La feroz disputa por la memoria, verdad y justicia en Guatemala

The fierce dispute for Memory, Truth and Justice in Guatemala

Carlos Figueroa Ibarra carlosfigueroaibarra@gmail.com

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

El derrocamiento en Guatemala del gobierno revolucionario de Jacobo Arbenz Guzmán (1951-1954), merced a un golpe contrarrevolucionario orquestado por la oligarquía, el ejército, la Iglesia católica y los partidos ultraderechistas con el auspicio de Washington a través de la CIA, inauguró un cruento conflicto interno que habría de prolongarse por cuarenta y dos años. A lo largo de ese tiempo, el Estado guatemalteco se consolidaría como una dictadura militar e iría acentuando su gestión represiva hasta convertirse francamente en un régimen que ejerció de manera implacable el terrorismo de Estado. Este proceso tuvo como respuesta el surgimiento de una oposición que paulatinamente se fue diversificando porque una parte importante de ella se radicalizó y eligió la lucha armada para revertir la restauración oligárquica observada en 1954. El ejercicio de la violencia de Estado no solamente incrementó, sino que también no hizo distinciones entre la oposición pacífica y legal y aquella que había elegido el camino de la insurgencia. El resultado fue una dialéctica ascendente de violencia que terminó con lo que probablemente sea el genocidio más importante observado en América contemporánea.

En los años que siguieron a la finalización del conflicto armado interno con los acuerdos de paz de 1996, paulatinamente empezó a crecer la reivindicación de que se hiciera justicia a las víctimas de dicho conflicto. En tanto que la mayor parte de dichas víctimas las produjo el Estado, la reivindicación de justicia transicional tuvo como objetivo fundamental el que dicho Estado y sus agentes enfrentaran dicha justicia. Esta reivindicación se vio acompañada de la reivindicación de la preservación de la memoria de los hechos cruentos ejercidos por el terrorismo de Estado y una disputa por la verdad histórica. Esta disputa por la Memoria, la Verdad y Justicia se convirtió en una feroz querella que enfrentó a los perpetradores de la violencia estatal, sus aliados e incluso herederos por una parte; y, por la otra, a los familiares de las víctimas, sobrevivientes y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

En este trabajo se sostiene que la fiera disputa por la Memoria, Verdad y Justicia que se ha observado en los últimos años en Guatemala no es más que la continuación del conflicto que se inauguró en 1954. Finalmente, los propugnadores del olvido, el revisionismo histórico y la impunidad son los mismos que han defendido el orden oligárquico restaurado en 1954. Los que buscan la preservación del recuerdo de las atrocidades, el esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y el castigo a los responsables de estas últimas son continuadores de los que cuestionaron la restauración oligárquica de 1954.

Los acuerdos de paz de 1996 no lograron un cambio que desplazara del poder a los herederos de la restauración oligárquica de 1954. Por ello, en este trabajo también se sostiene que el Estado guatemalteco no ha tenido la voluntad de absorber las demandas que hacen los familiares de las víctimas, sobrevivientes y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos. En tanto que el Estado sigue siendo dirigido por una derecha fuertemente nutrida por el anticomunismo de una coalición reaccionaria, que además se nutre del racismo y el clasismo, tampoco ha tenido la voluntad de convertir la resolución de dichas demandas en una fuente de legitimación. Más bien de manera vergonzante o abierta ha satanizado a la justicia transicional y a sus propugnadores.

La disputa se ha vuelto todavía más fiera, en tanto que, de manera notable, la justicia transicional ha obtenido importantes victorias en materia de resarcimiento, reconocimiento estatal de sus responsabilidades y enjuiciamiento y condena de algunos de los victimarios. En este trabajo se sostiene que dichas victorias no legitiman al Estado, sino que confirman la veracidad de la violencia que ejerció y cuestionan la legalidad y legitimidad del orden que defendió.

El trabajo que a continuación se desarrolla tiene una primera parte dedicada a examinar la naturaleza y dimensiones del conflicto interno observado entre 1954 y 1996 y las condiciones en que dicho conflicto fue terminado con los acuerdos de paz de este último año. La segunda parte empieza a examinar las repercusiones de los acuerdos de paz en la emergencia de un movimiento por los derechos humanos que se convirtió en un sujeto político de creciente molestia para el bloque reaccionario. La tercera parte examina la naturaleza del resarcimiento a las víctimas y familiares de las víctimas que se logró en Guatemala y sus repercusiones en torno a la Memoria, La Verdad y la Justicia. Se sostiene que este resarcimiento no ha sido una graciosa concesión, sino un triunfo arrancado con gran esfuerzo.

Posteriormente, en la cuarta parte se hace un recuento de los casos en los cuales se han obtenido triunfos judiciales que redundan en condenas a algunos de los victimarios, hechos que han enardecido a una derecha que se ha radicalizado como consecuencias de estos fallos judiciales y que actúa con ánimo revanchista. La emergencia del movimiento de derechos humanos como un sujeto político, el resarcimiento que refuerza a la Memoria, Verdad y Justicia, los éxitos en la justicia transicional, así como aquellos obtenidos en contra de la corrupción, han provocado el endurecimiento de un bloque reaccionario y el crecimiento de un autoritarismo renovado.

En la elaboración de este trabajo se han utilizado libros y artículos que han consignado y analizado las luchas por la Memoria, Verdad y Justicia en Guatemala. Estas tres últimas categorías se escriben con mayúsculas iniciales, a fin de destacar que dichas palabras se han convertido en conceptos que significan banderas de lucha en el contexto de la justicia transicional en Guatemala y en otras partes del mundo. Se han obtenido datos proporcionados por las organizaciones y activistas de derechos humanos que se presentan en algunos de los cuadros que aparecen en el trabajo. Algunos de estos activistas y dos jueces fueron entrevistados de manera abierta. También se ha hecho uso de fuentes hemerográficas para consignar algunos hechos que se consideró necesario mencionar.

Finalmente, cabe mencionar que el autor de este trabajo sacó provecho de su experiencia como sobreviviente de las acciones de terrorismo de Estado por parte de la dictadura militar guatemalteca y como familiar de víctimas de dicha dictadura. El autor y su familia fueron favorecidos con un acto de resarcimiento, mediante el cual el Estado pidió perdón en octubre de 2011 por el asesinato el 6 de junio de 1980, de sus padres Carlos Alberto Figueroa Castro y Edna Ibarra de Figueroa.

El conflicto interno desencadenado en 1954 finalizó en 1996, dejó un saldo sumamente cruento, dadas las dimensiones geográficas y demográficas de Guatemala. Se estima que entre 150 000 y 160 000 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y que entre 40 000 y 45 000 fueron desaparecidas de manera forzosa.¹ En las conclusiones de su informe, la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), organizada por mandato de los acuerdos de paz, expresó que había hecho una recopilación de 42 275 casos de víctimas de crímenes de lesa humanidad, de las cuales 23 671 correspondían a ejecuciones extrajudiciales y 6159 desapariciones forzadas. Del total de víctimas registradas entre 1962 y 1996, el 83 % pertenecía a las etnias mayas y el restante 17 % eran mestizos o ladinos. La CEH estimaba que el saldo del conflicto interno ascendía a más de 200 000 víctimas. También concluyó que el 93 % de las víctimas habían sido asesinadas o desaparecidas por fuerzas del Estado y grupos paramilitares, mientras que dichas fuerzas eran responsables del 92 % de las ejecuciones arbitrarias y el 91 % de las desapariciones forzadas.

Las organizaciones insurgentes fueron responsabilizadas del 3 % de las violaciones a los derechos humanos y hechos violentos, del 5 % de las ejecuciones extrajudiciales y del 2 % de las desapariciones forzadas. La CEH también registró 626 masacres, la mayoría realizadas contra pueblos mayas, la mitad de las cuales fueron realizadas entre 1981 y 1983 y casi en su totalidad fueron perpetradas por el Ejército guatemalteco (CEH, 1999, pp. 21, 26, 29, 43 y 52). Las cifras anteriormente mencionadas resultan notablemente grandes si tomamos en cuenta que la población de Guatemala en el lapso comprendido entre 1960 y 1996 transitó de 4.25 millones de personas a 10.54 (DatosMundial.com, s. f.).

La pregunta crucial es ¿que ocasionó la matanza en gran escala que se observó en Guatemala? La respuesta es compleja y de larga duración. Guatemala fue la parte más importante y demográficamente más grande de lo que en la Colonia fue la región que abarcaba desde el estado de Chiapas en México hasta lo que hoy es Costa Rica. En la zona com-prendida entre Chiapas, Guatemala y El Salvador, se asentó la población indígena más importante de lo que fue el Reino de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Las condiciones demográficas facilitaron la implantación del latifundio en manos de los conquistadores y sus descendientes, los criollos (Martínez Peláez, s. f.). Esto facilitó la implantación de una oligarquía criolla sustentada en la expoliación de los indígenas asentados en los llamados “pueblos de indios” y la necesidad del establecimiento de un sistema represivo que tenía que enfrentar los constantes motines que ocasionaba la expoliación. El racismo fue la necesaria construcción ideológica para legitimar la opresión y la explotación y la violencia fue recurso reiterado ante los levantamientos indígenas (Martínez Peláez, 1985).

El fin de la Colonia y el inicio del periodo republicano en Guatemala no implicó ningún cambio esencial en el orden colonial, salvo la ausencia de la Corona española, la de los peninsulares y la de los tributos que a la primera se pagaban (Fernández, 2000). Por ello mismo, el orden colonial fue sustituido por un orden oligárquico igualmente sustentado en el latifundio, el racismo y la expoliación. Las dictaduras conservadoras fueron sustituidas por las liberales, las cuales acentuaron el despojo agrario y la explotación porque el latifundio autoconsuntivo fue sustituido por aquel que estaba vinculado al mercado mundial capitalista a través de la exportación del café.

Tanto las dictaduras conservadoras como las liberales fueron encabezadas por un dictador unipersonal, razón por la cual hablamos de dictaduras unipersonales. Estas se habrían de prolongar hasta que la revolución de 1944 las eliminó e instauró un periodo revolucionario que fue derrocado en 1954 por un golpe orquestado por la oligarquía, la Iglesia católica, los partidos anticomunistas y la CIA (Schlesinger y Kinzer, 1987; Gleijeses, 1991). La década revolucionaria acentuó el anticomunismo que se venía larvando desde que Centroamérica vivió la conmoción de la insurrección de 1932 en El Salvador, encabezada por un naciente partido comunista (Anderson, 1983). El orden establecido después de la contrarrevolución de 1954 implicó tres procesos: la acentuación del anticomunismo al amparo de la Guerra Fría; la emergencia de la dictadura militar, formalizada en 1963 bajo el cobijo de la doctrina de seguridad nacional (Torres-Rivas, 1982); y la metamorfosis de la dictadura militar a secas en una de carácter terrorista (Figueroa, 2011).

La revolución democrática burguesa de 1944-1954 es un acontecimiento fundamental para explicar la ferocidad de la represión estatal observada entre 1954 y 1996. Esto porque a pesar de sus objetivos modernizadores capitalistas y democratizadores (Gleijeses, 1991; Tischler, 1998), o precisamente por ellos, el orden oligárquico heredado de la Colonia y del siglo XIX fue afectado. El oscurantismo ideológico de dicho orden se aferró a la bandera anticomunista que Washington y occidente propiciaban como consecuencia de la Guerra Fría y construyó el mito reaccionario de que en esos diez años el comunismo había estado a punto de apoderarse de Guatemala (James, 1995, Del Valle, 1956; Schneider, 1959; Peurifoy, 1983).²

La paranoia anticomunista todavía tuvo un acicate mayor con el triunfo de la Revolución cubana en 1959 y el surgimiento de las guerrillas en toda América Latina. En particular en Guatemala, los hábitos terroristas heredados de la Colonia y el siglo XIX, acentuados por la década revolucionaria, se vieron consolidados con la emergencia de los dos ciclos guerrilleros observados entre 1960 y 1996. El segundo ciclo observado entre 1972 y 1996 tuvo su momento climático entre 1978 y 1983 (Álvarez et al., 2013).

En síntesis, la explicación histórica de la matanza en gran escala que se observó en Guatemala durante la segunda mitad del siglo XX radica en la construcción de un Estado cuya mediación fundamental con la sociedad se hizo a través del terror. Ese Estado fue el resultado de una cultura política de dominación, la cultura del terror. Esta a su vez se explica por el hábito expoliativo, racista y represivo construido desde la Colonia, reforzado por las dictaduras unipersonales de carácter oligárquico, acentuado por el anticomunismo generado por la revolución de 1944-1954 y, finalmente, reforzado por la contrainsurgencia observada entre 1954 y 1996 (Figueroa, 2011). La cultura del terror tiene un aspecto fundamental en la construcción de dos otredades negativas: la del indio que reproduce el racismo colonial y el comunista que reproduce el anticomunismo construido en la Guerra Fría (Figueroa, 2006, 2013).

Puede partirse de la aseveración general de que todo Estado es represivo, empezando por el conocido aforismo de Max Weber que asume que el Estado es quien tiene el monopolio de la violencia legítima (Weber, 1974, p. 45; Weber, 1984, pp. 92, 184). O bien, agregar que todo Estado capitalista es violento en sí mismo porque el capitalismo encierra una enorme violencia en su génesis y desenvolvimiento (Solano, 2005). Más aún, en las circunstancias actuales, podemos incluso decir que el neoliberalismo es como el agua con el aceite en relación con la democracia y el respeto a los derechos humanos, como sugiere Boaventura Dos Santos cuando acuña su categoría de fascismo social (2018, pp. 364-367).

Independientemente de que estemos de acuerdo con las anteriores aseveraciones, partiendo del nivel de abstracción en el que se desenvuelven, lo cierto es que, para explicar la relativa ausencia o notable presencia de la violencia en una sociedad, debemos buscar un nivel mayor de concreción e indagar en las especificidades históricas de esta. Esto es lo que se ha intentado hacer de manera muy resumida en los párrafos precedentes.

Puede decirse que el caso guatemalteco probablemente sea el que con mayores dimensiones reveló la matanza en gran escala en la América contemporánea. Tomando como muestra con fines comparativos el número de desapariciones forzadas, podemos recordar lo que se ha dicho antes: la CEH en Guatemala recopiló 42 275 casos de víctimas de crímenes de lesa humanidad, de las cuales 23 671 correspondían a ejecuciones extrajudiciales y 6159 desapariciones forzadas (CEH, 1999, pp. 21, 29, 43 y 52). Según datos de la Comissao de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos y el Instituto de Estudo da Violencia do Estado (1996), en Brasil hubo 136 desaparecidos en la época de las dictaduras militares, la mayor parte de ellos en el período que va de 1970 a 1975. De igual manera, un informe preliminar elaborado por la Comisión Nacional de Protección de los Derechos Humanos (1994), en Honduras, registra 179 casos de desaparecidos en el país, en el período que va de 1980 a 1993.

En el caso argentino, el informe elaborado por la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (1996), que lleva por título Nunca Más, da cuenta de 600 casos de secuestros registrados antes del golpe militar de marzo de 1976 y de 8960 más a partir de esa fecha y hasta 1983. La inmensa mayoría de las desapariciones forzadas en Argentina se encuentran concentradas en el período 1975-1978 (pp. 16 y 298). Estas 9540 víctimas cuantifican casos documentados sobre todo en un lapso de cuatro años de la década de los setenta, es decir, el lapso durante el cual se llevó a cabo la “guerra sucia” de carácter contrainsurgente por parte de las dictaduras militares argentinas (Figueroa, 1999, p. 38).

El informe elaborado por la Universidad de la República en Uruguay, Investigación histórica sobre la dictaduray el terrorismo de estado en el Uruguay (1973-1985), revela que el número de desapariciones forzadas en ese país entre 1973 y 1985 fue de 172 (2008, p. 36). En el caso de Perú, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el número de víctimas ascendió a 69 280 muertos, de los cuales el 54 % es atribuido a la guerrilla maoísta Sendero Luminoso (Crenzel, 2019, p. 18).

Las dimensiones cuantitativas de la matanza en Guatemala llevaron a la Comisión de Esclarecimiento Histórico a plantear que en Guatemala se cometieron “actos de genocidio”, partiendo de la definición jurídica de genocidio tal como está planteada en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948 y ratificada por el Estado de Guatemala en virtud del Decreto 704, el 30 de noviembre de 1949.

En el apartado de Conclusiones y Recomendaciones, el informe Memoria del Silencio se dedica a argumentar por qué las masacres observadas en Guatemala pueden ser calificadas de genocidio (CEH, 1999, pp. 48-52). Tomando en cuenta que la verdad jurídica del genocidio considera en su artículo II que la matanza de un grupo contempla a grupos nacionales, étnicos, raciales y religiosos, las conclusiones y recomendaciones del informe de la CEH argumentan que las masacres pueden ser consideradas como actos de genocidio porque:

La reiteración de actos destructivos dirigidos de forma sistemática contra grupos de la población maya, entre los que se cuenta la eliminación de líderes y actos criminales contra menores que no podían constituir un objetivo militar, pone de manifiesto que el único factor común a todas las víctimas era su pertenencia a un determinado grupo étnico y evidencia que dichos actos fueron cometidos “con la intención de destruir total o parcialmente” a dichos grupos (CEH, 1999, Tomo V, p. 49).

Este argumento fue decisivo en el juicio por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt, el cual culminó el 10 de mayo de 2013 con una condena de ochenta años de prisión por el delito de genocidio cometido contra el pueblo Ixil (F&G Editores, 2013). Los documentos oficiales y secretos que fueron develados y utilizados en el juicio revelaron la intencionalidad del acto genocida, el cual había tenido como objetivo a un grupo étnico determinado. Años antes la categoría genocidio se empleaba para tipificar lo que había sucedido en Guatemala (Sanford, 2003) y el uso de esta por parte de la CEH también fue examinado a fondo (Rostica, 2017).

Puede distinguirse un uso jurídico y un uso sociológico e histórico del concepto de genocidio. Por tanto, podemos hablar del genocidio como verdad jurídica y como verdad histórica; ambos usos, como es sabido, no siempre coinciden.

En el escenario de un juicio, por ejemplo, el uso jurídico del término es el que vale. La condena de perpetradores de actos de genocidio debe sustentarse entonces en lo que estipula la Convención de 1948: acreditar actos de destrucción parcial o total de alguno de los cuatro grupos señalados anteriormente; actos en contra de la integridad física o mental de los miembros de dichos grupos; condiciones de existencia de este que los conduzcan a su destrucción física parcial o total; e impedimento de nacimientos de niños y traslado de estos hacia otro grupo. Desde el punto de vista de la verdad jurídica serán castigados el genocidio como tal, la asociación, la instigación, la tentativa y la complicidad (Organización de las Naciones Unidas, 1948).

En lo que se refiere al genocidio analizado desde un punto de vista sociológico e histórico, como verdad histórica, la definición mínima puede partir del hecho de que se trata de toda matanza en gran escala. Este uso del término no admite el uso restrictivo que hace la Convención de la ONU, la cual, debido a controversias entre los países más poderosos que la habían de signar, eliminó de los grupos contemplados a los “grupos políticos”. Raphael Lemkin, el principal ponente de la sanción y prevención del delito de genocidio,³ había incluido a este grupo en su versión inicial.

Cabe finalizar este apartado planteando una consideración acerca de la periodización de los crímenes de lesa humanidad en Guatemala. Dicha periodización es importante porque fue parte de la argumentación en lo que se refiere al resarcimiento de las víctimas y a los procesos efectuados en el marco de la justicia transicional en Guatemala. Durante el siglo XX, Guatemala observó tres grandes olas de terror estatal, las cuales fueron respuesta a hechos políticos que pusieron en riesgo el orden oligárquico heredado de la Colonia y el siglo XIX o sublevaciones que estremecieron a ese orden oligárquico restaurado con la contrarrevolución de 1954.

La primera gran ola de terror se observó después del derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz e implicó, además de ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos, persecución política y el exilio de cientos de personas. Fue la oleada de violencia necesaria para poder destruir los logros de la Revolución de 1944, así como las fuerzas políticas y sociales que se organizaron durante la década revolucionaria. La segunda ola de terror se observó entre 1966 y 1971 y se estima que pudo haber costado unas 18 000 víctimas; estuvo encaminada a desarticular a la insurgencia armada que se había organizado a partir de la Revolución cubana.

Finalmente, la tercera ola de terror comenzó en 1978 para desarticular al movimiento popular y sindical que había surgido a partir de 1973. Esta ola continuó en un segundo momento con el objetivo de desarticular las redes urbanas de la guerrilla que había entrado en un nuevo ciclo ascendente después de su derrota en 1967. Un tercer momento se observó a partir de fines de 1981 y durante 1982-1983 con las masacres que buscaron arrasar con las bases rurales de dicha guerrilla (Figueroa, 2011, pp. 70-74). La tercera ola de terror ha sido consignada en el informe de la CEH cuando en sus conclusiones y recomendaciones asevera que el momento más cruento de todo el periodo que examinó (1960-1996) fue el comprendido entre 1978 y 1984, años en los cuales se concentró el 91 por ciento de las violaciones a los derechos humanos conocidas por la comisión.

La cúspide de la tercera ola de terror se observó entre 1981 y 1983, cuando se realizaron la mitad de las 626 masacres consignadas en el informe. En ese período, además, los operativos militares se concentraron en los departamentos de Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz, en la Costa Sur, y en la capital del país. Las masacres fueron especialmente cruentas en la región Ixil (Quiché), lugar en el cual entre el 70 y el 90 por ciento de las aldeas fueron arrasadas. En el norte de Huehuetenango, al igual que los municipios de Rabinal (Baja Verapaz) y Zacualpa (Quiché), se incendiaron aldeas enteras, así como siembras y cosechas, lo cual condenó a la población al hambre. La identificación hecha por el Estado entre guerrilla y población maya fue intencionalmente exagerada, lo que, unido al racismo, sirvió para legitimar la violencia estatal contra la población civil (CEH, 1999, Tomo V, pp. 28, 29, 42, 50).

Resumiendo lo expresado en páginas anteriores, puede afirmarse que esencialmente las acciones de violencia que se observaron durante el largo período comprendido entre 1960 y 1996 fueron resultado de un Estado que cristalizó una cultura política de dominación asentada en el racismo y en el anticomunismo. También fueron el resultado de una política contrainsurgente que fue alentada, propiciada y avituallada por Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Esta conjunción de factores explica la magnitud extraordinaria de la matanza y da sustento a la argumentación de que lo sucedido en Guatemala puede ser calificado de genocidio.

Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres a lo largo de treinta y seis años, pero particularmente en el periodo entre 1978 y 1984, fueron acciones de terrorismo de Estado. Puede argumentarse ello porque la inmensa mayoría de las víctimas fueron parte de una población civil que no estaba involucrada en la insurgencia, por lo que la violencia cumplió con la característica esencial del terrorismo: acciones violentas que no distinguen población civil de objetivos militares. Ese terrorismo básicamente fue de carácter estatal en tanto que la inmensa mayoría de las acciones violentas contra esa población civil fueron cometidas por agencias del Estado.

El conflicto armado interno que comenzó con el derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán, en 1954, terminó con los acuerdos de paz de 1996. Se suponía que dichos acuerdos iniciarían una reforma sustancial del Estado que se había constituido con la contrarrevolución que acabó con la década revolucionaria. Dicho Estado, como ya se ha mencionado, era expresión del oscurantismo racista y anticomunista y expresaba los intereses de un bloque histórico que estaba constituido por la oligarquía agroexportadora de raíces coloniales y decimonónicas, las fuerzas armadas, particularmente su alto mando, la alta jerarquía de la Iglesia católica y el conjunto de partidos anticomunistas que surgieron al derrocamiento de Arbenz.⁴

Paulatinamente, como producto de la crisis hegemónica provocada por la contrarrevolución y el surgimiento de la lucha armada revolucionaria, la clase dominante dejó en las fuerzas armadas la conducción del Estado. Estas fuerzas armadas se convirtieron en el eje vertebral del Estado, el cual, por lo tanto, se transformó en dictadura militar. Fue contra este orden que insurgencia armada y oposición político-electoral se enfrentaron; ambos sufrieron las mismas consecuencias. Para el bloque histórico dominante y la dictadura militares, subversivos (guerrillas) y opositores (partidos antidictatoriales) eran igualmente sospechosos de comunismo y, por tanto, había que eliminarlos.

Un Estado y una clase dominante con estas características difícilmente habría iniciado una habilidosa maniobra de cooptación reaccionaria de las demandas de justicia transicional que vinieron después de finalizado el conflicto armado. El espacio político y jurídico que se abrió para el resarcimiento y justicia de las víctimas del terrorismo de Estado fue resultado de los acuerdos para finalizar el conflicto armado. Estos acuerdos se lograron por la existencia de una insurgencia que, pese a los reveses militares, seguía combatiendo en el interior del país y también debido a la presión internacional. Clase dominante y dictadura militar estaban habituadas a las más perversas acciones represivas, las consideraban una legítima defensa de la patria ante la ofensiva del comunismo internacional y además, se sentían victoriosas al final del conflicto armado.

Desde la desaparición de los 33 dirigentes del movimiento revolucionario, efectuada en marzo de 1966 (llamada incorrectamente “el caso de los 28” porque fueron aproximadamente 33 los desaparecidos) (Figueroa, 1999, pp. 45-60; CEH, 1999, pp. 89-97), surgió una embrionaria y espontánea articulación de familiares que buscaban la aparición con vida de los desaparecidos. Con la ayuda de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), los familiares interpusieron más de 500 recursos de exhibición personal, los cuales fueron declarados improcedentes porque el gobierno negó que los desaparecidos estuvieran en las cárceles. El 28 de abril de 1966, el poder legislativo declaró una amnistía para todos los actos represivos (CEH, 1999, p. 96).

En aquellos momentos en los cuales el Estado procedía de manera implacable, en una combinación de acciones de terrorismo de Estado con medidas legales que buscaban la impunidad para los perpetradores, resulta especialmente conmovedor el caso de Juanita Loza de Molina, madre del filósofo y psicólogo Juan Luis Molina Loza, desaparecido el 13 de enero de 1971. Su protesta solitaria el 9 de marzo de 1971, a fin de plantarse frente al Palacio Nacional con un cartel para exigir la aparición con vida de su hijo, revela la ausencia de un movimiento de derechos humanos que la respaldara. El gobierno respondió inmediatamente llamando a la policía, la cual la condujo al hospital neuropsiquiátrico de Guatemala (Molina Loza et al., 2015; Molina Loza, 2022, Cap. XI).

Doña Juanita Loza de Molina no sabía en ese momento que sería la precursora de lo que después en Argentina llamarían “las locas de la Plaza de Mayo”. Otro caso paradigmático fue la captura y desaparición de seis integrantes de la Comisión Política del Partido Guatemalteco del Trabajo, de una militante y su trabajadora doméstica, el 26 de septiembre de 1972 (Ruano, 2020). Una revisión de periódicos guatemaltecos, con fechas entre septiembre y diciembre de 1972, da cuenta de lo que había sucedido antes y seguiría sucediendo hasta 1984: organización espontánea de los familiares, asistencia a estos por parte del Bufete Popular de la AEU, incontables recursos de exhibición, negativas gubernamentales con respecto al paradero de los desaparecidos (la decisión de desaparecerlos había sido tomada en el Palacio Nacional) y ausencia de un sólido movimiento de derechos humanos.⁵

En el contexto de la tercera ola de terror antes mencionada, el 4 de junio de 1984, alrededor de 25 familiares de desaparecidos fundaron el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), el cual meses después contaba ya con alrededor de 200 miembros. Esta organización nació como respuesta a una oleada de desapariciones forzadas ocurrida particularmente desde fines de 1983 y durante el primer semestre de 1984, buena parte de ellas consignadas en el documento contrainsurgente llamado Diario Militar.⁶ El GAM tuvo un crecimiento extraordinario, en 1986 contaba ya con presencia en 13 de los 22 departamentos de Guatemala. Sus sesiones semanales, la marcha de tres mil personas en noviembre de 1984, un manifiesto público en ese mismo mes, sus relaciones con las Brigadas Internacionales de la Paz y sus constantes denuncias pronto tuvieron respuesta represiva.

En agosto de 1984, sus integrantes recibieron amenazas de muerte y meses después severas advertencias del gobernador del departamento de Guatemala. Las acciones represivas incluyeron la infiltración y el asesinato en marzo de 1985 de su vocero Héctor Gómez Calito y al mes siguiente, en medio de atroces torturas, el de una de sus fundadoras Rosario Godoy de Cuevas, su hermano y su pequeño hijo. A pesar de esto, podemos consignar acciones del GAM en contra de la represión: manifestación de 24 horas frente al Palacio Nacional (julio de 1985), toma de la Catedral (octubre de 1985), marcha desde el municipio de San Lucas (septiembre de 1986), manifestación de hijos de desaparecidos en el día del padre (junio de 1987), campaña contra la ley de amnistía e impulso del día del desaparecido (1988), toma de la sede de la Cruz Roja Internacional (mayo de 1990), toma del Congreso de la República y huelga de hambre (1992) (GAM, s. f.).

En 1988 surgió el Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam (CERJ), el cual luchaba contra el reclutamiento forzoso de campesinos e indígenas a las Patrullas de Autodefensa Civil, también el Centro de Investigación y Promoción de derechos humanos (CIEPRODH). En 1989 surgieron el Consejo Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), el Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG) y la Asociación Guatemalteca de Juristas (AGJ). En 1992, como consecuencia de una escisión del GAM, apareció la Asociación de Familiares de Detenidos de Guatemala (FAMDEGUA), organización dedicada a la búsqueda de los detenidos-desaparecidos, exhumaciones, dignificación de las víctimas del conflicto armado interno, esclarecimiento de las violaciones a derechos humanos y querellante adhesiva a los procesos de justicia transicional (FAMDEGUA, s. f.).

En 1993, nacieron el Centro Internacional para la Investigación en Derechos Humanos (CIIDH) y la Fundación Myrna Mack, quien lleva el nombre de la antropóloga asesinada en 1990 por la sección de inteligencia del Ejército de Guatemala (Fundación Myrna Mack, s. f.). El Centro para la Acción Legal en los Derechos Humanos (CALDH), que había sido fundado en 1983, se trasladó a Guatemala en 1995. En esos años se constituyó el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Guatemala (CONADEHGUA) que agrupó al GAM, CERJ, CIIDH, AGJ, CIEPRODH y a la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG), organización fundada en el exterior y que, al igual que CALDH, se trasladó a Guatemala en el contexto de las negociaciones de los acuerdos de paz.⁷

En la primera década del siglo XXI, el tejido de las organizaciones de derechos humanos creció todavía más. En 2015 ya actuaba un frente de organizaciones de derechos humanos similar al que años atrás había funcionado (CONADEHGUA) y que llevaba por nombre Convergencia por los Derechos Humanos, integrado por la ODHAG, CIIDH, CALDH, el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), Seguridad en Democracia (SEDEM), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales en Guatemala, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) (Convergencia por los Derechos Humanos, 2015).

Especial mención merece la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), fundada a instancias del Obispo Juan Gerardi Conedera en el contexto de la firma en la Ciudad de México el 29 de marzo de 1994, por el gobierno de Guatemala y la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG) del Acuerdo Global sobre derechos humanos y el Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca firmado en Oslo, Noruega, el 23 de junio de 1994.

En octubre de 1994, los obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala decidieron aprobar la iniciativa de recuperar la memoria de las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno en Guatemala. Tal acuerdo no contó con la anuencia de la totalidad de dicha Conferencia por el temor a las represalias que podrían provenir del Ejército de Guatemala. El proyecto habría de aprobarse en gran medida por el gran prestigio personal que tenía Monseñor Gerardi en el seno de los obispos de Guatemala (Gutiérrez, 1999, pp. 252-253; Penados, 1999, p. 235). De esta manera, se creó la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y en enero de 1995 se estaban creando los primeros trazos del proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) (Gutiérrez, 1999, p. 252).

Posteriormente, el 24 de abril de 1998 se presentaron los resultados en cuatro volúmenes del informe Guatemala Nunca Más (ODHAG, 1998), antecedente fundamental para el posterior informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Dos días después, el 26 de abril, el Obispo Gerardi fue brutalmente asesinado en una conjura en la que participaron elementos del ejército guatemalteco (Goldman, 2009).

En un contexto nacional y mundial desfavorable para la izquierda, como lo revelaba una derrota estratégica para el movimiento insurgente con motivo de las masacres de 1981-1983 y el fin de la Guerra Fría con el colapso soviético y el auge neoliberal, el Estado guatemalteco y el bloque histórico que lo sustentaba tenía una correlación de fuerzas ventajosa como para hacer concesiones en las negociaciones de los acuerdos de paz. El anticomunismo, el racismo y la voracidad expoliativa que siempre animaron al Estado lo hacían reticente a hacer concesiones en dichas negociaciones, en materia de políticas sociales, democratización y derechos humanos. Aun así, aprovechando la presión de la comunidad internacional, la capacidad de fuego y el apoyo social que mantuvo la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG) y su equipo negociador, tuvieron logros importantes en los acuerdos de paz.

Entre los nueve acuerdos sustantivos, seis resultaron decisivos para la resolución del conflicto. Los temas de estos seis acuerdos fueron: el restablecimiento de la democracia, el retiro del ejército de las funciones gubernamentales, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la identidad y derechos de los pueblos indígenas, la solución a la problemática socioeconómica y agraria y el establecimiento de una comisión para la verdad histórica. Hay que destacar que estos seis acuerdos tuvieron resueltos adversarios en sectores empresariales, particularmente el de la solución a la problemática agraria, y en sectores de las fuerzas armadas que se sintieron amenazados por las consecuencias que podrían haber tenido los acuerdos sobre derechos humanos y particularmente el acuerdo sobre el establecimiento de la verdad histórica.

Desde la izquierda, los acuerdos de paz también tuvieron críticas por considerarse que la insurgencia hizo concesiones inaceptables, sobre todo respecto a los acuerdos sobre derechos humanos, aspectos socioeconómicos y cuestión agraria (Reyes, 2013). Particularmente controversial resultó la parte del acuerdo para el establecimiento de la comisión de esclarecimiento histórico, la cual estipuló que no se individualizarían responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos y que los resultados de las investigaciones de la comisión no tendrían efectos judiciales (Wilson, 1999). Esta limitación se veía compensada con el acuerdo que establecía no propiciar medidas legislativas que impidieran el enjuiciamiento y condena de los violadores de derechos humanos; e introducir las modificaciones necesarias en el Código Penal para introducir como delitos de especial gravedad y de lesa humanidad las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.⁸ Este acuerdo preveía ampliar las funciones del Procurador de los Derechos Humanos y un firme compromiso en la preservación de dichos derechos.

El cuarto de siglo transcurrido desde la firma final de los acuerdos de paz, en diciembre de 1996, revela que un acuerdo que no está sustentado en una correlación de fuerzas favorable corre el riesgo de convertirse en letra muerta. Esto ha sucedido en Guatemala, particularmente en el último lustro. No obstante, en su momento los acuerdos de paz crearon condiciones favorables, como se ha argumentado líneas atrás, para el surgimiento de una importante red de organizaciones de derechos humanos. El acuerdo sobre el esclarecimiento histórico hizo surgir a los informes emitidos por la ODHAG y la CEH, sustanciales para la lucha por la memoria y la verdad histórica. Estos informes también sirvieron como instrumentos en la fundamentación de los posteriores juicios a violadores de derechos humanos.

El caso emblemático de todo lo anterior es el juicio por genocidio al que fue sometido el general Efraín Ríos Montt por las masivas ejecuciones que se llevaron a cabo durante su mandato (1982-1983). Diecisiete años después de la firma de los acuerdos, el Consejo Nacional para el Seguimiento de los Acuerdos de Paz advertía avances que no podían desconocerse (CNAP, 2014). Se implantó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que fue creada mediante acuerdo entre la ONU y el gobierno de Guatemala en 2006 y empezó a funcionar en 2007. La CICIG significó un cambio en la aplicación de la justicia en el país, al participar en la solución de casos de alto impacto, sus investigaciones fueron determinantes para el desmantelamiento de la red de corrupción criminal que atravesó al gobierno Otto Pérez Molina (2011-2015). Como se verá más adelante, el surgimiento de una fuerte comunidad de derechos humanos y los éxitos en la justicia transicional que ha logrado, generaron una reacción cada vez más violenta en los sectores que se sintieron amenazados por los acuerdos de derechos humanos y esclarecimiento de la verdad histórica.⁹ Las puntas de lanza de estos sectores son la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) y la Fundación Contra el Terrorismo (FCT).¹⁰

En el contexto del posconflicto, Memoria, Verdad y Justicia se han convertido en territorios en disputa. Más allá del planteamiento de la subjetividad, falta de neutralidad y, por tanto, inexistencia de una verdad absoluta (May, 2013); de la futilidad de la pretensión de neutralidad en los informes sobre la verdad histórica (Angulo Brenes, 2019); de la Memoria, Verdad y Justicia como resultado de una lucha desde abajo (Crenzel, 2019, p. 27); y de la memoria de los actos infames como una garantía de su irrepetibilidad (Álvarez y Travaglio, 2021), o bien, como una herramienta que puede ser usada como dominación o emancipación (Villa, 2016), la lucha por la memoria y la verdad, en efecto, va más allá de una simple lucha entre verdad y olvido.

Los perpetradores mantienen una postura irreductible en cuanto a aceptar cualquier responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad en los que efectivamente se vieron envueltos y consideran cualquier concesión en dicho sentido como una severa pérdida política y penal (Brett y Malagon, 2020). Como bien lo ha dicho Rostica (2015, p. 302), la narrativa reaccionaria (aquella que propicia el bloque histórico dominante en el país y que busca convertirse en memoria hegemónica) habla de la violencia como un hecho propiciado igualmente por dos actores.¹¹ A su vez, la narrativa que pretende convertirse en una memoria contrahegemónica (Taracena, 2012, p. 4), la concibe como un genocidio con todos los problemas teóricos y jurídicos que tiene dicha categoría (Rostica, 2017).

El olvido no solo es postulado de manera vergonzante cuando se propone una narrativa sesgada (la “teoría de los dos demonios”), sino también cuando se propone una manera de recordar. La sinopsis del libro de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) de manera prístina la enuncia: vale la pena mirar el pasado, pero no quedarnos en él para denigrar a otros, para distorsionarlo, tergiversarlo, envenenarlo; porque al envenenar el pasado también se envenena el futuro comprometiendo a los que todavía no han nacido.¹² En ese sentido, un terrateniente dice “si seguimos viendo hacia atrás no hay futuro. Lo que hay que hacer aquí es borrón y cuenta nueva”; mientras un exministro de la Defensa asevera “tenemos que perdonar… si eso no se da no va a haber reconciliación… para tener paz en el corazón debe haber perdón” (Isaacs, 2006). Perdón y olvido, en todo caso recordar para darle la vuelta a la página, que no es otra cosa que olvidar. El olvido o una manera de ver la verdad de lo sucedido, en el fondo tienen que ver con un ánimo de impunidad.

En este contexto, el triunfo de la memoria contrahegemónica, la prevalencia de la verdad histórica se vuelve una victoria que tiene una consecuencia en el resarcimiento. El resarcimiento es un acto que busca compensar moral y materialmente a la víctima de un acto injusto y deleznable. Las compensaciones morales y materiales se convierten en una nueva comprobación de que lo que pregona la memoria contrahegemónica es la verdad histórica. Por ello, la memoria, la verdad y el resarcimiento son una victoria y un agravio intolerable para quienes consideran lo sucedido como una mera victoria militar. La solicitud de perdón por parte del Estado no solo dignifica a la víctima y a sus familiares, porque se les rehabilita en la memoria como gente de bien, lo cual destierra la imagen del delincuente subversivo; sino que, al solicitar perdón, el Estado también reconoce haber actuado criminalmente.

Además de ello, en el contexto de la justicia transicional, el resarcimiento se vuelve también una victoria judicial. Esto puede advertirse en la Tabla 1.

Tabla 1
Casos conocidos por el SIDH en los que se produjo solución amistosa o sentencia

Nota. Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Elaboración propia a partir de Archivos del Grupo de Apoyo Mutuo, Guatemala (2022).

Lo anterior explica que los actos de resarcimiento se observaron de manera esencial en el período de gobierno de Álvaro Colom (2008-2012); el único gobierno, después de la firma de los acuerdos de paz, que no fue expresión de la derecha más recalcitrante. En ese gobierno, precisamente, la Comisión Nacional de Resarcimiento (CNR) tuvo su período más activo. Al asumir la presidencia Otto Pérez Molina (2008-2015) y en las sucesivas presidencias, la CNR comenzó a languidecer.

Un informe elaborado para la Comisión Nacional de Resarcimiento en las postrimerías del gobierno de Colom (CNR, 2011) nos puede dar una idea del espíritu y compensaciones del resarcimiento.¹³ El espíritu del resarcimiento es que al reconocer el Estado los crímenes cometidos, la víctima deja de serlo para convertirse en un sujeto político a través de su dignificación. Esto se logra a través de tres fases: atención a la víctima, transición de la víctima a sobreviviente y transición de sobreviviente a persona ciudadana. Los actos de resarcimiento comprenden medidas de restitución material (compensar las pérdidas provocadas durante el conflicto), medidas de resarcimiento económico (cuyo objetivo no es combatir la pobreza, sino la compensación), medidas de resarcimiento cultural (reconocimiento al racismo involucrado en los actos represivos) y medidas de dignificación de las víctimas (reconocimiento a su integridad) (CNR, 2011, pp. 7, 8, 18, 25, 26).

Las anteriores medidas comprendieron acciones de dignificación (conmemoraciones comunitarias e individuales, mausoleos, lápidas, monumentos, diagnósticos y contextos históricos, dignificaciones artísticas y culturales etc.); becas; nombramientos de calles y carreteras; ediciones de libros; solicitudes de perdón por parte del Estado y firmadas por el presidente (16 335); actos públicos (algunos de ellos en el Palacio Nacional) y privados de homenaje; reconocimiento estatal de los crímenes y solicitudes de perdón; exhumaciones, reparación psicosocial; construcción de viviendas y bibliotecas; reconocimientos legales a fundaciones y organizaciones; traducciones en idiomas originarios de sentencias; declaración de efemérides; producción de largometrajes, documentales y spots radiofónicos y televisivos; y proyectos productivos. Entre 2004 y 2008, el costo de todas estas medidas fue de 549 812 millones de quetzales (poco más de 73 millones de dólares) (CNR, 2011, pp. 27, 40 y 45).¹⁴

El juicio que por el delito de genocidio se efectuó contra los generales Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, entre el 16 de marzo y el 10 de mayo de 2013, reveló que detrás de defensores y acusadores se encontraban esencialmente las dos partes enfrentadas desde que inició el conflicto en 1954.¹⁵ También reveló que, como todo Estado, pese a la hegemonía del bloque histórico restaurado en el poder en 1954 y modernizado a lo largo de las décadas siguientes, el guatemalteco era un territorio en disputa. Estos espacios estatales permitieron que, desde enero de 2012, tribunales guatemaltecos aceptaran enviar a juicio a los imputados, lo cual le daba continuidad a un proceso iniciado en 2004, cuando el gobierno aceptó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la existencia de actos de genocidio durante el gobierno de Ríos Montt. En febrero de 2012, los abogados de Ríos Montt buscaron acogerse a la amnistía de 1986, pero los tribunales rechazaron la solicitud puesto que las amnistías no comprenden delitos como el genocidio (Analítica Internacional, 2012).

El juicio por genocidio tomó en cuenta los crímenes cometidos contra el pueblo Ixil durante los dieciocho meses que gobernó Efraín Ríos Montt y, según ese criterio, también fue juzgado el que había sido su jefe de inteligencia (Rodríguez Sánchez). Detrás de los defensores estuvieron los distintos protagonistas y agentes del bloque histórico que dirige al Estado guatemalteco, así como herederos de los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad. Detrás de los acusadores se encontraron las organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y movimientos sociales que esencialmente eran herederos de las fuerzas políticas y sociales que combatieron a la dictadura militar a través de la lucha armada o la lucha política electoral.

El argumento principal de la defensa fue ampliamente divulgado y está contenida en el manifiesto “Traicionar la paz y dividir a Guatemala” (Flores et al., 2013) firmado por exfuncionarios públicos e intelectuales orgánicos (entre ellos dos antiguos integrantes de la insurgencia) del bloque histórico dominante: la acusación de genocidio es una fabricación jurídica que atenta no solamente contra el Ejército de Guatemala, sino también contra el Estado guatemalteco y la Ley de Reconciliación aprobada después de los acuerdos de paz. No se niega el que se hayan cometido actos atroces y el que las víctimas inicien procesos judiciales, pero la acusación de genocidio que significa limpieza étnica implica el peligro de que la violencia política reaparezca y que la superación del pasado se desvirtúe.¹⁶

El argumento esencial solamente insinuado en el manifiesto fue explicitado por Gustavo Porras Castejón, antiguo insurgente y uno de sus firmantes, cuando al día siguiente de su publicación compareció en el juicio y aseveró: “se trató de un enfrentamiento sumamente cruento, yo no niego las atrocidades cometidas durante ese enfrentamiento, pero en mi opinión la razón del ataque a la población no fue por razones étnicas, sino por razones político-militares” (García, 2013). Un argumento similar expresaron personeros de las poderosas cámaras empresariales Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA), al día siguiente de que el tribunal emitió la condena a Ríos Montt (Redacción Web, 2013).

El domingo 14 de abril de 2013 empezó a circular un folleto de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), expresión de la derecha neofascista. El folleto denunciaba la “farsa del genocidio” como un plan orquestado por marxistas infiltrados en la iglesia, la educación y la prensa, el cual seguía las enseñanzas de Antonio Gramsci y Palmiro Togliatti, a través de temas como la paz, el desarme, el feminismo, la libertad de prensa, la familia, la tenencia de la tierra y otros más. El documento hacía una reseña de la táctica y estrategia militar de la guerrilla, adjudicaba sesenta masacres a esta, contenía fotos de dirigentes guerrilleros (entre ellos varios sacerdotes) y de soldados masacrados. Su objetivo esencial era mostrar la crueldad guerrillera, la conspiración marxista y defender a las fuerzas armadas (FCT, 2013).

Un día antes de que se diera el veredicto, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) publicó un extenso manifiesto en uno de los diarios más importantes del país, en el cual igualmente se reconstruía la estrategia insurgente y se exponían en detalle los asesinatos de civiles por parte de la guerrilla, incluso se publicó un listado de las bajas de las fuerzas armadas que en total sumaban 2049. Durante los días del juicio (específicamente del 15 de abril al 8 de mayo), los medios de comunicación expresaron las opiniones de los defensores y de los acusadores a través de columnistas. Se publicaron 141 columnas de 83 columnistas, de los cuales 87 (62 %) se pronunciaron a favor del juicio, 34 (24%) en contra y 20 (14%) mantuvieron neutralidad (Burmester, 2013).

El juicio terminó el 10 de mayo de 2013 con la condena por genocidio a Ríos Montt y la absolución por falta de pruebas de Rodríguez Sánchez (Asociación para la Justicia y Reconciliación y Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, 2013). Diez días después, la Corte de Constitucionalidad anuló por mayoría de votos todo lo actuado en el juicio a partir del 19 de abril y ordenó repetir el juicio por faltas en el proceso debido, con lo cual dejó sin efecto la sentencia (Corte de Constitucionalidad, 2013, pp. 20-22). En medio del regocijo que esta decisión generó en el establishment guatemalteco y de la repulsa que provocó en la parte de la sociedad que apoyaba la acusación, cabe destacar el análisis que la organización HIJOS Guatemala hizo del fallo y que apuntala el argumento de este trabajo: el fallo de la Corte de Constitucionalidad era una victoria de la “alianza oligárquico militar” y de la mentalidad contrainsurgente (HIJOS Guatemala, 2013).

En agosto de 2015, un tribunal resolvió que la reposición de la parte del juicio ordenada por la Corte de Constitucionalidad se haría a puertas cerradas y Ríos Montt ya no sería condenado por su incapacidad mental comprobada (BBC Mundo, 2015). El juicio tuvo que esperar hasta 2018 para ser reanudado y la sentencia emitida el 26 de septiembre de 2018 por el tribunal ya no condenó a Ríos Montt y volvió a absolver a Rodríguez Sánchez (Coronado, 2018). Para ese entonces, Ríos Montt había muerto meses antes (Bolaños y Gamarro, 2018). Sin embargo, el tribunal resolvió que independientemente de que uno de los acusados era inimputable y el otro había sido absuelto, el delito de genocidio contra el pueblo Ixil en efecto se había cometido (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2018).

La victoria judicial había sido parcial (los imputados no fueron condenados por razones distintas), pero el delito de genocidio quedó acreditado y por tanto sentó precedente jurídico. En palabras de Jo Marie Burt, el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, aunque falló en su propósito de condenar a los dos perpetradores, se convirtió en una “litigación estratégica”, entendida esta como aquellas acciones judiciales que no solo buscan justicia en cortes y juzgados, sino que también alertan a la sociedad sobre determinados temas, cambian legislaciones, políticas públicas e instituciones (Burt, 2021, p. 2). En lo que se refiere a la Memoria, la verdad jurídica se impuso sobre lo que los perpetradores llamaron “la farsa del genocidio”. Estas victorias se sumaron a las victorias judiciales obtenidas en Guatemala desde 1993 en el marco de la justicia transicional.

Un análisis de la información vertida en las tablas 2 y 3 nos indica que la justicia transicional en Guatemala ha empezado a observarse a partir de 1993 y que el rango militar de los perpetradores ha ido en ascenso desde ese año. Entre 1993 y 2001, los juzgados y sentenciados fueron comisionados militares, patrulleros de autodefensa civil (PAC) (ambos cargos son ocupados por civiles) y solamente un sargento del ejército. En 2001 y como consecuencia del asesinato del obispo Gerardi, fueron condenados un coronel, un capitán, un sargento y un civil. A partir de 2003, además de suboficiales, soldados, patrulleros y agentes policiacos, empezaron a aparecer coroneles, jefes policiacos y generales. Particularmente relevante es el juicio, proceso que aún continúa, por las 558 osamentas encontradas en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (CREOMPAZ) (Network in Solidarity with the People of Guatemala, s. f.), por el cual fueron procesados un general (exjefe del Estado Mayor del ejército), varios coroneles y especialistas, tenientes coroneles, mayores y un capitán.

Relevante también es el caso de la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen, por el cual fueron condenados dos generales (uno de ellos reputado miembro de una organización criminal), un coronel (exintegrante de la efímera Junta Militar encabezada por Ríos Montt en 1982) y dos altos oficiales (Cumes y Hernández, 2018). De igual manera, hay que referirse al caso del Diario Militar, por el cual están siendo procesados doce militares, entre ellos un general (excomandante de la base militar), un coronel (también reputado integrante de una organización criminal clandestina llamada La Cofradía), dos tenientes coroneles, varios especialistas y un civil, al cual se le imputa una larga trayectoria represiva.¹⁷

Finalmente, hay que volver a referirse al juicio por genocidio a un exjefe de Estado que ha sido mencionado anteriormente.¹⁸ Cabe finalizar esta reseña de la justicia transicional mencionando que entre los crímenes juzgados se encuentran masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones masivas de mujeres y esclavitud sexual.¹⁹

Tabla 2
Casos judiciales con participación del GAM

Nota. *Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Elaboración propia a partir de Archivos del Grupo de Apoyo Mutuo (2022).

Tabla 3
Condenas en casos de derechos humanos en tiempos de guerra en Guatemala, 1993-2021

Nota. *Patrulla de Defensa Civil. **El funcionario condenado escapó y es fugitivo de la justicia. ***Sentencia anulada. Elaboración propia a partir de Burt (2021).

A lo largo de las últimas décadas, los perpetradores y sus aliados en el poder legislativo han intentado evadir la justicia a través del impulso de leyes de amnistía para los crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado interno. Lo hicieron en 1982 (Decreto Ley 33-82 y 34-82); en 1983 (Decreto Ley 89-83); en 1985 (Decreto Ley 18-85); y en 1986 (Decreto Ley 8-86) (Familiares y Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro, s. f.). Los últimos intentos se hicieron en 2018, con la iniciativa 5377 que pretendía reformar la Ley Nacional de Reconciliación, posteriormente en 2021 con la iniciativa 5920 y, finalmente, en 2022 con la iniciativa 6099. Tales iniciativas tienen pocas perspectivas de triunfar, como se demostró con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2019, el cual fue refrendado en 2021 por la Corte de Constitucionalidad (El Faro, 2019; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, 2021).

La Ley de Reconciliación Nacional emitida en 1996, en el espíritu de los acuerdos de paz y sancionada por la Corte de Constitucionalidad en 1997, preveía una amnistía a los actores involucrados en el conflicto armado interno, pero también excepciones respecto a delitos imprescriptibles de acuerdo con las leyes nacionales o los tratados internacionales suscritos por Guatemala. Ello implicaba los delitos de genocidio, tortura o desaparición forzada, delitos imprescriptibles o aquellos que no son amnistiables de acuerdo con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado guatemalteco (Familiares y Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro, s. f., pp. 6, 7, 10, 11).²⁰

El agravio del bloque de fuerzas que detentó el poder del Estado durante los años del conflicto aumentó con las actividades de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organización internacional auspiciada por la ONU que empezó a desarrollar sus actividades en 2008. El objetivo de la CICIG era fortalecer a las instituciones del Estado guatemalteco que buscaban investigar y perseguir penalmente a cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad infiltrados en las instituciones del Estado, lo cual implicaba investigar y buscar el castigo para la corrupción, el crimen organizado y violadores de derechos humanos (CICIG, 2019a).

La labor de la CICIG resulta impresionante entre 2008 y 2019, año en que finalmente fue defenestrada por el gobierno guatemalteco: fueron sindicadas más de 1540 personas; procesadas más de 660 (70 % con medidas sustitutivas); identificadas más de setenta estructuras clandestinas, algunas de ellas con gran complejidad y poder económico; más de 120 casos de alto impacto fueron judicializados; y fueron presentadas más de cien solicitudes de antejuicio contra expresidentes, vicepresidenta, exministros, diputados, altos funcionarios de Estado, narcotraficantes, empresarios y alcaldes. Así, entre 2018 y 2019, obtuvo el 43 % de las sentencias condenatorias dictadas durante todo el período de su existencia. Se lograron 400 condenas y la tasa de eficiencia del trabajo conjunto contra la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) se acercó al 85 % (CICIG, 2019b, pp. 50-52). El punto culminante fue la desarticulación en 2015 de la organización criminal de contrabando aduanero La Línea que era comandada por el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Parte importante del éxito de la CICIG fue el apoyo que Washington le dio durante un tiempo, especialmente durante los dos períodos de Barack Obama (2009-2017). Para la Casa Blanca era importante limpiar del crimen organizado y corrupción a Centroamérica, como parte de su agenda de estabilidad política en la región y de lucha contra el narcotráfico. Ese apoyo terminó durante el gobierno de Donald J. Trump (2017-2021) en el contexto de un activo cabildeo en Washington de todos los sectores que habían sido afectados por su labor. Para ese entonces la CICIG había tocado a altos empresarios por financiamiento electoral ilícito, entre ellos a un miembro conspicuo de la oligarquía, como lo fue el expresidente Álvaro Arzú Yrigoyen (1996-2000). También a la familia del presidente Jimmy Morales (2016-2020).

La justicia transicional promovida por la red de organizaciones de derechos humanos y la labor de la CICIG desencadenaron la reacción del actual bloque en el poder en Guatemala: oligarquía tradicional, funcionarios y exfuncionarios enriquecidos por la corrupción, crimen organizado y la derecha neofascista. Anticomunismo, religión y una suerte de nacionalismo de derecha agregaron a ese bloque a un sector importante de las clases medias urbanas. La CICIG finalmente fue defenestrada en septiembre de 2019, después de haber sido hostilizada y amenazada, dejando en la vulnerabilidad a todos los sectores políticos y sociales que la habían apoyado.²¹

Sería objeto de una ulterior investigación la confirmación de un nuevo bloque en el poder que, ramificado en la sociedad con clases medias urbanas en gran medida vinculadas al protestantismo neopentecostal, es también un remozado bloque histórico. Coloquialmente a ese bloque en el poder o nueva ruling coalition se le llama “Pacto de Corruptos” y ejercería lo que se ha llamado una gobernanza criminal (Azula, 2017; Lessing, 2020; Duque Daza, 2021) o gobernanza híbrida (Pasquet et al., 2020; Villa, Braga y Ferreira, 2021), caracterizada por una zona gris en la que el Estado, la corrupción y el crimen organizado pierden fronteras (Auyero, 2007).²²

Este grupo gobernante, en gran medida, es heredero del que auspició y dirigió la dictadura militar y la contrainsurgencia, el cual desde hace varios años busca la impunidad y ve como nuevo enemigo interno no solamente al movimiento por los derechos humanos, sino también a los movimientos que se oponen al extractivismo, a los sectores que buscan procesar a la corrupción, al crimen organizado y a personajes representativos de la pasada insurgencia. En el imaginario del bloque en el poder, expresión de la clase dominante en Guatemala, todos estos sectores serían la continuación de la insurgencia armada del pasado por otros medios.

La Asociación de Veteranos de Guatemala y la Fundación contra el Terrorismo tienen por ello un terreno ideológico y político común con el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, la Asociación de Amigos del País, la Asociación de Azucareros de Guatemala, la Cámara de Industria de Guatemala, la Cámara del Agro, la Gremial de Industrias Extractivas y la Gremial de Palmicultores (Anónimo, 2014, p. 76).

La FCT expresa de manera diáfana, en sus comunicaciones por redes sociales,²³ los fundamentos ideológicos de la ascendente derecha neofascista en América Latina y otras partes del mundo: anticomunismo, familia, antiaborto, propiedad, libertad. Blasona su apoyo a Donald Trump y su admiración por el neofascista colombiano Álvaro Uribe. Continuando con las tácticas de terror usadas por organizaciones paramilitares contrainsurgentes, como la Mano Blanca o el Ejército Secreto Anticomunista, difunde volantes con fotografías (tachadas con una “X”) de fiscales, jueces y periodistas, en un formato de cartón de lotería, o bien, publica folletos con listados de organizaciones nacionales e internacionales y perfiles de activistas que en su opinión conspiran contra Guatemala (FCT, s. f.).

Organizaciones o membretes del mismo sector difunden folletos con fotografías de “los rostros de la infamia” y de “los financiamientos perversos” que reciben, los cuales nuevamente recuerdan a folletos similares de la Mano Blanca en la década de los sesenta del siglo XX (Chapines Unidos, s. f.; Anónimo, 2014). En el momento de escribir estas líneas, Ricardo Méndez Ruiz, el principal dirigente de la FCT, es un poderoso personaje con vínculos con sectores empresariales, militares, aparato judicial y es aliado de Zury Ríos Sosa, la hija del general Ríos Montt.

La feroz reacción contra lo logrado, en materia de justicia transicional y combate a la corrupción y al crimen organizado, se expresa en la cooptación por este bloque en el poder de las distintas instituciones que componen al Estado. Además de las instancias estatales que ya controlaba, como la Presidencia de la República, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, la alianza delincuencial ha capturado a otras más que durante el auge de la CICIG no estuvieron bajo su control: la Fiscalía General, la Fiscalía Especializada contra la Impunidad, la Corte de Constitucionalidad y la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos.

Como parte de esa feroz reacción en Guatemala está naciendo una nueva dictadura, la cual no es ya la antigua dictadura militar que efectuaba masacres, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, sino un orden autoritario, expresión de una coalición delincuencial y empresarial que mediante el Lawfare persigue a sus opositores a través del asesinato moral y judicial. De esa manera, jueces honestos, fiscales y exfiscales, abogados defensores, periodistas de diarios nacionales, locales y medios comunitarios, luchadores antiextractivistas, activistas por los derechos humanos, antiguos integrantes de la CICIG y figuras representativas de la antaño insurgencia armada, se ven sometidos a encarcelamientos o demandas judiciales, amenazas a través de panfletos y redes sociales.²⁴ Decenas de esas personas finalmente han optado por el exilio.

Un recuento hecho por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, y otras organizaciones de derechos humanos, nos indica que 53 personas han tenido que buscar refugio en México, Estados Unidos y Europa. De todas ellas podemos advertir 35 catalogadas como “operadores de justicia”, lo cual significa funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), de la Fiscalía Especializada Contra la Impunidad, mandatarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, jueces, magistrados de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, además de dos exfiscales generales. El listado también incluye a seis periodistas, tres comunicadores sociales, cuatro activistas de derechos humanos, tres columnistas, un activista de partido político y un pastor protestante.²⁵

Lo acontecido a lo largo del siglo XX en Guatemala y, particularmente, lo sucedido en el país a partir de los acuerdos de paz que se firmaron en diciembre de 1996, nos indica que el Estado guatemalteco ha tenido muy pocas posibilidades de construir una hegemonía sustentada en la inscripción en un programa reaccionario de las demandas de las clases subalternas. Detrás de esta imposibilidad estatal se encuentra la índole misma de la clase dominante guatemalteca proveniente de una matriz colonial sustentada en el latifundio, en la expoliación de masas indígenas y también de mestizos plebeyos. La clase dominante guatemalteca se constituyó a través de un hábito expoliador, así como del racismo y el clasismo como fundamentos legitimadores de dicha expoliación. Por ello mismo, instauró desde siempre un orden autoritario cuya única modernización fue el tránsito de la dictadura unipersonal a la militar y la deriva hacia cada vez más brutales acciones represivas.

En el siglo XX, especialmente después de la Revolución rusa de 1917 y el ascenso de la Guerra Fría, hábitos represivos y expoliadores, racismo, clasismo y oscurantismo reaccionario se fundieron con el anticomunismo. El surgimiento de un movimiento antioligárquico a partir de la revolución de 1944, de una resistencia pertinaz a partir de la contrarrevolución de 1954 y, finalmente, la aparición de una insurgencia armada a partir de 1962, acentuaron ese anticomunismo, el cual además se volvió una ideología que justificó el orden oligárquico que se restauró en 1954.

El anticomunismo y los elementos que le precedieron se consolidaron en una cultura de la dominación, la cultura del terror, la cual explica la notable escala de la matanza en la segunda mitad del siglo XX. Este desenvolvimiento histórico difícilmente podría hacer transitar a la clase dominante hacia una clase dirigente; y a un Estado, sustentado esencialmente en la violencia, que se base en el consenso, en la legitimidad, en una palabra, en la hegemonía. He aquí la razón que revela la aceptación abierta o vergonzante, por parte de la mayor parte del bloque en el poder, del neofascismo como ideología.

Esto también explica la imposibilidad del Estado guatemalteco de hacer uso del resarcimiento y de la justicia transicional como una operación hegemónica. Las concesiones que hizo el establishment guatemalteco en materia de democracia, derechos humanos, resarcimiento y justicia transicional, fue resultado de la necesidad de poner fin a uno de los más cruentos enfrentamientos en América Latina. Fue el resultado de una correlación de fuerzas en la cual la presión internacional también jugó un papel. No fue una graciosa concesión del bloque en el poder que buscaba con ello legitimarse.

El rechazo a las concesiones que tuvieron que hacerse se acentuó por tres motivos. En primer lugar, el surgimiento del movimiento por los derechos humanos como un sujeto político que se articuló a otros movimientos, como el de los pueblos originarios, el antiextractivista, el feminista y el de la diversidad sexual. El rechazo se acentuó todavía más con los éxitos obtenidos en materia de resarcimiento y justicia transicional que además se unieron a los éxitos obtenidos por la CICIG en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. En segundo lugar, la transición del orden oligárquico resguardado y reproducido por la dictadura militar hacia el cada vez más evidente autoritarismo sustentado en la gobernanza criminal. Esta última resguarda los intereses dominantes de siempre pero también los que se expresan en la corrupción y el crimen organizado.

El tercer motivo del rechazo radica en la naturaleza misma del Estado. Este no es un ente monolítico que expresa en todas las ocasiones los intereses del bloque hegemónico. El Estado es siempre, al igual que la sociedad civil, un territorio en disputa en el cual fuerzas de la más diversa índole se enfrentan en defensa de sus respectivos intereses en cada una de sus instancias. Esto fue lo que sucedió en Guatemala: al interior del Estado aparecieron actores que apoyaban a la justicia transicional, el resarcimiento, la democracia y los derechos humanos y luego la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. El bloque en el poder ya repudiaba el surgimiento de un movimiento en contra de la impunidad en el seno de la sociedad civil. El hecho de que este movimiento tuviera aliados y simpatizantes al interior del Estado exacerbó la paranoia anticomunista y el ánimo persecutorio.

He aquí, pues, la explicación que se propone a los motivos de la ferocidad que tiene en Guatemala la disputa por la Memoria, la Verdad y la Justicia… y por qué, en cierto sentido, dicha disputa es la continuidad del conflicto social que durante siglos se ha venido acumulando en Guatemala.

Acerca de la persona autora: Carlos Figueroa Ibarra. Guatemalteco-mexicano. Doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador en el Posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez” Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Especializado en sociología de la violencia y en procesos políticos y sociales latinoamericanos.

redalyc-journal-id: 152