Introducción

El conflicto ideológico bipolar más importante del siglo XX, la Guerra Fría, tuvo un desarrollo particular en la región latinoamericana que en muchos casos se caracterizó por tener una dinámica interna paralela a los aconteceres que involucraban a las grandes potencias. El campo de estudios de la Guerra Fría latinoamericana ha intentado poner el foco en las dinámicas interregionales del subcontinente y en las agencias de los actores latinoamericanos que discurrieron, en algunos casos, al margen o incluso en contraposición a las pretensiones hegemónicas de los grandes países involucrados, especialmente Estados Unidos y su influencia en el resto del continente. Así, algunos autores han propuesto una periodización propia de la Guerra Fría en América Latina que, a diferencia de la escala global, no se caracterizó por períodos alternados de conflicto y distensión, sino por una escalada de violencia que no tuvo nada de fría, y que, para el caso que nos ocupa, tuvo su epicentro en el Cono Sur en la década de los setenta y se trasladó hacia la región centroamericana en la década siguiente (Pettinà, 2018, 2023).

En los años setenta, la mayoría de los países de América del Sur atravesó regímenes políticos dictatoriales, enmarcados en las ideas de Seguridad Nacional que legitimaban la represión interna; este el caso de Argentina y Bolivia, dos países involucrados en nuestro caso de estudio. Mientras que en Argentina se instaló el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983, al mando de una Junta Militar responsable de un plan sistemático de tortura, muerte y desaparición de miles de personas, Bolivia atravesó una dictadura de siete años de duración bajo el mando de H. Banzer Suárez entre 1971 y 1978, un intento de apertura democrática posterior y un nuevo golpe de Estado en julio de 1980, que en pocos meses cometió una gran cantidad de crímenes contra la población.

En ambos casos, los militares decían llevar adelante la misión patriótica de “terminar con la subversión”, mientras que contaban con la colaboración de élites económicas que comandaban la reconversión de los modelos productivos en sistemas económicos excluyentes y perjudiciales para el conjunto: en un caso la valorización financiera, en otro el narcotráfico. Al mismo tiempo, ambos países formaron parte de una extensa red de inteligencia al servicio de la persecución del enemigo más allá de las fronteras nacionales.

Ahora bien, la Guerra Fría en Centroamérica alcanzó su máxima intensidad luego del triunfo de la Revolución sandinista en Nicaragua en 1979 y especialmente durante lo que fue el gobierno de Reagan (1981-1989) en Estados Unidos, lo cual desarrolló hacia la región una agresiva política de apoyo y conformación de grupos contrainsurgentes, principalmente en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Como enuncia Pettinà: “fue siempre en América Central donde, durante la última década de la Guerra Fría, la intrusión de la política exterior estadounidense en los asuntos internos de los países latinoamericanos alcanzó su nivel más brutal” (2019, p. 20).

El antecedente de este nivel de intervención había sido la colaboración de la CIA para derrocar al gobierno de Árbenz en Guatemala en 1954, bajo la “coartada anticomunista”, episodio que para muchos historiadores representa el inicio de la Guerra Fría en Latinoamérica. Las reformas sociales que se estaban llevando a cabo, fundamentalmente la distribución de tierra, fueron cortadas de cuajo; es un país parte de una región en la que la concentración de la tierra fue durante todo el período un problema fundamental, cuyas tensiones explotaron en la década del ochenta. Especialmente, el caso de Guatemala representa uno de los más extremos en los niveles de violencia política desplegados por las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Lucas García (1978-1982) y la dictadura comandada por Ríos Montt (1982-1983) y Mejía Víctores (1983-1986). La estrategia contrainsurgente incluyó masacres sistemáticas, desplazamientos forzados y un genocidio contra los pueblos indígenas. El proceso genocida continuó aun cuando las guerrillas –que llegaron a contar con un importante apoyo campesino– ya habían sido derrotadas militarmente.

El campo de estudios de la Guerra Fría latinoamericana ha establecido un diálogo con la perspectiva transnacional, es decir, con un enfoque que traspasa las fronteras y las escalas locales y aborda como objetos de estudio las redes, flujos o “zonas de contacto” en los que ocurrieron encuentros e intercambios entre diferentes tipos de actores sociales. Desde los trabajos de la academia estadounidense de Keck y Sikkink (1998) y Joseph, LeGrand y Salvatore (1998), la perspectiva transnacional ha permitido una innovación de las unidades de análisis, ya no centradas en escalas nacionales –tampoco internacionales–, sino en las redes y espacios de encuentro, circulación e interacción entre actores de todo tipo: políticos, sociales, económicos, institucionales, religiosos, individuales, colectivos, entre otros.

En América Latina, desde la primera década de este siglo, existe una producción emergente e importante que aborda la Guerra Fría latinoamericana encuadrada dentro de la perspectiva transnacional (Rostica, 2023a). Especialmente, en el campo de los estudios sobre los Estados terroristas, la represión y la violencia política, esta perspectiva ha permitido visibilizar redes de cooperación, transferencias de conocimiento y prácticas que operaron a escala supranacional, regional e internacional durante la Guerra Fría, con un nivel sustantivo de autonomía con respecto a los lineamientos geopolíticos de las grandes potencias enfrentadas a escala global.

Atendiendo a estos abordajes, los grupos de estudio a los que pertenezco, el Grupo de Estudios sobre Centroamérica (GECA) y el Grupo de estudios transnacionales de la violencia política de las derechas,¹ trabajan proyectos de investigación amplios sobre la colaboración de la última dictadura militar argentina en la “lucha contra la subversión” dentro de los procesos políticos y represivos que atravesaron países del Cono Sur y de Centroamérica en las décadas de los setenta y los ochenta. En ese sentido, los estudios de Armony (1999, 2004), sobre la transnacionalización del aparato represivo argentino, abrieron una senda que los investigadores de los grupos han trazado con valiosas investigaciones en materia de colaboración y coordinación represiva, los cuales incluyen abordajes sobre el flujo de ideas “contrasubversivas” y de “seguridad nacional”, los intercambios en materia de formación militar, el asesoramiento militar, la instalación de agregadurías militares, la integración de órganos de coordinación de inteligencia e incluso la participación directa de agentes argentinos en procesos represivos externos (Molinari, 2018, 2024; Rostica 2021a, 2021b; Rostica, Kovalskis, Molinari y Oberlin, 2020; Sala, 2020; Oberlin y Kovalskis, 2020).

Una síntesis reciente sobre la colaboración argentina en la “lucha contrasubversiva” en Centroamérica se encuentra en el informe coordinado por Rostica (2023b) para lo que era la Secretaría de Derechos Humanos, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina.² En relación con las investigaciones que los grupos vienen realizando, esta autora se encuentra trabajando en temas que vinculan los procesos represivos de Argentina y Bolivia y específicamente en la participación argentina en las dictaduras bolivianas de los setenta y ochenta.

En el marco de estas investigaciones, este artículo aborda un caso específico de estudio: el recorrido de un agente civil de inteligencia argentino quien, como parte de la última dictadura militar, tuvo participaciones en diferentes sucesos de la política estatal y paraestatal represiva de otros países de la región, específicamente Bolivia y Guatemala. La hipótesis que abona el trabajo es que una de las condiciones de posibilidad para la colaboración de la dictadura argentina en otros procesos represivos latinoamericanos, como el golpe de Estado de 1980 en Bolivia o la “lucha contrasubversiva” en Centroamérica, es la existencia de este tipo de actores que se movieron a través de las fronteras, en muchos casos de manera clandestina, de manera que manejan la tensión entre ser agentes estatales y a la vez tener una agenda autónoma, en algunos casos paralela al accionar estatal, y que por medio de una amplia red de contactos posibilitaron la coordinación entre diferentes estructuras, redes e instituciones.

Considerando los abordajes de los estudios transnacionales, creemos que este tipo de agentes de inteligencia puede ser entendido como un nodo que conecta redes transnacionales o incluso como una “zona de contacto” móvil, encarnado en su propia persona. El concepto de “zonas de contacto”, desarrollado inicialmente por Mary Louise Pratt (1991) y posteriormente adoptado por diversos campos disciplinarios, refiere a espacios sociales donde culturas diferentes se encuentran y establecen entre sí relaciones de poder generalmente asimétricas.

En una primera formulación, la zona de contacto se define como un espacio de fricción y tensión entre diferentes concepciones, pero también puede ser un espacio de interacción, transacción y negociación entre actores heterogéneos, el cual permite el intercambio, el diálogo y la cooperación. En el contexto de la represión transnacional, estas zonas no son necesariamente espacios físicos ni geográficos (Weinstein, 2013), sino que pueden materializarse en personas, instituciones o prácticas que funcionan como puntos de articulación entre diferentes aparatos represivos nacionales. Un agente de inteligencia que opera en múltiples países puede constituir, en sí mismo, una zona de contacto: un espacio de intersección donde convergen diferentes tradiciones represivas, se intercambian técnicas y conocimientos, se articulan diferentes actores sociales y organizaciones y se negocian estrategias que trascienden los marcos nacionales.

El caso de esta investigación, nos permite ilustrar una de las dimensiones transnacionales de la represión durante la Guerra Fría latinoamericana porque revela mecanismos concretos a través de los cuales se pusieron en contacto aparatos de inteligencia locales con actores políticos y agentes estatales más allá de las fronteras nacionales, en conjunto con redes transnacionales de las derechas que funcionaban incluso a escala global. Así, además de abrir el abanico de actores que tuvieron participación en la dinámica de la Guerra Fría latinoamericana, el trabajo atiende a la necesidad de ampliar los horizontes geográficos de estudio, del sur hacia el centro, viceversa y más allá, para abordar las tramas de la colaboración represiva en la región. Aunado a lo anterior, esta investigación contribuye a ensanchar los estudios sobre las actividades extraterritoriales que llevó adelante el aparato represivo argentino en otros países latinoamericanos y los intentos de exportación del modelo represivo argentino para “combatir la subversión”.

Con respecto a la metodología y las fuentes utilizadas, conviene aclarar que a lo largo del artículo se utilizará uno de los nombres con los que aparece el agente en cuestión en algunas publicaciones (Néstor Mignola), aunque este no es su nombre real –con el que sí figura en gran parte de la documentación y en las notas de prensa que aquí citamos.³El personaje, que ha tenido otros seudónimos y nombres falsos –como suele suceder con los agentes de inteligencia–, fue detenido en 2022 en Buenos Aires, con pedido de extradición por parte de la INTERPOL, acusado por estafas en España (Ragendorfer, 2022a). Se desconoce su paradero actual.

Con respecto a las fuentes, se utiliza documentación de la Policía guatemalteca,⁴ del Ministerio de Interior, Migración y Justicia de Bolivia y del Archivo Histórico de la Cancillería Argentina (AHCA), de dos colecciones en particular.⁵ Además, se toman en cuenta referencias presentes en la bibliografía secundaria de trabajos académicos y periodísticos, también se incluyen notas del periodismo de investigación publicadas en línea, especialmente para los hechos más recientes.⁶ Algunos de los datos encontrados en este último grupo de fuentes no pudieron ser corroborados en documentación oficial o que funcione como prueba fehaciente. Existe también un conjunto de información que circula en blogs disponibles en internet, los cuales son tomados en calidad de rumor, teniendo en cuenta el poco rigor documental. Por último, se realizó una entrevista que aportó datos valiosos para los fines de esta investigación.

El artículo comienza con un recorrido medianamente cronológico del accionar del agente en cuestión, el cual da cuenta, por un lado, de la participación argentina en los procesos represivos bolivianos y, por otro, del nivel de contactos que el agente mantenía con otro tipo de organizaciones, de manera que permiten caracterizarlo como “zona de contacto”. Posteriormente, la acción se traslada a la región centroamericana, donde describimos una especie de triangulación que refuerza la posibilidad de pensar en un “espacio transnacional” de colaboración para combatir la subversión.

En los apartados siguientes, se analiza el accionar del agente en una segunda etapa, en Bolivia, y un documento que lleva su firma y establece una serie de conexiones transnacionales que se proyectaban en la región, en América del Sur y Central. Por último, antes de realizar las conclusiones, se describe brevemente el derrotero del actor luego de finalizados los regímenes represivos en la región, dando cuenta de las reconversiones posibles de este tipo de sujetos y de las antiguas o nuevas redes transnacionales, algunas activas hoy en día.

Argentina en las dictaduras bolivianas: un primer paso

A fines de 1977, Bolivia atravesaba el final de una dictadura que había durado muchos años y el Gral. Banzer (1971-1978) se encontraba presionado tanto externa como internamente para llamar finalmente a elecciones democráticas: por un lado, el gobierno de Carter en Estados Unidos apremiaba en ese sentido y, por el otro, cuatro mujeres mineras habían comenzado una huelga de hambre para exigir al gobierno una serie de puntos y en pocos días habían logrado generar un movimiento social de más de 1500 huelguistas que ayunaban en diferentes partes del país. Una extensa red de apoyo nacional e internacional logró obtener el compromiso de Banzer de otorgar la amnistía a los dirigentes exiliados y encarcelados y el llamado a elecciones en los meses siguientes (Cajías de la Vega, 2014, p. 159). Esa es la coyuntura en la que habría llegado el agente en cuestión a Bolivia.

Según testimonios que el agente Mignola dio en dos oportunidades distintas –una en 1983 y otra en 2001–, su arribo a Bolivia había sido a fines de 1977 o principios de 1978. En la entrevista realizada por Sivak, Mignola cuenta que viajó a Bolivia como militante de la Liga Anticomunista Mundial (LAM). Aquí ya hay un primer contacto transnacional, de cuya organización nos ocuparemos en párrafos siguientes. Según relata, había sido nombrado funcionario del gobierno de Banzer en la Junta Nacional de Acción Social que dirigía la Primera Dama, según dice, “un cargo de ñoqui”.⁷ En 1978, participó en la campaña electoral:⁸ “pegué carteles por Banzer hasta las últimas horas del régimen” (Sivak, 2001, p. 237); sin embargo, por sus acciones posteriores podemos imaginar que tenía a cargo otras actividades menos inocentes.

En otro de los trabajos consultados, se menciona que Mignola había sido contratado como “provocador de la campaña electoral de 1978”. Algunas de las acciones de “agitación” eran la colocación de dinamita en iglesias críticas del gobierno, como forma de amedrentamiento. Parece ser que este agente habría participado en varias de ellas: se menciona especialmente el atentado a la sede parroquial de Loreto en Cochabamba (Vergara Contreras, 1990, p. 103). Según el otro testimonio que dio, al estar ligado al mundo religioso (había estudiado Teología), una de sus tareas era infiltrarse en grupos católicos para descubrir “subversivos” (Hermann, 1986, p. 16).

El periodista alemán Kai Hermann lo entrevistó cuando estaba recluido en el Ministerio de Interior, a fines de 1983,⁹ y en ese momento Mignola contó que luego de ser entrenado en la Escuela de Inteligencia en Buenos Aires y en la Escuela de las Américas en Panamá, había trabajado en varios lugares, entre ellos España, y que había llegado a Bolivia cuando en su país estaba presente la “campaña antiargentina”, en los meses previos a la realización de la Copa Mundial de Fútbol de junio de 1978.¹⁰ En ese momento, varios agentes habían viajado a Centroamérica, pero Mignola había ido a Bolivia¹¹ (Hermann, 1986, p. 16).

En el trabajo anteriormente citado se menciona como parte del grupo de mercenarios extranjeros que comenzaron a llegar a Bolivia en 1978, reclutados por el criminal nazi Klaus Barbie, en ese momento asesor encubierto del régimen de Banzer, con la identidad falsa de Klaus Altmann. Según este trabajo, Mignola había sido contratado junto con otros argentinos miembros de “la Triple A”, es decir, la Alianza Anticomunista Argentina (Vergara Contreras, 1990, p. 103).¹²Aquí hay una segunda conexión internacional, en relación con el grupo paramilitar neonazi comandado por Barbie.

Gran parte de la bibliografía sobre el período histórico de las dictaduras en Bolivia menciona la presencia de mercenarios extranjeros en el golpe de 1980, los casos más conocidos son Klaus Barbie y los italianos Stefano Delle Chiaie y Pierluigi Pagliai (Cajías, 2014, p. 175). Además del grupo de mercenarios que coordinaban operaciones criminales dentro y fuera del Estado, había un grupo de argentinos, cuya presencia también es generalmente mencionada en la bibliografía, pero sin que se conozcan sus nombres, cargos y tareas. En la sentencia del Juicio de responsabilidades a García Meza, aunque la participación argentina está mencionada, solo figura el nombre de un oficial argentino que cumplía funciones de asesor en el Estado Mayor General del Ejército (EMGE): el Mayor J. C. Durand (Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, 1987).

Otro de los mercenarios que estuvo en Bolivia, del cual no se tiene tanta información es el hoy escritor español de filiación neonazi Ernesto Milà, quien estuvo trabajando en el Departamento VII de Operaciones Psicológicas (donde también trabajó Mignola –como se verá–, por lo que es posible pensar que estuvieron en contacto). Sin embargo, no hallamos más información que un testimonio dado en 1984 al escritor español M. Vázquez Montalbán donde sostiene:

Efectivamente, estuve un tiempo en Bolivia, junto a otros militantes europeos. Sustituimos a los asesores israelíes en el estado mayor (…) allí estaba, efectivamente, Klaus Barbie, otro que la prensa ha presentado como un “monstruo” asesino y de cuya rectitud no tengo la menor duda. Por lo demás, los reductos sudamericanos son las base de lo que queda de la capacidad de resistencia (1984, p. 164).

Ahora bien, sobre las actividades de la Liga Anticomunista Mundial en Bolivia, la información es escueta. La LAM es una organización internacional de extrema derecha fundada en Taipei en 1967, a instancias del entonces dictador Chiang Kai-shek, y uno de sus miembros más prominentes fue el surcoreano Sun Myung Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación en 1954, con un alcance internacional importante y de la cual haremos referencia en apartados posteriores.

El capítulo latinoamericano de la LAM fue la Confederación Anticomunista Latinoamericana (CAL), creada en Guadalajara en 1972. Ambas organizaciones celebraron congresos en América Latina; en párrafos siguientes nos referiremos a uno de ellos. Como rescata Soler en un trabajo sobre la XII Conferencia Anual de la LAM realizada en Asunción en 1979, los investigadores Meyssán y Borrás, además de definir a la LAM como una “internacional del crimen”, puntualizaron la participación de Banzer en dicha organización. Según los autores, Banzer “fue quien organizó el plan sistemático de persecución a los opositores” (Meyssan y Borrás, citado en Soler, 2018, p. 63).

Por su parte, en el clásico trabajo de Anderson y Anderson (1986) sobre la LAM se describe el “Plan Banzer” como una “nueva forma de terror transnacional”, el cual fue discutido en la conferencia de la CAL en Asunción en 1977 y aceptado por los otros nueve países latinoamericanos asistentes (p. 145). En tanto que Bohoslavsky relata que este plan, “destinado a denunciar, vigilar, perseguir y finalmente exterminar a miembros de la Iglesia sospechados de ser marxistas infiltrados”, fue finalmente aprobado en el mencionado congreso de 1979 en Asunción (2019, p. 173).

Más allá de la vía de llegada del agente argentino a Bolivia, hacia fines de 1977 o principios de 1978 se encontraba trabajando allí. Cabe aclarar que este tipo de agentes eran contratados por el Ministerio de Interior, recibían credenciales y un sueldo como funcionarios del Estado. En el caso de los argentinos, llegaban como parte de una misión enviada por la estructura de inteligencia estatal. En la entrevista con Herman, Mignola cuenta que, antes de viajar, a los argentinos les habían mostrado un informe sobre Barbie, el cual los alentaba a trabajar con él alegando que era “de gran utilidad para Argentina porque había jugado un impor-tante rol en la lucha contra el comunismo en América Latina” (Hermann, 1986, p. 17).

Con respecto a los vínculos entre Argentina y Bolivia en esos años, ambos países tuvieron probada participación en la “Operación Cóndor”, cuando los servicios de inteligencia de los respectivos países del Cono Sur coordinaron acciones represivas (Ministerio Público Fiscal, 2016;¹³Sivak, 1997; Irusta Medrano, 1995; McSherry, 2009). Además, contamos con referencias del envío hacia Bolivia de personal argentino de asesoramiento en grandes cantidades desde mediados de la década de 1970. Había agentes que viajaban en misiones transitorias, de algunas semanas, o en misiones permanentes, entre uno y dos años, como parte del Equipo de asesoramiento de Doctrina Militar del EMGE o para dar clases en la Escuela de Inteligencia de Bolivia.¹⁴ (Error 1: La referencia Sivak, 1997 debe estar ligada) (Error 2: El tipo de referencia Sivak, 1997 es un elemento obligatorio) (Error 3: No existe una URL relacionada)

En el informe sobre el Batallón de Inteligencia 601 –órgano ejecutivo de la Jefatura II del EMGE argentino, donde se centralizaba la red de información e inteligencia de todo el país– se encuentran consignados los integrantes del personal militar comisionados a Bolivia para dar clases en la Escuela Militar de Inteligencia.¹⁵ Sin embargo, el informe no se ocupa de las operaciones extraterritoriales llevadas adelante por el Grupo de Tareas Exterior (GTE), ni se detalla el envío de personal civil,¹⁶ grupos a los que tal vez perteneció Mignola.

No fue posible encontrar información sobre el agente durante el año 1979, pero sí durante 1980. Se conoce que varios asesores argentinos llegaron a Bolivia para colaborar con el golpe de julio de 1980, incluso algunos meses antes; Mignola sería uno de ellos. Según la investigación llevada a cabo por Duhalde (2021), Mignola estaría además involucrado en “el caso Molfino”: una operación extraterritorial de la dictadura argentina que implicó el secuestro de tres montoneros en Perú, en junio de 1980, en el marco de la Contraofensiva, y el asesinato de Noemí Esther Gianetti de Molfino, en Madrid, al mes siguiente, en lo que se entiende como una reactivación del Plan Cóndor.

Aunque el gobierno boliviano del momento, al mando de L. Gueiler, lo negó, se conoce que los secuestrados fueron trasladados primero a Bolivia donde fueron recibidos por los asesores argentinos que se encontraban participando de las preparaciones del golpe de Estado. Según la investigación, en junio de 1980, Mignola ya se encontraba en La Paz, puesto que habría participado de los interrogatorios a estas personas secuestradas,¹⁷ en los que María Inés Raverta y Julio César Ramírez murieron a causa de las torturas (Duhalde, 2021, p. 215).

Retomando el tema de la colaboración, uno de los saberes que los argentinos transmitían a sus pares latinoamericanos era el de las torturas en los interrogatorios, lo cual Mignola podría haber aprendido en Buenos Aires: según Ragendorfer (2022a), hay testimonios que señalan su presencia como interrogador en el centro clandestino “Garage Azopardo” que dependía de la Policía Federal y estaba bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército en la ciudad de Buenos Aires, en funciones entre 1976 y 1977.

En un trabajo sobre las operaciones asesinas extrajudiciales del ejército peruano llevado adelante por Uceda, hay un capítulo en el cual se describe el secuestro de los Montoneros en Lima. El autor sostiene que probablemente fueron los mismos oficiales argentinos que estaban en Perú al momento del secuestro (menciona alrededor de once personas), quienes también participaron de las torturas en La Paz. Sin embargo, “la identidad de los integrantes del equipo argentino nunca fue establecida” (Uceda, 2019, p. 354). Tampoco existía un registro oficial sobre el ingreso de los tres argentinos a Bolivia hasta el momento de aquella inves-tigación, en la cual se consiguió el acta de recepción suscrita por el inspector de Migraciones de la frontera boliviana y las fotos que había tomado uno de los agentes peruanos. En ese capítulo, el autor también destaca la impresión que causaban en los oficiales peruanos los métodos de tortura de los militares argentinos (Uceda, 2019, p. 363).

Esta información se vincula directamente con la experiencia de la periodista boliviana Zulema Alanes, a quien entrevistamos después de leer su testimonio en un libro reciente sobre el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz (Manzilla, 2021), una de las víctimas más salientes de la dictadura de García Meza.¹⁸Allí Alanes menciona haber sido torturada por “el Mingola” [sic] cuando fue secuestrada a los pocos meses del golpe: “me hizo quemaduras con su cigarrillo y me preguntaba por los dirigentes, por los curas (…) estuve cuatro días; y claro, me podrían matar porque Mingola quería información” (Manzilla, 2021, p. 120).

En la entrevista que me concedió, explicó que aunque tenía los ojos tapados, su suposición se basa en que la persona que le hacía preguntas tenía “acento gaucho” y un apodo similar a su nombre,¹⁹ pero además, ella ya lo conocía porque desde hacía algunos años se desempeñaba como periodista y cubría temas de política: Alanes trabajaba para radio Fides desde 1977 y tenía la misión de cubrir los actos oficiales de las Fuerzas Armadas. Entre los periodistas se sabía que en esos actos siempre en algún rincón estaban “el Mingola y el Altmann” (en referencia a Barbie), y que ambos comandaban la estructura militar desde el departamento de inteligencia del ejército (Z. Alanes, comunicación personal, 9 de abril de 2022).

Ahora bien, son numerosos los testimonios de víctimas del golpe de 1980 que señalan torturas por parte de personas con acento argentino; sin embargo, son pocos los que están documentados: el más conocido de ellos, reproducido en el Juicio de Responsabilidades a la dictadura de García Meza (Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, 1987), es el de C. Soria Galvarro.²⁰

El testimonio de Alanes nos sitúa en el período de la dictadura de García Meza (1980-1981). Según la entrevista concedida a Sivak (2001), Mignola participaba en el gobierno de García Meza reportando para el Departamento Séptimo de Operaciones Psicológicas: “Teníamos una oficina –cuenta– en el hotel Sheraton. Nos dedicábamos a temas de prensa, de inteligencia, como la investigación sobre la muerte de Quiroga Santa Cruz” (p. 237). Queda claro que el agente formaba parte del grupo de argentinos (decenas o cientos) que asesoraban al gobierno militar o formaban parte de él, y en muchos casos influían en las decisiones. Esto era un secreto a voces incluso en ese momento, pero más allá de algunos casos puntuales, como se ha dicho, es poco lo que se ha podido avanzar sobre las responsabilidades que le caben a los agentes argentinos.

Consignamos la declaración del teniente coronel J. C. Durand²¹ recogida por el periodista argentino García Lupo, quien ya en 1982 denunciaba desde sus columnas periodísticas el apoyo argentino al golpe. En una de ellas se anota que Durand “reconoció que formaban 'un puñado de soldados argentinos, integrando el ejército boliviano'” (García Lupo, 1983, p. 45).²² En general, la bibliografía vincula el asesoramiento argentino con la figura del Ministro de Interior Arce Gómez, incluso desde los meses previos al golpe, cuando ejercía como Jefe de Inteligencia. Así, el brutal asesinato de Luis Espinal Camps²³ en marzo de 1980 es denunciado desde el semanario Aquí como obra de Arce Gómez y “el sello de los militares argentinos” (Dunkerley, 2003, p. 340). Dunkerley también anotó sobre la contribución argentina para dotar al régimen de García Meza de una naturaleza diferente en relación con los anteriores regímenes militares (2003, p. 362).

En la documentación del archivo de Cancillería (Colección Forti), se observa el envío a Bolivia de más de treinta militares en misiones transitorias o permanentes entre 1980 y 1982,²⁴ además de los que ya se encontraban allí como agregados militares o asesores en el EMGE,²⁵ ya sea en cursos de inteligencia, en el Equipo de Doctrina Militar u otras áreas.²⁶

En septiembre de 1980 se realizó en Buenos Aires el IV Congreso de la Confederación Anticomunista Latinoamericana (CAL), el capítulo regional de la mencionada LAM. Parece ser que Mignola habría viajado para estar presente en aquel evento, en el cual “todos le decían Christian” (Ragendorfer, 2013); inferimos que la red de contactos internacionales se potenció en aquella oportunidad. La CAL, como red de extrema derecha, nucleaba partidos políticos y entidades anticomunistas, las cuales abarcaban “un amplio espectro de organizaciones legales, secretas, militares, estudiantiles, clericales, de negocios y otras, incluyendo organizaciones políticas y paramilitares anticastristas como Alfa 66” (López, 2016, p. 327). Según su Carta de Principios, estudiada por López (2016), la principal prioridad de la Confederación era asegurar que el comunismo no echara raíces en Latinoamérica.

En los Congresos de la CAL, los representantes de las organizaciones podían afianzar los vínculos con las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia de los distintos países latinoamericanos (Rostica, 2018). Según Bohoslavsky, otra de las características particulares de la CAL era “el peso significativo que en ella tuvieron actores provenientes de países de escasa relevancia regional”, como es el caso del Presidente de Paraguay, del exvicepresidente de Guatemala, Mario Sandoval Alarcón, y del militar salvadoreño Roberto D’Aubuisson (2019, p. 173), ambos responsables de los escuadrones de la muerte de sus respectivos países. Como explica Rostica, entre el III Congreso de la CAL –en 1977 en Asunción– y el IV Congreso “mediaron algunos acontecimientos que colaboraron a direccionar las acciones de la organización hacia América Central para cubrir el supuesto hueco dejado por la inacción de los Estados Unidos en la región” (2021c, p. 232).

El IV Congreso fue organizado en el Teatro San Martín y se le dio cobertura periodística; asistieron alrededor de doscientos delegados de veinte países latinoamericanos y recibió mensajes de adhesión de los presidentes argentino, paraguayo y boliviano (“Adhesión de Videla al Congreso Anticomunista”, Diario Clarín, 2 de septiembre de 1980); entre los miembros no latinoamericanos figuran el presidente de la WACL –miembro de la secta Moon–, representantes de la logia P-2, el terrorista italiano Delle Chiaie y asistentes de senadores estadounidenses que fueron como observadores (Blixen, 1998).

El Congreso, además de un espacio de sociabilidad, fue una instancia importante para llevar adelante la coordinación de las operaciones que la dictadura argentina llevaría adelante en Centroamérica, financiadas en parte con el narcotráfico que tenía a Bolivia como eje central. Uno de los organizadores argentinos del Congreso, además del Gral. Suarez Mason, fue el mayor bajo su mando, Hugo Miori Pereyra²⁷ (Bohoslavsky, 2019), quien tenía contacto estrecho con Banzer y con Delle Chiaie y fue miembro de la red de militares argentinos que tuvieron participación tanto en Bolivia como en Centroamérica (Sivak, 1997, p. 97; 2001, p. 137).

Numerosos autores destacaron la participación de Argentina en el golpe de Estado de 1980 como un primer paso de otra forma de coordinación que implicó además la “exportación del modelo terrorista” argentino hacia Centroamérica (Duhalde, 1983, p.114). Armony (2004) analizó la intervención argentina en el golpe de Bolivia como “un paso clave en el proceso de la expansión militar argentina en el subcontinente” que tuvo como fase final la actuación en Centroamérica y “la creación de zonas de colaboración y contacto transnacional” entre diferentes regímenes represivos. Para este investigador, en los planes de la dictadura argentina, “el llamado ‘golpe de la cocaína’ conjugó consideraciones geopolíticas este-oeste con cuestiones de influencia estratégica regional” (Armony, 2004, p. 322).

En una línea similar, Blixen aseguró que en Bolivia el asesoramiento argentino para formar escuadrones paramilitares habría tenido el objetivo tanto de instruir en técnicas de tortura como de proteger y participar en el comercio clandestino de cocaína,²⁸ el cual hizo aumentar cualitativamente las fuentes de financiamiento de las bandas paramilitares en Centroamérica (Blixen, 1998, p. 223). Según Blixen, en el IV Congreso de la CAL “la WACL aportó ocho millones de dólares para los gastos iniciales del destacamento de asesores argentinos que se trasladó a Centroamérica” (1998, p. 224). Luego de finalizado el Congreso, Mignola habría regresado a Bolivia. Probablemente viajaba constantemente entre Buenos Aires y La Paz, con la facilidad de moverse entre regímenes de facto aliados.

Unos meses más tarde, según el testimonio de Mignola de 1983, la dirigencia de la secta Moon y la organización política CAUSA desembarcaron en Bolivia, para enseguida comenzar con el trabajo de campaña política anticomunista. Uno de los líderes de la secta en Bolivia era el estadounidense Thomas Ward, quien frecuentemente era visto junto a K. Barbie, y fue la persona que comenzó a pagarle un salario a Mignola de 1500 dólares por parte de la CIA (Hermann, 1986, p. 19). Sin embargo, la presencia de la secta en Bolivia duró pocos meses, lo cual puede estar relacionado con la finalización del mandato de García Meza en julio de 1981 cuando la Junta de Comandantes lo forzó a renunciar y nombró al Gral. Torrelio en su lugar.

CAUSA fue creada por Bo Hi Pak, mano de derecha de Sun Myung Moon, en 1980 en la ciudad de México y funcionaba como un brazo político de la Iglesia de la Unificación (Anderson y Anderson, 1986, p. 125), con filiales en diferentes países. Según el libro testimonial de Sánchez –funcionario boliviano de la apertura democrática– fue Mignola quien organizó CAUSA en Bolivia (1987, p. 177), aunque no hemos encontrado documentación que permita comprobarlo.

En 1984, el Ministerio de Interior boliviano reveló que el coronel Bo Hi Pak había donado, a nombre de la secta Moon, cinco millones de dólares para apoyar el régimen de García Meza (Dunkerley, 2003, p. 389; Anderson y Anderson, 1986, p. 302). En el trabajo periodístico de Boyer sobre “el imperio Moon” se consigna una información similar y el testimonio de un miembro de la secta, Jean-Pierre Gabriel, quien aseguró conocer a Mignola: “trabajó con nosotros en Bolivia en la organización de varios seminarios” (citado en Boyer, 1986, p. 144). En alianza con el régimen de Reagan, CAUSA también tuvo injerencia en los asuntos centroamericanos ya entrados los años ochenta, lo que nos lleva a dar un salto hacia aquella región.

Un caso de triangulación

Según el artículo de Hermann, en marzo de 1982 Mignola fue “enviado” desde Bolivia hacia Guatemala, el mismo mes en el que luego de un golpe de Estado, las Fuerzas Armadas guatemaltecas se alzaban con el poder y colocaban a Ríos Montt (1982-1983) al frente del gobierno. La decisión pareció estar motivada por varias razones: el apartamiento de García Meza del gobierno de Bolivia y la pérdida de apoyo de Estados Unidos, el retiro de CAUSA del país, y el “fin del gobierno” de la dictadura argentina; con esa última frase se lamentaba Thomas Ward en el encuentro en el que se decidió que Mignola partiera hacia Centroamérica. Ward también había criticado que los argentinos habían cometido muchos errores en Bolivia: su posición había sido “simplemente demasiado reaccionaria” (Hermann, 1986, p. 20).

Efectivamente, la dictadura argentina se encontraba recibiendo fuertes críticas –en particular sobre las medidas económicas– por parte de entidades políticas, sindicales y empresarias. La central de trabajadores había anunciado la realización de marchas hacia fines de marzo con la consigna de frenar la dictadura, repudiar la política económica y reclamar la normalización constitucional. Luego de estas masivas marchas, con un gran saldo de heridos, el gobierno argentino anunció el desembarco de tropas argentinas en las islas Malvinas y por lo tanto, el inicio de la guerra, que generó un efímero apoyo popular. El fracaso de la guerra conllevó al llamado a elecciones democráticas para el año siguiente (Águila, 2023).

En base a aquella entrevista de 1983 y otras informaciones encontradas, podemos deducir que Mignola estuvo en Guatemala algunos meses y entre agosto y octubre del año 82 volvió a Bolivia. Según el testimonio, aunque no dio detalles de sus actividades, esos meses en los que estuvo trabajando con los norteamericanos en Guatemala fueron “la mejor época” (Hermann, 1986, p. 16). Su estancia en el país centroamericano coincide con un documento que resulta clave para la elaboración de este trabajo. Se trata de la ficha del Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía Nacional de Guatemala. El documento está fechado en julio de 1982 y en el asunto se solicita información al Departamento 7mo “OP SIC” (Operaciones Psicológicas) del Estado Mayor General del Ejército de Bolivia “ya que tenemos conocimiento que esa sección cuenta con modernos métodos para combatir la subversión”, y se ruega atender a Mignola “quien se ha ofrecido servir de enlace entre ese Depto. y esta Dependencia” (AHPN, 1982b).²⁹ El documento da cuenta de una triangulación que es llamativa por varias razones: por un lado permite inferir el grado de inserción que tenía Mignola como agente argentino, en el ejército boliviano para poder servir de contacto con algún sector del gobierno guatemalteco, lo cual generó la necesidad de que la Policía elaborara una ficha y solicitara más información al respecto.

Por otro lado, la triangulación lleva a pensar en un espacio transnacional, una zona de contacto, en este caso, para colaborar en formas de combatir la subversión. En este espacio se combinan y confluyen el poder político, órganos de seguridad, de inteligencia y redes internacionales de ultraderecha, el crimen organizado y el narcotráfico. Nos referimos a una triangulación considerando los actores latinoamericanos, pero sabemos también que probablemente la inteligencia de Estados Unidos estaba al tanto de estas vinculaciones.

Sobre los vínculos entre Argentina y Guatemala, las investigaciones del equipo de investigación al que pertenezco, codirigido por Rostica y Sala, han recorrido un largo camino en el que se ha analizado la sistematización de las relaciones diplomáticas entre ambos países a partir de 1979, la capacitación de militares guatemaltecos por parte de militares argentinos y la transferencia y circulación de ideas “contrasubversivas” y experiencias en la “lucha contra la subversión” (Rostica, 2015, 2016, 2018, 2021a; Sala, 2018, 2020).³⁰ A este respecto, es posible hacer un aporte a las vinculaciones entre ambos países, teniendo en consideración una triangulación a partir de una “zona de contacto” que incorpora nuevos actores a la trama de colaboración, en este caso, el ejército boliviano.

Episodio confuso en Bolivia: atentado, cárcel, fuga

Durante 1982, luego de algunas negociaciones, la Junta de Comandantes de Bolivia se comprometió a entregar el poder a los civiles y se recuperaron las autoridades que habían sido elegidas para el Congreso en las elecciones de 1980. Este órgano eligió al futuro presidente Hernán Siles Suazo para que asuma sus funciones el 10 de octubre. En la crónica que hizo treinta años después la historiadora y periodista Lupe Cajías sobre aquel histórico día, mencionó a los dirigentes extranjeros que habían llegado a festejar (Sergio Ramírez de Nicaragua, Guillermo Torrelio de El Salvador, Carlos Rafael Rodríguez desde Cuba, entre otros) mientras

los paramilitares comenzaron a pasar información interna en la típica “salvese quién pueda” de las ratas asesinas. Curiosamente, uno de ellos, el argentino Mingolla, daba vueltas tranquilo, mientras en Santa Cruz caía un italiano narcofascista, Pier Luigi Pagliai, alias “Bruno”, parte de los “Novios de la muerte” (Cajías, 2012, p. 8).

Efectivamente Pagliai fue detenido por acusaciones de terrorismo, vinculación con el narcotráfico y conformación de grupos armados, y enviado a Italia, donde tenía órdenes de arresto desde 1976, pero murió a las pocas semanas a causa de los disparos recibidos en su detención.³¹ En la prensa de la época se conocía que Pagliai trabajaba estrechamente con Delle Chiaie, de quien se creía que estaba en Bolivia o Argentina. Una de las primeras medidas de Siles como Presidente fue expulsar a todos los mercenarios extranjeros que se encontraban colaborando con el anterior gobierno militar, entre ellos, una gran cantidad de oficiales argentinos (Klein, 2012, p. 269).

En este clima de época es que sucedió a fines de noviembre la detención de Mignola. En un episodio confuso, la Policía detuvo a dos ciudadanos extranjeros que estaban provocando un incidente a pocos pasos del Palacio de Gobierno, cuando el Vicepresidente Paz Zamora se aproximaba para ingresar en él. Uno de ellos era Mignola y el otro un ciudadano uruguayo que al parecer intentaba advertir sobre un atentado que estaba por suceder.

Mientras el suceso salía publicado en la prensa, en las comunicaciones con la Embajada en Bolivia se lee la instrucción urgente de conseguir pasajes para que la familia de Mignola pueda volver a la Argentina y si hasta la fecha del viaje “existiera peligro para la seguridad personal de la nombrada [su esposa] o sus hijos” alojarlos “en dependencias residencia, donde habitualmente se recibe a los asilados”.³² La familia efectivamente partió a la Argentina los primeros días de diciembre.³³ Esta es la primera mención del agente en las comunicaciones de la Cancillería argentina a las que pudimos acceder, es decir, no figuran sus anteriores viajes a Bolivia o a Guatemala en los documentos oficiales, ni ninguna otra información sobre su persona antes de este suceso. Desde la embajada en Bolivia se reproducen los comunicados del gobierno al respecto del atentado:

El súbdito argentino (…) es un elemento altamente peligroso y está vinculado con grupos paramilitares y narcotraficantes pertenecientes a la organización delictiva de Pier Luigi Pagliai y Alberto Costa Bruno. La presencia en el país del paramilitar argentino (…) obedece a planes de reagrupamiento de mercenarios que pretenden desestabilizar el proceso democrático.³⁴

Al mismo tiempo que preparaba la salida de su esposa e hijos, la Cancillería argentina solicitó “ampliar en forma pormenorizada (…) acerca de las graves imputaciones” a las que se refiere la prensa boliviana, “requiriendo, si fuera necesario, información oficial”.³⁵

El agente permaneció detenido en las dependencias policiales del Ministerio de Interior boliviano alrededor de quince meses –en una situación irregular puesto que no estaba en una cárcel ni tenía un proceso iniciado–, hasta febrero de 1984. El caso tuvo muchas repercusiones en la prensa boliviana, de la que llegaron numerosos recortes en las comunicaciones con la Cancillería argentina, en la carpeta rotulada especialmente con su nombre. Hay dos publicaciones que mencionan al agente argentino en ese período de reclusión, a raíz de la detención de Klaus Barbie en febrero de 1983 en un operativo secreto que solo se conoció públicamente unos meses después.

El historiador y periodista C. Soria Galvarro le hizo una entrevista a Barbie en el trayecto de su deportación a Francia. Allí Barbie mencionó a Mignola pero, así como desmintió todos los hechos criminales que se le imputaban, dijo no conocerlo o haber tenido trato con él (Soria Galvarro, 2020).³⁶ El hecho también está documentado en el libro del entonces funcionario G. Sánchez (1987), partícipe de la detención, en el que se cuenta que sacaron a tres personas de sus celdas en el Ministerio de Interior para “recibir” a Barbie antes de ser expulsado del país y filmar en un documento audiovisual la interacción entre ellos, pero ninguno de los cuatro dijo una palabra. Una de esas tres personas era Mignola, descrito como “oficial de la inteligencia argentina que trabajaba para la CIA y había estado en Guatemala y El Salvador como asesor militar” (Sánchez, 1987, p. 37).

En las comunicaciones de la Embajada argentina en Bolivia, el Embajador informó al respecto de unas consultas hechas a los agregados militares sobre la situación de Mignola, quienes dicen conocerlo bien pero que “deliberadamente no habían tenido contacto (…), advertidos sobre sus antecedentes” y luego refieren a sus vínculos con el narcotráfico y “los contactos reservados que presumiblemente ha mantenido en su azarosa trayectoria.³⁷ El Embajador sugirió no intervenir en la decisión de detención del gobierno boliviano “para no entorpecer la relación bilateral”.³⁸

Entre mayo de 1983 y enero de 1984 no hay más comunicaciones al respecto, pero sí contamos con la existencia de un documento del Ministerio del Interior boliviano fechado en septiembre de 1983 con “información proporcionada por el Lic.” Mignola. En aquel documento, del cual nos ocuparemos en el apartado siguiente, el agente argentino aporta información sobre organismos y organizaciones internacionales que habían estado colaborando con la dictadura de García Meza.

El diario Clarín reproduce una noticia de la agencia AFP donde se anota que el informe militar fue “recibido por el argentino (…), asesor del ejército en 1982”, pero no se dan más explicaciones al respecto de quién es esta persona, además de que Mignola aparece recibiendo el informe, no redactándolo (“El ejército boliviano acusó a Banzer de organizar grupos paramilitares”, Clarín, 23 de octubre de 1983). Sivak consignó esta noticia y retomó la publicación hecha por el diario Hoy un día antes, donde entre los responsables de comandar un grupo de 400 civiles armados para la Legión Boliviana Nacionalista figuran los bolivianos F. Kiefer, Widen Razuk, F. Monroy Murguía y el argentino Mignola (1997, p. 101). Si el documento fue realizado como parte de una negociación para lograr su libertad, esta no fue otorgada al menos de forma inmediata.

Se observa un cambio en la tónica de las comunicaciones con la asunción de un gobierno democrático en Argentina y el cambio de autoridades: a principios de enero la Cancillería argentina pidió al Cónsul en Bolivia hacer averiguaciones con autoridades judiciales locales sobre Mignola y los cargos que pesan sobre él y luego una entrevista con el mismo para corroborar las condiciones en las que se encontraba,³⁹ lo cual sucede a los pocos días. Llamativamente, en la entrevista el agente expresa querer ir a Guatemala y que “Argentina no le interesaba por cuestiones ideológicas”. En la comunicación a la Cancillería el Embajador comenta que hacía un mes Mignola sí quería volver a la Argentina pero que probablemente “había cambiado de parecer (…) cuando observó (…) los procesos abiertos a militares”.⁴⁰ A los pocos días el Embajador informó que Mignola se había contactado telefónicamente con el Cónsul informándole que se le había comunicado que podía salir hacia Panamá por lo que era necesario solicitar “instrucciones urgentes para extenderle pasaporte ordinario”.⁴¹

En febrero la Embajada tramitó el pasaporte consular, mientras que la Cancillería solicitaba al Consulado en La Paz gestionar la liberación de Mignola,⁴² pero a fines de ese mes este “se fugó”, en un hecho confuso tanto para el Embajador⁴³ como para la opinión pública boliviana.⁴⁴ El caso no fue esclarecido y no se volvió a tener noticias de este personaje hasta mayo de 1987 cuando fue detenido junto a tres ciudadanos bolivianos en Brasil por el tráfico de más de 300 kilos de cocaína en una avioneta.

En el apartado de la sección policiales de Clarín se dice de Mignola que “sería un ex profesor de teología y ex integrante de los servicios de informaciones de la Argentina, Bolivia y Guatemala” (“Confiscan en Brasil 357 kilogramos de cocaína”, Diario Clarín, 17 de mayo de 1987). Según cita Sivak, en ese momento el exministro de Interior del primer gobierno de Banzer, Guillermo Fortún, había declarado que Banzer jamás había contratado a Mignola: “Era un soplón y un mercenario, vinculado a los Montoneros y la ultraizquierda argentina” (Diario El Mundo, 28 de mayo de 1987). Cuando le leyó a Mignola esta declaración –bastante incoherente, por cierto, a menos que estuviera infiltrado–, la respuesta fue una risa, pero no quiso hablar del tema (Sivak, 2001, p. 237).

Informe secreto

Nos referiremos al documento antes mencionado del Ministerio del Interior boliviano, a fin de prestar atención a las instancias de colaboración transnacional. Es importante aclarar que la información volcada en el documento pudo haber sido ser parte de una negociación entre el gobierno boliviano y Mignola para obtener su libertad. En ese sentido, allí aparecen datos que pudieron ser corroborados o que figuran en otras fuentes y otros que todavía no lo han sido.⁴⁵

El documento consta de varias páginas en las que se describen organizaciones internacionales que estuvieron operando durante los meses de la última dictadura en Bolivia; se mencionan actividades, lugares de trabajo y los miembros bolivianos y extranjeros. En primer lugar, se describe el Instituto Euroamericano de Estudios Políticos y Sociales (IREP, por sus siglas en francés), el cual fue creado por el servicio de inteligencia de Francia para ocuparse del “hemisferio occidental” y con células autónomas; se consignan células en Italia, Francia, Bélgica, Ecuador, Argentina, Bolivia (solamente en este país se aclara que funciona de forma clandestina), Guatemala y El Salvador: “Cada célula debe ser formada por elementos anticomunistas y editar sus propios medios de la publicación trimestral Confidentiel”.

En Bolivia, el IREP se creó en julio de 1981 en un acto realizado en el salón de la lotería nacional y se mencionan los nueve ciudadanos bolivianos que conformaron el directorio. Entre ellos se encuentra el Dr. Luis Canedo Reyes, presidente del capítulo boliviano de la WACL.⁴⁶ La publicación Confidentiel se editó en agosto de 1981, con 5000 ejemplares, financiada por el Departamento VII. Entre el personal estable de la publicación figuran Alfredo Modugno –el seudónimo de Delle Chiaie– y dos “Tte. FF.AA. Argentinas”: Jorge P. Lynch y el Lic. Mignola.⁴⁷Además, el director de la publicación es también el jefe de redacción de El Diario (la publicación periódica más difundida en ese momento en Bolivia, de carácter conservador y progolpista), José Manuel Loza, quien figura como miembro de CAUSA. Según el documento, Loza habría viajado a instancias de CAUSA a Estados Unidos y Francia y allí habría tomado contacto con el terrorista italiano Delle Chiaie, quien llegó a Bolivia en agosto de 1980.

Posteriormente, se describe a CAUSA como órgano político de la secta Moon, la cual comenzó a funcionar en Bolivia en 1976 –aunque luego dice que comenzó sus actividades después del golpe de 1980–, en un edifico paceño, y luego del cambio de gobierno en 1982 se trasladó a otro; contaba con dos misioneros estables y tenía más de 300 miembros. Se mencionan los miembros bolivianos civiles y militares de CAUSA (entre ellos el mismo Presidente de facto Gral. García Meza) y luego los miembros extranjeros, entre ellos, el Dr. Tomas Ward de la CIA y “actual Director doctrinal de CAUSA Internacional”. Según el documento, la actividad norteamericana se intensificó en febrero de 1981 “con la cooperación de SIDE y SIE argentinos, y se dispuso ayudar a organizar CAUSA y el IREP”.

Al año siguiente, el gobierno de Torrelio “por sugerencias de la Embajada Norteamericana en La Paz” habría solicitado el envío de instructores de Estados Unidos “para dar cursos de Formación Política”. La oficina de CAUSA recibió en enero de 1982 a enviados extranjeros, los cuales fueron acogidos por miembros del ejército, entre ellos los tenientes Mignola y Jorge P. Lynch del Departamento VII. Este grupo de instructores “recorrió todas las grandes unidades militares dando conferencias sobre: economía de libre empresa, anticomunismo, operaciones psicológicas, unificacionismo [sic], antiterrorismo con el apoyo de Films, proporcionados por la Embajada de Israel, sobre guerra subversiva”.

Las conferencias se aplicaban en siete días; fueron más de 7000 jóvenes premilitares que tomaron el curso de orientación y obtuvieron el libro Unificacionismo como contrapropuesta del comunismo. “Aproximadamente 50 mil volúmenes editados por CAUSA en Uruguay fueron transportados por US-AIR Force hasta la Paz para su entrega a las FFAA de Bolivia”. Por último se describen los Grupos de Apoyo (GOA) y las Fuerzas Armadas Nacionalistas (FAN). Los GOA habían sido creados por Delle Chiaie “con apoyo de la inteligencia argentina”, directamente dependientes de la sección II del EMGE. Los dirigentes del GOA fueron entrenados por “militares argentinos y asesores norteamericanos antes mencionados”.

Por su parte, FAN se había estructurado sobre organismos oficiales y su dirección puesta bajo la responsabilidad de K. Barbie “quien al igual que Delle Chiaie, respondían directamente al poder ejecutivo”. El informe sostiene que “FAN se creó a partir de una idea surgida en la Sec. II por el Cnel. Ramallo y el asesoramiento de SIDE, organismo argentino que estaba a cargo del Dr. Jorge Rauch, agregado de prensa de la Embajada argentina”. Al final del documento se ofrece una lista con los miembros bolivianos de GOA y los asesores del EMGE bolivianos y argentinos. Los asesores argentinos son nueve, entre ellos los delegados al “Depto. VII OPSIC OF. De Contrainteligencia”, Jorge P. Lynch, el Tte. Carlos Rioja del Castro y Mignola.

Como decíamos, hay información que coincide con parte de la biblio-grafía, como las menciones de Ward y Delle Chiaie. Además, aquí se conjugan las organizaciones internacionales IREP y CAUSA –que también tuvieron participación en Centroamérica– con los organismos de inteligencia tanto estadounidenses como argentinos en Bolivia. Asimismo, como señala Balerini (2024), el documento menciona al militar argentino Jorge P. Lynch, quien sería el mismo teniente Jorge Lynch Jiménez mencionado por los periodistas que siguieron la huella de la dictadura argentina en otros países, fundamentalmente en Guatemala y Honduras.⁴⁸ Aunque el documento no hace referencia específica a las actividades en Centroamérica, a partir de lo que se ha investigado sobre los agentes y las organizaciones, es posible seguir estableciendo vinculaciones que abonen al esquema de triangulación.

Reconversiones: religión, narcotráfico y estafas

En este anteúltimo apartado, nos referiremos a lo que pudimos reconstruir del derrotero de Mignola luego de su detención en Brasil. Como se verá, en esta etapa de la vida del exagente es posible establecer otro tipo de conexiones con organizaciones internacionales, las cuales quedan por fuera del período de este trabajo, pero no dejan de ser relevantes por su vinculación con el presente.

Parece ser que en la cárcel de Santa Catarina, donde pasó su detención, Mignola adoptó el evangelismo y se convirtió en Capellán penitenciario. Posteriormente se doctoró en Teología en la Facultad Teológica de Pernambuco y se unió a la Iglesia Ortodoxa Bielorrusa Eslava (IOBE), hasta convertirse en su principal referente. Este es un grupo religioso que no está inscripto en el registro nacional de cultos y que tiene vínculos con el tráfico de drogas, armas y lavado de dinero (Ragendorfer, 2022a). Otras informaciones periodísticas o que circulan en internet aseguran que Mignola también se había dedicado al mercado editorial.⁴⁹

En la primera década del siglo XXI Mignola fue “ascendiendo” en su carrera religiosa y vinculándose con personajes acusados de diferentes crímenes, como el represor argentino Jorge Walter Pérez Blanco⁵⁰ o el líder de la Orden Bonaria de España, condenado por estafas.⁵¹ Según la investigación de Ragendorfer (2022a), en 2002 se le ofreció a Mignola presidir la Capellanía General para la Argentina y en 2008 fue puesto al frente del obispado de Milán con el puesto de Archieparca; en ese entonces adoptó el nombre de Obispo Valerian.

Tanto Pérez Blanco como Mignola eran miembros del Parlamento Argentino de Religiones (PAR), institución a la que pertenece la IOBE, entre otros cultos dudosos, y que Mignola habría presidido entre 2005 y 2006 (Dalter, 2016; Scabuzzo, 2013). El PAR cuenta entre sus miembros prominentes al representante de la Iglesia de la Unificación, es decir, la secta Moon.⁵² Según Ragendorfer (2022a) la última aparición pública de Mignola fue en 2012 durante la visita a Buenos Aires del jefe de su Iglesia; sin embargo, hay un par de perfiles de Facebook con su nombre medianamente cambiado, uno de ellos activo hasta el 2021.

Finalmente, en julio de 2022, Mignola fue detenido por la INTERPOL en un Monasterio ubicado en la Provincia de Buenos Aires, lugar que ya había sido escenario de un escándalo de corrupción muy sonado en el país hacía pocos años.⁵³ Al exagente lo buscaba la justicia española por estafas –tal vez relacionadas con las acusaciones que pesan sobre el líder de la Orden Bonaria– y creemos que hasta el día de hoy se encuentra preso, aunque sin ningún cargo imputado por los delitos cometidos en los años setenta y ochenta.

Palabras finales

En este trabajo se ha hecho el ejercicio de tomar como objeto de estudio el accionar de un agente de inteligencia desde la perspectiva transnacional de las zonas de contacto, en el marco de un período específico de la Guerra Fría latinoamericana. A partir de fuentes de diferentes tipos y de la búsqueda bibliográfica se ha intentado reconstruir algunas de las actividades realizadas por parte de un personaje sinuoso, miembro de la estructura de inteligencia de la dictadura militar argentina, con una importante red de contactos que provenían por el hecho de ser miembro de –y estar en relación con– organizaciones internacionales de ultraderecha, como es el caso de la Liga Anticomunista Mundial.

El agente argentino tuvo participación en algunos sucesos políticos de los regímenes represivos de Bolivia y Guatemala en los alrededores de los años ochenta y una de sus características fue la de poner en contacto diferentes estructuras e instituciones estatales y paraestatales, sin dejar de colaborar con organizaciones de carácter clandestino o secreto.

En primer lugar, se realizó una reconstrucción de las primeras acciones del agente en cuestión fuera de Argentina, específicamente en Bolivia, y se estableció el tipo de vínculos que mantuvo allí. El nivel de ramificaciones que encontramos, desde los organismos de inteligencia y las fuerzas armadas y de seguridad de ambos países (siendo él mismo un agente civil), hasta organizaciones globales y regionales como la LAM, su capítulo latinoamericano (la CAL), CAUSA y organizaciones paramilitares como el grupo de mercenarios comandados por el criminal nazi Klaus Barbie, permiten caracterizar al agente mismo como una “zona de contacto” transnacional, es decir, un espacio de convergencia de diferentes tipos de actores y organizaciones que establecieron interacciones en pro de objetivos comunes, los cuales podemos englobar en “la lucha contra la subversión”, pero también mantuvieron negociaciones en relación con los intereses diferenciados.

En algunos casos primaron ideas y agendas anticomunistas –también antiimperialistas–, en otros el interés estuvo puesto en la posibilidad de establecer redes para ejercer la represión o para agilizar el negocio del narcotráfico. En la zona de contacto, en las redes que este agente facilitó, se encontraron tradiciones represivas estatales y paraestatales, se intercambiaron conocimientos y se establecieron negociaciones para realizar operaciones transnacionales.

En un segundo momento observamos cómo la zona de contacto se potenció al ofrecer este agente una triangulación directa y precisa entre tres aparatos de seguridad e inteligencia estatales de gobiernos dictatoriales: Argentina, Bolivia y Guatemala. La documentación presentada muestra las posibilidades que ofrece ampliar la perspectiva de análisis hacia una mirada regional e incorporar el accionar de diferentes tipos de actores, que por sus vinculaciones internacionales otorgan peso específico a los intentos de colaboración “para combatir al subversión”.

La confluencia de poderes políticos, organismos de seguridad e inteligencia y redes internacionales de ultraderecha y crimen organizado se observa también en este caso de triangulación que delinea un espacio transnacional. Este tipo de casos otorga un tipo de profundidad que los análisis de vinculaciones bilaterales carecen y robustece la necesidad de una perspectiva trasnacional para los estudios de la Guerra Fría latinoamericana.

También se ha reconstruido un episodio confuso ocurrido en Bolivia a partir de la documentación del AHCA, lo cual nos permitió, por un lado, caracterizar mejor a esta agente, sus posicionamientos, intereses y conexiones; y, por otro, encuadrar el análisis de un documento escrito por él mismo en un organismo estatal boliviano donde se da cuenta de una serie de operaciones y vinculaciones transnacionales de organizaciones de extrema derecha que se proyectaban sobre la región latinoamericana. El documento ofrece nombres de personas y organizaciones, algunas relativamente estudiadas y otras que todavía falta mucho por investigar; por eso se intentó hacer un breve resumen del contenido, como una ventana para profundizar en futuras investigaciones.

Por último, la recapitulación del derrotero del agente luego de su detención, en un momento político distinto a nivel regional y global, nos permite considerar, a partir de un caso, las formas de reconversión que los protagonistas de los regímenes represivos pudieron haber hecho. En este caso, la adhesión a un culto religioso dudoso y la participación en otro tipo de hechos delictivos, como estafas incluso a nivel internacional. El caso también nos lleva a pensar en las reconfiguraciones de las derechas en las últimas décadas y los vínculos con la época del terrorismo de Estado. Así, a lo largo de todo el trabajo, se intentó trascender la singularidad biográfica para iluminar procesos históricos y sociales más amplios, incluso de la actualidad.

Quedaron por fuera del trabajo algunas referencias del caso de estudio halladas en la bibliografía, sobre todo de carácter periodístico. Es necesario remarcar la importancia de poder acceder a fuentes documentales escritas que permitan otorgar un mayor rigor científico a nuestras investigaciones. En ese sentido, la apertura de archivos especialmente aquellos de las Fuerzas Armadas y de los organismos de inteligencia, es una deuda pendiente en la mayoría de nuestros países latinoamericanos. A pesar de ello, haciendo uso de otro tipo de fuentes, hemos podido reconstruir algunos elementos de un personaje que, aunque perteneciente al engranaje estatal, se movía en la clandestinidad, con las dificultades que ello conlleva. Para poder abordar la trama tanto de la transnacionalización del aparato represivo argentino como de los procesos transnacionales de represión y violencia política en la región latinoamericana en general, creemos que este es un trabajo que se debe seguir haciendo.

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Notas

Información adicional

Acerca de la persona autora: Melisa Yael Kovalskis. Argentina. Profesora de Historia por la Universidad de Buenos Aires y candidata a Magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos y a Doctora en Ciencias Sociales. Cuenta con una beca interna doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Es miembro del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Se especializa en temas de historia latinoamericana del siglo XX. Es docente en nivel secundario y terciario.

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