Introducción

El reciente campo de los estudios sobre la Guerra Fría latinoamericana, que en nuestro continente recibió el impacto de la obra de Odd Arne Westad (2018), del libro coordinado por Daniela Spenser (2004) y del historiador Vanni Pettiná (2018), imprimió nuevos desafíos para la investigación de ese período (Rostica, 2023a). Westad consideró que la Guerra Fría se dirimió en el Tercer Mundo y que, por ende, había que ponderar el peso específico de ese espacio, en detrimento del de las superpotencias. Para este autor, en América Latina los proyectos ideológicos que confrontaron en la Guerra Fría no se habían replicado del todo, pues aquí dicha Guerra Fría fue más interna que externa. Esto significa, a su juicio, que se nutrió de los altos niveles de opresión y desigualdad social, del ascenso de la dominación estadounidense en la región, pero también de la reacción latinoamericana, cuyas agendas políticas estaban dominadas por el nacionalismo y el panlatinoamericanismo (Westad, 2018, p. 380).

Los diferentes artículos que constituyeron el libro de Spenser, por su parte, propusieron correr el lugar central de Estados Unidos y enfatizar el punto de vista de América Latina para pensar la Guerra Fría, es decir, los conflictos locales, los diferentes actores latinoamericanos y sus agencias, la construcción del relato y los sentidos a partir de los propios archivos (Spenser, 2004). El libro de Vanni Pettiná avanzó un poco más, al considerar que la Guerra Fría en América Latina había que pensarla como una yuxtaposición de conflictos de distintas temporalidades (Pettiná, 2018, p. 36). Es decir, que las dinámicas disparadas por el antagonismo ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética se entrelazaron en el subcontinente con los procesos de cambio político, social y económico desencadenados a partir de la crisis de 1929 y que, como consecuencia, “las sociedades se vieron más polarizadas y propensas a la inestabilidad” (Pettiná, 2018, p. 37).

En los tres libros, si bien están presentes las diferentes etapas de la Guerra Fría latinoamericana y su radicalización a partir del triunfo de la Revolución cubana, su declaración como socialista y su apoyo a la lucha armada y el avance del proyecto conservador con la centralidad que comenzaron a tener las instituciones militares, ninguno interrogó, ni ofreció una explicación al elemento característico central de esta guerra ideológica en América Latina: la decisión por el uso de la violencia política. En este artículo parto de este gran interrogante a partir de una vocación sociológica histórica.

La Guerra Fría fue, básicamente, una guerra ideológica global, la cual, a partir del ascenso de Nikita Jruschov en la Unión Soviética, de las etapas denominadas “coexistencia pacífica” (1955-1962) y “distención” (1962-1975) entre las grandes potencias y el ascenso de James Carter en Estados Unidos con una política a favor del respeto a los Derechos Humanos (1977-1981), no se dirimió con el uso de la violencia física y militar. Este proceso histórico tan particular llamó la atención del sociólogo Michel Wieviorka, quien pensó el concepto de violencia en contraposición al de conflicto:

Siendo un conflicto geopolítico que estructuró el mundo durante casi más de medio siglo, la Guerra Fría, en efecto, fue una confrontación mayor en la que la Unión Soviética y los Estados Unidos de América vivieron bajo tensión, a veces extrema, en una relación, que no obstante, nunca terminó en un mínimo enfrentamiento militar directo. Esta relación conflictiva no desembocó en una guerra entre las dos superpotencias, pero sin dudas y en mayor medida, sí en enfrentamientos, en donde siempre se supo evitar el cara-a-cara bélico (Wieviorka, 2018, p. 40).

No obstante, en el subcontinente latinoamericano –y en los llamados países del Tercer Mundo– el uso de la violencia política, durante la Guerra Fría, se generalizó. Como señalan Waldo Ansaldi y Verónica Giordano en un libro en el que reflexionamos sobre las “violencias”, entre 1954 y 1989 América Latina vivió el tiempo de mayor intensidad en procura de cambios profundos. Se trató “de la más grande confrontación de propuestas de orden vivida por la región desde los tiempos de la ruptura de la dominación colonial” en los que la violencia fue parte sustantiva de la estrategia de transformación social (Ansaldi y Giordano, 2014, p. 20).

Sin embargo, señalan Ansaldi y Alberto en otro texto, no hay prácticamente ninguna reflexión, y mucho menos explicación, sobre el porqué de la violencia política (Ansaldi y Alberto, 2014). Si lo que afirman Ansaldi y Giordano es cierto, tendríamos que pensar, como consecuencia, sus intrínsecas relaciones con los procesos de colonización y descolonización. Es decir, las disquisiciones sobre el desarrollo de la violencia política durante el período de la Guerra Fría en América Latina debemos conectarlas con las experiencias de descolonización que en ese período fueron en Asia y África. O, dicho de otro modo, empezar a analizar esa escalada de violencia en la clave de su pertenencia al Tercer Mundo, cuya especificidad radicó en la no-alineación, en el antiimperialismo, la revolución como alternativa a la democracia y a la desigualdad, el desarrollo económico y la seguridad interna (Galván y Osuna, 2024a, 2024b). De este modo, la confrontación este-oeste de la Guerra Fría queda atravesada por el eje centro-periferia o desarrollo-subdesarrollo y aporta otros elementos para la inteligibilidad tan especial del proceso sociohistórico en el subcontinente.

Bajo esta perspectiva, este artículo intenta aportar a especificar los tipos de violencias característicos del período en la región. Se tiene por hipótesis que la violencia política ilegítima e ilegal perpetrada por los Estados de seguridad nacional que caracterizó a esta región del Tercer Mundo durante el período de la Guerra Fría latinoamericana fue la desaparición forzada de personas, hipótesis que se suele sostener sin demostrar. Afirmamos que esa fue una forma de represión política sistemática característica de América Latina que se generalizó, transnacionalizó y materializó con fuertes similitudes, a tal punto que forzó a la comunidad y al derecho internacional a crear instrumentos para su prevención y castigo. Para evidenciarlo se realizará una comparación cuantitativa y muy sucintamente cualitativa de la desaparición forzada de personas en los casos nacionales más ilustrativos, como Argentina, Guatemala, Honduras y El Salvador.

En estos cuatro países hubo fuertes crisis de dominación política que se materializaron de formas muy diferentes. En Argentina, la represión política alcanzó los picos más altos durante la dictadura institucional de las Fuerzas Armadas (1976-1983), cuando ya el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) había fracasado en el foco rural y urbano y Montoneros había sido derrotado en el ataque al Regimiento 29 de Infantería de Formosa.

Guatemala desde el golpe de Estado de 1954 transitó un proceso contrarrevolucionario que se fue profundizando a la par del desarrollo una larga guerra de guerrillas, cuya confluencia con el movimiento campesino a fines de los años setenta generó una situación revolu-cionaria, una crisis extrema de dominación política y social y un genocidio cuyo pico más alto ocurrió durante un gobierno militar (1978-1982) y una dictadura institucional de las Fuerzas Armadas (1982-1985).

En El Salvador, la mayor cantidad de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos ocurrió durante la Guerra Civil (1980-1992) desatada entre el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas, aunque, como se verá, las desapariciones forzadas con el modus operandi típico de las zonas urbanas y más similares a las de los otros países trabajados se realizaron en el año previo al inicio formal de la guerra. En Honduras, a diferencia de los otros casos, hubo una organización político militar de poca trascendencia y los picos más altos de represión política se dieron durante la transición a la democracia (1981) y el primer gobierno democrático (1982-1986).

En otros términos, si bien las coyunturas políticas y sociales eran muy diferentes en cada uno de estos países, el Estado utilizó y sistematizó la práctica de la desaparición forzada de personas y un modus operandi muy particular para las zonas urbanas, como se demostrará en el artículo, que no responde a un tipo de régimen político, ni a la amenaza de organizaciones político-militares. Hacerlo evidente y observar cuando la práctica se volvió sistemática en cada uno de los países permitirá estimular investigaciones futuras que busquen una explicación transnacional centrada en el Tercer Mundo.

El artículo, en primer lugar, describe muy sucintamente cómo han pensado la violencia política teóricos clásicos como Engels, Benjamin, Sorel, Weber, Gramcsi, Freud, entre otros. Se procura obtener una definición de esta para, posteriormente, clasificar los diferentes tipos de violencia política que existieron en América Latina durante el período de la Guerra Fría. Esto no se realiza para equiparar la gravedad de una u otra, ni menos aún para establecer una relación causal entre ellas, sino para mostrar que su expresión en todas esas formas evidencia la crisis del Estado y que por ende esto requiere que los investigadores dejemos de centrarnos tanto en dicha unidad de análisis, particularmente la historiografía argentina, para avanzar hacia formas de reflexión más complejas y transnacionales.

El segundo apartado del artículo muestra algunas formas concretas en que se materializó la violencia política, cómo los flujos de proliferación de las ideas en torno a las diferentes formas de violencia política se produjeron en el Tercer Mundo y cómo la mayoría de las organizaciones civiles que abogaban por el uso de la violencia, pero también (y paradójicamente) las Fuerzas Armadas, gestaron espacios de confluencia transnacionales. Se busca insistir en la idea de la crisis de las formas de dominación política del Estado y en las explicaciones desde las perspectivas transnacionales.

El tercer apartado se detiene y compara una de las formas específicas de violencia política represiva perpetradas por los Estados latinoamericanos: la desaparición forzada de personas. Se trabaja con los cuatro casos nacio-nales presentados previamente: Argentina, Guatemala, El Salvador y Honduras. Se eligieron los países que tuvieron las cifras más altas en violaciones a los Derechos Humanos en el período estudiado (Argentina, Guatemala, El Salvador), especialmente de desapariciones forzadas. Se trabaja con los informes oficiales y no oficiales de las comisiones de la verdad, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas, porque esto nos permite tener un patrón común a los cuatro casos nacionales de lo que fue el registro de casos de desaparición.

De estos informes se toman las cifras de los casos recibidos por dichos organismos clasificados como tales, es decir los datos absolutos. Esto no significa desestimar las proyecciones que hicieron las comisiones oficiales y no oficiales y las víctimas, pues lo que se pretende destacar es la sistematicidad del fenómeno durante la Guerra Fría latinoamericana y observar detenidamente la temporalidad. La superposición de los registros, como se mostrará, puede dar claves para pensar flujos de ideas, personas, escuelas de formación, entre otras posibles explicaciones a la transnacionalización de la desaparición forzada de personas.

¿Cómo se ha pensado la violencia política? Estado, crisis y violencia transnacional

La preocupación por la violencia a lo largo del tiempo ha sido sistemática. Sin embargo, Gerardo Guthmann considera que el siglo XX ha sido la época de la valorización y racionalización ideológica de la violencia en gran escala, es decir, cuando fue interpretada a partir de una proble-mática de medios y fines (Guthmann, 1991). A fines del siglo XIX, Engels entendía que la violencia no era más que el medio para alcanzar un fin y que “en la medida en que el fin es ‘más fundamental’ que el medio aplicado para conseguirlo” la violencia tenía una función moral (Engels, 1878, pp. 153-154). Al amparo de esa definición, Engels reivindicó la función de la violencia en la historia: su papel revolucionario. La violencia “es el instrumento con el cual el movimiento social se impone y rompe formas políticas enrigidecidas y muertas” (Engels, 1878, p. 178). A inicios del siglo, Goerges Sorel pensó la función social imaginaria de la violencia, como los mitos, imágenes de batalla que aseguraban el triunfo de los grandes movimientos sociales, como fuerzas históricas que traían hermosas consecuencias (Sorel, 1978, p. 52). En cambio, para Walter Benjamín, si la violencia era el origen y la esencia de la ley, y por ende, de la ficción jurídica y del Estado, había que criticar su función moral. ¿La violencia, como principio, era moral, aun cuando fuera un medio para fines justos? (Benjamín, 1995, p. 48).

La preocupación de este gran intelectual tenía sentido. La versión instrumental de la violencia más conocida pertenece a la definición de Estado Moderno de Max Weber, quien lo definió como un “instituto político de actividad continuada, cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física, para el mantenimiento del orden vigente” (Weber, 1996, pp. 43-44). Ese monopolio legítimo de la coacción física podía subsistir porque los hombres dominados se sometían a la autoridad de los que dominaban (Weber, 1996, p. 1057). Los hombres se sometían, en el caso del Estado moderno, por motivos legítimos como la creencia en la validez de un estatuto legal. Desde la filosofía de la praxis, Antonio Gramsci había definido al Estado como “sociedad política + sociedad civil, vale decir, hegemonía revestida de coerción” (Gramsci, 1998, p. 158). El consideraba que el elemento Estado-coerción se podía considerar agotado a medida que se afirmaban los elementos cada vez más significativos de la sociedad regulada (como el Estado ético o sociedad civil).

A contrario sensu, cuando se empezaba a percibir un contraste entre representados y representantes se podía abrir una crisis de hegemonía de la clase dirigente, o crisis de autoridad, y un terreno propicio, según Gramsci, para soluciones de fuerza (Gramsci, 1998, p. 62). En 1939, tras la Primera Guerra Mundial, Sigmund Freud respondió una carta a Einstein,¹ partiendo de las mismas ideas para generar un interrogante: que la violencia era un instrumento para dirimir los conflictos de intereses entre los hombres y que el poder de la unión constituía el derecho en oposición a la violencia del único. La “unión de los muchos” tenía que ser permanente y duradera, cuya fortaleza radicaría en los sentimientos comunitarios. Pero ese derecho solo existía en la teoría, afirmaba Freud, pues la comunidad desde el comienzo incluía elementos de poder desigual. Por lo tanto, el derecho de la comunidad se convertía en una expresión de las desiguales relaciones de poder. A su juicio, había dos fuentes de movimiento en el derecho: el de los dominadores y el de los oprimidos. De este modo, se podía volver a la sublevación y a nuevas confrontaciones de violencia que instituirían un nuevo derecho.

Los ciclos repetidos de violencia parecían inevitables, especialmente en aquellas regiones del mundo con mayores desigualdades. En efecto, a pesar de la finalización de las guerras mundiales de la primera parte del siglo XX, de la creación del sistema internacional de Naciones Unidas para dirimir conflictos de forma pacífica y de la legislación internacional existente contra los crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, el uso de la violencia continuó, al menos en América Latina, durante el periodo de la Guerra Fría. Desde la sociología weberiana se podría decir que el Estado, como forma de organización política, se debilitó frente a la multiplicación de sujetos individuales y colectivos que cuestionaron el estatuto legal y reivindicaron su legitimidad para el uso de la violencia política. El Estado ya no tenía el monopolio de la violencia, lo cual también podría pensarse como una gran crisis de hegemonía o de dominación celular (O’Donnell, 1982, p. 51).

En este artículo, se entiende por violencia a una relación social generada entre sujetos individuales o colectivos, en la cual hay un ataque físico intencional destructivo por parte de un sujeto o sujetos contrario a la voluntad del sujeto o sujetos que sufre directa o indirectamente (Gallino, 1995, pp. 907-909; Reinares Nestares, 1998, pp. 820-821; Stoppino, 1994, pp. 1626-1634). Por violencia política se entiende a aquella practicada por motivos políticos, por sujetos políticos contra oponentes políticos. También, parece ser importante destacar que es aquella que tiene relación con el Estado o con la autoridad legítima. Ansaldi y Alberto sostienen que esta puede ser entendida como un “instrumento de transformación y/o conservación del orden al que apelaron tanto las clases dominantes como las subalternas” (Ansaldi y Alberto, 2014, p. 28).

Identificaron que esta se dio, en el período de la Guerra Fría: 1) por el Estado contra sus propios ciudadanos, contra organizaciones revolucionarias, militares sediciosos o golpistas y grupos “terroristas” para preservar la estructura de poder políticos y social. Fue legal (en los Estados de derecho) o ilegal (mediante organizaciones paraestatales y bajo Estados terroristas); 2) por organizaciones creadas para alcanzar cambios estructurales, sociales o políticos, como las organizaciones revolucionarias; 3) por jefes militares o por una organización estatal propia (como las Fuerzas Armadas) para introducir cambios en las estructuras (como los golpes de Estado instauradores de las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas); 4) por grupos terroristas; y 5) por organizaciones paramilitares, usualmente de origen burgués o terrateniente –señalan los autores– como propietarios individuales o empresas (Ansaldi y Alberto, 2014, p. 31).

Ahora bien, si la proliferación de estas violencias políticas tiene que ver con el debilitamiento o la crisis del Estado, es necesario agregar otras explicaciones que radiquen en su capacidad de fluir a través de las redes transnacionales, dimensión que se ha investigado muy tímidamente. A continuación, se repasa esto de forma más concreta.

Violencia política y Tercer Mundo

Como se mencionó previamente, si bien la Guerra Fría fue una guerra ideológica global que no se dirimió con el uso de la violencia física y militar, en América Latina y en los países del Tercer Mundo el uso de la violencia fue un patrón habitual. Los sucesos que rodearon el golpe de Estado de 1954 en Guatemala, para una buena parte de la historiografía especializada, evidenciaron la entrada de América Latina al conflicto bipolar. Al mismo tiempo, marcaron un hito con relación al uso instrumental de la violencia, pues el fracaso de la Revolución guatemalteca (1944-1954) fue un ejemplo vívido que permitió evaluar las consecuencias de no haber entregado armas al pueblo para defender a la revolución. La experiencia frustrada de la Revolución guatemalteca, así como la exitosa de la Revolución boliviana de 1952 fueron determinantes en la solución del Che Guevara por la vía armada y la violencia revolucionaria (Moniz Bandeira, 2008, p. 170; Rojo, 2006, pp. 57-80). El debate sobre el uso de la violencia tiñó la agenda intelectual hasta en el interior de los partidos comunistas latinoamericanos que abogaban por la tesis de la revolución por etapas (Figueroa Ibarra, 2010; Löwy, 2007; Rostica, 2014, p. 236).

En paralelo, a Latinoamérica llegaron las noticias de Asia y África sobre las guerras anticolonialista y de liberación de Indochina (1946-1954) y Argelia (1954-1962). Las obras que más impacto tuvieron fueron las del tunecino Albert Memmi Retrato del colonizado, precedido por el retrato del colonizador (1957) y del revolucionario argelino Frantz Fanon, Les damnés de la terre (1961), ambas prologadas por Jean-Paul Sartre, quien cumplió un papel destacado en la lucha contra el dominio francés en Argelia y se había convertido en un objetivo de la Organización del Ejército Secreto (OAS). Fanon, en dicho escrito, no cuestionó la violencia como medio instrumental, sino que reivindicó y justificó su uso por los sometidos para enfrentar la violencia de los opresores. Ese alegato de Fanon sobre el uso de la violencia por parte de los combatientes armados anticolonialistas y antiimperialistas para alcanzar la liberación supuso un enfrentamiento a los criterios de violencia hegemónicos.

A ello contribuyeron en América Latina varios textos más: Guerra de guerrillas de Ernesto Guevara (1960), ¿Revolución en la Revolución? de Régis Debray (1966) y el Minimanual del guerrillero urbano de Carlos Marighella (1969), en un contexto de profundos debates que no vale la pena reconstruir aquí (Nercesián, 2013, pp. 51-97). El triunfo de la Revolución cubana constituyó un punto de inflexión: dio por tierra la idea de la revolución por vías pacíficas. Esta inició una oleada de actividad revolucionaria que afectó prácticamente a todos los países del continente en las siguiente cuatro décadas y terminó en los años noventa con los acuerdos de paz en los últimos dos países que sufrieron con-flictos armados: El Salvador y Guatemala (1996).

Una oleada estaría caracterizada por las primeras experiencias rurales o foquistas de los años sesenta (Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Perú y Bolivia); otra en la que predominaron los grupos de actuación urbanos, especialmente en el Cono Sur (Argentina, Uruguay, Brasil y en cierta medida Chile) entre los años sesenta y setenta; y la última, desde mitad de los años setenta, cuyo protagonismo lo tuvieron las organizaciones de Centroamérica y las andinas (especialmente El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Colombia y Perú) (Marchesi, 2019; Martín Álvarez y Rey Tristán, 2012, 2018). Las experiencias de con-fluencia, como la celebración de la Tricontinental (1966), la Organización Latinoamericana de Solidaridad (1967) o la Junta de Coordinación Revolucionaria (1974) muestran las características transnacionales de la violencia revolucionaria.

Las guerras de liberación en Asia y África también influyeron a las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Desde mediados de los años cincuenta, varios militares latinoamericanos se formaron en escuelas militares francesas y algunas escuelas militares del subcontinente recibieron a asesores franceses (Périés, 2009; Périès, 1999). Esto ayudó a la proliferación y difusión de la doctrina de la Guerra Revolucionaria o Guerra Moderna en América Latina, la cual había sido mentada por quienes actuaron en dichas guerras colonialistas, como Charles Lacheroy, Roger Trinquier, David Galula, entre otros.

Algunos países, como Argentina, fueron promotores de espacios de formación interamericana de estas ideas, a comienzos de los años sesenta (Chiarini y Portugheis, 2014; Turolo, s. f.). En esa década, una importante masa de estudiantes latinoamericanos se educó en la Escuela de las Américas por instructores estadounidenses, pero también por docentes latinoamericanos, un aspecto generalmente muy poco resaltado. A fines de los años setenta, las escuelas propiamente latinoamericanas tomaron su lugar (Rostica, 2022, 2023b; Sala, 2021, 2023). La concepción de un enemigo que se mezclaba con la población y que exigía agudos sistemas de inteligencia para su ubicación favoreció el desarrollo de sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos como la tortura y de la desaparición forzada de personas. El sistema Cóndor en los años setenta o la colaboración de las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay a las “luchas contrasubversivas” en Centroamérica a principios de los años ochenta evidencian la coordinación supraestatal y la transnacionalización de la violencia represiva (Armony, 1997; Lessa, 2022; López, 2016; McSherry, 2009; Rostica, 2022; Serra Padrós y Slatman, 2012).

En síntesis, durante la Guerra Fría en el llamado Tercer Mundo, especialmente en América Latina, la violencia política fue utilizada por organizaciones de la llamada Nueva Izquierda revolucionaria a favor de la democracia y para atacar el poder del Estado, generalmente terrorista, y reemplazarlo por otro, pero también por las fuerzas represivas de los Estados de forma ilegal, incluso ilegítima, configurando Estados terroristas, con fines anti o “contrasubversivos”. Esta violencia represiva, no obstante, fue acompañada de la desplegada por grupos que, si bien no conformaron parte del aparato represivo del Estado, tuvieron vínculos de diferentes niveles con el mismo. Tal es el caso de las organizaciones parapoliciales que funcionaron con recursos y la complacencia del Estado, como la Triple A argentina, o paramilitares, como la organización oficial ORDEN en El Salvador, la cual funcionaba adjunta a la policía de hacienda, pero de forma gratuita.

Otro ejemplo es el de la violencia desplegada por las organizaciones civiles de extrema derecha, como la de los exiliados cubanos anticastristas Alpha 66 u otros integrantes de la Confederación Anticomunista Latinoamericana (CAL), brazo regional de la Liga Anticomunista Mundial (WACL), una verdadera red transnacional con fuerte peso tercermundista que apoyó y se articuló estrechamente con las Fuerzas Armadas de cada uno de los países en los que se ejercían dictaduras y gobiernos militares para la represión interna (Rostica, 2018).

La Liga, que nació en Corea del Sur en 1966, tuvo sus antecedentes en el Bloque Antibolchevique de Naciones (ABN), la Liga Anticomunista de los Pueblos Asiáticos (APACL) creada en 1954 al igual que la Confederación Interamericana para la Defensa del Continente (nacida para legitimar el golpe de Estado a Jacobo Arbenz) y el Comité Internacional de Información y Acción Social creado por antiguos nazis alemanes en 1956 (Machado, 2022).

Estas pinceladas de violencias en el Tercer Mundo y sus vínculos con los procesos de descolonización sirven para situar el fenómeno específico a estudiar en este artículo: la desaparición forzada de personas. Hay una cierta tendencia a analizar ese tipo específico de violación a los Derechos Humanos de forma local, estatal y, en mi país, argentinocéntrica. Pero, frente a este cuadro y volviendo a la definición de Estado de Max Weber ligada al monopolio de la violencia considerada legítima, podríamos pensar que esa forma de dominación política estaba en crisis.

Si a esto sumamos que la Guerra Fría fue un conflicto ideológico global que no enfrentó ejércitos nacionales, fronteras físicas y territoriales, pensar la violencia política solamente en sus expresiones locales o estatales limita el conocimiento del fenómeno. En este sentido, considero que la proliferación de la violencia política durante la Guerra Fría en el Tercer Mundo, y específicamente la desaparición forzada de personas, debe ser abordada, interrogada y explicada desde una perspectiva transnacional, pero para eso hay que construirla como tal.

La desaparición forzada en América Latina: una brevísima comparación de Guatemala, El Salvador, Honduras y Argentina

En América Latina, la violencia política represiva perpetrada por los Estados contra el oponente político tuvo una peculiaridad. Es decir, si bien las experiencias nacionales de fines de la década de 1970 tuvieron características diferentes que respondieron a las diversas modalidades en que se expresó la crisis política y social −pues no es lo mismo una guerra civil, que una situación revolucionaria o contrarrevolucionaria, que un proceso social genocida o un régimen democrático o una dictadura−, las cuales tuvieron el común denominador de haber implementado la desaparición forzada de personas para combatir el desafío que planteaba la oleada revolucionaria.² Como las consignas revolucionarias podían mezclar el socialismo con el antiimperialismo, el anticolonialismo y las luchas por la tierra, la democracia y contra el racismo, los oponentes políticos, para los Estados de seguridad nacional, estaban en todos lados. Frente a esta especificidad tercermundista de la guerra ideológica, la represión se mentó con ideas prestadas, pero también originales.

¿Qué es la desaparición forzada de personas? Es una violación a los Derechos Humanos compleja que consta de cinco o seis violaciones específicas. Es definida como

El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.³

Llevó mucho tiempo en reconocerse como tal. En 1980, gracias a las primeras manifestaciones masivas de repudio y aceptación de que las desapariciones forzadas estaban ocurriendo en numerosos países del continente, una resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas creó el Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada de Personas, de manera que se convirtió en el primer mecanismo temático de Naciones Unidas. Ese Grupo de Trabajo estaba encargado de ser un nexo entre los familiares de las víctimas de desaparición forzada, las organizaciones no gubernamentales y otras instancias, con los gobiernos.

Al nivel de Naciones Unidas, recién a fines de 1992 la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y en 2010 entró en vigor la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas que la prohíbe. La Organización de los Estados Americanos también se ha preocupado por el tema desde fines de la década del setenta. Existe un tratado internacional denominado Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas de 1994, que entró en vigor en 1996, y dos organismos de supervisión internacional, la Comisión Interamericana con sede en Washington y la Corte Interamericana con sede en San José, Costa Rica. Los primeros casos se presentaron ante ambos organismos desde mediados de los años sesenta, pero como no existía la desaparición forzada como noción establecida en los tratados, los casos se tramitaban como una suma de violaciones a los Derechos Humanos.

Los estándares más claros en contra de este tipo de conductas se establecieron en ámbito interamericano, ya que en Europa no era una práctica reiterada en la región (Carmona, 2005). De hecho, si se revisan los primeros informes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas se puede observar que, salvo muy pocas excepciones, estos se enfocan en los países latinoamericanos (Chile, Argentina, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Uruguay, Bolivia, Brasil, Perú).

Ahora bien, en este artículo se analizan los casos de Argentina, El Salvador, Guatemala y Honduras. En el primer caso, la práctica de la desaparición forzada de personas fue sistemática durante la dictadura institucional de las Fuerzas Armadas (1976-1983). En el caso de El Salvador, ese formato represivo fue creciendo en los años previos al estallido de la guerra civil, hasta alcanzar los niveles más altos en los primeros años de la guerra (1980-1981). En Guatemala fue una metodología de represión selectiva utilizada durante la democracia de fachada (1978-1982) y luego por una dictadura institucional de las Fuerzas Armadas (1982-1985) como parte de un proceso social genocida. En Honduras fue el instrumento de las Fuerzas Armadas y de seguridad para la represión política del último gobierno de facto y de la democracia que se estableció después de diez años de gobiernos de facto (1982-1986). En todos estos casos, los Estados violaron los Derechos Humanos y las convenciones internacionales, utilizaron este tipo de violencia ilegal, ilegítima e inmoral. A diferencia de las dictaduras, que carecen de legitimidad de origen y el ejercicio de la coerción es explícita, en las democracias la responsabilidad jurídica, sin dudas, es mayor (Ansaldi, 2014).

Los informes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas a partir del año 1982 sistematizaron los datos de los casos recibidos, admitidos y transmitidos a los gobiernos (Tabla 1).

Tabla 1
Informes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas 1982-1985
Nota. Elaboración propia a partir de los informes del (Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 1982, 1983, 1984a, 1984b, 1985).

No se utiliza esta frecuencia para comparar la cifra de desaparición en los países de la región, dado que la recolección del dato depende de las posibilidades que han tenido las diversas organizaciones sociales e individuos de cada uno de los países de hacer las denuncias y de que estas, a su vez, hayan sido recibidas en el GT. Además, porque la cifra estimada y proyectada siempre es más alta. Lo que me interesa destacar es que todos estos casos pasaron por una misma evaluación del GT, fueron reconocidos como desapariciones forzadas a partir de las mismas variables y transmitidos a los gobiernos, lo cual nos habla de cómo este tipo específico de violencia represiva ejercida por los Estados se había transformado en ese entonces en un hecho común, sistemático y con características similares en dichos países de la región latinoamericana.

Las cifras oficiales más actuales confirman la magnitud del fenómeno y nos permiten observar la misma lógica temporal de los registros anteriormente citados. En el caso de Argentina, existe el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos, el cual tiene el trabajo de actualizar permanentemente una base de datos de alcance nacional sobre las víctimas del accionar represivo ilegal del Estado argentino. El Registro trabaja sobre un período amplio que va desde el 28 de junio de 1966, cuando inició la primera dictadura institucional de las Fuerzas Armadas encabezada por el general Juan Carlos Onganía, y el final de la última dictadura, el 10 de diciembre de 1983, lo cual incluye el período de la tercera presidencia de Juan Domingo Perón y el gobierno de María Estela Martínez, cuando se dictaron los primeros decretos de aniquilamiento. El informe de 2022 trabajó sobre un total de 8626 víctimas. En este, como puede verse a continuación (Figura 1), se observa una altísima concentración de casos de desaparición forzada entre 1975 y 1978: un 44,8 % se perpetraron en 1976; mientras que un 36,6 % se concentraron en 1977. Desde entonces la cifra empezó a decaer.

Figura 1
Frecuencia de las desapariciones forzadas en Argentina (1970-1983)
Nota. Tomado de Programa de Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (2015, p. 53).

En el caso de Guatemala, se cuenta, en primer lugar, con el informe de la Iglesia católica que trabajó sobre la base de 5465 testimonios que evidenciaron más de 50 000 víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. De estas, registraron 3893 víctimas de desaparición forzada, 1404 perpetradas en el período que va de 1980 a 1983 (Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, 1998, tomo IV, p. 507). El esfuerzo estadístico de mayor envergadura fue el trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), auspiciada por Naciones Unidas, la cual registró 42 275 víctimas de 61 648 violaciones a los Derechos Humanos y hechos de violencia ocurridos en Guatemala en el período 1962-1996 (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999, Cap. 2, p. 318). Con respecto a la desaparición forzada de personas (6159 casos), la CEH llegó a la conclusión que estas representaron el 10 por ciento del total de las violaciones de Derechos Humanos. Según el informe, esta práctica alcanzó un significativo aumento entre 1979 y 1983 (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999, Cap. 2, p. 407).

La CEH publicó el siguiente gráfico (Figura 2) para observar el desarrollo cronológico de la desaparición forzada con respecto a las ejecuciones arbitrarias.

Figura 2
Total de desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, Guatemala (1962-1966)
Nota. Tomado de Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999, p. 407).

Al ampliarlo, se pueden observar ciertos picos en la práctica de esta violación (figuras 3 y 4).

Figura 3
Total de desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, Guatemala (1962-1978)
Nota. Tomado de Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999, p. 408).

Figura 4
Total de desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, Guatemala (1984-1996)
Nota. Tomado de Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999, p. 409).

Estos gráficos permiten observar que en algunos momentos, como en los años 1971, 1975 y 1976, la desaparición forzada de personas fue más sistemática que otras violaciones a los Derechos Humanos, hecho que coincide con la etapa de desarrollo de los grupos insurgentes y partidos políticos de oposición y con la desaparición de miembros de dirigencias de organizaciones políticas y sociales (p. 408). En términos generales, la CEH señaló que no se observaron cambios o alteraciones sustantivas a lo largo del tiempo, pues su frecuencia varió de acuerdo con la agudización del conflicto. El 36 por ciento de las desapariciones se concentraron en el departamento de Quiché, mientras que en el resto de los departamentos el porcentaje fluctuó entre el 9 % y el 6 % (Alta Verapaz, Chimaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Guatemala, Petén) (p. 410).

Si bien el trabajo de la CEH afirmó que la mayoría de las desapariciones forzadas se llevaron a cabo en los departamentos indígenas, el trabajo de Carlos Figueroa Ibarra (Figura 5), confeccionado a partir de los datos recopilados por el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos y el Grupo de Apoyo Mutuo, señala su concentración en el municipio de Guatemala: el 67 por ciento de las desapariciones forzadas del período 1970-1979 y el 47 por ciento del período 1980-1989.⁴ Es decir, las desapariciones forzadas en la ciudad, durante el período en que se cometieron las prácticas de genocidio y de represión política masiva, igualaron cuantitativamente a las perpetradas en la zona rural.

Figura 5
Frecuencia de las desapariciones forzadas en Guatemala (1974-1991)
Nota. Elaboración propia a partir de Figueroa Ibarra (1999, p. 121).

La desaparición forzada de personas en El Salvador no fue específica de la guerra civil (1980-1992). La CIDH en el informe sobre el país de 1978 señaló que la desaparición forzada se practicó al menos de 1976 a 1978 y que, con posterioridad a la visita in loco, recibió una publicación del Arzobispado de San Salvador del 30 de junio de 1978, la cual contenía una lista con los nombres de 99 personas desaparecidas. También, detalló un listado de más de 110 personas sujetas a detenciones arbitrarias en 1977 (CIDH, 1978).

Según el informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas de 1981, se tenía un registro de 214 desapariciones efectuadas de 1966 al 15 de octubre de 1979 y de 812 de octubre de 1979 a julio de 1981. De las 927 personas desaparecidas, el 27 por ciento eran campesinos, el 27 por ciento estudiantes y el 20 por ciento trabajadores (Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 1981, p. 38).

Dada la carencia de datos oficiales del período previo a la guerra civil, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador (en adelante CONABÚSQUEDA) trabajó con las denuncias de casos de desaparecidos entre 1966-1982 del Socorro Jurídico, cuya sistematización indica 216 casos en el período que va de 1966 a 1979; este último año condensa 100 de esos, datos que condicen con los informes previos (CONABÚSQUEDA, 2020, p. 42).

Durante el período propiamente de la guerra civil, la Comisión de la Verdad de El Salvador calculó en al menos 75 000 el saldo de víctimas fatales, de las cuales el 25 por ciento fueron desapariciones forzadas (Comisión de la Verdad Para El Salvador [CVES], 1993, Anexo 2, p. 9). Mientras que, a comienzos de la década, la ejecución era la práctica más frecuente. Su número bajó a partir de 1982 hasta equipararse a los niveles de las desapariciones (Figura 6).

Figura 6
Frecuencia de las desapariciones forzadas en El Salvador (1980-1991)
Nota. Elaboración propia a partir de los números absolutos por año de desapariciones forzadas publicadas en el informe de CONABÚSQUEDA (2020, p. 42) y el informe de la CVES (1993, Anexo, Tomo II, Apartado “Análisis estadístico de los testimonios recibidos por la Comisión de la Verdad”, Gráfico 7).

En 1993, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras entre 1980 y 1993, el cual permitió sistematizar la información recabada hasta ese momento (Figura 7). El informe registró un total de 179 desapariciones forzadas producidas en Honduras entre 1980 y 1992,⁵ aunque el 30 por ciento se registra en el año 1981 (cincuenta y tres casos), y el resto se distribuye de forma más o menos pareja entre 1982 y 1985, con un promedio de veinte casos por año. De acuerdo con el CNDH (2002), los casos de desaparición presentaron características similares y fueron una práctica sistemática de 1982 a 1984 (p. 255). Además del número de casos, otra diferencia sustancial con Guatemala es que la mayoría de los desaparecidos no fueron hondureños. En 1981, por ejemplo, fueron tres nicaragüenses, catorce hondureños, veintisiete salvadoreños, cinco costarricenses, dos guatemaltecos, un venezolano y un ecuatoriano (CNDH, 2002, pp. 145-252).

Figura 7
Frecuencia de las desapariciones forzadas en Honduras (1974-1989)
Nota. Elaboración propia a partir de un informe del CNDH (2002, pp. 145-252).

Si analizamos en conjunto estas figuras, se pueden sacar algunas conclusiones muy importantes en relación con la temporalidad. En primer lugar, las desapariciones forzadas comenzaron a crecer de forma abrupta y a hacerse sistemáticas a partir de fines de 1975 hasta 1979, cuando la cifra se derrumba, en el caso de Argentina. En segundo lugar, si bien el caso de El Salvador presenta casos de desaparición forzada desde 1975, el pico más alto se observa a partir de finales de 1979, justo cuando en Argentina habían decaído. En tercer lugar, los casos de Guatemala y Honduras también presentan los picos más altos a mediados de 1980, aunque Guatemala presenta una cresta más alta aún en 1982.

Parecería observarse, entonces, que la práctica sistemática e institucionalizada de la desaparición forzada de personas como forma represiva del Estado ocurrió antes en Argentina, un elemento que debe tenerse en cuenta para el estudio de las explicaciones a este tipo específico de violencia política que se perpetró de forma tan generalizada en América Latina: ¿por qué sucedió?, ¿la experiencia de Argentina sirvió de “ejemplo”?, ¿puede afirmarse que fluyó de Argentina hacia Centroamérica?, ¿cómo fluyó?, ¿hubo contactos y vínculos entre los agentes represivos?, ¿coincidieron en las escuelas de formación?, ¿hubo una política de exportación de esta forma tan particular de violencia política?, ¿cuál fue la política exterior de los Estados de seguridad nacional de los países estudiados?

Este trabajo no busca profundizar en detalles cualitativos sobre la desaparición forzada de personas, por razones de espacio; no obstante, cabe resaltar que el modus operandi conocido, detención ilegal, traslado a un centro clandestino de detención, tortura y desaparición, fue un formato que no se observó en las zonas rurales, pero sí se practicó con similares características en las zonas urbanas de todos los países estudiados. Así lo documentan los informes de la CIDH, de las Naciones Unidas y las comisiones de la verdad. Únicamente se registra en Argentina y Honduras.

En el caso de Guatemala, fue una modalidad específica de las zonas urbanas. Así lo diferenció el segundo informe de la CIDH, el cual afirmó que el procedimiento o modus operandi en dichas zonas seguía siendo el mismo que se había utilizado con anterioridad al golpe de Estado de marzo de 1982, cuando las masacres indiscriminadas y el genocidio se generalizaron en el altiplano (CIDH,1983).

El último informe de la CIDH consignó un apartado completo a la desaparición forzada de personas; este señaló que las víctimas fueron “principalmente los dirigentes de las organizaciones políticas de oposición, los sindicalistas, los profesores y estudiantes universitarios, los trabajadores, los maestros, el campesinado y los religiosos”. Indicó, además, que fue practicada de forma sistemática y de forma masiva y que, en la Ciudad de Guatemala, estas tuvieron “elementos característicos coincidentes” que permitirían distinguir diferentes etapas (detención-interrogatorio-desaparición) (CIDH, 1985).

En El Salvador, el formato empleado surgió antes del estallido de la guerra civil. En el momento más álgido de la guerra, las desapariciones presentaban generalmente los mismos rasgos que los homicidios, es decir, no respondían exactamente al fenómeno del traslado de las víctimas a centros clandestinos de detención o al ocultamiento del cadáver de la persona desaparecida. Si bien en los primeros años los malos tratos antecedían a la ejecución, la tortura como forma de obtener información o confesión fue creciendo a medida que transcurrían los años: “en los años 80 y 81 este patrón representa menos del 3 por ciento de los casos. Esta proporción sube en forma acelerada hasta llegar al 60 por ciento de todos los testimonios referidos a 1989” (CVES, 1993, Anexo 2, p. 28). Es decir, a medida que la represión fue menos exterminadora, se fue extendiendo “la costumbre de apresar e interrogar a los capturados con el uso de la violencia física y psíquica, constituyendo un sistema de obtención de información relativamente más elaborado” (CVES, 1993, Anexo 2, p. 28).

Según el informe, el aumento de los casos de tortura se dio en los establecimientos y cuarteles de las fuerzas militares y de seguridad, los cuales se ubicaban, mayormente, en el departamento de San Salvador, algo que indicaría que, al igual que en Guatemala, esta práctica represiva se llevó a cabo especialmente en zonas urbanas (CVES, 1993, Anexo 2, p. 32).

En síntesis, no se debería naturalizar que la desaparición forzada fue practicada sistemáticamente por los Estados de Argentina, Guatemala, Honduras y El Salvador bajo el mismo modus operandi, contra las organizaciones sociales y políticas urbanas durante la última etapa de la Guerra Fría latinoamericana, ni que esta se vio de forma sistemática primero en Argentina y luego en Centroamérica. Esa práctica llevada a cabo de manera tan similar requirió complejos sistemas de inteligencia, comunicaciones y clandestinidad que se compartieron, enseñaron y aprendieron por fuera de los límites de los Estados nacionales, a través de redes y espacios de contacto transnacionales que muy posiblemente tuvieron que ver con las luchas anticolonialistas del Tercer Mundo, lo cual es necesario investigar a fondo. De alguna manera, y recuperando la hipótesis de Waldo Ansaldi y Verónica Giordano presentada al comienzo, si esas magnitudes de violencia política solo se habían visto durante la ruptura de la dominación colonial, hay algo de los procesos de descolonización (más que de la propia Guerra Fría) que la exacerbaron en América Latina.

Conclusiones

Para los latinoamericanos, afirmar que en nuestros países la desaparición forzada de personas fue una práctica sistemática represiva perpetrada por los Estados durante los años setenta y ochenta del siglo XX no parece ser una novedad. Sin embargo, y a pesar de la certeza de su existencia, no se han llevado a cabo trabajos comparados. Al hacerlo, la masividad del fenómeno no puede menos que dejarnos perplejos.

Más allá del régimen político y de los procesos sociohistóricos que se estaban atravesando en la escala estatal, este fenómeno se practicó con características similares y de forma casi simultánea en América Latina. ¿Qué podría explicarlo?, ¿qué podría dilucidar la masividad que tuvo el ejercicio de la desaparición forzada? No era sencillo llevarlo a cabo y menos de forma sistemática.

La violencia política no era central en la Guerra Fría disputada por las superpotencias, pero sí en el Tercer Mundo, por lo tanto es un concepto medular para comprender y aportar al campo recientemente renovado por Westad, Spenser y Pettiná, por mencionar a colegas que insistimos en pensar la Guerra Fría latinoamericana. Como la desaparición forzada de personas es una forma de violencia política, en este artículo se procuró empezar por reconstruir muy sucintamente cómo se entendía la violencia política en el siglo XX. Se observó que esta fue interpretada como un medio para alcanzar fines que se consideraban justos, particularmente cuando el Estado carecía de legitimidad y hegemonía.

En América Latina la crisis disparada en los años veinte y treinta fue una crisis del consenso liberal, pero sobre todo del Estado oligárquico y del ideario de Nación “civilizada” que caracterizó a la mayoría de los países latinoamericanos en el período de consolidación de sus Estados, que fue la forma de organización política lograda tras las independencias (circa 1880-1920). Estos no habían conseguido una verdadera transformación, pues las estructuras socioeconómicas seguían siendo heredadas del orden colonial. Lo anterior suponía la continuidad de relaciones sociales, económicas, culturales y también políticas de dicho orden, tales como el racismo, el trabajo forzado, la dependencia, entre otras.

Hacia los años veinte, intelectuales, artistas, estudiantes y docentes habían comenzado a cuestionar las contradicciones de esos regímenes y el volumen de lo nacional, como dice Patricia Funes (Ansaldi y Funes, 1998; Funes, 2006). Esos Estados no eran democráticos, y menos socialmente justos. Es decir, la pérdida de legitimidad y de hegemonía de los Estados latinoamericanos fue un proceso que comenzó antes de la apelación a la violencia como instrumento de liberación. Es imposible, por lo tanto, disociar esto de las guerras de liberación que se estaban produciendo en Asia y África y del impacto que produjeron sus triunfos o del locus del Tercer Mundo.

Del mismo modo, sería inverosímil desconectar la forma de violencia represiva implementada por los Estados −la desaparición forzada− de las doctrinas militares mentadas por las Fuerzas Armadas francesas. Todo esto destaca la importancia de pensar la violencia política de modo transnacional, a pesar de que esta tenga una relación estrecha con los Estados. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que las Fuerzas Armadas francesas fracasaron y que esto no era un dato menor para las instituciones castrenses regionales. Por lo tanto, no sería imprudente pensar que las corporaciones militares del subcontinente tuvieron ideas originales, establecieron contactos con actores civiles anticomunistas, ensayaron formatos de represión política y enseñaron aquellos que, a sus ojos, resultaron triunfantes y exitosos.

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Notas

Información adicional

Acerca de la persona autora: Julieta Carla Rostica. Argentina. Socióloga por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Estudios Latinoamericanos por la UAM y doctora por la UNQUI. Es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, co-coordinadora del Grupo de Estudios sobre Centroamérica y del Grupo de Estudios Transnacionales de la Violencia Política de las Derechas del IEALC-UBA. Además es facilitadora del Grupo de Trabajo de CLACSO Violencias en Centroamérica. Es docente grado y posgrado y directora de diferentes proyectos de investigación científica y tecnológica que investigan la colaboración de la dictadura militar argentina y la coordinación represiva entre Argentina, Guatemala, El Salvador y Honduras. Ha sido perito en los juicios de lesa humanidad en Guatemala.

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