Introducción

Con el golpe de Estado de 1931, inició en El Salvador un periodo donde el Ejército mantuvo el poder más absoluto y continuo que en ningún otro país de América Latina. Sin embargo, dentro de esta historia hay un paréntesis, de 1948 a 1960, en el cual la institución castrense intentó ser un agente de cambios estructurales en el país, como más tarde sucedería en Brasil (1964) y en Perú (1968). Para ver las diferencias de este nuevo papel de las fuerzas armadas dentro del marco de las relaciones cívico-militares, es necesario hacer un análisis histórico de estas en la política del país hasta 1944, año en el que fue derrocado el dictador Maximiliano Hernández Martínez. El proceso iniciado en 1948 no fue algo repentino, empezó en los años veinte por parte de jóvenes oficiales y cadetes, muchos de los cuales jugarían un papel destacado en el proceso iniciado en 1948. El Ejército salvadoreño quizás haya sido también uno de los primeros en agregar la doctrina de seguridad nacional a la defensa nacional.

Las Fuerzas Armadas hasta 1944

El Salvador fue uno de los primeros países latinoamericanos en organizar un Ejército moderno. Ya en 1824, dos exoficiales napoleónicos llegaron al país para la organización de sus fuerzas armadas. En 1868, el presidente Francisco Dueñas fundó la Escuela Politécnica, cuyo primer director fue un capitán del Ejército español. En 1876, una misión militar francesa fue contratada una vez más para llevar a cabo una reorganización e instrucción de los militares salvadoreños. En 1886, el presidente General Francisco Menéndez fundó la Escuela de Cabos y Sargentos en Santa Ana. En 1890, oficiales alemanes también fueron a El Salvador para entrenar su Ejército. Finalmente, la misión militar extranjera que más influencia tuvo fue la chilena, la cual llegó en 1903. Este grupo de militares chilenos estaba compuesto por oficiales que habían sido entrenados bajo la dirección del general prusiano Emil Köner, quien había llegado a Chile a finales de la década de 1880 (Bustamante Maceo, 1951, pp. 1-16; Elam, 1968, pp. 4-11).

Debido a las constantes guerras internas por las que atravesó el istmo centroamericano en el siglo XIX, el Ejército salvadoreño estuvo envuelto en la política del país desde un principio (Elam, 1968, pp. 2-3). Por la década de 1850, empezó a evolucionar hacia una institución moderna encargada de la defensa del territorio nacional –mientras que la seguridad interna estaba, al principio, en manos de los ejércitos privados de los grandes hacendados de las zonas rurales–, lo cual culminó en 1867 con la fundación de la primera academia para oficiales, a cargo del general español Luis Pérez Gómez (Elam, 1968, pp. 5-6). A pesar de las dificultades, debido a la mala administración, hubo una reorganización en 1879, para lo cual se creaba un despliegue fijo de fuerzas, divididas en cuatro divisiones de 5000 hombres cada una (Elam, 1968, pp. 5-6).

Más tarde, muchos miembros de los ejércitos privados llegaron a formar parte de la Policía Rural, creada en 1884 (que luego se convirtió en la Policía Nacional), y de la Policía Montada, creada en 1889. En 1912, el presidente Manuel Enrique Araujo fundó la Guardia Nacional, que fue entrenada por los generales españoles Alfonso Martín Garrido y Antonio Saénz Agüero, usando como modelo la propia Guardia Civil española, en un intento del gobierno por neutralizar el poder que ejercían los hacendados con sus ejércitos privados. Sin embargo, estos lo asesinaron en 1913 y, en muy poco tiempo, la Guardia Nacional se convirtió en el elemento más importante de control y ejercicio del terror de Estado sobre la ciudadanía (Anderson, 1992, p. 81).

Con el aumento del poder económico de la oligarquía, gracias a la producción y exportación de café, esta empezó a ejercer más control sobre el Ejército y la política del país en la segunda mitad del siglo XIX (Castellanos, 2001, pp. 14-20). El poder económico creado por el café se tradujo también en poder político (Cardenal, 2001, pp. 262-265; Cáceres Prendes, 1988, p. 11; Salazar Vicente, 1981, pp. 86-97; North, 1985, pp. 1719) y el país y el gobierno se convirtieron en el feudo personal de catorce familias, por ejemplo, el clan de los Meléndez-Quiñonez que ejerció un poder absoluto sobre la presidencia entre 1913 y 1927 (Elam, 1968, pp. 8-11; Cardenal, 2001, pp. 269-273; Hernández Turcios, 1978, pp. 62-67).

Con su enorme poder económico, la oligarquía pudo cooptar al Ejército de manera que, en este esquema, controlaría la política nacional, al mismo tiempo que proveería económicamente y con armamento nuevo a las fuerzas armadas. Este fue el organigrama del poder desde la creación de la república oligárquica liberal en 1871, hasta 1927. Las funciones de las fuerzas armadas, y con ello incluimos a la Guardia Nacional que quedó adscrita al Ministerio de Guerra, eran las de servir y proteger los intereses de la oligarquía cafetalera (Elam, 1968, pp. 10-11). Hasta tal nivel de profesionalización y poderío bélico llegaron las fuerzas armadas salvadoreñas que un experto norteamericano consideró que El Salvador tenía el Ejército mejor preparado de América Central y también el más numeroso, más allá de sus verdaderas necesidades de defensa (Dana Munro, citado en Elam, 1968, pp. 10-11). Además, todo el esquema gubernamental estaba diseñado para favorecer los grandes intereses cafetaleros (Castellanos, 2001, pp. 21-30), como el proceso de modernización de las infraestructuras viarias, ferroviarias y habilitación de puertos.¹

Sin embargo, el entendimiento oligárquico-militar empezó a mostrar fisuras con la ascensión a la presidencia de Pío Romero Bosque en 1927 (Elam, 1968, pp. 12-17). Romero Bosque había sido elegido por su predecesor siguiendo la política continuista de servir a los intereses de la oligarquía. Sin embargo, él trató de abrir un poco más la esfera política del país, al levantar el estado de sitio y al permitir un cierto grado de libertad de expresión y una limitada autonomía a la universidad y la creación de la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS) (Castellanos, 2001, pp. 46-47), al mismo tiempo que iniciaba una reestructuración del Ejército.

Entre otras cosas, se introdujeron nuevas normas para el ascenso de oficiales, así como también nuevos métodos de enseñanza en la recientemente creada Escuela Militar “Capitán General Gerardo Barrios”, fundada por el presidente el 22 de marzo de 1927.² Lo anterior alarmó al Ejército, ya que consideraba que era una injerencia, por parte del presidente, en los asuntos internos de la institución. No obstante, a pesar del descontento dentro de las filas castrenses y de un intento de golpe de Estado, el 6 de diciembre de 1927, Romero Bosque pudo completar su periodo presidencial. La verdadera confrontación tuvo lugar durante la presidencia de Arturo Araujo (Elam, 1968, pp. 2-23; Parada, 1975, pp. 32-41).

La creación en 1922 del Círculo Militar fue la primera indicación de que el Ejército comenzaba a definirse como una institución aparte con intereses propios que defender. De ahí las confrontaciones con los gobiernos civiles de los años veinte. Los oficiales que pertenecían al club abogaban por una mayor cohesión dentro de la institución como la mejor manera de proteger sus intereses, además de recomendar una mayor preparación de los mandos (Parkman, 1988, pp. 12-13). Es importante indicar que durante los años veinte las fuerzas armadas eran el único vehículo que tenía la pequeña, pero emergente, clase media para progresar.

La profesionalización de las fuerzas armadas llevada a cabo gracias a las misiones militares chilenas y españolas contribuyó a crear un esprit de corps, con intereses y aspiraciones diferentes a los de la oligarquía civil. Es decir, las fuerzas armadas salvadoreñas experimentaron, como otras del continente, lo que expertos denominan “autonomía profesionalizante”, que al mismo tiempo los hizo guardianes del llamado “interés nacional” (Varas, 1988, pp. 13-20). Ese confuso concepto de “interés nacional” contribuyó, como en otros lugares de América Latina, a una atomización y autonomización de la institución castrense del sector civil del país.³

Romero Bosque insistió en que no hubiera un candidato “oficial” y permitió celebrar las primeras elecciones libres en el país, incluso se presentó una mujer como candidata, a pesar de que las mujeres no tenían derecho al voto; esto sirve para ilustrar el grado de libertad que había dado al país (Hernández Turcios, 1978, pp. 71-79).⁴ Además llevó a cabo reformas en el proceso electoral para impedir que el electorado votara más de una vez –como había sido la costumbre en tan corrupto sistema político– a través de lo que se conocía en el país como la “rueda de caballitos”. Así pues, se obligaba a las personas a introducir su dedo índice en un bote de tinta indeleble una vez que hubieran depositado su voto, para impedir que votaran otra vez en otro distrito (Castellanos, 2001, p. 49).⁵

Tanto el Ejército como la oligarquía no estaban dispuestos a ceder sus puestos de autoridad, por lo que las elecciones fueron vistas con mucho recelo por parte de ambos. Arturo Araujo, a pesar de ser un gran hacendado, era muy bien visto entre los trabajadores y campesinos y su elección fue tomada como un rayo de esperanza entre las clases inferiores. Araujo había participado en la gran conferencia de trabajadores que se había celebrado en San Salvador en 1919, trataba bien a sus trabajadores e incluso les pagaba mucho más que los salarios que se pagaban normalmente (Elam, 1968, pp. 34-35).⁶ Su campaña también había sido apoyada por el gran crítico social, y persona muy respetada en el país, Alberto Masferrer.⁷

Araujo fue elegido presidente en febrero de 1931 y derrocado en diciembre del mismo año. Las fisuras que se habían empezado a ver durante su presidencia se hicieron todavía más patentes, ahora también entre los oficiales jóvenes y los de mayor rango. Lo que estaba ocurriendo en el Ejército era una brecha generacional que necesita estudiarse con detalle, puesto que más tarde culminaría en la Revolución de 1948. El proceso que derrocó al presidente entre el 2 y 3 de diciembre de 1931 fue un ensayo de lo que ocurriría más tarde en 1948.

En 1931, El Salvador, como el resto de los países de América Latina, se enfrentaba a la Gran Depresión (Baloyra, 1982, p. 8).⁸ El país tuvo que hacerle frente a un déficit presupuestario y a una bajada en el precio de las exportaciones de café (Ching, 2004, pp. 51-52; Cardenal, 2001, p. 278; Anderson, 1992, pp. 71-77; Castellanos, 2001, pp. 52-54), siempre muy susceptible a las oscilaciones del precio en el mercado mundial, pero ahora más aún, con la repentina bajada de precios y demanda de este producto (Guidos Véjar, 1986, pp. 7-14, 45-66).⁹ Además, las clases dominantes veían con gran preocupación la creciente militancia de los campesinos, su intento de participar más en el proceso político del país y demandar mejoras en sus condiciones de trabajo y de vida. Estos aspectos no hicieron más que convencer todavía más a la oligarquía de que se necesitaba un gobierno que pudiese controlar, por la fuerza si fuera necesario, a los campesinos y a la incipiente clase obrera urbana (Baloyra, 1982, p. 10; Anderson, 1992, pp. 74-80; Castellanos, 2001, pp. 60-61), que ya había empezado a dar muestras de su creciente militancia en la gran manifestación en San Salvador en mayo de 1930 (Cardenal, 2001, p. 278).

Ante la situación económica por la que atravesaba el país, Araujo recortó el presupuesto militar que ya estaba sufriendo una bajada de salarios, lo cual contribuyó a crear gran malestar en las filas castrenses, sobre todo entre la tropa y los oficiales de baja graduación. A esto hay que añadir que el presidente introdujo cambios en las reglas de ascenso. Ante esto, los militares pensaban que el presidente quería, de alguna manera, socavar la institución.

Esos dos días de diciembre indicaron que había una ruptura en la fibra política del país, inalterada desde la llegada al poder de los liberales en 1870 y que había dado paso a la república oligárquico-liberal (Baloyra, 1982, pp. 5-7). El golpe de Estado de 1931 puso de manifiesto que la institución militar no era una organización monolítica y evidenciaba que había opiniones e intereses dispares dentro de esta, de ahí la importancia de un análisis más detallado de este proceso para poder entender mejor el tema que nos concierne.

Los líderes del golpe fueron intelectuales, oficiales jóvenes –ninguno de ellos excedía el rango de coronel, y de la clase media– entre los que se encontraban algunos de los que alcanzarían gran relevancia después de 1948, Oscar Osorio, Oscar Bolaños, Luis Felipe Escobar, Juan S. Ponce, Manuel M. Molina y José María Lemus, además de profesores de la Escuela de Cabos y Sargentos y cadetes de la Escuela Militar, todos ellos influenciados por Alberto Masferrer, el gran crítico social del país, quien abogaba por la creación de un Estado intervencionista (Guidos Véjar, 1986, pp. 127-131).

Estos jóvenes oficiales llamaron a su junta Consejo de Oficiales, Soldados, Obreros y Campesinos, para indicar que representaban al pueblo y que se oponían al dominio de la oligarquía y que propugnaban la transformación de las fuerzas armadas en un instrumento de cambio (Guidos Véjar, 1986, p. 130). Sin embargo, no estaban bien organizados y muy pronto fueron desplazados por oficiales de mayor rango, apoyados por la oligarquía (Historia de El Salvador, 1994, pp. 129-132; Castro Morán, 1984, pp. 92-104). Ahora los verdaderos líderes eran los coroneles Joaquín Valdés y Osmín Aguirre y Salinas (Anderson, 1992, pp. 86-87), los cuales llamaron al vicepresidente y ministro de Guerra, general Maximiliano Hernández Martínez, principal fundador y primer presidente del Círculo Militar (Parkman, 1988, p. 17), para que ocupara la presidencia (Castellanos, 2001, pp. 65-67). Este impuso una férrea dictadura hasta 1944. Hernández Martínez es conocido para la historia salvadoreña como “El Brujo”, por su inclinación por las ciencias ocultas y la teosofía. Sus acérrimos oponentes también le llamaban “el filósofo ametrallador” (Padilla Vela, 1987, p. 43), por el uso de la violencia.

En enero de 1932 tuvo lugar la gran rebelión campesina liderada por los comunistas de Agustín Farabundo Martí (Padilla Vela, 1987, pp. 92-100; Anderson, 1992, pp. 89-111). El levantamiento desencadenó una brutal represión del general Martínez y cimentó la alianza entre las fuerzas armadas y la alarmada oligarquía convencida de que esa severa reacción del gobierno había sido necesaria. Se calcula que hasta 30 000 campesinos pudieron haber sido asesinados por el gobierno en este holocausto (Anderson, 1992, pp. 113-177, 179-189; Padilla Vela, 1987, pp. 113-155, 157-177; Historia de El Salvador, 1994, pp. 133-139; Cáceres Prendes, 1988, p. 76; North, 1985, pp. 32-41),¹⁰ pues las órdenes del dictador habían sido muy claras: “No dar cuenta de prisioneros” (citado por Castro Morán, 1984, p. 159). Como resultado de la revuelta de 1932, Martínez impuso un estado de sitio en el país que mantuvo por los próximos doce años (Parkman, 1988, pp. 26-27). Hernández Martínez reemplazó a los funcionarios civiles con oficiales militares. A excepción de uno, todos los gobernadores departamentales eran militares. El Ejército ahora se extendía por todo el aparato gubernamental, con oficiales leales a Martínez que ocupaban las posiciones de mayor importancia (Elam, 1968, p. 47; Parkman, 1988, p. 25).

Sin embargo, a pesar del apoyo del Ejército, este no era un apoyo monolítico, ya que había divergencias dentro, razón por la cual el dictador trataba todo lo relacionado con el Ejército con mucha cautela. Por ejemplo, para evitar que se llegase a formar una alianza cívicomilitar que pudiera llegar a derrocarlo, prohibió a los oficiales ser miembros de clubs o asociaciones civiles (White, 1973, p. 194),¹¹ y puso en los puestos más estratégicos a aquellos oficiales que habían ascendido desde los rangos más bajos, en lugar de aquellos que habían estudiado en la Escuela Militar o en el extranjero, en quienes confiaba menos. También, para contraponer la influencia de las fuerzas armadas regulares, Hernández Martínez creó una especie de milicia personal compuesta por miembros de su propio partido Pro Patria (Parkman, 1988, p. 25).

A través de su partido, que organizó con la idea de crear un partido nacionalista de masas como la Falange Española (Parkman, 1988, pp. 118-119), pero que no fue más que un vehículo del poder personal del dictador, Hernández Martínez llegó a dominar todos los aspectos de la vida nacional; al mismo tiempo le sirvió como un efectivo servicio de espionaje. Estaba encantado con el fascismo europeo y fue uno de los primeros en reconocer al gobierno del general Francisco Franco en España. Envió oficiales a estudiar a Alemania e Italia,¹² sobre todo a los más jóvenes, incluso el director de la Escuela Militar fue reemplazado por el general alemán Ebarhardt von Bohnsted. En junio de 1940 promulgó una ley para que se considerara un crimen expresar simpatías por los aliados. Grupos nazis, fascistas y falangistas, organizados por las diferentes representaciones diplomáticas, circulaban con relativa facilidad en la capital de San Salvador. Se compraba material de guerra alemán e italiano, y se organizaban constantes ejercicios militares (Elam, 1968, pp. 46-49), y las importaciones de Alemania e Italia aumentaron considerablemente entre 1931 y 1939 (Parkman, 1988, p. 28; Castellanos, 2001, p. 107).

No obstante, como consecuencia de la inestabilidad del comercio con las potencias del Eje, El Salvador estaba pagando un alto precio por su lealtad a esa causa y el dictador también tuvo que enfrentarse a la continua oposición de amplios sectores del Ejército, la cual favorecía la causa Aliada, sobre todo después de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Ante tales circunstancias, Hernández Martínez cambió su política internacional al pasarse de lleno a los Aliados. Así, en 1941, Estados Unidos y El Salvador firmaron el primer tratado de asistencia militar para “la defensa del Hemisferio Occidental”, por el cual este país centroamericano recibió armamento valorado en 1,6 millones de dólares, y el coronel Robert L. Christian se convirtió en el primer norteamericano director de la Escuela Militar. Para engraciarse todavía más con Estados Unidos, Hernández Martínez separó de su gobierno a quienes la embajada estadounidense consideraba con tendencias fascistas (Castellanos, 2001, pp. 109-110).

A pesar de todos sus esfuerzos para mantener al Ejército contento y ocupado, este trató de derrocarlo tres veces, en 1935, 1936 y 1939 (Padilla Vela, 1987, p. 41; Castro Morán, 1984, p. 166-167). En los últimos años de su dictadura, el descontento creció, especialmente entre los oficiales más jóvenes que resentían el favoritismo de Martínez con los oficiales de mayor rango y de su misma generación, y por el clientelismo político que ejercía a través de su partido Pro Patria (Parkman, 1988, pp. 25-29; Ching, 2004, pp. 59-65; Cáceres Prendes, 1988, pp. 78-79).

Estos jóvenes oficiales también estaban muy descontentos con la gran diferencia en la escala salarial y por las escasas oportunidades de ascenso debido a la saturación creada en los puestos más altos, en manos de los más allegados al dictador. La llegada al país en 1941 del coronel Christian, como director de la Escuela Militar, contribuyó a acentuar todavía más la brecha ideológica y generacional dentro del Ejército. Todas estas circunstancias crearon un cuerpo de oficiales que resentían al régimen y por el que no sentían ninguna lealtad. Esto los hizo más susceptibles a considerar las ideas que estaban surgiendo de la clase media, la cual también resentía la férrea política del dictador, puesto que les cerraba las puertas para una mayor participación en la vida política del país (Parkman, 1988, p. 31). Durante la época en que gobernó el dictador, El Salvador experimentó grandes cambios, con la creación de bancos, una política monetaria que contribuyó a crear más estabilidad en el mundo financiero y el surgimiento de una burguesía comercial e industrial opuesta al régimen oligárquico-militar (Castellanos, 2001, pp. 123-130).

Martínez, demostrando un gran instinto de supervivencia, no solo permitía la creación de sindicatos y asociaciones de carácter social, sino que incluso trató de hacer suyos los programas y demandas que estos grupos pedían. Sin embargo, ese repentino populismo no impresionó a los trabajadores, ni a los sectores de la clase media. Aunque, eso sí, contribuyó a crear un sentimiento de inseguridad entre sus seguidores, quienes temían perder sus privilegios, y entre sectores de la oligarquía que tenían miedo de que Martínez estuviese considerando la creación de un Estado comunista.¹³ Por lo tanto, nos encontramos con cuatro sectores de la sociedad salvadoreña que por distintas razones se oponían al dictador y empezaban a conspirar contra él entre 1943 y 1944: el Ejército, la clase media y los obreros y campesinos, la burocracia con todos sus privilegios y, finalmente, la oligarquía. Todo ello contribuyó a la gran inestabilidad política por la que estaba atravesando el país (Castellanos, 2001, pp. 39-42).

En enero de 1944, una vez más, como en diciembre de 1931, jóvenes oficiales empezaron a conspirar contra el régimen en cooperación con grupos civiles, cuyo líder más importante era el joven médico Arturo Romero; organizados bajo la Acción Democrática Salvadoreña que agrupaba a sectores de la pequeña burguesía industrial y comercial, así como a profesionales e intelectuales (Castellanos, 2001, pp. 43-45). La rebelión militar tuvo lugar el 2 de abril, pero no fue exitosa, más que nada por la desconfianza que existía entre los diversos grupos. El 10 de ese mismo mes, Martínez sentenció a los líderes a muerte (Castro Morán, 1984; Elam, 1968, pp. 64-69). Estas medidas crearon todavía más descontento, tanto en las fuerzas armadas, como en el resto de los sectores de la población.

La situación llegó a su clímax el 8 de mayo con la huelga nacional de los brazos caídos, en la que participaron todos los sectores del país, incluso parte de oligarquía, de manera que la nación se paralizó por completo. Sin el apoyo del Ejército, Hernández Martínez dimitió,¹⁴ e instituyó al general Andrés Ignacio Menéndez como su sucesor (Parkman, 1988, pp. 46-79; Historia de El Salvador, 1994, pp. 139-149; Cáceres Prendes, 1988, pp. 79-83). En ese mismo año, a escasos meses unos de otro, cayeron dos dictadores en América Central, los dos eran generales y los dos habían gobernado con una mano férrea: Hernández Martínez, en El Salvador; y Jorge Ubico, en Guatemala. Sin embargo, mientras que Guatemala experimentó un cambio radical hacia la instauración de un gobierno democrático y una verdadera revolución social, en El Salvador, por el contrario, se intentó poner un freno a las esperanzas democráticas del pueblo.

1944-1948. Un periodo de transición y confusión

Este periodo se caracteriza por los intentos de los sectores más extremistas del Ejército para aferrarse al poder y mantener la estructura martinista, al mismo tiempo que los más jóvenes estaban dispuestos a aliarse con los sectores más progresistas del sector civil, en un intento por romper con el pasado (Castro Morán, 1984, pp. 181-197). La creciente y moderna clase media aspiraba a tener un sistema político y económico mucho más abierto, algo que los sectores más reaccionarios del Ejército no estaban dispuestos a permitir. El sector civil acusaba al Ejército de ser la base de apoyo y el instrumento de las medidas represivas del derrocado dictador, y se formaron una serie de partidos políticos, cuya característica más importante era su pronunciado antimilitarismo (Elam, 1968, pp. 74-94; Historia de El Salvador, 1994, pp. 170-172; Cáceres Prendes, 1988, pp. 83-85).

En el vacío político creado por la salida de Martínez diferentes grupos salieron a la palestra, entre los que cabe mencionar el Partido Comunista Salvadoreño (PCS); y otros grupos, que habían sobrevivido el levantamiento del 32, comenzaron otra vez a organizarse política y sindicalmente, así surgió la Unión Central de Trabajadores. Los grupos profesionales de la clase media y de la oligarquía liberal se agruparon alrededor del Dr. Romero para organizar el Partido de Unión Democrática (PUD), cuyo principal objetivo era la creación de un Estado netamente democrático y solidario. Agrupaba, entre otros, a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Frente Democrático Estudiantil y organizaciones profesionales de médicos, odontólogos y abogados.

Además de estas dos formaciones, también aparecieron otros grupos más pequeños, como el del general Antonio Claramount Lucero, Partido Fraternal Progresista, que ya había participado en las elecciones de 1931, así como el Partido Unificación Social Demócrata, del general Salvador Castaneda Castro, el Partido del Pueblo Salvadoreño y el Frente Social Republicano, dirigido por el director del periódico El Diario de Hoy. Los sectores más conservadores de la oligarquía, compuestos por los grandes cafetaleros, banqueros y grandes hombres de negocios y finanzas, fundaron el Partido Agrario.

Dichos grupos tenían sus propias aspiraciones y todo ello creó una gran inestabilidad política en el país. Algunos pedían la elección de una asamblea constituyente para la redacción de una nueva Constitución, ya que los grupos de la UNT y los romeristas consideraban derogada la Constitución de 1939 y sus enmiendas de 1944, por lo tanto, la Constitución de 1886 seguía vigente. Los martinistas, los sectores conservadores del Ejército y el Partido Agrario propugnaban por la creación de un gran referéndum nacional para que el pueblo “decidiera” (Castellanos, 2001, pp. 144-146; Rojas Bolaños, 1993, p. 103).

Era claro para todos que el candidato civil a las elecciones que había prometido el presidente, el Dr. Arturo Romero, el líder principal durante las jornadas de abril-mayo, sería el ganador de las elecciones de 1945.

Fue entonces que los sectores más conservadores del Ejército ejecutaron un golpe palaciego el 21 de octubre de 1944, bajo la dirección del jefe de policía, el coronel Osmín Aguirre y Salinas, el oficial que había dirigido la represión de 1932.¹⁵ Los meses de mayo a octubre fueron un periodo de gran inestabilidad política, ya que las diversas agrupaciones políticas empujaban en direcciones contrarias. En ese sentido, los grupos liberales civiles y el sector progresista del Ejército estaban dispuestos a pactar para encontrar una solución; mientras que los sectores más reaccionarios del Ejército y de la oligarquía pujaban para impedir que eso se pudiera llevar a cabo. Al final, por lo menos momentáneamente, los sectores más reaccionarios del Ejército ganaron la partida (Castro Morán, 1984, p. 197).

Osmín Aguirre y Salinas. Octubre de 1944 a marzo de 1945

El gobierno de Osmín Aguirre prometió que las elecciones se llevarían a cabo en 1945 y trató de darle a su gobierno un aire de legalidad y constitucionalidad.¹⁶ Sin embargo, tan pronto como asumió el poder, Aguirre se enfrentó a los partidos políticos y a aquellos que criticaban al Ejército, incluso declaró el estado de sitio en muchos de los departamentos del país. Los grupos opuestos al gobierno eran acosados constantemente por la policía y la tensión entre el gobierno y sus opositores iba en aumento. Durante los cincos meses que duró su gobierno, Aguirre y Salinas hizo una verdadera depuración de la política del país, al bloquear la participación de los partidos políticos en las elecciones de 1945, exiliar a muchos de sus líderes y encarcelar a otros, con lo cual aseguró la victoria del candidato oficialista, el general Salvador Castaneda Castro (Elam, 1968, pp. 97-101; Historia de El Salvador, 1994, pp. 172-173; Cáceres Prendes, 1988, pp. 83-88; Castellanos, 2001, pp. 150-151; Hernández Turcios, 1978, pp. 103-105).

Grupos de la oposición montaron una invasión desde Guatemala a finales de 1945, y aunque fueron derrotados por las fuerzas gubernamentales, su importancia estriba en el hecho de que las fuerzas invasoras estaban lideradas por oficiales jóvenes descontentos con la manera en que se estaban desarrollando los acontecimientos en el país. Todo ello era indicativo del conflicto interno dentro de las fuerzas armadas, entre los llamados oficiales de “fila” y los de “escuela”, más jóvenes y que se consideraban más capacitados que los de mayor rango, muchos de los cuales eran de la generación de Hernández Martínez (Elam, 1968, pp. 102-111). Como resultado, el gobierno ahora también implantó la ley marcial. Aguirre y Salinas, falangista y tan cruel como Hernández Martínez, murió asesinado en julio de 1977 por grupos guerrilleros que empezaron a brotar en el país en los años setenta (Castellanos, 2001, p. 152). Cuando las elecciones se celebraron al año siguiente, 1945, al Dr. Arturo Romero se le prohibió participar y el candidato militar, el general Castaneda Castro, ganó esas elecciones fraudulentas.¹⁷

Castaneda mantuvo un fuerte control político sobre el país, pero, al mismo tiempo que esto estaba sucediendo, las divisiones internas en el Ejército continuaban. Para reducir el peligro de un golpe de Estado contra su gobierno, Castaneda Castro introdujo reformas en el Ejército encaminadas a reducir el número de oficiales jóvenes, y otras por las que se regiría la política de destinos. Otros fueron enviados a estudiar al extranjero. Todo esto era el resultado del creciente antagonismo y la desconfianza entre los oficiales jóvenes y viejos (Historia de El Salvador, 1994, pp. 174-175; Elam, 1968, pp. 124-125).

Esta nueva generación también resentía las medidas represivas que se habían tomado contra los grupos civiles opositores al gobierno. Además, el gobierno de Castaneda Castro se caracterizó por su alto grado de corrupción, algo que en los trece años que había estado Martínez en el poder no había pasado, razón por la que la oposición a su gobierno aumentó en prácticamente todos los sectores del país. El dictador, pese a su crueldad, nunca había usado los fondos del erario para enriquecerse, era muy honesto y exigía lo mismo de los funcionarios públicos. Fue durante su administración que se acuñó la famosa frase: “Martínez ni roba, ni deja robar”.

La Revolución de 1948

Este periodo demostró las claras divergencias que existían entre las filas castrenses. No es que esas diferencias pusieran en tela de juicio su lealtad a la institución, antes bien, se trataba de encontrar la mejor manera de enfrentarse a los cambios que había experimentado El Salvador, es decir, cómo armonizar los cambios económicos y sociales con estabilidad política. Esa era la cuestión que dividía a los militares. Los rangos más bajos, resentidos por el favoritismo que estaba demostrando Castaneda Castro, así como la abierta y descarada corrupción de su gestión gubernamental, no hicieron más que avivar el debate sobre cómo sería la mejor manera de asegurar la supervivencia de la institución militar dentro de la nueva coyuntura. Quienes reconocían que el país había evolucionado eran los más susceptibles a identificarse con los grupos más liberales del sector civil (Elam, 1968, pp. 112-115; Cáceres Prendes, 1988, pp. 87-88).

Los oficiales jóvenes habían recibido más preparación que sus superiores y se creían más capacitados para gobernar el país. Dichos oficiales consideraban a sus superiores anclados en el pasado y con ideas anticuadas sobre el papel que las fuerzas armadas deberían de jugar en la nación (Elam, 1968, p. 115).¹⁸ Estos oficiales derrocaron a Castaneda Castro el 14 de diciembre de 1948 y con ello terminaba un ciclo de la historia de El Salvador y su Ejército. Este golpe representó la eliminación completa del martinismo en la política nacional (Castellanos, 2001, pp. 158-159); las transformaciones que había experimentado el país fueron su causa. Es decir, la creación de nuevas capas sociales que demandaban un papel más activo en la vida del país en todos sus aspectos (Salazar Vicente, 1981, pp. 106-107).

El grupo de oficiales golpistas, encabezado por los tenientes coroneles Manuel J. de Córdova, Fidel R. Quintanilla y Luis Felipe Escobar, y los comandantes Oscar Bolaños, José María Lemus, Humberto Pineda Villalta, Adolfo Rubio Melhado, Jorge Tenorio, Miguel Ángel Castillo y Jesús R. Rodríguez y el capitán José Joaquín Chacón, a quien más tarde se les unió el tercer comandante del Primer Regimiento de Artillería, comandante Adán Parada, se reunieron esa misma noche en el Salón de Oficiales de ese regimiento en una Asamblea General de Jefes y Oficiales del Ejército, para elaborar un plan de acción. Este hecho es de gran importancia histórica para El Salvador, ya que, a partir de entonces, en esas asambleas, donde todos tenían voz y voto, sin importar rango o jerarquía, se decidiría la política del país en las próximas cuatro décadas (Castellanos, 2001, pp. 58-160). Este golpe significó el desplazamiento del Ejército tradicional de la política nacional, dando paso al nuevo militar de corte más progresista, pero que derivó también en un mayor control de las instituciones del Estado (Castro Morán, 1984, pp. 203-204).¹⁹

La dictadura militar unipersonal estaba dando paso a una dictadura militar institucional. Es decir, las fuerzas armadas estaban actuando por sus propios intereses institucionales y no por los de ningún oficial, o político, en concreto, como quedó patente en la reunión de la Asamblea General de Jefes y Oficiales del Ejército. La asamblea decidió en un triunvirato militar, al que luego se le agregaron dos civiles. El 16 de diciembre, el Consejo Revolucionario (1948-1950) hizo público su primer decreto donde se justificaba que las acciones tomadas contra Castaneda Castro habían sido para “renovar las bases institucionales del país y destruir las camarillas que abusando de la fuerza y la mentira han empañado las mejores tradiciones políticas de la patria” (citado por Cáceres Prendes, 1988, p. 89).

Este periodo (1944-1948) tendrá mucha influencia sobre los oficiales jóvenes que tomarán las riendas del gobierno después de 1948. Primero, ellos siempre mantendrán en cuenta la inestabilidad política de estos años, especialmente los meses de mayo a octubre de 1944. Por esta razón, siempre serán muy cautelosos, a fin de evitar extremismos (Anderson, 1960, p. 238). Segundo, al presentarse ellos mismos como los agentes del cambio, esperaban que el pueblo contestara a su llamada y los apoyara. En otras palabras, teniendo unos objetivos nacionales comunes, estos oficiales esperaban evitar el caos político del periodo 1944-1948 y con ello mantener la estabilidad del país. “PRUD [Partido Revolucionario de Unificación Democrática, el partido creado por los militares], está básicamente tratando de crear un dinamismo nacional, más que un dinamismo partidista” (citado por Anderson, 1960, p. 233). Tarea nada fácil, considerando el gran sentimiento antimilitarista imperante en el país. Para parte del sector civil, el Ejército representaba la herramienta de represión del Estado. El portavoz de los golpistas, el comandante Oscar A. Bolaños, insistía en que ahora las fuerzas armadas quedarían apartadas de la política nacional, pero lo cierto es que el público, en general, desconfiaba de las intenciones de los golpistas. Muy pocos conocían los detalles del golpe y, cuando se llevó a cabo, la apatía general reinaba en todo el país (Elam, 1968, pp. 132-133).

Características generales

Los oficiales que lideraron el levantamiento del 14 de diciembre de 1948 eran de clase media y de “escuela”, se llamaban a sí mismos la Juventud Militar y su objetivo principal era introducir cambios en el país (Elam, 1968, pp. 138-141; Leistenschneider, 1980; Ventocilla, 1956).²⁰ Los tres militares y dos civiles que formaban el Consejo Revolucionario de Gobierno eran de clase media. Los dos miembros civiles eran el Dr. Reynaldo Galindo Pohl, abogado y más tarde ministro de Cultura en el gobierno del comandante Oscar Osorio y el doctor Humberto Costa, abogado también y más tarde presidente de la Corte Suprema.

Los tres militares eran el comandante Oscar Osorio (el cual todavía estaba en su exilio en México cuando tuvo lugar el golpe), el teniente coronel Manuel Jesús de Córdova (aunque este renunció el 5 de enero de 1949, por lo que el Consejo quedó integrado por dos militares y dos civiles) y el comandante Oscar A. Bolaños. Osorio pasó tres años en una academia militar en Turín, Italia, y en 1943 fue nombrado subdirector de la Escuela Militar en El Salvador. Córdova, el líder del golpe, pasó algunos años como agregado militar en la embajada en Costa Rica y fue profesor de Historia en la Escuela Militar. Bolaños recibió entrenamiento en la Zona del Canal de Panamá y también fue profesor de Logística e Historia Militar en la misma institución que sus compañeros.

Otro líder militar importante, aunque no formaba parte del Consejo Revolucionario, era el teniente coronel José María Lemus, el ideólogo del levantamiento, quien más tarde llegó a ser viceministro de Defensa durante el periodo en que el Consejo estuvo gobernando el país, luego, ministro del Interior en el gobierno de Osorio y, más tarde, él mismo llegó a ser presidente. Este se diferenciaba de los otros en que él no era de clase media. Su padre había sido un pobre maestro de escuela en una zona rural. Todos eran muy jóvenes con edades comprendidas entre los 30 y 42 años. Osorio y Bolaños estaban a punto de graduarse de la academia cuando Araujo fue derrocado en 1931. El gabinete del Consejo, a excepción de ministro de Defensa, estaba compuesto por civiles.

Uno de los principales objetivos del nuevo régimen era la formación de un gobierno libre de corrupción. El Consejo Revolucionario persistió en su objetivo, creando un tribunal de probidad para juzgar casos específicos de corrupción. Por un decreto del 21 de diciembre de 1948 se congelaron los bienes muebles e inmuebles de personas que habían aparecido en una lista “negra” de funcionarios del gobierno, acusados de corrupción, y se creó un Departamento de Bienes Intervenidos. Bajo la Ley de Probidad, aprobada el 11 de febrero de 1949, se imponían serios castigos para aquellos funcionarios públicos envueltos en actos ilegales o crímenes contra la Hacienda Pública. También por esta ley, todos los funcionarios estaban obligados a hacer declaración pública de todos sus bienes. El 30 de septiembre de 1949 se promulgó la Ley de Creación del Seguro Social y, el 21 de octubre y el 7 de diciembre del mismo año, se crearon respectivamente el Departamento de Alfabetización y la Cooperativa de Consumo del Ejército Nacional.

Estas medidas dieron en su momento mucha popularidad al Consejo Revolucionario (Historia de El Salvador, 1994, pp. 205-206; Castellanos, 2001; Elam, 1968, pp. 134-135). Sus miembros eran personas con mucha preparación, aunque sin experiencia política alguna antes de 1948, pero todos estaban imbuidos de un sentido de cambio y renovación. Esta nueva oficialidad, comandantes y tenientes-coroneles, llevó a cabo una depuración en las filas castrenses, de manera que se reemplazaron los de mayor rango en los primeros meses de 1949, y los nuevos cargos y destinos salieron de estos oficiales a cargo de la nueva situación. Estos, mejor preparados, muchos de los cuales habían estudiado o desempeñado funciones en misiones en el extranjero, eran más cosmopolitas e inclinados a reconocer la necesidad de un cambio en el país.

Los principios y objetivos se dieron a conocer once días después del golpe, el 25 de diciembre de 1948. Fueron catorce objetivos que más tarde se convirtieron en la plataforma del partido que el Ejército creó para institucionalizar su poder: el Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD).

1. 1. Establecimiento de un gobierno democrático.

   2. La libertad prevalecerá y se aprovecharán las iniciativas de los salvadoreños para la creación de una patria pujante.

   3. Un nuevo orden jurídico.

   4. Dar a la democracia una sólida base económica, social, política y cultural.

   5. Establecimiento de un nuevo código electoral.

   6. Honestidad en el manejo de fondos públicos.

   7. Elevar el nivel de vida de los salvadoreños.

   8. Mantener el honor, integridad y desarrollo técnico del ejército “restituyéndolo a la condición de apoliticidad, de guardián de las libertades y de la soberanía de la República”.

   9. Separación de poderes.

   10. Autonomía para los municipios.

   11. Respeto a funcionarios y empleados.

   12. Unidad de los salvadoreños en la reconstrucción y progreso de la patria. Cooperación cívico-militar.

   13. Amistad con todos los países centroamericanos.

   14. Respeto a los tratados y compromisos hechos por los gobiernos anteriores (El Salvador al Día. Correo Semanal, 19 de marzo de 1949, p. 2).

El punto décimo segundo aboga por la unidad del Ejército y el pueblo en la reconstrucción nacional. Este era quizás uno de los puntos más importantes para los militares. La idea de unidad de los dos sectores era un tema común en las publicaciones oficiales del periodo. La frase acuñada en aquel entonces era “El soldado, brazo armado del pueblo”.

En las noches de los martes, jueves y sábados había un programa radiofónico llamado “La hora del soldado” para promover esta idea de unidad. Otro punto importante, que luego fue la característica de todos los gobiernos salvadoreños que surgieron a partir de 1948, fue la alternabilidad en la presidencia. Concepto que quedó plasmado en el artículo 5 de la Constitución de 1950 (Constitución Política de la República de El Salvador, 1950).

Programa e ideología

Estos oficiales querían romper con el pasado e introducir un nuevo marco en las relaciones cívico-militares, poniendo énfasis en “la función social de las Fuerzas Armadas” (Lemus, 1951, p. 23), ya que, según el coronel José María Lemus, el soldado surge del pueblo mismo: “El soldado moderno sigue siendo el paisano en pie de defensa, el ‘civis’ armado de los tiempos antiguos” y “la moral del soldado… no es sino la expresión armada del derecho y la moral públicas” (Lemus, 1951, pp. 28-29).²¹ Esto para ellos significaba el cambiar la imagen del Ejército como sostenedor del estatus quo a otra en la que se fomentaría la cooperación con el sector civil, en lo que Lemus llamaba una doctrina de “democracia integral” (Lemus, 1952b); asimismo, se definía el Ejército como “la expresión armada de los anhelos políticos”… “RECOGEREMOS UN NUEVO PENSAMIENTO Y UN NUEVO SENTIR DE LA INSTITUCION ARMADA” (Lemus, 1952b, pp. 8-9).

De ahora en adelante sería una institución dedicada al progreso de la nación y no para sostener dictaduras. El Ejército tendrá que reconciliarse con el pueblo a quien deberían de haber estado sirviendo desde siempre, pero que, debido a unos cuantos, se había convertido en su opresor. A partir de ahora, el cuartel se convertiría en un centro de trabajo y docencia, un laboratorio en donde no solo se impartiría la instrucción necesaria para el manejo de las armas, sino también donde se incubarían e inculcarían los principios democráticos de cooperación con el pueblo (Lemus, 1952b, pp. 10-11).²² Sería la “doctrina de la Democracia integral y revolucionaria, la doctrina del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” (Lemus, 1952b, p. 14).

Estas ideas de las que tanto hablaban estos oficiales reflejaban el calado de Alberto Masferrer en el país. Durante los años veinte, los trabajos de este filósofo, diplomático, educador y periodista, tuvieron gran influencia por las críticas que hacía sobre las condiciones sociales y económicas del país. Aunque relativamente poco conocido fuera de El Salvador y América Central, Masferrer es, sin lugar a duda, uno de los grandes pensadores de la región. Un hombre de gran preparación que había viajado mucho por Europa y América Latina, quien decía que El Salvador había pasado ya la etapa guerrera de los constantes conflictos bélicos del siglo XIX, por lo que el Ejército tenía que ser transformado en una institución dedicada al progreso de la nación. Es decir, Masferrer introdujo en los años veinte en El Salvador una nueva definición de defensa nacional; el Ejército se convertiría en el agente de cambio y asumiría el control político del país para su desarrollo económico y social.

Estas mismas ideas sobre las nuevas funciones de las fuerzas armadas también aparecieron en otros países. Así, el coronel Luis Vicat, del Ejército argentino, en un discurso en el Círculo Militar de Buenos Aires en julio de 1926, había dicho que la defensa nacional era muy compleja y que podría ser definido como algo que incluía todas las actividades y medidas de seguridad necesarias para poder asegurar la tranquilidad, seguridad e independencia de una nación, así como también el asegurar una victoria decisiva en un conflicto bélico que pudiera presentarse (Vicat, 1964, p. 25). Por lo tanto, el desarrollo económico del país sería parte de la defensa nacional, es decir, una misión militar. Masferrer propugnaba el uso del Ejército para el desarrollo del país:

Del semi-parásitico organismo en el que se ha convertido, separándose más y más de las necesidades reales del país, nosotros debemos transformar el ejército en el gran defensor y protector de la vida nacional. Los individuos necesitan herramientas para trabajar. Por lo tanto, es fácil de entender que, la unidad social más grande, la nación, necesita la institución apropiada para funcionar. Esa institución es el ejército (Masferrer, citado en Guidos Véjar, 1986, p. 114).

Masferrer mencionaba también que el problema con el Ejército era su “carencia de finalidad”, ahora que estaba desapareciendo lo que había sido su función principal, es decir, defender al país de un ataque desde el exterior. Por lo anterior, él abogaba por redefinir la misión del Ejército y convertirlo en el

benéfico, amplísimo real y perenne de un INSTRUMENTO COLECTIVO DE LA DEFENSA NACIONAL… en el Gran Defensor y Protector de la Vida Nacional… Para ello, nosotros entendemos que el Ejército ha de asumir las funciones y responsabilidades que comporta la DEFENSA DE LA NACION, ramificada en las actividades siguientes:

1ª Defensa contra la agresión exterior …

2ª defensa contra la incomunicación, o sea apertura y mantenimiento de las carreteras.

3ª defensa contra la suciedad, o sea introducción del agua en cantidad bastante a todas las poblaciones y aldeas del país. 4ª defensa contra la enfermedad y el aniquilamiento de la raza, o sea desecación de los pantanos.

5ª defensa contra la esterilidad de la tierra, o sea resiembra y mantenimiento de los bosques, y vigilancia sobre la regulación de su tala.

6ª defensa contra incendios, inundaciones, terremotos, plagas, ciclones, etc., etc.; preventivamente en lo que fuese prevenible y como remedio y corrección de lo imprevisto.

7ª defensa del Orden Público y de las Instituciones … (Masferrer, 1960, pp. 222-227).²³

En 1929 publicó uno de sus trabajos más conocidos, el Minimum Vital, en el cual trataba de las desigualdades sociales y económicas y la mejor manera de resolverlas. No proponía una revolución que cambiara el actual sistema socioeconómico, sino más bien un cambio evolutivo. Tampoco estaba insinuando la eliminación de los ricos, pues consideraba que una riqueza alcanzada por medios honestos no se debería abolir. Para alcanzar la justicia social, decía Masferrer, era necesario que el pueblo tuviese a su alcance los medios mínimos para sobrevivir (Masferrer, 1929, p. 8). Es decir, Masferrer proponía un Estado en que el gobierno nacional enfocara su acción a crear condiciones que garantizaran todas las necesidades básicas para poder vivir de una manera digna (Masferrer, 1929, pp. 16-17; Anderson, 1960, pp. 67-68); lo que hoy se conoce como el estado de bienestar.

A diferencia del comunismo, Masferrer no creía en la revolución del proletariado, sino más bien en un Estado que pusiese al alcance todas las necesidades básicas para vivir (Anderson, 1960, p. 68). Estas eran nueve: trabajo suficiente y remunerado en justicia, buena alimentación, buena vivienda, agua potable, ropa suficiente, asistencia médica y sanitaria, justicia pronta y accesible a todos, educación básica, y periodos de descanso para los trabajadores (Masferrer, 1929, pp. 12-13).

Esta idea de la responsabilidad del Estado para asegurar esas necesidades mínimas y el trabajo de todos en armonía, a fin de garantizar el desarrollo nacional, caló hondo en los oficiales, pues la idea que ellos trataban de proyectar a la nación era la de un Estado preocupado por las necesidades del pueblo, capaz de trabajar para el desarrollo nacional. En esa idílica esfera, quedaría eliminado o relegado a un segundo plano el debate político, dicho de otra manera, lo que ellos consideraban “politiquería”, en aras de esa concientización nacional para el progreso de la nación.²⁴

En esa situación, Masferrer decía que el Minimun Vital era “La nación organizada como una gran familia en que se atiende a la función CAPITAL, PRIMARIA, de procurar vida a todos sus miembros” (Masferrer, 1929, p. 44), de manera que abogaba por un cambio evolutivo y gradual y también por un cambio en la actitud mental del pueblo. Es decir, “una transformación de la conciencia individual y colectiva” (Masferrer, 1929, p. 38). Estas ideas quedaron plasmadas en la Constitución de 1950, en la cual se definía el Estado como promotor del desarrollo nacional, además, se menciona la obligación de este de velar por el bienestar del pueblo, la definición de la propiedad privada en su función social, etc.; con ello se le imprime un tinte progresista.

La nueva Constitución representaba, en palabras de Mario Salazar Vicente, un “viraje ideológico” por el que se abandonaban los principios liberales en favor de un modelo de Estado intervencionista. Pero, según el mismo autor, el hecho de que el sector rural quedara fuera de esas medidas progresistas, ya que los trabajadores agrícolas eran los más explotados, limita el carácter revolucionario del gobierno implantado por los militares (Salazar Vicente, 1981, p. 109).

A partir del golpe de 1948, o de la Revolución de 1948, como les gustaba decir a los militares, las fuerzas armadas asumirían el control de la nación, no por los intereses de una oligarquía, sino dentro del marco de defensa de los intereses nacionales, de acuerdo con la nueva definición de papel del Ejército en la vida nacional, como había indicado Masferrer. De hecho, Salazar Vicente indica que lo que los oficiales querían introducir era un modelo de Estado intervencionista como el mexicano (Salazar Vicente, 1981, p. 108).

Aunque sus acciones no crearon una verdadera revolución social, de acuerdo con Juan Mario Castellanos, tampoco pueden considerarse enteramente demagógicas, a pesar de que este autor ha demostrado gran escepticismo sobre las medidas adoptadas por las fuerzas armadas durante este periodo de la historia de El Salvador. Cuando menos, el Ejército llevó a cabo una “revolución jurídico-institucional” (Castellanos, 2001, p. 161), modernizando el Estado y sus funciones. Muchos de los oficiales participantes en este proceso formaban parte de las cuatro primeras promociones de la Escuela Militar en su Cuarta Época, los años 1930, 1931, 1932 y 1933 (Castro Morán, 1984, p. 203). Años en los que los trabajos de Masferrer gozaban de gran popularidad en el país, como ya se mencionó anteriormente. Por consiguiente, sería un error no tener en cuenta las medidas progresistas que adoptaron las fuerzas armadas en este periodo en cualquier análisis que se haga de la historia política de El Salvador.

En esa nueva definición del Estado y el papel que las fuerzas armadas debían de tener en él, una misión militar chilena, contratada el 28 de septiembre de 1950, tuvo gran influencia. Los cinco oficiales chilenos que llegaron a El Salvador vinieron con contratos de tres años para establecer una escuela de mando, actuar como profesores y también como consultores o consejeros de los mandos salvadoreños. Ahora, ya en plena Guerra Fría y con las nuevas tecnologías militares, por ejemplo, misiles de largo alcance, la guerra moderna sería muy diferente a las de antes.

Por lo tanto, el concepto de defensa nacional estaba cambiando. Según el jefe de la misión chilena, el coronel Juan Forch Petit, la seguridad nacional empieza organizando a toda la nación, ya que ahora la defensa nacional no puede ser un atributo exclusivo del Ejército.

La estrategia moderna, como ya también había mencionado Luis Vicat, es una operación permanente que empieza en tiempos de paz, ya que, preparar los recursos nacionales va más allá que el tener cierto tipo de material bélico. Significa la reestructuración de todos los recursos económicos, políticos y militares del país. Toda la nación debe de estar implicada, por lo tanto, también debe de haber una planificación total y absoluta (Castro Morán, 1979, p. 166). En esa línea de pensamiento es como se debe de ver a las fuerzas armadas salvadoreñas de este periodo. El propio teniente coronel Lemus hacía eco del nuevo sentimiento al comentar que “los pueblos civilizados de la actualidad saben muy bien que las necesidades de la defensa no se circunscriben al campo militar, sino que se extienden a zonas más amplias, a la vida total de las naciones” (Lemus, 1952b, p. 12).

Estaba claro que estos jóvenes oficiales buscaban una alianza con las nuevas fuerzas que habían surgido en el país, como la mejor manera de conseguir una estabilidad política y promover el progreso nacional. Para los militares, la revolución del 14 de diciembre abrió los cuarteles al pueblo, haciendo que los oficiales tuvieran mayor contacto con el sector civil y la vida nacional (Ventocilla, 1956, p. 107; Historia de El Salvador, 1994, pp. 175-178). Es decir, dentro de los rangos más progresistas del Ejército, se pensaba que era de mayor utilidad aliarse con los sectores industriales urbanos, y mantener cierto control, que negarles todo, con el peligro de que la clase obrera se radicalizara. Entre abril de 1944 y diciembre de 1947, hubo por lo menos 93 conflictos laborales. Esto fue algo que siempre pesó mucho en la mente de los oficiales (Griffith et al., 2004, pp. 71-72). Durante este periodo los obreros se organizaron en varios sindicatos y para 1956 había en El Salvador 14 088 obreros afiliados a 51 sindicatos (Griffith et al., 2004, p. 72).

El Salvador gozó de un periodo de cierta prosperidad durante los gobiernos prudistas, aunque mucha de esa prosperidad había sido primordialmente gracias al aumento del precio del café desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El café representaba el 85 % de todas las exportaciones del país y fue por esta razón que ni Osorio ni Lemus propusieron un programa de reforma agraria para no tener que enfrentarse a los grandes hacendados y hacer peligrar su posición.

En 1933, el gobierno había promulgado la Ley en Defensa del Café, para regular esta industria. Osorio les dio nueva vida, gracias a las inversiones gubernamentales para hacer estudios de mejora en este sector de la economía. Expertos de las Naciones Unidas fueron invitados al país para sugerir posibles mejoras técnicas en la producción. En 1955, el Instituto de Investigación del Café fue creado como reflejo del interés del gobierno por esta industria. La producción del café siguió en aumento hasta el punto en que el periodo 1954-1955 registró la mayor cosecha hasta entonces. En algunas regiones se registró un aumento de hasta un 30 %, en comparación con años anteriores. Osorio también creó el Banco de Crédito Rural, para trabajar junto con el Banco Central de Reserva, y ofrecer créditos al pequeño campesino (Martz, 1959, p. 89). Para estimular mejoras técnicas en la agricultura, el Ministerio de Defensa creó el Centro Militar de Capacitación Agrícola, a fin de que los soldados en el servicio militar aprenderían nuevas técnicas agrícolas con la esperanza de que las pondrían en uso después de haberse licenciado y regresaran a sus hogares. El Boletín del Ejército siempre incluía una sección titulada “El Soldado Agrícola”, dedicada a noticias de este sector.

Poco después de haber asumido su cargo como presidente en 1950, Osorio tomó una serie de medidas modernizantes, ayudado especialmente por los altos precios del café en el mercado mundial, como el Programa de Desarrollo Económico que creó el Instituto Salvadoreño Para el Fomento de la Producción (INSAFOP), a través del cual se estimularían actividades en todas las áreas. El Consejo Directivo de INSAFOP estaba compuesto de miembros de sectores públicos y privados. También se creó un banco de inversión dependiente del instituto, el Instituto de Seguro Social, el Instituto de Vivienda Urbana, el Instituto de Colonización Rural, además, se promulgó una ley de impuesto sobre la renta, la cual facilitó la financiación de muchos de los programas sociales que se estaban llevando a cabo (Rojas Bolaños, 1993, p. 106). El proyecto más importante durante el periodo prudista fue la construcción de la planta hidroeléctrica en el río Lempa. El Salvador la necesitaba, pues una gran parte del país estaba todavía sin electricidad.

La construcción empezó en 1950 y la planta empezó a funcionar en 1954. También se llevaron a cabo obras de habilitación del Puerto de Acajutla (Martz, 1959, p. 89).

El gobierno inició algunos programas para conseguir mejoras en la calidad de vida de la población, pero fue un proceso muy lento. En 1949 se puso en marcha un programa de seguridad social, pero en 1957 había solo 37 000 contribuidores para enfermedad, accidentes, etc. (Parker, 1964, p. 172). También se iniciaron proyectos de vivienda. En la administración de Lemos, se construyeron 19 edificios de 4 pisos con 296 apartamentos, con lo cual se crearon alojamientos para 1776 personas. El número de apartamentos para una familia fue de 275, lo cual significó vivienda para 1650 personas (Parker, 1964, p. 172).

Para los trabajadores se promulgó la Ley de Trabajo y Descanso Semanal del 25 de enero de 1951, la cual redujo la jornada laboral a 8 horas al día y a 7 el turno de noche (El Salvador al Día, 16 de febrero de 1951, pp. 1-4), además de promulgar leyes para establecer un salario mínimo, vacaciones pagadas y compensación por accidentes, como parte de la política del Ejército para atraer las simpatías y el apoyo de los trabajadores. En cierto sentido, el Ejército quería hacer algo similar a lo que había pasado en México después de la Revolución, es decir, participar en el proceso y mecanismo del Estado para tomar decisiones y conceder ciertos derechos básicos y, de esta manera, neutralizar a los sectores más radicales del sector laboral. Algo muy parecido a lo que había hecho en México el presidente Lázaro Cárdenas, al atraer a los sectores laborales al partido oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Así pues, el gobierno nombró dos líderes laborales moderados para el comité encargado de elaborar un código laboral y cuyas recomendaciones fueron incorporadas a la Constitución de 1950. Cuando la Asamblea Constituyente estaba debatiendo el nuevo documento constitucional, esta convocó al Comité de Reorganización Sindical Salvadoreño y a varios sindicatos a participar en los debates en la asamblea, los cuales tenían que ver con la redacción de los derechos laborales a incorporar en la nueva Carta Magna (Griffith et al., 2004, pp. 72-73). El PRUD, de la misma manera que el PRI, incorporó al sector laboral en la estructura del partido, aunque, eso sí, en un papel subordinado. Tal y como un crítico del Ejército mencionó una vez, este buscaba ligar el movimiento laboral con la política de partido (Griffith et al., 2004, pp. 74-75).

En 1951 se celebró la primera asamblea laboral con el beneplácito del gobierno. Durante todo este periodo y hasta 1972, los gobiernos militares trataron de legitimar su autoridad aliándose con el sector laboral y promulgando legislación de carácter social. A todo esto hay que añadir, sin embargo, que el sector agrícola no fue incluido en prácticamente ninguna de las medidas progresistas adoptadas por el gobierno, y tampoco se permitió a los trabajadores agrícolas formar ningún sindicato. Esto no es difícil de entender considerando el hecho de que los oficiales prudistas no querían antagonizar a la oligarquía. Cuando los precios del café empezaron a bajar en 1958, comenzaron los problemas para el gobierno de Lemus; esto se puede considerar como un factor muy importante en su derrocamiento en 1960.

La política bajo el control del PRUD

Poco después del golpe, el Ejército creó el Partido Revolucionario de Unificación Democrática para institucionalizar su poder. Es así como se debe de ver al PRUD, como un vehículo político del Ejército. El comandante Osorio, durante su exilio en México, quedó muy impresionado por el sistema unipartidista de aquel país y por la seguridad y tranquilidad política que aparentemente había creado (Holden, 2004, p. 162). Osorio quiso implantar en El Salvador el mismo sistema corporativo mexicano, “de tal manera que las demandas de los diferentes sectores se expresaban a través de canales institucionalmente definidos” (Rojas Bolaños, 1993, p. 105). El partido estuvo en el poder de 1950 a 1960, durante los gobiernos del comandante Carlos Osorio (1950-1956) y el teniente coronel José María Lemus (1956-1960). El Consejo Revolucionario cesó sus funciones cuando Osorio fue investido presidente en marzo de 1950.

El PRUD no tenía una ideología política clara, ya que a los oficiales les interesaba muy poco las teorías o ideas políticas. Como Osorio dijo una vez: “Los hombres de la Revolución somos idealistas; pero con los pies firmemente plantados en la tierra” (14 de diciembre de 1951, 1952, p. 12). Estos oficiales no querían tener nada que ver con política, pues la consideraban muy caótica y una distracción para las fuerzas de modernización del país. Osorio había comentado una vez que él no tenía nada que ver con teorías (Anderson, 1960, p. 228). Además, siempre se mantuvieron firmes en su concepto de que el Ejército, como “brazo armado del pueblo”, debía ser totalmente apolítico y poder así dedicarse de lleno a su función principal de acuerdo con la nueva definición de defensa nacional, es decir, el progreso económico y social del país (Historia de El Salvador, 1994, p. 175, p. 178). Como el PRI mexicano, el PRUD se convirtió en el partido del Estado y, obviamente, todos los recursos quedaron a su disposición.

En un ensayo titulado “Las constituciones de Sancho o el gobierno de un hombre de bien”, Lemus (1952a), quien siempre presumió de gran intelectual, discute el episodio de Don Quijote en el que Sancho había sido nombrado gobernador de la ínsula de Barataria. Lemus dice que ni Don Quijote ni Sancho tenían una ideología política, ni estaban preocupados por no tenerla; sin embargo, Sancho fue un buen administrador, basándose solo en su sentido común. Es decir, los oficiales querían gobernar en una atmósfera apolítica para la creación de un país en el que todo el pueblo trabajaría unido por el ideal de reconstrucción nacional. Su desdén por la política fue algo muy constante durante este periodo.

Él [Don Quijote] expone puntos de vista doctrinarios, nunca incitaciones a la rebelión o la desobediencia. Señala únicamente las formas de mejorar los gobiernos antes que predicar la subversión, mucho menos ofrecer el honesto esfuerzo de su brazo para llevar a los pueblos a la guerra o la anarquía. No estamos, pues, ante el caso de un politiquero inconsciente y peligroso, de un componedor de repúblicas venido a menos, sino de un juicioso y discreto ‘diletante’, que a veces llega en sus exposiciones a mostrar la inspiración de un verdadero profesional, de un generoso y excelente ciudadano que no aspira para su suelo sino los dones más puros del buen gobierno… Queda con esto manifestado su desacuerdo con todo lo que pueda significar simple teoría, hacer tranquilo, de gabinete y estudio. Para él no existe sino la acción, y solo en vías de realización es cuando sabe conceptuar como válidos todos los planes, todos los proyectos y todos los programas (Lemus, 1952a).

La situación de control del PRUD era tal que no dejaba espacio para un debate político abierto. El efecto de la Revolución guatemalteca quizás impactó en los dirigentes de la época, pues el artículo 3 de la Ley de Partidos Políticos Permanentes decía que los partidos no podían estar basados en sexo o clase social y prohibía los grupos con tendencias comunistas o religiosas y aquellos que recibían ayuda económica de partidos o países extranjeros (El Salvador al Día, 1949, pp. 2-3). El gobierno creó un Consejo Nacional de Elecciones con el fin de asegurar honestidad electoral, pero en realidad el consejo fue dominado por el PRUD, ya que sus miembros eran nominados por la Asamblea Nacional, y esta estaba controlada por el PRUD, por lo que las posibilidades de unas elecciones verdaderamente libres eran muy pocas.

En 1950, Osorio fue elegido presidente sin mayores complicaciones, al conseguir el 57 % de los votos. El candidato de la oposición fue también otro militar, el coronel José Asencio Menéndez del Partido de Acción Renovadora (PAR), quien logró el 43 % de los votos (Rojas Bolaños, 1993, p. 105). En 1952 se celebraron las elecciones legislativas y municipales, pero los candidatos de la oposición retiraron sus candidaturas por considerar que las elecciones no eran libres, de manera que el PRUD consiguió los 54 diputados al congreso (Baloyra, 1982, p. 38). A partir de entonces quedó claro que se había instaurado un sistema unipartidista y los militares pronto empezaron a sustituir a civiles en los puestos más importantes de la administración del Estado. Las elecciones legislativas y municipales de 1954 fueron una repetición de las anteriores (Rojas Bolaños, 1993, p. 107). Bajo estas condiciones de control, los partidos de la oposición también se volvieron a retirar de la contienda electoral (Martz, 1959, p. 97).

A pesar de que intentó agraciarse con el sector obrero, al permitir, por ejemplo, que el Comité de Reorganización Obrero Sindical (CROS) saliera de la clandestinidad donde había estado desde que el gobierno de Castaneda Castro lo ilegalizó, y acceder a que participara en la redacción del apartado de los derechos laborales de la Constitución de 1950, Osorio temía que un movimiento obrero independiente pudiera minar su poder, sobre todo después de que la II Convención Obrera Nacional, celebrada en octubre de 1950, creara un Comité Prodefensa de los Derechos Laborales, el cual agrupaba no solo al CROS, sino también a otros sindicatos independientes, por lo que en 1951, el CROS fue ilegalizado de nuevo y sus dirigentes expulsados del país. Ese mismo año se aprobó una nueva ley de sindicatos, de acuerdo con las directrices impuestas por Osorio.

Al año siguiente, se aprobó la Ley de Defensa del Orden Democrático y Constitucional, la cual permitía un mayor control sobre los opositores al gobierno (Rojas Bolaños, 1993, p. 106). El 26 de septiembre de 1952, se declaró el estado de sitio en todo el país por miedo a disturbios. Osorio era sumamente anticomunista y al día siguiente mandó arrestar a un abogado y dos cadetes, acusándolos de planear un levantamiento comunista. Pocos días después, 1200 personas fueron arrestadas bajo las mismas pretensiones.²⁵ Su preocupación por el comunismo le había llevado a entrevistarse la semana antes con Jacobo Arbenz de Guatemala. Osorio temía que lo que estaba pasando en Guatemala pudiera pasar también en El Salvador. Esta es la razón más importante por la que mantuvo un férreo control en el país.

El ejemplo más claro del control prudista fue la elección presidencial de 1956 (Martz, 1959, pp. 97-107).²⁶ Como se mencionó anteriormente, Osorio quiso nombrar a un civil como candidato del PRUD, pero el Ejército se opuso a ello, como resultado de una crisis interna dentro del PRUD, agudizada el 9 de diciembre de 1954, con la renuncia del gobierno del ministro de Asuntos Exteriores, Roberto Edmundo Canessa, que muy pronto formó su propio partido, el Partido Acción Nacional (PAN). Fue entonces cuando nombró candidato al ministro del interior, teniente coronel José M. Lemus.

En oposición al candidato oficial se presentaron cinco partidos. Dos de ellos tenían candidatos civiles, el PAN (Partido de Acción Nacional) con Roberto Edmundo Canessa, el PAR (Partido de Acción Renovadora) con Enrique Magaña Menéndez. Los otros tres tenían candidatos militares, el PAC (Partido de Auténtico Constitucional) con el teniente coronel Rafael Carranza Amaya, el PID (Partido Institucional Demócrata) con el coronel José Alberto Funes (exembajador en Guatemala con Osorio) y el PDN (Partido Demócrata Nacionalista) con el comandante Álvaro Díaz.

De los cinco candidatos, Roberto E. Canessa era el único que podía presentar algún peligro para la candidatura de Lemus, pues era muy conocido y respetado, tanto en el país, como en el extranjero. Los otros candidatos, Funes y Carranza, decidieron unirse y Carranza se retiró de la contienda en favor de Funes, que hizo una campaña muy activa por todo el país, especialmente por las zonas rurales. Sin embargo, el gobierno se iba a asegurar de que ganara Lemus, así, el 26 de febrero de 1956, el Consejo Electoral invalidó las candidaturas de Canessa y Funes. La de Canessa porque el Consejo alegó que su certificado de nacimiento no tenía todas las firmas correspondientes. La candidatura de Funes también fue invalidada por un tecnicismo.

La oposición protestó las acciones del gobierno, acusándolo de prácticas fraudulentas y de intimidar al pueblo. Canessa y Funes no se dieron por vencidos e intentaron hacerle frente al gobierno uniendo sus fuerzas con las de José Álvarez Díaz, a través de lo que llamaron el Comité Coordinador del Frente Unido, y apoyando a Carranza como candidato contra el candidato oficialista. Canessa fue arrestado supuestamente por incitar al desorden público, después de un duro discurso contra el gobierno y el control que estaba ejerciendo sobre la campaña electoral. El resto de los candidatos se retiraron de la contienda, pero el gobierno mantuvo dos de los nombres en las listas de candidatos, más que nada por mantener una apariencia de apertura democrática.

Osorio desplegó tropas en muchas partes del país y cerró por 72 horas la emisora de radio La Voz del Trópico. El día anterior por la noche las calles de la capital estaban prácticamente vacías, por miedo a disturbios. Bajo estas condiciones, el PRUD ganó de manera abrumadora. Los resultados oficiales le dieron 677 748 votos, frente a los 11 524 del PAR y 22 659 del PAC (El Salvador al Día, 9 de marzo de 1956, p. 5).

John D. Martz consideró que el número de votantes no había sido tan elevado como mantenía el gobierno, pues, según él, la elección estuvo caracterizada por una apatía y desinterés general y que quizás el número de votantes hubiera sido uno de los más bajos hasta el momento (Martz, 1959, pp. 100-103). Hubo también otros indicios de fraude. Por ejemplo, aquellos votantes que eran analfabetos firmaban con sus huellas, pero los responsables prudistas usaron decolorantes para limpiarles los dedos y, como los votantes estaban registrados en todos los centros de votación, muchos votaron más de una vez (Hernández Turcios, 1978, p. 114).

Lemus empezó su gobierno con una rama de olivo en la mano, al levantar el estado de sitio y derogar Ley de Defensa de la Democracia, incluso permitió la organización de un movimiento sindical independiente. Así, en 1957, se fundó la Confederación General de Trabajadores de El Salvador (CGTS), de izquierdas, y, en 1958, grupos más adeptos al gobierno fundaron la Confederación General de Sindicatos (CGS), al mismo tiempo que continuó con los programas de mejoras sociales. Sin embargo, la crisis económica causada por una bajada de los precios del café llegó a interferir en muchos programas del gobierno, lo cual creó descontento y tensiones, no solo dentro del propio gobierno, sino también en las mismas filas del Ejército y en la población general debido a los cortes que tuvieron que hacerse en los programas sociales.

Ante esta situación, Lemus apretó más las riendas, causando una división el partido. Osorio lo abandonó y creó un nuevo partido, el PRUD-Auténtico (Rojas Bolaños, 1993, p. 107). También se formaron otros dos partidos nuevos, el Partido Radical Democrático y el Partido Revolucionario de Abril y Mayo, en referencia al movimiento de abril-mayo en el que Hernández Martínez había sido derrocado. A estos partidos se unieron en protesta contra el gobierno los estudiantes de la AGEUS. Lemus reaccionó violentamente contra ellos y en agosto de 1960 cerró la Universidad Nacional y arrestó a su presidente. Fue en este mismo periodo que agentes del gobierno asesinaron a Roberto E. Canessa, uno de sus más duros críticos (Guandique, 1962). Los duros métodos usados por Lemus hicieron que muchos miembros del Ejército se opusieran a él, derrocándolo el 25 octubre de 1960 en asociación con la clase media (Elam, 1968, p. 55). La democracia que los prudistas querían practicar en El Salvador tenía que ser bajo sus propias condiciones. El gobierno redujo el campo político y arremetió con dureza contra los disidentes. La democracia prudista era una democracia restrictiva e impuesta desde arriba, y no pluralista, lo que creó mucho descontento.

En este periodo de 1948 a 1960 se introdujeron unas nuevas relaciones cívico-militares y el Ejército aparecía como un elemento de cambio en el país. Esta actitud se puede considerar de autoconservación por parte de los oficiales, pues se dieron cuenta de que el país había cambiado, por ejemplo, el aumento del poder económico de la clase media que clamaba por una participación en el debate político. Por eso, para ellos era mejor iniciar cambios para atraer la cooperación de esta clase y evitar conflictos, incluso, una revolución. Aquí está, entonces, la contradicción, ya que, el Ejército aparecía, al mismo tiempo, como progresista y como conservador. En esa contradicción está la clave del fracaso del experimento prudista. Además, el PRUD nunca fue un partido político en el sentido estricto de la palabra, sino más bien un vehículo para la institucionalización del poder del Ejército, por eso adolecía de la capacidad de ir más allá de los intereses militares y poder así atraer otros elementos que lo convirtieran en una plataforma de genuina expresión política.

Los líderes militares insistían en que lo que estaba pasando en El Salvador era una verdadera revolución. Sin embargo, un estudio minucioso de este periodo revela que, de hecho, la palabra revolución no propugnaba la completa reestructuración de la sociedad. Los cambios deberían llevarse a cabo sin alterar la presente estructura del país. Los oficiales no tenían intención de crear una revolución social. El mismo Lemus había comentado una vez que su sentido común, y el de sus colegas, había avanzado más allá de la idea de que un régimen nuevo debe demoler las instituciones de los anteriores. Para ellos, el progreso de una nación significaba una corriente ordenada y continua, cuya interrupción significaría dar un paso atrás (Lemus, citado por Anderson, 1960, p. 241).

Estos oficiales eran muy conscientes de que era necesario hacer cambios para satisfacer a esta nueva clase. Por lo tanto, dejaron que el círculo político y económico se abriera un poco, a fin de que este grupo pudiera entrar, pero la mayoría del país permaneció fuera. Surge entonces la paradoja del periodo 1948-1960, pues, mientras se proponían cambios, estos se llevarían a cabo en la estructura existente dominada por el Ejército, una verdadera contradicción. La revolución de los oficiales, como Charles W. Anderson dice, fue una revolución controlada. No fueron más que unos cambios que el Ejército usó para institucionalizar su poder. La institución actuó por sus propios intereses y sin ninguna filosofía social, a pesar de sus numerosas declaraciones públicas (Lieuwen, 1961a, pp. 94-96).

Con este estado de cosas, la oligarquía no protestó las acciones del Ejército. Para ello hay que tener en cuenta dos puntos. Primero, había una mutua cautela entre los dos sectores, pues, aunque la oligarquía no se sintió amenazada por los oficiales, ya que estos no estaban proponiendo cambios radicales, ellos también trataban de no antagonizar a la oligarquía. Segundo, los sucesos en Guatemala durante este periodo tal vez causaron cierto miedo en la oligarquía. Era mucho mejor que los oficiales introdujeran algunos cambios, que bloquearlos y arriesgar una verdadera revolución social. Lo que los dos sectores no llegaron o no quisieron aceptar fue el hecho de que El Salvador había cambiado gracias a una modesta industrialización y la consiguiente creación de una capa social media que pedía un papel más prominente en la vida del país.

La oligarquía y el Ejército se negaron a ver más allá de sus propios intereses y nunca aceptaron reformas que pudieran abrir las puertas de la arena política a la población: “Así pues, la revolución de 1948 no resultó ser una revolución en ningún sentido fundamental” (Lieuwen, 1961b, p. 35).²⁷ Esa rígida actitud para adaptarse a los cambios por los que atravesaba el país fue lo que causó la Guerra Civil de los años ochenta. Las clases populares, siempre vedadas de su derecho a participar en la vida del país, no tuvieron otro recurso que el levantamiento armado.

Se dice que la experiencia salvadoreña del periodo 1948-1960 fue un intento de crear un modelo similar al mexicano (Baloyra, 1982, pp. 18-22). Ciertamente, parece que los oficiales tenían en mente algo parecido, pero fracasaron. En primer lugar, hay una gran diferencia en la manera en que las experiencias de los países evolucionaron. El modelo mexicano surgió de una revolución social y política que dejó al Ejército y a la oligarquía en situación precaria. Esto no pasó en El Salvador, el Ejército era predominante y la oligarquía no fue destruida.

En el modelo mexicano, el sector político civil estableció su autoridad sobre el sector militar, después de una revolución que alteró la estructura de la sociedad. Por el contrario, el PRUD fue creado por los militares, y no después de una revolución, y los cambios que se llevaron a cabo se hicieron bajo la estructura existente. Efectivamente, antes de la Revolución de 1910, el Ejército mexicano era uno de los más politizados y menos profesionales de América Latina. Después de 1940, se convirtió en uno de los menos politizados y más profesionalizados. No obstante, la Revolución mexicana, al ser una revolución desde abajo, los líderes revolucionarios contaban con el apoyo popular para llevar a cabo una reestructuración de las filas castrenses. En El Salvador, por el contrario, no hubo esa revolución popular y esa es la gran diferencia entre las experiencias de los dos países (Lieuwen, 1961a, pp. 109-117).

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Notas

Información adicional

Acerca de la persona autora: Juan Manuel Pérez. Estadounidense, de origen español. Es Licenciado en Historia de América Latina, Loyola College, y Máster y Doctor por la Universidad de Georgetown. Trabajó por más de treinta años en la División Hispánica de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. En el 2001, el rey de España Juan Carlos I le concede la Medalla de la Orden Isabel La Católica y lo nombra Caballero. En el 2004, la Orden del Camino de Santiago lo nombra Caballero de la Orden. Es autor de A Nation in Search of its Nationhood: Panamá, 1912-1941; Guide to Panama Materials at the Library of Congress; Pro mundi beneficio. Los trabajadores gallegos en la construcción del Canal de Panamá; Latin America. A Bibliography of Works in English from 1970 to the Present, entre otros.