Los femicidios –las violencias extremas contra las mujeres– han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad. Un dramático ejemplo de esto lo representa la persecución y asesinato de miles de mujeres en Europa a finales de la Edad Media, tras el argumento de ser acusadas de brujería. Los análisis que han devenido de este hecho histórico demuestran cómo el asesinato de mujeres ha sido utilizado como un ejercicio de poder por parte de los hombres para amenazar, herir y aleccionar al conjunto de mujeres. Este artículo tiene por objetivo desarrollar una genealogía crítica del concepto de femicidio, con esto, visibilizar la región Centroamérica y del Caribe en la producción teórica, académica y política de este.

Esta reflexión sobre el proceso histórico de construcción del concepto forma parte de los resultados de mi investigación doctoral Vivas en la Memoria: Tensiones por el reconocimiento y las luchas por la justicia en torno a los femicidios en Costa Rica (Mora, 2022). Para dar cuenta de la problemática del reconocimiento, tanto en términos sociales, como políticos y judiciales, fue necesario llevar a cabo una búsqueda genealógica de un saber que se origina en el movimiento social feminista y que de ahí se ha ampliado y transformado según el ámbito de su apropiación.

La genealogía del concepto femicidio inicia en el I Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, en Bélgica 1976. De ahí, el recorrido continúa en Estados Unidos durante la década de los ochenta, momento en donde surgen las primeras reflexiones en torno a la violencia sexual y su ejercicio como una política de terror contra las mujeres (Kelly, 1988). En la década de los noventa se consolida en términos académicos la definición del femicidio como el extremo de un continuum de violencias contra las mujeres (Radford y Russel, 1992).

En este mismo periodo, pero desde una latitud más al centro, se encuentran los inicios de lo que será la apropiación del concepto de femicidios desde América Latina y el Caribe. Específicamente será Centroamérica y el Caribe el epicentro de lo que será la primera traducción del concepto al español (Sagot, 1995), la primera investigación empírica a nivel nacional (Carcedo y Sagot, 2002), así como las primeras leyes penales en tipificar esta violencia extrema –Costa Rica en 2007, Guatemala en 2008 y El Salvador en 2010–. Avanzada la década de los dos mil, interesa posicionar en esta genealogía de los femicidios, la investigación centroamericana llevada a cabo por el Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA) en 2010. Esta representa un esfuerzo colectivo por comprender las particularidades de los femicidios en el contexto de una de las regiones más desiguales y violentas en el mundo (Oxfam, 2024).

La genealogía del concepto de femicidios supone un diálogo con lo que también emerge en el contexto de México, por ejemplo, la importancia del movimiento feminista y de familiares al posicionar desde la década de los noventa la impunidad como un factor de la reproducción de la violencia femicida en Ciudad Juárez. Los trabajos de Julia Monárrez (2000, 2004) permiten comprender específicamente este contexto y el surgimiento del debate en torno a las dos traducciones del problema: femicidio-feminicidio. Ahora bien, partiendo del objetivo de este artículo, el cual busca posicionar desde una ética y una justicia epistémica los aportes y desarrollos desde Centroamérica y el Caribe, los diálogos con México serán retomados, no obstante, no habrá posibilidad de profundizar.

El artículo finaliza con una revisión de los últimos aportes teóricos y políticos que se han desarrollado en el contexto actual del recrudecimiento de la violencia contra las mujeres en la región. Interesa particularmente el encuadre propuesto por Montserrat Sagot (2013) –socióloga costarricense– para comprender los femicidios como parte de una necropolítica de género en Centroamérica, contexto en donde emergen dos nuevos aportes a la genealogía de este saber: los femicidios territoriales como propuesta de Lorena Cabnal (2016) maya ketchʼi y xʼinka –para comprender la violencia ejercida contra mujeres indígenas lideresas de las luchas por el territorio–; así como los transfemicidios como una forma de nombrar, visibilizar e incluso judicializar la violencia específica contra los cuerpos y las vidas de las mujeres trans, tal y como la emblemática sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2021 ante el transfemicidio de Vicky Hernández en el contexto del golpe de Estado en Honduras.

A través de este recorrido genealógico por la historia política, teórica y académica del concepto de femicidios, se desea contribuir en dos puntos en particular: el lugar de los movimientos sociales, tal y como lo ha sido el movimiento feminista en este caso; así como el lugar de Centroamérica y el Caribe en la producción del conocimiento. Desde una perspectiva crítica interesa posicionar ambas contribuciones como parte de una reflexión en torno a la justicia epistémica, el reconocimiento de los saberes situados, y el reconocimiento de la región como productora de un saber epistémico que amplía los marcos conceptuales y políticos del saber en las ciencias sociales y los feminismos.

La primera enunciación en la genealogía crítica del concepto de femicidios nos ubica en el trabajo político y académico que desarrollaron diferentes voces de mujeres del Norte Global. El recorrido inicia en un potente espacio político de articulación y visibilización de las distintas violencias ejercidas contra las vidas y cuerpos de las mujeres, se trata del I Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres (1976). Seguidamente, el análisis continúa con las primeras elaboraciones teóricas en torno a las violencias sexuales como políticas de terror contra las mujeres, propuesta que enmarcó el desarrollo y posterior consolidación del concepto de femicide (Radford y Russel, 1992).

“I salute this Tribunal as being the start of a radical decolonization of women”.

Simone de Beauvoir (1976)

La primera vez que se nombra la violencia extrema contra las mujeres como femicidio es durante el I Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer realizado en Bruselas, Bélgica en 1976. El encuentro surge como un espacio de escucha y de pronunciamiento sobre las distintas violencias y agresiones que viven las mujeres alrededor del mundo. La organización del tribunal fue llevada a cabo por feministas de distintas nacionalidades que veían con mucha preocupación la forma en que los Estados y organismos internacionales estaban apropiándose de la “lucha de las mujeres”.

Es importante recordar que en 1975 las Naciones Unidas declararon el Año Internacional de la Mujer, momento que marca la celebración “oficial” del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, así como la declaración de la Década de las Mujeres (1975-1985). La creación del tribunal a partir del propio movimiento feminista con carácter internacionalista produce otro tipo de espacio político, uno que se define como propio, autogestionado, independiente de partidos políticos, sindicatos u otros entes institucionales.

Russell y Van de Ven (1976) publican una compilación sobre el proceso de planificación, desarrollo, así como las repercusiones del tribunal a nivel social. Gracias a este registro, se puede conocer a profundidad elementos políticos fundamentales que dan cuenta de la importancia y los efectos de lograr reunir las experiencias de mujeres de contextos tan distintos. Las autoras estiman que participaron al menos unas 2000 mujeres provenientes de cuarenta países, y la actividad tuvo una duración de cuatro días. El carácter de “tribunal” remite a la idea de que las personas oprimidas tienen el derecho a rechazar los conceptos de crímenes, tal y como han sido definidos por los opresores (Horton, 1976). En este sentido, la metodología del tribunal partió del testimonio y de una escucha política y atenta. La centralidad que adquiere la experiencia y el testimonio marcan un viraje no solo en términos de la práctica política del movimiento; sino también en los alcances de las nuevas elaboraciones teóricas que hilaban las esferas micro y macro, las subjetividades y las estructuras o sistemas de opresión.

Otro importante documento que da cuenta de este proceso político es la publicación de Lydia Horton (1976) en los Cahiers du Grif, revista feminista radicada en Bruselas. A través de esta compilación, se pueden conocer los distintos testimonios presentados durante el tribunal. ¹ Dentro de los testimonios sobre violencia recabados se encuentra: la violación, la violencia doméstica, la prostitución, la pornografía, la persecución de las lesbianas, ² la violencia hacia las mujeres presas políticas, la inaccesibilidad al aborto, los delitos médicos, los delitos económicos y la doble opresión de las mujeres del Tercer Mundo.

En cuanto a lo que refiere a la temática de los femicidios, durante el tribunal se escucharon dos testimonios: una mujer afroestadounidense –Pat Parker– quién a través de un poema denuncia el femicidio de su hermana y la impunidad y el racismo que lo atraviesan; así como una mujer libanesa quién refiere a los femicidios como crímenes que atentan contra la libertad de las mujeres, esto incluso en el marco del parentesco al hacer referencia al asesinato que comete un hermano hacia su hermana porque ella contrajo matrimonio con un hombre que amaba, o el hermano que asesina a su hermana porque cree que ella ha sido infiel a su esposo (al cual fue obligada a casarse). Estos testimonios visibilizaron el contenido político del terror en los femicidios al asegurar que este es el medio por el cual se perpetúa el crimen, así como sus efectos en mantener a las mujeres en una condición de debilidad, vulnerabilidad y temor (Horton, 1976).

Este primer momento de enunciación sitúa los orígenes del concepto de femicidio como parte de la tradición histórica de los movimientos sociales en la producción del conocimiento. Con esto, se insiste en las capacidades de los movimientos sociales por captar, nombrar y describir la realidad social, hacerla inteligible para la población; y en este caso preciso, plantear también una praxis política para luchar contra esta violencia extrema contra las mujeres.

Continuando con la genealogía crítica, en la década de los ochenta se produce un nuevo despliegue teórico y analítico por parte de diversas investigadoras feministas preocupadas por comprender el carácter sexual de los crímenes contra las mujeres. Ejemplos de este importante trabajo lo representan textos como el de Deborah Cameron y Elizabeth Frazer The Lust To Kill, publicado en 1987, o el texto de Jane Caputi The age of sex crime, en 1987, así como The sexual politics of Murder, en 1989.

Sin embargo, es quizás el trabajo de Liz Kelly, en su obra Surviving sexual violence de 1988, el que tuvo un mayor impacto en la conceptualización que en la década siguiente se llevará a cabo en torno a los femicidios. A partir de una investigación con mujeres sobrevivientes, Kelly (1987) define la violencia sexual a partir de la noción de continuum, la cual se relaciona con la extensión y sobre todo la reincidencia de dicha violencia. La noción de continuum no parte de una jerarquía o una linealidad que conecta diferentes eventos o experiencias y tampoco es una forma de relativizar algunas violencias sexuales; en realidad, la fuerza de su argumentación reside precisamente en darle importancia a todas las violencias sexuales y evidenciar así la dimensión de poder que las atraviesa.

Años más tarde, la noción de continuum estará en la base misma de la definición de femicidios. A partir de un trabajo colectivo que reúne a autoras de muy distintos orígenes teóricos y académicos, así como de organizaciones políticas feministas, es que surge el libro fundante del concepto, Femicide : The Politics of Woman Killing, compilación realizada por Jill Radford y Diana E. H. Russel publicada en 1992. Un primer elemento de la definición desarrollada es comprender los femicidios como aquellos asesinatos de mujeres cometidos por el hecho de ser mujeres, donde su condición genérica es la motivación principal sobre la cual se erige el acto violento. El objetivo de contar con una definición propia es distinguir la particularidad de estos asesinatos de aquellos que podríamos denominar homicidios género neutrales (Radford y Russell, 1992).

La misoginia –la aversión o el odio hacia las mujeres– se torna un segundo elemento de análisis explicativo. Los femicidios son un medio de control sobre las mujeres como “clase sexual”, y como tal son centrales para el mantenimiento del status quo del patriarcado. En este contexto, el enunciado dirigido a las mujeres es: “Sálgase de la norma y esto le puede costar la vida” y para los hombres “puedes matarla y salirte con la tuya” (Radford, 1992, p. 6).

En la compilación se pueden identificar distintos tipos de manifestación de esta violencia extrema contra las mujeres; por ejemplo: el femicidio racista, cuando una mujer negra es asesinada por un hombre blanco; el lesbicidio, cuando mujeres lesbianas son asesinadas por hombres heterosexuales; el femicidio marital, cuándo una mujer es asesinada por su esposo; el femicidio realizado fuera de casa por un desconocido; el femicidio serial; y el femicidio en masa. ³

De forma temprana, el análisis en esta compilación posiciona la dimensión de la raza y el racismo como coconstitutivos de la violencia femicida. A partir de las experiencias de mujeres negras, indígenas y asiáticas se analiza la práctica de la esclavitud sexual femenina como parte de este continuum de violencias (Grant, 1992; Singer, 1992 y Russell, 1992). Otro elemento fundante de la noción de femicidios remite al eje político-estatal, insertando así la discusión a nivel del tratamiento legal, las políticas sociales e incluso los medios de comunicación. A nivel de las políticas y leyes, se incluyen diferentes escenarios de terrorismo sexual –como, por ejemplo, la mutilación femenina, las esterilizaciones forzadas, la criminalización del aborto, entre otras– que provocan la muerte de mujeres. La inclusión de formas de violencia femicida que son determinadas por la acción o inacción del Estado se encuentra presente desde este esfuerzo de la década de los noventa por iniciar una discusión amplia sobre la violencia letal hacia las mujeres.

Como se ha podido constatar, las primeras formulaciones y definiciones sobre femicidio se originaron en el norte global. Sin embargo, ha sido Centroamérica y el Caribe en donde por primera vez se llevaron a cabo investigaciones empíricas al respecto, lo cual permitió ampliar el concepto, darle mayor fuerza explicativa y complejizarlo cada vez más ante los nuevos escenarios de violencia. Es también desde este contexto geográfico y político donde surgieron importantes movilizaciones de mujeres y de feministas buscando un alto a la violencia y la impunidad, lo cual impactó desde muy tempranamente la implementación de leyes y políticas públicas que se dirigieran específicamente a la violencia femicida.

Es importante situar el pensamiento feminista centroamericana en el contexto de los regímenes militares, las dictaduras y el conflicto armado. Durante este periodo, los cuerpos de las mujeres fueron objeto de las más crueles y dolorosas violencias. Para Sagot (2020), las formas extremas de crueldad ejercidas por los regímenes militares, así como por los grupos militarizados sobre los cuerpos de las mujeres, sirvió de base para el análisis de la represión política y las prácticas patriarcales como fuerzas mutuamente constitutivas. De esta forma, el análisis sobre la violencia contra las mujeres remite tanto a la violencia de Estado, como a la violencia del sistema patriarcal. El autoritarismo, el poder y el disciplinamiento, van a ser dimensiones políticas que enmarcan las primeras reflexiones feministas de la región en torno a esta problemática.

Es necesario resaltar como en medio de este contexto, el movimiento buscó organizarse de forma internacional a través de la creación de los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe. Desde 1981 en donde se lleva a cabo el primer encuentro de este tipo, las activistas posicionaron la violencia contra las mujeres como un tema prioritario de luchar, y en resonancia con esto, se estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres en conmemoración del femicidio de Estado de las hermanas Mirabal, en el contexto de la dictadura de Trujillo en la década de los sesenta en República Dominicana.

Durante este álgido periodo de la historia centroamericana y del caribe, las mujeres adquirieron una importante experiencia en la organización política. Elvira Cuadra y Juana Jiménez Martínez (2010), académicas nicaragüenses, señalan como las mujeres de su país se unieron a la lucha contra la dictadura de Somoza desde la década de los setenta; y, en el contexto de la Revolución sandinista, su participación fue trascendental, sobre todo en el avance del reconocimiento de derechos en el ámbito familiar y laboral.

Para la década de los noventa, durante el periodo de lo que se llamó la “transición a la democracia” o los “procesos de paz”, encontramos como este análisis feminista centroamericano sobre la violencia contra las mujeres continúa siendo un eje primordial de acción. Por ejemplo, Ana Silvia Monzón (2015) socióloga guatemalteca comenta que, durante la restauración del régimen civil aún tutelado por las fuerzas militares, las mujeres víctimas del conflicto armado se organizaron en torno a la demanda pública por el respeto a los derechos humanos, el cese de la guerra y la presencia militar foránea en la región, contra las desapariciones forzadas, los asesinatos políticos y la violencia contra las mujeres. En este contexto se crea la Red de la No Violencia contra la Mujer en Guatemala, la cual surge ante el femicidio de Dinoraha Pérez, activista política en 1991. Como señala Monzón (2015), este esfuerzo pionero contribuyó a visibilizar la violencia contra las mujeres en el marco de las acciones de un Estado represivo dominado por la política contrainsurgente.

Retomando las articulaciones regionales, en 1990 se lleva a cabo el VI Encuentro Feminista en Argentina, espacio que posibilitó la creación de la Red Feminista Latinoamericana Contra la Violencia Doméstica y Sexual; en 1992 se realizó el primer Encuentro Centroamericano de Mujeres en Nicaragua y en 1993 el VI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en El Salvador. Estos distintos espacios de organización contribuyeron en la construcción de una agenda política regional que exigió el reconocimiento de la violencia política, la violencia económica y la violencia contra las mujeres como problemáticas estructurales de la injusticia social.

Comprender el contexto histórico y político que enmarca las reflexiones feministas centroamericanas en torno a la violencia contra las mujeres es fundamental para situar los orígenes de apropiación y ampliación del concepto de femicidio. La genealogía crítica continúa entonces en Costa Rica, lugar donde se traduce femicide por primera vez al español, y primer país en investigar de forma sistemática, empírica y estadísticamente la violencia extrema contra las mujeres. ⁴

En Costa Rica el movimiento feminista posiciona la problemática de la violencia contra las mujeres desde la década de los ochenta. El Centro Feminista de Información y Acción crea en 1988 el programa pionero en Centroamérica, “Mujer No estás Sola”, el cual a la fecha aún brinda apoyo a mujeres que viven situaciones de violencia a través de los Grupos de Autoayuda. Esta experiencia posibilitó la construcción de una primera investigación en el país que buscó ahondar en la violencia contra las mujeres, un trabajo que aglutinó a 5000 mujeres (Carcedo, 1994).

Es necesario hacer referencia a este contexto, en tanto sitúa el ejercicio analítico de Montserrat Sagot por comprender la violencia extrema contra las mujeres en el país. En 1995, la académica traduce por primera vez el concepto de femicide al español, y con esto inaugura una prolífica elaboración tanto teórica como política en la región. En este histórico texto se da cuenta de datos preliminares de lo que vendría a ser la primera investigación de femicidios en el país, la cual es llevada a cabo junto a Ana Carcedo – feminista española radicada en Costa Rica desde los años setenta, fundadora y coordinadora de CEFEMINA.

Esta investigación abarcó la década de los noventa y buscó comprender la incidencia y las distintas manifestaciones de la violencia femicida en el país. Carcedo y Sagot (2002) parten de la definición de femicidios de Radford y Russell (1992) y deciden metodológicamente centrarse exclusivamente en los asesinatos de mujeres. De esto se desprende la construcción de tres categorías específicas: el femicidio íntimo cometido por hombres con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia, o afines a; el femicidio no íntimo cometido por hombres con quienes la víctima no tenía relaciones íntimas, familiares, de convivencia, o afines a éstas; y el femicidio por conexión, el cual refiere a las mujeres que fueron asesinadas “en la línea de fuego” de un hombre tratando de matar a una mujer (Carcedo y Sagot, 2002).

Los estudios sobre femicidios implican una serie de retos metodológicos y teóricos necesarios de dilucidar. Para la época, el acceso y la calidad de la información que proporcionaban las autoridades policiales y judiciales era insuficiente y escasa. Ante esto, las autoras tomaron una decisión de tipo metodológico: analizar exclusivamente estas tres categorías, en tanto eran las que podían estudiarse a partir de los datos disponibles en la época. Esta decisión no debe ser leída como una restricción conceptual en sí misma, ya que el planteamiento teórico de la investigación revela un análisis teórico fundamentado que sostiene la violencia contra las mujeres como una problemática sistémica y estructural. Cabe resaltar que esta primera tipología fue y sigue siendo retomada para el análisis de los femicidios, tanto por investigadoras, como organizaciones e incluso organismos internacionales.

A nivel político, desde finales de la década de los ochenta, feministas de distintas disciplinas inician un proceso de reflexión y construcción en torno a la propuesta de una ley de penalización de la violencia contra las mujeres. De forma estratégica, el movimiento feminista enmarcó dicha ley en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como la Convención Belém do Pará (1994), convenio internacional que Costa Rica había suscrito previamente. Esto permitió definir la violencia contra las mujeres de forma amplia, comprendiéndola así como parte de un continuum que podía ser ejercido tanto en el ámbito privado como público, por individuos, instituciones, comunidades e incluso el Estado.

En el marco del 25 de noviembre de 1999, el movimiento feminista hizo entrega del proyecto de ley, reivindicando así su papel en la formulación e incidencia política de la época. Tras intentos de declarar inconstitucional dicho proyecto y muchos años de discusión en el plenario, fue hasta el 25 de abril de 2007 en que se aprueba finalmente la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres en Costa Rica. Con esto, se tipifica por primera vez en el mundo el femicidio como un delito penal, impronta que posiciona nuevamente al país en los orígenes de esta lucha internacional.

Ahora bien, la ley que finalmente se aprueba dista mucho de lo que el movimiento feminista planteó originalmente, tanto en términos del alcance de la ley, como en la definición misma de la violencia y los tipos de delitos que se instauraron. Las fuertes presiones por parte de los sectores conservadores y fundamentalistas limitaron los efectos de la ley. Por ejemplo, se eliminó el componente de prevención y el delito penal de femicidio se redujo exclusivamente al ámbito del matrimonio o la unión de hecho, excluyendo así gran parte de las muertes violentas de mujeres. Fue sino hasta recientemente, y en el marco de grandes movilizaciones feministas y de familiares, que en el año 2021 se logra reformar dicha ley y con esto ampliar la definición de femicidio a otros contextos.

Durante el primer decenio del siglo XXI, surge en Centroamérica y el Caribe la iniciativa por conocer a profundidad la realidad de los femicidios en la región. En el año 2004 se conforma en Antigua Guatemala la Red Feminista Centroamericana contra la violencia hacia las mujeres, articulando así a organizaciones de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. El proyecto de crear una investigación sobre femicidios surge de la necesidad de las propias organizaciones de mujeres que formaban parte de esta red; y responde a su vez a una preocupación por la escalada de asesinatos de mujeres que habitaban el triángulo norte de Centroamérica, en específico El Salvador, Honduras y Guatemala, así como una exacerbación de la crueldad y el ensañamiento de estos crímenes. Este contexto genera interrogantes sobre por qué y cómo está sucediendo la violencia extrema contra las mujeres en la región, lo que impulsa la investigación y publicación “No olvidamos ni aceptamos: Femicidio en Centroamérica 2000-2006” (CEFEMINA, 2010).

Este estudio representa un esfuerzo transnacional por crear datos sobre una problemática que para la época contaba con pocas o insuficientes fuentes para dar cuenta de la envergadura y el carácter mortal de dicha violencia. La creación de estadísticas sobre femicidio permitió contar con evidencias sobre el carácter de desigualdad de género que subyace en estos crímenes, así como el constatar la escalada y el ritmo muchísimo más acelerado de asesinatos de mujeres que de hombres en la región. Aunado al análisis estadístico, la investigación realizó también estudios de casos cualitativos que permitieron detallar aquellos elementos considerados constitutivos de los femicidios.

Este complejo trabajo de articulación, tanto a través de metodologías cuantitativas como cualitativas, permitió a las autoras centroamericanas llegar a una definición propia: los escenarios de femicidio, los cuales fueron precisados de la siguiente manera:

Los contextos socioeconómicos, políticos y culturales en los que se producen o propician relaciones de poder entre hombres y mujeres particularmente desiguales y que generan dinámicas de control, violencia contra las mujeres y femicidio que adoptan o incluyen características propias (CEFEMINA, 2010, p. 15).

Es necesario detenerse en esta definición en tanto marca una importante ampliación del concepto de femicidios. Las definiciones propuestas hasta la fecha se centraban en el carácter cultural de los femicidios; es decir, en el análisis de la misoginia como explicación central de la violencia extrema contra las mujeres. Sin embargo, el aporte feminista centroamericano extiende la mirada y sitúa estos crímenes en el marco de contextos socioeconómicos que propician relaciones de poder desiguales. La inclusión del marco socioeconómico para el análisis de los femicidios permite comprender el anclaje entre las violencias económicas –estructurales– y las violencias patriarcales.

Es importante trazar estas nuevas formulaciones como parte de la continuidad de las experiencias del feminismo centroamericano en el contexto de las guerras, dictaduras y conflictos armados de las décadas de los setenta, ochentas e inicios de los noventa. Este acercamiento desde la economía política revela un contexto centroamericano y caribeño en donde las desigualades sociales, económicas y políticas se han profundizado a lo largo de los últimos años; esto gracias a la implementación cada vez más despiadada de las políticas neoliberales, el debilitación de los Estados sociales de derecho y con esto de la democracia en general.

Esta precursora investigación centroamericana partió de la delimitación de dos tipos de escenarios: los históricos, aquellos contextos femicidas que se encuentran presentes en todas las sociedades al tratarse de instituciones funcionales a las sociedades patriarcales (familia, relaciones de pareja, ataque sexual y comercio sexual); ⁵ y los nuevos, entre ellos, el escenario de la trata de mujeres para todo tipo de explotación, el escenario de las mafias y redes delictivas nacionales e internacionales, el escenario de las maras, y el escenario de la misoginia. Como parte del análisis geopolítico de la región, las investigadoras posicionaron también el tema de la impunidad por parte del Estado, la privatización del derecho a la justicia y la militarización de la región como parte de las lógicas neoliberales y autoritarias de la época.

Este importante estudio no tuvo efectos únicamente en la genealogía crítica del concepto de femicidios, sino que además tuvo repercusiones a nivel de la incidencia en la política estatal. De forma paralela a esta investigación regional, cada país desarrolló una investigación nacional para comprender dicha violencia. Así, por ejemplo, para el momento en que se publica la investigación centroamericana en el año 2010, ya se habían hecho públicos los informes de Panamá, República Dominicana (Pola, 2008) y Costa Rica (Hidalgo, 2009). Estos estudios fueron utilizados por las distintas organizaciones feministas para ejercer una mayor presión para crear políticas y leyes que aseguraran una vida libre de violencia. Es así como fue precisamente en Centroamericana en donde se aprobaron las primeras leyes que tipificaron el delito de femicidio en el mundo: Costa Rica en 2007, Guatemala en 2008 y El Salvador en 2010.

La investigación-acción que significó el estudio de femicidios en Centroamérica y el Caribe revela la imbricación entre la teoría y la práctica; es decir, entre la creación de datos estadísticos y cualitativos y la teoría crítica que emerge, evidenciando así el lugar pionero y precursor de la región en la genealogía crítica de los femicidios.

Al tratarse de una genealogía es inevitable hacer referencia al par femicidio-feminicidio. Anteriormente, hice mención del surgimiento de la primera traducción al español de femicide como femicidio (Sagot, 1995). Años más tarde, el contexto de Ciudad Juárez va a posibilitar la traducción feminicidio con autoras como Julia Monárrez (2000) o Marcela Lagarde (2004). Tras una investigación sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Monárrez (2000) va a emplear la categoría analítica de feminicidio, teniendo como referencias teóricas a Radford y Russell (1992), Jane Caputi (1987), Cameron y Frazer (1987), entre otras. Este bagaje teórico va a contribuir en la insistencia de Monárrez en el carácter sexual de estos crímenes, llegando incluso a proponer años más tarde la distinción de feminicidio sexual sistémico (Monárrez, 2004).

El contexto económico y político en el que se llevan a cabo los violentos asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez cobran mayor amplitud a poco tiempo de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en 1994 (Falquet, 2019). Desde finales de la década de los noventa el movimiento de madres, familiares, así como el movimiento de mujeres y feminista en Ciudad Juárez posicionó el tema de la impunidad ante los femicidios a través de grandes movilizaciones y de acciones políticas. Un acontecimiento va a marcar la historia de la lucha por el reconocimiento de los femicidios y la impunidad prevaleciente en México: en 2001 son hallados ocho cuerpos de mujeres en un campo algodonero de la ciudad. La sistematicidad de los femicidios, así como la expresión de odio sobre sus cuerpos, provocó importantes manifestaciones en el país. Familiares y organizaciones civiles presentaron este caso ante la Corte Interamericana de Derechos, consiguiendo así que en 2009 el Estado de México fuera condenado como responsable de los femicidios en Ciudad Juárez. ⁶

Este contexto político de movilización social es fundamental dentro de la genealogía del concepto de feminicidios, aun cuando este no fue reconocido como tal. ⁷ En el año 2006, Marcela Lagarde es invitada a escribir la introducción a la traducción del libro de Diana E. H. Russell y Roberta A. Harmes, llamado Femicide in global perspective (2001). En dicha introducción Lagarde identifica el factor de la impunidad como determinante y por ende, define el feminicidio como un crimen de estado. La suposición de que se estaba frente a “otro” concepto generó grandes debates en la región; ya que se intentó reducir el femicidio al ámbito de lo privado, en oposición a feminicidio al ámbito público-estatal. Este planteamiento se considera poco reflexivo y tiende a caer en dicotomías que poco aportan a la construcción epistemológica. Por este motivo, me interesa más profundizar en los distintos niveles de aprehensión que puede tener el concepto de femicidio/feminicidio.

En la compilación centroamericana de CEFEMINA (2010) se hace alusión a los niveles o ámbitos de las diferentes acepciones de femicidio/feminicidio. El nivel teórico enmarca las ideas generales y los conceptos involucrados cuando se habla de femicidio, así como posiciona los fines estratégicos, de trasformación social y cultural. El nivel político involucra el acotar el término, ya que al ingresar al terreno de la incidencia política las ideas no pueden diluirse entre sí, o generar (aún más) interrogantes sobre la problematización del concepto. El nivel operativo tiene como espacio de acción la investigación social y con esto la operacionalización del concepto. Y finalmente, el ámbito jurídico, ⁸ lo cual introduce otras interlocuciones y negociaciones con quienes administran y representan la justicia.

Otra distinción que quisiera recuperar del concepto la realiza Saide Mobayed Vega (2023), quién propone nociones como la porosidad, la materialidad, la topología y la fricción. La autora señala que indagar en los significados de los mundos epistémicos de femi(ni)cidio, conlleva “abrir nuevas cajas, borrar silencios pasados por alto y contribuir a un archivo contra el olvido. Hacer una arqueología global del femi(ni)cidio… es un alegato a la memoria” (Mobayed, 2023, p. 26) .

El reconocer que se trata de un concepto “vivo” en el sentido de su expansión y uso, así como el hecho de que existan distintos niveles de discusión o aprehensión, permite superar falsos debates y dicotomías. Antes de entrar en jerarquías de conceptos, quizás valga más la pena el reconocer lo que cada movimiento feminista ha logrado investigar, desarrollar e incidir políticamente para que en sus contextos país esta violencia extrema sea reconocida como un problema estructural, social y político.

Centroamérica ha sido un contexto “privilegiado” para el análisis de las profundas desigualdades y las consecuencias que estas provocan. La dolorosa y violenta historia de colonización revela un continuum de necropolíticas que es posible analizar hoy en día. Para comprender las lógicas perversas que subyacen las violencias extremas contra las mujeres en la región, Montserrat Sagot (2013) propone el concepto de necropolítica de género. A partir de un diálogo con autores como Mbembe y Casper y Moore, la autora analiza la necro-política como un elemento central de los sistemas de estratificación, los cuales generan un biopoder y por tanto la capacidad de definir sobre la vida y la desechabilidad humana-política.

Estudiar los femicidios como parte de estos sistemas de estratificación y desigualdad social sitúa el contexto de “descartabilidad biopolítica” de mujeres que prevalece en Centroamérica y el Caribe (Sagot, 2017). El análisis contempla la precariedad de la vida, el debilitamiento de la función social de los Estados y la profundización del modelo neoliberal. De forma paralela, se crean poderes de facto, autoritarios, militares y sumamente violentos, como resultado de las ideologías del mercado y la desregulación para la extracción de la riqueza (Sagot, 2017). El uso de la noción de necropolítica, como encuadre teórico y político para comprender el extermino y el asesinato de grupos sociales, contribuye al análisis de la convergencia de distintas violencias, tanto de raza, clase, como de género. Para Sagot (2013), los femicidios revelan la faceta más extrema de la necropolítica de género, la cual se ubica en el contexto que prevalece de deshumanización de la vida.

Este marco teórico que surge nuevamente desde Centroamérica amplía la definición de femicidio al partir de necropolíticas de género que se anudan con políticas racistas, colonialistas y capitalistas en la violencia extrema contra las mujeres. En este sentido, es necesario resaltar la importancia de lecturas materialistas sobre las violencias femicidas. Como se mencionó antes, en los análisis sobre femicidios podemos encontrar la tendencia a reducir las explicaciones a factores culturales, simbólicos y políticos, debido a la preponderancia del factor de la misoginia al momento de explicar esta violencia.

Una genealogía de esta problemática invita a reconocer los aportes de autoras como Melissa Cardoza (2010), escritora feminista hondureña, quien analiza la violencia de las maras y su entrelazamiento con las relaciones de género, dominación y control sobre las mujeres, revelando así los vínculos entre las lógicas mercantilistas y las lógicas patriarcales. También es necesario resaltar el trabajo de Deborah M. Weissman (2010) para quién el “valor” de las mujeres trabajadoras asesinadas en Ciudad Juárez va a depender del estatus asignado a su función en el mercado; o el trabajo de Alicia Schmidt Camacho (2010), quién cuestiona las relaciones de género, el neoliberalismo y los modelos de gobernanza. Estas han sido contribuciones fundamentales a la noción de femicidios y han permitido visibilizar que no es suficiente analizar los femicidios a partir de las relaciones desiguales de poder de género, sino que es también imperativo incluir las relaciones de clase, desigualdad y exclusión socioeconómica.

Las políticas de muerte que se focalizan en sectores de la población vulnerables, precarizados y marginalizados, permiten acotar la mirada cuando se trata de femicidios y preguntarse así sobre cuáles escenarios rodean estos crímenes, cuáles son esos contextos de descartabilidad, y finalmente, de cuáles mujeres se trata. Esta contribución teórica avanza en la construcción de miradas situadas que cuestionan los análisis que se pretenden universales, incluso al tratarse de una violencia generalizada como lo es el femicidio.

Si bien algunas de las primeras elaboraciones en torno a la noción de femicidios contemplaron la raza como un sistema de opresión que recrudece esta violencia extrema, estas voces no fueron las más difundidas o retomadas en la academia, ni en el ámbito de la política pública. La definición base de los femicidios como “aquellos asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres” posicionó un universal de mujer. Sin embargo, distintas investigadoras aquí citadas se dieron a la tarea de operacionalizar este concepto para comprender la realidad centroamericana y mexicana, y con esto, subrayar aquellos los escenarios y las mujeres de sectores específicos que se encuentran en mayor riesgo y vulnerabilidad de ser víctimas de esta violencia.

Es precisamente en esta vía en que las nociones de los femi(ni)cidios territoriales y los transfemicidios han venido a expandir la noción de mujer (así en singular); y de esta forma situar la imbricación de las violencias patriarcales y racistas para el contexto de las mujeres indígenas, y las imbricaciones de las violencias patriarcales y de sexo/género para las mujeres trans. Con esto se reafirma la importancia de construir lecturas situadas local e históricamente, partiendo del hecho de que los conceptos se encuentran en constante revisión y expansión.

Las necropolíticas empleadas en la región atacan de forma particular a las comunidades indígenas. En este contexto, el asesinato de Berta Cáceres Flores, mujer indígena lenca, defensora del río, activista y feminista, en Honduras en 2016 marca un precedente importante no solo en la represión contra defensoras y defensores del territorio, sino que además hace surgir una nueva noción para comprender la violencia extrema ejercida contra mujeres racializadas. Es así como Lorena Cabnal (2016) propone la noción de feminicidio territorial para comprender la brutal misoginia contra las mujeres indígenas defensoras del territorio. De forma similar a como opera en los femicidios generalizados, para el caso de los feminicidios territoriales, el mensaje hacia las comunalidades es: “si le pasó a ella como dirigenta, le va a pasar a cualquier otra mujer”.

Cabnal (2021) sitúa esta propuesta teórica y política en una historia ancestral y colonial, y trae consigo a la memoria el terrible desenlace de la abuela Bartolina, mujer aymara quién en 1782 se rebela ante el poder colonial, organizando a su comunidad en defensa del territorio. Esta lideresa va a sufrir la criminalización y judicialización colonial de la manera más extrema, ya que su sentencia condenatoria es una muerte ejemplificante, donde se le ata a la cola de un caballo, se arrastra, se lleva a la horca y su cabeza es exhibida en diferentes comunidades con el objetivo de sentar un precedente sobre el poder que se posee sobre los cuerpos de las mujeres, y en particular, de las mujeres líderes. En palabras de Cabnal:

Es una de las expresiones misóginas, de odio, donde confluyen todos los tentáculos del sistema patriarcal sobre su historial, su memoria, y de ahí que es un femicidio territorial porque ella está defendiendo su territorio-cuerpo, el de ella, y de sus hermanas, y su territorio ancestral (2021).

La noción de territorio-cuerpo-tierra es emblemática del feminismo comunitario (Cabnal, 2010), y esta surge de las vivencias de mujeres indígenas y como ellas posicionan su cuerpo en la línea frontal de los ataques coloniales y patriarcales. Las violencias sexuales, físicas y psicológicas que viven las mujeres en los territorios que defienden, las motiva a articular la defensa del territorio y la defensa del cuerpo de las mujeres y las niñas. La respuesta que produce el Estado ante esta lucha ha sido organizada desde las propias lógicas patriarcales, neoliberales y racistas. Para Cabnal (2021), se crean así vínculos entre la represión del Estado y los grupos paramilitares, el narcotráfico, el crimen organizado, la seguridad privada, entre otra serie de actores que funcionan como poderes de facto.

La noción de feminicidios territoriales que surge en Centroamérica y el Caribe ingresa a la genealogía crítica del concepto y se manifiesta también a través de un uso práctico y político. Gladys Tzul Tzul –maya K’iche’ de Guatemala y doctora en sociología– lleva a cabo un importante peritaje ante la situación y condición de violencia que viven las mujeres indígenas y defensoras de Derechos Humanos, en particular a partir del asesinato de Bertha Cáceres y la defensa del río Gualcarque.

A través de un extenso análisis, Tzul Tzul (2021) sitúa este crimen en la lógica de los feminicidios territoriales y describe la forma en que las luchas comunales de las mujeres Lencas han sido reprimidas por diversos mecanismos de violencia y disciplinamiento a través del desprestigio, el uso de la fuerza y la muerte. El objetivo, para la autora, es la imposición de la inversión capitalista sobre las tierras comunales; y esto es llevado a cabo por las empresas, el Estado y las corporaciones masculinas a través del ataque, el hostigamiento y la vigilancia contra la dirigencia femenina, difamando y criticando el estatuto de mujeres ante su familia y ante su comunidad. Cuando estas prácticas de intimidación violenta no logran su cometido, se recurre entonces al asesinato.

Esta nueva propuesta de análisis en torno a los femicidios y las luchas por los territorios revela la centralidad de las mujeres indígenas en las tramas de la lucha comunal, así como en la reflexión que emerge a través de sus propias experiencias en el análisis y discusión en torno a las violencias, tanto de género, como de raza y Estado. Las mujeres indígenas son tejedoras de comunidad y son sujetas clave para la resistencia a la neocolonización de los pueblos, elemento que revela el carácter instrumental de sus asesinatos. El feminismo comunitario ha ampliado el marco interpretativo para comprender la violencia exacerbada contra los pueblos indígenas y racializados, y en especial contra las mujeres de estos territorios. A través de su historia y de su presente político, han hecho evidentes los vínculos inseparables entre el extractivismo, la militarización, la guerra, y la violencia femicida. ⁹

La conceptualización de los transfemicidios o los femicidios de mujeres trans no surge precisamente en la región centroamericana, sino que la encontramos mucho más al sur del continente, en Brasil (Bento, 2014) y Argentina (Radi y Sardá-Chandiramani, 2016). A pesar de esto, la genealogía crítica aquí desarrollada inicia en el marco de las acciones de organizaciones feministas que buscaron visibilizar, nombrar y comprender la violencia extrema contra las mujeres; y es precisamente en esta continua y compleja tarea que se encuentra de forma pionera la lucha en Honduras por el reconocimiento de los asesinatos de mujeres trans como femicidios.

Vicky Hernández –mujer trans, trabajadora sexual y activista– fue asesinada en el marco del golpe de Estado en Honduras en 2009 y la lucha por la justicia que emprende su familia, la organización lésbica feminista Cattrachas ¹⁰ y distintos organismos de derechos humanos marca un hito histórico e internacional. El asesinato de Vicky Hernández es llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2019, y tras años de discusión, finalmente en 2021 se emite la sentencia emblemática en donde se condena al Estado de Honduras como responsable de su asesinato.

Este transfemicidio es el primer caso sobre violencia contra las personas transgénero que analiza y sentencia la Corte IDH, sentando así un importante precedente en la lucha de esta comunidad por su reconocimiento, así como en su derecho al acceso a la justicia. La sentencia caracterizó el asesinato de Vicky Hernández como un asesinato por prejuicio sobre identidad y expresión de género como mujer trans y, por lo tanto, un transfemicidio. Además, se utilizó la Convención Belém do Pará (1994) como normativa internacional que puede ser aplicada para las mujeres trans, reconociendo así a estas mujeres como sujetas de derechos en tanto mujeres.

Esta sentencia viene a materializar de cierta forma las discusiones académicas y políticas que se estaban construyendo años antes. Por ejemplo, para Berenice Bento (2014), socióloga brasileña, los transfemicidios son la expresión más trágica del carácter político de las identidades de género y en este sentido, están motivadas por el género y no por la sexualidad de la víctima. Para Blas Radi y Alejandra Sardá-Chandiramani (2016), el travesticidio/transfemicidio es la expresión más visible y final de una cadena de violencias estructurales que responden a un sistema cultural, social, político y económico vertebrado por la división binaria excluyente entre los géneros.

El continuum de violencias para el caso de las mujeres trans inicia desde la expulsión del hogar, la exclusión del sistema educativo, del sistema de salud y del mercado laboral, la iniciación temprana en el trabajo sexual, el riesgo permanente de contagio de enfermedades de transmisión sexual, la criminalización, la estigmatización social, la patologización, la persecución y la violencia policial (Radi y Sardá; Chandiramani, 2016).

Es políticamente necesario subrayar que el concepto de transfemicidio posee como marco teórico una reflexión profunda desde los feminismos, dónde la violencia extrema del femicidio se inscribe en los cuerpos feminizados. El continuum de violencias en las experiencias de las mujeres trans revela como estos cuerpos son arrojados fuera de la protección de la ley y colocados como punibles y desechables (Guerrero y Muñoz, 2018). En esta línea, la sentencia de la Corte IDH ante el transfemicidio de Vicky Hernández viene a afirmar las identidades de las mujeres trans y, con esto, la obligación por parte del Estado en reconocerlas e incluso protegerlas de las distintas violencias.

La sentencia indica una serie de reparaciones y obligaciones por parte del Estado hondureño, entre ellas: el reconocimiento por parte del Estado a las identidades de género, permitiendo así adecuar los datos en los documentos de identidad y en los registros públicos, de tal forma que estos sean conformes a la identidad de género autopercibida; adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia; y diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI.

La lucha por el reconocimiento y la tipificación de los transfemicidios como un delito penal en los distintos países de la región continúa siendo parte del accionar del movimiento transfeminista. Argentina fue el primer país en el mundo en elaborar una Ley de Identidad de Género (2012) que no patologiza las identidades trans, y al mismo tiempo reformó el código penal e incluyó “odio de género, o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión” como agravantes de los homicidios. Es interesante resaltar que la ley en Argentina reconoce en la práctica el femicidio al considerar su contexto de producción como un agravante. Sin embargo, la palabra como tal –femicidio o feminicidio– no aparece en la ley. Ahora bien, la primera vez que se aplica como tal el agravante de identidad de género en este país es en la sentencia de 2018 ante el transfemicidio de Diana Sacayán– mujer trans, activista LGBTI, asesinada en 2015.

Otros países de la región también han generado jurisprudencia al emitir sentencias que reconocen la identidad de género como el contexto que enmarca las violentas muertes de mujeres trans; tal es el caso de Colombia en 2018 ante el transfemicidio de Ányela Ramos Claros o en Uruguay en 2022 ante el transfemicidio de Fanny Aguiar. En Centroamérica aún no se cuenta con leyes de identidad de género, ni tampoco se ha incorporado como tal como agravantes de los femicidios. Sin embargo, en Guatemala resalta la sentencia de 2023 por el asesinato de Nancy Sacul Tut, mujer trans q’eqchi, en donde se estableció como agravante el “menosprecio” y con esto la condena se torna histórica al reconocer de cierta forma la identidad de trans de esta mujer indígena.

Indudablemente, el reconocimiento que se manifiesta a través de la política pública –para el caso de la identidad de género; o de la política judicial– para el caso de los trans/femicidios, evidencia un avance en los derechos de las mujeres y diversidades sexo-genéricas. Sin embargo, vale la pena cuestionarse por la estrategia política que se centra en el Estado para la prevención y sanción de las violencias femicidas. Las altas tasas de femicidio que se encuentran en la región demuestran que el enfoque punitivo no ha sido exitoso. Si bien la sanción o el castigo han sido considerados “inhibidores” de la violencia, para el caso de los femicidios esto no ha sido suficiente. Esto nos obliga a pensar en otras medidas o estrategias políticas para hacerle frente a dicha violencia.

Es urgente incluir la justicia social y la redistribución como parte de una nueva definición de justicia para las mujeres. Como señala Sagot (2017), la utopía por un mundo sin femicidios pasa por desarticular la democracia y el Estado como meros instrumentos del neoliberalismo, y que por tanto se conviertan en entes que promuevan la igualdad, la dignidad y el derecho a la vida. “En esa dirección, la utopía demanda también la despatriarcalización, la descolonización y la desmercantilización de la vida” (Sagot, 2017, p. 75).

Este texto ha tenido por objetivo reconstruir desde una perspectiva histórica y crítica la genealogía del concepto de femicidios. Para esto, se retrataron los procesos políticos que posibilitaron el surgimiento de una palabra, una noción que diera cuenta de la violencia extrema que sufren las mujeres, permitiendo identificar así las imbricaciones entre acción política y teórica. Desde el primer momento de enunciación durante el Primer Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer (1976), el movimiento feminista identificó las múltiples violencias que sufren las mujeres de muy distintas latitudes, así como los diversos actores de la sociedad que las ejercen.

Este continuum de violencias que más tarde teorizó Liz Kelly (1988), tomaba forma en un espacio político radical y contestatario, organizado por mujeres comprometidas con una perspectiva internacionalista. Este puente entre el movimiento feminista y sus posibilidades de construir conocimiento se mantendrá a lo largo de la genealogía del concepto. Epistemológicamente, este recorrido evidencia que las acciones colectivas constituyen un campo de estudio que provee importantes elementos para el desarrollo de teorías feministas susceptibles de reflejar y responder a las necesidades de las mujeres y de las personas sobrevivientes de femicidio.

Otra importante conclusión en términos epistemológicos es el posicionamiento de la raza como dimensión coconstitutiva de las violencias femicidas. Llama la atención que a pesar de que esto se encuentra posicionado desde la compilación de Radford y Russell (1992), ha sido un elemento bastante invisibilizado en las lecturas históricas y políticas del concepto de femicidio. La tendencia ha sido la de ocuparse de las dimensiones de la violencia sexual, el control y la misoginia, colocándolas en el centro mismo de la definición de femicidios. Por eso es tan importante el trabajo académico y político que surge en Centroamérica a través de la noción de los feminicidios territoriales, en tanto vuelve a traer al centro la dimensión de la raza y su imbricación en las violencias femicidas y coloniales.

También es necesario reconocer la impronta que ha desarrollado la región en la lucha por el reconocimiento de las identidades o expresiones de género, sobre todo las que refieren a las mujeres trans, y cómo entender esto en el marco de las violencias femicidas. Si bien no se ha podido avanzar en términos de la creación de política pública y penal en la materia, la sentencia de la Corte IDH ante el transfemicidio de Vicky Hernández viene a crear una importante jurisprudencia al respecto. En términos epistemológicos, comprender a las mujeres trans como víctimas de la violencia femicida no solo expande el concepto como tal, sino también la noción misma de mujeres. Con esto, se aporta en la construcción de teorías y miradas feministas que buscan articular y reconocer la pluridiversidad de experiencias que viven las mujeres en torno a la violencia extrema.

A lo largo de este artículo se ha querido hacer énfasis en el lugar pionero de Centroamérica y el Caribe en la genealogía de los femicidios, tanto en la construcción de su epistemología como en su campo de acción y lucha. Al tratarse esta de una reflexión derivada de una amplia investigación sobre femicidios (Mora, 2022), fue notable encontrar los grandes vacíos y omisiones con respecto al trabajo realizado por distintas autoras desde el Sur Global, el cual es, sin duda, una de las bases que sostienen este campo de estudios. En este sentido, es posible concluir que la invisibilización de las autoras feministas racializadas, centroamericanas y caribeñas, reproduce prácticas de violencia epistémica, tal y como lo es la negación de su autoridad epistémica (Pérez, 2019), el extractivismo cognitivo (Betasamosake Simpson, 2013) o epistémico (Grosfoguel, 2016).

En esta línea, se hace necesario reconocer las particularidades históricas, económicas y políticas de Centroamérica y el Caribe que incidieron en la forma en que las feministas fueron analizando las violencias contra las mujeres y su imbricación con los otros tipos de violencia que atravesaban la región. Producto de este contexto es que surgieron propuestas teóricas y políticas que permitieron avanzar en el reconocimiento de los femicidios como un problema social, estructural y sistémico que debe ser analizado en el marco de la profundización de las políticas neoliberales, los estados autoritarios y la violencia generalizada; y este es sin duda uno de los principales aportes del feminismo centroamericano y caribeño, tanto para los estudios feministas, como para las ciencias sociales en general. Con esto, reitero la importancia de visibilizar estos aportes y llamo la atención a las académicas, feministas y mujeres del Norte Global, a voltear su mirada y acercarse con respeto a la producción de conocimiento que se realizan desde el trópico del Sur Global.