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Recepción: 21 Febrero 2022
Aprobación: 14 Marzo 2022
DOI: https://doi.org/10.15517/aeca.v49i00.54215
Resumen: El artículo explora las elecciones generales hondureñas del 28 de noviembre de 2021 y sus desdoblamientos desde la perspectiva de los estudios sobre la calidad de la democracia. Se pondera que las referidas elecciones generales hondureñas fueron sumamente importantes no solo para legitimar un nuevo gobierno, sino también para recomponer el orden democrático del país, después de haber experimentado una década de virtual autoritarismo electoral, según lo denunciado por numerosos institutos de investigación especializados.
Palabras clave: Honduras, rendición de cuentas electoral, calidad de la democracia, libertad, competencia política.
Abstract: The article explores the Honduran general elections of November 28, 2021 and its unfolding from the perspective of studies on the quality of democracy. It is considered that the Honduran general elections were extremely important not only to legitimize a new government, but also to recompose the country's democratic order, after having experienced a decade of virtual electoral authoritarianism, as denounced by numerous specialized research institutes.
Keywords: Honduras, electoral accountability, quality of democracy, freedom, political competition.
Introducción
Una de las principales tareas de las ciencias sociales latinoamericanas –específicamente centroamericanas (Pignataro et al., 2021)– en las últimas tres décadas ha sido entender el proceso de consolidación, expansión y perfeccionamiento de la democracia efectivamente existente. De partida, se acepta que el régimen democrático es el más adecuado y oportuno para los pueblos, sociedades y gobiernos de la región y del continente. En ese contexto general, este artículo1 se aproxima de los estudios e investigaciones acerca de la calidad de la democracia, particularmente dentro de la propuesta analítica de Leonardo Morlino (2011).
Conviene destacar que las investigaciones acerca de la calidad de la democracia procuran observar con mayor precisión las variables concretas que inciden en los avances del régimen –enraizamiento, “anclaje”, resiliencia–, o por el contrario en las fuerzas u obstáculos que la limitan. En última instancia, se trata de auscultar qué tan buenas y efectivas son las democracias en su práctica cotidiana. En tal esfuerzo analítico, normalmente son identificadas al menos ocho dimensiones posibles para el estudio de la calidad de la democracia. Esto es, el Estado de derecho, la rendición de cuentas interinstitucional (horizontal), la rendición de cuentas electoral (vertical), la participación política, la competencia política, la responsividad, la libertad y la igualdad/ solidaridad. Las cinco primeras dimensiones son de naturaleza procesual o procedimental, la siguiente es resolutiva o de resultados, y las dos últimas substanciales o de contenido. Obsérvese, desde ahora, que la dimensión de la rendición de cuentas electoral o vertical es de particular interés para los fines de este artículo y que cada una de esas dimensiones puede ser cuantificada y cualificada a través de numerosos tópicos e ítems específicos.
En términos más específicos, se pondera que es posible, deseable y pertinente evaluar los avances y desafíos de las democracias efectivamente existentes, incluyendo sus diferentes dimensiones. Por lo tanto, una democracia es de “calidad” o “buena” cuando su estructura institucional –incluyendo las reglas del juego imperantes en el sistema político y de la gestión pública (Tuesta, 2005)– permite a los ciudadanos ejercer su libertad republicana, mejorar sus condiciones de vida y ser iguales ante la ley (acceso a la justicia). Igualmente, se da por sentado la existencia de un régimen político legitimado que satisface a los ciudadanos, donde se realiza la solidaridad y la igualdad, y donde los ciudadanos tienen el poder de evaluar a su gobierno, al Estado de derecho y al predominio de las leyes. Al respecto, Morlino sugiere que la expresión democracia “buena” o de “calidad” puede ser entendida en los siguientes términos:
Una buena democracia o bien una democracia de calidad es aquel orden institucional estable que permite la realización de la libertad e igualdad de los ciudadanos a través de instituciones y mecanismos adecuadamente funcionales. Podemos derivar la realización de la calidad de una democracia por el grado de respaldo y satisfacción de los ciudadanos que viven en ella (calidad en relación con el resultado), lo cual le otorga una alta estabilidad de sus instituciones por el apoyo que recibe de la sociedad civil; que permite, hipotéticamente, afirmar un avance en la realización de los valores de la democracia (2020, p. 13).
Tales criterios han sido sistematizados por instituciones y autores internacionalmente reconocidos y convalidados; destacan los informes regularmente publicados por entidades como el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) (2020), el Proyecto Variedades de Democracia (V-Dem) (2022), el Latinobarómetro (2021) o la Fundación Bertelsmann.
Es en el marco de esa propuesta teórico-metodológica que surge lo correspondiente a la rendición de cuentas electoral (Schedler, 1999). Efectivamente, la rendición de cuentas electoral es una de las dimensiones procesuales o procedimentales disponibles para el estudio de la calidad de la democracia. Así, en el marco del modelo teóricometodológico morliniano, la rendición de cuentas electoral –también denominada de vertical o Electoral Accountability– alude a la relación entre gobernantes y gobernados, entre electos y electores, entre autoridades y votantes, especialmente en el contexto de procesos electorales libres, justos, pluralistas, frecuentes, republicanos y destinados a autorizar y legitimar las autoridades nacionales, regionales, supranacionales o locales. Todavía, el análisis de la rendición de cuentas electoral también incluye lo concerniente a la libertad de expresión/opinión (prensa libre) y de asociación (acción colectiva, movilizaciones).
En general, se argumenta que las elecciones libres y justas son un componente esencial de los regímenes efectivamente democráticos –quiere decir, poliarquías (Dahl, 2001)–. Se infiere que dichos comicios también deben ser periódicos, correctamente organizados y que sus resultados deberán ser respetados y acatados por todos los actores envueltos, incluso por actores externos con vínculos e intereses en determinado país o región. En tales procesos políticos, los ciudadanos electores tendrían el poder de recompensar, reconocer o premiar la gestión pública de determinadas autoridades votando nuevamente por los mismos o por correligionarios, en caso de que no exista la alternativa de reelección inmediata; o, por el contrario, la posibilidad de castigar y substituir candidatos incompetentes, inconvenientes o inoportunos. En el interludio, los ciudadanos-electores también pueden abstenerse, votar en blanco o anular su voto; situación que puede reflejar algún descontento o insatisfacción con la legitimidad del Estado, del régimen, del gobierno, del sistema político o de las candidaturas disponibles (Tuesta, 2005).
Muchos otros autores, especialmente Dahl (2001), Przeworski (2010), Riker (1990), Norris y Grömping (2019), Schedler (2008), O’Donnell (1997), Altman y Pérez-Liñán (2002), Maravall (2005) y Schmitter (2004), destacan la relevancia de la rendición de cuentas electoral y su incidencia en los estudios acerca de la calidad de la democracia. Entretanto, todos ellos están conscientes de que los efectos virtuosos y constructivos inherentes a dicha dimensión pueden acabar siendo debilitados, deturpados, amenazados o desnaturalizados por numerosas estrategias de subversión, generalmente formuladas e implementadas en beneficio de élites políticas y sociales tradicionales (Diamond, 2002; Diamond y Morlino, 2005). He ahí el caso de fraudes, cambio de reglas electorales oportunistas, clientelismos, abuso de poder político y económico, entre otros vicios e irregularidades.
Dichas prácticas de evidente desigualdad política finalmente resultan en ausencia de alternancia en el ejercicio del poder, en la erosión de la democracia y en un proceso más o menos intenso de autocratización (Lührmann y Lindberg, 2019; Rudolph y Morley, 2020). Tal es el caso de los denominados regímenes híbridos, del autoritarismo electoral, o de las democracias “delegativas”. Conviene adelantar que muchas de estas prácticas irregulares –a las que Riker (1990) denomina “herestesis”– han sido observadas en el caso hondureño desde 2009 (Sosa, 2014).
Metodológicamente, Morlino recomienda que los estudios e investigaciones acerca de la rendición de cuentas electoral se concentran en tres subdimensiones: (i) Elecciones, (ii) Libertad para organizar partidos políticos y (iii) Presencia y estabilidad de alternativas político-partidarias. A su vez, cada una de dichas subdimensiones puede ser examinada mediante variables o bien indicadores específicos, eventualmente cuantificables.
En relación con la subdimensión de las elecciones, los tópicos fundamentales de análisis e interpretación son los siguientes: el interés de la ciudadanía en la política y en las elecciones; las características de las elecciones (libres, justas, regulares, competitivas); la credibilidad, imparcialidad y competencia de las autoridades y organismos electorales; los consensos en torno a las leyes electorales (incluso eventuales demandas de reformas); y los métodos de financiamiento de partidos políticos y de campañas electorales (Falguera et al., 2015). También aparece lo concerniente al registro de candidatos/partidos; la identificación de los ciudadanos-electores y los censos electorales; las características de la boleta o voto (tecnología electoral); la accesibilidad de las mesas electorales; el proceso de conteo y transmisión de resultados electorales; la transformación de votos en escaños, curules o políticos electos al poder ejecutivo y legislativo (nacional, provincial o local); y finalmente la aceptación de los resultados por los diferentes actores domésticos y externos envueltos en el proceso.
La subdimensión de la libertad para organizar partidos políticos apunta a examinar las características del sistema de partidos, incluso si estos son libres para organizarse; el financiamiento de tales organizaciones políticas; las relaciones entre los partidos (líderes, militantes, simpatizantes) y los ciudadanos-electores; la identidad partidaria, educación cívica, cultura política; y el devenir del sistema electoral (Tuesta, 2005).
A su vez, la subdimensión de la presencia y estabilidad de alternativas político-partidarias destaca la pertinencia de deliberar acerca tópicos propios del escenario postelectoral o hasta la asunción del nuevo mandato, tales como: la efectiva participación del electorado y el abstencionismo; las reales posibilidades de escoja entre candidaturas en competencia, incluso de candidaturas opositoras; el tema de la (in)fidelidad partidaria, también conocido como floor crossing; las peculiaridades del sistema electoral efectivamente existente (pluripartidismo competitivo o no); la correcta y representativa transformación de votos en escaños o curules; los vicios e irregularidades que pueden obstaculizar la alternancia en el ejercicio del poder o a la efectiva competencia política; y finalmente la formación de gabinetes ministeriales en el caso de nuevos gobiernos.
En el marco de ese sucinto contexto teórico-metodológico, la pregunta orientadora de este artículo es: ¿cómo y por qué se manifestó la rendición de cuentas electoral, entendida como una de las dimensiones disponibles para el estudio de la calidad de la democracia, en las elecciones generales hondureñas de noviembre de 2021? La hipótesis de trabajo sugiere que la rendición de cuentas electoral se habría manifestado de forma muy clara, oportuna y significativa en las elecciones generales hondureñas de 2021, tanto en lo concerniente a la autorización de nuevos gobernantes y representantes políticos, como también en lo relacionado con la recomposición y legitimación del régimen democrático, ya que durante casi una década el país fue considerado un caso de autoritarismo electoral.
En ese mismo orden de ideas conviene agregar que la estrategia para la recolección de los datos utilizados en este trabajo incluyó una visita de campo a Honduras para realizar una observación in situ de los acontecimientos entre diciembre de 2021 y enero de 2022, la revisión de literatura especializada y hemerográfica, la interacción con actores políticos y sociales hondureños y la consulta a las bases de entidades académicas internacionalmente reconocidas, especialmente del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, el Proyecto Variedades de Democracia y de Latinobarómetro 2021.
Elecciones generales en Honduras, noviembre de 2021: actores y proyectos en competencia
El 28 de noviembre de 2021, los ciudadanos hondureños estaban llamados a participar en el décimo proceso electoral general, desde el retorno al orden constitucional, en 1982. Según el censo electoral, se esperaba que más de cinco millones de votantes pudiesen acudir a las urnas, para escoger a las autoridades ejecutivas y legislativas nacionales y municipales, además de veinte representantes al Parlamento Centroamericano. En consecuencia, en enero de 2022, un nuevo gobierno asumió los destinos del país.
Es importante destacar que, más allá de escoger a candidatos para cargos públicos, este proceso electoral fue de crucial importancia para determinar si Honduras podría –o no– continuar siendo considerado como un país gobernando mediante un régimen democrático representativo (Paz, 2008). Resulta que, desde la irregular interrupción de mandato del expresidente Manuel Zelaya, en 2009, numerosos y bien fundamentados informes acerca de la calidad de la democracia en el mundo –particularmente el proyecto Variedades de Democracia– alertaron que el país habría caído a la categoría del autoritarismo electoral. Esto quiere decir un régimen híbrido, con mínima competencia y participación política, y con poco aprecio por el Estado de derecho o por la rendición de cuentas; un panorama político comparable a lo verificado en Haití, Nicaragua o Venezuela (De la Fuente et al., 2020; Alcántara y Paredes, 2020).
En efecto, más allá de celebrar una fiesta cívica y republicana semejante a lo usualmente observado en muchos otros países del continente y del mundo, las elecciones generales hondureñas eran cruciales para determinar si dicha nación conseguiría recomponerse o si continuaría siendo víctima de un gravísimo proceso de erosión democrática. Sucede que, después de una verdadera “década trágica”, en la que fue posible constatar todo tipo de irregularidades, crímenes y abusos políticos, el pueblo hondureño tenía una magnífica oportunidad para corregir los rumbos del Estado, de la sociedad y de su inserción internacional. He ahí la trascendental relevancia de los comicios en cuestión (Sosa, 2019; Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras [Fosdeh], 2021b).
Conviene destacar que el proceso hondureño estuvo precedido por significativas reformas políticas y específicamente electorales, principalmente durante el año de 2021, destaca la denominada Ley Electoral de Honduras (Decreto N.° 35, de 26 de mayo de 2021). Dichas reformas políticas y electorales conformaron una nueva institucionalidad. Entre las principales disposiciones de esta emergente institucionalidad se ha destacado la creación de un Consejo Nacional Electoral y de un Tribunal de Justicia Electoral (Fosdeh, 2021a; Orozco, 2019). Hubo también algunas innovaciones en la tecnología electoral, conquistas en lo concerniente a paridad de género en la política y en las campañas, y una depuración del censo (demografía electoral).
Desafortunadamente, no fue posible avanzar en lo concerniente a la introducción del balotaje o segunda vuelta, en la “despolitización” de las instituciones electorales –hasta ahora controladas por los propios partidos–, en la denominada “ciudadanización de las mesas electorales” o en lo tocante a mayores controles al financiamiento de campañas y de los partidos (Falguera et al., 2015; Montoya, 2021). En general, tales reformas políticas y electorales procuraron generar transparencia y confianza, en ese sentido, reasegurar la integridad y legitimidad de las instituciones y los mecanismos propios de la rendición de cuentas electoral o vertical, dimensión fundamental de la calidad de la democracia, conforme apuntado anteriormente (Sartori, 1996; Picado, 2018).
El asunto es sumamente significativo y urgente, principalmente al constatar la existencia de numerosas irregularidades, vacíos e insuficiencias en las tres últimas elecciones generales hondureñas realizadas en 2009, 2013 y 2017. Tales desafíos ayudan a explicar la notoria caída en el índice de apoyo ciudadano a la democracia conforme demuestra, entre otros, el más reciente informe de Latinobarómetro (2021). Según dicho documento, entre 1999 y 2020, el apoyo ciudadano al régimen democrático cayó de 64 % al 30 %, de una muestra representativa de la opinión pública hondureña. Al mismo tiempo, en las últimas elecciones generales el abstencionismo había superado el 40 % del censo. Aunado a lo anterior, se indica que los vencedores de los comicios lo han conseguido con aproximadamente un 25 % de los votos válidos –además con un margen muy estrecho en relación con los resultados de los otros aspirantes–. He ahí algunos síntomas de la acelerada erosión de la democracia hondureña.
En consecuencia, en el marco de esta “década trágica”, en los últimos años Honduras era uno de los países latinoamericanos con menor apoyo ciudadano al régimen democrático. Evidentemente, tal constatación es muy preocupante. Esta representa una involución o retroceso societal, con espurias implicaciones para la población local y negativos desdoblamientos regionales, hemisféricos y globales. He aquí una convergencia con lo que Lürhmann y Lindberg (2019) han denominado tercera ola de autocratización en el mundo.
Específicamente en lo concerniente a la competencia por la presidencia de la República, conviene ponderar que en noviembre de 2021 concurrieron 14 aspirantes y sus respectivas alianzas –una cantidad sin precedentes (Tabla 1)–. Según una de las principales encuestas de intención de voto divulgadas un mes antes de los comicios, dos de esas candidaturas presentaban vocación y posibilidades reales de alcanzar la victoria (Centro de Estudio para la Democracia [Cespad], 2021).
De un lado, aparecía Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre). Ella encabezaba una alianza de partidos de centro e izquierda. Según la referida encuesta realizada poco antes de las elecciones, Xiomara Castro tendría alrededor del 38 % de las intenciones de voto (Cespad, 2021). Dado que las elecciones generales hondureñas son resueltas por mayoría simple, la candidata de Libre presentaba las mejores opciones para alzarse con el triunfo. En tal hipótesis, sería la primera vez en la historia política hondureña que una mujer llegaba a la presidencia de la República. Vale agregar que Castro proponía un plan de gobierno de orientación reformista, social-democrática y popular para el país.
En otro lado, aparecía la candidatura de Nasry Asfura (Partido Nacional de Honduras, centroderecha). Asfura había sido alcalde de Tegucigalpa y se erigía en el aspirante oficialista. Según la referida encuesta, él oscilaba entre 20 y 21 % de las intenciones de voto (Cespad, 2021). Aunque respaldado por una razonable gestión municipal en la capital del país, y con el apoyo del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, pesaban contra sus aspiraciones numerosos desaciertos, irregularidades y abusos, tanto propios, como de su partido y del gobierno durante los últimos tres períodos presidenciales. Así pues, era bastante probable que el candidato oficialista acabara siendo derrotado en las urnas y que Hernández –un gobernante con bajo y decreciente respaldo popular– fuese substituido por un opositor, lo cual permitiría una saludable alternancia en el ejercicio del poder, rasgo fundamental de la dimensión de la rendición de cuentas electoral y de la calidad de la democracia.
Los restantes aspirantes presentaban muy pocas opciones reales de suceso en la competencia por la presidencia de la república (Cespad, 2021). Entretanto, dependiendo de sus respectivas votaciones, ellos podrían contribuir en el campo del pluralismo político-partidario, en la representación democrática y en la conformación del nuevo Congreso Nacional. Todo ello vendría a generar consecuencias virtuosas en lo concerniente a la formación del parlamento hondureño, a la recomposición de las relaciones Ejecutivo-Legislativo, a la revalorización del sistema de partidos y a la formación de las mayorías en el período presidencial 2022-2026.
Tabla 1
Resultados de las Elecciones Presidenciales hondureñas realizadas el día 28 de noviembre de 2021
Resultados de las Elecciones Presidenciales hondureñas realizadas el día 28 de noviembre de 2021
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Nacional Electoral.
Concomitantemente, es posible identificar otras variables que acabaron incidiendo en el proceso de toma de decisión, en las actitudes y en las preferencias de los electores hondureños. Entre tales variables cabe mencionar los efectos de la pandemia del covid-19 y de fenómenos climáticos adversos, también la exclusión social y la cultura política local (Alcántara, 2021). También fue relevante el posicionamiento de actores sociales y económicos, tales como el empresariado, la sociedad civil organizada, los movimientos y asociaciones, las instituciones religiosas, las fuerzas armadas y los medios de comunicación de masas. Asimismo, la comunidad internacional, a través de observadores de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea, contribuyó a garantizar la integridad, transparencia, equilibrio y confiabilidad de las diferentes etapas del proceso electoral, hasta la toma de posesión de las nuevas autoridades.
Los gobiernos de Washington y de Ciudad de México también acompañaron y monitorearon las diferentes fases del proceso electoral hondureño, principalmente en busca de un interlocutor válido en Tegucigalpa (Sosa, 2022). Parece claro que los gobiernos de Joseph Biden y Andrés Manuel López Obrador reclamaban por alguien capacitado y dispuesto a trabajar para reducir los flujos migratorios mixtos (o caravanas familiares), reprimir los ilícitos transnacionales, luchar contra la corrupción y la impunidad, garantizar el desarrollo social y económico e impulsar un gobierno efectivo, republicano y democrático en el país centroamericano (Observatorio de Política Criminal Anticorrupción, 2021; Pignataro et al., 2021).
En síntesis, es oportuno insistir en que Honduras tenía la oportunidad de revertir el nocivo proceso de erosión democrática observado desde 2009 (Paz, 2008; Rodríguez y González, 2020). Nótese que la irregular interrupción del mandato de Zelaya marcó el inicio de una “década trágica” en el país. Además, dicho acontecimiento fue uno de los primeros síntomas de la tercera ola de autocratización que acabó envolviendo a otras naciones en América Latina y el mundo (Lührmann y Lindberg, 2019). Así las cosas, el proceso electoral hondureño de noviembre de 2021 tenía el potencial de definir mucho más que los líderes de los poderes Ejecutivo y Legislativo. He aquí el argumento fundamental de este artículo.
Consecuentemente, partiendo de la premisa de que los comicios generales serían libres y justos, el 28 de noviembre los hondureños decidirían si el país tendría la posibilidad reconducir su destino por la senda de la democracia representativa y republicana, o bien, si se hundiría en el autoritarismo electoral, en el caudillismo, en la ingobernabilidad y en la barbarie. En retrospectiva, salvo mejor criterio, el pueblo hondureño necesitaba aprovechar la oportunidad brindada por las elecciones para construir una recomposición democrática, asegurar el traspaso del poder hacia un nuevo liderazgo político y avanzar hacia un mejor futuro.
Libertad para organizar partidos: observaciones sobre ciertos aspectos del sistema político-partidario hondureño
Desde la redemocratización, en 1981-1982, y especialmente después de los entendimientos políticos alcanzados para superar la crisis provocada por la irregular interrupción del mandato del presidente Manuel Zelaya –quiere decir, del denominado Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras, firmado en Cartagena de Indias, en abril de 2011–, se constituyó un sistema de partidos y una legislación de organizaciones políticas bastante más complejas que las observadas durante los siglos XIX y XX. El asunto es importante para los fines de este artículo por su incidencia directa en las elecciones generales de noviembre de 2021, tanto en términos de la competencia político-partidaria, como por las innovaciones en la legislación, en los organismos electorales, en la rendición de cuentas y en la calidad de la democracia hondureña.
Efectivamente, las elecciones hondureñas de noviembre de 2021 fueron bastante relevantes y significativas en el marco de un esfuerzo de recomposición de la democracia representativa, liberal y ciudadana. En ese contexto, los comicios fueron precedidos por la aprobación de leyes que impactaron en el sistema de partidos y en la competencia por cargos mayoritarios y proporcionales, tanto en el ámbito nacional como en el municipal.
En relación con la competencia presidencial, se ha verificado la constitución de un sistema de partidos integrado por dos grandes bloques o alianzas, entrelazada con una creciente fragmentación en el parlamento. Todo ello en contraste con el sistema esencialmente bipartidista Liberal-Nacional observado desde fines del siglo XIX y que perduró hasta 2009 (Paz, 2008).
Honduras tiene actualmente un sistema de partidos políticos integrado por 14 organizaciones inscritas en el Consejo Nacional Electoral –ente que también es de muy reciente creación y funcionamiento–. Y a juzgar por los resultados de las elecciones generales de 2021 –esto es, simultaneas, aunque con boletas separadas en las candidaturas presidenciales, legislativas y municipales; además de los diputados al Parlamento Centroamericano–, ahora se sabe que el próximo Congreso hondureño estará integrado por representantes de seis partidos: 50 diputados de Libertad y Refundación (Libre), 44 del Partido Nacional (PN), 22 del Partido Liberal (PL), 10 del Partido Salvador de Honduras (PSH) y un diputado para dos otros partidos minoritarios.
En el plano de la competencia municipal, el PN alcanzó la victoria en 142 alcaldías, seguido por el PL y Libre, con 90 y 50 gobiernos locales, respectivamente. Vale destacar que Libre tuvo excelentes resultados en el Distrito Central (Tegucigalpa) y en San Pedro Sula; es decir, dicho partido se alzó con la victoria en las dos principales alcaldías del país. Tales resultados en la competición presidencial, legislativa, municipal y regional generan virtuosas e importantes consecuencias para la gobernabilidad del país.
Conviene resaltar que la libertad de los partidos políticos para competir y someterse a la rendición de cuentas electoral está asegurada tanto por la Carta Magna como por leyes específicas. En consecuencia, en el país centroamericano existe considerable libertad de asociación y organización de partidos políticos. Ello ha derivado en una alta fragmentación del sistema de partidos y una creciente proliferación de organizaciones políticas cuya representatividad está pendiente de confirmación (Tabla 2). Todavía, al observar su desempeño en los últimos cuatro procesos, solamente tres o cuatro de tales partidos políticos tendrían vocación para competir por la presidencia de la república, tal es el caso de Libre (centroizquierda), PN (centroderecha), PL (centro) y, posiblemente, PSH (centro).
Tabla 2
Partidos inscritos en el Consejo Nacional Electoral, según ideología, en marzo de 2022
Partidos inscritos en el Consejo Nacional Electoral, según ideología, en marzo de 2022
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Nacional Electoral.
Aunado a lo anterior, es importante reflexionar brevemente acerca de la equidad y justicia de la competencia, principalmente en lo concerniente al financiamiento público de los partidos políticos y de las campañas electorales (Pinto-Duschinsky, 2002; Fosdeh, 2021c). En tal sentido, es deseable observar que en Honduras predomina el financiamiento mixto de partidos políticos y de campañas electorales (Montoya, 2021). La utilización de tales recursos está regulada por la ley electoral citada anteriormente (artículos 159 a 166). El acceso y la distribución de esos recursos –especialmente del financiamiento público, también denominado deuda política– son fundamentales para el mantenimiento y desarrollo de las referidas organizaciones.
En contrapartida, dichos partidos, y eventuales candidaturas independientes, quedan obligados a rendir cuentas electorales por el uso específico de los referidos recursos financieros. Vale agregar que la distribución de los recursos financieros lleva en consideración el tamaño de las bancadas en el Parlamento y la trayectoria de las organizaciones en cuestión (Fosdeh, 2021b).
Mutatis mutandis, según datos preliminares de la rendición de cuentas de los partidos y candidatos, la campaña que culminó con las elecciones de noviembre de 2021 ha sido estimada en tres mil millones de lempiras –equivalentes a US$120,00 millones (Fosdeh, 2021a)–. Se espera que las informaciones consolidadas sean divulgadas oficialmente pronto. En todo caso, no cabe duda de que se trata de las elecciones generales más costosas en la historia política del país.
Conviene destacar que el presupuesto público ejecutado a lo largo de 2021 incluye la campaña y el proceso electoral propiamente dicho, así como una serie de correlacionados e imprescindibles actos, contratos, modificaciones e innovaciones. Entre tales iniciativas correlacionadas directa e indirectamente a la rendición de cuentas electoral destaca la realización de elecciones primarias con financiamiento público el día 14 de marzo de 2021, la emisión de un nuevo documento de identificación de los ciudadanos y electores hondureños (depuración del censo electoral), la introducción de innovaciones en tecnología (biometría, mecanismos de transmisión de resultados electorales), la inauguración y el funcionamiento institucional del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, la capacitación de servidores, la adquisición de servicios diversos, materiales y suministros, la instalación de las juntas receptoras de votos y la confección del material e infraestructura electoral (boletas, urnas, comunicación social), entre otros menesteres.
Para los fines de este artículo es importante reconocer e insistir que la ley electoral aprobada en mayo de 2021 conlleva elementos positivos. Es especialmente loable lo concerniente a la imposición del criterio de la paridad de género en el financiamiento de candidaturas. También se destaca la identificación biométrica de los votantes (tecnología electoral), la drástica depuración del censo (demografía electoral), la composición de las juntas y mesas receptoras de votos, las innovaciones en las papeletas de votación e información de los electores, la accesibilidad para votantes con necesidades especiales y los mecanismos de transmisión de resultados. Algo semejante se puede afirmar sobre la institucionalidad, con nuevas autoridades electorales; incluida una novedosa instancia de justicia electoral (Orozco, 2019). Todo ello ha contribuido decisivamente para que las elecciones de noviembre de 2021 fuesen realizadas de forma libre, justa, transparente, republicana y equitativa.
En consecuencia, los resultados de aquellas fueron inmediatamente reconocidos por todos los actores políticos y sociales envueltos en el proceso de rendición de cuentas electoral y por la comunidad internacional. Así las cosas, en enero de 2022, por primera vez en la historia política del país una mujer ha tomado posesión del cargo de presidenta de la república. Todo ello genera virtuosos encadenamientos, incluso en el marco de una recomposición de la calidad de la democracia hondureña, conforme es posible apreciar en la opinión pública, en la prensa local e internacional y en los medios académicos especializados.
Presencia y estabilidad de alternativas político-partidarias: un nuevo comienzo
Más allá de los insumos o inputs representados por la legislación, por el sistema de partidos y por las elecciones –incluso por la competición al interior de los partidos–, los estudios e investigaciones acerca de la rendición de cuentas electoral recomiendan auscultar también los desdoblamientos de los resultados u outputs del lado de la salida de los procesos políticos en cuestión. En términos operativos, se trata del período postelectoral, hasta la asunción de las nuevas autoridades y el traspaso de poder político. El resultado de la rendición de cuentas electoral puede ser identificado en la efectiva alternancia del ejercicio del poder, en la formación de gabinetes ministeriales, en las relaciones Ejecutivo-Legislativo, en la formulación e implementación de políticas públicas, en la gestión administrativa y en la deliberación en el espacio público. Evidentemente, todo ello permitiría constatar la existencia –o no– de estabilidad, de alternativas político-partidarias y, en última instancia, de la gobernabilidad y la calidad democrática.
Con relación a la expectativa y a la alternancia en el ejercicio del poder Ejecutivo es oportuno ponderar que, desde la redemocratización hondureña en 1982, y a pesar de muchas vicisitudes societales, al menos hasta 2009 el país había sido testigo de frecuentes alternancias de gobiernos, especialmente en el nivel municipal y en la presidencia de la república. Se debe tener presente que entre 1981 y 2005 hubo procesos electorales que resultaron en cinco gobiernos del Partido Liberal y dos del Partido Nacional –además de lo correspondiente a las elecciones parlamentares (Paz, 2008)–.
Entretanto, tal y como se anotó anteriormente, las elecciones hondureñas de 2009, 2013 y 2017 fueron cuestionadas en virtud de numerosas irregularidades que incluyeron fraude, abuso de poder político y económico, financiamiento ilegal de campañas y violencia política (Schedler, 1999; Rudolph y Morley, 2020). En consecuencia, los tres últimos gobiernos del Partido Nacional –especialmente los períodos presidenciales de Juan Orlando Hernández, entre 2014 y 2022– acabaron colocando al país en un acelerado proceso de erosión democrática y autocratización. Por tanto, en la última década los indicadores políticos internacionalmente utilizados para medir la calidad de la democracia confirmaron que Honduras habría retrocedido de la categoría de Democracia Electoral a una situación de Autoritarismo Electoral (V-Dem, 2022).
En ese delicado contexto, las elecciones generales de 2021 eran sumamente importantes en el proceso de recomposición democrática hondureña. Ahora sabemos que la rendición de cuentas electoral funcionó correctamente tanto en el ámbito de la competencia presidencial, como en las elecciones parlamentares y municipales. Pacífica, legítima y legalmente, ha asumido la presidencia una candidata de oposición, quien venció en 15 de los 18 departamento del país. El Parlamento también ha sido formado con cuatro bancadas principales. Finalmente, en el plano municipal, el Partido Nacional ha demostrado de manera convincente que mantiene una enorme capilaridad.
Se infiere de lo anterior que el criterio de la alternancia ha sido retomado en beneficio de la rendición de cuentas electoral y de la calidad de la democracia. Obsérvese que el principio de la no reelección continúa siendo muy arraigado en la cultura política hondureña y aunque ciertamente la presidenta Xiomara Castro trabajará para mantener y dar continuidad a la victoriosa alianza política de 2021, no parece ser de su estilo o personalidad embarcarse en cualquier tipo de veleidad reeleccionista, neopopulista o autocratizante (Lührmann y Lindberg, 2019).
En suma, desde la perspectiva de los estudios e investigaciones acerca de la calidad de la democracia es evidente que la rendición de cuentas electoral también puede ser auscultada por sus resultados, principalmente en el período postelectoral y hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. La alternancia en el ejercicio del poder político, el estilo de la deliberación, la formación de los gabinetes ministeriales y las relaciones Ejecutivo-Legislativo son tópicos particularmente relevantes y significativos en el marco de esta tarea analítica del caso hondureño. En consecuencia, se infiere que la reciente experiencia hondureña ofrece numerosas oportunidades para el examen riguroso de una temática apasionante, compleja, trascendente y hasta paradigmática.
Consideraciones finales
Después de una verdadera “década trágica”, el pueblo hondureño ha manifestado, de forma clara y categórica, su deseo y propósito de iniciar una recomposición del régimen, del sistema de partidos y de su gobierno. He ahí el primero y más importante desdoblamiento de los resultados de las elecciones generales –esto es, presidenciales, legislativas, municipales y para el Parlamento Centroamericano–, realizadas el pasado 28 de noviembre de 2021.
Más allá de constatar la significativa victoria de una alianza opositora de centroizquierda encabezada por una mujer, un segundo elemento digno de mención de ese proceso electoral concierne a la propia cuestión del régimen político imperante en el país. Sucede que, desde la irregular interrupción de mandato de Manuel Zelaya, en 2009, estudios e investigaciones publicadas por numerosos centros especializados en la calidad de la democracia alertaban sobre la pronunciada erosión democrática y virtual autocratización observada en el país centroamericano. Efectivamente, numerosos institutos especializados alertaron y denunciaron que Honduras no podría continuar siendo considerado como país de orientación democrática. Para tales entidades especializadas, los gobiernos de Porfirio Lobo y de Juan Orlando Hernández transformaron a la nación centroamericana en un régimen híbrido o en un ejemplo de autoritarismo electoral.
De modo sucinto, el diagnóstico general de aquellos institutos especializados (V-Dem, IDEA y Latinobarómetro, por mencionar algunos) apuntaba hacia una virtual captura del Estado hondureño por un grupo de individuos vinculados directa e indirectamente al presidente Juan Orlando Hernández y a su entorno más inmediato. De tal captura del Estado participaban y se beneficiaban segmentos del empresariado, de las fuerzas militares y policiales, de la clase política, de grupos religiosos –principalmente cúpulas de instituciones evangélicas y católicas–, de los medios de comunicación de masa y del sistema judicial. Asimismo, se denunció reiteradamente una posible vinculación de la administración de Hernández con actores no estatales supuestamente envueltos con actividades ilícitas transnacionales y el crimen organizado.
En virtud de esa captura del Estado hondureño, no faltaron casos de impunidad, escándalos de corrupción –cometidos incluso en medio de la terrible pandemia de covid-19 (Idea, 2020; Alcántara, 2021; Transparencia Internacional, 2022)–, violencia política y social, flujos migratorios mixtos –o caravanas familiares hacia Estados Unidos–, empobrecimiento, exclusión social, conflictos socioambientales (extractivismo), neoliberalismo exacerbado y un decreciente apoyo ciudadano a la democracia. En tal sentido, más que una legítima y usual competencia izquierda-centro-derecha, en Honduras estaba en disputa la correlación autoritarismo electoral-democracia liberal.
El 28 de noviembre de 2021, poco más de cinco millones de ciudadanos estaban convocados a participar en las elecciones generales. La competencia por la presidencia fue decidida por mayoría simple (una vuelta, sin balotaje). En la ocasión, hubo una significativa participación del electorado, superior al 68 % del censo. Ahora sabemos que Iris Xiomara Castro Sarmiento, candidata por Libertad y Refundación, venció en los comicios, con alrededor del 50 % de los votos válidos. Dicho respaldo popular masivo la convirtió en la presidenta electa más votada en la historia del país. El candidato nacionalista Nasry Asfura (37 %) y el liberal Yani Rosenthal (10 %) lograron en las votaciones un segundo y tercer lugar, respectivamente.
Castro ha encabezado una alianza opositora, con fuerte tendencia socialdemócrata, republicana y progresista. Obsérvese que ella tiene una trayectoria política muy consistente y consecuente. Además de haber sido primera dama durante el mandato de Manuel Zelaya, por méritos propios ella fue candidata presidencial en 2013 y candidata a la vicepresidencia en 2017. En ambas oportunidades acabó siendo derrotada por el conservador Juan Orlando Hernández, en medio de comicios plagados de todo tipo de irregularidades, incluso de fraude, financiamiento ilícito de campaña, abuso de poder político-económico, falsedad ideológica, violencia política y clientelismo (Sosa, 2019; Rodríguez y González, 2020; Fosdeh, 2021d).
Llegados a este punto, resulta significativo subrayar que, en 200 años de vida republicana, Xiomara Castro es la primera mujer en gobernar al país. Asimismo, junto a la primera ministra de Barbados y a la mandataria de Trinidad y Tobago, la presidenta de Honduras es una de las poquísimas titulares de poderes ejecutivos nacionales en el continente americano.
Parece pertinente agregar que a lo largo de muchos años ella ha demostrado gran sensibilidad hacia los temas y reivindicaciones de género, especialmente lo vinculado a los derechos reproductivos de las mujeres, a la lucha contra la violencia doméstica, al combate a la discriminación sexual y el respeto a las minorías. En otras palabras, la presidenta de los hondureños tiene compromisos firmes con la pauta feminista, con la paridad de género en la política y con la promoción de los derechos humanos. Evidentemente, ello es una buena noticia.
Algo semejante se puede afirmar acerca de sus históricas vinculaciones con la sociedad civil, con los movimientos sociales –incluyendo al ambientalismo–, con la infancia, la juventud y las familias, con las minorías étnicas y con los grupos más vulnerables de la sociedad hondureña. De hecho, los excelentes resultados de Xiomara Castro también se explican por la muy alta participación y el respaldo electoral a su candidatura por parte de la juventud y de otros segmentos sociales subalternos. Todo ello repercutió en una sensible disminución del abstencionismo electoral, el cual pasó de un 45 % a alrededor de un 30 % del censo. Por lo tanto, parece razonable vislumbrar que ella coloque un fuerte empeño en la formulación e implementación de políticas públicas orientadas hacia el desarrollo humano, la transformación productiva con equidad y a una inserción internacional soberana.
Llevando en consideración tanto la composición del parlamento, como la asunción de los principales gobiernos locales –tópicos muy importantes en la dinámica político-social del país–, es seguro que Honduras ha experimentado una importante mutación en su sistema de partidos. Sucede que, dejando de lado a los gobiernos militares predominantes en las décadas de 1960 y 1970, desde fines del siglo XIX Honduras fue gobernada básicamente por un sistema bipartidista. Efectivamente, en la historia político-electoral del país hasta ahora predominaron candidaturas de los partidos Liberal (centro, reformista) y Nacional (centroderecha, conservador). Por primera vez, un tercer partido –es decir, Libre– se ha alzado con el poder político de la nación. La derrota y superación del bipartidismo tradicional es otra de las importantes innovaciones observadas en los resultados de las elecciones en cuestión.
Sea como fuere, es bastante evidente que, junto a la trayectoria políticosocial de la referida agremiación, en el análisis interpretativo de esa victoria debe llevarse en consideración un conjunto de acuerdos políticos pactados entre Libre y otros partidos de centro y hasta de centroderecha. En consecuencia, el presidencialismo de coalición pasará a tener una gran relevancia e influencia en el devenir político, en la gobernabilidad y en la recomposición de la calidad democrática del país. Mantener unido a su propio partido y a esta alianza, tanto en el seno del gabinete de gobierno, como en las relaciones Ejecutivo-Legislativo, demandará de una alta dosis de realismo, tolerancia, diálogo y responsabilidad al interior de la emergente clase dirigente (López, 2022).
Lo mismo se podría afirmar con relación a la conformación de las autoridades del poder Judicial y a otras entidades encargadas del control y fiscalización del país (Schmitter, 2004; Maravall, 2005; Diamond y Morlino, 2002). Sucede que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la República serán nombrados por el Congreso. Tales nombramientos en entidades clave para la rendición de cuentas interinstitucional deberán ser monitoreados muy de cerca por la sociedad civil, la opinión pública, el mundo académico y la comunidad internacional.
Se infiere que Xiomara Castro ha asumido el gobierno hondureño con gran capital político. Entretanto, después de la referida “década trágica”, los desafíos son igualmente inmensos –y hasta abrumadores–. Entre tales desafíos destacan lo concerniente al desarrollo humano, a los indicadores macroeconómicos, a la estructura laboral, a la persistencia de poderes fácticos y a limitaciones de carácter político-administrativas y del servicio civil (burocracia). No es ninguna exageración ponderar que se trata del virtual renacimiento de la república y de la recomposición de su democracia. Por lo tanto, estamos frente a un acontecimiento muy importante para el pueblo hondureño, en particular, para el istmo centroamericano, y para el continente americano, en general.
Al comenzar el nuevo mandato, la opinión pública hondureña, la comunidad internacional y el mundo académico, entre otros, esperan que el nuevo gobierno de Tegucigalpa sea exitoso, consecuente, honesto, íntegro y republicano. He aquí las condiciones mínimas para el inicio de un imprescindible período de prosperidad, paz y desarrollo. Así pues, retomando tanto la pregunta-orientadora como la respuesta provisoria presentadas en la introducción del artículo, se confirma la existencia de un conjunto de evidencias, argumentos y alegaciones que contribuyen a considerar como corroborada, al menos provisoriamente, la hipótesis de este manuscrito.
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Notas
Información adicional
Acerca de la persona autora: Carlos Federico Domínguez Avila. Investigador-colaborador del Centro de Estudios Multidisciplinarios de la Universidad de Brasilia (UnB). Doctor en Historia. Especializado en temas sobre calidad de la democracia, política internacional, derechos humanos, ciudadanía y violencia.
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