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Las actitudes políticas de las organizaciones sociales urbanas durante la crisis política en Guatemala (2015-2017)
Political attitudes of urban social organizations during the political crisis in Guatemala (2015-2017)
Anuario de Estudios Centroamericanos, vol. 49, pp. 1-33, 2023
Universidad de Costa Rica

Artículos


Recepción: 06 Abril 2023

Aprobación: 14 Agosto 2023

DOI: https://doi.org/10.15517/aeca.v49i00.58177

Resumen: El trabajo analiza, por medio de pruebas no paramétricas, las relaciones que existieron entre las actitudes políticas de las organizaciones sociales urbanas que participaron activamente durante la crisis sobre la agenda reformista que impulsaron las instituciones anticorrupción en Guatemala. Hallándose que son heterogéneas y que al menos una de razones para solicitar la renuncia del presidente Otto Pérez Molina era significativamente distinta, que las posiciones adoptadas sobre las elecciones de 2015 fueron independientes de las adoptadas para la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, y que al menos una de las distribuciones de las evaluaciones sobre las reformas legales aprobadas entre 2015 y 2016 difieren significativamente.

Palabras clave: pruebas no paramétricas, actitud política, reforma legal, organizaciones sociales urbanas, crisis política..

Abstract: The study, employing non-parametric tests, assesses the relationships that existed among the political attitudes of urban social organizations that actively engaged during the crisis and the reformist agenda promoted by anti-corruption institutions in Guatemala. It was determined that these relationships are heterogeneous, and that at least one of the reasons for advocating the resignation of President Otto Pérez Molina was significantly distinct. Furthermore, the stances taken regarding the 2015 elections were found to be independent of those assumed for the reform of electoral law and political parties. Additionally, it was observed that at least one of the distributions of evaluations pertaining to legal reforms approved between 2015 and 2016 differed significantly.

Keywords: non-parametric tests, political attitudes, legal reforms, urban social organizations, political crisis.

Introducción

La revelación pública de una trama de corrupción en las aduanas de Guatemala en 2015 desató una crisis política que se prolongó por cuatro años en el corazón del sistema político que se formó desde el retorno de la democracia en 1985. En medio de casos de corrupción, manifestaciones sociales y propuestas de reformas legales, se abrió una ventana de oportunidad para el cambio político que finalmente se cerró en las elecciones generales de 2019 tras la no inscripción de las dos candidatas1 que representaban en términos generales las dos grandes vertientes que se crearon: continuar o no con la lucha contra la corrupción que habían emprendido el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala2 (CICIG) desde aquel lejano 16 de abril de 2015; impidiéndose la salida electoral a una crisis que el presidente Jimmy Morales (2016-2020) agudizó al no renovar el mandato de la CICIG y al retar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad entre el segundo semestre 2017 y el primero de 2019.

La prolongación de la crisis política (PCP) incentivó la participación de viejas y nuevas organizaciones sociales que terminarían reconfigurando el espacio que la sociedad civil había ocupado desde los Acuerdos de Paz hasta el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015). Presentándose, así como un contrapeso fresco y renovado, que se caracterizaría por explotar la comunicación digital de forma prácticamente inédita en la historia de los movimientos sociales guatemaltecos, creando redes de fiscalización y construyendo narrativas para informar lo que estaba sucediendo y para posicionar sus principales demandas, aunque excesivamente ligada a los términos institucionales que marcaban el MP y la CICIG.

Varios autores han indagado, desde la perspectiva de los grupos de interés y los movimientos sociales, sobre cómo estos actores utilizaron las redes sociales durante el ciclo de movilización (Solares Mansilla, 2020), explorando su composición, la correlación de sus fuerzas, sus repertorios y el contexto en el que estaban situados (Gutiérrez, 2017; Sáenz de Tejada, 2017), así como describiendo su bitácora de acciones colectivas y explicando cómo fue el proceso de expansión, transformación y constricción del ciclo de movilización (Hartleben Monzón, 2023; Solís Miranda, 2016). Incluso, en las investigaciones del Área de Estudios Políticos (2019) y González (2021) se escudriña en el contenido discursivo e ideológico de los actores involucrados y de La Plaza 2015 como un espacio simbólico y físico-territorial.

Sin embargo, se identificó un vacío en la literatura respecto a tratar de conocer y comprender las actitudes que adoptaron los distintos actores frente a la diversidad de temas que se relacionaban con la crisis y que marcaron el debate público y la discusión política durante ese momento. Esta falta de mediciones para realizar inferencias sobre el comportamiento de los actores que incidieron en la PCP motivó la necesidad de realizar un análisis estadístico que permitiera determinar la relación que existió entre las organizaciones sociales urbanas (OSU) y sus actitudes políticas frente a la lucha contra la corrupción, las elecciones de 2015, las reformas que se impulsaron o aprobaron hasta 2016 y los avances en la reforma del Estado hasta el año 2017.

En este trabajo, entonces, se exploró la dimensión actitudinal que, como sostiene la teoría de cultura política discutida en la siguiente sección, su relevancia práctica consiste en que tiene la capacidad de incidir y modificar tanto el comportamiento de las personas como la forma en que estas interactúan con el sistema político. Para los efectos de este trabajo, a partir de métodos no paramétricos, se obtuvo un conocimiento más amplio y matizado sobre la heterogeneidad de las actitudes adoptadas por las OSU en un contexto en el que según, una de las tendencias de la literatura consultada, existía un aparente consenso que trascendía de lo ideológico, particularmente en lo relativo a la solicitud de renuncia del binomio presidencial y las reformas que debían implementarse para sanear el Estado.

Finalmente, la estructura de este trabajo se encuentra distribuida de la siguiente manera: En la primera parte se discute teóricamente sobre cultura política, movimientos sociales y métodos estadísticos no paramétricos. En la segunda parte se describe la metodología utilizada. En la tercera parte se presentan los resultados de las pruebas estadísticas. En la cuarta parte se analizan los resultados en dos grandes temáticas relacionadas a la renuncia de Pérez Molina y el apoyo a las reformas legales. Finalmente, en la quinta parte se formulan las principales conclusiones alcanzadas.

Dimensión teórica

Cultura política y movimientos sociales

El concepto “cultura política” tiene sus orígenes teóricos en la política, la psicología y la sociología; y está asociado a la idea de cúmulo de orientaciones políticas. Según Mateos-Díaz (2004): “la definición más extendida de cultura política hace referencia al conjunto de orientaciones políticas, donde se incluyen opiniones, creencias, valores, actitudes y percepciones de los ciudadanos de una determinada colectividad sobre objetos políticos” (p. 91). Una conceptualización similar a la que proponía Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson, y Sanford sobre ideología, la cual definían como “organización de opiniones, actitudes y valores” (Rodríguez Ibáñez, 2006, p. 170).

La diferencia radica, según Haye et al. (2009), en que la ideología “es el patrón de actitudes común a un grupo desde el punto de vista de su diferencia políticamente relevante con otros patrones” (p. 354). Mientras, que, la cultura política es

La organización de creencias y valoraciones en relación con el mundo político, sobre las que se sostienen las prácticas sociales desplegadas en aquel mundo político en una sociedad determinada, y que es diferente a la organización de creencias y valoraciones de otra sociedad en función de su historia social específica y de las características de su mundo político (p. 354).

Ambas atraviesan transversalmente la formación y el comportamiento humano, a tal punto, que las identidades colectivas que se generan a partir de estas definen en gran parte el rumbo de lo político y la configuración de las sociedades.

En la clasificación clásica del término realizada por Almond y Verba (2001), la cultura política tiene tres clases (parroquial, súbdito y participante) que pueden converger y mezclarse entre sí y que están compuestas por tres dimensiones (cognitiva, afectiva y evaluativa) que generan una determinada orientación hacia el sistema político; el cual es comprendido en el sentido transaccional que propone Easton (2001), como un modelo que convierte demandas y apoyos (inputs) en respuestas y decisiones (outputs). Para los autores, la cultura parroquial se refiere a la asociación entre orientación política y religiosa; la súbdita a la conciencia de una autoridad gubernativa especializada a la que se puede aceptar o rechazar, pero con la que mantiene una relación pasiva, de inferioridad y limitada competencia; y la participante a un rol activo ante los procesos políticos y administrativos independientemente de su orientación favorable o desfavorable hacia los diversos objetos políticos.

Mientras, que, en el nivel de las dimensiones, Almond y Verba (2001) explican que la cognitiva incluye conocimientos y creencias acerca del sistema político, de sus papeles y de los incumbentes de dichos papeles en sus aspectos políticos y administrativos; la afectiva a los sentimientos acerca del sistema político, sus funciones y logros; y la evaluativa a los juicios y opiniones sobre objetos políticos que involucran la combinación de criterios de valor con la información y los sentimientos. Y que son, según Mateos-Díaz (2004), estos “aspectos internalizados de objetos y relaciones”3 las que finalmente dan origen a las actitudes políticas.

Las fricciones y contraposiciones entre autoritarismo y democracia, clientelismo y transparencia, conservadurismo y progresismo; como elementos de cultura política, en contextos de finalización de períodos de guerras y de normalizaciones democráticas, fueron generando nuevas perspectivas teóricas que han ampliado su definición y superado su clasificación clásica. Al respecto, Vargas González (1990) aduce una definición más amplia sosteniendo, que, el término cultura política no solo se refiere a valores y actitudes, sino también a prácticas, funciones y símbolos. Esta ampliación conceptual significa, que, la cultura política se puede expresar de manera mental (lo que se piensa sobre los asuntos) y material (la forma en la que se hacen las cosas). Mientras que Mateos-Díaz (2004) plantea una clasificación de las dimensiones que no provienen de una distribución predeterminada de las mismas sino de la interrelación entre dichas actitudes.

La expansión de la clasificación que realiza Mateos-Díaz (2004) en un sentido de interrelación y no de exclusión entre las dimensiones es central porque establece las bases para la utilización del concepto “actitudes políticas” como componentes de la cultura política y como categoría de análisis y medición. En una noción de “distribución de pautas de orientación hacia objetos políticos” que responden tanto a facultades cognitivas, afectivas y evaluativas como a comportamientos en concreto de participación política que resultan de una “historia política compartida por los ciudadanos y de unos elementos aprendidos e interiorizados a través de la socialización, gracias a los cuales se puede dar significado a dichos objetos políticos” (p. 98).

Las actitudes políticas, entonces, pueden generar diversas formas de acción ante las circunstancias de la sociedad. Incluso puede suceder al revés, que, la participación también sea un medio de proliferación de actitudes que surgen de la percepción y la experiencia frente a objetos políticos en constante dinamismo. Esto provoca que cuando la participación deja de ser estrictamente individual y se incorpora a mecanismos de acción colectiva, como los movimientos sociales o los grupos de interés, surjan actitudes políticas asumidas en sentido colectivo, de forma gremial, partidaria u organizacional, y con una serie de objetivos en común.

Abordar, entonces, el concepto “actores políticos colectivos” es igualmente importante porque son los que generan, a través de su participación, las actitudes políticas más visibles desde la ciudadanía ante el escenario público y mediático. Existen al menos cuatro tipos de actores políticos colectivos: los partidos políticos, los movimientos sociales, los grupos de interés o de presión y los nimby.4 Vallès (2007) y Martí i Puig (2016a) caracterizan a estos actores por su asociación voluntaria, la estabilidad relativa de su actividad, la existencia de una comunidad de intereses y objetivos, una línea de acción coordinada y organizada, y, por la intervención más o menos frecuente en el ámbito político para incidir en la gestión de un conflicto social.

Para los propósitos de este trabajo interesa indagar en las perspectivas teóricas de los grupos de interés y de los movimientos sociales. Los cuales surgen de la incapacidad de agotar los conflictos en la relación instituciones–partidos políticos y en los mecanismos de representación política. Martí i Puig define a los grupos de interés como:

asociaciones voluntarias que tienen como objetivo principal influir sobre el proceso político, defendiendo propuestas que afectan a determinados intereses de un sector de la comunidad (trabajadores asalariados, miembros de una confesión religiosa, empresarios de una determinada industria, etc.). Estos grupos se proponen participar en la elaboración de las decisiones y políticas relacionadas con sus intereses, pero sin asumir responsabilidades institucionales: actúan sobre las instituciones, pero sin ejercer directamente el poder (…) Las formas de acción de los grupos de interés son muy variadas con el fin de influir en el proceso de toma de decisiones, y pueden ir desde la persuasión, la contribución, la activación de recursos jurídicos hasta la coacción y amenaza (2016, p. 389).

La conceptualización de los grupos de interés es más simple porque si bien es resultado de una mutación en la participación formal institucional que ha generado lógicas de influencia en el proceso político más difíciles de visibilizar, sus expresiones organizativas y de incidencia política desde colectividades sociales no son tan variadas como las de los movimientos sociales. Precisamente porque tienen una relación más estable con el poder que les permite tener estructuras rigurosas, con agendas delimitadas y mecanismos de influencia en las decisiones públicas que les permite transitar adentro y fuera de las instituciones de forma constante y muchas veces desapercibida.

Según Tilly, “los movimientos sociales son organizaciones globales formadas por diferentes grupos de interés unidos por un agravio común que es la ausencia de democracia en un escenario político determinado” (2010, p. 17). Sin embargo, precisar en su mundo teórico, específicamente en su dimensión urbana, es una tarea más complicada debido a los múltiples cambios que han generado en su acción política, en la movilización social y en sus expresiones identitarias, discursivas y transgresoras ante las exigencias de las transformaciones de los Estados nación, de las nuevas tendencias políticas y del acelerado desarrollo tecnológico de un mundo cada vez más globalizado.

Revisar los distintos criterios para considerar una acción colectiva como movimientos sociales urbanos también es central en este trabajo para poder definir una perspectiva desde la que se entenderá la naturaleza y el comportamiento de las organizaciones sociales que incidieron durante la prolongación de la crisis política en Guatemala entre 2015 y 2016. Para Castells (1986) los movimientos sociales urbanos se caracterizan por: 1. Autodeterminarse urbanos, ciudadanos o considerarse relacio-nados con la ciudad; 2. Estar basados en la localidad y estar territorialmente definidos; 3. Movilizarse entorno al consumo colectivo y la ciudad como valor de uso; la identidad, la autonomía cultural y la comunicación; y la autogestión política basada en el territorio.

Para Martí i Costa y Bonet i Martí, por su parte,

Los movimientos urbanos son una red interactiva de individuos, grupos y organizaciones que, dirigen sus demandas a la sociedad civil y a las autoridades e intervienen con cierta continuidad en la politización del espacio urbano a través del uso de formas convencionales y no convencionales de participación en la ciudad (2008).

Se caracterizan por al menos siete tipologías: 1. La provisión y al acceso a la vivienda; 2. La provisión y acceso a los equipamientos y servicios urbanos; 3. La defensa de la comunidad; 4. Luchas relacionadas con las nuevas políticas de desarrollo urbano a partir de los grandes eventos; 5 Asociaciones y grupos que gestionan servicios y programas comunitarios; 6. Movimientos urbanos de los excluidos; y 7) Protestas urbanas glocalizadas (carácter global de las luchas urbanas).

A pesar del carácter urbano de las manifestaciones sociales, de los miembros y sus repertorios, así como de los espacios políticos en los que se reivindicaron una serie de reformas al Estado; la caracterización de Castells (1986) y la Martí i Costa y Bonet i Martí (2008), independientemente del contexto social y global5 en el que formularon sus propuestas teóricas, nos aporta un importante marco para clasificar los criterios que pudieron ser desarrolladas por las organizaciones sociales guatemaltecas entre 2015 y 2016. Sin embargo, no categorizan satisfactoriamente la acción colectiva de las organizaciones sociales durante la temporalidad descrita. No por la insuficiencia de criterios de los autores sino por la construcción política amorfa del problema de la corrupción institucionalizada en el Estado guatemalteco.

Lo anterior tiene al menos tres razones que se vinculan con algunos de los criterios que establecen ambos autores para hablar de movimientos sociales urbanos: 1. Consumo colectivo y servicios urbanos: Si bien la corrupción era un catalizador estupendo para reivindicar la mejora de servicios públicos como principal víctima del desfalco, el desfinanciamiento y los sobornos;6 el repertorio de las organizaciones se limitó a exigir cárcel para los corruptos y la aprobación de reformas legales a instituciones “clave”. 2. Autogestión política basada en el territorio: A pesar de que en medio de la crisis política se revelaron tramas de corrupción en el seno de las municipalidades de centros urbanos, esto no generó la ampliación de la agenda de reformas legales hacia el fortalecimiento del gobierno local o a la descentralización municipal, concentrándose únicamente en instituciones ligadas al gobierno central. 3. Protestas urbanas glocalizadas: Si bien una buena parte de las organizaciones responsabilizaba a las políticas neoliberales de crear las condiciones para la captura del Estado, la acción colectiva como tal no alcanzó a cuestionar el modelo neoliberal, simplemente las condiciones institucionales que facilitan la existencia del sistema corrupto.

En todo caso, lo que sucedió durante prolongación de la crisis desde las organizaciones se acopla más a lo que Manuel Castells desarrolló con el tiempo, influido por la irrupción del internet en la acción colectiva que desató las movilizaciones sociales en Túnez, Egipto Islandia, España y Estados Unidos. Castells (2012) entiende a los movimientos sociales en red como una nueva especie de movimiento social, promovido y difundido en Internet, que es representativo de una sociedad que vive con facilidad con las tecnologías digitales en el mundo híbrido de la virtualidad real. También señala que comienzan en internet, se convierten en movimiento social al ocupar el espacio urbano y utilizan los nuevos medios de comunicación social como formas de organización (especialmente las redes sociales virtuales), expresiones culturales y plataformas específicas de autonomía política; y se caracterizan por ser espontáneos en su origen, estar conectados en red, ser virales, autónomos y simbólicos, autorreflexivos, no son violentos, ni programáticos, son políticos y locales y globales a la vez.

Esta nueva conceptualización categoriza y explica mejor lo que sucedió con la acción colectiva en red durante 2015 y 2016. La primera gran convocatoria se realizó en un evento de Facebook denominado #RenunciaYA y reunió a 15 000 personas en el parque central de la ciudad de Guatemala, nueve días después que se revelara el caso “La Línea”;7 las manifestaciones sociales contra la corrupción en 2015 se mantuvieron durante seis meses en las principales plazas y centros urbanos del país, con réplicas importantes en junio de 2016, septiembre de 2017 y en septiembre y agosto de 2018; hubo acercamientos entre movimientos sociales de Iberoamérica de forma digital y presencial; surgieron organizaciones sociales que se fortalecieron por medio de Facebook y Twitter; hubo intentos de articulación social, sobre todo, por parte del movimiento estudiantil que creó la Coordinadora Estudiantil Universitaria de Guatemala8 y entre el movimiento estudiantil de la universidad pública y los movimientos indígenas y campesinos.

Se promovieron además espacios de discusión abiertos al público, aunque no en la Plaza como ocurrió en la Puerta del Sol en Madrid y en Occupy Wall Street, sobre las reformas y la corrupción sistémica, y se intentó replicarlo con discusiones sobre los problemas urbanos aunque sin éxito ni constancia; en las redes sociales surgieron alertas sobre posibles decisiones de las autoridades públicas y de las élites, se canalizaron presiones que finalmente revirtieron decisiones políticas y se crearon las etiquetas discursivas9 que representaban o explicaban la coyuntura; también, la lucha anticorrupción y la necesidad de implementar reformas para el saneamiento del Estado estuvieron por cuatro años en el debate público, en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Como se ha señalado, la teoría de los movimientos sociales (en red) es la que mejor explica lo sucedido con la acción colectiva de ciudadanos, agrupaciones y movimientos durante 2015 y 2016. Sin embargo, la naturaleza de las 24 organizaciones sociales encuestadas no es la misma ni necesariamente tenían intereses en común; al punto de que algunas podrían clasificar mejor en “grupos de interés” y otras en “movimientos sociales”. Si bien podrían unificarse dentro del concepto “actores políticos colectivos”, se considera que éste no expresa el carácter hibrido de la naturaleza de las organizaciones, sus características urbanas y la especificidad de su comportamiento político en las calles, en los medios, en las redes y en las mesas de diálogo fuera y dentro de las instituciones.

En ese sentido y con el propósito de llegar a una delimitación apropiada a los intereses de este artículo, se utilizaron como variables los conceptos “actitudes políticas” y “organizaciones sociales urbanas”. El primero entendido en la línea de Mateos-Díaz (2004), como aquellas apreciaciones, posiciones y preferencias sobre las circunstancias, los acontecimientos y los asuntos políticos, en este caso en particular, a los relacionados a la prolongación de la crisis política; y el segundo entendido en la línea de Proaño et al. (2004) y Lefebvre (2013), como aquellas que crean los habitantes de la ciudad para mejorar algo indistintamente del lugar en donde lo hacen y si se reúnen como vecinos, trabajadores o estudiantes, como jóvenes, mujeres o indígena en sindicatos, consejos estudiantiles, grupos de música, grupos de ecologistas. Toda organización de cualquier naturaleza que sea integrada por individuos que se desenvuelven, inciden y se organizan en los espacios urbanos.

Métodos estadísticos no paramétricos

La Prueba de Cochran una prueba de métodos no paramétricos, que consiste en comparar proporciones para tres o más muestras relacionadas. Para poder realizar esta prueba los datos se deben ajustar a una distribución chi-cuadrada y el nivel nominal debe ser de la variable dependiente. La función principal de esta prueba consiste en comparar el cambio en la distribución de proporciones entre más de dos mediciones de una variable dicotómica y debe determinar que la diferencia no se deba al azar o en otras palabras que las diferencias sean estadísticamente significativas.

Esta prueba está diseñada para áreas categóricas que posean únicamente dos categorías. IBM (2022) establece éxito para los campos categóricos de la siguiente manera:

Se utiliza la primera categoría identificada en los datos o el primer valor encontrado en la muestra para definir nuestro éxito. Esta forma se puede aplicar en los campos nominales u ordinales que tengan únicamente dos valores; los demás campos categóricos en los cuales se utiliza esta opción no son comprobados. Este método se conoce también como predeterminado (…) También se puede especificar valores de éxito, el cual consiste en realizar una prueba que involucra el uso de una lista específica de valores para definir el éxito. Acá se especifican una lista con valores de cadena o numéricos. Para este método no es necesario que los valores se encuentren en la muestra.

Esta prueba es empleada para determinar aleatoriedad de los datos, es decir, que con esta prueba se puede saber si la ocurrencia de un evento mantiene un cierto patrón. Por ejemplo. Se desea conocer si la llegada de ciertos pacientes a un hospital ocurre de manera aleatoria con relación al género o bien si llegan más hombres o mujeres durante cierto periodo del día.

Según Corzo:

una racha se conoce como una sucesión de símbolos, letras, o números idénticos. La información necesaria para realizar esta prueba se basa en una muestra cuya distribución es arbitraria, es decir, que puede estar en escala nominal, siempre que las observaciones tengan un orden natural, por ejemplo, observaciones realizadas en un periodo o la sucesión observada mantenga una forma de una sucesión de símbolos iguales (2005, p. 26).

Lo ejemplifica de esta manera:

0000000000011111111110000011111000011000111010

Donde los unos representan la ocurrencia de un evento A y los ceros representan la no ocurrencia de A. Corzo continúa diciendo:

esta sucesión es conocida como sucesión dicotomizada o muestra dicotómica. Cada grupo de símbolos iguales en la sucesión se llama racha. Una forma utilizada para la prueba de hipótesis de aleatoriedad es el número total de rachas R en la sucesión. Si la sucesión observada presenta muchas rachas entonces hay evidencia de que el evento A tiende a ocurrir y no ocurrir sistemáticamente, mientras que muy pocas rachas indica que hay agrupamientos en alguno de los extremos de la sucesión (2005, p. 27).

La prueba de Friedman consiste en comparar tres o más muestras relacionadas y según Amat Rodrigo (2016) debe cumplir con las siguientes características: no ajustarse a una línea en específico, no es necesario que se ajuste a una distribución; y el nivel de la variable dependiente debe ser ordinal. Esta prueba permite comparar más de dos mediciones de rangos o medianas, y poder así determinar que la diferencias entre mediciones no se deba al azaro bien que la diferencia sea estadísticamente significativa. La prueba de Friedman es adecuada cuando los datos tienen un orden natural y además son pareados. Por ejemplo, si se quiere estudiar la diferencia en el rendimiento de un grupo de corredores dependiendo de la estación del año, se hace correr al mismo grupo de personas una vez en cada estación.

Amat Rodrigo (2016) indica que se puede disponer de dos tipos de datos: los tiempos de cada participante (análisis con ANOVA pareado) o las posiciones en las que han terminado la carrera cada participante en cada una de las carreras (análisis con Friedman). Según Amat (2016), la prueba de Friedman genera un estadístico conocido como Fr o Q que se distribuye: Si el número total de individuos (N) es mayor de 10 la distribución de Fr se aproxima a una distribución χ2 con k-1 grados de libertad (siendo k el número de grupos a comparar); y si el número de individuos es menor de 10 se recurre a tablas con los valores de significancia para una prueba de Friedman.

Según la Universidad Complutense de Madrid,

Las pruebas chi-cuadrado son un grupo de contrastes de hipótesis que sirven para comprobar afirmaciones acerca de las funciones de probabilidad (o densidad) de una o dos variables aleatorias. Estas pruebas no pertenecen propiamente a la estadística paramétrica pues no establecen suposiciones restrictivas en cuanto al tipo de variables que admiten, ni en lo que refiere a su distribución de probabilidad ni en los valores y/o el conocimiento de sus parámetros (s. f.).

Además, menciona que se aplican en dos situaciones: Cuando queremos comprobar si una variable, cuya descripción parece adecuada, tiene una determinada función de probabilidad. La prueba correspondiente se llama chi-cuadrado de ajuste; y cuando queremos averiguar si dos variables (o dos vías de clasificación).

Finalmente, la Universidad Complutense de Madrid menciona que otra de las aplicaciones interesantes de la prueba chi-cuadrado de independencia consiste en la comprobación de la homogeneidad de distintas muestras de una variable. Y lo ejemplifica de esta manera:

supongamos que hemos obtenido J muestras de tamaño nj de una misma variable aleatoria (X) y queremos comprobar si son homogéneas, es decir, si la variable tiene la misma distribución de probabilidad en todas ellas, bien para utilizarlas conjuntamente, bien porque se trate de identificar diferencias entre las poblaciones de procedencia de las distintas muestras. Las frecuencias observadas serán las de la tabla siguiente, en la que Fi es la frecuencia absoluta total del valor xi y T es el número total de observaciones (n) son independientes (s. f.).

Metodología

Este análisis empírico-descriptivo partió de la premisa de que las actitudes políticas de las OSU sobre la prolongación de la crisis política no eran uniformes, incluso aquellas que se convirtieron en ampliamente populares, como las solicitudes de renuncias de la vicepresidente y el presidente (EFE, 2015; Elías, 2015). Para determinar si existían o no diferencias estadísticamente significativas se aplicaron cinco pruebas no paramétricas a un nivel de confianza del 95 % para evaluar la homogeneidad, igualdad e independencia de las variables. Estas se basaron en una encuesta respondida en el año 2017 por 24 líderes o caras visibles de organizaciones que destacaron durante el período,10 en la cual se les preguntó sobre sus posiciones y valoraciones frente a 16 temas (dimensionales) relacionados a la PCP, de los cuales fueron analizados 7 (Tabla 1).

El contexto y la forma en la que se recolectaron los datos son importantes por dos motivos. El primero porque se realizó en un momento en que la cúspide de la presión social y mediática ya había pasado, permitiendo que los encuestados respondieran con mayor libertad, aun cuando eso no significara necesariamente mayor honestidad o coherencia. El segundo porque la encuesta focalizada, contrario al formato probabilístico tradicional, permite conocer con mayor exactitud cómo las organizaciones sociales con mayor actividad e incidencia estuvieron o están reaccionando ante los momentos políticos, más allá del conjunto de agrupaciones o individuos, y sin que eso implique sacrificar el principio de aleatoriedad.

Los resultados obtenidos a partir de esta metodología dejan por su parte al menos dos lecciones. La primera sobre la posibilidad de hallar diferencias e independencias de criterios relevantes incluso en aquellos ambientes políticos donde existe un alto grado de consenso. La segunda sobre la necesidad de complementar con técnicas de análisis documental, de contenido o de discurso este tipo de estudios con el propósito de contrastar las afirmaciones más significativas respecto a los (u otros) hechos también comprobables documental o empíricamente.

Tabla 1
Operacionalización de las variables

Fuente: elaboración propia.

Resultados

Aleatoriedad de la muestra

Se encuestaron 17 hombres y 7 mujeres; y el número de rachas fue igual a 10 siguiendo el orden en el que las personas ingresaron sus respuestas.

  1. 1. Ho: La aleatoriedad prevalece en la muestra de organizaciones.

    2. Ha: No prevalece

    3. Alfa 5 %

    4. Si Z es mayor al valor crítico +/- 1.96 se rechaza Ho.

    a. -0.44 < 1.96 No se rechaza Ho.

Las razones para desaforar al presidente Pérez Molina

A continuación, la Tabla 2 expone un resumen de las posiciones y razones de las OSU sobre la renuncia de Pérez Molina. Se excluyó de la prueba a CEUG, Landivarianos, Somos, UUGT y a Movimiento Marro, ya que, si bien las cinco contestaron su posición a favor o en contra de la renuncia del presidente, ninguna explicó las razones de dicha posición.11

Tabla 2
Posiciones y razones sobre la renuncia de Pérez Molina

Nota: *En contra de la renuncia. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos.

Prueba de Cochran

  1. 1. Ho: Las razones de las posiciones de las OSU respecto a la renuncia de Pérez Molina son iguales.

    2. Ha: Al menos una de las razones es significativamente distinta.

    3. Alfa 5 %

    4. Valor crítico / 17.05

    a. = 7.815

    5. Q = 23.61

    6. Si Q Se rechaza Ho.

    7. 11.78 7.815 Se rechaza Ho.

Reformas y elecciones 2015

La posición frente a la importancia

A continuación, la Tabla 3 muestra un resumen de las posiciones de las OSU sobre las reformas que fueron aprobadas entre 2015 y 2016 en función de sus valoraciones respecto al grado de importancia de cada una de ellas.13

Tabla 3
Posiciones y valoraciones sobre la importancia de las reformas

Nota: *Poco importante, **muy importante. Fuente: elaboración propia.

Prueba de homogeneidad

  1. 1. Ho: Las posiciones de las OSU respecto a las reformas que fueron aprobadas entre 2015 y 2016 y sus valoraciones respecto al grado de importancia de cada una de ellas son homogéneas.

    2. Ha: Las posiciones y sus valoraciones no son homogéneas.

    3. Alfa 5 %

    4. = = = 15.507

    5. Estadístico de prueba

    a. = 28.78

    6. Si Se rechaza Ho.

    7. 28.78 15.507 Se rechaza Ho.

Elecciones y reforma electoral

La Tabla 4 presenta un resumen de las posiciones de las OSU sobre las elecciones de 2015 versus las posiciones respecto a la reforma de la LEPP aprobada en 2016.

Tabla 4
Elecciones de 2015 versus Reforma Electoral de 2016

Fuente: elaboración propia.

Prueba de independencia

  1. 1. Ho: Las posiciones de las OSU sobre las elecciones de 2015 son independientes a sus posiciones respecto a la reforma electoral.

    2. Ha: Las posiciones no son independientes entre ellas.

    3. Alfa 5%

    4. = = = 9.488

    5. Estadístico de prueba

    a. = 6.025

    6. Si Se rechaza Ho.

    7. 6.025 9.488 No se rechaza Ho.

Las organizaciones sociales urbanas y el avance de las reformas

A continuación, la Tabla 5 presenta un resumen de la evaluación que cada organización realizó respecto a qué tanto avanzó cada una de las reformas aprobadas entre 2015 y 2016.

Tabla 5
Evaluaciones de las OSU a las reformas aprobadas

Fuente: elaboración propia.

Prueba de Friedman

  1. 1. Ho: Las distribuciones de las evaluaciones que realiza cada OSU respecto a qué tanto avanzó cada una de las reformas aprobadas en su materia son idénticas.

    2. Ha: Al menos una de las distribuciones es distinta.

    3. Alfa 5 %

    4. Valor crítico

    a. Fα, k, N = F0.05, 4, 26 = 7.82

    5. Si Fr Fα Se rechaza Ho.

    6. 30.91 7.82 Se rechaza Ho.

Análisis de los resultados

Los datos obtenidos de la encuesta cumplieron, tal y como lo demuestra la sección de “resultados”, con los parámetros que se recomiendan para aplicar métodos no paramétricos. El límite más evidente que tiene la metodología empleada es que no identifica las posibles contradicciones entre las posiciones y las valoraciones de las OSU y sus acciones políticas en los distintos espacios políticos, mediáticos y digitales que prevalecieron entre 2015 y 2016; como se puede observar, por ejemplo, en los casos de Jóvenes por Guatemala y el Movimiento Cívico Nacional.

En el primer caso, el líder aseguró que estaban a favor de la renuncia de Baldetti, pero unos días antes de la primera manifestación (#25A) se opusieron en un comunicado a la solicitud de renuncia de la vicepresidenta por considerarla “imprudente” y porque “realizar una protesta con intereses difusos, provocaría inevitablemente el desorden social, violencia y aprovechamiento mal intencionado de grupos de poder” (JovenesPorGuatemala [@jovenesporguate], 2015). En el segundo caso, su líder aseguró en la encuesta que estuvieron en contra de las renuncias de Baldetti y Pérez Molina hasta el 13 de mayo de 2015,14 cuando el MP demostró tener indicios claros de su involucramiento; pero fue hasta el 21 de agosto cuando el binomio presidencial fue señalado públicamente de dirigir “La Línea” (La Hora, 2015). Es decir, que estuvieron a favor de las renuncias hasta que ambas ya se habían consumado.

Estas contradicciones identificadas rápidamente, además de las que quedan por contrastar, pueden deberse a la intención de ocultar los verdaderos intereses de la organización o a la correctividad política del momento (sesgo de deseabilidad social). No obstante, se considera que el análisis realizado, es un buen parámetro de medición para identificar las principales relaciones estadísticas entre las OSU que destacaron, principalmente en la ciudad de Guatemala, por su protagonismo en el movimiento anticorrupción en red que tuvo repercusiones hasta junio de 2019, momento en el que se cerró la ventana de oportunidad para el cambio político que abrió la crisis de 2015; dando paso a una restauración del sistema impugnado (Brannum, 2019; Heinrich Böll Stiftung, 2022; WOLA, 2022) y, posteriormente, a un creciente ambiente de regresión autoritaria influido por la coyuntura regional en Nicaragua, Honduras y el Salvador (Baldovinos, 2021; Martí i Puig, 2016b; Vásquez, 2020; Velásquez Pérez, 2020).

V.1. La renuncia del presidente Pérez Molina: ¿un clamor ciudadano?

La solicitud de renuncia de Pérez Molina no comenzó siendo mayoritaria ni tenía un consenso dentro de las múltiples organizaciones de diferentes signos ideológicos que coincidieron en las jornadas de 2015, principalmente, por miedo a la profundización de la inestabilidad institucional y constitucional; pero se hizo popular y un clamor ciudadano en la medida en la que seguían revelándose los casos de corrupción y demostraba su incapacidad para retomar su gobierno desde la renuncia de su vicepresidenta, sobre todo después de la aparición en cadena nacional el 24 de agosto en la que aseguraba con tono autoritario que no iba a renunciar. Tres días después el país paró pidiendo su renuncia, la cual se concretaría el 2 de septiembre, cuatro días antes de las elecciones generales.

La prueba de Cochran demostró dos situaciones: La primera, que, de los líderes o caras visibles que contestaron cuál era su posición de la renuncia del presidente y que a su vez dieron las razones en las que fundamentaban su respuesta, el 84 % estaba a favor; y la segunda, que, al menos una de las razones de sus posiciones era significativamente distinta a las demás. Lo anterior significa que hubo dos grandes razones en las que las organizaciones sociales se basaron para decidir su posición: las coyunturales y las estructurales.

Las razones coyunturales fueron mayoritarias, un 63 % determinó su postura por los acontecimientos que fueron cambiando entre abril y agosto de 2015. Si bien para la mayoría, el presidente estaba implicado en los delitos de corrupción aduanera desde el día que las instituciones anticorrupción señalaron como responsable al secretario privado de la vicepresidenta, aproximadamente el 15 % de las organizaciones se habrían opuesto al clamor de la renuncia si la CICIG y el MP nunca hubiesen señalado formalmente a Pérez Molina de dirigir La Línea. Su responsabilidad política habría sido poco valorada, al punto de no ser una razón suficiente para exigirle que dejara el cargo. Sin los señalamientos públicos del 21 de agosto, 12 días antes de su renuncia, es probable que el presidente consiguiera apoyos de las organizaciones, sobre todo de las cercanas a las élites empresariales, para mantenerse en el cargo hasta el 14 de enero de 2016.

Sin embargo, un dato interesante es que una buena parte de las OSU (37 %) creía y exigía que la renuncia de Pérez Molina debía darse antes de la revelación de La Línea, por diversos motivos de carácter estructural que modificaron la “igualdad” de las razones: por la corrupción desde el inicio de su gobierno que dañaba el tejido social haciéndolo más proclive al racismo, al machismo, al sexismo y a la homofobia; porque solo era la cabeza de una red profundamente enraizada en el Estado; por su responsabilidad en la Masacre de Alaska de 2013 y por su participación en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado. Para las organizaciones sociales más interesadas en la memoria histórica y la recuperación del Estado desde la raíz, el presidente era poco legítimo desde antes a abril de 2015 y seguramente de manera irreversible. Pero la presentación del caso y la evolución de los hechos fueron fundamentales para la definición de la posición “a favor” porque el 36 %, la mitad de los que la definieron debido a factores coyunturales, solicitaron la renuncia del presidente por su evidente participación en los delitos de corrupción aduanera y no por el tipo de gobierno que realizó durante sus tres años de mandato. El cual, según los datos de El Economista (2014), desde su segundo año de gestión era desaprobado por el 44 % de personas.

Además, cabe resaltar, que el clamor por la renuncia trascendía de los medios de comunicación, de las redes sociales y de las calles. Llegando a un nivel de cabildeo institucional nacional e internacional. Como reconoció Juan Alberto Fuentes Knight, él como parte del Movimiento Semilla,15 formó parte de una serie de gestiones en Guatemala y en Washington para lograr la renuncia del presidente y para plantear la formación de un gobierno de transición sin vulnerar la constitución. El Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos y el CACIF16 no simpatizaban con ninguna de ambas propuestas hasta que el apoyo a Pérez Molina se convirtió en insostenible tras las acusaciones públicas del MP y la CICIG el 21 de agosto; y tras el Paro Nacional de 100 000 personas exigiendo su renuncia seis días después. Si bien ese mismo día, en una conferencia de prensa, la cúpula empresarial exigía su renuncia y anunciaba de esa forma el final del apoyo formal que le habían brindado al presidente durante cuatro meses por medio del silencio y la elusión de su responsabilidad política; el apoyo velado continuaría y se evidenciaría cuando el CACIF tuvo que adherirse sobre la hora al Paro Nacional del 27 agosto, a pesar de que en un principio la habían rechazado, después que trabajadores, activistas, estudiantes, maestros, indígenas, campesinos, pequeños, medianos y grandes empresarios17 se unieran y participaran en el paro de labores.

El retiro del apoyo a Pérez Molina frente a una crisis que seguía generando convulsiones políticas también se convirtió en la forma más efectiva de salvar las elecciones generales del 6 de septiembre de ese año. De lo contrario, la incertidumbre cada vez mayor en medio de una crisis que apenas iniciaba habría creado un incierto vacío de poder, que, habría podido tener distintos resultados, desde una restauración conservadora hasta la ruptura del sistema corrupto. La grandes preguntas serían, entonces: ¿Qué espacios institucionales de resolución de conflictos existían?, ¿cuáles habrían sido los mecanismos institucionales para dirimir la crisis?, ¿realmente eran viables?

Aunque las alternativas que existían en ese momento para rearticular la crisis por fuera de las elecciones y convertirla en una oportunidad de cambio continúan sin ser convincentes, puede afirmarse en virtud de los hechos desencadenados que, finalmente, la contienda electoral de 2015 sí constituyó en un respirador artificial del engranaje institucional de la captura del Estado. Considerando, sobre todo, que entre 2017 y 2018 se aprobaron una serie de medidas regresivas18 que tenían en el centro de su agenda el blindaje político y jurídico de los captores y que la contienda electoral como mecanismo natural para dirimir las visiones en contradicción y disputa fue saboteada en 2019 por la élites económicas y políticas.

V.2. Apoyo a las reformas: ¿una agenda en común?

En la escena mediática, la necesidad de reformas al diseño legal de las instituciones parecía ser el gran consenso durante la prolongación de la crisis política porque los distintos actores coincidían en la radiografía de los problemas, pero finalmente se convirtió en un cliché institucionalista porque tras la aprobación de las reformas a la ley electoral, del MP, de Contrataciones Públicas y de la SAT; la agenda reformista fue desarticulada con el engavetamiento de las reformas constitucionales del Sector Justicia en el Congreso durante el segundo semestre del año 2017.

La prueba de homogeneidad demostró que las posiciones de las organizaciones respecto a las reformas y sus valoraciones respecto al grado de importancia de cada una a las reformas que fueron aprobadas entre 2015 y 2016 y sus valoraciones respecto al grado de importancia de cada una de ellas no eran homogéneas. Es decir, que, estar a favor de una reforma no implicaba necesariamente que fuera igual de importante para las organizaciones, ya sea porque no estaba en su agenda particular dado que los tiempos y las exigencias de la coyuntura les impedía involucrarse a detalle o porque su posición estaba forzada por el ambiente de “urgencia” y por la impugnación que les miles de personas le hacían al sistema político en las calles y en las redes sociales.

La prueba de independencia demostró que las posiciones de las OSU sobre las elecciones de 2015 no dependían de las posiciones respecto a la reforma a la ley electoral. Eso significa que estar en contra las elecciones no necesariamente los oponía a la reforma en ninguna de sus facetas, ni a la reivindicada ni a la que fue aprobada. Al contario, fue una de las demandas centrales del movimiento anticorrupción en red junto con la reforma al sector justicia. El 83 % de las organizaciones la calificó como muy importante y el 42 % aseguró que su aprobación dejó avances o mejoras sustanciales.

Por último, la prueba de Friedman demostró que al menos una de las distribuciones de las evaluaciones que realizó cada organización social urbana respecto a qué tanto avanzó cada una de las reformas aprobadas en su materia es distinta. Lo anterior implica que las organizaciones no tenían una postura en común respecto qué tanto mejoraron las reformas al diseño legal de las instituciones. Para el 40 % de las organizaciones sociales, las reformas no logaron ninguna mejora; para el 33 % dejaron avances y para el 27 % lograron mejoras sustanciales.

Si bien difirieron en el grado de importancia que tenía cada una en función de la posición de la organización y en los avances de las que fueron aprobadas, las diferencias no fueron tan notorias en las calificaciones individuales sobre dos grandes puntos: qué tan importantes eran y cuáles habían dejado más avances. El 50 % creía que todas eran muy importantes y el 70 % que las reformas a la ley de Contrataciones y a la ley orgánica del MP habían sido las que habían logrado mayores mejoras sustanciales. En el resto de las calificaciones, las diferencias en las valoraciones fueron más marcadas.

Conclusiones

La muestra cumplió con los parámetros de aleatoriedad, tamaño de muestra y de normalidad u ordinalidad que se recomiendan para aplicar métodos no paramétricos; por tanto, las variables se adecuaron a los modelos de las pruebas aplicadas. La aplicación de los métodos no paramétricos, por su parte, permitió establecer que los datos estadísticos sobre las actitudes políticas de las organizaciones sociales urbanas no son homogéneos. Es decir que varían dependiendo posiblemente del tema, la naturaleza y el ideario de la organización.

En cuanto a las relaciones estadísticas entre las organizaciones sociales urbanas y sus actitudes políticas durante la PCP entre 2015 y 2016 se demostró que: al menos una de las razones de las posiciones respecto a la renuncia de Pérez Molina es significativamente distinta; las posiciones respecto a las reformas y sus valoraciones respecto al grado de importancia de cada una no son homogéneas; las posiciones sobre las elecciones de 2015 son independientes a sus posiciones respecto a la reforma a la ley electoral y que al menos una de las distribuciones de las evaluaciones que realiza cada organización sobre las reformas legales aprobadas es distinta.

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Notas

1 La participación electoral de Thelma Aldana y de Zury Ríos fue impedida por la Corte de Constituciona-lidad. La primera porque la Contraloría le invalidó el finiquito de inexistencia de reclamación de cargos y la segunda por ser hija del golpista y dictador Efraín Ríos Montt, lo cual conlleva la prohibición consti-tucional de ser candidata presidencial.
2 Un experimento de Naciones Unidas para investigar y desarticular cuerpos ilegales y aparatos clandesti-nos de seguridad.
3 En palabras de Almond y Verba.
4 “No en mi patio trasero”. Son organizaciones territoriales que se oponen, especialmente, a proyectos im-pulsados por agentes exógenos a la localidad.
5 En el caso de Castells: lo urbano, el consumo colectivo y su crecimiento acelerado como una expresión del desarrollo capitalista. En el caso Martí i Costa y de Bonet i Martí: lo urbano como nodo estratégico de los flujos globales, como producto de redes interconectadas de competitividad y sujeto a la gobernanza supra y subestatal.
6 A pesar de la lucha por un transporte público digno y accesible a las mayorías sociales había sido una de las demandas históricas de los movimientos sociales urbanos entre los años sesenta y ochenta.
7 Un caso de defraudación aduanera que implicaba al binomio presidencial del momento, Pérez Molina y Baldetti Elías.
8 Para el año 2017 se había desarticulado por completo.
9 Quizá el “hashtag” más relevante fue #PactoDeCorruptos. Así se le denominó al grupo de diputados, miembros de las élites y funcionarios públicos que iniciaron la restauración del sistema cuyo primer ob-jetivo era detener la lucha contra la corrupción.
10 En las manifestaciones, en el debate mediático y en las instancias de presión para la aprobación de las reformas legales. Cabe resaltar que la persona fue designada por la organización o contactada por el autor dependiendo de la accesibilidad, siguiendo el criterio de visibilidad y liderazgo.
11 En donde 1 es a favor y 0 es en contra.
12 Se incluyó MCN Juventud porque tuvo ciertas diferencias respecto a su casa matriz (MCN) en posicionamientos y valoraciones. ¿Por la edad?, ¿por las organizaciones con las que articulaba?, ¿por una vocación hacia al consenso?
13 Se dejó afuera la posición sobre la reforma a la ley orgánica del MP porque no fue reivindicada por las OSU. La incorporaron a su repertorio hasta que fue presentada por MP y CICIG, y por ese motivo no se pidió que valoraran su grado de importancia.
14 Renunció el 8 de mayo de 2019.
15 En una acción como organización social y previa a su constitución como partido político.
16 La cúpula del empresariado organizado.
17 Autónomos o ajenos a la estructura del CACIF.
18 Rebajar las penas por corrupción y la posibilidad de pagar para no pasar ni un día en la cárcel; las cam-pañas de desinformación en redes sociales; no permitir el ingreso del comisionado; etc.

Información adicional

Acerca de la persona autora: Luis Guillermo Velásquez Pérez. Guatemalteco. Politólogo y Maestro en Estadística Aplicada por la Universidad de San Carlos de Guatemala y Maestro en Política Científica y Tecnológica por la Universidad Estatal de Campinas. Fue asesor en el Congreso de la República, ha sido profesor universitario y ha desarrollado proyectos en Transparencia y Gobierno Abierto. Trabaja especialmente en temas relacionados datos, tecnología y política, así como en cultura y comunicación política.

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