Introducción

Los vínculos de Costa Rica y Nicaragua han sido muy estrechos a través de la historia, ante lo cual un conflicto interno en uno ha tenido consecuencias inmediatas en el otro. La década de 1980 no fue la excepción, todo lo contrario, representa una de las etapas más intensas de esa relación. Por entonces, Centroamérica sufrió la fase más caliente de la Guerra Fría gracias a la intervención armada y financiera de las dos grandes superpotencias de la época: los Estados Unidos y la Unión Soviética. Cuando el gobierno de Luis Alberto Monge (1982-1986) asumió el poder, tuvo que hacer frente tanto a la política belicista del gobierno estadounidense de Ronald Reagan como a las circunstancias propicias para una eventual reproducción, en territorio costarricense, de las manifestaciones más crudas de la guerra que ya se intensificaba en el Istmo. En efecto, la violencia armada también tenía una proyección en Costa Rica expresada de múltiples formas que analizaremos en esta investigación.¹

El 22 de abril de 1982, a dos semanas de que asumiera la dirección del Poder Ejecutivo, un tema se convertía en central dentro de la agenda del nuevo gobierno: la necesidad de formular una política de seguridad nacional. En la voz del ministro de Gobernación designado, Alfonso Carro Zúñiga, se insistió en lo sensible del conflicto nicaragüense pero también en la posible actividad de grupos subversivos locales, todo lo cual fue recogido por la prensa internacional. El caso del grupo la Familia fue el ejemplo mencionado. Problemas como el aumento en la delincuencia, el tráfico de armas, la vigilancia de la frontera norte y el control de la migración, condujeron a vincular los temas de los extranjeros y la subversión: “Para los costarricenses que han empezado a sentir algunas acciones extremistas aisladas, la subversión interna tiene factores e influencia externas (…) La subversión aquí solo puede surgir con apoyo del exterior”. Esta era la base para formular una política de seguridad nacional y crear cuerpos especializados en la lucha contra la acción de grupos revolucionarios.²

Así, la situación de conflicto en Centroamérica representó un mayor nivel de exigencia para la Agencia de Seguridad Nacional, también conocida como Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). En realidad, se generó una ruptura que condujo a la reinvención de esta institución. La presencia de asesores norteamericanos e israelíes supuso una actualización acorde a las demandas de los nuevos tiempos, aunque la evidencia señala que, más allá de la política antisubversiva, el debate se orientó en determinar si la acción de la institución iría o no en la dirección de los objetivos estratégicos norteamericanos. Y estos tenían que ver con el apoyo a la contrarrevolución y el uso de territorio costarricense como base de operaciones ante una eventual invasión. La historiadora María Álvarez-Solar sintetiza los hallazgos de la Comisión Especial investigadora de la Asamblea Legislativa que estudió el atentado de La Penca y que se refirió, además, a aquel asunto; en concreto, a la forma en cómo se implantó un grupo favorable a la política del gobierno de Reagan:

Este grupo fue conocido como los Babies. La Comisión Especial (CE) llegó a la conclusión de que ese grupo “fue asesorado y financiado por la Embajada de los Estados Unidos”, y creado por Dimitrius Papas, agente de la CIA. Los pagos se hacían con fondos como los de una caja chica de que disponía la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y en la que en 1984 se llegó a manejar solamente la cifra de cuarenta mil colones. Los sobresueldos eran pagados directamente por Douglas Coblentz, jefe del grupo de los Babies. En 1986 los fondos de la caja chica ascendieron considerablemente hasta llegar a un millón seiscientos mil colones. La CE comprobó que los sobresueldos a los miembros de la plantilla (unos doscientos) de la DIS, incluidos los Babies, se pagaban desde la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica (Álvarez Solar, 2012).³

En realidad, desde una fecha muy temprana, ya los periodistas Martha Honey y Tony Avirgan se habían atrevido a señalar la existencia de los Babies y los conflictos a lo interno de la institución (Honey y Avirgan, 1985).

¿Qué pasaba? Aunque los pormenores de este asunto todavía quedan por dilucidar, se torna necesario identificar cómo se manifestó el trabajo de la DIS en el contexto más severo de violencia bélica en Centroamérica y conforme a los objetivos de seguridad nacional de su dirección durante el gobierno de Luis Alberto Monge. Lo señalado por Álvarez-Solar sugiere, también, otra realidad: la seguridad nacional tuvo un abordaje autónomo a la estrategia norteamericana, que es precisamente lo que ratifican Honey y Avirgan. La revisión de informes y correspondencia interna de la DIS permite una mejor aproximación sobre la forma cómo las autoridades costarricenses asumieron el reto de enfrentar un cúmulo de amenazas en una proporción y naturaleza no conocidas hasta entonces y derivada, como mencionamos atrás, de la fase más caliente de la Guerra Fría en Centroamérica.⁴

Antecedentes

La guerra civil desarrollada por los opositores a la dictadura del nicaragüense Anastasio Somoza Debayle tuvo un fuerte impacto en Costa Rica. Si bien los eventos recrudecieron a partir de octubre de 1977, estos se enmarcaron en una constante histórica donde la violencia política en Nicaragua impactaba, de diversas formas, en su vecino del sur. En efecto, el territorio costarricense servía de refugio a los exiliados nicaragüenses, cuyo activismo opositor tendía a proyectarse en la acción armada. Desde Costa Rica se organizaron movimientos de insurrección, los cuales actuaron en actividades tan amplias que iban desde el tráfico de armas hasta la incorporación y entrenamiento de reclutas.

Para comprender cómo impactó el conflicto bélico nicaragüense, en Costa Rica, a inicios de la década de 1980, se torna necesario lanzar una mirada a esos antecedentes de la historia contemporánea. Esto es así porque permiten comprender, por un lado, el vínculo estrecho entre el movimiento insurreccional contra Somoza y la guerra posterior contra el régimen sandinista, y, por el otro, su impacto entre la población costarricense, ya habituada no solo a la violencia en Nicaragua, sino también a manifestaciones muy puntuales de violencia política en su país. En este sentido, cabe destacar el seguimiento a la dinámica de los eventos y la identificación con los intereses y proyectos de los diversos actores. No en vano, el activismo de ciertos exiliados, reconocidos por su talento, liderazgo político u otras condiciones personales, generaron relaciones que contribuyeron con dicha identificación. En esta línea, podemos destacar figuras como el periodista Pedro Joaquín Chamorro o el líder guerrillero Edén Pastora Gómez. De todas formas, la presencia de extranjeros de diversas nacionalidades fue un aspecto que incidió en el discurso de un sector de la prensa y en la actuación de las autoridades costarricenses de cara a lo que acontecía tanto en Nicaragua como en el resto de Centroamérica.

Durante la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica sufrió las consecuencias de la polarización política generada en la década de 1940. Recientes estudios demuestran cómo la violencia política se manifestó con fuerza, predominando la colocación de bombas y la amenaza de golpes de Estado. Estos aspectos ameritan una investigación más amplia. Además de la dinámica interna derivada de los grupos en pugna, también influyó el contexto de Guerra Fría. El vínculo de la Agencia de Seguridad Nacional de Costa Rica con sus homólogas centroamericanas se consolidó, a inicios de la década de 1960, bajo la tutela de los Estados Unidos y como consecuencia directa de la Revolución cubana y su alineamiento con la Unión Soviética. El anticomunismo adquirió una nueva dimensión, caracterizada por la vigilancia y represión cada vez más sistemáticas, aunque limitadas en el caso costarricense, por la escasez de recursos. Todavía queda por identificar la influencia de agentes norteamericanos en el apaciguamiento de las pugnas internas entre los grupos político-electorales anticomunistas.

Al respecto, debe tomarse en cuenta el rol estratégico del país por su cercanía con la Zona del Canal de Panamá. De todas formas, la violencia política se presentó y estuvo adscrita a conflictos donde los actores siempre fueron locales. Con el discurso anticomunista, la Cuba castrista era vista como una amenaza permanente; su concreción como una realidad es lo que dominará, a partir de la década de 1980, la narrativa sobre los eventos que se estaban enfrentando por entonces. No en vano, la fuerte migración de centroamericanos, principalmente de salvadoreños y nicaragüenses, fue identificada como un factor de amenaza para la seguridad nacional. En efecto, la presencia de personas de diversos orígenes se interpretó como un riesgo. Así, el conflicto de 1980 no era solo un asunto ordinario de violencia política, sino que también contenía un agravante derivado de una naturaleza distinta. De esta forma, ya no era la lucha entre costarricenses, matizada por el sinnúmero de factores reales e imaginarios que permitían canalizarla y atenuarla, sino un tipo de violencia que abarcaba componentes fuera de control debido a su origen externo. Ante esto, la respuesta de las autoridades costarricenses se enfocó en tratar los asuntos de seguridad sobre la base de este punto de partida. Este es el análisis puntual que haremos a continuación.

La participación de Costa Rica en la guerra civil nicaragüense de la década de 1980 no puede entenderse de forma aislada, como si fuera consecuencia única de las políticas anticomunistas promovidas por el gobierno de los Estados Unidos y, en particular, por la dirección impuesta por su presidente Ronald Reagan. En efecto, y tal como lo indicamos antes, los vínculos de Costa Rica y Nicaragua han sido históricamente muy estrechos. Consecuentemente, al agravarse la crisis política durante el gobierno de Anastasio Somoza Debayle e intensificarse las actividades de la guerrilla sandinista, muchos eventos se trasladaron hacia Costa Rica. Así, fue constante la presencia, en su territorio, de militantes nicaragüenses, muchos de forma ilegal. Los responsables militares de la insurrección entraban y salían del país, generalmente de forma clandestina o con documentación falsa. Incluso el tráfico de armas se tornó intenso en el país, de por sí una actividad ilegal de larga data. Por supuesto, los sandinistas aprovecharon esta oportunidad (Borge, 1989).

En el marco de los vínculos entre las agencias de seguridad centroamericanas, forjados, como ya indicamos, bajo la tutela de los Estados Unidos, la cooperación fue activa. Esta se materializó, fundamentalmente, a través del intercambio de información, aunque también tuvo manifestaciones mayores. En el caso puntual de la actividad de los subversivos antisomocistas en Costa Rica, la formación anticomunista de los agentes costarricenses facilitó esa colaboración. Un caso lo refleja bien, según lo denunciado por Francisco Argüello Rosales y Oscar Turcios Chavarría, activos militantes sandinistas. Estos indicaron que, al ser interrogados por funcionarios costarricenses, en la sede de la Tercera Comisaría de San José, también participaron miembros de la Agencia de Seguridad Nacional de Nicaragua.⁵

Los conflictos centroamericanos condujeron al exilio a muchas personas. Costa Rica no fue la excepción dado que calderonistas y comunistas debieron establecerse, principalmente, en Nicaragua y México, tras el final de la guerra civil de 1948. Pero también fue un permanente receptor de exiliados de toda América Latina, los cuales dejaron una huella profunda en el país. En el caso puntual de Nicaragua, desde el siglo XIX encontramos que las disputas políticas ocasionaron el arribo de opositores al régimen de turno, los cuales utilizaron el territorio costarricense como su lugar definitivo de residencia o, incluso, como base para actuar contra el gobierno de su país. No pocos individuos notables establecieron nexos (o estos los consolidaron) generando una comunión de intereses que condujo a asumir compromisos en momentos de severa crisis política.

En la historia contemporánea, el eje en torno al cual giró la política en Nicaragua fue la dinastía de los Somoza. Así, desde Costa Rica, la interacción con figuras antisomocistas se tornó más intensa, considerando las cuatro décadas de existencia de la dictadura familiar. Por ejemplo, la figura de Pedro Joaquín Chamorro se hace presente, de forma visible, en la década de 1950. En efecto, este huye de Nicaragua en el marco de la represión derivada de la intentona golpista de 1955. En Costa Rica trabaja en la prensa. Los lazos que Chamorro establece son muy directos, los que servirán de apoyo parcial a la rebelión de Olama y Mollejones, denominada así por corresponder a los dos lugares en Nicaragua donde aterrizaron los invasores rebeldes procedentes de Costa Rica.

La preparación militar de los jóvenes insurrectos (en su mayoría pertenecientes al Partido Conservador), se realizó en Guanacaste, en una playa cercana a la ciudad de Liberia, y el abastecimiento de armas y pertrechos fue constante desde San José. La influencia de Chamorro fue determinante para lograr ese apoyo, lo que evidencia la fortaleza de sus nexos y la percepción negativa contra los Somoza. En adelante, estos dos factores incidieron en la vinculación de la opinión pública costarricense con el conflicto en Nicaragua, así como en el apoyo directo a las diversas corrientes opositoras.

El 10 de enero de 1978, Pedro Joaquín Chamorro murió asesinado en Managua. El efecto inmediato de este evento fue un recrudecimiento de las protestas de la población contra el dictador Anastasio Somoza y una intensificación de la acción militar del Frente Sandinista de Liberación Nacional (Medina Sánchez, 2009). A pesar del aislamiento diplomático de Somoza y de la intensa guerra civil, la muerte de Chamorro ciertamente representó un punto de ruptura en el conflicto. Con esto, la dictadura perdió la iniciativa y comenzó un claro declive en las operaciones militares. Si bien los autores materiales del asesinato fueron arrestados, no existió una identificación judicial del autor intelectual; esto favoreció la difusión de hipótesis diversas.⁶ No obstante, los efectos reales de su muerte se derivaron de la percepción generalizada de que la dictadura era la promotora, lo cual bastó para debilitar al régimen y favorecer su caída el 19 de julio de 1979.

Desde Costa Rica, la muerte de Pedro Joaquín Chamorro generó también una oleada de indignación contra la dictadura y favoreció el apoyo directo que el gobierno de Rodrigo Carazo (1978-1982) otorgó a la oposición. La prensa costarricense publicó en sus portadas, al día siguiente, la noticia del asesinato. El periódico La República lo hizo con un título en letras grandes: “Asesinado Pedro J. Chamorro ayer en Nicaragua”, junto a dos fotos del periodista. En una de ellas yacía fallecido con el torso desnudo repleto de agujeros y sangre.⁷ En los días siguientes, se publicarían con amplio despliegue, y desde la portada también, todos los asuntos relacionados con el asesinato.

Con la llegada a la presidencia de Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), el apoyo a la oposición nicaragüense aumentó. Su predecesor, Daniel Oduber Quirós (1974-1978), ya había realizado gestiones diplomáticas para alcanzar la renuncia de Somoza (Estrada Sacasa, 2014). No obstante, la posición de fuerza en la cual todavía se encontraba el dictador condujo a que este apostara por la confrontación y desistiera de buscar vías pacíficas. El gobierno de Carazo permitió el arribo de aviones procedentes de Cuba que portaban armamento destinado a la guerrilla sandinista. El territorio costarricense sirvió como base guerrillera desde la cual, a partir de 1978, se generó la ofensiva final. Este involucramiento fue denunciado por la dictadura, ocasionando una situación de tensión que, según Juan José Echeverría, primer ministro de Seguridad Pública del gobierno de Rodrigo Carazo, pudo degenerar en un conflicto bélico entre ambos países (Echeverría Brealey, 2006). De hecho, los principales dirigentes de la dictadura afirmaron en sus memorias que la causa principal para entender el auge del movimiento insurreccional fue el apoyo del gobierno de Carazo.

La narrativa somocista enfatizó en esto (Urcuyo Maliaño, 1979). El expresidente Rodrigo Carazo no lo negó, más bien lo resaltó al calificarlo como una forma de defender a Costa Rica. En esta línea, lo representó como “un motivo de orgullo nacional” en los mismos términos utilizados por los imaginarios nacionalistas para describir eventos heroicos. Así, Carazo Odio atribuyó la participación en el conflicto nicaragüense al conjunto de la colectividad costarricense, no solo a él o a su gobierno, y destacó ese protagonismo como algo a recordar permanentemente dado que “los pueblos nunca deben arrepentirse de sus grades gestas y el de Costa Rica frente al régimen de Somoza, asumió una posición de gesta, y eso nos honra ante el mundo entero”.⁸

El tráfico de armas y la insurrección nicaragüense

La insurrección contra Somoza fue un asunto de larga data y que mantuvo el interés de los organismos de seguridad costarricenses. Esta tuvo diversos momentos, algunos donde las acciones armadas fueron realizadas por miembros del Partido Conservador. No obstante, el activismo sandinista fue el más intenso en los quince años previos a la caída de la dinastía. En efecto, la presencia de sandinistas en el país fue constante, tanto para tener un lugar de refugio como para comprar armas y entrenar a los jóvenes refugiados. Las condiciones favorables que brindaba Costa Rica explican la presencia de muchos de los altos dirigentes sandinistas, entre ellos Carlos Fonseca Amador. El arresto de este refleja que esa situación no era avalada por todas las autoridades. Al respecto, y en el marco de la lucha contra Somoza, los organismos de seguridad nacional costarricenses les realizaron un constante seguimiento.

Precisamente, el comercio de armamento fue un asunto sensible. Algunos actores aparecen en las fuentes. Desde Costa Rica se desarrollaba un tráfico muy intenso, con un largo historial, además de corresponder a una actividad de escala regional que algunas mafias pretendían monopolizar, por ejemplo, manipulando los precios. Un caso que lo describe se presentó a mediados de la década de 1960. Acá, la banda liderada por el cubano Manuel Artime, personaje posiblemente vinculado con la CIA, practicaba el tráfico de armamento, por lo cual estuvo en Costa Rica vendiendo una partida de armas AR-15 y AR-16.⁹ Esa facilidad que brindaba el territorio costarricense fue aprovechada por las fuerzas sandinistas para adquirir armamento necesario en su lucha subversiva. Desde finales de la década de 1960 hay evidencia que lo comprueba.¹⁰ De hecho, el comandante sandinista y ministro del Interior a partir de 1979, Tomás Borge, lo ratificó en sus memorias: “Después de varios meses de estar en San José, en casa de Santiago Martínez, fuimos capturados Henry Ruiz (Modesto) y yo, mientras intentábamos comprar armas” (Borge, 1979).

El proceso de lucha contra Somoza, así como los eventos que se presentaron luego, a inicios de la década de 1980, no solo continuó, sino que también extendió el tráfico ilegal de armas. Un testigo privilegiado de esa época lo describió con claridad:

Igual que otros costarricenses ayudé en lo que pude al comandante Edén Pastora en su lucha contra el sandinismo (…) también le conseguí algunas armas, trajín en el que pude darme cuenta de que en Costa Rica había más armas de guerra en manos particulares que en los Ministerios de Gobernación y Seguridad juntos (Saborío Alvarado, 2015).

Este testimonio de Oscar Saborío, reconocido empresario y político costarricense, delata una constante del país en cuanto a la amplitud del comercio ilegal, tanto por la evasión fiscal como por la naturaleza del bien en cuestión.¹¹

La búsqueda de armas para abastecer a la guerrilla sandinista involucró a diversos países de la zona del Caribe, donde Costa Rica tuvo un protagonismo indudable. Otro tanto se presentó cuando, en la década de los ochenta, la contrarrevolución se encontraba en la misma situación. Tanto por el apoyo solidario recibido de algunos costarricenses como por la actividad directa de agentes nicaragüenses en el país, el conflicto en el vecino país se proyectó en el comercio ilegal de armas. Esto obligó a los cuerpos de Seguridad del Estado a ejercer un mayor control sobre actividades consideradas sospechosas, incluyendo las desarrolladas por grupos irregulares costarricenses de diversa orientación ideológica. El director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) durante el gobierno de Monge explicaba el trabajo de su institución señalando que

Estamos viviendo momentos difíciles en el campo del terrorismo, cualquier extranjero o nacional que se encuentre en actitudes sospechosas y armadas, podrían llevarnos a una pista de una organización que pueda atentar en contra de la Seguridad del Estado.¹²

No solo el contexto de guerra en Nicaragua lo alertaba, sino también la presencia de personas de origen extranjero que transitaban por el país. Según la nacionalidad así se llevaba un registro, de manera que la migración era un factor esencial en la vigilancia oficial. Más aun, hubo allanamientos en busca de armamento en casas donde residían algunas personas extranjeras, aunque, finalmente, solo se reportara el decomiso de propaganda. En este marco, también cabe resaltar los problemas en el control de armas por parte del Estado, desorden que condujo a la desaparición de muchas de ellas y su posterior decomiso en la calle en manos de delincuentes.¹³ Y no pocas fueron utilizadas en actividades criminales y hasta vendidas a los grupos irregulares.¹⁴ ¿Pérdida deliberada?

Aunque las fuentes revisadas no nos proporcionaron información precisa, el argentino montonero Raúl Cuestas, quien estuvo en Costa Rica en la época, hizo señalamientos puntuales. En efecto, al tiempo que reconoció la facilidad para obtener armas en Costa Rica también denunció que, de las procedentes desde Venezuela y Panamá, países cuyos presidentes, Carlos Andrés Pérez y Omar Torrijos respectivamente, apoyaron a los sandinistas, además de Cuba, “dos tercios eran para los sandinistas, el tercio restante se quedaba en manos de los jefes de seguridad pública y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que vendían las armas”. También afirmó que “en los gobiernos de Oduber y Carazo Odio las armas incautadas se comercializaban tiempo después” (García, 2018).

Dichos comentarios coinciden con un estudio realizado por la Contraloría General de la República, a finales de 1980, donde hizo una verificación del armamento disponible en el Ministerio de Seguridad Pública tomando como base un listado elaborado por este. Ahí encontró un faltante de mil seiscientas armas a la vez que localizó físicamente otras que no estaban inventariadas.¹⁵ Al año siguiente, se hicieron fuertes denuncias en el Congreso, donde cinco pilotos admitieron haber trasladado armas, en 1979, desde Cuba hasta el aeropuerto guanacasteco de Llano Grande (hoy Aeropuerto Daniel Oduber). Además, estos afirmaron conocer de otros traslados de armamento desde Alemania Occidental y Panamá, todos para la guerrilla sandinista. Sobre las armas transportadas en 1979, indicaron que “la carga se distribuía a medias: una parte para los sandinistas, otra parte para el Gobierno de Costa Rica. Nosotros no sabemos cuál fue el destino de las armas que se separaban para nuestro Gobierno”.¹⁶

Los señalamientos aumentaron con la divulgación del arresto de personas dedicadas a trasladar ilegalmente armas para los grupos guerrilleros en Centroamérica.¹⁷ En el marco de las serias denuncias y dudas surgidas en torno al destino del armamento, los gobiernos de Costa Rica y de Panamá publicitaron el traslado de ciento veinticinco mil libras de material bélico hacia este país, el cual aparentemente correspondía a los sobrantes de lo recibido durante el conflicto contra Somoza y ahora era devuelto por Costa Rica.¹⁸

Es difícil determinar el destino de todas las armas que ingresaron a Costa Rica en el marco de la insurrección contra Somoza. No obstante, las redes para el comercio ilegal de armamento ya estaban establecidas desde hacía muchas décadas. Es posible que estas se vieran favorecidas con el auge de la violencia bélica en Centroamérica. Así, durante el gobierno de Luis Alberto Monge, precisamente durante la intensificación de las guerras civiles del Istmo, el tráfico de armas fue una actividad especialmente perseguida.

El único Informe Anual de la Dirección de Inteligencia y Seguridad que logramos obtener, correspondiente al año 1985, no permite identificar cuántas investigaciones realizadas condujeron al decomiso de armas. La distribución de contenidos de ese Informe se enfoca en señalar categorías por individuos, por lo cual no hay conductas tipificadas o claramente establecidas para identificar cada fenómeno. De hecho, solamente se indica la categoría de “traficante” para diez indagaciones, aunque otras como “mercenario” (4), “guerrillero” (20) o “terrorista” (22) podrían haber generado resultados sobre dicho trasiego. Las categorías más voluminosas, que son las de “comunista” (657) y de “Investigaciones especiales” (251), son tan genéricas que poco explican sobre este y otros fenómenos.¹⁹

En síntesis, de ellos no es posible extraer la magnitud del fenómeno. No obstante, los informes ordinarios de la DIS, durante la administración de Luis Alberto Monge Álvarez, proporcionan alguna información más precisa. Además de armas de fuego convencionales, las mismas que la delincuencia común utilizaba, las condiciones de la guerra provocaron el uso de granadas de mano. Que civiles en la zona norte tuvieran algunas consigo refleja la magnitud de la cantidad de armamento circulante. No es extraño, por tanto, que las autoridades las localizaron abandonadas en rutas de tránsito de refugiados nicaragüenses o en manos de individuos particulares de origen costarricense.²⁰

El contexto de crisis social, derivada de la difícil situación económica, a partir de 1980, favoreció un aumento significativo en los conflictos por toma de tierras por precaristas (Cepas, 2019). Esta situación también se proyectó en el problema de la tenencia de armas, dado que la violencia de algunos procesos se manifestó en su uso. De esta forma, no eran extrañas las alertas que recibían las autoridades en torno a la presencia de armas en movimientos rurales, ya fuera por toma de tierras, reclamos laborales o demandas por mejora en los servicios públicos.²¹

Si bien la actuación de las autoridades se generaba ordinariamente a partir de información proporcionada por fuentes humanas o utilizando otros mecanismos alternativos, a veces la dinámica de los hechos condujo a situaciones fortuitas donde también se localizaban armas. Por ejemplo, la Guardia Rural encontró un cargamento de armas de fuego, en el marco de una huelga en Río Frío de Sarapiquí, ante lo cual la Dirección de Inteligencia y Seguridad envió a dos de sus agentes. Además de iniciar las investigaciones correspondientes, también aprovecharon para registrar a los dirigentes del movimiento y revisar sus antecedentes policiales.²²

¿Cuál era la magnitud de los decomisos? Esta era variable, pero el contexto de guerra sin duda favoreció la circulación de armamento de gran poder. Y estos decomisos se realizaban en todo el país y por los diversos cuerpos policiales. No contamos con estadísticas para cuantificarlos con detalle, pero uno de los efectuados por la DIS permite una aproximación más precisa. Así, en setiembre de 1983, en la provincia de Limón, se incautaron sesenta y ocho ametralladoras AK (veintiún yugoslavas, once rusas y treinta y seis chinas), tres ametralladoras browning, doscientos treinta y un tiros calibre 30, sesenta granadas de fragmentación y trece mil seiscientos tiros calibre 7,62. Todo fue entregado al Arsenal Nacional de la Primera Comisaría.²³ La situación era grave dado que muchas de las armas circulaban, incluso, por San José. En un decomiso de la Guardia de Asistencia Rural, en un taller mecánico en el barrio Cristo Rey, al sur de la capital, y realizado sin coordinación con la DIS (a pesar de tratarse de un grupo colombiano perteneciente al M19), se logró decomisar cuatro subametralladoras UZI, ocho carabinas .30 M-1, diez ametralladoras M-3, cinco cajas de munición calibre 45 y cuarenta y tres magazines para las armas.²⁴ De esta forma, debe indicarse que, además de la cantidad, la naturaleza de las armas refleja una expresión, en territorio costarricense, de la violencia política que se presentaba en los demás países centroamericanos.

Migración, extranjeros y subversión

Además del tráfico de armas, el territorio costarricense sirvió como base de operaciones para los movimientos guerrilleros. Esto resultó evidente con la insurrección sandinista. Los dirigentes opositores nicaragüenses encontraron un escenario propicio para el activismo político contra la dictadura somocista pero también para organizar la acción militar. Esta se exteriorizó, tal como indicamos atrás, en la compra de armamento, pero también en el reclutamiento de exiliados y en el establecimiento de campos de entrenamiento en diversos lugares del país, incluso algunos cercanos al Área Metropolitana. Durante la década de 1970, la Agencia de Seguridad Nacional (que luego se conocería solo como Dirección de Inteligencia y Seguridad) realizó, en territorio costarricense, un seguimiento a las actividades del Frente Sandinista de Liberación Nacional, vigilando a sus líderes e, incluso, infiltrando los campos de entrenamiento (Hernández, 1982).

En general, el nivel de organización que facilitó su permanencia en territorio costarricense representó un factor de notable relevancia en el éxito de la estrategia subversiva del FSLN. El dictador Anastasio Somoza fue categórico al señalar: “Costa Rica suministró la base de operaciones adecuada para las fuerzas invasoras” (Somoza, 1980). Cuando se generó la lucha contra los sandinistas, Costa Rica sirvió nuevamente como base de operaciones de la actividad subversiva de la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE), uno de los principales grupos opositores. Esto lo veremos más adelante.

Mientras tanto, y en el marco de la Guerra Fría, el conflicto centroamericano se agudizó cada vez más, atrayendo a una diversidad de actores identificados con el proceso revolucionario en Nicaragua y los movimientos guerrilleros en Honduras, El Salvador y Guatemala. En diciembre de 1980 se detuvo, en el Aeropuerto Juan Santamaría, a dos ciudadanos alemanes acusados de ser terroristas, los cuales fueron puestos a la orden de la Agencia de Seguridad Nacional, DIS, la cual verificaría la situación relativa a los motivos de su estadía en Costa Rica.²⁵ Esta experiencia se tornaría más intensa en los meses siguientes, como se evidenció con la presencia de grupos sudamericanos tales como Montoneros o Sendero Luminoso,²⁶ al igual que el grupo vasco “Patria Vasca y Libertad”, más conocido como ETA.

La DIS dio seguimiento a la información recibida sobre la permanencia de algunos de sus miembros en territorio costarricense.²⁷ La documentación permite concluir que las alertas realizadas por los servicios extranjeros de Inteligencia, donde se incluía perfiles de los individuos (en concreto características físicas, datos morfológicos y país de residencia) se tornó tan rutinaria que obligó a constituir, en esa institución, una oficina especializada en esta materia. Dentro del organigrama de la DIS, ella formaba parte de la “Sección B” y se denominaba “Departamento número 2” con el título de “Movimientos armados extranjeros en Costa Rica”.²⁸

El arresto de un comando de doce personas del grupo terrorista ETA generó mucho revuelo en el país dado que la prensa informó de este evento con mucha intensidad.²⁹ La Dirección de Inteligencia y Seguridad informó que ese grupo había entrado desde hacía seis meses con pasaportes falsos y contaba, al menos, con tres casas de seguridad. Uno de sus miembros, Gregorio Jiménez Morales, fue capturado en Costa Rica e interrogado. Este, aparentemente, confesó que los dirigentes del grupo antisandinista Alianza Revolucionaria Democrática eran uno de sus objetivos en Costa Rica. Dado que el gobierno pretendía expulsar a Jiménez del país, se interpuso un recurso de hábeas corpus en su favor que fue rechazado por la Corte Plena. En el marco de este recurso, se ordenó a la DIS rendir un informe, lo cual fue realizado por su subdirector, Rodolfo Jiménez Montero. En él, este funcionario describió con amplitud el fundamento de la persecución realizada por el Estado contra el vasco:

El señor Lorenzo Ávila fue detenido por oficiales de Radio Patrulla el viernes nueve de setiembre en curso, ocasión en la que se le decomisó una cédula de identidad costarricense con su fotografía; que al efectuarse las correspondientes investigaciones, se determinó que el señor Ávila forma parte de un comando de la organización terrorista vasca E.T.A. que tiene el propósito de realizar algunas actividades subversivas en el país, por lo que se le puso a la orden de las autoridades de Migración, con recomendación de que se le expulse del país por ser un elemento nocivo para la Seguridad Nacional”. Agregó el subdirector de la DIS que “el verdadero nombre del detenido es Greogorio [SIC] Jiménez Morales, pues usa como nombres falsos el de Lorenzo Ávila Teijón y el de Jorge Zúñiga Varela.³⁰

La denominación de “terrorista” se inscribe en el contexto de la Guerra Fría latinoamericana, fundamentalmente a partir de la Doctrina de Seguridad Nacional (Balerini, 2018). Por eso, cualquier manifestación de disenso podía ser catalogada con el mayor rigor por los gobiernos aliados de los Estados Unidos. El intercambio de información y una mayor coordinación entre las agencias de seguridad centroamericanas, promovido todo por los Estados Unidos desde inicios de la década de 1960, condujo a la creación de registros de personas consideradas peligrosas por el gobierno de origen, más allá de sus verdaderas actividades. Por eso, algunos extranjeros que llegaban a Costa Rica eran descritos en los documentos como “terroristas”. No obstante, el hecho de que se les permitiera el ingreso al país denota alguna reserva sobre el uso abusivo de etiquetas como esas. Al no existir antecedentes de peso, la labor de inteligencia se limitaba a la apertura de un expediente para eventuales seguimientos.³¹

La violencia política en Centroamérica intensificó la labor de los organismos de Seguridad costarricenses. De esta forma, fue constante la investigación sobre actividades en territorio nacional de grupos como el salvadoreño Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). De hecho, se vigilaba la presencia de centroamericanos en general. Esto condujo a un aumento del control migratorio. Así, el Ministerio de Seguridad ordenó, en 1980, un estudio más intenso de la condición de los residentes extranjeros en el país, lo cual tuvo como resultado 17 667 resoluciones relativas a situaciones no sujetas a derecho y la expulsión de 758 extranjeros, datos muy superiores a las 28 377 resoluciones similares y 1203 expulsiones para el conjunto de los cuatro años inmediatos anteriores. Las investigaciones migratorias, de aquel año, abarcaron a 28 862 extranjeros.³²

Para 1981, el director de la Cruz Roja Costarricense indicó que la cifra de refugiados en el país oscilaba las diez mil personas, entre ellas siete mil salvadoreños y dos mil nicaragüenses.³³ Ante el agravamiento de la violencia en Centroamérica y la acción de grupos extremistas en Costa Rica, el gobierno atribuyó un efecto “perjudicial al país” a las políticas de atención de refugiados y perseguidos aplicadas hasta el momento.³⁴ Para 1983 la crisis bélica en Nicaragua tomó auge, lo cual también condujo a revisar las políticas migratorias. Así, por ejemplo, se ordenó a la DIS investigar a los pensionados rentistas centroamericanos.³⁵ No obstante, debe notarse que esta especial atención sobre la presencia de extranjeros abarcaba otros asuntos que trascendían aspectos estrictamente políticos.

El antecedente de Robert Vesco, diez años atrás, generó escándalo en el país debido a sus turbias relaciones con sectores políticos y sus vínculos con delitos financieros en los Estados Unidos. También hubo eventos denunciados en la prensa, tales como los conflictos entre familias de exiliados iraníes, entre 1981 y 1982, que se materializaron en actos de violencia y en la destitución del subdirector de la DIS por acusaciones de brindar protección a una de ellas utilizando, además, armamento de la institución. El secuestro del joven Kaveh Yazdani acrecentó el interés de las autoridades y de la opinión pública. En este marco, la migración también estuvo vinculada con situaciones muy diferentes al conflicto bélico centroamericano, algunas derivadas de la delincuencia común, aunque también expresaban aspectos de interés para la seguridad nacional que no corresponde abordar en esta investigación.³⁶

Los controles sobre la migración se enfocaron, originalmente, en la presencia de salvadoreños. Al respecto, debe indicarse que, una vez concluida la lucha contra la dictadura de los Somoza, hubo un relativo silencio en los medios costarricenses sobre violencia armada en Nicaragua. Mientras tanto, el conflicto bélico en El Salvador recrudecía, lo cual generó un fuerte despliegue noticioso que orientó la atención en torno a lo que ahí sucedía. En el marco de esta violencia, y tal como se señaló atrás, también hubo un traslado significativo de personas salvadoreñas hacia Costa Rica. No en vano, para las autoridades costarricenses, la migración se convirtió en un tema de seguridad nacional, y en este marco el éxodo salvadoreño fue, hasta 1982, el más relevante en términos cuantitativos.³⁷

Los conflictos bélicos centroamericanos generaron una intensa movilización de solidaridad en favor del gobierno sandinista y de los movimientos guerrilleros, en ese sentido, el FMLN tenía una existencia más reciente. No obstante, también hubo apoyo estratégico, tanto por el aprovisionamiento de material bélico como en entrenamiento y colaboración, todo procedente de países ligados a la esfera soviética. Nicaragua y El Salvador quedaron, entonces, estrechamente vinculados.

En Costa Rica se denunció la presencia de una importante cantidad de migrantes salvadoreños, de los cuales la gran mayoría no concluía los trámites de residencia, por lo cual se especuló que muchos de ellos ingresaron a Nicaragua para entrenarse como guerrilleros.³⁸ En esta misma línea, en 1982, hubo acusaciones sobre la existencia de un campo de entrenamiento para formar guerrilleros del FMLN. En apariencia, este tenía su sede en Los Ángeles de Liberia y fue camuflado bajo la figura de un centro para refugiados. También se involucró a funcionarios de la ACNUR³⁹ aunque algunas de las personas señaladas negaron con vehemencia su participación y cuestionaron el origen de las supuestas investigaciones.⁴⁰ No obstante, alguna información confidencial de la DIS confirma que, desde Costa Rica, se presentaban algunas formas de reclutamiento en favor de la guerrilla salvadoreña.⁴¹

El flujo de militantes extranjeros de izquierda también se tornó visible para los organismos de Seguridad, muchas veces alertados por sus colegas de otros países. Esto condujo a prácticas de seguimiento, iniciado desde el ingreso a Costa Rica y continuado en los lugares de hospedaje. El acecho alcanzó tal magnitud que alguna documentación delata la realización de registros en estos sitios.⁴² Las investigaciones condujeron a localizar una casa donde residían cuatro peruanos en condición de estudiantes, quienes, según los informantes, tenían “un radio transmisor y receptor” en el inmueble. La DIS registró el lugar e interrogó a los individuos, aunque de la información disponible no es posible determinar si se localizó el radio. Si bien no encontraron armas u otros objetos comprometedores, si hallaron una gran cantidad de libros de contenido comunista, lo cual fue motivo suficiente para trasladarlos a las oficinas de la Detención General y solicitar a la Dirección de Migración cancelarles su visa.⁴³

La presencia de ciudadanos peruanos no fue ocasional. Poco después, otro grupo de tres personas fue detenido por la Guardia de Asistencia Rural y se le acusó de estar vinculado con “un grupo subversivo que opera en San Pedro de Poás, Alajuela”.⁴⁴ Una alerta de mucha mayor gravedad fue la realizada por la Embajada Italiana ante la eventual presencia de miembros del grupo terrorista Brigadas Rojas.⁴⁵ Esta situación tuvo como contexto la visita que hizo el Papa Juan Pablo Segundo a Centroamérica. El Pontífice católico cumplió con una intensa agenda en Costa Rica, donde pernoctó entre el 2 al 6 de marzo de 1983, a pesar de que, en ese lapso, también salió del país para visitar Nicaragua.

Más allá de la relevancia histórica que tuvo la primera llegada de un Papa a ambos países, el contexto de violencia política de la región y la intensa propaganda antisandinista en la prensa dieron a esa visita un matiz particular.⁴⁶ No en vano, el activismo del pontífice también explica la naturaleza de la visita. El Partido Vanguardia Popular lo denunció así, atribuyendo a la Iglesia católica una fuerte oposición contra el gobierno de Nicaragua.⁴⁷ La alerta realizada por la Embajada italiana no era infundada. Tres años después se tramitó la captura del terrorista Giovanni Ventura, con un largo historial de explosiones y asociación subversiva.⁴⁸

En general, al iniciar el gobierno de Luis Alberto Monge, los actores vinculados a las fuerzas de seguridad costarricenses identificaron la presencia de extranjeros como un elemento para entender la situación de tensión que vivía el país. Incluso, en los foros académicos así era descrita, ante lo cual se señaló “la facilidad que otorgan las leyes nacionales a los centroamericanos para adquirir la nacionalidad costarricense y la necesidad de reformar la legislación”.⁴⁹ El imaginario nacionalista alimentaba esas dudas en torno a la migración, atribuyendo la violencia “a la inyección de elementos ajenos a la forma de ser del costarricense, amparados al respeto que siempre ha tenido nuestro país por el derecho de asilo”. La presencia de grupos extranjeros subversivos, así como el contexto de creciente violencia bélica en Centroamérica, condujo a un aumento en la capacitación de los organismos de Seguridad, tanto en la Fuerza Pública como en la Dirección de Inteligencia y Seguridad. En este sentido, se enfatizó en la creación de una fuerza antiterrorista, así como en la obtención de mayor y más novedoso armamento y equipo para todas las fuerzas de seguridad.⁵⁰

Como antecedente de esta situación, debe notarse que el concepto de subversión, utilizado con amplitud durante la Guerra Fría en el marco de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, hacía referencia a las actividades de grupos de izquierda. Esta definición condujo a otorgar un nivel de peligrosidad a los movimientos populares, considerándolos como actores interesados en una transformación del sistema político y de las formas de organización económica. Más allá de los objetivos reales de esos sectores, el simple ejercicio de la protesta y del disenso activo podían ser causa suficiente de sospecha, lo cual justificaba la vigilancia y, en ciertos países, la represión.

En Costa Rica se generó un contacto con esa doctrina gracias a la capacitación de miembros de los cuerpos de seguridad en Fort Gullick (Zona del Canal de Panamá) y en otras academias en los Estados Unidos. No obstante, y a pesar de algunas muestras represivas altamente cuestionadas por la prensa (casos de Cartago, en 1962, y del Paseo Colón, en 1971), los altos dirigentes políticos actuaron con prudencia y una clara orientación respetuosa de la institucionalidad democrática. Es dable considerar que estos mantuvieron una comunicación activa e informal con ciertos sectores de izquierda como respuesta a una visión moderada del conflicto ideológico. De hecho, el gobierno de José Figueres Ferrer (1970-1974) estableció relaciones diplomáticas con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y otros países de Europa del Este.

En esa línea, y a pesar de algunas excepciones, se ejerció una presión más cautelosa, donde se optó por vigilar y registrar con alguna dosis quirúrgica de intimidación. De esta forma, las actividades de grupos internos comunistas, tales como el Partido Vanguardia Popular, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, el Partido Socialista Costarricense y el Partido Acción del Pueblo, eran observadas con atención.⁵¹ El hecho de que estuvieran constituidos legalmente no fue obstáculo para llevar un registro activo de sus miembros y hasta realizar contra ellos allanamientos, decomisos, detenciones e interrogatorios sin que mediara alguna justificación legal y menos autorización judicial.

No obstante, en el nuevo contexto de creciente violencia bélica en Centroamérica, la presencia de actores externos fue considerada con seriedad y fue un tema dominante en la narrativa sobre la seguridad nacional de la época.⁵² Por eso, la actividad sospechosa de extranjeros tuvo relevancia especial. La intensa circulación de ideas subversivas tomaba un matiz distinto, mucho más peligroso en esa lectura oficial, cuando procedía de afuera.⁵³ Por eso, se tornó más rigurosa la vigilancia interna.

Dentro de los múltiples ejemplos destaca el arresto al fotógrafo del periódico Libertad, el 3 de diciembre de 1982, practicado por la Unidad Preventiva del Delito (UPD), y su entrega inmediata a la DIS, en cuyas oficinas fue interrogado. No mediaba ningún delito ni contravención dado que esta persona solo se encontraba en una manifestación contra la visita a Costa Rica del presidente norteamericano Ronald Reagan. Incluso, esa persona era desconocida para la DIS, razón por la cual se le abrió un expediente.⁵⁴

Todo lo anterior reviste una mayor gravedad al establecer que la realización de tales hechos correspondía, principalmente, a la DIS, organismo que no contaba con un marco jurídico adecuado que justificara su existencia y funcionamiento. De todas formas, para la década de 1980, esas actividades se realizaban no solo en el marco de la tradicional vigilancia e infiltración de estos grupos (que databa, al menos, de inicios de la década de 1930), sino, fundamentalmente, para identificar el planeamiento de actividades subversivas. Este aspecto lo pormenorizan los informes de actividades de los agentes de seguridad, dado que estos se esmeraban por señalar todos aquellos aspectos que pudieran estar relacionados. Por eso se mencionan “documentos que detallan operaciones y planes estudiados para la obtención de grandes sumas de dinero”, se hacía referencia a “casas de seguridad”, se reportaba la trayectoria de extranjeros que tuviesen “adoctrinamiento” y alguna formación militar (“entrenamientos”) y se registraba a nacionales que hubiesen viajado a países de la órbita soviética.⁵⁵

La presencia de grupos irregulares trascendía una sola orientación ideológica. De hecho, la política agresiva del gobierno de Ronald Reagan pretendía utilizar territorio costarricense para una eventual invasión a Nicaragua y hubo sectores costarricenses que la avalaron con entusiasmo (Sobrado, 1988). En este contexto, una parte de la prensa externó un discurso muy intenso contra el gobierno sandinista, lo que propició un clima de alta tensión que podía inclinar a la opinión pública en favor de aquella intervención militar. Por ejemplo, en una conferencia de grupos contrarios al gobierno sandinista, realizada en Venezuela, en setiembre de 1983, un supuesto exagente de los organismos de seguridad nicaragüenses afirmó que

Costa Rica está siendo preparada por el sandinismo para una explosión de guerrilla y terrorismo”, vinculando este proyecto con “la acción de sindicatos de izquierda y grupos comunistas procubanos”, los cuales provocarían “el estallido a base de paros, toma de fincas, problemas agrarios, y finalmente cuando la efervescencia sea la que conviene a los designados marxista- sandinistas, sobrevengan las acciones armadas.⁵⁶

Este tipo de noticias propició un escenario crítico en la relación con Nicaragua, impulsando la organización de grupos que, en la línea de defender la democracia y la libertad, legitimaban las iniciativas tendientes a confrontar al régimen nicaragüense y a favorecer la acción de grupos antisandinistas en el país. La historiadora María Álvarez Solar identificó una parte de estos grupos dado que la lista es aún mayor.

Al respecto, ella menciona a la Asociación Democrática Huetar Norte, Alerta, el Comité Cívico pro-Defensa de la Dignidad Nacional, la Asociación Democrática Costarricense, la Juventud Democrática Costarricense, el Instituto Costarricense del Sector Empresarial y la Unión Solidarista (Álvarez Solar, 2012, 2013).

Por su parte, la política de neutralidad adoptada por el presidente Luis Alberto Monge condujo a disputas a lo interno del gobierno dado que algunos de sus miembros eran partidarios de una política de línea dura contra los sandinistas. Esto implicaba acuerpar la estrategia del gobierno estadounidense (Araya, 2014).

En el plano civil, había grupos paramilitares de derecha. El más reconocido era el Movimiento Costa Rica Libre, que mantenía una publicación semanal en el periódico La Nación (el subdirector era miembro de su Junta Directiva) y contaba con un cuerpo armado denominado “Boinas Azules”. Este grupo surgió como respuesta a la influencia de la Revolución Cubana en la región y el acrecentamiento del discurso antisubversivo (Nigro, 2017). Pero no fue el único caso. Con la agudización de la crisis centroamericana se tornó aún más intenso el discurso anticomunista. Esto condujo a la aparición de otros grupos armados, como fue el caso del Movimiento Democrático Huetar Norte, que tuvo una estructura activa e, inclusive, una cuenta en un banco estatal.

Una denuncia recibida por la Dirección de Inteligencia y Seguridad reveló que, en una finca, ese grupo mantenía ciento cincuenta carabinas AK de fabricación china y que, además, contaba con la autorización para sus actividades por parte de un alto funcionario de gobierno.⁵⁷ Otro grupo de naturaleza privada mantuvo algún vínculo con la policía con el propósito aparente de apoyar su actividad proveyéndola de alimentos u otros bienes necesarios para su funcionamiento. Tal es el caso de la Asociación Pro-Participación Ciudadana en Emergencias Nacionales. Su actividad generó preocupación en altos mandos del Ministerio de Seguridad Pública, aunque el director de la DIS levantó un informe donde describió de forma favorable algunas actividades de la organización, alabó a sus dirigentes y realizó una valoración positiva de su existencia.⁵⁸

Mayor preocupación generó en los asesores del Presidente Monge la existencia de la Unión Patriótica, grupo privado que pretendía desarrollar una red de Inteligencia en el país para controlar “los movimientos subversivos de la extrema izquierda” aunque sin descartar “la posibilidad de que también se forme otro grupo que desee controlar los movimientos de la extrema derecha y ambos a su vez atenten contra la seguridad e institucionalidad del país”.⁵⁹ Por esta razón, funcionarios de la DIS intentaron grabar una actividad de este grupo en el Salón Colonial del Hotel Costa Rica.

La evidente intervención ilegal generó un conflicto interno en la institución, que obligó al encargado de la Sección de Asuntos Nacionales a tratar de justificarla a partir de una supuesta naturaleza pública de la actividad.⁶⁰ De todas formas, estas iniciativas privadas para reclutar ciudadanos con el propósito de complementar la labor de la policía fueron canalizadas por el gobierno de Monge, desde su comienzo, constituyendo la Organización para Emergencias Nacionales (OPEN), decisión que tampoco estuvo exenta de riesgos y de dudas.

Esta organización fue creada en 1982, por decreto del Poder Ejecutivo, donde se la describía como una “Fuerza Civil de Apoyo a los cuerpos de Policía del País”.⁶¹ No obstante, también fue percibida como una fuerza paramilitar de apoyo al gobierno. Las investigaciones de la DIS revelaron algunos problemas con la OPEN. En una ocasión, al menos, se reportó robo de munición perteneciente a la formación, dado que, en apariencia, en sus instalaciones se entrenaban guerrilleros.⁶² La DIS también realizó estudios minuciosos de sus miembros, llegando a identificar personas que estuvieron involucradas en partidos de izquierda, en grupos cívicos, participaron en huelgas, publicaron artículos en la prensa, eran amigos de dirigentes comunistas o, incluso, integraban la junta directiva del Movimiento Costa Rica Libre.

Esos reportes se basaban en los archivos de la institución y comprendían antiguos seguimientos, reportes de infiltrados, recortes de prensa o información reciente.⁶³ De esta forma, se evidenció una integración muy diversa y con alguna gente experimentada en la política electoral y hasta en la protesta social. Este aspecto, junto a la naturaleza casi paramilitar que reflejó, generó serias reservas ante el peligro de que la OPEN fuera utilizada para fines distintos a los originales. Así se reconocía en un análisis de seguridad efectuado por una oficina adscrita a la Presidencia de la República, donde se enfatizaba en los “comentarios polémicos” generados desde el exterior debido al “peligro que este cuerpo puede representar, si se infiltraran elementos de extrema derecha o izquierda que pudieran convertirlo en un ente incontrolable por el Estado”.⁶⁴

Esta eventualidad pronto se materializó cuando doce miembros de la OPEN se dirigieron a Guápiles para participar en el desalojo de que efectuaría la Guardia de Asistencia Rural (GAR) contra un grupo precarista, y eso a pesar de que se les había denegado el permiso para involucrarse.⁶⁵ No obstante, cuando el ministro de Seguridad Pública denunció la organización de un golpe de Estado la OPEN fue movilizada para proteger al gobierno (Gutiérrez y Vargas, 1985). Dados todos los antecedentes y cuestionamientos, desde setiembre de 1983 se puso sobre la mesa la necesidad de restructurar la organización.⁶⁶ Esto condujo, dieciséis meses después, a transformarla en la Reserva de la Fuerza Pública, por decreto N.° 15985-SP. Aunque redactado con sutileza, los considerandos de ese decreto sugieren las causas reales de su transformación:

2°. Que esta fuerza civil ha entrado en una etapa de reorganización y consolidación y, conforme con el artículo 2° del citado decreto, sus miembros están siendo sometidos a las disciplinas y entrenamientos policiales. 3°. Que, en esta nueva etapa de la organización, se hace necesario una mayor identificación de sus miembros con los postulados y principios que rigen a la fuerza pública, creando el necesario espíritu de equipo para lograr mediante la coordinación, un uso más racional de los escasos recursos con que cuenta la fuerza pública.⁶⁷

A pesar de la reorganización pretendida con este decreto, los registros realizados por la DIS sobre los miembros de la Reserva de la Fuerza Pública todavía evidenciaban algunos problemas similares a los presentados con la OPEN. Por ejemplo, en un registro efectuado en 1987, se señaló que RZL “forma parte de un grupo de ciudadanos de Tilarán quienes podrían estar organizados con fines políticos, militares o de otra índole”.⁶⁸ El contexto de crisis política centroamericana impulsaba a infiltrar los órganos de apoyo policial.

La acción directa: violencia y secuestros

“Costa Rica tiene un parecido con Casablanca, escenario de una verdadera lucha de espías internacionales”.⁶⁹

Más allá de la sospecha y del etiquetamiento forzado por el contexto de Guerra Fría, en Costa Rica se presentaron actos de violencia generados por grupos extranjeros. La agudización de los conflictos armados en Centroamérica representó un marco que propició la reproducción de otros escenarios, además de favorecer manifestaciones de terror constantes y extrañas a la dinámica política costarricense. El caso de la emisora Radio Noticias del Continente representa un hito en este tema. Las dictaduras latinoamericanas ejercieron regímenes de terror, con miles de muertos, desaparecidos y exiliados.

La represión en Argentina manifestó niveles de complejidad y organización mucho más sofisticada que la mayoría de las dictaduras latinoamericanas. La asesoría francesa fue determinante pues, desde ese país europeo, se trasladó el conjunto de procedimientos desarrollados en la Segunda Guerra Mundial y consolidados con la Guerra de Argelia. El historiador Emiliano Balerini lo expone con amplitud al analizar el proceso de importación, al Istmo, de la guerra sucia sudamericana (Balerini, 2018).

En este marco, y desde finales de la década de 1960, el Ejército argentino había desarrollado un conjunto de manuales de represión cuya aplicación no tardaría en efectuarse, primero en Argentina y luego en el continente.⁷⁰ En efecto, con la intensificación de la insurrección contra gobiernos aliados de los Estados Unidos, la Junta Militar argentina colaboró con el gobierno de Ronald Reagan en la capacitación de militares centroamericanos en técnicas intensas de represión.

Con el golpe de Estado provocado por los militares, miles de argentinos debieron esconderse o partir al exilio. Entre quienes llegaron a Costa Rica, algunos participaron en la creación de la emisora Radio Noticias del Continente, con sede en Puente de Piedra del cantón de Grecia. Para tal efecto, contaron con el apoyo del señor José Francisco Aguilar Bulgarelli y el financiamiento del grupo político militar argentino Montoneros. Finalmente, este asumió la totalidad del proyecto (Rodríguez, 2016). Su propósito era contrarrestar la censura de la dictadura argentina y su control informativo sobre la situación interna.

En general, cumplió una labor eficaz dado que sus emisiones en onda corta fueron bastante escuchadas en Sudamérica y motivó acciones de violencia contra la emisora (Regueyra, 2021). Por tal motivo, esa dictadura ejerció presiones diplomáticas sobre el gobierno de Rodrigo Carazo para lograr su cierre o, al menos, que la frecuencia tuviera una menor potencia. Para nuestros efectos, interesa señalar el activismo de la dictadura argentina y del grupo Montoneros en Costa Rica, su relevancia en el contexto de la creciente violencia bélica en Centroamérica y, en particular, los actos de sabotaje contra la estación de radio. De hecho, la actuación de grupos extranjeros activó las alarmas y condujo a una percepción distinta de los conflictos en Centroamérica.

El primer ataque a la emisora, el primero de enero de 1980, fue opacado por la prensa dado que se otorgó mayor relevancia a un asalto de delincuencia común a la sucursal de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.⁷¹ Cuatro ataques adicionales se darían en los meses siguientes, generando reacciones diversas en los sectores políticos del país ante el temor por la acción de grupos mercenarios extranjeros y sus consecuencias para los vecinos del cantón de Grecia.⁷² Una de tales agresiones fue realizada el 14 de diciembre de 1980, por un comando procedente de Guatemala, integrado por nicaragüenses al mando del exoficial de la Guardia Nacional somocista Hugo Villagra Gutiérrez y con apoyo, al menos, de un costarricense.⁷³

Mientras tanto, en la prensa se especulaba sobre la posibilidad de una reunión, en Costa Rica, entre diversas células de Montoneros, liderado por Mario Firmenich y a quien la DIS precisamente trataba de localizar. Para tal efecto, se realizó una intensa vigilancia en varios hoteles.⁷⁴ No en vano, se indicó que este ya había estado en territorio costarricense, específicamente en el norte de Guanacaste, durante la insurrección contra Somoza.⁷⁵ También se sugirió la presencia de Fernando Luis Vaca Narvaja, jefe militar del grupo. En definitiva, el gobierno de Carazo procedió a cancelar la autorización de funcionamiento de la emisora debido a las presiones de varios países, en concreto Argentina, El Salvador y Estados Unidos, los cuales reclamaron la intensa actividad de aquella en favor de movimientos revolucionarios. Efectivamente, la emisora apoyaba la lucha guerrillera del FMLN y ejercía un contrapeso informativo eficaz a la propaganda de la dictadura argentina.

El problema real para el gobierno fue el primer asunto debido a la circulación ilegal de armamento y a la presencia en el país de personas con formación militar. Los montoneros instruían a los guerrilleros y colaboraban con estos en la obtención de armas desde San José para su envío hacia El Salvador (García, 2018). Debido a los potenciales riesgos que la presencia de este grupo podría representar para la seguridad del país, y tras muchas vacilaciones, el gobierno procedió a su cierre y, para marzo de 1981, sus propietarios trasladaron sigilosamente el equipo de la emisora a Nicaragua. No obstante, las consecuencias persistieron. Así, en octubre de ese año, un comando de derecha secuestró un avión de la aerolínea regional SANSA para obtener la liberación de los implicados en uno de los ataques a la emisora ya cerrada (Rojas Aravena, 1990). Pero el asunto medular pudo no haber terminado ahí.

El 29 de enero de 1982, en el marco de la campaña electoral costarricense, un comando intentó secuestrar al empresario salvadoreño Roberto Palomo. Este era vicepresidente de la Fábrica de Calzado San Bosco y, aparentemente, portaba una fuerte cantidad de dinero. El comando se constituía, principalmente, por salvadoreños. Tres de ellos fallecieron al enfrentar a la Guardia de Asistencia Rural, la cual había sido alertada por las personas que presenciaron la resistencia de la víctima. Este evento pronto hizo recordar el reciente secuestro del iraní Kaved Yazdani, sugiriendo la prensa un vínculo entre ellos.⁷⁶ Si bien este no existió, dos eventos similares en forma tan cercana alimentaron la percepción de una crisis eventual. Y dejó de serlo cuando la guerra en Nicaragua se convirtió en una realidad, la guerrilla antisandinista tomó cada vez mayor auge, se intensificaron los eventos de violencia en la frontera norte y, finalmente, en San José aconteció otro intento de secuestro. Esta vez sus autores tuvieron éxito. El rapto tuvo una naturaleza particular.

El hecho se presentó el 6 de octubre de 1982 y la víctima fue un ciudadano argentino que utilizaba el nombre de Héctor Ricardo Francés García. La primera información sobre este sujeto fue escasa, al punto que no se le conocía trabajo alguno, aunque sí que viajaba constantemente al norte de Centroamérica. Ese día, un comando conformado por cinco hombres y una mujer lo obligó, en el barrio de Los Yoses, a subir a un microbús marca Datsun C-20. Alguien dijo a la policía que el vehículo era un panel Chevy Van, tal vez con el objetivo de confundirla durante la persecución.⁷⁷ Los testigos narraron cómo el argentino fue violentamente golpeado por sus captores, descritos como hombres fornidos. Poco después, el vehículo fue abandonado hacia el costado sur del parque de La Sabana (al otro lado de la ciudad).⁷⁸ Pronto quedó claro que no se trataba de un secuestro cometido por la delincuencia común, por lo demás casi inexistentes, por entonces, en Costa Rica.

Ese secuestro tuvo una clara connotación política que reflejaba la intensidad del conflicto en Centroamérica. El influyente diario The Washington Post publicó un amplio reportaje en su edición del 2 de diciembre de 1982, donde describió con detalle las actividades del argentino secuestrado, quien resultó pertenecer al Batallón 601 de Inteligencia del ejército de su país. Este apareció en un video divulgado en México, donde admitió haber apoyado a las fuerzas contrarrevolucionarias que se encontraban en territorio costarricense y, además, se refería a la participación de la CIA en el financiamiento a Edén Pastora.⁷⁹ El escenario de la flagrante violación a los derechos humanos se hizo presente en Centroamérica, las denuncias de Radio Noticias del Continente se materializaban claramente en el Istmo y Héctor Francés, quien afirmó que su nombre real era Estanislao Valdez, era un experto agente de Inteligencia (Balerini, 2018). Todo esto explica su presencia en Costa Rica y el secuestro en cuestión.

¿Tuvo algo que ver el grupo Montoneros, familiarizado ya con el territorio costarricense? Queda por determinarlo aún, al igual que identificar las actividades en Costa Rica de “Héctor Francés” y del Batallón 601.⁸⁰ Lo cierto es que los rasgos más calientes de la Guerra Fría se hacían presentes en la región y la guerra sucia argentina se trasladó también a Costa Rica. Así, la conexión entre los casos de Radio Noticias del Continente y de la Inteligencia argentina es un capítulo aún pendiente de aclarar. De todas formas, el apoyo norteamericano al Reino Unido en el conflicto de la Guerra de las Malvinas provocó que Argentina retirara a sus agentes de la región, lo que obligó a un involucramiento más directo de Estados Unidos en la actividad que abandonaron los argentinos.

Los diversos atentados contra Radio Noticias del Continente no fueron los únicos que se presentaron en 1981. Por el contrario, la situación se tornó mucho más grave. El 17 de marzo de 1981, estalló una bomba contra un microbús que transportaba a tres infantes de marina de los Estados Unidos. Esto ocurrió en horas de la mañana detrás de la Iglesia de Fátima, en el barrio Los Yoses de Montes de Oca. Poco después, otra bomba estalló en las afueras de la Embajada de Honduras, localizada en un edificio en el centro de la capital, ocasionando daños materiales y heridas leves a dos mujeres que trabajaban en una cercana oficina de bienes raíces. En horas de la noche, alguien disparó contra la casa del embajador de Venezuela. Pronto, un grupo se atribuyó la autoría de los atentados. Este se denominó “Comando Carlos Agüero Echeverría” en referencia a un costarricense nativo de la ciudad de Cartago y de padre nicaragüense, quien había fallecido unos años atrás luchando en las montañas del norte de Nicaragua contra la Guardia Nacional somocista.

La policía costarricense no pudo hallar de inmediato a los responsables, aunque, casi dos meses después, fueron capturados los integrantes de la organización Guerra Popular Prolongada, a la cual se inscribía dicho Comando y, posteriormente, allanada una casa de seguridad en Paso Ancho.⁸¹ Aunque la prensa divulgó información de que muchas personas, costarricenses y extranjeras, resultaron arrestadas en el proceso de investigación, incluyendo un allanamiento al local de la coalición electoral de izquierda Pueblo Unido, hubo un evidente énfasis en reprochar los atentados a actores foráneos.⁸² En efecto, pronto el ministro de Seguridad sugirió que los autores estaban motivados por “consignas extranjeras” además de que “desconocen la idiosincrasia costarricense”.⁸³

Días después, la prensa informó sobre el arresto de una pareja de extranjeros asegurando que estaban involucrados en los eventos terroristas. Más aun, en la misma publicación se admitió el aumento de redadas contra extranjeros y la expulsión de algunos de ellos.⁸⁴ La sospecha contra algunos refugiados se materializó en diversos allanamientos donde se decomisó propaganda favorable a grupos guerrilleros centroamericanos, además de dinero y material fotográfico. Es llamativo que las autoridades mencionaran la presencia de montoneros. No obstante, no se localizaron armas ni pruebas que los vincularan con los atentados.⁸⁵

Esta intensa actividad evidenció un vacío en los registros y también algunas limitaciones en el trabajo realizado por los oficiales de la Agencia de Seguridad Nacional. En efecto, quedó patente un notable desconocimiento sobre el grupo terrorista. “Llegará el momento en que alguna persona hable de estos hechos o señale alguna pista importante al respecto”, justificaba el subdirector Chaverri Samudio.⁸⁶ Meses después, los máximos dirigentes del Partido Vanguardia Popular y del Movimiento Costa Rica Libre se acusaron recíprocamente de la responsabilidad de tales atentados.⁸⁷ De todas formas, un evento posterior delataría a los autores.

El atentado del denominado grupo La Familia sirvió para consolidar un discurso sobre la influencia extranjera en la violencia política. El director general del Organismo de Investigación Judicial, Lic. Eduardo Aguilar Bloise, atribuyó esta serie de enfrentamientos armados con la policía y atentados terroristas “al éxodo de suramericanos extremistas que desde hace varios años ingresaron a Costa Rica”. A la vez, llamó a la conciencia de los ciudadanos para que de ahora en adelante se conviertan en policías “para salvaguardar la paz y tranquilidad que disfrutamos tradicionalmente los costarricenses”.

Desde el OIJ se señaló que el grupo guerrillero tenía una “conexión muy estrecha con grupos subversivos centroamericanos”. Así, se le vinculó con los “Cinchoneros” de Honduras, un grupo denominado “Che Guevara” de Guatemala y con el FMLN de El Salvador. En esta ocasión no se mencionó al FSLN ni a Nicaragua.⁸⁸ Mientras tanto, desde el periódico La República se intentaba identificar las causas de la violencia cada vez más evidente:

Nuestro gobierno abrió las puertas de este país a las escuelas guerrilleras con el propósito de colaborar, también de esa manera, al derrocamiento de los Somoza. Ahora estamos pagando en carne propia las consecuencias de tamaña imprudencia.⁸⁹

El discurso anticomunista aprovechaba los actos de violencia para generar tensión en la población. Así, se pretendía involucrar al régimen cubano en la infiltración de movimientos sociales para generar más violencia además de que la actuación de los grupos extremistas se expresaba como la culminación de un proyecto perverso conocido desde hacía tiempo. Este ejercicio era de vieja data, pero el componente novedoso era la relación castrista con el gobierno sandinista. De esta forma, utilizando un viejo recurso se facilitaba el descrédito del movimiento nicaragüense y este perdía la imagen favorable que, efectivamente, había alcanzado entre la población costarricense dos años atrás.

No en vano, el periódico La República denunciaba, pocos días después de la captura de Viviana Gallardo, integrante del grupo La Familia, que Nicaragua se había convertido en un campo militar de Cuba.⁹⁰ El estado de tensión claramente aumentaba ante las expresiones de actores aparentemente neutrales como el director del OIJ, Aguilar Bloise: “Si no tienen que salir de noche a la calle es mejor quedarse en casa”.⁹¹ El miedo al terrorista oculto se ligaba con la mano oculta que lo sostenía. Y, para identificarla, el anticomunismo lograba que la opinión pública girara la vista hacia el norte.⁹²

La tensión continuó como consecuencia de la comisión de nuevos actos de violencia. El 9 de noviembre de 1982, y cuando el gobierno de Luis Alberto Monge tenía apenas seis meses de iniciado, se presentó otro intento de secuestro. Como consecuencia, y respondiendo a una acumulación de eventos, el gobierno debió tomar cartas en el asunto de forma más directa. Ese intento fue, entonces, un detonante. Esta vez se trató de la agresión contra el ciudadano japonés Tayosukus Kosuga, presidente en Costa Rica de la empresa japonesa Matsushita.⁹³ Al día siguiente, Ángel Edmundo Solano, ministro de Seguridad Pública, afirmó que el secuestro tenía como finalidad obtener dinero para comprar armas para la guerrilla salvadoreña.⁹⁴ Desde el gobierno se afirmó con celeridad que ese era “un acto terrorista cometido por extranjeros”.

La investigación consiguiente atribuyó la autoría al grupo denominado Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, por lo cual se detuvo a tres de sus miembros. La indagación inicial fue desarrollada por la DIS, por lo cual realizó el primer interrogatorio a los detenidos (incluida una mujer). Luego la continuó el OIJ de cara a la investigación policial ordinaria para procesar judicialmente a los involucrados.⁹⁵ El caso de Kosuga evidenció la fragilidad de la situación costarricense dado que la violencia centroamericana también comenzaba a manifestarse con fuerza en el país. Con ello, se robustecía la tesis que conducía a desconfiar de ciertas personas extranjeras y a extremar los controles en la migración.

De hecho, el gobierno dispuso que el Ministerio de Gobernación llevara un registro de todos los extranjeros que vivían en el país mientras que la DIS realizó una investigación sobre los pensionados rentistas centroamericanos residentes en el país y aumentó las redadas donde abundaron nicaragüenses y salvadoreños detenidos.⁹⁶ Por ejemplo, tan solo en las efectuadas por dicho organismo el 3 de julio de 1983, fueron detenidos ochenta y cuatro extranjeros indocumentados, de los cuales cuarenta y ocho eran nicaragüenses, veintiocho salvadoreños, dos peruanos, un guatemalteco, un hondureño, dos puertorriqueños, un panameño y un español.⁹⁷

Esa situación de violencia se manifestó en los diversos intentos de secuestro, tales como los de Palomo, Valdez o Kosuga, o el menos conocido del joven Yazdani, además de atentados como los realizados contra Radio Noticias del Continente, los marines norteamericanos, la embajada de Honduras o los eventos ligados al grupo La Familia. También recrudeció con actos de mayor intensidad tales como la colocación de explosivos o la realización de atentados contra la vida de algunas personas. La violencia política contemporánea en Costa Rica, expresada fundamentalmente en la colocación de bombas en lugares públicos, provenía de la década de 1940 y recién llevaba una década de haberse apaciguado (Ugalde, 2017). La prensa cubrió con amplitud los actos de violencia en este período. No obstante, los eventos de los primeros años de la década de mil novecientos ochenta tenían una connotación distinta.

Un antecedente que lo ilustra fue el secuestro del señor Patrocinio Arrieta por parte de un grupo de costarricenses, denominado como Comando Revolucionario Centroamericano. Su liberación se efectuó a inicios de marzo de 1971.⁹⁸ Este hecho, junto a la constante propaganda anticomunista, posiblemente fue recordado por un sector de la población al contrastarlo con lo acontecido con otros similares como el de Kosuga o Palomo. En el marco del conflicto centroamericano y la fuerte migración, el temor de una radicalización de esas manifestaciones de violencia, tomando en cuenta el imaginario nacionalista que contrapone cierto ideal del “ser costarricense” frente a la estigmatización del resto de centroamericanos, acentuaban la eventual violencia al atribuírsele un origen distinto. Esto explica la respuesta puntual de las autoridades nacionales.

La explosión de una bomba en un parqueo de San José, en junio de 1983, generó una reacción definitiva que marcó una hoja de ruta para el Gobierno. En un comunicado del Consejo de Seguridad Nacional, se esbozó la estrategia a seguir en materia de migración, pero también en la persecución de las actividades guerrilleras. Con esto, se sentaron las bases de la proclamación de “Neutralidad Perpetua, Activa y No armada” que haría el gobierno de Luis Alberto Monge en los meses siguientes.⁹⁹ Dicho comunicado es una clara definición de la política de seguridad nacional del gobierno de Monge, además de consolidar la percepción del otro extranjero como factor de amenaza:

Ante el grave acto de terrorismo que conmovió a la ciudadanía costarricense en el día de ayer, el Consejo de Seguridad Nacional informó al país que el Ministerio de Relaciones Exteriores pondrá los hechos en conocimiento de la Comunidad Internacional y, especialmente, de las naciones de nuestro continente, para enterarlas del abuso incalificable que fuerzas extrañas a nuestra nacionalidad, están cometiendo en contra de la tranquilidad de los costarricenses y en contra de nuestras instituciones democráticas.

Esas fuerzas de diferentes signos ideológicos quieren convertir a nuestro país en escenario de sus actividades de espionaje y contraespionaje, y de sus salvajes actos de terror y contraterror [SIC], violando los más elementales principios de respeto y consideración a un país que como el nuestro, sólo desea vivir civilizadamente en medio de la paz, la justicia y la libertad.

No permitiremos que se atente contra la sociedad costarricense en la forma brutal en que lo han hecho los grupos terroristas, que, abusando de nuestra hospitalidad, tratan de resolver en suelo costarricense, a sangre y fuego, sus controversias ideológicas y políticas.

En relación con lo anterior afirmamos una vez más nuestra disposición de frenar con toda energía los abusos que algunos ciudadanos extranjeros están cometiendo abierta o embozadamente en contra de nuestras leyes e instituciones. Sin contemplación alguna pueden ser expulsados del país y devueltos al sitio en donde adquirieron la visa para entrar a Costa Rica, en caso de probárseles esa conducta inaceptable para el Gobierno de la República.

En acatamiento de lo dispuesto por el Consejo de Gobierno en pleno, en la sesión del 27 de abril, aplicaremos las severas medidas indicadas a quienes publiquen, en forma franca o encubierta, partes de guerra, boletines sobre acciones bélicas o proclamas incitando a participar en ellas, lo mismo que a quienes hagan en suelo costarricense preparativos militares contra otras naciones u organicen actos contrarrevolucionarios de cualquier clase.

La Agencia de Seguridad Nacional, con sus cuadros renovados y debidamente entrenados, se encuentra lista tanto en cuanto a sus servicios de inteligencia, como en cuanto a su capacidad de reacción antiterrorista, para proteger los intereses nacionales. En esta tarea está debidamente coordinada con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como se ha demostrado claramente en el día de ayer.

El Consejo de Seguridad Nacional respalda y auspicia las medidas migratorias de carácter selectivo que viene implantando el Ministerio de Gobernación y Policía, para evitar que ingresen al país delincuentes internacionales, traficantes de drogas, o terroristas de cualquier tendencia política que son agentes del fraude, la violencia y el terror.

Sin perjuicio de dictar disposiciones especiales para el fomento del turismo sano, y para atraer inversionistas honrados que luchen a nuestro lado por el desarrollo nacional, se extremarán las medidas para controlar el ingreso de personas indeseables y para poner a derecho a cerca de doscientos cincuenta mil extranjeros, muchos de los cuales están totalmente indocumentados. Tanto para su beneficio como para la seguridad del país, deberán acatar estrictamente las normas que se pondrán pronto en ejecución con los fines indicados.

Hacemos un llamamiento ferviente a todos nuestros compatriotas, a los medios de comunicación colectiva, a los extranjeros de buena fe que conviven con nosotros, a los partidos políticos que son bastiones de nuestra democracia y en fin, a todas las organizaciones cívicas del país, para que se unan al Gobierno en esta lucha sin cuartel en defensa de las tradiciones más preciadas de nuestra Patria.¹⁰⁰

Este comunicado era la expresión de una percepción más extendida. En efecto, diversos sectores políticos pugnaron contra una forma de violencia representada como ajena y extraña a la realidad del país. En este marco, la Asamblea Legislativa también sirvió como caja de resonancia para esa representación. Así, cuando una granada explotó cerca del consulado de los Estados Unidos, el 17 de abril de 1986, los diputados fueron categóricos al señalar que “ese tipo de terrorismo no es de costarricenses, sino de fuerzas internacionales hospedadas aquí”.¹⁰¹

Todos los eventos descritos atrás fueron atribuidos por la DIS al gobierno sandinista. En un informe del subdirector de la institución, dirigido al ministro de Seguridad Pública, documento que no tenía como objetivo su publicidad, sino resolver algunos asuntos de mala gestión en la relación con otros cuerpos policiales, se afirmó que los actos ocurridos hasta 1984 (fecha del oficio) habían sido realizados por comandos procedentes de Nicaragua. Incluso, en el caso de un comando de “internacionalistas”, constituido por individuos de diversa nacionalidad, que había ingresado por Paso Canoas (frontera con Panamá), el vehículo donde transportaban sus armas, en San José, había ingresado desde Nicaragua.¹⁰² En definitiva, el conflicto en el vecino país del norte pasó a representar, paulatinamente, el principal problema de seguridad nacional de Costa Rica. Consecuentemente, la presencia en su territorio de los diversos actores en la guerra de la Contra determinó la actuación de los organismos de seguridad nacional.

Costa Rica y la guerrilla contrarrevolucionaria nicaragüense

Año 1980. La campaña anticomunista era notable. Desde titulares atemorizantes en las portadas de los principales diarios del país hasta manifiestos suscritos por desconocidos ciudadanos o por las cámaras patronales, tomaba vigor el ambiente de marcado anticomunismo que se reinventaba gracias a la presencia de un peligro materializado al otro lado de la frontera. En este marco, movimientos laborales como el generado en la Standard Fruit Company fueron presentados como un ejemplo de intento de subversión comunista. Además, el contexto internacional favorecía la denuncia contra el comunismo.

La salida de miles de cubanos de su país, muchos de los cuales pasaron por Costa Rica, la violencia en El Salvador, la invasión soviética a Afganistán, fueron eventos que contribuyeron a fortalecer el clima de tensión. Mientras tanto, y conforme a los registros de la DIS, la actividad de los grupos antisandinistas en Costa Rica iba más allá de las actividades políticas relacionadas con captación de fondos, refugio de disidentes, influencia en la opinión pública o denuncias contra el gobierno de Nicaragua. Un aspecto significativo fue la presencia de grupos armados, fundamentalmente en la zona norte del país, que desarrollaban actividades de reclutamiento y de entrenamiento, además que utilizaban el territorio costarricense como base de operaciones para la actividad bélica hacia Nicaragua. Así, la guerrilla antisandinista también repitió ciertas prácticas de la guerrilla antisomocista, tales como aprovechar las redes de tráfico de armas existentes en Costa Rica como una de las diversas fuentes de abastecimiento.

La Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE)

Con la caída del dictador Anastasio Somoza asumió el poder la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, presidida por Violeta Barrios, viuda del periodista Pedro Joaquín Chamorro, y compuesta por la diversidad de sectores que intervinieron en la sublevación. Durante los primeros dieciocho meses se generó un proceso de transición que condujo al control pleno del poder por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En este lapso, y ante una diversidad de errores en la naciente gestión gubernamental, principalmente en las políticas agrarias y en los acuerdos con los sectores empresariales, se generaron brotes de descontento. Esto se debe adicionar al lento proceso de reorganización impulsado por miembros del antiguo gobierno. Esta dinámica fue pronto percibida como el tránsito hacia la guerra. El conflicto bélico se manifestó con mayor claridad, a partir de 1981, y con el paso de los años se intensificaron sus manifestaciones de violencia. Precisamente, una lectura de la guerra, realizada precisamente en el contexto en que esta se desarrollaba, identificó su fase de recrudecimiento:

Las bandas no tienen todavía coordinación con los grupos somocistas que se están organizando bajo la dirección de la CIA, en Honduras. El MINT logra desarticularlas con la creación de las LCBS, aunque no se vislumbran aún planes de atención integral para las zonas afectadas por estos grupos armados. Ya en desbandada, la CIA logra controlarlos y usarlos para sus planes estratégicos. No hay "guerra" aún y la defensa de las fronteras no es todavía un aspecto prioritario en la marcha de la revolución. La creación del nuevo ejército permanente, junto a la formación de las TGF y las MPS como elementos disuasivos capaces de enfrentar una eventual invasión de Estados Unidos y el mandamiento del delicado equilibrio de la política de unidad nacional - a pesar de las tensiones que ésta genera en las relaciones con el campesinado -son algunos de los mayores retos del proceso revolucionario desde su comienzo. Ya desde esta primera fase, los nicaragüenses hablan de la “contrarrevolución” identificándola con el pasado somocista.¹⁰³

¿Qué generó ese cambio en los eventos? El advenimiento de Ronald Reagan a la presidencia del gobierno de los Estados Unidos, en enero de 1981. Esta situación condujo a una intensificación de la violencia en el escenario centroamericano; y, con esto, la Guerra Fría se introdujo con mayor crudeza. Así, tanto la lucha antisubversiva en el norte de la región como el financiamiento a los grupos rebeldes en Nicaragua tuvo un respaldo decidido, más bien agresivo, desde la Casa Blanca. Esto implicó una reorganización de los esfuerzos dispersos de las bandas antisandinistas. Así, en setiembre de 1981, en la capital guatemalteca, se fusionaron varias de ellas. Esto se logró gracias a la tutela de los Estados Unidos, y se constituyó bajo la denominación de Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), que desarrolló su actividad bélica desde territorio hondureño. Estos grupos fueron: la Legión 15 de septiembre (integrada por somocistas), Alianza Democrática Revolucionaria Nicaragüense (ADREN), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el denominado como Unión Democrática Nicaragüense y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Nicaragua (UDN-FARN).¹⁰⁴

Con el avance de la guerra, la FDN se consolidó como el grupo dominante en el escenario antisandinista, fundamentalmente por depender del financiamiento norteamericano y estar subordinado a las políticas del gobierno de Ronald Reagan. La guerra asumió un carácter más intenso con el avance de la década:

Como resultado del apoyo directo y publico del gobierno de los Estados Unidos a los “contras” ha venido en aumento el número de combates con las tropas Sandinistas: en 1981 hubo 15 combates; en 1982, 78 combates; en 1983 un total de 600; en 1984 se elevó el numero a 948; y en los primeros seis meses de 1985 tuvieron lugar 710 combates (Guerra-Borges, 1986).

Al contar en sus filas con antiguos miembros de la Guardia Nacional, se les endilgó el vocablo “Contrarrevolucionario”. Así, el calificativo “Contra” será el que lo identificará en la historia.¹⁰⁵

No obstante, otros actores mantuvieron su distancia y actuaron desde Costa Rica. Así, forjaron un acuerdo que condujo a la creación de la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE), el 24 de setiembre de 1982, posiblemente en Costa Rica. Los grupos que lo suscribieron fueron una representación de los indígenas misquitos, sumus y ramas (MISURASATA), la Unión Democrática Nicaragüense-Fuerzas Armadas Revolucionarias Sandino (UDN-FARS),¹⁰⁶ Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN) y el Frente Revolucionario Sandino (FRS). Los líderes respectivos que suscribieron dicho acuerdo fueron Brooklin Rivera, Fernando “El Negro” Chamorro, Alfonso Robelo, empresario y exmiembro de la primera Junta de Gobierno tras la caída de Somoza, y Edén Pastora, antiguo comandante sandinista.¹⁰⁷

Su actividad bélica la desarrolló en el sur y pacífico de Nicaragua, utilizando el territorio costarricense como base de operaciones. Precisamente para el objetivo de este artículo, es este el grupo en el cual nos enfocaremos. La organización ARDE era liderada, en el plano militar, por el comandante Edén Pastora Gómez y, en el político, por Alfonso Robelo. Que Pastora utilizara Costa Rica como centro de operaciones encuentra su explicación en las facilidades que el país le otorgaba. El líder guerrillero había vivido muchos años ahí, incluso su esposa era costarricense, y contaba con amigos entre los sectores empresariales y políticos.

En la lucha contra Somoza, generó una imagen de héroe revolucionario gracias a su participación, en 1978, en la toma del Palacio Nacional. Las fotos que lo presentaban con el rostro descubierto, tras el éxito de este evento, contribuyeron a considerarlo como el gran líder, no solo del ataque al Palacio, sino también de la rebelión en general. En Costa Rica así fue percibido, circulando obras que favorecieron su imagen heroica. Un ejemplo es el libro “Dos, Uno, Cero Comandante” del periodista Manuel Eugarrios, editada en Costa Rica el mismo año de 1978. La circulación fue tan intensa que, ya para enero de 1979, se imprimió una tercera edición. Esta percepción sobre Pastora estuvo muy presente en el imaginario costarricense de la época, posiblemente alentado por la gran cantidad de amigos con que contaba en el país donde, por lo demás, se desenvolvía con notable facilidad (Araya, 2014). Al enfrentarse a sus antiguos aliados sandinistas recibiría, nuevamente, a partir de mayo de 1983, un fuerte apoyo interno para enfrentarlos militarmente (Saborío, 2015; Miranda, s. f.; Bereedy, 1989).

No obstante, los líderes de la ARDE vivieron un proceso difícil en Costa Rica. Las disputas internas fueron constantes y amenazaron con la ruptura y el abandono de la lucha armada, incluso a tan solo seis meses de iniciada.¹⁰⁸ Pero también sus dirigentes fueron vigilados por las autoridades costarricenses y la actividad del grupo fue controlada al máximo por ellas. La escalada del conflicto en Nicaragua y la intensificación de la presencia guerrillera en el norte del territorio costarricense obligó al gobierno a aumentar el rastreo de personas y armas, algunas veces bajo la forma de operativos de gran escala. Consecuentemente, la identificación de campamentos guerrilleros y el descubrimiento de buzones de armas se tornó constante.¹⁰⁹ A la vez, la dirigencia de ARDE sufrió la persecución de sus enemigos, primero desde Managua y, más adelante, desde Washington.

Con el recrudecimiento de la guerra civil nicaragüense, también el terrorismo se visibilizó. Así, la capital costarricense dejó de ser un santuario de seguridad para estos dirigentes guerrilleros, al tornarse incuestionable el interés de atentar contra sus vidas. Ellos no ignoraban los riesgos dado que mantenían un equipo de seguridad que los custodiaba, más aun teniendo el antecedente de un líder guerrillero que sufrió el lanzamiento de una bomba contra su vivienda, en San José, en 1982. Y un nuevo evento sirvió para confirmar la situación de riesgo.

Un agente de la denominada Dirección Quinta de la Dirección de Seguridad del Estado nicaragüense espiaba, en San José, a Edén Pastora.¹¹⁰ En junio de 1983, en un parqueo público de San José, estalló una granada de fragmentación, posiblemente una M-67 soviética o una Claymore de tipo militar. La portaba ese agente, quien supuestamente la recibió justo al ingresar al lugar en donde había dejado guardado su automóvil. Para las autoridades costarricenses no fue difícil identificar la fuente del atentado. En efecto, el agente era Rodrigo Cuadra Clachar, ciudadano nicaragüense pero nacido en la ciudad costarricense de Liberia, quien había ocupado un alto cargo en el gobierno sandinista. Más aun, su acompañante portaba documentos del Ministerio del Interior de Nicaragua.¹¹¹

Sobre la explosión, se concluyó que había sido accidental, resultado de la mala manipulación del artefacto. De hecho, el objetivo aparente se localizaba a pocos kilómetros, al suroeste de la capital, en el local donde se realizaría una reunión secreta de la alta dirigencia del ARDE.¹¹² Como consecuencia de este atentado, los dueños de los parqueos públicos prohibieron el ingreso de automóviles con placas nicaragüenses, además de comenzar a exigir a los conductores los documentos de identidad y, además, realizar una rigurosa revisión del vehículo de previo a ser guardado por el conductor.¹¹³ De mayor relevancia, ese evento impulsó el establecimiento de los lineamientos de una política de seguridad para el país por parte del Consejo de Seguridad Nacional.¹¹⁴

Sin embargo, ese no sería el último intento por acabar con los dirigentes antisandinistas. Al año siguiente, uno de ellos hizo a un lado las medidas de custodia establecidas para su protección. Esta vulnerabilidad a su seguridad tuvo graves consecuencias. El 4 de noviembre de 1984, el empresario Alfonso Robelo Callejas, líder político de la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE), viajaba sin guardaespaldas porque les había otorgado el día libre. Mientras, se dirigía, junto a su novia, hacia su casa en Barrio Rohrmoser (al oeste de San José), una granada de fragmentación fue lanzada contra el vehículo que conducía. Si bien el dirigente solo sufrió lesiones leves, su compañera debió ser hospitalizada.¹¹⁵ Eventos menores a este ya venían generando tensión en el país.

La presencia de hombres armados custodiando líderes guerrilleros fue algo que no pasó desapercibido para la población. Desde que rompió con la dirigencia sandinista, Edén Pastora permanecía rutinariamente en Costa Rica, donde contaba con varias casas de seguridad, una de ellas también en el barrio Rohrmoser. El protocolo de seguridad que cumplían sus guardaespaldas era riguroso, pero también muy vistoso: al menos tres vehículos (placas costarricenses y panameñas), cada uno con tres hombres fuertemente armados con rifles AK47, quienes debían seguir las pautas de protección acostumbradas. Y, por más que se disimulara su actividad, siempre se denotaba algún nivel de agresividad.

El 20 de setiembre de 1982, cuando Edén Pastora se desplazaba a su casa de Rohrmoser para reunirse con unos desertores del Ejército Sandinista, la actuación de los custodios generó preocupación entre los vecinos. Estos no tardaron en alertar al Organismo de Investigación Judicial y al cuerpo de Radiopatrullas.¹¹⁶ Aunque la situación no pasó a más, las autoridades ya habían identificado el problema que representaba la permanencia de estas personas y el contexto especial dentro del cual se encontraban. Pastora había sido expulsado del país el 22 de mayo de ese año debido a sus actividades contra el gobierno nicaragüense.¹¹⁷ No obstante, pudo regresar el 11 de setiembre.¹¹⁸ De hecho, y en el marco de este retorno, un alto funcionario del gobierno costarricense había asegurado que sería la Guardia Civil, y no los custodios privados, quienes brindarían protección a Pastora.¹¹⁹ En realidad, lo único que se dispuso fue que la Dirección de Inteligencia y Seguridad realizara

una protección a discreción, la cual consiste en vigilar los alrededores de la casa donde se encuentra reunido, al igual que el seguimiento del vehículo que lo transporte para protegerlo de un posible atentado que pudiera dañar la imagen de Costa Rica.¹²⁰

Al ser tan visibles sus dispositivos de protección, también se tornó evidente el riesgo que representaba la dirigencia de ARDE para la seguridad nacional y, en concreto, para la tranquilidad de las personas que residían en los lugares cercanos a las oficinas de esa organización. El contexto de violencia y tensión se trasladó contra muchos de los habitantes, máxime cuando la proximidad con actores relevantes en la guerra de Nicaragua podía representar algún riesgo a la seguridad de la comunidad inmediata. Por eso, los vecinos asumieron un rol activo como informantes de la policía, avisando sobre eventos que rompían con la cotidianidad, ya fuera movimiento de hombres armados, vehículos sospechosos o individuos con binoculares o realizando dibujos de distintos lugares.¹²¹

Estos riesgos motivaron al ministro de Seguridad Pública, en noviembre de 1983, a girar instrucciones para lograr el traslado de las oficinas del grupo guerrillero.¹²² Una reacción similar se presentó como consecuencia del atentado contra Alfonso Robelo. En esta ocasión, también fueron los vecinos quienes solicitaron que este trasladara su residencia, tomando en cuenta el agravante de que los riesgos para la seguridad del barrio ya se habían materializado con ese evento.¹²³

La eventualidad de un atentado contra las casas de seguridad o contra los miembros de ARDE formaron parte de las consideraciones para vigilar a la agrupación. De hecho, su actividad armada comprometía la imagen de neutralidad que el presidente defendía, por lo cual la DIS ejerció una mayor vigilancia sobre sus actividades en el país. Esta permitió descubrir en el cantón de San Carlos (norte de Costa Rica), en abril de 1984, varios inmuebles que servían como red de comunicaciones de ARDE; uno de ellos, incluso, en una propiedad del ciudadano norteamericano John Hull. El decomiso correspondiente confirmó, una vez más, los riesgos que conllevaba la presencia de ese grupo en Costa Rica. Dentro de los bienes incautados había mapas, planos, dos armas y equipos de comunicación radial. Asimismo, las torres de comunicación fueron desmanteladas.¹²⁴ En esa ocasión, también se allanó una casa de seguridad en Escazú, dejando como resultado el decomiso de armamento donde se encontraban dos lanzagranadas M-79 y una ametralladora M-60.¹²⁵

El caso más dramático se presentó con el atentado que sufrió el comandante Edén Pastora en un lugar del sur de Nicaragua, en las márgenes del río San Juan. Este es conocido como La Penca. Aunque las interpretaciones sobre la autoría intelectual son diversas, y atribuyen la responsabilidad a actores que van desde la CIA hasta el comandante sandinista Tomás Borge, lo cierto es que este atentado de La Penca condujo al debilitamiento definitivo de la alianza. La documentación que la DIS reconoció disponer aparentemente no aportaba nada de relevancia, versión que denunció uno de los periodistas que mayor seguimiento dio al asunto.¹²⁶

Mientras Edén Pastora y su gente más leal se retiraron de la lucha armada, otros grupos se sometieron a las presiones norteamericanas y se adhirieron al FDN bajo la forma de Bloque Opositor del Sur (BOS). Al igual que aconteció a inicios del gobierno de Monge, un sector de altos funcionarios continuó con la política de limitar la acción de los dirigentes guerrilleros, tratando así de impedir el uso del territorio nacional para desarrollar actividades bélicas contra Nicaragua. Por ejemplo, Adolfo Chamorro, líder antisandinista del BOS, fue detenido por agentes de la DIS, en el Aeropuerto Juan Santamaría y devuelto a Miami, su lugar de procedencia.¹²⁷ Como consecuencia, las alarmas generadas por la presencia de líderes guerrilleros disminuyeron sustancialmente al igual que la presencia de atentados. De hecho, el último evento de esta naturaleza fue el acaecido el 17 de abril de 1986. En esta ocasión, en apariencia, no era un líder guerrillero el objetivo del acto sino el consulado de Estados Unidos. Es posible que los autores lanzaran una granada de fragmentación desde un automóvil en tránsito y debieran proceder con premura, tal como lo sugiere el hecho de que el objeto cayera debajo de un autobús y no directamente frente al cercano edificio del consulado. Varias personas resultaron heridas, y la de mayor gravedad perdió un ojo.¹²⁸

Al haberse materializado, estos eventos trascendieron públicamente a través de la prensa; sin embargo, el planeamiento y desactivación de otros no fue conocido. Precisamente, los organismos de inteligencia actuaban utilizando diversos procedimientos para la obtención de información, tratando de prevenir cualquier actividad irregular. Además de los grupos extranjeros mencionados más atrás, también fueron vigiladas las representaciones diplomáticas de los países socialistas y funcionarios internacionales sospechosos de colaborar con los grupos afines a la órbita soviética.

Los controles a las embajadas de los países comunistas fueron intensos. La DIS desarrolló un trabajo metódico en esta labor, generando seguimientos a los diplomáticos de esos países y llevando un control estricto de vehículos, lugares de residencia y contacto con personas, además de apartados y teléfonos.¹²⁹ Al respecto, no fue posible determinar si lo realizado se limitó a corroborar el uso de buzones y verificar entradas y salidas desde algunos números de teléfonos o, por el contrario, se amplió hacia la violación de correspondencia y la intervención de conversaciones. En esta guerra subterránea se tornaba fundamental identificar las redes que los agentes extranjeros pretendían montar utilizando una fachada diplomática.

Ejemplo de lo anterior fue el seguimiento al jefe de prensa de la Embajada de Nicaragua. En una ocasión, el supuesto contacto que este entablaría no llegó, según reportaron los agentes que lo seguían, aunque la situación descrita podría obedecer a una maniobra del observado para identificar posibles seguimientos que afectaran contactos futuros.¹³⁰ En estos juegos de inteligencia no caben las dudas; por un asunto de seguridad, su sola existencia da origen a una certeza. En la Embajada nicaragüense lo sabían muy bien, máxime que sus diplomáticos se desenvolvían en terreno hostil, donde la guerrilla actuaba con ciertas facilidades. Además, el territorio costarricense podía servir como base para una eventual agresión armada por parte de los Estados Unidos. El seguimiento de la DIS era, tan solo, uno de los múltiples brazos que acecharon a los funcionarios nicaragüenses. De hecho, estos comprobaron la existencia de otros con mayor músculo cuando identificaron un micrófono oculto, de tecnología muy avanzada, en el escritorio de la embajadora nicaragüense en Costa Rica (Jiménez, 2008). No obstante, en diversas ocasiones, los funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Seguridad coordinaron con los organismos de inteligencia nicaragüenses para alcanzar objetivos comunes, aunque siempre en un ambiente de desconfianza mutua. Un ejemplo de esto fue el trabajo de seguridad realizado con motivo de la presencia de Daniel Ortega, en Costa Rica, en enero de 1988, en el marco de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz para Centroamérica (Jiménez, 2008).

Ya en el marco del recrudecimiento del conflicto nicaragüense, la presencia de extranjeros en Costa Rica dio paso a su vigilancia más intensa. Las fuentes reflejan cómo la revisión de documentos fue constante para verificar la identidad de las personas y las causas de su presencia en el país. Por lo demás, la violencia armada en algunos países vecinos favoreció el uso del territorio costarricense como base de apoyo para la actividad de grupos extranjeros, ya fuera para obtener armamento, reclutar guerrilleros o establecer redes de inteligencia para obtener información y realizar operativos. Por eso, además del seguimiento a grupos sudamericanos sospechosos, también se vigilaba a miembros de organismos internacionales, tales como el CSUCA y ACNUR, así como empresas transnacionales (NAMUCAR) y fundaciones (Friedrich Ebert).¹³¹

La pertenencia al Frente Sandinista de Liberación Nacional o a alguno de los grupos guerrilleros fue un aspecto sobre el cual los agentes realizaron un escrutinio agudo a partir del cual obtener conclusiones y actuar. La presencia de muchos extranjeros generó una alerta mayor entre las autoridades, por lo cual se tomaron disposiciones para ejercer un control más intenso sobre los migrantes. Como consecuencia de la violencia política y el desarrollo de grupos guerrilleros, este se enfocó en salvadoreños y nicaragüenses.¹³² Una vez identificado algún sospechoso o alguien en condición de ilegalidad, se procedía según las características y condiciones del individuo. Así, este podía ser liberado o trasladado a la Dirección de Migración para su eventual expulsión.

En el ámbito de la seguridad nacional, los resultados de la investigación eran registrados por la DIS y, en caso de permanencia de la persona en Costa Rica, esta oficina realizaba seguimientos.¹³³ Precisamente, un asunto de interés fue identificar los mecanismos de reclutamiento de guerrilleros, sus reclutadores, y los lugares donde aquellos se entrenaban dentro del territorio costarricense.¹³⁴ Al respecto, el activismo militar del grupo de Edén Pastora pronto fue percibido por las fuerzas de seguridad costarricenses. Algunos informes señalaron que reclutaba guerrilleros en territorio del país y que su campamento se encontraba en Barra de Colorado.¹³⁵

Un informe de la DIS describe con crudeza las condiciones que enfrentaban los noveles guerrilleros, tomando en cuenta el sistema de enganche. Este indicaba que se habían detectado a personas que incorporaban jóvenes para la guerrilla antisandinista y que lo hacían a través de “mística, dinero, licor y drogas”. El documento señalaba estos dos últimos métodos como

el mayor problema pues los jóvenes al firmar la hoja de reclutamiento en estas condiciones y ser trasladados inmediatamente a los campamentos, causan preocupación en sus familias quienes han llegado a redactar una carta en la cual expresan su protesta denunciando a los encargados del reclutamiento.¹³⁶

En efecto, desde Costa Rica se realizó una intensa actividad de incorporación de personas a los movimientos armados. Esto sucedía generalmente cuando había problemas en Nicaragua, además de que Costa Rica era una histórica base logística para cualquier movimiento armado hacia su vecino del norte.¹³⁷ La organización activa de los grupos guerrilleros representaba un problema para la seguridad del país al ser grupos irregulares y participar en el tráfico ilegal de armas. Por lo demás, el ligamen con muchas otras prácticas delictivas era también un riesgo que la experiencia de anteriores eventos lo había comprobado. Así, las autoridades costarricenses perseguían a los reclutadores desarrollando procesos de investigación para identificar sus procedimientos, localizarlos y arrestarlos.¹³⁸

La información disponible, tal como lo señalamos atrás, permite identificar técnicas de incorporación. A veces se utilizaba un grupo como fachada, aprovechando la necesidad de integración de los migrantes. Algunos grupos que sirvieron para tal propósito fueron el Movimiento Democrático Nicaragüense y, en particular, la Alianza de Trabajadores Nicaragüenses.¹³⁹ Al respecto, queda pendiente de investigación la actividad de los organismos de Inteligencia nicaragüenses en Costa Rica, en la década de 1980, para contrarrestar el trabajo de los grupos opositores y restarles así eficacia en su actividad subversiva.

La frontera norte: zona de guerra

El inicio de la guerra condujo a una mayor vigilancia de la zona fronteriza en el norte. Ya para finales del año 1980 hubo denuncias sobre la presencia de campamentos guerrilleros, por lo cual se desplegaron fuerzas de la Guardia Civil. Esta descubrió algunos sitios abandonados en las márgenes de los ríos Sarapiquí y San Carlos.¹⁴⁰ En los meses siguientes la actividad armada en Nicaragua fue ocasional, aunque creciente. Para 1982 los enfrentamientos se tornaron más intensos, lo cual fue detectado por la policía costarricense. Como consecuencia de esto, agentes de la DIS fueron asignados en la zona norte. Estos, junto con dos patrullas de la Guardia Civil, realizaron una intensa búsqueda de campamentos guerrilleros al este de Peñas Blancas, aunque sin resultados.¹⁴¹ No obstante, la violencia bélica en Nicaragua aumentó y se tradujo en una mayor presencia contrarrevolucionaria en Costa Rica.

Así, al año siguiente, ya se reportaba la existencia de campamentos en Barra del Colorado al igual que en lugares cercanos a la frontera en la provincia de Guanacaste, tales como en el cerro Las Pavas, o en la Hacienda Orosi, lugar este donde las autoridades ingresaron sin alcanzar a capturar a los guerrilleros.¹⁴² En otras giras se detectó presencia antisandinista en el norte de la provincia de Alajuela, en concreto en las comunidades de Cureña, Trinidad y Remolino Grande.¹⁴³ Por lo demás, desde Nicaragua arribaban desertores de las fuerzas sandinistas o guerrilleros que, tras enfrentamientos armados, se trasladaban a territorio costarricense para evadir la persecución del Ejército nicaragüense. No en pocas ocasiones este traspasó la frontera en el marco de esas persecuciones, ya fuera para buscar bases logísticas de la guerrilla o para lograr la captura de colaboradores en la zona fronteriza.¹⁴⁴ También el Ejército Popular Sandinista disparó contra territorio costarricense, posiblemente al interpretar que algunos movimientos de hombres armados correspondían a la presencia de guerrilleros.

La confusión era grave porque las víctimas de los ataques, realizados con armamento tal como morteros de 60 milímetros y fuego de ametralladora calibre treinta, no eran guerrilleros, sino policías costarricenses.¹⁴⁵ Es difícil precisar la intensidad de la violencia bélica para un período tan amplio como los cuatro años del gobierno de Luis Alberto Monge. Sin embargo, alguna información nos da un panorama sobre la evolución de la lucha guerrillera y su intensificación. La información disponible de la DIS permite abordar, como ejemplo, un lapso de tres meses, en concreto el que va de finales de marzo hasta finales de junio de 1983. Precisamente, este coincide con el momento de arranque de la lucha por parte de ARDE.

La Dirección de Inteligencia y Seguridad levantaba informes diarios, que tenían el nombre de “Boletín de actividades”. Este tipo de documento era un oficio que el director de la DIS trasladaba a uno de los jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública, ya fuera el ministro o el viceministro, donde presentaba un resumen de la información transmitida por los agentes asignados en localidades concretas de la zona fronteriza norte. Estas comunicaciones hacían referencia a la investigación realizada en el terreno por los agentes asignados permanentemente en lugares específicos. Estos, además de otras funciones encomendadas, brindaban reportes diarios sobre los acontecimientos relacionados con la violencia bélica en el área asignada, ya fuera sobre presencia de guerrilleros, refugiados, enfrentamientos en el sur de Nicaragua o localización de armamento.

Los lugares de referencia eran trece: Peñas Blancas, Comando Norte, Upala, Los Chiles, Guatuso, Boca de San Carlos, Boca de Sarapiquí, La Trocha, Sarapiquí, Tiricia, Río Frío, Puerto Viejo y Barra del Colorado. Esto comprende la Zona Norte. Para el periodo en cuestión disponemos de cuarenta y ocho boletines donde se describía la situación para cincuenta días específicos. Al respecto, aunque hay faltantes documentales, la información disponible comprende poco más de la mitad del período y da una idea muy clara del estado de la situación en la zona norte.¹⁴⁶

Así, hasta mitad de año, la situación predominante era de relativa calma en la mayor parte de la zona fronteriza; los principales eventos se presentaron en las inmediaciones de Los Chiles y Upala. No obstante, la prensa describió una intensificación del conflicto en los meses siguientes. En un estudio de la época, a partir de noticias de una diversidad de medios escritos, se identificó un aumento en la frecuencia de actos de violencia (ataques a la propiedad, ataques a la integridad física y presencia de grupos armados) en la Zona Norte durante el segundo semestre de 1984 y todo el año 1985. Si abarcamos solamente la presencia de grupos armados, el punto más elevado de intensidad de la guerra fue el segundo semestre de 1984 (Sobrado, 1988).

En síntesis, la frontera se convirtió en una zona peligrosa. Aunque su vigilancia correspondía a la Guardia Civil, sus fuerzas evidenciaron notables limitaciones para ejercer un control adecuado. Los eventos ligados al atentado de La Penca, donde muchos periodistas atravesaron la frontera sin mayor inconveniente, así como la presencia descoordinada de la Guardia de Asistencia Rural, reflejan los problemas que tenían las autoridades para controlar el territorio limítrofe. Todavía en 1987 el director de la Guardia Civil intentaba ejercer un control suficiente. Resaltando que era “hora de ordenar las cosas para bien de nuestro gobierno y del país”, este funcionario le comunicó al ministro de Seguridad Pública que “ordené la semana pasada a todos los Puestos de la Frontera Norte de que [prohíba que] cualquier persona o autoridad penetre los puestos de la Guardia Civil hacia la Frontera sin el debido permiso del Ministerio, a excepción del Puesto fronterizo de Peñas Blancas”.¹⁴⁷ La realidad de la violencia fronteriza también obligó a desarrollar un trabajo de inteligencia mucho más intenso, aunque con limitaciones. En efecto, durante el gobierno de Luis Alberto Monge, la Dirección de Inteligencia y Seguridad hizo esfuerzos para lograrlo, pero contaba con pocas fuentes humanas en la zona fronteriza además de escaso personal y equipo. De hecho, sus agentes no disponían de vehículos.¹⁴⁸

En la vigilancia de la frontera también participaron grupos cívicos que contribuyeron apoyando la labor de las autoridades para controlar el tráfico de armas y la circulación de personas indocumentadas.¹⁴⁹ La presencia de guerrilleros en la zona norte del país no solo generó una grave situación de violencia contra la población, tanto por los riesgos diversos que representaba el movimiento de personas armadas como, además, por un aumento de la delincuencia, que la sufrieron en particular los ganaderos con fincas en la zona fronteriza.¹⁵⁰ En efecto, la actividad guerrillera conllevó también a un aumento en la criminalidad, tal como se comprueba en el hecho de que individuos arrestados en la zona norte, quienes alegaron ser miembros de ARDE, contaban con antecedentes penales.¹⁵¹ Incluso, algunos guerrilleros abandonaron la lucha y se dedicaron a delinquir en Costa Rica.¹⁵² Pero también se reportaron secuestros y ataques en la frontera. Una patrulla de la Guardia Civil fue agredida mientras custodiaba a un ganadero: “Se dijo que este tipo de situaciones ya se está haciendo muy repetitiva”.¹⁵³ Y parte de esta actividad agresiva era ejercida por el Ejército Popular Sandinista como respuesta a la presencia de los grupos insurgentes en territorio costarricense.

Los militares nicaragüenses entendían lo ventajoso de esta práctica para la guerrilla antisandinista dado que muchos de ellos lucharon contra Somoza utilizando, de la misma forma, la zona norte de Costa Rica. Edén Pastora, al haber liderado el Frente Sur durante la insurrección antisomocista, conocía muy bien el terreno y contaba con redes de apoyo en el país, por lo cual aprovechó claramente estas ventajas para generar su lucha armada desde esa región. La respuesta militar sandinista fue desarrollar operativos al sur de la frontera, tratando de menoscabar el apoyo a los guerrilleros. Esto generó mucha violencia. La más directa se derivó en el enfrentamiento con la Guardia Civil, alertada sobre la presencia de grupos armados en territorio costarricense, tanto del EPS como de la guerrilla de ARDE.

Dicha situación fue constantemente publicitada por la prensa, lo cual colaboró con la animadversión hacia el régimen sandinista además de favorecer las voces que justificaban una acción directa contra el vecino del norte. La intensidad de las publicaciones de prensa contra los sandinistas presionaba a las autoridades para controlar la acción del ejército nicaragüense. Más aun, el discurso era intenso y hasta agresivo para exigir acciones más drásticas. Para evitar una escalada mayor, el gobierno acudió a la protesta diplomática como vía preferente. Si bien esto permitió no entrar en los objetivos de la política del gobierno de Reagan, si favoreció los discursos que acusaban debilidad en el presidente Monge. Una reseña de la prensa lo expresaba: “Costa Rica enviará mañana una nota de protesta, la número 74 en 4 años, a Nicaragua por violación de la soberanía nacional”.¹⁵⁴ Por su parte, la Cancillería denunciaba una actitud negativa desde Nicaragua, la cual era acusada por el gobierno de Costa Rica de practicar un boicot al generar tensiones cuando se preveía la posibilidad de un acuerdo de paz.¹⁵⁵

En general, no fueron extraños los reportes de presencia armada sandinista y, también, sobre algunos enfrentamientos con la policía costarricense. El caso más grave aconteció el 31 de mayo de 1985, cuando una patrulla de la Guardia Civil fue atacada, ocasionando varios muertos y heridos. Las acusaciones se dirigieron de inmediato contra el Ejército nicaragüense, cuya intervención fue confirmada a la prensa por uno de los policías, cuya identidad se guardó en el anonimato: “Unos cuatrocientos soldados del Ejército Popular Sandinista habían penetrado en el territorio nacional. Estaban muy bien armados con morteros y con armas automáticas”. Otro policía habría señalado que la cantidad de soldados nicaragüenses era de seiscientos.¹⁵⁶ Desde la prensa se exigió una postura firme contra el gobierno sandinista, al punto que se sugirió romper relaciones mientras se informaba sobre la movilización de varias columnas de guardias civiles y la declaratoria de la zona fronteriza como “zona roja”.¹⁵⁷

Por su parte, el gobierno de Nicaragua negó cualquier responsabilidad en los hechos y, por el contrario, denunció que había un montaje detrás que pretendía justificar la presencia militar norteamericana en Costa Rica.¹⁵⁸ Esta situación generó un fuerte impacto en las relaciones entre ambos países y aunque la tensión aumentó no se manifestó en una ruptura de relaciones ni en otras manifestaciones de violencia. Aunque no contamos con información suficiente para explicar la autocontención de las autoridades costarricenses para la toma de decisiones más radicales, lo cierto es que las víctimas directas de ese ataque desarrollaron una narrativa distinta a la de los sectores que denunciaron al EPS.

En efecto, veintidós años después de los hechos, en un acto religioso en memoria de los policías muertos, algunos de los guardias civiles afectados denunciaron la existencia de un posible montaje, señalando que el ataque se debió “a un presunto complot entre sus jefes y militares contras (...) Nos mandaron como carnada, pues nuestro superior inmediato (un teniente de quien se desconoce el paradero) no nos informó hacia donde nos dirigíamos ni a qué íbamos”.¹⁵⁹ Un evento previo al de Crucitas había atizado las relaciones entre ambos países, donde las voces belicistas también pretendieron aumentar su resonancia. Se trató de la aparente violación de la Embajada de Costa Rica en Nicaragua por parte de la policía sandinista, para capturar a José Manuel Urbina Lara, desertor del ejército de ese país.¹⁶⁰ Acá, la crisis duró algunos meses hasta que Urbina fue liberado y enviado a Costa Rica, precisamente en el marco de la situación de Crucitas.

En síntesis, con la guerra civil nicaragüense, la zona fronteriza norte se tornó en un lugar peligroso. Todavía en 1986 se informaba de conflictos como estos. Por ejemplo, en la prensa se señaló que hubo un enfrentamiento que duró 15 minutos y que vecinos del sector de Tablillas, mojón 12, denunciaron la presencia de miembros del EPS. Al llegar una patrulla de la Guardia Civil, esta disparó contra los soldados nicaragüenses y ellos respondieron. Aparentemente, el EPS fortaleció luego su presencia con más personal.¹⁶¹ Las diversas fuentes evidencian la existencia de redes de apoyo a los sandinistas, fundamentalmente para la obtención de información. En realidad, la DIS guardaba registros de colaboradores de ambos bandos, y durante la mayor parte del periodo de gobierno de Luis Alberto Monge, se intentó controlar las actividades de los grupos armados.¹⁶² La DIS también trataba de impedir la circulación de guerrilleros en Costa Rica. De hecho, con la intensa política de negociación impulsada por el gobierno de Oscar Arias, se contrarrestó y hasta revirtió el favorecimiento a la actividad de la Contra en el país que agentes pronorteamericanos habían impulsado durante el gobierno de Luis Alberto Monge.¹⁶³

Sin embargo, el país también hizo frente a consecuencias indirectas de la guerra en Nicaragua. Así, muchos heridos de ambos bandos recibieron atención médica por parte del sistema de salud estatal. Esto se presentó tanto en la lucha contra Somoza como en la guerra antisandinista. Por lo demás, algunos guerrilleros fueron hospitalizados en el centro del país debido a la gravedad de las heridas, lo cual denunció el líder comunista Manuel Mora Valverde.¹⁶⁴ De hecho, el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social señaló que era un deber atender a todos los heridos nicaragüenses sin distingo del bando a que pertenecían y que muchos eran recibidos en el Hospital México por venir remitidos del Hospital de San Carlos,¹⁶⁵ todo lo cual representó un costo financiero para la institución debido a que los gastos nunca fueron cancelados.¹⁶⁶ Posiblemente esto condujo a autorizar que la guerrilla pudiera contar en el país con centros propios de atención a los heridos de guerra.

Un capítulo final: la amenaza de intervención militar

El gobierno de Luis Alberto Monge adoptó una política de neutralidad en el conflicto nicaragüense. Esta debe entenderse como consecuencia de la compleja situación en la que se encontraba. La división a lo interno del gabinete entre quienes pugnaban, por un lado, en favor de una política agresiva contra el gobierno sandinista y, por el otro, los que pretendían alejar al país del conflicto nicaragüense, generó mucha tensión. Desde el Ministerio de Seguridad Pública se pretendía controlar la actuación de los contrarrevolucionarios en territorio costarricense, prueba de lo cual fue la vigilancia constante sobre ellos, el decomiso de armamento y las advertencias a los líderes guerrilleros. No obstante, la actuación de grupos extranjeros, la presencia del Ejército sandinista en el norte del país y la campaña desplegada contra el gobierno de Nicaragua, tanto desde una parte de la prensa como por diversos actores políticos, generó presión contra el gobierno.

Un factor adicional y de notable relevancia fue la agresiva política sobre Centroamérica del gobierno de Ronald Reagan. Dentro de la estrategia norteamericana, el territorio costarricense representaba una base de operaciones para apoyar las actividades bélicas de la guerrilla contrarrevolucionaria, aunque también era visto como un eventual punto de inicio para una invasión armada contra Nicaragua. Para tal propósito, hubo diversos mecanismos de presión sobre el presidente Monge. Una manifestación visible del proyecto guerrerista de los Estados Unidos fue el envío de asesores del ejército al país. Si bien ya desde hacía varias décadas había una presencia militar de baja intensidad, lo que se refleja claramente con la Misión Militar Norteamericana en Costa Rica, con el inicio del gobierno de Reagan está se tornó mucho más intensa.

El aspecto más conocido fue el relativo al apoyo a la guerrilla antisandinista, aspecto ampliamente difundido como consecuencia del denominado escándalo Irán-Contras, aunque también trascendieron múltiples vínculos con el narcotráfico para financiarla (Sobrado, 1988). Incluso, la Comisión sobre el Narcotráfico de la Asamblea Legislativa logró determinar, posiblemente por primera vez, el vínculo entre el tráfico de armas y el narcotráfico. En este caso, se identificó la relación directa entre el apoyo a la Contra y el trasiego de drogas por Costa Rica. Si bien se sustentó en investigaciones realizadas desde el Congreso de los Estados Unidos, fundamentalmente para determinar la responsabilidad de la CIA, también el trabajo de la Comisión logró identificar a algunos actores costarricenses involucrados en estas actividades.¹⁶⁷ Por lo demás, y en el marco de las investigaciones sobre el atentado de La Penca contra el líder guerrillero Edén Pastora, se denunció la actuación de la CIA a través de algunos agentes. El ampliamente conocido caso del finquero John Hull sirvió de base para evidenciar las actuaciones de esa agencia, aunque no fue el único. En efecto, también se debe señalar el caso de John Jordan Denby.

El 6 de diciembre de 1987, fue derribada una avioneta en las cercanías de San Juan del Sur, Nicaragua. Su piloto, John Jordan Denby, fue capturado por el Ejército sandinista. Denby era un ganadero estadounidense originario del estado de Illinois, quien también tenía una finca en el norte de Costa Rica. Veterano de la guerra de Corea,¹⁶⁸ la amistad con John Hull generó sospechas sobre la naturaleza del vuelo. El abastecimiento a la Contra era una tarea compleja y, en ella, el territorio costarricense cumplía una función concreta. Hull era la punta del iceberg en este trabajo y, en el momento, no estaba claro el involucramiento de Denby. El vuelo de la avioneta no tenía permiso para atravesar el espacio aéreo nicaragüense, lo cual legitimó el derribo. Aunque no quedó claro su vínculo con el abastecimiento a la Contra, anteriormente Denby se había declarado seguidor de este grupo.¹⁶⁹

Desde el lunes siete de diciembre se había reportado la desaparición de la aeronave, aunque en la tarde de ese día el gobierno nicaragüense comunicó que ya no era necesario continuar con la búsqueda.¹⁷⁰ Al día siguiente, los sandinistas reconocerían el derribo de la avioneta y lo justificarían acusando al aviador de ser parte de las actividades de la CIA para abastecer a la Contra.¹⁷¹ No obstante, no encontraron armas, por lo cual únicamente le reprocharon haber volado sin permiso sobre el territorio nicaragüense.¹⁷² La situación se presentó en un momento particular: el presidente Óscar Arias recibió el Premio Nobel de la Paz el diez de diciembre.

En este marco, el Gobierno costarricense alegó desconocer sobre actividades ilegales del señor Denby, aunque no pudo negar la eventualidad de que tuviera alguna relación con la Contra debido a su amistad con John Hull.¹⁷³ En efecto, el Ministerio de la Presidencia actuó con celeridad para clarificar la condición de Denby en el país. La Dirección de Migración y Extranjería reportó que tenía cédula de residencia desde 1976 como inversionista en agricultura y ganadería, aunque esta había vencido desde 1984.¹⁷⁴ Por su parte, la Dirección de Inteligencia y Seguridad presentó un informe lacónico, que se limitaba a presentar a Denby como un finquero de Pocosol de San Carlos que, por ser amigo de John Hull, “se le ha mezclado en actividades en contra del régimen Sandinista, lo cual no ha sido establecido por las autoridades”. El mismo informe menciona que ese individuo “acostumbra pasar primavera y otoño en Illinois, regresando para diciembre a nuestro país”.¹⁷⁵ Esta referencia no dejar de ser interesante por cuanto delata la identificación de su redactor original con el contexto norteamericano. Denby fue liberado, a finales de enero de 1988, en el marco de una operación novelística llevada a cabo por Bill Press, candidato demócrata al senado por California.¹⁷⁶

El caso de Denby retrata la opacidad de la situación vinculada por entonces con la DIS, al punto que las actividades de un norteamericano ligado a John Hull no eran objeto de vigilancia o, al menos, altos funcionarios cercanos al presidente Óscar Arias no recibían información precisa sobre temas sensibles que vincularan a eventuales agentes estadounidenses en Costa Rica. En el marco de la estrategia global del gobierno de los Estados Unidos y sus políticas concretas en Centroamérica, esa situación puntual se enmarcó en diversos movimientos tácticos tales como orientar la actuación de los organismos de seguridad costarricenses, que era el caso de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, y en desplegar asesores militares, tanto para la capacitación de la Guardia Civil como para adelantar en el terreno las condiciones necesarias para una eventual invasión a Nicaragua. Este último aspecto no pasó desapercibido para los diversos actores.

Desde inicios de la década de 1980, la Comisión Kissinger, que analizó desde la óptica norteamericana la crisis centroamericana, describió a Costa Rica como un país desarmado, resaltando su indefensión frente a la amenaza del nuevo régimen en Nicaragua en el contexto de la dinámica imperante de Guerra Fría (Kissinger, 1984). Así, se procedió a capacitar a miembros de las fuerzas policiales en patrullaje fronterizo, aunque se consideró necesario profundizar en el adiestramiento de otras áreas. Así, en 1985, los norteamericanos asesoraron al gobierno costarricense en la formación de un cuerpo militar especializado en respuesta rápida. Este se denominó Batallón Relámpago. Primero, fueron enviados a Puerto Castilla (Honduras) cuarenta y cinco oficiales de la Guardia Civil que recibieron entrenamiento militar y asumieron la dirección del grupo. Luego, estos participaron en la formación del resto de miembros, unos setecientos cincuenta, en la Escuela del Murciélago, aunque la dirección del proceso correspondió a veintidós asesores militares norteamericanos, que arribaron al país el quince de mayo y permanecieron unas doce semanas. El Batallón contaba con vehículos propios, fusiles M16, rifles antitanques de 90 milímetros, morteros de 60 milímetros y moderno equipo de comunicación.¹⁷⁷ El veinticinco de julio de 1985 se realizó el acto de graduación del primer contingente, compuesto por trescientos veinticinco hombres. En la actividad, el vicepresidente Armando Araúz señaló a los policías que

en estas mismas tierras guanacastecas en 1856, unos campesinos como ustedes tuvieron que tomar los fusiles y dejar sus herramientas de labranza para expulsar al invasor filibustero que intentaba socavar nuestra libertad y eliminar nuestra vida independiente. Ahora ustedes tienen la misma responsabilidad que los campesinos de 1856 y deben defender al país.

Esta retórica militarista daba por un hecho la existencia de una amenaza real contra la integridad territorial del país, lo cual fue reiterado por el ministro de Seguridad Pública, Benjamín Piza: “Ustedes representan una nueva Guardia Civil mejor preparada y más apta para poder, en verdad, defender la soberanía del país y las vidas y haciendas de sus hijos”.¹⁷⁸ Este afán por identificar la defensa de los intereses costarricenses procedía de dos altos funcionarios claramente identificados con la línea beligerante del gobierno de Ronald Reagan.

En este marco, debe observarse la creación del Batallón Relámpago como un recurso interno favorable a la política estadounidense. Es decir, se inscribía en una estrategia que trascendía el simple objetivo de defender la soberanía costarricense. Así, no bastaba con la formación de cuerpos militares locales, sino que se requería preparar las bases para una eventual intervención directa. Este objetivo es el que generó amplias dudas sobre la conveniencia de permitir esa capacitación. En efecto, desde la Asamblea Legislativa, se externaron fuertes críticas por la presencia de esos asesores, cuestionando sus actividades en la frontera norte y señalando la necesidad de identificar cual era “el verdadero objetivo” que tenían en Costa Rica.¹⁷⁹

De hecho, en 1984 se había dado una intensa actividad de los militares norteamericanos. Ya fuera a través de la exhibición de paracaidistas en El Guarco de Cartago, o aprovechando el transporte de materiales de construcción hacia las montañas de Chirripó, el uso de vehículos aéreos permitió al ejército norteamericano realizar actividades de inteligencia militar y conocer con mayor profundidad el territorio costarricense.¹⁸⁰ Así, en 1985 y 1986, se presentaron ingenieros militares para construir puentes y carreteras, lo cual realizaron nuevamente en 1988. Al igual que sucedió en este año, es posible que también se hubiese brindado con anterioridad asistencia médica y algún otro programa entre la población.¹⁸¹ Finalmente, gracias a la política de pacificación impulsada por el Grupo de Contadora y avalada, finalmente, por los presidentes centroamericanos, con el apoyo entusiasta tanto de líderes europeos como de senadores y congresistas demócratas de los Estados Unidos, se diluyó el peligro de una intensificación de la guerra en Centroamérica.

Conclusiones

La guerra en Centroamérica tuvo manifestaciones puntuales según la realidad de cada país. Con esto, debemos asumir que Costa Rica también sufrió la intensidad de este conflicto, aunque en una escala menor a la de aquellos países que contaron con movimientos guerrilleros internos que cuestionaban la legitimidad de sus respectivos gobiernos. Así, al no tener Costa Rica una guerrilla local, no debió enfrentar el rigor de una estrategia antisubversiva. No obstante, determinadas condiciones históricas necesariamente contribuyeron a que las guerras civiles en Centroamérica, y en concreto la nicaragüense, impactaran en el territorio costarricense. En esta investigación hemos analizado las particularidades de ese impacto, con lo cual pretendemos señalar que Costa Rica también fue víctima de la violencia política. Y en esto debe resaltarse el contexto internacional tan determinante en el rumbo de los eventos. Así, Costa Rica también fue víctima de los avatares de la Guerra Fría.

Si bien nos hemos enfocado en los aspectos puntuales que describen esa violencia en territorio nacional, no puede obviarse las consecuencias una vez concluidas las guerras civiles. En la zona norte pervivió el tráfico de armas, aumentó la delincuencia y se tuvo que desarrollar un intenso trabajo de desminado con la capacitación de zapadores en la policía costarricense.¹⁸² A la vez, la destrucción y la violencia tuvo consecuencias económicas que condujeron a que la migración nicaragüense se convirtiera en un factor estructural.

No obstante, queda un aspecto a destacar y es la permanencia de actores políticos que continúan con prácticas autoritarias, aspecto central en la comprensión de los movimientos armados. Primero Somoza y luego el FSLN, siempre se señaló el anhelo de libertad como la causa para enfrentar la dictadura de turno. En el presente, aunque se manifiesta la misma aspiración, todavía no se visualiza el inicio de una respuesta armada ante la represión cada vez más intensa del gobierno de Daniel Ortega. ¿Se repetirá la tragedia de la guerra civil? Más allá de si esta manifestación violenta retornara, ciertos indicios delatan que hay constantes que otra vez afloran: migrantes, refugiados políticos, presencia de los servicios de Inteligencia nicaragüenses en Costa Rica, inestabilidad política.

En síntesis, en nuestra investigación evidenciamos que la violencia política en Nicaragua tiene efectos directos en Costa Rica, y puntualizamos en la forma como ella se expresó en el último gran conflicto de la década de 1980. Esto obliga a considerarlo como una amenaza a la seguridad nacional del país. Así, es un objeto permanente de trabajo para los organismos de Inteligencia costarricenses, y pretendemos que esta sirva como un aporte en esa línea.

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Notas

Información adicional

Acerca de la persona autora: Hugo M. Vargas González. Costarricense. Doctor en Historia, Universidad de Toulouse, Francia. Licenciado en Historia, Universidad de Costa Rica, Licenciado en Derecho, Universidad de Costa Rica. Docente e investigador de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, unidad académica donde coordina la Comisión de Docencia y la Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica. A nivel institucional, coordina la Cátedra Seguridad y Convivencia Democrática y la Comisión Instructora Institucional.

Información adicional

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