en 1990 (Ducatenzeiler y Chinchilla, 2001). Se reportan siete comicios presidenciales. En cinco de ellos la AAVO es consistente. El mandato del presidente Jorge Serrano Elías (Movimiento Acción Solidaria) se interrumpió en 1993 como resultado de un intento fallido de autogolpe.

Tabla 3
Comportamiento de la AAVO en Guatemala

Elaboración propia con información de Encuestas CID Gallup registradas en Student Innovation Fellowship (1982-2020). Executive Approval Database Visualization-Guatemala. Se muestran las inconsistencias en sombreado para facilitar su visualización.

Presidente, partido y mandato		Fecha de los comicios		Fecha de la segunda vuelta		Aprobación y fecha de publicación		Desaprobación		Resultado del oficialismo		Tipo de asociación
Vinicio Cerezo (Democracia Cristiana) 1986-1991		11/11/1990				14 % 5/15/1990		39 %		Perdedor		Consistente
Álvaro Arzú Irigoyen (Avanzada Nacional) 1996-2000		7/11/1999		26/12/1999		30 % 15/08/1999		20 %		Perdedor		Inconsistente
Alfonso Portillo Cabrera (Frente Republicano Guatemalteco) 2000-2004		11/09/2003				13 % 7/15/2003		52 %		Perdedor		Consistente
Oscar Berger Perdomo (Gran Alianza Nacional) 2004-2008		9/9/2007				20 % 3/15/2007		28 %		Perdedor		Consistente
	Álvaro Colom (Unión Nacional por la Esperanza) 2008-2012		11/10/2011				49 % 15/06/2011		45 %		Perdedor		Inconsistente
	Jimmy Morales (Frente Convergencia Nacional) 2016-2020		6/6/2019		11/08/2019		36 %10 1/1/2019		50 %		Perdedor		Consistente
	Alejandro Giammattei Falla (VAMOS) (2020-2024)		2/7/23		23/02/2023		26 %		SD		Perdedor		Consistente

Panamá

La influencia de la Guardia Nacional se prolongó después de la Constitución de 1984. En 1989 la oposición triunfó en los comicios presidenciales, pero la Guardia Nacional comandada por el General Manuel Antonio Noriega se negó a reconocer el resultado. En ese contexto, tuvo lugar la invasión de Estados Unidos. La primera elección posterior al inicio de la transición democrática fue en 1994 (Sánchez, 2004). Se reportan seis comicios presidenciales. En cuatro de ellos la AAVO es consistente.

Tabla 4
Comportamiento de la AAVO en Panamá

Elaboración propia con información de Encuestas Dichterneirages registradas en Student Innovation Fellowship (1982-2020). Executive Approval Database Visualization-Panamá. Se muestran las inconsistencias en sombreado para facilitar su visualización.

Presidente, partido y mandato	Fecha de los comicios	Fecha de la segunda vuelta	Aprobación y fecha de publicación	Desaprobación	Resultado del oficialismo	Tipo de asociación
Guillermo Endara Malimany (Partido Panameñista) 1989-1994	5/8/1994		17 % 7/15/1993	46 %	Perdedor	Consistente
Ernesto Pérez Valladares (Partido Revolucionario Democrático) 1994-1999	5/2/1999		16 % 1/15/1999	36 %	Perdedor	Consistente
Mireya Moscoso (Partido Panameñista) 1999-2004	5/2/2004		15 % 12/15/2003	45 %	Perdedor	Consistente
Martín Torrijos (Partido Revolucionario Democrático) 2004-2009	3/5/2009		49 % 5/1/2009	47 %	Perdedor	Inconsistente
Ricardo Martinelli (Cambio Democrático) 2009-2013	4/5/2014		69 % 19/1/2014	26 %	Perdedor	Inconsistente
Juan Carlos Varela (Partido Panameñista) 2014-2019	5/5/2019		20 % 1/31/2019	75 %	Perdedor	Consistente

Tabla 5
Tasa de asociación por países

Elaboración propia con información de Encuestas CID Gallup y Dichterneirages registradas en Student Innovation Fellowship (1982-2020). Executive Approval Database Visualization-Costa Rica, El Salvador, Panamá y Guatemala.

País	N.° de elecciones presidenciales competitivas	Elecciones registradas con consistencia	Elecciones registradas con inconsistencia	Tasa
El Salvador	5	4	1	80 %
Guatemala	7	5	2	71,4 %
Panamá	6	4	2	66,66 %
Costa Rica	11	9	2	81,81 %
Totales	29	22	7	75,86 %

Tabla 6
Tasas de asociación con aprobación positiva y negativa

Elaboración propia.

Mandatarios con aprobación positiva	Elecciones con consistencia entre aprobación y voto	Tasa	Mandatarios con aprobación negativa	Elecciones con consistencia entre aprobación y voto	Tasa
14	7	50 %	15	15	100 %

Tabla 7
Comparación entre las tasas de asociación regionales

Elaboración propia.

Región	Comicios presidenciales considerados	Con asociación consistente	Con asociación inconsistente	Tasa
Centroamérica	29	22	7	75,86 %
Sudamérica11	50	44	6	88 %
México y República Dominicana	8	5	3	62,5 %

En catorce comicios presidenciales celebrados en América Central la participación del POCG tuvo a su favor la percepción ciudadana positiva del desempeño del presidente en funciones. En un total de siete oportunidades el traspaso de la popularidad del presidente en caudal de votos para la candidatura presidencial oficialista no se produjo o resultó insuficiente y el POCG fue derrotado. Ninguna otra región resulta más idónea para poner a prueba la teoría de que la derrota del POCG que cuenta con una evaluación ciudadana positiva de su desempeño suele ir antecedida por la división interna de esa fuerza política.

Panamá 2009: una reevaluación de la aprobación presidencial de Martín Torrijos

La instauración de la democracia en Panamá se produjo después de la invasión norteamericana en 1989 (Brown, 2009). “Es un caso raro de democratización por invasión militar” (Loxton, 2022, p. 135). “Aquí no hubo transición, sino intervención extranjera para dar inicio a una democracia electoral” (Torres-Rivas, 2007, p. 509). Fue instalado como presidente Guillermo Endara Malimany (1989-1994) perteneciente al Partido Panameñista (PPA), quien había derrotado al candidato del régimen militar en los comicios presidenciales de ese año anulados por el General Manuel Noriega. Artiga-González (2007) destaca la figura de dos grandes partidos que han marcado la vida política panameña: el PPA y el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

El primero fue fundado por Arnulfo Arias en la década de 1930 (Gandásegui, 2010). Mientras el PRD fue fundado por Omar Torrijos¹² en 1979 (Brown, 2009). El rasgo personalista de los partidos donde la diferencia programática es poca, sería un continuo en el tiempo en la vida política panameña (Otero, 2006). El PRD es nominalmente de izquierda y el PPA se autodefine como de centroderecha. En la práctica, ambos son centristas pragmáticos, con la diferencia de que el PPA está un poco más escorado a la derecha y el PRD a la izquierda del espectro político (Brown, 2005). Tras la apertura democrática ambas formaciones fueron los polos de la competencia electoral encabezando grandes alianzas a las que se sumaban partidos más pequeños, pero en todos los casos acaparando estos dos la posición presidencial (Brown, 2009).

No fue hasta 2009 que el Partido Cambio Democrático (CD) incrementó súbitamente su caudal de votos al capturar seis veces más votos que en la elección anterior y configurarse como el tercer gran protagonista de la competencia electoral. Pero, de acuerdo con el número efectivo de partidos, el sistema de partidos desde 1999 hasta 2014 fue de pluralismo moderado (Brown, 2015). El partido más exitoso después de la transición ha sido el PRD, el brazo político de los militares (Sánchez, 2021). El regreso del PRD bajo la democracia fue producto de una estrategia consistente en abrazar la memoria de Omar Torrijos mientras arrojaba a Noriega debajo del autobús (Loxton, 2022). El retorno triunfal se produjo en 1994 cuando Ernesto Pérez Balladares ganó la presidencia.

La consolidación tuvo lugar en 2004 con el triunfo electoral de Martín Torrijos Espino, hijo del General Omar Torrijos, encabezando una alianza con el Partido Popular y el Partido Liberal. Durante su administración acometió la renovación y ampliación del canal de Panamá, palanca principal de la economía istmeña, después de someter la iniciativa a un referéndum nacional donde la propuesta gubernamental logró el respaldo del 77,80 % de los participantes. Su administración fortaleció programas sociales dirigidos a habitantes de áreas de pobreza extrema como Red de Oportunidades y PRODEC (Fanovich y Sánchez, 2007) registrando una importante caída en la pobreza y la indigencia (Luna y Sánchez, 2009). Mientras entre 2005 y 2008 la economía lideró el crecimiento en la región con un promedio del 8 % (Gandásegui, 2010).

Durante los meses iniciales de su mandato, Martín Torrijos contó con una alta aprobación ciudadana que decayó notablemente durante buena parte de 2005. Repuntó durante 2006 y 2007 volviendo a decaer ostensiblemente durante el año preelectoral de 2008 probablemente asociado con las múltiples protestas sociales por el alto costo de la vida, la pérdida de poder adquisitivo de los panameños y el estado del transporte público (Tabla 9). Por regla general, los presidentes latinoamericanos suelen arribar a la etapa previa a los comicios con una aprobación indiscutidamente positiva o negativa (Díaz, 2019). Martín Torrijos constituye una excepción. Las mediciones de su popularidad correspondientes a cuando las primarias de todos los partidos contendientes por la presidencia habían finalizado muestran una percepción ciudadana dividida con respecto al desempeño del presidente (Tabla 9).

La diferencia de dos puntos porcentuales entre quienes aprueban y desaprueban su gestión registrada antes del inicio oficial de la campaña electoral es incluso menor al margen de error de la propia encuesta.

Las mediciones de la popularidad del mandatario de turno realizadas entre junio y diciembre de 2008 corresponden a un ejecutivo sobre cuya gestión la percepción ciudadana se encuentra dividida en partes iguales. Cuando la percepción del desempeño ciudadano de un presidente se encuentra dividida en partes equivalentes no es posible considerar que el titular del ejecutivo se encuentra evaluado satisfactoria o insatisfactoriamente. Más bien, la percepción ciudadana refleja un empate técnico desde la que resulta injustificado realizar una inferencia fiable sobre cuán favorable o desfavorable será la transferencia de su popularidad en caudal de votos para el candidato presidencial de su partido o coalición.

El 3 de mayo de 2009, la candidata oficialista Balbina Herrera fue derrotada por el opositor Ricardo Martinelli que aglutinó la alianza conformada por CD, el PPA, el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA) y Unión Patriótica. El desenlace de los comicios presidenciales de 2009 no es correcto interpretarlo como un caso de divorcio entre la aprobación presidencial positiva y el voto por el POCG. Atendiendo a esa razón, tampoco aplica en este caso una eventual comprobación de la validez de la generalización que suele explicar dicha dinámica.

Tabla 8
Evolución de la aprobación de Martín Torrijos (2004-2009)

Elaboración propia con información de Encuestas Dichterneirages registradas en Student Innovation Fellowship (1982-2020). Executive Approval Database Visualization-Panamá.

Martín TorrijosFechas	Aprobación	Desaprobación	Martín TorrijosFechas	Aprobación	Desaprobación
12/12/2004	70	24	13/05/2007	61	35
7/04/2005	39	58	17/12/2007	59	35
8/07/2005	46	49	15/05/2008	51	46
4/09/2005	46	50	15/06/2008	47	47
6/11/2005	57	37	13/07/200813	48	50
3/04/2006	62	31	15/10/2008	47	47
2/12/2006	67	31	16/11/2008	46	50
18/03/2007	66	29	15/12/2008	49	47

Panamá 2014: la ruptura de la coalición de gobierno

El triunfo de Ricardo Martinelli (CD) en las presidenciales de 2009 representó la primera ocasión en que un mandatario de la etapa democrática no provenía del PRD o del PPA. No obstante, el protagonismo de ambas formaciones políticas se mantuvo. Buena parte del triunfo de Martinelli se debió a la alianza electoral que hizo con el partido panameñista (Gandásegui, 2010). De acuerdo con las encuestas, el panameñismo controlaba un tercio del electorado. Martinelli, un alto funcionario durante las administraciones de Pérez Balladares (1994-1999) y Mireya Moscoso (1999-2004), fundó CD en 1998 y en los comicios de 2004 participó como candidato presidencial obteniendo apenas el 5,71 % de los votos.

Rumbo a los comicios presidenciales de 2009, Martinelli entendió que para vencer al gobernante PRD debía romper el fraccionamiento de la oposición antiperredista (Freidenberg, 2009). El panameñismo contaba con una larga presencia política en el sistema político local, pero estaba inmerso en una crisis interna (Gandásegui, 2010). Dicha situación más la intención de voto favorable a Martinelli facilitó que PPA accediera a formar una alianza con CD cediéndole la candidatura presidencial y contentándose el panameñismo con ubicar como compañero de fórmula al presidente de la organización, Juan Carlos Varela.

En realidad, Martinelli y CD lograron tejer una alianza con las fuerzas opositoras de mayor peso. Unión Patriótica y MOLIRENA también formaron parte de la coalición aportando entre ambas prácticamente un 10 % del total de votos válidos. Por su parte, CD obtuvo 32,1 % y PPA 18,5 %. La alianza entre los cuatro partidos funcionó alcanzando el 60 % de los votos válidos. El gobernante PRD, que tuvo como aliados a dos partidos minoritarios Partido Popular y Partido Liberal, sumó el 37,60 %. La alianza electoral devino en coalición de gobierno entre CD y PPA. A lo largo de la administración (2009-2014) el desempeño económico del país resultó muy favorable. El gobierno triplicó los subsidios de 312,3 millones en 2009 a 854,6 millones en 2012 y la pobreza se redujo de 29,8 % a 25,8 % (Moreno, 2015).

Martinelli mantuvo una alta aprobación. La excepción fue el período que abarcó desde septiembre de 2011 a agosto de 2012 que coincide con la etapa posterior al quiebre de la coalición gubernamental. Luego su popularidad repuntó hasta niveles que en Panamá no tenían precedentes. En la parte final de su gobierno era reconocido por las obras públicas que había llevado a cabo y por presumir de buenos números en variables macroeconómicas, como crecimiento, desempleo y pobreza, aunque no en inflación (Barragán, 2016).

Tabla 9
Evolución de la aprobación de Ricardo Martinelli

Elaboración propia con información de Encuestas Dichterneirages registradas en Student Innovation Fellowship (1982-2020). Executive Approval Database Visualization-Panamá.

Ricardo Martinelli Fechas	Aprobación Desaprobación		Ricardo Martinelli Fechas	Aprobación Desaprobación
10/01/2010	81	16	13/05/2012	37	61
7/03/2010	69	28	13/08/2012	46	51
6/06/2010	70	25	15/12/2012	52	43
12/12/2010	73	24	17/03/2013	59	36
13/03/2011	73	25	16/06/2013	61	33
15/06/2011	65	31	15/09/2013	69	27
13/11/2011	48	50	16/12/2013	68	28

Sin embargo, el notable crecimiento económico no se tradujo en una mejor distribución de la riqueza. Panamá continúo siendo uno de los países más desiguales de la región. Tampoco la administración de Martinelli tomó medidas para reducir la absoluta dependencia con respecto al canal (Barragán, 2016). En tanto, el clima político fue de confrontación a partir de agosto de 2011 cuando se quebró la alianza de gobierno formada para las elecciones presidenciales de 2009. La ruptura se oficializó cuando Martinelli removió del cargo de ministro de exteriores al vicepresidente Juan Carlos Varela (PPA) acusándolo de desempeñar simultáneamente numerosas responsabilidades.

En cambio, desde el PPA, se acusó a Martinelli de no respetar los acuerdos políticos entre ambas formaciones. Los otros dos ministros panameñistas Alberto Vallarino (Economía y Finanzas) y Carlos Duboy (Vivienda) renunciaron a sus cargos y el panameñismo pasó entonces a convertirse en oposición (Gandásegui, 2010). La ruptura siguió el libreto típico de quiebra de las coaliciones de gobierno: retiro de ministros del gabinete, cambio de las fronteras entre el gobierno y la oposición y alta visibilidad de la ruptura. Fue un punto de inflexión en la administración que implicó consecuencias políticas profundas. La salida del panameñismo de la coalición gubernamental significó que rumbo a las presidenciales de 2014 el oficialismo perdiera prácticamente un tercio del caudal de votos obtenido en 2009.

En el horizonte se perfiló una contienda cerrada entre los tres partidos mayoritarios en las presidenciales de 2014. Para colmo, Juan Carlos Varela no renunció a su cargo como vicepresidente de la república. Por regla general, el cargo de vicepresidente implica un trabajo discreto alejado de los reflectores. El quiebre de la coalición gubernamental y la permanencia en el cargo de vicepresidente del líder de la formación política que pasó a la oposición activa le brindó a Varela un protagonismo inusual. De aliado clave devino en principal crítico de la gestión de Martinelli. Dado el despliegue por el presidente de un estilo autoritario de gestión, Varela tuvo la oportunidad de presentarse ante la opinión pública y los votantes como una especie de paladín de la institucionalidad.¹⁴

Las coaliciones de gobierno son formatos frecuentes en el continente. Aproximadamente la mitad de los gobiernos presidenciales tienen esa naturaleza. El quiebre de las coaliciones gubernamentales suelen ser hechos traumáticos para la dinámica de gobierno. Generalmente, los presidentes son incapaces de revertir las consecuencias que trae un quiebre de coalición (Chasquetti, 2006). Después de la ruptura el ejercicio de gestión es casi siempre más difícil para el titular del ejecutivo, pues ya no suele contar con mayorías legislativas y el ejercicio de gobierno se torna más espinoso (Chasquetti, 2006). Los antiguos aliados conocen mejor que nadie las zonas grises de la gestión de turno.

Omisiones y excesos en la conducción gubernamental resultan expuestos ante la opinión pública provocando pérdida de credibilidad y un mayor escrutinio. En general, la ruptura suele mermar las posibilidades de continuidad en el poder del oficialismo. Cuando involucra a socios mayores o incluso a referentes tiende a producir una sangría en el caudal de votos y un declive en el rendimiento electoral del partido de gobierno.¹⁵ No es casualidad entonces que los comicios presidenciales de 2014 se caracterizaron por el uso indiscriminado de recursos públicos en la campaña de CD en la que la injerencia del poder ejecutivo alcanzó niveles sin precedentes (OEA, 2014). El enorme gasto electoral estuvo encaminado a lograr la elección de José Domingo Arias, candidato presidencial de CD. La fórmula oficialista se completó con la inclusión como aspirante al cargo de vicepresidente de la esposa del propio Martinelli.

El gesto fue interpretado como una clara expresión de la concentración de poder del presidente al interior de CD y un intento por conservar su influencia más allá del mandato constitucional (Meléndez, 2014). En las presidenciales de 2014 se presentaron siete candidatos. Por primera vez hubo postulación tanto desde la izquierda como de independientes, pero la contienda se volvió a centrar entre los representantes de los partidos mayoritarios. También por primera ocasión un mandatario panameño arribó a la etapa previa a la campaña con una percepción ciudadana altamente positiva del desempeño presidencial (68 %).

Por regla general, en América Latina la aprobación positiva del mandatario de turno se transfiere en caudal de votos para el candidato presidencial del oficialismo contribuyendo a la victoria electoral del partido en el gobierno (Díaz, 2022a). Pero, en esa ocasión la alta evaluación presidencial no se reflejó en la votación obtenida por el candidato oficialista. De hecho, el caudal de votos válidos obtenido por CD (sin aliados) se redujo un 6 % con respecto al alcanzado en 2009. Ello a pesar de que José Domingo Arias resultó el candidato con más gastos, mayor presencia en medios de comunicación y el más favorecido en las encuestas de intención de voto publicadas (Luna, 2014). En efecto, Juan Carlos Varela postulado por PPA y PP emergió como ganador con el 39 % de los votos válidos. José Domingo Arias postulado por CD y MOLIRENA logró 31 % y Juan Carlos Navarro (PRD sin aliados) 28 %. La derrota de CD en las presidenciales de 2009 no pone en entredicho la generalización arrojada por la experiencia comparada acerca de que la división interna del POCG frena la transferencia de la alta popularidad del titular del ejecutivo en caudal de votos para el candidato del partido en el gobierno contribuyendo a su fracaso electoral.

La alianza electoral con el panameñismo fue el vehículo que CD utilizó en 2009 para obtener la presidencia. Una vez que tras apenas veintiséis meses de mandato ese instrumento quedó inutilizado sus posibilidades de conservar el poder mermaron. La ruptura entrañó un cambio cualitativo en el estado de las cosas. Alteró la correlación de fuerzas entre el gobierno y la oposición, restringió el caudal de votos gubernamentales y brindó un protagonismo excepcional al futuro candidato presidencial del panameñismo. La formación gobernante quedó mucho más expuesta al desgaste ocasionado por otras variables que no jugaban precisamente a su favor como el rechazo al estilo autoritario de Martinelli, las graves carencias que asolan a amplios sectores de la población, el alza de la canasta básica, las importantes denuncias en materia de corrupción y la alta desigualdad imperante (Zovato, 2014).

Guatemala 1999: la aprobación presidencial engañosa de Álvaro Arzú (1996-2000)

La elección del demócrata cristiano Vinicio Cerezo (1985-1990) culminó un período caracterizado por un continuo de comicios fraudulentos, regímenes autoritarios y represión militar. La instauración de la democracia electoral fungió como resorte facilitador de las negociaciones de acuerdos de paz durante los mandatos de los presidentes Cerezo y Jorge Serrano (1991-1993) y del cese del enfrentamiento del Estado con varios grupos beligerantes de izquierda durante la administración de Álvaro Arzú Irigoyen (Meléndez, 2015). La flexibilización del juego político tuvo un claro propósito contrainsurgente (Torres-Rivas, 2007, 2010). No sorprende entonces que la política posconflicto tiene lugar en un contexto de pobreza, inequidad, segregación y exclusión indígena que confluye con una representación política precaria (Meléndez, 2015).

El sistema de partidos, caracterizado regularmente como multipartidista moderadamente polarizado y fluido (Artiga-González, 2010), debido a la desnaturalización de las funciones tradicionales de los partidos y una proverbial falta de enraizamiento también ha sido considerado como un sistema político sin partidos (Sánchez, 2008). Se trata de un sistema altamente volátil con partidos dependientes de liderazgos personalistas y carentes de ideología y programa consistente (Briscoe y Rodríguez, 2011). La mayoría de los partidos que dominaron las elecciones posteriores a la transición se convirtieron en actores marginales apenas dos comicios después (Meléndez, 2015). Mientras los partidos creados después del 2000 Gran Alianza Nacional (GANA), Unión Nacional por la Esperanza (UNE) y Partido Patriota (PP), en parte debido a su participación en alianzas, apenas lograron sostener un modesto apoyo electoral en el tiempo (Brolo, 2012).

Las dificultades de los partidos para mantener su caudal electoral, incluso desde el poder, explican que la alternancia política haya sido una constante (Meléndez, 2015). Otras continuidades “que han marcado la democratización desde 1985 son un importante abstencionismo, una exacerbada atomización de la oferta partidista y una impresionante volatilidad del voto ciudadano” (Sonnleitner, 2009, p. 511). El acuerdo de paz firmado durante la administración de Arzú permitió finalmente la participación electoral de todas las corrientes políticas que hasta ese momento se encontraban proscritas por la ley o por falta de condiciones mínimas de seguridad como las de izquierda (Gálvez Borrell y Guatemala, 2000).

En los años noventa, PAN¹⁶ y Frente Republicano Guatemalteco (FGR),¹⁷ ambas de derecha, fueron las formaciones políticas más votadas. A través del control de la alcaldía capitalina el PAN logró enviar un mensaje de eficiencia y buen gobierno que facilitó el acceso de esa formación a la dirección del Estado en 1996. Poner punto final al conflicto armado interno que se extendió por treinta y seis años, sostener una relativa estabilidad macroeconómica y aumentar la inversión estatal, destacan como logros de la administración de Arzú quien a lo largo del mandato recibió una evaluación ciudadana relativamente satisfactoria (Tabla 10).

Tabla 10
Evolución de la aprobación de Álvaro Arzú (1996-2000)

Elaboración propia con información de Encuestas CID Gallup registradas en Student Innovation Fellowship (1982-2020). Executive Approval Database Visualization-Guatemala.

Álvaro Arzú Fechas	Aprobación	Desaprobación	Álvaro Arzú Fechas	Aprobación	Desaprobación
15/09/1996	30	6	15/07/1998	31	14
15/02/1997	32	9	15/09/1998	39	13
15/06/1997	28	16	15/03/1999	46	11
15/10/1997	26	16	15/06/1999	42	11
15/03/1998	31	14	15/08/1999	30	20

La campaña presidencial de 1999 dirimida en dos vueltas electorales también se polarizó entre PAN y FGR por intermedio de sus respectivos representantes, Oscar Berger y Alfonso Portillo. El candidato opositor concluyó imponiéndose inobjetablemente en las dos rondas. La amplia diferencia de votos con la que Portillo derrotó a Berger evidencia que el eventual traspaso de la popularidad del mandatario de turno en caudal de votos para el candidato presidencial de su partido no se produjo. Los diversos análisis sobre las causas del desenlace electoral realizados por especialistas locales no recogen mención alguna a una ruptura explícita o tácita en el interior del oficialismo. Al contrario, el desenlace desfavorable para el gobierno se achacó, en gran medida, a sus propios desaciertos,¹⁸ la inoperante campaña del PAN, la habilidad discursiva del candidato opositor y las limitaciones de la izquierda para representarse así misma (Gálvez Borrell y Guatemala, 2000).

Sin embargo, sería un error considerar que el desenlace electoral guatemalteco de 1999 pone en entredicho la teoría de que la división del oficialismo anticipa la derrota del partido gubernamental al margen de que la evaluación ciudadana de su desempeño sea positiva. CID Gallup fue la única casa encuestadora que registró regularmente la evolución de la aprobación del presidente Arzú. Llama poderosamente la atención que todas sus encuestas manifestaran un alto número de no respuesta. Analizando la Tabla 8 no es difícil apreciar el alto promedio general de no respuesta del instrumento por los encuestados (53,5 %).¹⁹ Incluso, la última medición previa al inicio de la campaña electoral contiene respuestas de apenas el 50 % de los encuestados. Con una magnitud de no respuesta tan pronunciada es difícil tener plena certeza acerca del verdadero nivel de aprobación del mandatario Arzú y llegar a inferir una tendencia justificada del comportamiento del votante.

La estimación de que el candidato presidencial del oficialismo en 1999, Oscar Berger, contaba a su favor con la percepción ciudadana favorable del desempeño del mandatario de turno Álvaro Arzú, probablemente resulta engañosa. El enorme universo de no respuesta pudo perfectamente contener una desaprobación presidencial oculta significativa o una magnitud considerable de indecisos potencialmente capaces de inclinarse en contra de la candidatura oficialista bajo los efectos de la campaña electoral. Los resultados electorales que evidenciaron un triunfo abrumador del candidato opositor ponen de manifiesto que la interpretación que sugerimos es perfectamente razonable.

Guatemala 2011: el oficialismo no acude a la cita con las urnas

Por sexta vez ocasión desde el inicio de la apertura democrática tuvieron lugar las elecciones generales en Guatemala celebradas en septiembre y noviembre de 2007. Catorce partidos presentaron candidatos a la presidencia de la República. A reserva de que en Guatemala los partidos son más bien personalistas y sin proyección ideológica clara, la mayoría de las organizaciones contendientes por la presidencia se ubicaban a la derecha o centroderecha. Los únicos partidos claramente de izquierda fueron la coalición Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URGN-Maíz) y Encuentro por Guatemala. Mientras en el centro izquierda se ubicó el partido a la postre ganador, UNE, que postuló al ingeniero industrial Álvaro Colom (Azpuru y Blanco, 2008). Colom fue el primer presidente electo gracias a los votos del campo y en contra de las preferencias capitalinas (Sonnleitner, 2009).

Coincidentemente, el mandato de Álvaro Colom (2008-2012) se caracterizó por aumentar los programas y recursos públicos dirigidos a poblaciones en condiciones de pobreza y pobreza extrema especialmente en las zonas rurales, sin menoscabo de la perspectiva clientelar. Durante su gestión la población entre 15 y 29 años resultó beneficiada por el avance de las capacidades educativas. También se reportaron avances en la gratuidad de los servicios públicos. A su vez, durante la administración la deuda pública aumentó en modo alarmante. Guatemala se ubicó entre los países latinoamericanos con mayor tasa de homicidios y se incrementaron las evidencias de cooptación de las instituciones públicas por el narcotráfico y la percepción de corrupción (Lautaro, 2012). De acuerdo con las mediciones el mandatario Álvaro Colom a lo largo de su mandato mantuvo una percepción ciudadana positiva indiscutida (Tabla 11). No obstante, la desaprobación del desempeño presidencial se incrementó de manera notable en la medida que se acercaba la campaña electoral de 2011 asociado probablemente con la agudización del clima de inseguridad ciudadana y la designación de la primera dama, Sandra Torres, como candidata presidencial de UNE (Tabla 9).

Tabla 11
Evolución de la aprobación de Álvaro Colom (2008-2011)

Elaboración propia con información de Encuestas CID Gallup registradas en Student Innovation Fellowship (1982-2020). Executive Approval Database Visualization–Guatemala.

Álvaro Colom Fechas	Aprobación	Desaprobación	Álvaro Colom Fechas	Aprobación	Desaprobación
29/01/2008	49	20	2/02/10	59	37
15/08/2009	55	SD	12/07/10	50	47
15/11/2009	55	SD	15/06/11	49	45

En efecto, el 8 de marzo de 2011 Sandra Torres confirmó que encabezaría el binomio presidencial de la coalición electoral formada por UNE y GANA. Desde años antes la oposición había señalado que el propósito de que Torres fuera la coordinadora de los programas sociales no era otro que preparar la plataforma para su candidatura. La constitución guatemalteca prohíbe ser candidatos a los parientes próximos del ejecutivo de turno. Colom y Torres intentaron superar el escollo solicitando su divorcio. Todas las instituciones llamadas a evaluar la constitucionalidad de la candidatura de Torres la declararon improcedente. Por último, la Corte de Constitucionalidad, instancia suprema de apelación negó también la postulación de la primera dama (Blas, 2011).

En 2007, por primera vez los votos del campo habían sido determinantes para el triunfo electoral de un partido político, cuatro años después también por primera ocasión en la historia política más reciente el oficialismo no alcanzó a postular candidato presidencial para el siguiente período. El hecho de que UNE ni siquiera tomara parte en la contienda presidencial de 2011 impide verificar en ese caso la validez de la teoría de que la derrota del partido gubernamental que cuenta con una percepción ciudadana favorable del desempeño del mandatario de turno, por regla general, se encuentra asociada con la división interna de esa fuerza política.

El Salvador 2009: la división interna solapada del oficialismo

Los Acuerdos de Paz de 1992 significaron la entrada de El Salvador en un proceso de democratización por primera vez en su historia (Rubio, 2012). En 1994 tuvieron lugar las primeras elecciones libres y competitivas que contaron con la incorporación de la antigua guerrilla devenida en partido político, el FMLN²⁰ (Reverse, 2009). Al igual que en Guatemala, la flexibilización del juego político tuvo un claro propósito contrainsurgente. El país logró instaurar procesos electorales competitivos y pluralistas realizados en condiciones de relativa igualdad (Ramos y Loya, 2008). A diferencia de Guatemala, las formaciones políticas que lideraron la transición, ARENA y el FMLN²¹ conservaron el predominio del escenario sociopolítico a lo largo de veinticinco años (1994-2019) y seis consultas electorales. Ambos actores, enemigos durante el conflicto armado que se extendió durante doce años con un saldo de 80 000 víctimas y casi un millón de desplazados (Garibay, 2018), impusieron también en el terreno político un tipo de competencia confrontativa, bipolar y polarizada.

ARENA y FMLN, partidos mayoritarios, “representan los polos opuestos del espectro ideológico, reproduciendo en el escenario electoral la confrontación que se vivió en el terreno militar” (Ramos y Loya, 2008, p. 369). Entre 1994 y 2009, el promedio de concentración del voto entre ARENA y el FMLN fue de 87,1 % y el número efectivo de partidos a nivel de los comicios presidenciales disminuyó hasta 2.0, por lo que el formato del sistema de partidos registró una clara tendencia al bipartidismo polarizado. Aunque a nivel del legislativo el sistema no dejó de operar como multipartidista en la medida que, para llevar adelante las iniciativas del Ejecutivo, fueron relevantes más de dos formaciones políticas (Artiga-González, 2009). ARENA ganó de manera consecutiva las tres contiendas presidenciales celebradas entre 1994 y 2004.

Dicha formación también había obtenido la presidencia en 1989, por lo que fue capaz de conservar el poder durante veinte años gracias a la combinación de cuatro factores: el rédito obtenido por la consecución de la paz, el miedo a que pudiera estallar un nuevo conflicto en caso de un triunfo electoral del FMLN, las ventajas que tuvo en materia de recursos financieros y humanos y el dominio de las instituciones del Estado (Allison, 2014). Los tres últimos mandatarios areneros Armando Calderón (1994-1999), Francisco Flores (1999-2004) y Elías Antonio Saca (2004-2009) se impusieron inobjetablemente a los candidatos presidenciales del FMLN por un margen igual o mayor a los veintidós puntos porcentuales en los comicios de 1994, 1999 y 2004, respectivamente.

De Zeeuw (2013) atribuye el éxito del desempeño electoral de ARENA al apoyo popular. A diferencia de lo que ocurrió en Panamá y Guatemala donde, por regla general, los presidentes culminaron sus mandatos con altos niveles de desaprobación ciudadana los presidentes areneros Calderón (39 % y 13 %), Flores (53 % y 20 %) y Saca (48 % y 42 %) lo hicieron con una aprobación positiva. Con esos antecedentes, rumbo a los comicios de marzo de 2009 ARENA se dispuso a ganar su quinta elección presidencial consecutiva. En el año preelectoral de 2008 la crisis energética, la crisis alimentaria, el incremento del costo de la vida y la persistente violencia marcaron la dinámica social (Ramos, Loya y Arteaga, 2009). A su vez, comenzaron a sentirse los efectos de la crisis financiera internacional. El presidente Saca respondió con varios paquetes de medidas reafirmando su decisión de mantener los programas de asistencia y atención de los sectores más pobres y los subsidios a productos esenciales como el gas licuado, la energía eléctrica, el transporte colectivo y el agua.

Dichos esfuerzos fueron interpretados como una táctica electoral orientada a reducir el descontento ciudadano con la gestión gubernamental (Ramos, Loya y Arteaga, 2009). Ciertamente, con excepción de Mitofsky, casas encuestadoras como LB, LAPOP, LPGDATOS y CID Gallup registraron durante 2008 una reducción de la diferencia entre los márgenes de aprobación y desaprobación del mandatario con respecto a los años precedentes de su administración. La última medición antes de la campaña fechada en noviembre de 2008 es elocuente (Tabla 12). Apenas seis puntos porcentuales de diferencia.

En 2007 se produjo el evento que marcaría la dinámica de la campaña presidencial de 2009. El FMLN presentó su fórmula presidencial integrada por el periodista Mauricio Funes y el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén, líder histórico del FMLN. La antigua guerrilla abrió la candidatura presidencial a una personalidad fuera del partido, demócrata y centrista, cambiando a su vez el tradicional discurso confrontativo hacia Estados Unidos, el tratado de libre comercio y la dolarización (Rubio, 2012). La presentación influyó en los procesos internos en ARENA: “Por primera vez, desde la guerra, el país asistió a un proceso electoral con la derecha políticamente a la defensiva” (Ramos, Loya y Arteaga, 2009, p. 409).

La elección del candidato presidencial de ARENA, Rodrigo Ávila, director de la Policía Nacional y viceministro de Seguridad Ciudadana entre 2004 y 2006, provocó fisuras entre las distintas facciones del partido debido a la parcialidad del proceso (Ramos, Loya y Arteaga, 2009). Saca desafió a los “barones del partido” mediante la imposición de un candidato presidencial de su propio cuño (Rodríguez y Enríquez, 2008). El mandatario Saca violentó los principios al intervenir en el proceso de elección interna (La Nación, 2009). El proceso de elección del candidato presidencial arenero fue muy desgastante y dejó mucha insatisfacción entre los participantes. Particularmente notorias fueron las declaraciones de los precandidatos Ana Vilma de Escobar (vicepresidenta del país) y Francisco Laínez, quienes manifestaron su inconformidad sin tapujos (Miranda, 2009).

El ejecutivo arenero:

Le cortó la cabeza a todo aquel que pudiera hacerle sombra a él o a la persona que él escogiera para que le sirviera como presidente delegado en el período 2009-2014. El presidente triunfó en toda la línea. Dividió al partido; eliminó todos los brotes de auténtico liderato… (Hinds, 2009, s. p.).²²

El detonante de la división de ARENA fue el más frecuente, el proceso de elección interna del candidato presidencial de la organización. La inconformidad fue compartida públicamente, aunque coyunturalmente no derivó en otras conductas asociadas con la escisión abierta como la impugnación ante los órganos electorales o el abandono del partido por referentes que se integraron a otras fuerzas políticas. La disciplina interna de la formación y el carácter polarizado de la competencia interpartidaria probablemente jugaron en contra de esa posibilidad. Cuando la ruptura tiene un bajo nivel de exposición mediática sus efectos hacia el interior de la organización no deben ser subestimados. Generalmente, tiene lugar un distanciamiento o desmovilización casi silenciosa de segmentos decisivos de votantes oficialistas con respecto a la campaña del candidato presidencial del partido al debilitarse los incentivos de brindarle respaldo ante las urnas. Así sucedió, por ejemplo, en la campaña del Partido Liberación Nacional en los comicios presidenciales costarricenses de 1990 (Rojas, 1991).

No encontramos estudios cuantitativos que evaluaran el impacto puntual de la ruptura interna en la movilización del votante arenero en la campaña presidencial de 2009, pese a que ocho meses después de celebrados los comicios presidenciales el liderazgo reconoció públicamente el amañamiento de la elección interna por el presidente Saca y la división que fomentó, procediendo a su expulsión de la organización (Arauz, 2009). En ese momento la división interna solapada devino en escisión abierta. Doce diputados relacionados con el expresidente Saca abandonaron la bancada arenera en la Asamblea Legislativa y conformaron el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

Hay pocos estudios sobre las divisiones en ARENA (Allison, 2014). La fractura de 2008 no fue la primera que sufrió la formación al ser partido en el gobierno. En 1996, Víctor Cornejo Arango, lugarteniente del fundador del partido Roberto d´ Aubuisson, el exvicepresidente de la República Francisco Merino y el expresidente de la Corte Suprema Mauricio Gutiérrez Castro abandonaron la organización y se integraron al Partido Conciliación Nacional “mostrando por primera vez públicamente que detrás de la retórica del partido graníticamente unido había fisuras” (Martínez, 2009). Hay indicios de que esa fractura afectó en cierta medida los resultados de ARENA en las elecciones legislativas y municipales de 1997.

Posteriormente, en 2001 Gloria Salguero Gross fundadora y diputada, renunció y fundó el Partido Popular Republicano, aunque retornó en 2003 para apoyar la campaña del entonces candidato presidencial Elías Antonio Saca. La diferencia de la ruptura de 2008 con las anteriores es que estuvo relacionada directamente con el proceso de selección del candidato presidencial de ARENA y coincidió con la estrategia del FMLN de moverse al centro del espectro político al postular un candidato presidencial carente de un vínculo orgánico con el partido y sin antecedentes de haber estado involucrado en el conflicto armado de la década de los años ochenta. Finalmente, en las elecciones del 15 de marzo de 2009 se impuso el candidato presidencial del FMLN, Mauricio Funes. El FMLN obtuvo el 51,32 % del total de votos válidos y ARENA el 48,68 % (Tribunal Supremo Electoral, 2009).²³ Por primera vez desde los Acuerdos de Paz se produjo la alternancia en el Ejecutivo (Reverse, 2009).

La evidencia reunida sugiere que ARENA participó en las presidenciales de 2009 afectada por un proceso de división interna solapado que restó apoyos internos decisivos al candidato presidencial de la organización. Dicha variable no constituye el único factor explicativo que jugó en detrimento de la continuidad del oficialismo. Rodríguez y Enríquez (2008), por ejemplo, además de reconocer el peso de la ruptura interna mencionan también el cambio de estrategia del FMLN, el agotamiento de los modelos de desarrollo y el desgaste después de veinte años en el gobierno nacional. La experiencia comparada consigna que la derrota del partido en el gobierno que cuenta con una evaluación ciudadana positiva del desempeño presidencial como regla general suele ir antecedida por la división interna del oficialismo. El caso de ARENA en los comicios presidenciales salvadoreños de 2009 no pone en entredicho dicha generalización.

Conclusiones

Ciertas condiciones particularmente adversas afectan la dinámica democrática en Centroamérica: elevados índices de desigualdad social, pobreza extrema, inseguridad ciudadana, volatilidad electoral y abstencionismo. No obstante, el contexto desfavorable no ha resultado un inconveniente para que la aprobación de los mandatarios de turno en la región tienda a anticipar de forma razonablemente estable la alternancia o continuidad en el poder del POCG. La tendencia podría ser más tangible si excluyéramos del grupo de casos inconsistentes, cuando menos, a los comicios guatemaltecos de 2011 en los que el oficialismo no contendió en la elección presidencial y los panameños de 2009 donde la popularidad del presidente de turno Martin Torrijos reflejó un empate técnico entre quienes aprobaban y desaprobaban su desempeño.

En ese escenario, la consistencia de la tasa centroamericana de AAVO se incrementa de 75,86 % a 81,48 %. Dicha operación la aproxima al comportamiento de la tasa sudamericana (88 %); en realidad es mucho más representativa de la consistencia evidenciada por esa pauta de comportamiento en la región. La diferencia de aproximadamente seis puntos porcentuales que se aprecia entre ambas tasas probablemente se encuentre asociada con la presencia o no del mecanismo de la reelección presidencial inmediata. Mientras en Centroamérica, como regla, la figura se encuentra constitucionalmente prohibida, la situación es diferente en varios de los países sudamericanos en las que las elecciones tienen lugar en un entorno competitivo y transparente como, por ejemplo, Brasil, Argentina, Colombia y Ecuador.

Quizás sea el momento apropiado para que la aprobación del presidente se integre al debate sobre cuál de los diferentes de predictores de la decisión electoral en Latinoamérica resulta de mayor utilidad. La exclusión de los casos de Guatemala y Panamá en 2011 y 2009, respectivamente, también tiene cierto efecto en los resultados del contraste entre las tasas de asociación de APP y de APN. Aunque representa un incremento de la primera del 50 % al 58,33 %, ciertamente, no varía significativamente la dinámica que habíamos reportado. El votante centroamericano se inclina a respaldar la alternancia política. Lo ha hecho siempre que ha percibido como desfavorable el desempeño presidencial del POCG.

No le contienen los riesgos de saltos al vacío que pueden representar el respaldo a fuerzas políticas de reciente formación o que carecen de experiencia de gobierno a nivel nacional. Debido, probablemente, a que el constante endurecimiento de sus condiciones de vida lo conducen a pensar que tiene poco que perder. Posiblemente, tratamos con el votante más habituado a elegir desde el dominio de las pérdidas. A su vez, el hecho de que el apoyo a la continuidad del oficialismo haya coincidido siempre con gobiernos cuya gestión ha evaluado positivamente evidencia un votante racional. Castiga o premia a los gobernantes en función de su desempeño. A su vez, investigaciones comparativas arrojaron que la división del POCG suele anteceder la derrota del oficialismo cuando dicha fuerza política participa en la contienda electoral supuestamente arropada por una aprobación ciudadana favorable de su gestión. Centroamérica representó una oportunidad de comprobar su validez. El número de casos era importante y la aproximación preliminar a los mismos arrojaba pistas en una dirección opuesta.

Finalmente, el análisis pormenorizado de los casos centroamericanos de divorcio entre APP y voto por el oficialismo no puso en tela de juicio la generalización. La división interna abierta o solapada representa una amenaza para la continuidad del partido o coalición de gobierno. No solo por la desconcentración del voto progubernamental que la acompaña, sino también porque a menudo potencia el desgaste ocasionado por otras variables coyunturales que juegan a favor de la alternancia en el poder como los escándalos de corrupción en el entorno del presidente, el alza en la carestía de la canasta básica, la persistencia de altos niveles de desigualdad social y el incremento de la inseguridad ciudadana.

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Notas

Información adicional

Acerca de la persona autora: Orestes Enrique Díaz Rodríguez. Mexicano. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara. Profesor investigador de tiempo completo en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, miembro del sistema nacional de investigadores de México.

Acerca de la persona autora: Andrea Santibáñez Espinosa de los Monteros. Mexicana. Licenciada en Estudios Políticos por la Universidad de Guadalajara, actualmente maestrante por la Universidad Nacional Autónoma de México.

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